Prevaricato de derecho
23 noviembre, 2021
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL : DELITO DE PECULADO
25 noviembre, 2021

Prescripción de la acción penal en el delito de encubrimiento personal.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
NULIDAD 1966-2019
SELVA CENTRAL

Prescripción de la acción penal

Sumilla. El análisis de la vigencia de la acción penal exige remitirnos en primer término a la descripción de cargos objeto de procesamiento, tanto en lo fáctico como lo jurídico, a fin de establecer la temporalidad del delito; así como, la sanción conminada al mismo, para posteriormente realizar el cómputo respectivo de plazos.

Establecida la temporalidad de la imputación y delimitado el momento de consumación del presupuesto fáctico incriminatorio, del estudio de autos no se verifica la materialización de causales de suspensión de los plazos de prescripción. Por tanto, operó de pleno derecho el efecto liberatorio del tiempo; razón por la que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo quinto, in fine, del Código de Procedimientos Penales, debe declararse la extinción de la acción penal, feneciéndose el proceso.

Lima, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la representante del Ministerio Público contra la sentencia del treinta de abril de dos mil diecinueve, Resolución N.° 51, emitida por la Sala Mixta-Sede Central de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central (foja 2232), en el extremo que absolvió a Jherson Marcelo Medrano Pariona como coautor del delito contra la administración pública-encubrimiento real, en agravio del Estado. De conformidad con el dictamen del fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente el juez supremo Brousset Salas.

CONSIDERANDO

DELIMITACIÓN DE AGRAVIOS

Primero. La fiscal superior, mediante recurso de nulidad formalizado por escrito del dos de mayo de dos mil diecinueve (foja 2250), solicitó que conforme con el artículo 301 del Código de Procedimientos Penales, se emita pronunciamiento generando precedente vinculante respecto a la conducta desplegada por el absuelto Jherson Marcelo Medrano Pariona en el delito de encubrimiento real; en tanto que, al ordenar a su coimputados borrar las huellas y evidencias de la comisión del delito de homicidio calificado, buscó no solo autoprotegerse sino también encubrir a sus coencausados.

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

Segundo. Conforme con la acusación fiscal del once de mayo de dos mil dieciocho (foja 1286), el titular de la acción penal postuló como hecho incriminado lo siguiente:

2.1. El dieciséis de noviembre de dos mil trece, luego de producida la muerte del agraviado Lino Juan Aliaga Villanueva, a solicitud del imputado Jherson Marcelo Medrano Pariona1 (administrador de la discoteca Tekila) y con el ánimo de desaparecer la huellas y las evidencias del delito y dificultar la acción de la justicia, ordenó a sus coprocesados Jim Martín de la Cruz Reyes, Máximo Alberto Mendoza Alfaro, Mirco Marquino Romero Mejía, Alfredo Wilder Correa Gómez, Anderson Estanislao Santos Montalvo, Diana Patricia Pérez Espinoza, Helen Nataly Galarza Ramos, Rossana Luzmila Vila Rivas, Jordy Raúl Chuque Ospina y Pedro Armando Allcca Villanueva que colocaran el cuerpo de la víctima en las riberas del río Tulumayo, para que no vincularan la muerte con la discoteca que administraba.

2.2. Asimismo, ordenó a Mirco Marquino Romero Mejía que arroje al río la zapatilla del agraviado que quedó en la puerta del baño de varones del recinto e, igualmente, ordenó a Máximo Alberto Mendoza Alfaro, que borre del brazo del occiso el sello de ingreso a la discoteca.

2.3. Además, dispuso a Alfredo Wilder Correa Gómez, Anderson Estanislao Santos Montalvo, Diana Patricia Pérez Espinoza, Helen Nataly Galarza Ramos, Rossana Luzmila Vila Rivas, Jordy Raúl Chuque Ospina y Pedro Armando Allcca Villanueva que limpiaran el local para borrar las huellas de sangre tanto de la puerta principal de la discoteca como de la escalera, la pared y el pasadizo.

Tercero. En cuanto a la calificación jurídica se estableció la configuración del tipo penal previsto en el artículo 405, primer párrafo, del Código Penal (encubrimiento real).

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Cuarto. El objeto procesal del recurso de nulidad, por exigencia de los principios de rogación y contradicción, queda delimitado a las alegaciones de hecho y derecho expresadas en los agravios2.

No obstante, previo a ingresar al análisis de los agravios expuestos por el recurrente, es preciso verificar si la acción penal se encuentra vigente, debido a que la ley, ante la verificación de un ilícito penal, impone un límite temporal para el ejercicio de la acción penal; de modo que, si este se encuentra vencido, no puede existir condena.

Quinto. La prescripción de la acción penal se erige como una institución de relevancia constitucional, cuyo sustento nos remite al fin mismo de todo estado constitucional y de derecho, esto es, a la protección de la persona, por resultar contrario a la dignidad humana que el Estado amenace, en cada caso concreto, con ejecutar su potestad punitiva sin limitación temporal alguna. Se encuentra vinculada con el contenido del derecho a la definición del proceso en un plazo razonable, el cual forma parte del derecho fundamental al debido proceso y opera como un límite al poder punitivo del Estado.

La regulación de la prescripción de la acción penal en nuestro ordenamiento legal está vinculada a la política criminal que adopta el Estado a través del órgano competente –Poder Legislativo o mediante facultades delegadas, Poder Ejecutivo–, conforme con sus potestades. A la hora de regular la prescripción de los delitos, el legislador escogió ciertos parámetros objetivos, como el tipo de pena y el extremo mayor de la sanción, con el fin de procurar, de acuerdo con las características propias de cada delito, un normal desarrollo de la prosecución de la acción penal y del proceso, en caso de que llegue a ejercerse3.

Sexto. La ley contempla los presupuestos de extinción de la acción penal4 en virtud de los cuales el Estado autolimita su ius puniendi, estas razones pueden tener como fundamento causas naturales (muerte del infractor), criterios de pacificación o solución de conflictos sociales basados en el principio de seguridad jurídica (cosa juzgada o prescripción) o razones sociopolíticas o de Estado (amnistía). En este orden de ideas, resulta lesivo a los derechos del justiciable que el representante del Ministerio Público, titular de la acción penal, sostenga una imputación cuando esta se ha extinguido, o que formule denuncia penal cuando la potestad persecutoria del Estado, por el transcurso del tiempo, se encuentra extinguida5. De conformidad con ello, si previsto el plazo, no se ha podido terminar el procedimiento (prescripción de la acción penal) o imponer penas o medidas de seguridad (prescripción de la pena) en el tiempo tasado para los delitos cometidos, la ineficacia es del propio Estado, no pudiendo ser soportada por el justiciable, manteniendo en incertidumbre ad infinitum la resolución de su situación jurídica frente al delito6.

Séptimo. La prescripción de la acción penal; conforme con lo previsto en el artículo 80 del Código Penal, es ordinaria, estableciéndose un plazo igual al extremo máximo de la pena privativa de libertad fijada para el delito; por su parte, el artículo 83 del citado cuerpo legal establece un plazo extraordinario, el mismo que es igual al plazo prescriptorio ordinario más la mitad. Por su parte, con respecto a la determinación del dies a quo, esto es, del comienzo del plazo de prescripción de la acción penal, se establece que: a) en caso de delitos en grado de tentativa, se cuenta desde el día en que cesó la actividad delictuosa; b) en caso de delitos de consumación instantánea, se cuenta a partir del día en que se consuman; c) en caso de delito continuado, se cuenta desde el día en que terminó la actividad delictuosa; y, d) en caso de delito permanente, a partir del día en que cesó la permanencia7.

De lo expuesto, se verifica que el análisis de la vigencia de la acción penal exige remitirnos en primer término a la descripción de cargos objeto de procesamiento, tanto en lo fáctico como lo jurídico, a fin de establecer la temporalidad del delito; así como, la sanción conminada al mismo, para posteriormente realizar el cómputo respectivo de plazos.

Octavo. Del tenor de la imputación formulada contra el encausado se advierte que la imputación jurídica refiere la configuración del delito de encubrimiento real.

La tipificación del delito de encubrimiento real pasa por reconocer una realidad supraindividual en el ámbito de los servicios, fines o funciones del sistema de justicia, todo ello concebido en el sentido de afirmar la intervención del sistema penal en el estado moderno8. La materialidad del delito, conforme con los verbos rectores previstos en su regulación típica, consisten en procurar la desaparición de las huellas o pruebas de un delito, u ocultar los efectos del mismo.

En ambos supuestos, su consumación es instantánea. En el primer caso, desde el momento en que el agente trata o intenta hacerlas desaparecer9; mientras que, el segundo supuesto, cuando se oculta o esconde el producto obtenido directamente de la comisión del delito previo, resultando indiferente el periodo de tiempo en que se logra identificar la conducta encubridora.

De conformidad con ello, en el presente caso se advierte que la imputación incoada refiere que los hechos se materializaron el dieciséis de noviembre de dos mil trece, fecha en la que, luego de producido el homicidio del agraviado Lino Juan Aliaga Villanueva, el imputado Jherson Marcelo Medrano Pariona ordenó a sus coprocesados el cumplimiento de determinadas acciones dirigidas a desaparecer la huellas y evidencias del delito y con ello dificultar la correcta administración de la justicia (colocar el cuerpo de la víctima en las riberas del río Tulumayo, arrojar al río la zapatilla del agraviado que quedó en la puerta del baño de varones del recinto, borrar del brazo del occiso el sello de ingreso a la discoteca, limpiar el local para borrar las huellas de sangre tanto de la puerta principal de la discoteca como de la escalera, la pared y el pasadizo).

Noveno. Establecida la temporalidad de la imputación y delimitado el momento de consumación del presupuesto fáctico incriminatorio, corresponde señalar que el régimen individualizado de prescripción de la acción penal del delito imputado en la presente causa (encubrimiento real) establece como plazo ordinario de prescripción cuatro años, al ser dicho quantum el de la pena máxima posible a imponer; de tal forma que para establecer el plazo extraordinario de prescripción deberá añadirse la mitad de aquel, es decir, dos años; que sumados resultan seis años como plazo extraordinario de prescripción; por lo que efectuando el cómputo respectivo desde la fecha de la postulación fáctica, esto es, dieciséis de noviembre de dos mil trece, la acción penal prescribió el quince de noviembre de dos mil diecinueve.

Décimo. Es pertinente precisar que del estudio de autos no se verifica la materialización de causales de suspensión de los plazos de prescripción, como la declaratoria de contumacia del encausado. Por lo tanto, operó de pleno derecho el efecto liberatorio del tiempo; razón por la que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo quinto in fine del Código de Procedimientos Penales, debe declararse la extinción de la acción penal, feneciéndose el proceso.

DECISIÓN

Por los fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON EXTINGUIDA POR PRESCRIPCIÓN LA ACCIÓN PENAL seguida contra Jherson Marcelo Medrano Pariona por la presunta comisión del delito contra la administración pública-encubrimiento real, en agravio del Estado; y, en consecuencia: FENECIDO el presente proceso.

II. DISPUSIERON el archivo definitivo del proceso y MANDARON la anulación de los antecedentes generados como consecuencia de este y se registre.

III. Se devuelvan los autos al Tribunal Superior para los fines de ley y se haga saber a las partes procesales apersonadas en esta Sede Suprema.

Intervino el magistrado Bermejo Ríos por licencia del juez supremo Prado Saldarriaga.


1 Conforme sentencia del diez de noviembre de dos mil quince, confirmada mediante ejecutoria suprema del seis de octubre de dos mil diecisiete.
2 SALA PENAL PERMANENTE. Recurso de Nulidad número 4104-2010-Lima. Fundamento jurídico número veintidós.
3 SALA PENAL PERMANENTE. Recurso de Nulidad número 777-2019-Lima, del primero de octubre de dos mil veinte. Fundamento jurídico número 4.
4 Artículo 75 del Código Penal.
5 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente número 02407-2011-PHC/TC Lima, del diez de agosto de dos mil once. Fundamento jurídico número 3.
6 MIXAN MASS, Florencio. Cuestión previa, Cuestión prejudicial, Excepciones en el procedimiento penal. Ediciones BGL, Trujillo, 1999, p. 174.
7 Artículo 82 del Código Penal.
8 URQUIZO OLAECHEA, José. (2010). Código Penal. Tomo I. Lima: IDEMSA, p. 1143.
9 FRISANCHO APARICIO, Manuel. (2011). Delitos contra la administración de justicia. Lima: Jurista Editores, p. 105.

DESCARGAR RESOLUCIÓN AQUÍ:

Pin It on Pinterest