ROBO : Ausencia de elementos periféricos que validen la versión incriminatoria del agraviado
15 noviembre, 2021
ABSOLUCIÓN : La duda razonable favorece al reo, en autos no concurren medios de prueba que generen convicción en el juzgador sobre su responsabilidad del imputado..
17 noviembre, 2021

ABSOLUCIÓN : Vulneración al derecho a la prueba en el delito de violación sexual.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 2183-2019
LIMA SUR

NULIDAD DE SENTENCIA

La sentencia refleja que se ha omitido valorar la prueba cuestionada por falta de actuación, pese a que fue admitida. Este tribunal Supremo considera que tal prueba debe recabarse haciendo uso de los apercibimientos de ley y someterse al principio de contradicción y evaluarse en forma integral con el resto del material probatorio.

En estas condiciones, este Tribunal Supremo no puede ingresar a analizar el fondo del asunto, por haberse incurrido en causal de nulidad prevista en el artículo 298.1 del Código de Procedimientos Penales. Es de rigor rescindir la sentencia recurrida y ordenar la realización de un nuevo juicio, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presente resolución. Para tal efecto, deberá darse cumplimiento a lo señalado en la presente ejecutoria, llevándose a cabo las diligencias ordenadas, así como todas aquellas que se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

LA REVICTIMIZACIÓN EN LOS DELITOS DE ABUSO SEXUAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

Sentado ello y conforme a la normativa constitucional y convencional en casos de abuso sexual de niños, niñas o adolescentes deben ser juzgados bajo un doble estándar de protección internacional de los derechos humanos. Importa entonces resaltar que, en el presente caso la víctima ha declarado en dos oportunidades a nivel preliminar1 y una vez a nivel de juicio oral (juzgamiento respecto a Gabriel Walter Churato Perez)1; por lo que, teniendo en cuenta el corpus iuris internacional en el marco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la que es parte el Estado peruano y la tutela a personas vulnerables, las declaraciones de la adolescente con clave 1751 mantienen su valor y no debe ser convocada para que declare en el nuevo juicio oral a fin de no generar una revictimización secundaria en este caso concreto.

Lima, dos de noviembre de dos mil veintiuno

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el sentenciado MIGUEL ÁNGEL HUARCAYA HIPOLITO (24) contra la sentencia condenatoria del 19 de septiembre de 2019, emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que lo condenó como autor del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de la adolescente identificada con Clave 1751 (12), a veinticinco años de pena privativa de la libertad; y fijó en S/5 000,00 (cinco mil soles) por concepto de reparación civil, a favor de la agraviada.

Con lo expuesto por el fiscal supremo en lo penal. Ponencia de la jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FISCAL

1. Según el dictamen fiscal acusatorio N.° 238-20131, el marco fáctico de imputación es el siguiente:

El día 01 de agosto de 2009, a las 11:00 horas aproximadamente, Miguel Ángel Huarcaya Hipólito y Gabriel Walter Churata Pérez se encontraron con la adolescente agraviada identificada con la clave 1751 (12 años de edad) y su hermana Heydi Yurisa Estrada Cámara (14 años de edad) por las inmediaciones del paradero nueve y medio de Nueva Esperanza – Villa María del Triunfo, trasladándose todos hasta la vivienda de Miguel Ángel Huarcaya Hipólito situada en Micaela Bastidas – Villa María del Triunfo, donde comenzaron a libar licor. El imputado Gabriel Walter Churata Perez llevó a la agraviada a un cuarto contiguo, proponiéndole de forma insistente mantener relaciones sexuales, ante lo cual la adolescente accedió, procedió el citado encausado a bajarle el pantalón hasta las rodillas y le practicó el acto sexual vía vaginal.

Luego de ello, retornaron a la habitación donde se encontraba Miguel Ángel Huarcaya Hipólito y la adolescente Heydi Yurisa Estrada Cámara, continuando con la ingesta de licor hasta que la agraviada sintió sueño y se acostó en la cama de una habitación quedándose dormida, momento que fue aprovechado por Miguel Ángel Huarcaya Hipólito para apartarse del grupo y acudir hasta la habitación donde se encontraba la agraviada. Procedió a acostarse sobre ella y le practicó el acto sexual vía vaginal, lo que ocasionó que en ese instante la adolescente se despertara, le pidió reiteradamente que la soltara, sin embargo, el acusado le tapó la boca para que no grite; posteriormente la soltó, recriminándole la adolescente lo ocurrido, no obstante, el acusado le contestó que «estaba loca porque no le había hecho nada».

Por estos hechos, el representante del Ministerio Público, le atribuyó a Miguel Ángel Huarcaya Hipólito y a Gabriel Walter Churata Pérez ser autores del delito de violación sexual de menor de edad, previsto en el artículo 173.2 del Código Penal, en agravio de la adolescente identificada con clave 1751. El primero de los citados, fue declarado reo ausente a nivel de instrucción, mediante Resolución N.° 092 del 19 de diciembre de 2011 por el Segundo Juzgado en lo Penal de Villa María del Triunfo.

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

2. Cabe acotar, que la sentencia recurrida solo fue materia de pronunciamiento respecto al juzgamiento de Miguel Ángel Huarcaya Hipólito, al coacusado Gabriel Walter Churata Pérez se le absolvió de los cargos, mediante sentencia del 14 de enero del 20143.

3. La Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Lima Sur, emitió sentencia condenatoria4 del 19 de septiembre del 2019, contra el recurrente, sobre la base del razonamiento siguiente:

3.1. La madre de la agraviada, doña Haydee Cámara Huaranga, el 02 de agosto de 2009, formuló denuncia de violación sexual en agravio de su menor hija, contra el imputado Miguel Ángel Huarcaya Hipólito, y se procedió con su intervención.

3.2. Está probada la minoría de edad de la agraviada, quien contaba con doce años de edad en la fecha de los hechos, conforme al acta de nacimiento5, donde se advierte que la adolescente nació el 23 de abril de 1997. Minoría de edad del cual se habría aprovechado el acusado para abusar de la adolescente.

3.3. La versión de la agraviada con Clave N.° 007-2015 es persistente y uniforme a nivel policial, fiscal y a nivel de juicio oral (juicio oral seguido contra Churata Perez), sindicando al imputado Huarcaya Hipólito como su agresor sexual; pues señaló que los imputados Huarcaya Hipólito y Churata Pérez la llevaron hasta el cuarto del primero de los mencionados y allí consumieron licor. Cuando se quedó dormida en la cama, aprovechando el momento en que Gabriel Churata y su hermana Heydi Yurisa se fueron al baño, el acusado la ultrajó sexualmente, despertando cuando él estaba encima de ella, y le tapó la boca para que no gritara.

3.4. Existen elementos periféricos que corroboran la versión incriminatoria de la victima, como el informe psicológico practicado a la agraviada, la Pericia Psicológica N.° 002752-2019-PSC que fue realizada al imputado, detalló: “emocionalmente se caracteriza por ser inseguro, de actitudes rígidas, tendiendo a esperar que las personas que lo rodean se rijan a su forma de actuar (…) frente a situaciones de tensión suele utilizar le evaluación como mecanismo de defensa”, concluyó: “No presenta indicadores psicopatológicos que lo alejen de la realidad. Rasgos de personalidad compulsiva con tendencia a la extroversión”, y las declaraciones preliminares y en juicio oral de la testigo Heydi Yurisa Estrada Cámara (hermana de la agraviada) y de Gabriel Walter Churata Pérez a nivel de juicio oral.

3.5. Si bien en el certificado médico legal de la agraviada se detalló desfloración antigua, que supone la existencia de relaciones sexuales con una data de tiempo mayor a los hechos; sin embargo, ello no enerva el hecho imputado de agresión sexual, pues se evaluó las pruebas en conjunto que hicieron determinaron que el hecho de abuso sexual si se produjo en la realidad.

3.6. La versión incriminatoria de la adolescente, reúne las garantías de certeza y tiene entidad para ser considerada como prueba válida de cargo, en atención al Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116, y por consiguiente, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del acusado.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

4. El recurrente, en su recurso de nulidad fundamentado6, no cuestionó la materialidad del delito, sino estrictamente su responsabilidad penal, con base a una presunta violación al principio de presunción de inocencia e in dubio pro reo, por los siguientes argumentos:

4.1. Su declaración preliminar se llevó a cabo sin la presencia de su abogado defensor, por lo que carece de validez probatoria. Se debió valorar únicamente la declaración que brindó en juicio oral, donde narra los hechos con coherencia, uniformidad y solidez

4.2. La Sala no efectuó una debida descripción del escenario donde suscitaron los hechos materia de inculpación, respecto al inmueble alquilado que contaba con una sola habitación en el tercer piso. El acusado Huarcaya Hipólito no pudo haberse apartado del grupo y acudir hacia la habitación donde se encontraba la agraviada, como se afirma. Añadió, que la hermana de la agraviada como el enamorado de la misma estaban presentes en la habitación antes mencionada.

4.3. La agraviada de manera voluntaria se acostó en su cama después de mantener relaciones sexuales con su enamorado Churata Pérez.

4.4. El relato de la agraviada a nivel preliminar, fiscal y juicio oral, es contradictorio, incoherente, respecto al momento que le tapó la boca, cuestionó que existe declaraciones diferentes, si fue antes o después de bajarle el pantalón y luego del acto sexual, restándole verosimilitud y solidez conforme al Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116.

4.5. No se valoró el certificado médico legal en el que se dejó constancia que se tomó muestras de contenido vaginal para estudio espermatológico, así como del vello púbico hallado, para estudio tricológico; muestras que no le pertenecen al recurrente, lo que constituiría, se conciba una insuficiencia probatoria, operando el in dubio pro reo en beneficio del acusado.

4.6. El informe psicológico concluye: “episodio depresivo leve, trastorno de ansiedad no especificado, problemas relacionados con violencia, abuso sexual”, el cual acredita que la adolescente agraviada no se encuentra afectada en su desarrollo psíquico y tampoco se afectó el bien jurídicamente tutelado

CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL DELITO

5. Los hechos atribuidos fueron calificados como delito de violación sexual de menor de edad, previsto en el artículo 173.2 del Código Penal —modificado por el artículo 1 de la Ley N.° 28704, publicada el 05 abril 2006, cuyo texto es el siguiente:

«Artículo 173.- Violación sexual de menor de edad
El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: […] 2. Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena será no menor de treinta años, ni mayor de treinta y cinco.

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

6. El punto de partida para analizar la sentencia recurrida es el principio de impugnación limitada que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal; por el cual se reduce el ámbito de la resolución, únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido y las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.

7. Cabe precisar que, el principio de presunción de inocencia consagrado en el literal e, inciso 24, artículo 2, de la Constitución Política del Perú, prescribe que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Conforme con la doctrina y jurisprudencia, el referido principio como regla incorpora el: juicio sobre la prueba, juicio sobre la suficiencia y juicio sobre la motivación y su razonabilidad. Como juicio sobre la prueba debe ser entendida como aquella que haya sido obtenida, con respeto al canon de legalidad constitucional exigible y que además, haya sido introducida en el plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen de contradicción, inmediación, publicidad e igualdad [STS 3504/2019 del 04 de septiembre de 2019, emitido por la Sala de lo Penal de Madrid del Tribunal Supremo, F3]

8. El derecho a la prueba que es parte implícita del derecho a la tutela judicial efectiva, garantiza que las partes puedan ofrecer las pruebas que sean útiles y pertinentes al objeto del proceso. En ese marco, el derecho a probar esta en relación directa, a que una vez ofrecido el medio probatorio, este debe ser actuado e incorporado al plenario, para ser valorado en esa dirección, conforme a la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional [Expediente N.° 00862-2008-PHC/RC].

También, el Tribunal Constitucional ha precisado que uno de los supuestos de vulneración al derecho a la prueba se presenta cuando, habiéndose dispuesto en el propio proceso la actuación o incorporación de determinado medio probatorio trascendental y pertinente, ello no es llevado a cabo [STC 03801-2012-PHC/TC, FJ 6].

9. Ahora bien, la Sala de Mérito ha fijado como enunciado probado, que el relato de la víctima es persistente y verosímil en contra del acusado, al señalar que Gabriel Churata y el acusado Huarcaya Hipólito, la llevaron hasta el cuarto de este último y cuando estuvo dormida en la cama, aprovechando el momento cuando Gabriel Churata y su hermana Heydi Yurisa se fueron al baño, el acusado la ultrajó sexualmente, despertando cuando este estaba encima de ella, quien le tapó la boca para que no grite; lo que se corroboraría con un informe psicológico, pericia psicológica y el Certificado Médico N.° 050893-CLS.

10. El recurrente critica la sentencia condenatoria entre sus reclamos del 4.1 al 4.6, en resumen, le resta credibilidad al relato de la víctima, en cuanto al momento en que señaló le tapó la boca para violarla sexualmente, dado que su hermana y su enamorado estuvieron presentes en la habitación. Pero lo relevante de su reclamo es el Certificado Médico Legal N.° 050893-CLS, de fecha 02 de agosto de 2009, pues censura que allí se dejó constancia que se tomó muestras de contenido vaginal para estudio espermatológico, así como del vello púbico hallado, para estudio tricológico; las cuales afirma que no le pertenecerían y protesta inocencia de los cargos en su contra.

11. Puntualmente, la Sala de Mérito ha realizado un razonamiento sobre la prueba colectada legítimamente al proceso; sin embargo, la actividad probatoria se rige por un conjunto de principios entre ellos la comunidad de prueba o universalidad de la prueba, ello significa que los medios probatorios una vez ofrecidos, admitidos y actuados, pertenecen al proceso, independientemente de quien los ofreció.

Sucede que, en este caso conforme al Certificado Médico Legal N.° 050893-CLS de fecha 02 de agosto del 2009, realizado horas después de los hechos, se advierte en su apartado observaciones, lo siguiente: 1. Se toma muestra de contenido vaginal para estudio espermatológico y 2. Se envía muestra de vello al parecer púbico para estudio tricológico; y esto es lo que el impugnante reclamando que no se valoró.

12. De la lectura del acta de juicio oral de la segunda sesión del 25 de julio de 2019, aparece que tales pruebas fueron ofrecidas por la defensa del acusado y admitidas en la misma sesión7.

Ahora, según el recurrente no es cierto la imputación que se le formula. Y en esa línea, las pruebas científicas que reclama el impugnante deben ser valoradas; sin embargo, estas no fueron recabadas, pues conforme se advierte de la sexta sesión de juicio oral (03 de septiembre de 2019)8, la secretaría informó que se cumplió con oficiar a la División Clínico Forense sobre tales muestras y no hubo respuesta, por lo que, se prescindió de las mismas, de conformidad con la defensa del acusado; por ello como ya se expresó las pruebas se admitieron en beneficio de las partes y en este caso aparece que no se incorporaron al plenario para su valoración. Tampoco aparece que la Sala hizo uso de su poder coercitivo usando los apercibimientos de ley para su actuación.

Además, de la revisión del expediente se advierte que el 12 de septiembre de 2019, minutos antes de la séptima sesión9 (requisitorias, alegatos y defensa material), se recepcionó el Informe N.° 15886-2019, suscrito por la bióloga Esperanza Zosima Loayza Gavilan del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, en el cual pone a conocimiento que las muestras de contenido vaginal y de vello púbico, deben ser solicitadas a la Unidad de Toxicología y Química Legal (LATOQUIL). Sobre ello, se dio cuenta recién en la octava sesión10 (19 de septiembre de 2019) y el colegiado dispuso solo su incorporación en los autos, toda vez que se encontraba en la etapa final de lectura de sentencia, lo que revela aún más que no se ofició a la unidad correspondiente para recabar tal prueba científica.

13. Por consiguiente, surge la necesidad de que dichas pruebas sean incorporadas al proceso, pues el recurrente niega los cargos en su contra y, si bien la Sala ha construido su razonamiento sobre la prueba colectada, también refleja que se ha omitido valorar la prueba cuestionada por falta de actuación, por las razones antes expuestas pese a que fue admitida. Este tribunal Supremo considera que tal prueba debe recabarse haciendo uso de los apercibimientos de ley, someterse al principio de contradicción y evaluarse en forma integral con el resto del material probatorio, a fin de ratificar o desvirtuar la tesis del Ministerio Público.

14. En estas condiciones, este Tribunal Supremo no puede ingresar a analizar el fondo del asunto, por haberse incurrido en causal de nulidad prevista en el artículo 298.1 del Código de Procedimientos Penales. Es de rigor rescindir la sentencia recurrida y ordenar la realización de un nuevo juicio, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presente resolución. Para tal efecto, deberá darse cumplimiento a lo señalado en la presente ejecutoria, llevándose a cabo las diligencias ordenadas, así como todas aquellas que se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

SOBRE LA DECLARACIÓN DE LA VICTIMA EN EL NUEVO JUICIO

15. Debe señalarse que, el Estado Peruano está obligado a la protección y cuidados necesarios para el bienestar del niño, conforme al artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el que se establece el interés superior del niño, prescribiendo que cuando las autoridades […] adopten decisiones que tengan que ver con los niños deberán hacer aquello que sea mejor para su desarrollo y bienestar. Asimismo, en el artículo 4 de la Constitución Política del Perú se señala que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente […].

16. Dentro de este marco, el Tribunal Constitucional ha señalado que la comisión del delito contra la libertad sexual de una niña afecta irreversiblemente el ámbito espiritual y psicológico de los menores, en cuanto resultan ser víctimas de episodios traumáticos que determinarán sus personalidades y la manera en que se relacionarán con otros individuos […]. Precisando la importancia que los operadores jurídicos apliquen la legislación de conformidad con el principio de supremacía del interés del niño, en consideración de la fragilidad de la personalidad de estos [STC 05692-2008-PHC/TC, FJ 2].

17. En ese sentido, el Acuerdo Plenario N.° 1-2011/CJ-116, fundamento 37 y 38, señaló que el Estado ha de mostrar una función tuitiva respecto a la víctima de un delito de violación sexual, pues sufre por el propio hecho en sí; y por la dolorosa experiencia de repetir el suceso vivido a los profesionales de las diferentes instituciones sucesivamente: familia, pediatra, trabajadora social, médico forense, policía, psicólogo, juez, abogado del acusado. En efecto, el trauma de la víctima del abuso sexual se prolonga cuando debe enfrentarse a los interrogatorios que contempla el sistema de justicia, y a efectos de evitar la victimización secundaria, en especial de los menores de edad, mermando las aflicciones de quien es pasible de abuso sexual, se debe tener en cuenta las siguientes reglas: a) Reserva de las actuaciones judiciales; b) Preservación de la identidad de la víctima; c) Promover y fomentar la actuación de única declaración de la víctima.

18. En similar tendencia jurisprudencial, la Casación N.° 33-2014/Ucayali, del 28 de octubre de 2015, en su fundamento 11 y 12, entre otros aspectos, sostiene que el trauma de la víctima del abuso sexual se prolonga con los interrogatorios que contempla el sistema de justicia. Esta sufre la dolorosa experiencia de repetir el suceso vivido a los profesionales de las diferentes instituciones como el policía, psicólogo, el juez u abogado del acusado. En atención a estos efectos secundarios evitables se dispuso: a) la reserva de las actuaciones judiciales; b) la preservación de la identidad de la víctima; y, c) promover y fomentar la actuación de única declaración de la víctima.

19. En esa línea interpretativa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca, en casos de violencia sexual, que la investigación debe intentar evitar en lo posible la revictimización o reexperimentación de la profunda experiencia traumática cada vez que la víctima recuerda o declara sobre lo ocurrido” [Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Fernández Ortega vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de agosto de 2010, FJ 196].

20. Sentado ello y conforme a la normativa constitucional y convencional en casos de abuso sexual de niños, niñas o adolescentes deben ser juzgados bajo un doble estándar de protección internacional de los derechos humanos. Importa entonces resaltar que, en el presente caso la víctima ha declarado en dos oportunidades a nivel preliminar11 y una vez a nivel de juicio oral (juzgamiento respecto a Gabriel Walter Churato Perez)12; por lo que, teniendo en cuenta el corpus iuris internacional en el marco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la que es parte el Estado peruano y la tutela a personas vulnerables, las declaraciones de la adolescente con clave 1751 mantienen su valor y no debe ser convocada para que declare en el nuevo juicio oral a fin de no generar una revictimización secundaria en este caso concreto.

SOBRE LA SITUACIÓN JURIDICA DEL RECURRENTE

21. Con relación a la situación jurídica de Huarcaya Hipólito, el 20 de agosto de 2010 se abrió instrucción en su contra, con mandato de comparecencia con restricciones13, señalando lo siguiente: a) No variar de domicilio sin previo aviso escrito al Juzgado. b) No ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización del juzgado. c) Cumplir con las citaciones y mandatos judiciales. d) Concurrir cada fin de mes al local del juzgado a efectos de justificar sus actividades y firmar el libro de control respectivo; bajo apercibimiento de que previo requerimiento se revoque la medida y se dicte mandato de detención.

22. El 19 de septiembre de 2019 se emitió sentencia con pena privativa de libertad efectiva, disponiéndose su internamiento en la cárcel pública correspondiente.

Como en la presente ejecutoria se dispone la nulidad de la sentencia y un nuevo juicio oral, se mantiene en su contra la citada medida con las cuatro restricciones ya anotadas, con la precisión de que el acusado debe dar aviso por escrito a la Sala Penal Superior que llevará a cabo el nuevo juicio oral. En cuanto a la tercera restricción deberá informar y justificar sus actividades mensualmente a la Sala Superior a través del aplicativo virtual del Poder Judicial denominado “Sistema de Control Virtual Penal” [De acuerdo con el Procedimiento de control virtual para el registro de los procesados y sentenciados que gozan de libertad, aprobado mediante Resolución Administrativa N.º 000209-2020-CE-PJ, que entró en vigor el 7 de agosto del 2020], en tanto dure el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19, y para lo cual deberá empadronarse obligatoriamente a través de la página web de la Corte Superior de Lima Sur [www.csjlimasur.com], bajo apercibimiento de ley.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, acordaron:

I. Declarar NULA la sentencia del 19 de septiembre del 2019, emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que condenó a Miguel Ángel Huarcaya Hipolito (24 años de edad) como autor del delito de violación sexual de menor de edad (12 años de edad), en agravio de la adolescente identificada con Clave 1751, a veinticinco años de pena privativa de la libertad; y fijó en S/5 000,00 (cinco mil soles) por concepto de reparación civil, a favor de la adolescente agraviada.

II. ORDENAR que se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presente resolución.

III. DISPONER la inmediata LIBERTAD del acusado, siempre y cuando no subsista en su contra, orden o mandato de prisión dispuesto por autoridad competente; y, conforme al artículo 288 del Código Procesal Penal ESTABLECER como reglas de conducta que el recurrente: i) no se comunique con la agraviada y su familia; ii) no se ausente del lugar de su residencia, ni varíe su domicilio sin previa comunicación y autorización de la Sala Penal Superior; y, iii) se presente al local de la Sala Penal Superior el último día hábil de cada mes, personal y obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades y las veces que se le requiera; bajo apercibimiento, de ley.

IV. DISPONER que se devuelvan los autos al Tribunal Superior para los fines de ley y se haga saber.


1 Cfr. páginas 216 y ss.
2 Cfr. página 193.
3 Cfr. páginas 344 y ss.
4 Cfr. páginas 500 y ss.
5 Cfr. página 31.
6 Cfr. páginas 519 y ss.
7 Cfr. páginas 446.
8 Cfr. páginas 485 y ss.
9 Cfr. páginas 488 y ss.
10 Cfr. páginas 515 y ss.
11 Cfr. páginas 23 al 26 y 83 al 86.
12 Cfr. páginas 309 y ss.
13 Cfr. páginas 117 y ss.

DESCARGAR RESOLUCIÓN AQUÍ:

 

Pin It on Pinterest