ROBO AGRAVADO : Absolución – la simple probabilidad de que el imputado pueda ser el autor del ilícito exige la aplicación del principio IN DUBIO PRO REO.
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ROBO : Ausencia de elementos periféricos que validen la versión incriminatoria del agraviado
15 noviembre, 2021

[ACTUALIZADA] ROBO : Insuficiencia probatoria en el delito de robo con agravantes y control de razonabilidad en la acreditación de la preexistencia del bien sustraído.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
NULIDAD N.º 323-2019
CALLAO

INSUFICIENCIA PROBATORIA EN EL DELITO DE ROBO CON AGRAVANTES

Del análisis realizado por esta instancia, existe insuficiencia probatoria al no presentarse elementos probatorios que permitan determinar, de manera concluyente, la comisión del delito de robo con agravantes por parte de los procesados, en los términos de la acusación del Ministerio Público; ello debido a que no se cuenta, al menos, con corroboraciones periféricas respecto a la preexistencia de los bienes presuntamente sustraídos; y que la declaración del agraviado a nivel policial (donde sindica a los dos imputados) no cumple con las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116.

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de los sentenciados Brayan Paul Bravo Gamboa y Santos Vicente Flores Valdivia contra la sentencia emitida el treinta de octubre de dos mil dieciocho (folio 538, tomo II), expedida por la Segunda Sala Penal Liquidadora Permanente del Callao, que los condenó como coautores del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo con agravantes (previsto en el artículo 188, concordado con los numerales 2, 3 y 4, del primer párrafo, del artículo 189, del Código Penal) a diez y catorce años de pena privativa de libertad, respectivamente, en perjuicio de Miguel Ángel Campuzano Sánchez; y fijó en dos mil soles el monto por reparación civil.

Intervino como ponente la jueza suprema AQUIZE DÍAZ.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

Primero. De acuerdo a la acusación presentada por el Ministerio Público (folio 153), tenemos lo siguiente:

El veinte de enero de dos mil trece, en circunstancias que la persona de Brayan Paul Bravo Gamboa se encontraba en una de las oficinas de Deinpol de la comisaría del Callao brindando su manifestación policial por haber sido intervenido por personal del GIR-PNP Callao en compañía de otro sujeto llamado Ronald Alexander García Ramos, en posesión de catorce envoltorios de papel periódico que contenía al parecer PBC (pasta básica de cocaína), ingresó a la oficina la persona de Miguel Ángel Campuzano Sánchez, quien se presentó a interponer una denuncia por el delito de robo agravado; siendo que, al ver a Brayan Paul Bravo Gamboa, el agraviado lo reconoció como una de las personas que participaron en el robo en su agravio, ocurrido el veinte de enero a las 02:00 a. m. aproximadamente, entre las intersecciones de la avenida Dos de Mayo y jirón Sucre, en la cual, según manifestó, se encontraba a la espera de un vehículo de taxi, cuando fue abordado por cuatro sujetos desconocidos, entre los cuales identifica a los conocidos como Negro Charún, a quien después en la comisaría identificó a través de la ficha Reniec como Santos Vicente Flores Valdivia, y Moquillo, identificado como Brayan Paúl Bravo Gamboa, quienes actuaron en concierto de voluntades para apoderarse ilegítimamente, mediando violencia, así como premunidos de un arma blanca, de una cámara filmadora marca Samsung modelo Kreusman, una cámara Panasonic Lumix de 14 mgp, un teléfono celular Nokia modelo C-3 y un reloj de pulsera marca Omega de propiedad del agraviado, motivo por el cual la autoridad policial dispuso la inmediata detención de Brayan Paúl Bravo Gamboa, pues se encontraba en un supuesto de flagrancia.

El veintiuno de enero a las 08:20 horas aproximadamente, efectivos policiales, por orden superior, se constituyeron con el detenido Bravo Gamboa en la intersección de los jirones Washington y Colón con la finalidad de ubicar y verificar si existía la casa donde según el detenido había pasado la noche del diecinueve al veinte de enero desde las 07:00 de la noche hasta las 06:00 de la mañana, en esa circunstancia el detenido confesó que había mentido en su manifestación dada en presencia del representante del Ministerio Público y que había pasado todo el lapso de tiempo en el jirón Constitución consumiendo droga.

Segundo. La acusación imputó a Brayan Paul Bravo Gamboa y Santos Vicente Flores Valdivia el delito de robo con agravantes, en calidad de coautores, previsto en el artículo 188 del Código Penal, en concordancia con los numerales 2, 3 y 4, del primer párrafo, del artículo 189, del mismo cuerpo legal (vigente este último mediante el artículo uno de la Ley N.° 29407), cuyo texto describe lo siguiente:

Artículo 188. Robo. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.

Artículo 189. La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: 2. Durante la noche o en lugar desolado. 3. A mano armada. y 4. Con el concurso de dos o más personas.

Tercero. Los sentenciados, a través de su defensa, fundamentaron su recurso de nulidad (folio 556, tomo II) en los siguientes términos:

3.1. Los procesados han negado en todas sus declaraciones haber participado en el hecho que se les incrimina.

3.2. El registro personal realizado a Brayan Bravo Gamboa es negativo.

3.3. El Ministerio Público no ha acreditado la preexistencia y titularidad de los bienes presuntamente robados.

3.4. El certificado médico legal del agraviado acredita la versión de los sentenciados respecto a que tuvieron una discusión por temas de fútbol.

3.5. Las declaraciones del agraviado han sido contradictorias a lo largo de las distintas etapas del proceso, y no reúnen las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116.

DICTAMEN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Cuarto. Mediante Dictamen N.° 389-2019-MP-FN-1°FSP (folio 21 del cuadernillo formado en instancia), la Primera Fiscalía Suprema en lo penal opinó que se declare “No Haber Nulidad” en la sentencia recurrida.

FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA INSTANCIA

Quinto. De conformidad con el numeral 1, del artículo 300, del Código de Procedimientos Penales, el ámbito de pronunciamiento del recurso de nulidad estará referido a los fundamentos materia de impugnación, los cuales se expresan en los agravios expuestos por los recurrentes.

 SOBRE EL DELITO DE ROBO

Sexto. Esta Corte Suprema ha señalado en el Acuerdo Plenario N.° 3-2009/CJ-116 lo siguiente:

El delito de robo previsto y sancionado en el artículo 188 del Código Penal tiene como nota esencial, que lo diferencia del delito de hurto, el empleo por el agente de violencias o amenazas contra la persona —no necesariamente sobre el titular del bien mueble—. La conducta típica, por tanto, integra el apoderamiento de un bien mueble total o parcialmente ajeno con la utilización de violencia física o intimidación sobre un tercero. Esto es, la violencia o amenazas —como medio para la realización típica del robo— han de estar encaminadas a facilitar el apoderamiento o a vencer la resistencia de quien se opone al apoderamiento (fundamento 10).

6.1. Debe tenerse claro que, de acuerdo a la ubicación sistemática de este delito en el Código Penal, el bien jurídico protegido es el patrimonio, el cual se representa en el derecho real de posesión o propiedad cuya titularidad ostenta el sujeto pasivo1. Al respecto, una de las características principales de estos delitos es la comprobación de un perjuicio patrimonial, de allí la importancia de determinar la preexistencia del bien mueble materia de la acción de sustracción.

6.2. En concordancia con lo anterior, el Código Procesal Penal señala como exigencia que en los delitos contra el patrimonio se acredite la preexistencia cosa materia del delito, acreditación que puede efectuarse con cualquier medio de prueba idóneo, pudiendo ser esta última de carácter material o personal para una valoración razonable y proporcional del juzgador (Recurso de Nulidad N.° 114-2014-Loreto, fundamento quinto2).

 ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

6.3. Los sentenciados refieren que el Ministerio Público no ha acreditado la preexistencia y titularidad de los bienes presuntamente robados. Sobre ello, de acuerdo a los términos de la acusación (folio 154), al agraviado le sustrajeron una cámara filmadora marca Samsung modelo Kreusman, una cámara Panasonic Lumix de 14mgp, un teléfono celular Nokia modelo C-3 de Claro y un reloj de pulsera marca Omega; sin embargo, de la revisión de los actuados, no se verifica medio probatorio alguno que permita corroborar, al menos, la preexistencia de estos bienes, contándose únicamente con la declaración a nivel policial del agraviado (folio 8), señalando que los bienes fueron comprados en la tienda Saga Falabella y el reloj fue un regalo de su cuñado que vive en Madrid; además, que su amiga Pilar Álvarez estuvo en posesión de los objetos antes de la ocurrencia de los hechos que denunció. Al respecto, este Tribunal Supremo —no obstante del análisis que se realizará al carácter probatorio de esa declaración posteriormente— estima que dichas afirmaciones no resultan suficientes a efecto de acreditar la preexistencia de los bienes presuntamente sustraídos, debido a la ausencia de elementos periféricos que las sustenten; advirtiéndose que el agraviado durante su participación a lo largo del proceso tampoco ha brindado una explicación acerca de los motivos por los cuales el día de los hechos se encontraba en posesión de una cámara fotográfica y una cámara filmadora que pudiera permitir, en todo caso, un análisis indiciario al respecto.

En referencia a este punto, la jurisprudencia de esta Corte Suprema —como ya se señaló en el punto 6.2.— ha precisado que, aun cuando no exista boleta, factura y/o comprobante de pago que corrobore la cuantía del mismo, es válido el juicio que tiene por acreditada la preexistencia del bien sustraído que se asiente en prueba personal (Recurso de Nulidad N.° 2144-2017-Lima Sur, fundamento undécimo3); sin embargo, como hemos anotado en el presente caso, existe una ausencia de pruebas para determinar que el agraviado tuviese en su poder los bienes que señaló en su denuncia le fueron sustraídos, debiendo acogerse este agravio, el cual determina la absolución de los imputados.

6.4. Acerca de las declaraciones del agraviado, las cuales según los recurrentes son contradictorias y no reúnen las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116; debe tenerse en cuenta que en el presente proceso se expidió anteriormente el Recurso de Nulidad N.° 3297-2014/Callao (emitido el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis), cuya resolución declaró nula la sentencia que absolvía a los recurrentes, ordenándose se realice un nuevo juicio oral; así, en la referida ejecutoria suprema, en su cuarto fundamento se concluye que el Tribunal Superior al no haber evaluado la declaración que Miguel Campuzano realizó a nivel policial, y que esta última es distinta a la que rindió en juicio oral, debe aplicarse en el análisis de la nueva sentencia (resolución actualmente recurrida) lo establecido en el Recurso de Nulidad N.° 3044-2004-Lima4 que señala que ante la existencia de versiones disímiles, corresponde determinar cuál de ellas tiene mayor fiabilidad.

Ante ello, se observa que la Sala que ha emitido la sentencia materia del presente recurso sí valoró la declaración policial del agraviado en contraposición con las que rindió a lo largo del proceso (fundamentos sexto y sétimo de la sentencia impugnada), aplicando el precedente establecido en el Recurso de Nulidad N.° 3044-2004-Lima; sin embargo, este Supremo Tribunal discrepa en la conclusión arribada respecto a la fiabilidad de esta declaración sobre los hechos materia de imputación, debido a que si bien la misma se llevó a cabo cumpliendo con las garantías legales, como la presencia del fiscal a cargo de las investigaciones, y fue sometida al acto de contradicción durante el juicio oral (sesión del nueve de octubre de dos mil dieciocho) al contar con la participación de la defensa de los imputados y la fiscalía en los interrogatorios respectivos, y permitiendo evidenciarle al agraviado las discordancias en las declaraciones que brindó a lo largo de las distintas etapas del proceso; existen razones concluyentes que permiten comprobar que la declaración a nivel policial del agraviado —en la cual sindica a los dos imputados— no reúne las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116, de acuerdo a lo siguiente:

6.4.1. Ausencia de incredibilidad subjetiva: no pasa inadvertido que el agraviado y los imputados se conocían entre ellos, al menos de vista; ello se desprende de lo señalado por el propio Miguel Campuzano en su declaración policial (folio 8), quien identificó a los recurrentes por sus nombres y por sus apelativos, sindicándolos directamente como los que sustrajeron violentamente sus bienes; así como, en su declaración a nivel de instrucción (folio 89) indicando que el sentenciado Flores Valdivia es su amigo de la infancia, con quien había bebido el día de los hechos. Ahora bien, la discusión entre el agraviado y los acusados no permite otorgarle aptitud para generar certeza a su declaración policial respecto a la presunta sustracción de sus bienes, debido a que con ello se evidencian los sentimientos de rencilla y animadversión entre las partes.

6.4.2. Verosimilitud: de los elementos probatorios que obran en los actuados, se aprecia que la declaración a nivel policial del agraviado encontraría como corroboraciones periféricas el certificado médico legal que da cuenta de las lesiones que presentó, y las declaraciones de los sentenciados, referidas a una riña entre ellos; sin embargo, no se presenta alguna circunstancia vinculada directamente con la sustracción de los bienes que denunció haber sufrido (conforme al punto 6.3. de la presente ejecutoria) y el empleo de la violencia para dicho fin, tomando en cuenta que nos encontramos ante un delito contra el patrimonio como es el robo con agravantes; con lo cual resultan insuficientes los elementos señalados a efecto de tener por acreditado el delito.

6.4.3. Persistencia en la incriminación: en su declaración a nivel policial el agraviado atribuyó directamente la comisión del delito de robo a los ahora sentenciados, en su declaración instructiva refirió que únicamente reconoció al procesado Brayan Bravo Gamboa, y en el juicio oral (sesión el nueve de octubre de dos mil dieciocho —folio 517—) señaló que ninguno de los dos participó de los hechos materia de imputación; considerando que ninguno de los tres casos presenta suficientes elementos que permitan corroborar el contenido de dichas afirmaciones.

Siendo así, la declaración brindada por el agraviado a nivel policial, en la que sindica a los dos imputados, no puede ser valorada como una prueba de cargo idónea para establecer de manera plena la comisión del delito de robo con agravantes, conforme a los términos de la acusación, y la responsabilidad de los procesados.

6.5. En cuanto al agravio referido a que durante todo el proceso los sentenciados negaron haber participado en los hechos que se les imputa; este Supremo Tribunal observa que a nivel policial (folio 11), el imputado Brayan Bravo Gamboa señaló que al momento en que ocurrieron los hechos se encontraba en una reunión en la casa de su amigo Juan, luego en su declaración instructiva (folio 76) señaló que estuvo tomando con su amigo Miguel en la calle Washington, y en el juicio oral indicó que estuvo en el jirón que está a la vuelta de la urbanización Paraguay y que intervino en una pelea entre una señora y el agraviado con la finalidad de separarlos (sesión del diecinueve de setiembre de dos mil dieciocho —folio 499—); siendo así, lo referido por este sentenciado no ha sido congruente a lo largo del proceso.

Respecto al imputado Santos Vicente Flores Valdivia, en su declaración instructiva (folio 72) refirió que el día de los hechos se encontraba tomando licor con el agraviado, y que se agredieron mutuamente debido a que Miguel Angel Campuzano Sánchez le faltó el respeto, explicando que los cortes que presenta el agraviado pudieron deberse a los vidrios de una botella rota que se encontraba en el suelo; durante el juicio el oral (sesión del veinticinco de setiembre de dos mil dieciocho —folio 505—) el sentenciado refirió lo mismo respecto a la pelea que tuvo con el agraviado, precisando que ambos cayeron al suelo donde habían vidrios rotos.

Esta Sala Suprema nota que ambos recurrentes negaron haber participado en la sustracción violenta de los bienes, tal como lo denunció el agraviado. Asimismo este agravio debe desestimarse debido a que el mismo únicamente da cuenta de la posición que asumieron los sentenciados durante el proceso.

6.6. En cuanto a las lesiones que presentó el agraviado, descritas en el Certificado Médico Legal N.° 000877-L (folio 17), de la información obtenida a través de la prueba actuada en el proceso, no resulta posible determinar que las mismas hayan sido ocasionadas por los imputados con la finalidad de apoderarse de los bienes que señaló en un inicio, de manera que este documento tampoco resulta suficiente para demostrar la comisión del delito de robo agravado.

6.7. En conclusión, del análisis realizado por esta instancia, existe insuficiencia probatoria, al no presentarse elementos probatorios que permitan determinar, con certeza, la comisión del delito de robo con agravantes por parte de los procesados, en los términos de la acusación del Ministerio Público; ello debido a que no se cuenta, al menos, con corroboraciones periféricas respecto a la preexistencia de los bienes presuntamente sustraídos, y que la declaración del agraviado a nivel policial (donde sindica a los dos imputados) no cumple con las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116.

7.8. Siendo así, corresponde declarar nula la sentencia recurrida y reformándola, absolver a los procesados por el delito de robo con agravantes que se les imputó y el pago de la reparación civil correspondiente.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, con lo expuesto por la Fiscalía Suprema en lo penal, declararon, por mayoría, con el voto en discordia de los jueces supremos Prado Saldarriaga y Salas Arenas:

I. HABER NULIDAD en la sentencia emitida el treinta de octubre de dos mil dieciocho (folio 538, tomo II), expedida por la Segunda Sala Penal Liquidadora Permanente del Callao, que condenó a Brayan Paul Bravo Gamboa y Santos Vicente Flores Valdivia como coautores del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo con agravantes (previsto en el artículo 188, concordado con los numerales 2, 3 y 4, del primer párrafo, del artículo 189, del Código Penal) a diez y catorce años de pena privativa de libertad, respectivamente, en perjuicio de Miguel Ángel Campuzano Sánchez, y fijó en dos mil soles el monto por reparación civil; y REFORMÁNDOLA, los absolvieron de la imputación fiscal por el delito antes citado y la reparación civil impuesta.

II. DISPUSIERON la inmediata libertad de Brayan Paul Bravo Gamboa y Santos Vicente Flores Valdivia, siempre y cuando no exista en su contra otro mandato de detención emanado de autoridad competente; en consecuencia, OFÍCIESE a la Segunda Sala Penal Liquidadora Permanente del Callao, a fin de concretar su libertad.

III. ORDENARON la anulación de los antecedentes policiales y judiciales que se hubieran generado en contra de los antes citados como consecuencia del presente proceso, y el ARCHIVO en forma definitiva de los actuados.

IV. MANDARON se notifique la ejecutoria a las partes apersonadas en esta instancia, devuélvanse los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo.

Intervino el juez supremo Castañeda Espinoza, por licencia de la jueza suprema Pacheco Huancas.

LA SECRETARÍA DE LA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, CERTIFICA QUE EL VOTO DIRIMENTE DEL JUEZ SUPREMO GUERRERO LÓPEZ, ES COMO SIGUE:

I) LA DUDA FAVORECE AL REO.

II) LA PREEXISTENCIA DE LOS BIENES PUEDE ACREDITARSE CON PRUEBA PERSONAL, EMPERO ESE NO ES UN PARÁMETRO ABSOLUTO NI SE ENCUENTRA EXENTO DE UN CONTROL DE RAZONABILIDAD EN EL CASO CONCRETO.

III) LA PROBABILIDAD ES UN ESTADO INTERMEDIO COMO LA DUDA QUE NO EQUIVALE A CERTEZA. SOLO LA CERTEZA PUEDE SOSTENER UNA CONDENA.

i) El in dubio pro reo es un principio constitucional que permite al acusado ser absuelto en un proceso penal, en tanto que toda la actuación y la comunidad de pruebas no genera una convicción (certeza) al juzgador sobre la responsabilidad en el ilícito que se imputa, sino que originan cognitivamente una duda respecto de la situación jurídica de este (si es responsable o inocente).

ii) Resulta razonable y necesario considerar lo previsto en el Recurso de Nulidad N.º 114-2014 Loreto (fundamento quinto), ratificado por lo expresado en la sentencia del Tribunal Constitucional recaído en el Expediente N.º 198- 2005-HC/TC, en el sentido de que los órganos de prueba o prueba personal (testigos y agraviados) pueden ser suficientes para acreditar la preexistencia de los bienes materia de robo o hurto, sin embargo, esa acreditación no tiene carácter absoluto ni se encuentra exenta de un análisis de razonabilidad en el caso concreto.

iii) Resulta trascendente aclarar que, dentro de los estados intelectuales del juez, un alto nivel de probabilidad de participación en un evento delictivo no equivale a la certeza. La probabilidad o improbabilidad son igual que la duda, estados intermedios en el intelecto humano, diferente al estado de certeza positiva o negativa que son absolutas. Tanto la duda como la probabilidad o la improbabilidad al ser estados intermedios condicionan la absolución. Solo con la certeza positiva se puede sostener una condena

Lima, dos de noviembre de dos mil veintiuno

VISTOS: los votos emitidos en la presente causa. Por un lado, de los jueces supremos Castañeda Espinoza, Castañeda Otsu y Aquize Díaz1, porque se declare: I. HABER NULIDAD en la sentencia del treinta de octubre de dos mil dieciocho2, expedida por la Segunda Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, que condenó a Brayan Paul Bravo Gamboa y Santos Vicente Flores Valdivia, como autores del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo con agravantes (previsto en el artículo 188, concordado con los numerales 2, 3 y 4, del primer párrafo, del artículo 189, del Código Penal), a diez y catorce años de pena privativa de libertad, respectivamente, en perjuicio de Miguel Ángel Campuzano Sánchez, y fijó en dos mil soles el monto por reparación civil; y REFORMÁNDOLA, los absolvieron de la imputación fiscal por el delito antes citado y la reparación civil impuesta; II. DISPUSIERON la inmediata libertad de Brayan Paul Bravo Gamboa y Santos Vicente Flores Valdivia, siempre y cuando no exista en su contra otro mandato de detención emanado de autoridad competente; en consecuencia, OFÍCIESE a la Segunda Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, a fin de concretar su libertad; III. ORDENARON la anulación de los antecedentes policiales y judiciales que se hubieran generado en contra de los antes citados como consecuencia del presente proceso, y el ARCHIVO en forma definitiva de los actuados; IV. MANDARON se notifique la ejecutoria a las partes apersonadas en esta instancia, se devuelvan los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo. Y, de otro lado, el voto de los jueces supremos Prado Saldarriaga y Salas Arenas3, porque se declare: I. NO HABER NULIDAD en la sentencia del treinta de octubre de dos mil dieciocho, expedida por la Segunda Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, mediante la cual condenó a Brayan Paul Bravo Gamboa y Santos Vicente Flores Valdivia, como autores del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo con agravantes, (previsto en el artículo 188 concordado con los numerales 2, 3 y 4, del primer párrafo, del artículo 189, del Código Penal) a diez y catorce años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva, respectivamente, en perjuicio de don Miguel Ángel Campuzano Sánchez; asimismo, fijó en dos mil soles el monto por concepto de reparación civil, a favor de la parte agraviada. II. ORDENAR que se devuelvan los actuados al Tribunal de origen para los fines pertinentes, se haga saber y se archive.

El suscrito fundamenta su voto, sobre la base de los siguientes argumentos puntuales:

CONSIDERANDO

I. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Primero. La defensa de los sentenciados solicitó se revoque la sentencia materia de impugnación y reformándola se les absuelva; alegó en el recurso de nulidad4 lo siguiente:

1.1. La vulneración de los principios de legalidad, debido proceso, motivación de resoluciones judiciales, proscripción de la responsabilidad objetiva y presunción de inocencia; porque se ha condenado sin haberse producido en juicio actuación de prueba suficiente e idónea para probar los extremos de la acusación por delito contra el patrimonio.

1.2. Específicamente: a) Los procesados han negado en todas sus declaraciones el haber participado en el hecho incriminatorio. b) El registro personal de Brayan Paul Bravo Gamboa, fue negativo. c) El Ministerio Público no ha demostrado con medio probatorio idóneo, pertinente y veraz, la “preexistencia y titularidad” de los bienes presuntamente robados, cuya exigencia es ineludible en los delitos contra el patrimonio. d) El certificado médico legal practicado al agraviado acredita la versión del acusado Flores Valdivia, consistente en que ambos tuvieron una gresca como consecuencia de una pequeña discusión por un tema de fútbol. e) Las declaraciones del agraviado han sido contradictorias (declaración policial del veinte de enero de dos mil trece, declaración preventiva del diez de mayo de dos mil trece y declaración en juicio oral del nueve de enero de dos mil dieciocho). Por lo que no reúnen las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ- 116.

II. ANÁLISIS DEL CASO

Segundo. El suscrito se encuentra conforme con todos y cada uno de los fundamentos expresados y desarrollados por los jueces supremos Castañeda Espinoza, Castañeda Otsu y Aquize Díaz, con los siguientes fundamentos adicionales y particulares :

2.1. El contexto en el que se habrían producido los hechos es uno en el que habría existido consumo de alcohol e incluso drogas por ciertos protagonistas de la causa.

2.2. En ese escenario, pueden producirse discusiones bizantinas o por temas incluso de rivalidad deportiva por ser adeptos o aficionados a determinado equipo de fútbol como se ha esgrimido entre los protagonistas de este caso, puesto que se afirma que habría existido rivalidad relacionada a los equipos de Universitario de Deportes y del Sport Boys —del fútbol profesional nacional— lo que en la experiencia histórica nacional en muchos casos ha llegado a niveles extremos de agresión recíproca que refleja inmadurez —muchas veces con lesiones graves y/o muertes incluidas—, con mayor razón, si las partes se encontraban bajo los efectos del alcohol u otros.

2.3. Ello significa que la posibilidad de ánimos espurios para la original sindicación incriminatoria, no se puede excluir o descartar en forma absoluta debiendo destacarse además que, inicialmente el agraviado sindicó a los dos recurrentes; luego, en otra declaración solamente sindicó a Brayan Paul Bravo Gamboa —pidiendo incluso que le debe caer todo el peso de la ley— pero exculpó y liberó de toda responsabilidad a Flores Valdivia; finalmente, en el juzgamiento terminó exculpando a los dos encausados, al indicar que los que lo asaltaron fueron otras personas mas no alguno de los recurrentes; que si declaró en contra de ellos es posible que lo hizo porque estaba bajo los efectos del tramal (medicamento) que había ingerido.

2.4 Que, esa falta de uniformidad y peculiar falta de persistencia en la incriminación, —aunque exista una alta probabilidad de verosimilitud de la realización de los hechos contenidos en la acusación fiscal y, por ende, de la responsabilidad penal de los recurrentes— puede estar tranquilamente condicionada con un ánimo de ejercicio de poder de contexto o de instrumentalización del sistema de justicia con lo cual, dicha versión incriminatoria original, no merece fe integralmente ni causa certeza en el suscrito sobre la realidad de la imputación, máxime, si el presunto agraviado como se ha expresado en el voto al que me estoy adhiriendo, no ha explicado suficientemente que hacía con una filmadora y con una cámara fotográfica en ese lugar a altas horas de la noche y en un contexto de consumo de licor y otras sustancias.

2.5 Al respecto, resulta razonable y necesario considerar lo previsto en el Recurso de Nulidad N.º 114-2014/Loreto (fundamento quinto), ratificado por lo expresado en la sentencia del Tribunal Constitucional recaído en el Expediente N.º 198-2005-HC/TC, en el sentido de que los órganos de prueba o prueba personal (testigos y agraviados) pueden ser suficientes para acreditar la preexistencia de los bienes materia de robo o hurto, sin embargo, esa acreditación no tiene carácter absoluto ni se encuentra exenta de un análisis de razonabilidad en el caso concreto.

2.6 En ese escenario, resulta trascendente aclarar que, dentro de los estados intelectuales del juez, un alto nivel de probabilidad de participación en un evento delictivo —como en este caso, sustentado por la incriminación original del agraviado— no equivale a la certeza. La probabilidad o improbabilidad son igual que la duda, estados intermedios en el intelecto humano, diferente al estado de certeza positiva o negativa que son absolutas5. Tanto la duda como la probabilidad o la improbabilidad al ser estados intermedios condicionan la absolución. Solo con la certeza positiva se puede sostener una condena. Por tanto, al no existir suficientes elementos de juicio incriminatorias y no haber logrado enervarse la presunción de inocencia que los ampara, y no existir tampoco mayores posibilidades de esclarecimiento, corresponde decidir la absolución, en armonía con el principio constitucional del indubio pro reo, estipulado en el inciso 11, del artículo 139, de la Constitución Política del Estado.

DECISIÓN

Por estos motivos, ME ADHIERO al voto de los jueces supremos Castañeda Espinoza, Castañeda Otsu y Aquize Díaz6, porque se declare: I. HABER NULIDAD en la sentencia del treinta de octubre de dos mil dieciocho7, expedida por la Segunda Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, que condenó a Brayan Paul Bravo Gamboa y Santos Vicente Flores Valdivia, como autores del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo con agravantes (previsto en el artículo 188, concordado con los numerales 2, 3 y 4, del primer párrafo, del artículo 189, del Código Penal), a diez y catorce años de pena privativa de libertad, respectivamente, en perjuicio de Miguel Ángel Campuzano Sánchez, y fijó en dos mil soles el monto por reparación civil; y REFORMÁNDOLA, LOS ABSOLVIERON de la imputación fiscal por el delito antes citado y la reparación civil impuesta; II. DISPUSIERON la inmediata libertad de Brayan Paul Bravo Gamboa y Santos Vicente Flores Valdivia, siempre y cuando no exista en su contra otro mandato de detención emanado de autoridad competente; en consecuencia, OFÍCIESE a la Segunda Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, a fin de concretar su libertad; III. ORDENARON la anulación de los antecedentes policiales y judiciales que se hubieran generado en contra de los antes citados como consecuencia del presente proceso, y el ARCHIVO en forma definitiva de los actuados; IV. MANDARON se notifique la ejecutoria a las partes apersonadas en esta instancia, se devuelvan los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo.

LA SECRETARÍA DE LA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, CERTIFICA QUE EL VOTO DISCORDANTE DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS PRADO SALDARRIAGA Y SALAS ARENAS, TIENE EL SENTIDO SIGUIENTE:

Retractación de la víctima en juicio oral contrastada con la firme declaración primigenia emitida en sede policial

Sumilla: La declaración policial de la víctima en conjunto con los demás medios probatorios que obran en autos, fueron suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados; por lo que la sentencia de condena se emitió conforme a ley.

Su retractación en juicio oral resulta inconsistente, por lo que no es de recibo por este Supremo Tribunal.

Lima, once de marzo de dos mil veinte

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa pública de los señores sentenciados don Brayan Paul Bravo Gamboa y Santos Vicente Flores Valdivia1, con los recaudos acompañados.

Intervino como ponente en la decisión el señor Salas Arenas, juez de la Corte Suprema.

1. DECISIÓN CUESTIONADA

La sentencia del 30 de octubre de 20182, expedida por la Segunda Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, mediante la cual se condenó a don Brayan Paul Bravo Gamboa y don Santos Vicente Flores Valdivia, como autores del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo con agravantes, previsto en el artículo 188 concordado con los numerales 2, 3 y 4 del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal, a diez y catorce años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva, respectivamente, en perjuicio de don Miguel Ángel Campuzano Sánchez; asimismo, fijó en dos mil soles el monto por concepto de reparación civil, a favor de la parte agraviada.

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

2.1. La defensa pública de los señores sentenciados solicita que el recurso sea declarado fundado; en consecuencia, se revoque la sentencia materia de impugnación y reformándola se absuelva a los acusados de los cargos imputados, así como del pago de la reparación civil.

2.2. Se alega como agravios de la sentencia recurrida, la vulneración de los principios de legalidad, debido proceso, motivación de resoluciones judiciales, proscripción de la responsabilidad objetiva y presunción de inocencia; porque se ha condenado sin haberse producido en juicio actuación de prueba suficiente e idónea para probar los extremos de la acusación por delito contra el patrimonio.

2.3. Sostiene lo siguiente:

Los procesados han negado en todas sus declaraciones el haber participado en el hecho incriminatorio.

El registro personal del procesado Brayan Paul Bravo Gamboa, fue negativo.

El Ministerio Público no ha demostrado con medio probatorio idóneo, pertinente y veraz, la “preexistencia y titularidad” de los bienes presuntamente robados, cuya exigencia es ineludible en los delitos contra el patrimonio.

El Certificado Médico Legal practicado al agraviado, acredita la versión del acusado Flores Valdivia, que ambos tuvieron una fresca como consecuencia de una pequeña discusión por un tema de fútbol.

Las declaraciones del agraviado han sido contradictorias (declaración policial del 20 de enero de 2013, declaración preventiva del 10 de mayo de 2013 y declaración en juicio oral del 9 de enero de 2018). Por lo que no reúnen las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116.

3. SINOPSIS FÁCTICA Y JURÍDICA

3.1. Se imputó a los procesados lo siguiente3:

Con fecha 20 de enero de 2013, en circunstancias que la persona de Brayan Paul Bravo Gamboa se encontraba en una de las oficinas de DEINPOL de la Comisaría del Callao brindando su manifestación por haber sido intervenido por personal del GIR-PNP en compañía de otro sujeto llamado Ronald Alexander García Ramos, en posesión de catorce envoltorios de papel periódico que contenía al parecer PBC, ingresa a la oficina la persona de Miguel Ángel Campuzano Sánchez, quien se presentó a interponer una denuncia por el delito de Robo Agravado, siendo que, al ver a Brayan Paul Bravo Gamboa, el agraviado Campusano Sánchez, lo reconoce como una de las personas que participaron en el robo en su agravio ocurrido el 20 de enero de 2013, a las 02:00 a.m. aprox. entre las intersecciones de la Av. Dos de Mayo y el Jr. Sucre en la cual, según manifestó Campusano Sánchez. Se encontraba a la espera de un vehículo de transporte público – taxi, cuando, fue abordado por cuatro sujetos desconocidos, entre los cuales identificó a los conocidos como “NEGRO CHARUN” a quien después, en la comisaría, identificó a través de la ficha RENIEC como –Santos Vicente Flores Valdivia- y, “MOQUILLO” – Brayan Paúl Bravo Gamboa-, quienes actuaron en concierto de voluntades para apoderarse ilegítimamente, mediante violencia así como, premunidos de arma blanca, de una cámara filmadora marca Samsung modelo Kreusman, una cámara Panasonic Lumix de 14 mgp, un teléfono celular Nokia modelo C-3, número 962235102 de claro y un reloj de pulsera marca Omega de propiedad del agraviado Miguel Ángel Campuzano Sánchez; motivo por el cual al ser sindicado directamente el procesado Brayan Paul Bravo Gambia (a) “MOQUILLO” por el agraviado, la autoridad policial dispuso su detención, pues se encontraba en un supuesto de flagrancia.

A fs. 3, el instructor del Atestado Policial da cuenta que el día 21 de enero del presente año, a las 08:20 horas aprox. por orden superior y con apoyo de los efectivos de la policía, se constituyeron en compañía del detenido Bravo Gamboa a la intersección de los Jirones Washington y Colon con la finalidad de ubicar y verificar si existe la casa donde según el detenido había pasado la noche del 19 de enero al 20 de enero de 2013, desde 07:00 de la noche hasta las seis de la mañana, en esta circunstancia el detenido confesó que había mentido en su manifestación dada en presencia del representante del Ministerio Público y que había pasado todo ese lapso de tiempo en el Jr. Constitución consumiendo droga PBC.

3.2. El Ministerio Público subsumió los hechos en el delito de robo con agravantes, previsto en el artículo 188 concordado con los numerales 2, 3 y 4 del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal, y solicitó la imposición: a don Santos Vicente Flores Valdivia catorce años de pena privativa de la libertad, teniendo su condición de reincidente previsto en el artículo 46-B del Código Penal y, a don Brayan Paúl Bravo Gamboa diez años de pena privativa de libertad, teniendo en cuenta su calidad de responsable restringido, previsto en el artículo 22 del Código Penal; así como el pago de dos mil soles por concepto de reparación civil, que deberán abonar de forma solidaria a favor del agraviado, sin perjuicio de restituir los bienes sustraídos.

4. OPINIÓN DE LA FISCALÍA SUPREMA EN LO PENAL

Mediante Dictamen N.° 389-2019-MP-FN-1°FSP4, del 15 de abril de 2019, la señora representante del Ministerio Público emitió opinión, proponiendo que se declare no haber nulidad en la sentencia recurrida.

CONSIDERANDO

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)

Normatividad de la Constitución

1.1. El artículo ciento treinta y nueve establece como principios y derechos de la función jurisdiccional:

[…]
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.
[…]
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.
[…]

Normatividad del Código Penal (en adelante, CP)

1.2. El artículo VII del Título Preliminar establece que, la pena requiere de la responsabilidad penal del autor, quedando proscrita toda forma de responsabilidad objetiva.

1.3. El delito de robo, está previsto en el artículo 188, se agrava al concurrir las circunstancias previstas en el artículo 189, entre ellas, durante la noche o en lugar desolado (inciso 2), a mano armada (inciso 3) y cuando el hecho se suscita con el concurso de dos o más personas (inciso cuatro), estableciendo una pena privativa de libertad no menor de doce ni mayor de veinte años.

Normatividad del Código de Procedimientos Penales (en adelante, CdePP)

1.4. En el artículo 280, se señala que en la sentencia debe evaluarse el conjunto probatorio.

Jurisprudencia de la Corte Suprema

1.5. En el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116, del 30 de septiembre de 2005 (emitido por las Salas Penales de la Corte Suprema) se establece que:

La declaración incriminatoria de la parte agraviada tiene entidad para ser considerada como prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado; siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones, por lo que se debe tener en cuenta la ausencia de incredibilidad subjetiva, debiendo descartarse relaciones basadas en el odio, resentimientos o enemistad; es decir, sentimientos que puedan condicionar una declaración contraria a la verdad; verosimilitud, es decir, no solo coherencia y solidez de la propia declaración, sino la corroboración periférica de la misma; persistencia en la incriminación, aunque el cambio de versión no necesariamente inhabilita la apreciación judicial de la declaración. [Resaltado agregado]

SEGUNDO. ANÁLISIS JURÍDICO FÁCTICO

2.1. En el caso venido en grado, el agraviado a través de su manifestación brindada a escala preliminar en presencia del representante del Ministerio Público5 -después algunas horas de transcurrido el hecho (inmediatez temporal)- sindicó directamente a los coprocesados como las personas que a través de violencia6 (que estaría acreditada mediante el CML N.° 877-L del 20 de enero de 20137), le ocasionaron heridas en el cuello y cabeza, y sustrajeron sus bienes personales (maletín de lona con una cámara filmadora marca Samsung, cámara fotográfica Panasonic modelo Lumix de 14 mpix, celular Nokia modelo C3 y reloj de pulsera Omega). No se advierte enemistad o resentimiento previo entre las partes.

La retractación posterior de la víctima (en juicio oral) es inconsistente; los primeros datos emitidos fueron más confiables que la declaración posterior vertida ante la Sala Superior; por lo que la primigenia genera convicción a este Supremo Tribunal, teniendo en cuenta también el contexto en el que se produjeron los hechos (de noche, en lugar desolado).

2.2. Respecto a que los procesados negaron su responsabilidad a lo largo del proceso, este Tribunal no toma de recibo sus argumentos, dado que premunidos del derecho a no autoincriminarse; sus declaraciones no constituyen elemento probatorio de descargo; por lo que esta alegación no prueba ni a favor ni en contra.

2.3. En cuanto al registro personal del procesado Bravo Gamboa, efectivamente fue negativo, porque él se encontraba intervenido en la Comisaría PNP Callao, por la presunta comisión de otro hecho delictivo (tráfico ilícito de drogas), cuando el agraviado lo reconoció y sindicó como responsable del hecho cometido en su agravio.

2.4. Lo que cabalmente acredita el examen médico legal practicado al agraviado, es que este presentó lesiones al momento de acudir a la Comisaría a interponer su denuncia, herida cortante de 3 cm. sin suturar, ubicada en cara lateral izquierda de cuello, producida por objeto con filo; así como, herida contusa de 1 cm. sin suturar ubicada en región occipital equimosis en cara posterior de ambos antebrazos, ocasionadas por agente contundente duro, prescribiéndose dos días de atención facultativa y diez días de incapacidad médico legal; que concuerdan con el relato fáctico descrito en sede policial; no resulta lógico concluir que por una “simple rencilla”, como sostienen los imputados, éste haya presentado cortes en la zona del cuello.

2.5. Respecto a la preexistencia y titularidad de bienes, no es razonable que se exija al agraviado que presente comprobantes de adquisición, fotografías o que refiera por qué traía consigo dichos bienes muebles (ver considerando 2.1.), tanto más que, salvo la cámara fotográfica y filmadora, los demás bienes son de común y habitual posesión cotidiana por cualquiera, como es de conocimiento general y público dominio.

A ello se suma, que en el robo dada la violencia, no hay cuantificador alguno respecto a su valor, bastando la sustracción8 para configurar el ilícito penal; por lo que, resulta suficiente la declaración de la víctima como prueba personal.

DECISIÓN

Por ello, administrando justicia a nombre del pueblo, los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ACORDARON, por minoría:

I. Declarar NO HABER NULIDAD en la sentencia del 30 de octubre de 2018, expedida por la Segunda Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, mediante la cual se condenó a don Brayan Paul Bravo Gamboa y don Santos Vicente Flores Valdivia, como autores del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo con agravantes, previsto en el artículo 188 concordado con los numerales 2, 3 y 4 del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal, a diez y catorce años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva, respectivamente, en perjuicio de don Miguel Ángel Campuzano Sánchez; asimismo, fijó en dos mil soles el monto por concepto de reparación civil, a favor de la parte agraviada.

II. ORDENAR que se devuelvan los actuados al Tribunal de origen para los fines pertinentes, se haga saber y se archive.


1 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho penal. Parte especial. 7ma edición. Lima: Editorial Iustitia, 2018
2 QUINTO. Que en cuanto al agravio expresado por los recurrentes, respecto a la no acreditación de la preexistencia de los bienes sustraídos por medio documental, ha de tenerse en cuenta el criterio establecido por el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N.° 0198-2005-HC/TC, del dieciocho de febrero de dos mil cinco, donde expresó que: “Respecto al alegato del recurrente de que no se habría demostrado la preexistencia del bien materia del delito, este Colegiado considera que aun cuando el derecho a la prueba constituye un elemento del debido proceso, y la presunción de inocencia obliga al órgano jurisdiccional a una actividad probatoria suficiente que desvirtúe el estado de inocencia del que goza el imputado; en nuestro ordenamiento la prueba se rige por el sistema de valoración razonable y proporcional —sana crítica—. En virtud de ello, el juzgador dispone de un sistema de evaluación de los medios probatorios, sin que estos tengan asignado un valor predeterminado”; de modo que, aun cuando no exista boleta, factura y/o comprobante de pago que corrobore la cuantía del mismo, es válido el juicio que tiene por acreditada la preexistencia del bien sustraído, que se asiente en prueba personal (…)
3 UNDÉCIMO: […] De modo que, aun cuando no exista boleta, factura y/o comprobante de pago que corrobore la cuantía del mismo, es válido el juicio que tiene por acreditada la preexistencia del bien sustraído, que se asiente en prueba personal […]
4 QUINTO. Que por lo demás, es de dejar sentado como doctrina general que cuando se trata de testigos o imputados que han declarado indistintamente en ambas etapas del proceso penal, en la medida en que la declaración prestada en la etapa de instrucción se haya actuado con las garantías legalmente exigibles —situación que se extiende a las declaraciones en sede policial, siempre que se cumpla lo expresamente estatuido en la norma habilitante pertinente referido a la presencia del fiscal y, en su caso, del abogado defensor—, el Tribunal no está obligado a creer aquello que se dijo en el acto oral, sino que tiene libertad para conceder ayor o menor fiabilidad a unas y otras de tales declaraciones, pues puede ocurrir, por determinadas razones —que el Tribunal debe precisar cumplidamente—, que ofrezca mayor credibilidad lo declarado en la etapa de instrucción que lo dicho después en el juicio oral, en tanto dicha declaración se haya sometido en tal acto a contradicción con las garantías de igualdad, publicidad e inmediación y trasunta una mayor verosimilitud y fidelidad – cumplimiento, en su esencia, de los requisitos de legalidad y contradicción […]
1 Cfr. folios 33 a 42 del Cuadernillo formado en esta Instancia.
2 Obra en folios 538 al 552 del expediente principal.
3 Cfr. folios 43 a 48 del Cuadernillo formado en esta Instancia.
4 Cfr. folios 556 a 559 del Expediente principal.
5 CAFFERATA NORES, José I. La prueba en el proceso penal. Buenos Aires: Ediciones Depalma Segunda Edición. 1994. P. Este autor explica además en las mismas referencias que “Habrá probabilidad […] cuando la coexistencia de elementos positivos y negativos permanezca, pero los elementos positivos sean superiores en fuerza a los negativos; es decir, que aquéllos sean preponderantes desde el punto de vista de su calidad para proporcionar conocimiento. Cuando los elementos negativos son superiores a los positivos (desde el mismo punto de vista) se dice que hay improbabilidad o probabilidad negativa”
6 Cfr. folios 33 a 42 del Cuadernillo formado en esta Instancia.
7 Obra en folios 538 al 552 del expediente principal.
1 Obra de folios 556 al 559 del expediente principal.
2 Obra de folios 538 al 552 del expediente principal.
3 Cfr. Folios 153 y 154.
4 Obra de folios 21 al 29 del Cuadernillo formado en esta instancia.
5 Obra de folios 8 al 10 del expediente principal.
6 Ocasionándole heridas en el cuello y cabeza.

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