ROBO : Reducción de la pena en casos de concurrencia de responsabilidad restringida y alteración de la conciencia por consumo de sustancias psicotrópicas.
19 noviembre, 2021
Momento consumación del delito de falsedad ideológica.
21 noviembre, 2021

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
R. N. N.° 664-2020
LIMA SUR

Oralización de piezas

La oralización en audiencia de las diligencias actuadas a nivel preliminar brinda la oportunidad a las partes de debatirlas; por lo tanto, con ese procedimiento, se somete al contradictorio.

Lima, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por las defensas de Elvis Carlin Quiroz Quiroz y Jesús Agustín Padilla Poma contra la sentencia emitida el veinticinco de julio de dos mil diecinueve por la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que los condenó por el delito contra la seguridad púbica-delito de peligro común-tenencia ilegal de armas —previsto en el artículo 279 del Código Penal— y por el delito contra la tranquilidad pública-marcaje o reglaje —tipificado en el artículo 317-A del código acotado— (ambos modificados por el artículo 1 de la Ley número 30076, publicada el diecinueve de agosto de dos mil trece, vigente al momento de ocurridos los hechos), en agravio del Estado, y les impuso trece años de pena privativa de libertad e inhabilitación definitiva para obtener licencia para portar o hacer uso de armas de fuego y fijó el pago de S/ 3000 (tres mil soles) por concepto de reparación civil.

Intervino como ponente el señor juez supremo SEQUEIROS VARGAS.

CONSIDERANDO

Primero. Fundamentos de la impugnación

Las defensas de Elvis Carlin Quiroz Quiroz y de Jesús Agustín Padilla Poma solicitan, como pretensión principal, que se les absuelva de la acusación fiscal por ambos delitos imputados y, como pretensión accesoria, que se declare la nulidad de la sentencia por vulneración de la debida motivación y del derecho a la defensa, y se disponga la remisión de la causa a otra Sala Penal para un nuevo juicio oral. Sus fundamentos son los siguientes:

1.1 La pericia balística forense que obra en copia no ha sido debatida ni ratificada. Fue insertada en autos en la etapa de los alegatos finales, por lo que la defensa no pudo utilizar los mecanismos legales para contradecirla, con lo que se vulneró el derecho a la defensa.

1.2 El acta de incautación no ha sido ratificada ni ha sido materia del contradictorio; además, el vehículo no es de propiedad de los recurrentes y no se ha indagado a quién le pertenece el arma hallada.

1.3 El policía declaró a nivel policial sin la presencia del Ministerio Público, por lo que no constituye medio de prueba para sustentar una sentencia condenatoria.

1.4 No se ha determinado a través de una pericia de absorción atómica que los recurrentes hayan efectuado disparos ni se ha efectuado un peritaje grafotécnico que determine que las grafías que aparecen en el manuscrito les correspondan.

1.5 Para que se configure el delito de tenencia ilegal de armas, la posesión no debe ser esporádica ni circunstancial; requiere de un mínimo de continuidad. Además, el agente debe actuar con conciencia y voluntad de que la tenencia se produce sin las licencias autoritativas correspondientes.

1.6 La condena por el delito de marcaje o reglaje se basa en la declaración policial de Víctor Hugo Pajares Tolentino, brindada sin la presencia del Ministerio Público. Este ilícito está íntimamente ligado con que se cometan los delitos indicados en el artículo 317-A del Código Penal. Entre los que no se menciona el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

Segundo. Hechos imputados

El Ministerio Público sostiene que el doce de noviembre de dos mil catorce personal policial de la División de Investigación Criminal del Rímac obtuvo información confidencial de que en el distrito de Villa María del Triunfo unos sujetos se estarían dedicando a perpetrar delitos contra el patrimonio en sus diversas modalidades, por lo que se montó el operativo Tormenta 2014.

Así, a las 11:15 horas de la indicada fecha, observaron que un vehículo de color guinda de placa de rodaje COL-505, con cuatro sujetos a bordo, merodeaba sospechosamente la calle Las Moras y la avenida Los Lirios de dicho distrito. Aquellos, al percatarse de la presencia policial, se dieron a la fuga, por lo que se inició una persecución en la que se logró cerrar el paso al vehículo, del cual descendieron los procesados Elvis Carlin Quiroz Quiroz y Jesús Agustín Padilla Poma —piloto y copiloto, respectivamente—, así como otros dos sujetos no identificados que lograron huir.

Al practicarse el registro vehicular in situ, se halló debajo del asiento del conductor Quiroz Quiroz una bolsa de polietileno de color negro que contenía una casaca en cuyo interior se encontró un arma de fuego calibre 380, con serie CAT6754, abastecida con trece municiones sin percutir. Debajo del asiento del copiloto se halló una bolsa de polietileno de color crema que contenía dos pasamontañas de lana de color negro y una máscara de Spiderman, tres soguillas de color blanquinegro de aproximadamente un metro y medio de longitud cada una y una soga de color verde de tres metros aproximadamente; asimismo, al lado de la bolsa se halló una pata de cabra elaborada de fierro corrugado. Mientras que en el interior de la guantera se encontró una serie de documentos, tales como un acta de secuestro conservativo y resoluciones coactivas a nombre del procesado Quiroz Quiroz; y, en el reverso del acta de secuestro conservativo, figuraba trazado el croquis de un inmueble que, de acuerdo con las indagaciones policiales, correspondía a la ubicación de la vivienda del microempresario Víctor Hugo Pajares Tolentino. De ello se desprende que los imputados, junto con los otros dos sujetos que fugaron, estaban realizando labores de vigilancia para perpetrar un delito de robo agravado en la vivienda o el negocio de Pajares Tolentino.

Tercero. Fundamentos de la sentencia impugnada

3.1 La materialidad de los delitos de tenencia ilegal de armas y marcaje o reglaje se encuentra acreditada con los siguientes elementos de prueba: el acta de registro vehicular, incautación de arma, especies y documentos in situ; el Dictamen Pericial de Balística Forense número 1487/14, incorporado al debate contradictorio en la sesión de juicio oral del dieciocho de julio de dos mil diecinueve; las fotografías en las que se aprecia que el vehículo intervenido transitó por el frontis de la vivienda del agraviado Pajares Tolentino el día de la intervención, y el croquis de la vivienda del agraviado hallado en el interior del vehículo.

3.2 La responsabilidad penal de los procesados en los delitos de tenencia ilegal de armas y reglaje o marcaje se encuentra acreditada con las declaraciones de los efectivos policiales intervinientes García Hurtado y Castillo Carranza, las que reúnen los requisitos del Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ- 116; la declaración del SOT3 Eduardo Emilio Calderón Fuentes; la manifestación de Víctor Hugo Pajares Tolentino; el croquis encontrado en el interior del vehículo con la ubicación detallada del local y el domicilio de Pajares Tolentino; las cuatro vistas fotográficas tomadas de la cámara de seguridad del local antes señalado, en las que aparece el vehículo intervenido transitando varias veces por el frontis, y la Pericia Balística Forense número 1487/14; todo ello aunado a los indicios de presencia en el lugar de los hechos, mala justificación y capacidad para delinquir.

Cuarto. Fundamentos del Tribunal Supremo

4.1 Se vulnera el derecho a la defensa cuando se introducen elementos de prueba en el proceso sin conocimiento de las partes y sin darles la oportunidad de debatirlos. En el presente caso, se aprecia de la revisión del expediente que el Dictamen de Pericia Balística número 1487-2014 fue ofrecido en la acusación como elemento de prueba de cargo y admitido por el Colegiado Superior; que en múltiples oportunidades se ofició para su envío sin resultado alguno, y que incluso las sesiones de audiencia fueron suspendidas reiteradamente solo a la espera de la recepción de dicho documento, oportunidades en las cuales las defensas de las partes no presentaron objeción alguna.

4.2 El Dictamen de Pericia Balística número 1487-2014 fue remitido por el jefe de la Unicri-Dirincri-PNP en copia autenticada el ocho de julio de dos mil diecinueve —fojas 458-460— y dado cuenta por la Secretaría del Tribunal Superior en la sesión de audiencia del dieciocho de julio siguiente, antes de la etapa de oralización de piezas, y se advierte del acta correspondiente —fojas 465— que las defensas de los procesados lo observaron por ser copia y por supuestamente no estar legible, por lo que sí tuvieron la oportunidad de cuestionarlo y debatirlo.

4.3 Cabe señalar que la copia remitida de la pericia balística se encuentra autenticada por el jefe de la Secretaría de la Unicri- Dirincri-PNP, autoridad administrativa con legitimidad para certificar su autenticidad, quien explicó en el oficio de remisión que el original había sido remitido en su oportunidad a la comisaría que solicitó su formulación y se trata de un documento legible; por lo tanto, tiene valor probatorio. Por otro lado, se trata de una pericia emitida por un órgano del Estado especializado y, por consiguiente, su validez no requiere de su ratificación, conforme se estableció en el Acuerdo Plenario número 2-2007/CJ-116. En consecuencia, no se vulneró el derecho a la defensa de los procesados al valorarla.

4.4 El acta de registro vehicular e incautación de armas de fuego y municiones, especies y documentos in situ —foja 47— fue ratificada en su contenido y firma a nivel policial, en presencia del Ministerio Público, por los policías intervinientes SOS PNP Percy William García Hurtado —fojas 22-24— y SOT2 PNP José Tomás Castillo Carranza —fojas 25- 27—. Ambos coinciden en que se intervino a los procesados en ejecución del plan operativo Tormenta 2014, realizado en conjunto con la Policía de la Divincri PNP Rímac y del Grupo Divascri Dirin PNP, al obtenerse información de que personas al margen de la ley estarían dedicándose a cometer hechos delictivos contra el patrimonio en la jurisdicción del distrito de Villa María del Triunfo, y en el juicio oral por el policía interviniente Eduardo Emilio Calderón Fuentes —foja 421—.

4.5 Asimismo, fue oralizada en audiencia a petición del Ministerio Público, y se aprecia de la lectura del acta pertinente —fojas 466- 467— que la defensa de los procesados no formuló observación alguna a ella; consiguientemente, fue sometida al contradictorio.

4.6 Para la configuración del delito de tenencia ilegal de armas de fuego no se exige que el poseedor sea propietario; solo se requiere la situación posesoria mínima y la facultad o posibilidad de disposición o de ser utilizada, cualquiera sea la duración del tiempo que permita su utilización, según se estableció en la Casación número 1522-2017/La libertad.

4.7 En autos ha quedado acreditado con el reporte de la Sunarp —foja 71— que el vehículo en el cual se intervino a los procesados y se hallaron el arma y las demás especies incautadas —según el acta de registro vehicular e incautación de armas de fuego y municiones, especies y documentos in situ, se halló: a) debajo del asiento del piloto, una bolsa de polietileno de color negro con una casaca y en su interior un arma de fuego (pistola pavonada, calibre 3.80, con la inscripción Fabrique Nationale-BDA 380, con su respectiva cacerina abastecida con trece municiones sin percutir de color dorado, mecanismos operativos); b) en el piso del asiento posterior, lado del copiloto, una bolsa de polietileno de color crema en cuyo interior había dos pasamontañas, una máscara de color rojo con la caricatura y la inscripción de Spiderman, tres soguillas de metro y medio cada una, una soga de tres metros y una pata de cabra de fierro corrugado, y c) en la guantera había diversos documentos, entre los que se hallaba una resolución coactiva dirigida al procesado Quiroz Quiroz y, en el reverso de la última hoja, estaba dibujado un croquis correspondiente a una vivienda de dos pisos— era de propiedad del procesado Quiroz Quiroz.

4.8 El arma hallada en el vehículo de propiedad del mencionado procesado, debajo del asiento del conductor en el que este se hallaba sentado, vehículo que según versión del imputado utilizaba como herramienta de trabajo la madrugada del día de los hechos —así lo refirió el procesado en sus distintas declaraciones—, excluye los supuestos de tenencia fugaz —como serían los de mera detentación o examen, reparación del arma o simple transmisión a terceros—, y no hay elemento de juicio que dé cuenta de que el vehículo haya estado a disposición de alguna otra persona.

4.9 En audiencia se oralizó la Nota de Información número 2487-2014- R911-E-24 sin objeción por parte de las defensas —fojas 466 vuelta- 467—, en la que se consignó que los procesados no registraron armas de fuego de su propiedad ni licencia para portarlas.

4.10 Conforme se señala en la sentencia impugnada —cuyos fundamentos resultan consistentes, detallados y completos, por lo que no es del caso reiterarlos—, las circunstancias de intervención de los procesados —en flagrancia delictiva al hallarse merodeando sospechosamente por el local avícola Avipa, que a la vez era la vivienda del empresario Víctor Hugo Pajares Tolentino—, con las especies incautadas en el vehículo y el croquis de dicha vivienda en horas en que precisamente, según la manifestación policial de Víctor Hugo Pajares Tolentino —fojas 28-32—, brindada en presencia del Ministerio Público, se desarrollaba la actividad comercial propia de su negocio y se movilizaba dinero, aunadas a los indicios de mala justificación —en su declaración en el juicio oral, los procesados incurrieron en inconsistencias al tratar de justificar la ruta que tomaron para dirigirse supuestamente a tomar desayuno al pesquero, pretextando tráfico por otras rutas—, de presencia en el lugar de los hechos —en las fotografías tomadas con la cámara de vigilancia del local se observa que pasaron muy lentamente por el frontis y luego de quince minutos volvieron a pasar, pretextando que volvieron a transitar porque dieron vuelta en U al hallar una tranquera (argumento este último inconsistente por el tiempo que les habría tomado dar la vuelta en U)— y de capacidad para delinquir —ambos tienen antecedentes por delitos contra el patrimonio—, a los que habría que añadir el de conducta posterior —al emprender la huida, cuando se percataron de la presencia policial—, acreditan de manera suficiente la materialidad de los delitos y la responsabilidad penal de los procesados.

4.11 El delito de reglaje o marcaje, previsto en el artículo 317-A del Código Penal, se configuró en este caso al acreditarse la vigilancia o seguimiento para la probable comisión de robo o cualquiera de los supuestos previstos en dicha norma, como así lo acreditan las especies incautadas en el vehículo intervenido —delito subsiguiente que no llegó a ejecutarse, quedando en simples actos preparatorios no punibles—. El delito de tenencia ilegal de armas se produjo, en este caso, en concurso real.

4.12 Los acusados niegan haber huido y afirman que los policías les sembraron las especies para justificar el resultado de la intervención ante la prensa; pero sus firmas aparecen en el acta de registro vehicular e incautación de armas de fuego y municiones, especies y documentos in situ, y no han presentado elemento de juicio alguno que enerve las pruebas de cargo, por lo que se trata de argumentos de defensa para eludir sus responsabilidades en los hechos imputados.

En cuanto a la pena

4.13 Se les impuso la pena de trece años de privación de libertad por ambos delitos en concurso real, sanción solicitada por el Ministerio Público en su acusación (nueve años por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego y cuatro años por el de marcaje o reglaje).

4.14 El tipo penal de tenencia ilegal de armas de fuego, previsto en el artículo 279 del Código Penal, y el delito contra la tranquilidad pública-marcaje o reglaje, tipificado en el artículo 317-A del código acotado (ambos modificados por el artículo 1 de la Ley número 30076, publicada el diecinueve de agosto de dos mil trece, vigente al momento de ocurridos los hechos), preveían las siguientes penas privativas de libertad: no menor de seis ni mayor de quince años (para tenencia ilegal de armas de fuego) y no menor de tres ni mayor de seis años (para marcaje o reglaje).

4.15 Se les ha calculado la pena en el tercio inferior para ambos delitos y no se aprecian circunstancias personales por las cuales deban reducirse aún más las penas: ambos tienen grado de instrucción secundaria, Quiroz Quiroz es taxista —labora en su propio vehículo— y Padilla Poma realiza trabajos eventuales como obrero de construcción civil; además, ambos tienen antecedentes por varios delitos con penas suspendidas condicionalmente.

4.16 Se les ha inhabilitado definitivamente para obtener licencia para portar o hacer uso de armas de fuego, de conformidad con el numeral 6 del artículo 36 del Código Penal, por lo que deben confirmarse las penas impuestas.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de conformidad con lo dictaminado por el señor fiscal supremo en lo penal:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia emitida el veinticinco de julio de dos mil diecinueve por la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que condenó a Elvis Carlin Quiroz Quiroz y Jesús Agustín Padilla Poma por el delito contra la seguridad púbica-delito de peligro común-tenencia ilegal de armas —previsto en el artículo 279 del Código Penal— y por el delito contra la tranquilidad pública- marcaje o reglaje —tipificado en el artículo 317-A del código acotado— (ambos modificados por el artículo 1 de la Ley número 30076, publicada el diecinueve de agosto de dos mil trece, vigente al momento de ocurridos los hechos), en agravio del Estado, y les impuso trece años de pena privativa de libertad e inhabilitación definitiva para obtener licencia para portar o hacer uso de armas de fuego y fijó el pago de S/ 3000 (tres mil soles) por concepto de reparación civil.

II. MANDARON que se transcriba la presente ejecutoria suprema al Tribunal de origen.

DESCARGAR RESOLUCIÓN AQUÍ:

Pin It on Pinterest