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Solicitaron nuevo juicio oral por incumplimiento del deber de esclarecimiento – Se debe de asegurar la presencia en juicio de los órganos de prueba.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 14-2021
TACNA

Incumplimiento del deber de esclarecimiento y nulidad de sentencia condenatoria

Esta Sala Penal Suprema observa que no se dio cumplimiento al deber de esclarecimiento.

Se está frente a un delito grave que posee una conminación punitiva alta, por ende, es indispensable incorporar todos los elementos de juicio pertinentes a efectos de emitir una decisión judicial razonable y proporcional.

Con el propósito de dilucidar objetivamente los hechos delictivos atribuidos, resulta imprescindible que, en un nuevo juzgamiento, se reciban las declaraciones de la víctima de iniciales E. L. L. P., su tía Cecilia Huayhua de Larino y su padre (a quien deberá identificarse previamente). La primera depondrá sobre el contexto en que CEFERINO FÉLIX TUCO ARUA le hizo sufrir diversos actos sexuales. En cambio, la segunda y tercero relatarán la forma en que tomaron conocimiento de lo sucedido.

La manifestación de la agraviada de iniciales E. L. L.P. se autoriza por haber superado el requisito etario previsto en el artículo 143 del Código de Procedimientos Penales.

También deberán recabarse pericias psicológicas y psiquiátricas de la primera y una prueba de ADN respecto al menor alumbrado, de acuerdo con el Informe número 274-2003-DRS.T-HAHUT-DPTO-GINEC-OBST/R.TACNA, del veintitrés de octubre de dos mil tres, para establecer la filiación respectiva. Asimismo, los profesionales que emitan los peritajes concurrirán a ratificar sus conclusiones.

En la valoración correspondiente será preciso acudir a los criterios establecidos en la jurisprudencia vinculante y, especialmente –por el tiempo transcurrido–, a la psicología del testimonio.

A fin de garantizar la concurrencia de los órganos de prueba, los emplazamientos deberán dirigirse a sus domicilios reales, según las fichas respectivas de Reniec y, de ser el caso, corresponderá utilizar el mecanismo previsto en el artículo 232 del Código Procesal Civil.

Por lo tanto, en aplicación del primer párrafo, (numeral 1) y el último párrafo del artículo 298, del Código de Procedimientos Penales, se declarará nula la sentencia condenatoria impugnada y se dispondrá la realización del juicio oral y las diligencias correspondientes.

El recurso de nulidad formalizado ha prosperado.

Lima, quince de octubre de dos mil veintiuno

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica del encausado CEFERINO FÉLIX TUCO ARUA contra la sentencia del trece de agosto de dos mil veinte (foja 293), emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que lo condenó como autor del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor identificada con las iniciales E. L. L. P., a veinte años de pena privativa de libertad y fijó como reparación civil la suma de S/ 10 000 (diez mil soles), que deberá abonar a favor de la agraviada; con lo demás que contiene.

Con lo expuesto por la señora fiscal suprema en lo penal. Intervino como ponente el señor juez supremo COAGUILA CHÁVEZ.

CONSIDERANDO

§ I. Expresión de agravios

Primero. El procesado CEFERINO FÉLIX TUCO ARUA, en su recurso de nulidad del veinte de agosto de dos mil veinte (foja 304), denunció la infracción de los principios jurisdiccionales del debido proceso, tutela judicial efectiva, motivación de las resoluciones judiciales y a no ser privado del derecho de defensa. Señaló que la investigación duró diecisiete años y no hubo intervención de las partes procesales. Sostuvo que la declaración policial de la víctima de iniciales E. L. L. P., el certificado médico-legal y el informe del veintitrés de octubre de dos mil tres, solo evidencian que una persona ingresó durante el parto y fue consignada como padre. Afirmó que, al inicio del juicio oral, el Ministerio Público ofreció la manifestación de la primera y la prueba de ADN respectiva; posteriormente, sin embargo, se dio por desistida la solicitud y continuaron las audiencias. Aseveró que hubo apartamiento de la jurisprudencia establecida en el Acuerdo Plenario número 4-2015/CIJ-116, del dos de octubre de dos mil quince, expedido por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, relacionado con la prueba pericial.
En ese sentido, solicitó que se declare la nulidad de la sentencia condenatoria impugnada.

§ II. Imputación fiscal

Segundo. Conforme a la acusación fiscal del diez de enero de dos mil cinco (foja 60), los hechos incriminados fueron los siguientes:

2.1. El padre de la menor de iniciales E. L. L. P. trabajaba para CEFERINO FÉLIX TUCO ARUA. En esas condiciones, en julio de dos mil dos, la menor fue dejada en la cabaña del acusado, aprovechando estas circunstancias, este último la despojó de sus prendas en forma violenta y la agredió sexualmente. Los accesos carnales se prolongaron hasta julio de dos mil tres.

2.2. Empero, en febrero de dos mil tres, la agraviada de iniciales E. L. L. P. quedó embarazada y dio a la luz el quince de octubre del mismo año.

§ III. Fundamentos del Tribunal Supremo

Tercero. Siguiendo la jurisprudencia constitucional, es oportuno apuntar lo siguiente:

En primer lugar,
“[…] el derecho a la verdad, aunque no tiene un reconocimiento expreso en nuestro texto constitucional, es un derecho plenamente protegido, derivado en primer lugar de la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales y de la tutela jurisdiccional […]”.

En segundo lugar,
“[…] si bien detrás del derecho a la verdad se encuentra comprometidos otros derechos fundamentales, como la vida, la libertad o la seguridad personal, entre otros, éste tiene una configuración autónoma, una textura propia, que la distingue de los otros derechos fundamentales a los cuales se encuentra vinculado, debido tanto al objeto protegido, como al telos que con su reconocimiento se persigue alcanzar […]”.

En tercer lugar,
“[…] Es un derecho que se deriva directamente del principio de dignidad humana, pues el daño ocasionado a las víctimas no sólo se traduce en la lesión de bienes tan relevantes como la vida, la libertad y la integridad personal, sino también en la ignorancia de lo que verdaderamente sucedió con las víctimas de los actos criminales […]”1.

En esa perspectiva, lo que concierne a la jurisdicción es una verdad judicial, caracterizada por ser tanto contextual (es decir, dependiente de los conocimientos, también metodológicos, dados en el momento en que se la persigue, como sucede en cualquier ámbito de investigación) como funcional a aquel objetivo de justicia históricamente determinado por la particular composición de valores2.

Cuarto. Los actos de investigación recabados en la fase policial, con presencia del representante del Ministerio Público, al amparo de los artículos 62 y 72, numeral 3, del Código de Procedimientos Penales, constituyen elementos valorables en el acervo de pruebas. Empero, no debe entenderse que, en virtud de ello, gozan de idoneidad natural y fiabilidad absoluta o que, por ejemplo, tratándose de una declaración o manifestación, la información proporcionada por el deponente constituye una verdad incondicionada a la que necesariamente se le ha de conceder un valor epistémico pleno. En estos casos, los elementos indiciarios son el baremo de medición de su peso probatorio y de virtualidad para fundar una decisión absolutoria o condenatoria.

Quinto. Así, resulta pertinente puntualizar que, durante la fase de investigación y el juicio oral, se desplegó una actividad probatoria limitada.

5.1. Sobre la prueba personal, se recabó lo siguiente:

Por un lado, en sede policial (foja 5, ante la representante del Ministerio Público), la agraviada de iniciales E. L. L. P. esgrimió las circunstancias de tiempo y lugar en que fue agredida sexualmente.

Y, por otro lado, en el juicio oral, según actas (fojas 226 y 280), CEFERINO FÉLIX TUCO ARUA guardó silencio al inicio; ulteriormente, sin embargo, indicó lo siguiente: “Yo no soy el autor, con ella hemos mantenido una relación consentida, yo no soy el autor que ella diga la verdad [sic]”.

5.2. Con relación a la prueba documental, el Informe número 274-2003-DRS.T-HAHUT-DPTO-GINEC-OBST/R.TACNA, del veintidós de octubre de dos mil tres (foja 8), detalló que, el quince de octubre de dos mil tres, la menor de iniciales E. L. L. P. alumbró a un varón; además, se consignó como esposo a “Félix Tuco [sic]”.

A la vez, la partida de nacimiento (foja 6) dio cuenta de que la primera nació el veintiséis de julio de mil novecientos noventa.

5.3. Y, respecto a la prueba pericial, el Certificado Médico Legal número 6534-03, del veinticinco de noviembre de dos mil tres (foja 7), evidenció que durante el examen de integridad sexual se constataron rezagos de parto y orificio vaginal amplio, entre otros.

Sexto. Por todo ello, esta Sala Penal Suprema observa que no se dio cumplimiento al deber de esclarecimiento.

Se está frente a un delito grave que posee una conminación punitiva alta, por ende, es indispensable incorporar todos los elementos de juicio pertinentes a efectos de emitir una decisión judicial razonable y proporcional.

Con el propósito de dilucidar objetivamente los hechos delictivos atribuidos, resulta imprescindible que, en un nuevo juzgamiento, se reciban las declaraciones de la víctima de iniciales E. L. L. P., su tía Cecilia Huayhua de Larino y su padre (a quien deberá identificarse previamente). La primera depondrá sobre el contexto en que CEFERINO FÉLIX TUCO ARUA le hizo sufrir diversos actos sexuales. En cambio, la segunda y tercero relatarán la forma en que tomaron conocimiento de lo sucedido.

La manifestación de la agraviada de iniciales E. L. L. P. se autoriza por haber superado el requisito etario previsto en el artículo 143 del Código de Procedimientos Penales.

También deberán recabarse pericias psicológicas y psiquiátricas de la primera y una prueba de ADN respecto al menor alumbrado, de acuerdo con el Informe número 274-2003-DRS.T- HAHUT-DPTO-GINEC-OBST/R.TACNA, del veintidós de octubre de dos mil tres (foja 8), para establecer la filiación respectiva. Asimismo, los profesionales que emitan los peritajes concurrirán a ratificar sus conclusiones.

En la valoración correspondiente será preciso acudir a los criterios establecidos en la jurisprudencia vinculante y, especialmente –por el tiempo transcurrido–, a la psicología del testimonio.

A fin de garantizar la concurrencia de los órganos de prueba, los emplazamientos deberán dirigirse a sus domicilios reales, según las fichas respectivas de Reniec y, de ser el caso, corresponderá utilizar el mecanismo previsto en el artículo 232 del Código Procesal Civil.

Por lo tanto, en aplicación del primer párrafo (numeral 1) y del último párrafo del artículo 298 del Código de Procedimientos Penales, se declarará nula la sentencia condenatoria impugnada y se dispondrá la realización del juicio oral y las diligencias correspondientes.

El recurso de nulidad formalizado ha prosperado.

Séptimo. Finalmente, el auto de apertura de instrucción del veintitrés de enero de dos mil cuatro (foja 18) da cuenta de que se instauró proceso penal en vía ordinaria con mandato de detención, aunque no se estableció el plazo respectivo.

Después, conforme al auto del catorce de septiembre de dos mil cuatro (foja 40), CEFERINO FÉLIX TUCO ARUA fue declarado reo ausente.

En esa ocasión, estaba vigente el artículo 137 del Código Procesal Penal, según el Decreto Legislativo número 638, del veinticinco de abril de mil novecientos noventa y uno, que preveía que la detención no durara más de dieciocho meses.

Nótese que, de acuerdo con el oficio respectivo (foja 202), su aprehensión se produjo el treinta de enero de dos mil veinte.

Así, atañe modificar su estatus procesal y decretar comparecencia restrictiva, con las reglas estipuladas en el artículo 288, numerales 2 y 3, del Código Procesal Penal: no deberá ausentarse de la localidad donde reside, está compelido a presentarse a la autoridad judicial cuando sea requerido, está prohibida la comunicación directa o indirecta con la agraviada de iniciales E. L. L. P. y su entorno familiar, y deberá abonar una caución económica ascendente a S/ 3000 (tres mil soles).

En caso de incumplimiento, se aplicará lo previsto en el artículo 279 del Código Procesal Penal.

Los preceptos procesales aludidos están vigentes, según el Decreto Legislativo número 1229, del veinticinco de septiembre de dos mil quince, y el Decreto Legislativo número 1206, del veintitrés de septiembre de dos mil quince.

Se dispone la libertad de CEFERINO FÉLIX TUCO ARUA, siempre que no se haya dictado otra prisión preventiva en su contra.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NULA la sentencia del trece de agosto de dos mil veinte (foja 293), emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que condenó a CEFERINO FÉLIX TUCO ARUA como autor del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor identificada con las iniciales E. L. L. P., a veinte años de pena privativa de libertad y fijó como reparación civil la suma de S/ 10 000 (diez mil soles), que deberá abonar a favor de la agraviada; con lo demás que contiene.

II. MANDARON que se realice un nuevo juicio oral a cargo de otra Sala Penal Superior, que deberá tener en cuenta lo expuesto en la presente ejecutoria suprema.

III. DECRETARON mandato de comparecencia restrictiva al procesado CEFERINO FÉLIX TUCO ARUA, con las reglas estipuladas en el artículo 288, numerales 2 y 3, del Código Procesal Penal: no deberá ausentarse de la localidad donde reside, está compelido a presentarse a la autoridad judicial cuando sea requerido, está prohibida la comunicación directa o indirecta con la agraviada de iniciales E. L. L. P. y su entorno familiar, y deberá abonar una caución económica ascendente a S/ 3000 (tres mil soles). En caso de incumplimiento, se aplicará lo previsto en el artículo 279 del Código Procesal Penal.

IV. DISPUSIERON la libertad del encausado CEFERINO FÉLIX TUCO ARUA, que se ejecutará siempre y cuando no exista otra prisión preventiva en su contra, emitida por autoridad competente, oficiándose, para tal efecto, vía fax u otro medio virtual idóneo, al Tribunal Superior de origen. Hágase saber y los devolvieron.

Intervino el señor juez supremo Guerrero López por impedimento del señor juez supremo Bermejo Ríos.


1 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia número 2488-2002-HC/TC Piura, del dieciocho de marzo de dos mil cuatro, fundamentos decimotercero, decimocuarto y decimosexto.
2 UBERTIS, Giulio. Elementos de epistemología del proceso judicial. Traducción de Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Editorial Trotta, 2017, pp. 12-13

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