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Colusión. Excepción de improcedencia de acción
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Peculado. Declaración del coimputado. Absolución por duda razonable.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 1578-2017
LIMA

LA SECRETARÍA DE LA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, CERTIFICA QUE EL VOTO DE LA JUEZA SUPREMA SUSANA YNES CASTAÑEDA OTSU, ES COMO SIGUE:

ABSOLUCIÓN POR DUDA RAZONABLE

Sumilla. El principal testigo impropio en juicio oral se retractó de la sindicación inicial contra el acusado por el delito peculado. Asimismo, no se aprecia prueba personal documental que corrobore la versión incriminatoria y justifique el otorgamiento de mayor fiabilidad que la declaración exculpatoria en sede plenarial. Por tanto, existe duda razonable sobre la responsabilidad penal y en ese sentido debe ratificarse la sentencia absolutoria.

Lima, veinte de octubre de dos mil veintiuno

VISTO Y OÍDO: el informe oral para dirimir la discordia establecida en la resolución del trece de agosto de dos mil veintiuno respecto a los recursos de nulidad interpuestos por la FISCAL DE LA TERCERA FISCALÍA SUPERIOR ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE LIMA y EL PROCURADOR DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN, contra la sentencia del veintitrés de mayo de dos mil diecisiete (fojas 32366), emitida por la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el extremo que absolvió de la acusación fiscal a Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga por la presunta comisión del delito contra Administración Pública en la modalidad de peculado, en perjuicio del Estado, con lo demás que al respecto contiene.

CONSIDERANDO

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE LA DISCORDIA

PRIMERO. Por resolución del trece de agosto de dos mil veintiuno, se me convocó, con base en el artículo 145 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para dirimir la discordia con relación a los votos emitidos con motivo de los recursos de nulidad ya mencionados:

1.1. Los jueces supremos Quintanilla Chacón, Chávez Mella y Bermejo Ríos votaron porque se declare: NO HABER NULIDAD en la sentencia impugnada que absolvió de la acusación fiscal a Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga por el presunto delito contra Administración Pública, en la modalidad de peculado, en perjuicio del Estado (foja 97 del cuadernillo).

1.2. Los jueces supremos Castañeda Espinoza y Pacheco Huancas votaron porque se declare: NULA la referida sentencia absolutoria y MANDARON que se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado para que se actúen las diligencias necesarias y pertinentes para el real esclarecimiento de los hechos (foja 112 y 119, respectivamente, del cuadernillo).

1.3. Convocado el juez supremo Guerrero López para dirimir discordia, se adhirió al voto de los magistrados supremos Castañeda Espinoza y Pacheco Huancas porque se declare: NULA la mencionada sentencia absolutoria (foja 131 del cuadernillo).

De las dos posiciones expuestas, la suscrita comparte el voto de jueces supremos Quintanilla Chacón, Chávez Mella y Bermejo Ríos porque se declare no haber nulidad en la sentencia absolutoria, por los siguientes fundamentos:

HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN Y TIPIFICACIÓN

SEGUNDO. Según la acusación fiscal como marco de imputación general se sostuvo que los hechos datan de la década de 1990 durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori. En esa década se constituyó una red de corrupción liderada por Vladimiro Montesino Torres, quien con la complicidad de diferentes personajes (vinculados la política, sector militar, policial y civil), desarrollaron sistemáticamente una serie de acciones delictivas con la finalidad de consolidarse en el poder, para lo cual prepararon, idearon y planificaron acciones para la permanencia ilegal en el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori.

Así, entre 1999 y 2000, acontecieron un conjunto de hechos cuyo objetivo principal era que Alberto Fujimori Fujimori sea reelegido en la presidencia de la República. Se desarrolló un proceso de ideación, planificación y ejecución de acciones en el Servicio de Inteligencia Nacional (en adelante, SIN), para lo cual se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Efectuaron reuniones en las instalaciones del SIN dirigidas por Vladimiro Montesinos Torres, con la asistencia del personal del SIN, miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comandantes generales de las regiones y personalidades políticas y civiles; para planificar e implementar estrategias con el fin de lograr la permanencia en el poder y la reelección de Alberto Fujimori Fujimori.

Captar a los medios de comunicación social, escrita, radial y televisiva para que apoyen la reelección.

Compra de vehículos, propaganda proselitista, pintas y calendarios, entre otros.

Captar a pobladores mediante el empleo del personal militar, policial y otros.

Emplear fondos del Estado para el financiamiento de las acciones proselitistas Utilizar al personal de las fuerzas del Estado y otros funcionarios para desarrollar acciones de proselitismo.

Designar personeros para la campaña política, así como movilización de gente mediante promesas y dádivas, utilizando dinero del Estado.

Vladimiro Montesinos Torres desarrolló una serie de actividades para conseguir el objetivo político de la reelección, para lo cual contó con la participación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Las reuniones se llevaron a cabo en las instalaciones del SIN, en un ambiente denominado «La Escuelita», donde previa convocatoria del seudo comité de campaña para la reelección se efectuaron reuniones donde se exponían las indicaciones y acciones. La acción de mayor importancia fue captar a los medios de comunicación social de las zonas del interior del país, así como a la población de las jurisdicciones de los altos mandos militares y policiales para consolidar la adhesión de la ciudadanía hacia la postulación del expresidente Fujimori.

Los personajes, durante sus visitas al SIN, solicitaban un «presupuesto o requerimiento» del costo que demandaba la ejecución de las acciones antes descritas, para ello Vladimiro Montesinos les entregaba una cantidad de dinero determinada, que fluctuaba entre los veinticinco mil a cincuenta mil dólares. Este monto era entregado a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, los que luego eran distribuidos para el pago a los medios de comunicación social, compra de panfletos, efectuar pintas en sus jurisdicciones con el lema «Perú, país con futuro», compra de polos, chalecos, gorros, viseras y stjckers con las inscripciones «Fujimori, presidente 2000», también para el arreglo de comedores populares, locales del comité de vaso de leche, movilización de la población, entre otras acciones.

Tuvieron amplia participación en estas acciones, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, como el acusado Walter

Gaspar Segundo Chacón Málaga (Comandante General de la Primera Región Militar del Ejército Peruano), el teniente coronel Carlos Félix Uribe Román (Auxiliar G-2 de la Primera Región Militar del Ejército Peruano), el contralmirante Humberto Guido Luis Rozas Bonuccelli (jefe del SIN) y el teniente coronel Edgar Hugo Camargo Camacho (Director Nacional de Operaciones Psicológicas del SIN), quienes coincidieron en manifestar que se dispuso la ejecución de acciones de captación de medios de comunicación social en Lima y provincias, como los de Piura donde se obtuvo la adhesión de Radio Vecinal, Radio Aeropuerto, Radio Piura y el Diario Referéndum.

TERCERO. Como imputación concreta contra Chacón Málaga se sostuvo que, en su condición de Comandante General de la Primera Región Militar del Ejército Peruano, dio mal uso a los fondos y bienes del Estado asignados a su administración para cubrir gastos propios de la institución que representaba. Estos fondos fueron desviados y utilizados para otros gastos diferentes a la realización de las acciones ya descritas. De igual forma, en razón de su cargo recibió dinero entre veinticinco mil y cincuenta mil dólares mensuales por el periodo de seis meses para llevar a cabo tareas de proselitismo político en la zona donde ejercía su función, además de utilizar personal policial para efectuar pintas a favor de la reelección presidencial de Alberto Fujimori Fujimori.

CUARTO. Estos hechos, fueron tipificados por el fiscal superior como delito de peculado previsto en el artículo 387 del Código Penal, con la modificatoria de la Ley N.° 26198, publicada el 13 de junio de 1993.

SUSTENTO DE LOS RECURSOS DE NULIDAD

QUINTO. La fiscal superior en el recurso de nulidad (foja 32403) solicitó que se declare nula la sentencia absolutoria. Se sustentó en los siguientes agravios:

5.1. Las reuniones en el SIN fueron el elemento base sobre el cual se sostiene la responsabilidad del acusado Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga, pues su presencia en dichas reuniones entre los meses de noviembre y diciembre de 1999 y enero de 2000 no fue casual, ya que como señaló Vladimiro Montesinos Torres, esas reuniones tuvieron como objetivo principal tratar sobre la reelección de Alberto Fujimori Fujimori hecho que fue negado por el acusado durante todo el proceso, negativa que debió ser tomada con las reservas del caso y partir de dicho hecho probado.

5.2. No se valoraron las actas que contienen las declaraciones brindadas ante el Congreso de la República por Humberto Guido Luis Rozas Bonuccelli y Carlos Félix Uribe Román. Además, se causó agravio al no admitirse ni valorarse las copias certificadas de las transcripciones de las sesiones reservadas de la Comisión Investigadora del Congreso de la República, puesto que se impidió corroborar que el procesado Chacón Málaga sí conocía el objetivo de las reuniones el SIN, tanto mas si dichas versiones fueron las que motivaron que Congreso de la República formulara la denuncia que dio origen al presente proceso.

5.3. No se valoró lo vertido por Montesinos Torres, quien, si bien en el juicio oral indicó no recordar sus versiones anteriores, no negó las convocatorias a los comandantes generales de las regiones militares del país; por ello, sus declaraciones instructivas debieron tener otra ponderación.

SEXTO. Por su parte la Procuraduría Pública en el recurso de nulidad (foja 32412) sostuvo la vulneración del derecho a la prueba con base en los siguientes agravios:

6.1. No se valoraron las pruebas de la Comisión Investigadora del Congreso, las mismas que fueron tomadas en sentencias conformadas dentro de este proceso, pero contra otros procesados.

6.2. Existen solo versiones evasivas y contradictorias de los testigos impropios, como Vladimiro Montesinos Torres y Humberto Guido Luis Rozas Bonuccelli, con sus declaraciones instructivas y sindicaciones iniciales a su coinculpado Chacón Málaga.

FUNDAMENTOS DEL VOTO

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

SÉPTIMO. El principio de presunción de inocencia se encuentra consagrado en el literal e, inciso 24, artículo 2, de la Constitución, el cual establece que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. En el ámbito penal tiene cuatro dimensiones: i) principio, ii) regla de tratamiento, iii) regla probatoria y iv) regla de juicio.

Como regla de juicio exige que el Estado pruebe la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. En esa perspectiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que la presunción de inocencia requiere que nadie sea condenado, salvo la existencia de prueba plena o más allá de toda duda razonable de su culpabilidad, tras un proceso sustanciado de acuerdo con las debidas garantías. Por lo que si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla1.

En ese aspecto, el Tribunal Constitucional sostiene que el contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia, se convierte en un límite al principio de libre apreciación de la prueba por parte del juez, puesto que dispone la exigencia de un mínimo de suficiencia probatoria para declarar la culpabilidad, más allá de toda duda razonable2.

EL DELITO DE PECULADO

OCTAVO. El delito de peculado por el cual fue acusado y juzgado el acusado Walter Gaspar Segundo Chacón, se encuentra previsto en el artículo 387, del CP, cuyo texto aplicable al momento de los hechos es el modificado por el artículo único de la Ley N.º 261983, que establece lo siguiente:

“El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho años”.

NOVENO.Según el Acuerdo Plenario N.° 4-2005/CJ-1164 para la configuración típica del delito de peculado, es necesario identificar los siguientes elementos materiales: i) existencia de una relación funcional entre el sujeto activo, los caudales y su efecto; ii) la percepción, administración o custodia; iii) la apropiación; iv) el destinatario, para sí o para otro; vi) caudales o efectos.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

DÉCIMO. De la revisión de la sentencia impugnada se tiene que a Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga se le absolvió de la acusación fiscal por insuficiencia probatoria. La Sala Penal Superior Anticorrupción concluyó que si bien las sentencias condenatorias firmes ya emitidas con anterioridad (como la sentencia conformada contra Vladimiro Montesinos Torres y Elesván Eduardo Bello Vásquez) dan cuenta de la certeza de la ocurrencia del marco general de imputación relativo a las reuniones lideradas y llevadas a cabo por Vladimiro Montesinos Torres en las instalaciones del SIN en las que se planteó como objetivo político la reelección de Albero Fujimori Fujimori y se dispuso la ejecución de diversas acciones, entre ella la captación de medios de comunicación social en Lima y provincias. Sin embargo, consideró que no se acreditó el marco de imputación concreta contra el acusado Chacón Málaga, esto es, que en su condición de Comandante General de la Primera Región Militar del Ejército Peruano, entre 1999 y 2000, cuando participó de las reuniones en las instalaciones del SIN, haya recibido dinero entre veinticinco mil y cincuenta mil dólares mensuales por el periodo de seis meses para llevar a cabo tareas de proselitismo político en la zona donde ejercía su función, además de utilizar personal policial para efectuar pintas a favor de la reelección presidencial de Alberto Fujimori Fujimori.

DECIMOPRIMERO. Al respecto, de la revisión de la prueba actuada se tiene que la imputación concreta se sustentó en la sindicación directa efectuada por Vladimiro Montesino Torres (Asesor de Alta Dirección del SIN) en su declaración instructiva del 17 de julio de 2001, continuada el 1 de febrero de 2002, en los cuales señaló que en 1999 sostuvo reuniones en el SIN con los mandos de los fuerzas armadas, entre ellos, con los seis comandantes generales de las regiones militares, reuniones a la cual asistió el acusado Chacón Málaga en condición de jefe de la Primera Región Militar. En estas reuniones se abordaron las acciones destinadas a la reelección de Alberto Fujimori Fujimori, y les comisionó el pago para el control de los medios de comunicación de sus respectivas jurisdicciones. No obstante, en juicio oral se retractó de la sindicación y negó haberse reunido con los mandos militares para abordar el tema de la reelección presidencial y puntualmente negó haber reunido con el acusado Chacón Málaga.

DECIMOSEGUNDO. En ese escenario, para determinar si se otorga valor a la declaración instructiva o a la declaración sede plenarial, conforme con el precedente vinculante establecido en el R. N. 3044-2004, corresponde evaluar el grado de coherencia de cada declaración en función a la prueba corroborativa que lo sustente.

DECIMOTERCERO. En este caso, no se aprecia prueba personal o documental que corrobore la declaración incriminatoria primigenia pues ninguno de los testigos señaló fehacientemente que el acusado Chacón Málaga formuló requerimiento de dinero con el objetivo de ser utilizado en la campaña de reelección ni les consta que haya recibido suma de dinero. En efecto, de la revisión de la revisión de la prueba actuada se tiene:

13.1. Hugo Camargo Camacho (Director Nacional de Operaciones Psicológicas del SIN), a nivel preliminar con la intervención del fiscal y de su defensa, señaló que en las reuniones en el SIN participaron los jefes de las regiones militares donde se abordaron temas para evaluar y mejorar la aceptación de Fujimori Fujimori; sin embargo, en juicio oral negó conocer al acusado Chacón Málaga.

13.2. Humberto Guido Luis Rozas Bonuccelli (jefe del SIN), en su declaración instructiva y en juicio oral indicó que en las reuniones en las que participaron los comandantes de las regiones militares se trató sobre la reelección presidencial, y se efectuaron los requerimiento de dinero para abordar la relación con la prensa, pero que no puede precisar puntualmente si Chacón Málaga formuló algún requerimiento.

13.4. Matilde Pinchi Pinchi en su declaración testimonial oralizada en juicio oral indicó que Vladimiro Montesino Torres entregó dinero a los jefes de las regiones militares para el control de los medios de comunicación, como a Ricardo Sotero Navarro y Walter Abraham Cano Angulo. Con relación a Chacón Málaga no hizo referencia específica.

13.5. Los testigos Elesván Eduardo Bello Vásquez (Comandante General de la Fuerza Aérea), Wilbert Ramos Viera (secretario de Vladimiro Montesinos) y Gabriel Cárdenas Lecca y Wilfredo Manuel Valencia Torres (quienes ejercieron funciones en la Primera Región Militar), tampoco incriminaron de manera directa al acusado Chacón Málaga.

DECIMOCUARTO. En atención a lo expuesto, se aprecia que ninguno de testigos durante el desarrollo del proceso han corroborado puntualmente que el acusado Chacón Málaga requirió o recibió dinero para la campaña de reelección de Alberto Fujimori Fujimori.

En los recursos de nulidad se sostuvo que no se valoraron las declaraciones en sede congresal de Humberto Guido Luis Rozas Bonuccelli y Carlos Uribe Román (auxiliar G-2 de la Primera Región Militar). Al respecto, debe tenerse en cuenta que conforme el modelo del Código de Procedimientos Penales los actos de investigación llevados a cabo por el fiscal provincial al ser sometidos a contradictorio en juicio oral, de conformidad con los artículos 62 y 72 del acotado Código, constituyen pruebas para sustentar una sentencia absolutoria o condenatoria.

Las declaraciones prestadas en sede congresal no tienen esta calidad, pues si bien sirven para promover la acción penal, precisan de su actuación con la intervención del fiscal provincial y luego ser sometidas a contradictorio conforme con los principios que rigen el juicio oral (oralidad, inmediación, publicidad, derecho de defensa y contradicción). En el caso que nos ocupa se aprecia que las declaraciones en sede congresal de Rozas Bonuccelli y Uribe Román no fueron admitidas por la Sala Superior, ya que el primero concurrió a juicio oral y su testimonio fue valorada negativamente por parte del órgano jurisdiccional pues no lo sindicó directamente. Con relación al segundo se le citó, pero no concurrió al plenario y por ello se prescindió de su declaración; sin embargo, el fiscal superior no oralizó su declaración instructiva,

DECIMOQUINTO. Por tanto, se comparte la decisión absolutoria de la Sala Superior, pues existe duda razonable sobre la responsabilidad penal del acusado, que conduce a que se mantenga su presunción de inocencia. Por consiguiente, debe ratificarse su absolución.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, MI VOTO es porque se declare:

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia del veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, emitida por la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el extremo que absolvió de la acusación fiscal a Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga por la presunta comisión del delito contra Administración Pública en la modalidad de peculado, en perjuicio del Estado, con lo demás que al respecto contiene.

II. ORDENO se devuelvan los actuados al Tribunal Superior de origen y se archive el cuadernillo.


LA DUDA FAVORECE AL REO

SUMILLA. Es un principio constitucional que permite al encausado ser absuelto en un proceso penal, en tanto que de toda la actuación de la comunidad de pruebas estas no generan una convicción jurisdiccional al juzgador sobre la responsabilidad penal en el ilícito que se le imputa, sino que originan cognitivamente una duda sobre su situación jurídica (si es responsable o inocente).

EL VOTO DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS QUINTANILLA CHACÓN, CHÁVEZ MELLA Y BERMEJO RÍOS, ES COMO SIGUE:

Lima, ocho de agosto de dos mil dieciocho

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por el representante del Ministerio Público y el procurador público especializado en delitos de corrupción, contra la sentencia del veintitrés de mayo de dos mil diecisiete (folio treinta y dos mil trescientos sesenta y seis), en el extremo que absolvió a WALTER GASPAR SEGUNDO CHACÓN MÁLAGA de la acusación fiscal por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en perjuicio del Estado.

Intervino como ponente el señor juez supremo QUINTANILLA CHACÓN.

CONSIDERANDO

PRIMERO. IMPUTACIÓN FÁCTICA

El representante del Ministerio Público, en su dictamen acusatorio (folio veintiún mil ochenta y siete), señaló lo siguiente:

1.1. CONTEXTO GENERAL DE LA IMPUTACIÓN

Los hechos se remontan a la década de mil novecientos noventa, durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori Fujimori. En este espacio temporal se constituyó una red de corrupción liderada por Vladimiro Montesinos Torres, quien con la complicidad de diferentes personajes (vinculados a la política, sector militar, policial y civil), desarrollaron sistemáticamente una serie de acciones delictivas con la finalidad de consolidarse en el poder, para lo cual prepararon, idearon y planificaron acciones para la permanencia ilegal en el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori.

Así, entre el año mil novecientos noventa y nueve y dos mil, sucedieron un conjunto de hechos cuyo objetivo principal era que Alberto Fujimori Fujimori sea reelegido en la presidencia de la República. Se desarrolló un proceso de ideación, planificación y ejecución de acciones en el Servicio de Inteligencia Nacional (en adelante, SIN), para lo cual se llevaron a cabo las siguientes acciones:

a. Efectuaron reuniones en las instalaciones del SIN dirigidas por Vladimiro Montesinos Torres, con la asistencia del personal del SIN, miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comandantes generales de las regiones y personalidades políticas y civiles; para planificar e implementar estrategias con el fin de lograr la permanencia en el poder y la reelección de Alberto Fujimori Fujimori.

b. Captar a los medios de comunicación social, escrita, radial y televisiva para que apoyen la reelección.

c. Compra de vehículos, propaganda proselitista, pintas y calendarios, entre otros.

d. Captar a pobladores mediante el empleo del personal militar, policial y otros.

e. Emplear fondos del Estado para el financiamiento de las acciones proselitistas.

f. Utilizar al personal de las fuerzas del Estado y otros funcionarios para desarrollar acciones de proselitismo.

g. Designar personeros para la campaña política, así como movilización de gente mediante promesas y dádivas, utilizando dinero del Estado.

Vladimiro Montesinos Torres desarrolló una serie de actividades para conseguir el objetivo político de la reelección, en ello contó con la participación principal los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Las reuniones se llevaron a cabo en las instalaciones del SIN, en un ambiente denominado “La Escuelita”, donde previa convocatoria del seudocomité de campaña para la reelección se efectuaron reuniones donde se exponían las indicaciones y acciones. La de mayor importancia fue captar a los medios de comunicación social de las zonas del interior del país, así como a la población de las jurisdicciones de los altos mandos militares y policiales para consolidar la adhesión de la ciudadanía hacia la postulación del expresidente Fujimori.

Los personajes, durante su visitas al SIN, solicitaban un “presupuesto o requerimiento” del costo que demandaba la ejecución de las acciones antes descritas, para ello Vladimiro Montesinos les entregaba una cantidad determinada que fluctuaba entre los veinticinco mil y cincuenta mil dólares. Monto que era entregado a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional los que luego eran distribuidos para el pago a los medios de comunicación social, compra de panfletos, efectuar pintas en sus jurisdicciones con el lema “Perú, país con futuro”, compra de polos, chalecos, gorros, viseras y stickers con las inscripciones “Fujimori, presidente 2000”, también para el arreglo de comedores populares, locales del comité de vaso de leche, movilización de la población, entre otras acciones.

Tenían amplia participación en estas acciones, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, como los procesados Chacón Málaga y Sotero Navarro, el teniente coronel Uribe Román, el contralmirante Rozas Bonuccelli y el teniente coronel Camargo Camacho, quienes coincidieron en manifestar que se dispuso la ejecución de acciones de captación de medios de comunicación social en Lima y provincias, como los de Piura donde se obtuvo la adhesión de Radio Vecinal, Radio Aeropuerto, Radio Piura y el Diario Referéndum.

1.2. IMPUTACIÓN CONCRETA

Se le imputa al procesado Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga que, en su condición de comandante general de la Primera Región Militar del Ejército peruano, haber dado mal uso a los fondos y bienes del Estado, asignados para cubrir gastos propios de la institución que representaba, fondos que fueron desviados a otros gastos, como la realización de las acciones antes descritas. Asimismo, bajo ese mismo cargo, recibió entre veinticinco mil a cincuenta mil dólares mensuales por el periodo de seis meses para llevar a cabo tareas de proselitismo político en la zona donde ejercía su función, además de utilizar personal policial para efectuar pintas a favor de la reelección del expresidente Alberto Fujimori Fujimori.

SEGUNDO. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE NULIDAD

2.1. El representante del Ministerio Público, al fundamentar su recurso de nulidad (folio treinta y dos mil cuatrocientos tres), indicó que:

a. Las reuniones en el SIN fueron el elemento base sobre el cual decanta la responsabilidad del encausado Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga, pues su presencia en dichas reuniones entre los meses de noviembre y diciembre del año mil novecientos noventa y nueve y enero de dos mil no fue casual, ya que como señaló Vladimiro Montesinos Torres, esas reuniones tuvieron como objetivo principal tratar sobre la reelección de Alberto Fujimori Fujimori, hecho que fue negado por el encausado durante todo el proceso, negativa que debió ser tomada con la reserva del caso y partir de dicho hecho probado.

b. No se valoraron las actas que contienen las declaraciones rendidas ante el Congreso de la República por Humberto Guido Luis Rozas Bonuccelli y Carlos Félix Uribe Román, además se causó agravio al no admitirse ni valorarse las copias certificadas de las transcripciones de las sesiones reservadas de la Comisión Investigadora del Congreso de la República, puesto que se impidió corroborar que el procesado Chacón Málaga sí conocía el objetivo de las reuniones en el SIN, tanto más si dichas versiones fueron las que motivaron que el Congreso de la República formulara la denuncia que dio origen al presente proceso.

c. No se ponderó lo vertido por Montesinos Torres, quien si bien en el juicio oral indicó no recordar sus anteriores versiones, no negó las convocatorias a los comandantes generales de las regiones militares del país; por ello, sus declaraciones instructivas debieron tener otra ponderación.

2.2. El procurador Público, al fundamentar su recurso de nulidad (folio treinta y dos mil cuatrocientos doce), manifestó que se afectó el derecho a la prueba y al debido proceso, por lo siguiente:

a. No se valoraron las pruebas de la Comisión Investigadora del Congreso, las mismas que fueron tomadas en sentencias conformadas dentro de este proceso, pero contra otros procesados.

b. Existen solo versiones evasivas y contradictorias de los testigos impropios, como Vladimiro Montesinos Torres y Humberto Guido Luis Rozas Bonuccelli, con sus declaraciones instructivas y sindicaciones iniciales a su coinculpado Chacón Málaga.

TERCERO. PRESUPUESTOS A TENER EN CUENTA EN EL CONTEXTO DE UN DEBIDO PROCESO

3.1. “La prueba es aquella actividad de carácter procesal cuya finalidad consiste en lograr la convicción del juez o tribunal acerca de la exactitud de las afirmaciones de hecho operadas por las partes en el proceso”1.

a. De este concepto se puede advertir que en un proceso penal no se busca probar el hecho o un acontecimiento, pues esto ya existe en la realidad del mundo exterior, por lo que no requieren ser probados2.

b. Los hechos no constituyen en el proceso penal el objeto material sobre el cual va a recaer la actividad probatoria para pretender obtener la convicción judicial, sino simplemente se caracterizan en ser “fenómenos exteriores ya acontecidos”3 y, a decir de Asencio Mellado4, no son presenciados, por tanto, por el juez, ni susceptibles de volver a acaecer; entonces el objeto de la prueba viene determinado por las afirmaciones que respecto de tales hechos realizan las partes; esto es, que con la prueba se pretende lograr una convicción judicial acerca de la exactitud de una afirmación de hecho.

3.2. La presunción de inocencia5, como principio o garantía básica del proceso penal, forma parte de la conciencia universal acerca del valor de la persona6, y alude a que por imperio constitucional nadie va a ser reconocido o declarado como culpable y responsable de un hecho social de repudio penal (delito), si no existe una sentencia judicial que lo reconozca o declare así, para esto se debe haber desarrollado un proceso judicial, y dentro de este un juicio; en ello reside la construcción de la culpabilidad. Esto significa que: “Solo la sentencia judicial tiene la virtud de declarar la culpabilidad jurídicamente construida”, donde construcción implica la adquisición de un grado de certeza.

3.3. Sin embargo, no siempre se va a lograr ello (grado de certeza), puesto que existen casos en que los medios probatorios van a generar duda en el juzgador respecto de la responsabilidad del procesado, debiéndose aplicar el in dubio pro reo (la duda favorece al reo). Este es un principio constitucional previsto en el inciso once, del artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución Política del Estado, que permite al encausado ser absuelto en un proceso penal; en tanto que de toda la actuación de la comunidad de pruebas no generan una convicción jurisdiccional al juzgador sobre la responsabilidad penal en el ilícito que se le imputa, sino que originan cognitivamente una duda respecto de la situación jurídica de este (si es responsable o inocente).

CUARTO. ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ENCAUSADO WALTER GASPAR SEGUNDO CHACÓN MÁLAGA

4.1. Debemos precisar que las reuniones en las instalaciones del SIN, en aquella época, por convocatoria de Vladimiro Montesinos Torres, para coordinar las acciones que se llevarían a cabo para obtener la referida reelección presidencial no son objeto de debate, en virtud a que esto es un hecho probado por las diversas sentencias y ejecutorias supremas que se emitieron contra otros procesados y obran en autos. Asimismo, tampoco es objeto de debate la concurrencia del encausado Chacón Málaga a dichas reuniones, puesto que él mismo admitió en juicio oral haber concurrido, aunque negó que se trataran temas de la reelección; sin embargo, como el delito imputado es el de peculado7, entonces el objeto de debate es conocer si el encausado Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga, bajo su condición de comandante general de la Primera Región Militar del Ejército peruano, entre los años mil novecientos noventa y nueve y dos mil, cuando participó de las reuniones en las instalaciones del SIN, recibió dinero entre veinticinco mil a cincuenta mil dólares mensuales por el periodo de seis meses, para llevar a cabo tareas de proselitismo político en la zona donde ejercía su función y utilizar al personal policial para efectuar pintas, con la finalidad de conseguir la reelección de Alberto Fujimori Fujimori.

En ese sentido, la valoración de los medios probatorios estará delimitado en ese extremo.

4.2. Así, tenemos la versión de Vladimiro Montesinos Torres, quien en la etapa judicial (folios dos mil setecientos veintidós, y tres mil quinientos ochenta y dos, respectivamente) indicó que se reunió, entre otras personas, con los comandantes de las regiones militares en las instalaciones del SIN, a efectos de coordinar las acciones destinadas a la reelección del aquel entonces presidente Alberto Fujimori Fujimori. En la primera reunión se dio la misión para el control de los medios de comunicación de cada región militar; en la segunda reunión los mismos oficiales (jefes de cada región militar) hicieron requerimientos de dinero para cumplir con lo dispuesto en la anterior reunión. De estas declaraciones instructivas, se aprecia una sindicación incriminatoria contra el encausado Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga, al señalar dicho testigo que se reunió con los comandantes generales de las regiones militares y que estos, en una segunda reunión, le hicieron requerimientos de dinero.

Sin embargo, esta incriminación contra Chacón Málaga por parte de Montesinos Torres, no fue ratificada ni persistió en el plenario (folio treinta y dos mil ciento doce), cuando este fue a declarar como testigo impropio. En aquella etapa procesal señaló que en las reuniones que se llevaron a cabo en las instalaciones del SIN, durante los años mil novecientos noventa y nueve y dos mil, nunca escuchó que el procesado Chacón Málaga haya solicitado dinero para que sea destinado a la reelección presidencial de Alberto Fujimori Fujimori, tampoco observó que se le haya entregado dinero.

Ante este cambio de versión del testigo Vladimiro Montesinos Torres, es necesario recurrir al precedente vinculante establecido en la Ejecutoria Suprema del uno de diciembre de dos mil cuatro, contenida en el Recurso de Nulidad N.° 3044-2004/Lima8, que le permite a este Tribunal Supremo darle mayor fiabilidad a una de estas declaraciones (las que fueron brindadas en la instrucción y juicio oral), para ello, analizaremos la comunidad de pruebas obrantes en autos (claro está, las que fueron introducidas válidamente al proceso y fueron sometidas al contradictorio); a efectos de verificar la corroboración de una de estas.

4.3. En la etapa de instrucción, se tienen las declaraciones de los testigos Humberto Guido Luis Rozas Bonuccelli (folio nueve mil cuatrocientos veintinueve), Edgar Hugo Camargo Camacho (folio nueve mil novecientos sesenta y uno) y Matilde Pinchi Pinchi (folio catorce mil seiscientos sesenta y seis), del cual se desprende que ninguno de estos realizó una incriminación en contra del encausado Chacón Málaga; esto es, alegan que desconocen si este hizo requerimientos de dinero o si lo recibió para que sean utilizados en las actividades que se utilizarían para la reelección presidencial de Alberto Fujimori Fujimori. Aunque los tres admiten que en las reuniones dentro de las instalaciones del SIN sí estuvieron presentes los comandantes generales de las regiones militares, pero –reiteramos–, estos no afirman un hecho (requerir o recibir dinero para dichos fines) que vincule al procesado Chacón Málaga en la comisión del delito imputado.

Esta ausencia de sindicación por parte de los citados testigos, tampoco se apreció en el juicio oral; pues Rozas Bonuccelli, como testigo impropio, señaló (folio treinta y dos mil cincuenta) que no puede precisar si el encausado Chacón Málaga hizo requerimientos económicos, aunque afirmó que sí hubo requerimientos entre veinte y cincuenta mil, no recordando si eran soles o dólares, de algunos jefes de las regiones militares, pero no le consta específicamente quiénes fueron. Por su parte, el testigo Camargo Camacho (folio treinta y dos mil treinta y seis), señaló no conocer al encartado Chacón Málaga, y desconoce si a este le entregaron dinero para que ejecute acciones proselitistas en su región. En el caso de la testigo Pinchi Pinchi, esta no concurrió al juicio oral, en virtud a que –por información de su hijo– se encontraba de viaje fuera del país, lo que motivó que en la sesión de audiencia de juicio oral (de folio treinta y dos mil ochenta y dos), el Colegiado Superior prescinda de su concurrencia; manteniendo dicha declaración instructiva su entidad probatoria, pues fue introducida válidamente al contradictorio mediante su oralización en la etapa del glose de piezas procesales, conforme se aprecia en la sesión de audiencia de juicio oral del cuatro de mayo de dos mil diecisiete (folio treinta y dos mil ciento diecinueve, a la vuelta), en la cual no hubo oposición contra esta instrumental.

4.4. Ahora, en el juicio oral concurrieron también los testigos Wilbert Ramos Viera (folio treinta y dos mil cincuenta y cuatro), Elesván Eduardo Bello Vásquez (folio treinta y dos mil cincuenta y seis), Gabriel Cárdenas Lecca (folio treinta y dos mil ochenta y cuatro), Wilfredo Manuel Valencia Torres (folio treinta y dos mil noventa y ocho) y José Guillermo Villanueva Ruesta (folio treinta y dos mil ciento ocho). Estos tampoco realizaron, ante la presencia del Tribunal Superior, una incriminación en contra del encausado Chacón Málaga; incluso los testigos Cárdenas Lecca y Valencia Torres, quienes en los años mil novecientos noventa y nueve y dos mil ejercieron sus funciones militares en la Primera Región Militar, donde el jefe era el encausado Chacón Málaga, señalaron específicamente que este encartado en ningún momento les indicó que se contactaran con los medios de comunicación de esa zona para entregarles dinero alguno.

4.5. En ese sentido, no existe medio probatorio alguno que corrobore la sindicación incriminatoria del testigo Vladimiro Montesinos Torres, realizado en su declaración instructiva; por lo que este Tribunal Supremo estima darle mayor fiabilidad a la versión que otorgó en el juicio oral (folio treinta y dos mil ciento doce), donde se rectificó de aquella sindicación contra el procesado Chacón Málaga.

4.6. En cuanto a las declaraciones que los testigos Carlos Félix Uribe Román y Humberto Guido Luis Rozas Bonuccelli dieron en la Comisión Investigadora del Congreso de la República, estas fueron ofrecidas por el representante del Ministerio Público para su oralización en la sesión de audiencia de juicio oral del cuatro de mayo de dos mil diecisiete (folio treinta y dos mil ciento quince), sin embargo, la defensa del encausado se opuso a que se dé lectura a dichas piezas procesales (debido que no fue en presencia de autoridad judicial –fiscal y juez–, ni de un abogado de la defensa), por lo que el Colegiado Superior (luego de correrle traslado al representante de dicho Ministerio, para que se pronuncie sobre esa oposición), declaró fundada esa oposición; y, en consecuencia, no se llevó a cabo la oralización de las referidas declaraciones.

Ante ello, estimamos que al no llevarse a cabo la oralización de esas declaraciones, implica que no fueron introducidas válidamente al contradictorio y debate, lo que trae como consecuencia la imposibilidad de valorarla a efectos de que pueda formar parte de la construcción del juicio de culpabilidad del imputado. Además, en el caso del testigo Rozas Bonuccelli, este sí concurrió al juicio oral a brindar su declaración, por ello, en virtud a dicho suceso, no se podría oralizar la declaración que dio en la referida Comisión Investigadora.

Respecto al testigo Uribe Román, este no concurrió al juicio oral debido a que se encontraba en provincia; por ello, el representante del Ministerio Público desistió del ofrecimiento de esta prueba; y a pesar de que brindó su declaración en la etapa instructiva, el fiscal superior omitió ofrecerla para su oralización, conforme se aprecia en la sesión de juicio oral del cuatro de mayo de dos mil diecisiete (folio treinta y dos mil ciento quince), entonces, tampoco esa instrumental puede ser objeto de valoración, al no haber sido introducida válidamente al contradictorio y debate.

El derecho a la prueba tiene protección constitucional, en la medida en que se trata de un contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso tres, del artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución Política del Estado. En este sentido, una de las garantías que asisten a las partes del proceso es la de ofrecer los elementos necesarios que hagan posible crear convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos. “Sin embargo, como todo derecho fundamental, el derecho a la prueba también está sujeto a restricciones o limitaciones”9, siendo una de estas, la admisión o introducción válida de la evidencia a la actividad probatoria. Esto significa que todo lo que es incorporado al expediente a través de los actos de investigación tiene el carácter de elementos de convicción, pero no todo elemento de convicción constituirá, por el hecho de formar parte del expediente, un medio de prueba10.

4.7. En ese orden de ideas, solo se tiene la sindicación formulada por Vladimiro Montesinos Torres en su declaración instructiva, pero como se indicó anteriormente, esta no fue ratificada en el juicio oral, como tampoco se encuentra corroborada por algún medio probatorio, por lo que se le dio mayor fiabilidad a su declaración en el juicio oral (en virtud al Recurso de Nulidad N.° 3044-2004), en donde señaló que no tiene conocimiento si dentro de las instalaciones del SIN, el procesado Chacón Málaga solicitó o recibió dinero para ejecutar acciones destinados a conseguir la reelección de Alberto Fujimori Fujimori como presidente de la República del Perú; y, en ese mismo sentido, también se pronunciaron los demás testigos (Rozas Bonuccelli, Camargo Camacho, Pinchi Pinchi, Ramos Viera, Bello Vásquez, Cárdenas Lecca, Valencia Torres y Villanueva Ruesta).

Asimismo, estimamos necesario precisar que a pesar de que el encausado Chacón Málaga haya estado presente en las referidas reuniones donde pudo haber observado la solicitud y recepción de dinero (provenientes del erario del Estado) por parte de algunos jefes de las otras regiones militares, a efectos de que sean utilizados para otros fines (como la reelección presidencial), esto no lo hace responsable del delito de peculado, puesto que la responsabilidad objetiva esta proscrita en nuestro sistema penal peruano, conforme lo dispone el artículo VII, del Título Preliminar, del Código Penal. En otras palabras, el que haya estado presente por disposición de Montesinos Torres, no lo hace partícipe ni autor del delito de peculado, en tanto que no se acreditó que solicitó o recibió dinero alguno dentro de las instalaciones del SIN.

4.8. Es relevante lo vertido por el testigo Valencia Torres (jefe del Departamento de Economía de la Primera Región Militar), quien indicó que sus funciones eran gestionar y administrar los recursos económicos asignados a la Primera Región Militar, donde en aquella época de los hechos (entre los años mil novecientos noventa y nueve y dos mil), el jefe era el encausado Chacón Málaga; con lo que se demuestra que este imputado no tuvo, por razón de su cargo (jefe de la Primera Región Militar), la administración o custodia del dinero ingresado a la Primera Región Militar.

4.9. De toda esta actividad probatoria se ha generado duda respecto de la culpabilidad del acusado Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga, por lo que se deberá aplicar el principio constitucional de “la duda favorece al reo” (estipulado en el inciso once, del artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución Política del Estado); en consecuencia, deberá mantenerse su absolución de la acusación fiscal por la presunta comisión del delito de peculado; no teniendo asidero los agravios expuestos por el representante del Ministerio Público ni por el procurador público, en sus recursos de nulidad (folios treinta y dos mil cuatrocientos tres, y treinta y dos mil cuatrocientos doce).

QUINTO. CONSIDERACIONES ADICIONALES

5.1. El plazo razonable se encuentra reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, como parte del derecho a la libertad personal y como una garantía judicial, prevista en el inciso cinco, del artículo siete11, y en el inciso uno, del artículo ocho12, respectivamente. La razonabilidad del plazo al que se refieren estos preceptos, se debe apreciar en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse13.

5.2. Para examinar la razonabilidad de este proceso, según los términos del artículo 8.1 de la Convención, la Corte toma en cuenta tres elementos: a) La complejidad del asunto. b) La actividad procesal del interesado. c) La conducta de las autoridades judiciales14.

5.3. El presente caso fue calificado como complejo. Existió pluralidad de sujetos procesales. No se registra en el expediente que el procesado Chacón Málaga realizara diligencias que dilataran la causa. De las instrumentales obrantes en autos se aprecia que la demora de más de trece años en la tramitación del proceso (desde la formulación de la denuncia fiscal ampliatoria15 hasta la sentencia cuestionada16) se debió a la conducta de la autoridad judicial; puesto que durante el proceso dicha autoridad (juez de instrucción y el Colegiado Superior) ha tomado decisiones judiciales que fueron revocadas por el Tribunal de mayor instancia (a) El juzgado mediante auto del dos de marzo de dos mil cuatro –folio trece mil quinientos cincuenta y tres– decidió no aperturar instrucción ampliatoria contra el procesado Chacón Málaga; al ser impugnada, el Colegiado Superior revocó dicho auto, y dispuso que el juzgado procede emitir auto ampliatorio de instrucción; es así que recién el dieciséis de mayo de dos mil cinco se emitió el referido auto ampliatorio –folio diecisiete mil uno–. b) El Colegiado Superior, con fecha once de julio de dos mil doce, emitió sentencia –folio treinta mil setecientos once– donde declaró al referido encausado como cómplice por el delito de peculado y no como autor, y por esta razón, de oficio fundada la excepción de prescripción por dicho delito; al ser impugnada esta Sala Suprema, el doce de agosto de dos mil quince, declaró nulos esos extremos cuestionados; y se dispuso se continúe con el trámite del proceso. c) En atención a esta disposición se inició otro juicio oral el veintidós de agosto de dos mil dieciséis, pero mediante resolución del cinco de enero de dos mil diecisiete –folio treinta y uno mil ciento treinta seis–, se declaró nulo este juicio, debido que uno de los jueces integrantes de la Sala Superior había intervenido en la etapa de instrucción. Es por esa razón que se inició otro juicio oral el nueve de marzo de dos mil diecisiete, que concluyó con la sentencia absolutoria recurrida), lo que implicó la demora del proceso judicial.

5.4. Por tanto, este Tribunal Supremo estima que debió tenerse en cuenta el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, que le asiste al procesado Chacón Málaga.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, con lo expuesto en el dictamen emitido por el señor fiscal supremo en lo penal, nuestro voto es que se declare: NO HABER NULIDAD en la sentencia del veintitrés de mayo de dos mil diecisiete (folio treinta y dos mil trescientos sesenta y seis), en el extremo que absolvió a WALTER GASPAR SEGUNDO CHACÓN MÁLAGA de la acusación fiscal por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de peculado, en perjuicio del Estado; con lo demás que al respecto contiene. Hágase saber a las partes apersonadas en esta Suprema Instancia.

Intervinieron los señores jueces supremos Chávez Mella y Bermejo Ríos, por licencia e impedimento de los señores jueces supremos Lecaros Cornejo y Figueroa Navarro, respectivamente.


LA SECRETARÍA DE LA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, CERTIFICA QUE EL VOTO DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA IRIS ESTELA PACHECO HUANCAS, ES COMO SIGUE:

Lima, ocho de agosto de dos mil dieciocho

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por el representante del MINISTERIO PÚBLICO y PROCURADOR PÚBLICO ESPECIALIZADO EN LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN, contra la sentencia del veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, de páginas treinta y dos mil trescientos sesenta y seis, en el extremo que absolvió a Wálter Gaspar Segundo Chacón Málaga de la acusación fiscal por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en perjuicio del Estado.

De conformidad con el dictamen de la señora fiscal suprema en lo penal.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FÁCTICA

PRIMERO. Se atribuyó al procesado Wálter Gaspar Segundo Chacón Málaga, que en su condición de comandante general de la Primera Región Militar del Ejército peruano, habría dado mal uso a los fondos y bienes del Estado, asignados a su administración para cubrir los gastos propios de la institución que representaba y haber recibido dinero ascendente entre veinticinco mil a cincuenta mil dólares americanos mensuales, por el período de seis meses, para llevar a cabo tareas de proselitismo político en la zona donde ejercía su función, además de utilizar personal policial para efectuar pintas a favor de la reelección de Alberto Fujimori.

CALIFICACIÓN DEL DELITO MATERIA DE ABSOLUCIÓN

SEGUNDO. El delito de peculado se encuentra tipificado en el artículo trescientos ochenta y siete del Código Penal, y sanciona al “[…] funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo […]”.

TERCERO. En la doctrina, Ramiro Salinas Siccha, citando a Juan Carlos Portocarrero Hidalgo1, ha señalado respecto al autor del delito de Peculado: “[…] solo puede ser autor el funcionario o servidor público que reúne en su persona la relación funcional exigida por el tipo penal, es decir quien por el cargo que desarrolla al interior de la administración tiene bajo su poder o ámbito de vigilancia (directo o funcional) en percepción custodia, o administración los caudales o efectos de los que se apropia o utiliza para sí o para otros”.

CUARTO. En ese mismo sentido, el Recurso de Nulidad número ochocientos cuarenta-dos mil nueve-Huánuco, del seis de julio de dos mil diez, en el fundamento tercero, señaló que el delito de peculado: “[…] se configura con el apoderamiento para sí o para tercero de caudales o efectos del Estado, a los que el agente del delito accede por razón de su cargo […]”, y el Recurso de Nulidad número dos mil setecientos ochenta y siete-dos mil doce-Ica, del catorce de enero de dos mil catorce, desarrolla los requisitos materiales del delito de peculado, y señala que el objeto de dicho delito –caudales o efectos– debe estar confiado en posesión, inmediata o mediata, del sujeto activo en razón del cargo que tiene asignado al interior de la administración pública, en concordancia con la doctrina legal, en cuanto a la definición y estructura típica del delito descrita en los fundamentos seis y siete del Acuerdo Plenario número cero cuatro-dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis, del treinta de setiembre de dos mil cinco.

QUINTO. Asimismo, el citado acuerdo plenario, precisa que el “[…] bien jurídico protegido se desdobla en dos objetos específicos merecedores de protección legal:

a) garantizar el principio de la no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública; y b) evitar el abuso del poder del que se halla facultado el funcionario o servidor público que quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad”.

ANALISIS DEL CASO CONCRETO

SEXTO. Conforme a los motivos de agravio de los impugnantes Ministerio Público y procurador público especializado en los delitos de corrupción, se evalúa si la resolución emitida por el Tribunal Superior se sustenta en un juicio jurídico-penal válido o, si en caso contrario, adolece de defectos en la motivación, que ameriten una declaración de nulidad, conforme al reclamo de los impugnantes.

SÉTIMO. Los motivos de los impugnantes se centran en la infracción al principio de motivación de las resoluciones judiciales, prescrito en el artículo ciento treinta y nueve, numeral cinco, del texto constitucional, que prescribe: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: […] 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias […]”, concordante con el numeral uno, del artículo ocho, de la Convención Americana de Derechos Humanos.

OCTAVO. La Corte Interamericana de Derecho Humanos, en la sentencia del cinco de agosto de dos mil ocho, –Caso Apitz Barbera y otros versus Venezuela–, en su fundamento setenta y siete, reitera su línea jurisprudencial, respecto a la motivación, entendida como: ”[…] la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”.

NOVENO. En esta misma línea, el Tribunal Europeo, en el caso Suominen versus Finland, señaló que: “El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia”.

DÉCIMO. Para el control de motivación de las resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional, en el caso Llamoja Hilares STC número cero cero setecientos veintiocho-dos mil ocho-PHC, fundamento siete, ha sostenido que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado en los siguientes supuestos: “a) inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico; b) falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. […]; c) deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. […]. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal. d) la motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, solo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. e) la motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa); y f) motivaciones cualificadas. Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del juez o tribunal”.

DECIMOPRIMERO. En este marco de la normatividad y línea jurisprudencial, nacional e internacional, es claro que el juez al dictar sentencia debe motivar y adecuar su pronunciamiento al principio de congruencia, es decir, lo decidido debe guardar coherencia y correspondencia con lo pretendido, incorporado y actuado durante el proceso penal.

DECIMOSEGUNDO. En la sentencia impugnada, fundamento diez punto cinco, se señaló que respecto a la captación de los medios de comunicación, el fiscal superior se basó en la declaración de Édgar Hugo Camargo Camacho, quien en audiencia pública negó conocer a Wálter Segundo Chacón Málaga, y haber entregado dinero para ejecutar operaciones sicológicas en su región.

Así, se sostiene que en la declaración instructiva de Édgar Hugo Camargo Camacho, de páginas nueve mil novecientos sesenta y uno, se señaló que en mil novecientos noventa y nueve participó en dos reuniones con la presencia de los comandantes generales de las regiones militares, entre otros, Rozas Bonuccelli, así como de Vladimiro Montesinos Torres, donde se trató temas relacionados a la población, aceptación a la gestión del expresidente Alberto Fujimori Fujimori; sin embargo, no es objeto de debate la existencia de reuniones en el SIN para tratar temas relacionados a la reelección de Alberto Fujimori Fujimori, porque ya se estableció judicialmente como ciertos, en distintas sentencias y ejecutorias supremas emitidas al respecto.

Tampoco es objeto de debate la concurrencia del acusado Chacón Málaga a dichas reuniones, en tanto que el procesado en juicio oral no negó haber asistido, y concluye que los medios probatorios deben estar dirigidos a la acreditación de la recepción de sumas de dinero por parte del acusado y su utilización para los fines de la reelección del sentenciado Alberto Fujimori Fujimori.

DECIMOTERCERO. También, en el fundamento diez punto seis, respecto al requerimiento de dinero por parte de los jefes de las seis regiones militares, se razonó que el testigo Édgar Hugo Camargo Camacho, en su declaración instructiva, indicó que no recuerda si en dichas reuniones se solicitó que se preparen los requerimientos de fondos necesarios, así como temas alternativos para revertir la aceptación de algunos medios de comunicación, pero sí negó haber observado el reparto de dinero en dicha reunión.

DECIMOCUARTO. Por otro lado, en el fundamento diez punto siete de la impugnada, se argumentó que el testigo impropio Humberto Guido Rozas Bonuccelli, manifestó que el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, Montesinos Torres hizo una primera reunión convocando a todos los jefes de las regiones militares, a donde recuerda concurrió el encausado Chacón Málaga; siendo aquí que Montesinos resaltó entre otras, que se necesitaba coordinar la publicidad, con los alcaldes de los gobiernos locales; les dejó como tarea que para la siguiente sesión lleven todos sus conocimientos de los temas tratados, al preguntársele si Chacón Málaga, realizó algún requerimiento económico para la reelección de Fujimori, señaló que no podía precisarlo, pero respondió que hubo requerimientos entre veinte y cincuenta mil, pero no sabe si eran soles o dólares, y que no le consta a quien le entregó dichos fondos Montesinos Torres.

DECIMOQUINTO. Por último, en el fundamento diez punto veintidós, señaló que el representante del Ministerio Público tampoco ha logrado acreditar en juicio oral que este presunto dinero entregado haya sido utilizado por el acusado Chacón Málaga para la captación de medios de comunicación social como serían las radios Vecinal, Aeropuerto y Piura, así como del diario Referéndum, en el ámbito territorial de la primera región militar, no habiéndose recibido la declaración de los representantes legales de los citados medios de comunicación, así como tampoco se presentó ningún medio probatorio que acredite la línea informativa de dichos medios de prensa en el período electoral de mil novecientos noventa y nueve al dos mil, así como la forma en que se ha realizado esta captación de medios ya sea directa o indirectamente.

DECIMOSEXTO. De los fundamentos antes descritos, es claro que en el juicio oral, no se han incorporado todos los medios probatorios que permitan sostener más allá de toda duda razonable la inocencia o responsabilidad penal del procesado Wálter Gaspar Segundo Chacón Málaga,

DECIMOSÉTIMO. Así, se tiene que no se han recibido las declaraciones del excoronel Carlos Uribe Román, de Nancy Mery Carrasco Rivera, el periodista Luis Alberto Coronado Mori, Vladimiro Montesinos Torres, Matilde Pinchi Pinchi, los representantes legales de los medios de comunicación de Piura y tampoco se ofició al Ministerio de Defensa e Interior, a fin de que informen respecto al dinero que se habría entregado en los meses de diciembre de mil novecientos noventa y nueve y de enero a abril de dos mil al encausado Wálter Gaspar Segundo Chacón Málaga, compartiendo el voto del señor juez supremo Castañeda Espinoza que también sostiene que faltan actuarse las diligencias antes anotadas.

DECIMOCTAVO. En esas condiciones, este Tribunal Supremo no puede ingresar a analizar el fondo del asunto, por haberse incurrido en causal de nulidad prescrita en el artículo doscientos noventa y ocho, numeral uno, del Código de Procedimientos Penales, que prescribe: “La Corte Suprema declarará la nulidad […] 1. Cuando en la sustanciación de la instrucción, o en la del proceso de juzgamiento, se hubiera incurrido en graves irregularidades u omisiones de trámites o garantías establecidas por la Ley Procesal Penal”; siendo de rigor rescindir la sentencia recurrida y disponer que en un nuevo juicio público, oral y contradictorio, dirigido por otro colegiado, se realice las anotadas diligencias y las demás que sean necesarias para el esclarecimiento cabal de los hechos juzgados, en aras de garantizar el derecho de defensa de los recurrentes, correspondiendo estimar los agravios estos formulados.

DECISIÓN

Por estos motivos, ME ADHIERO AL VOTO del señor juez supremo Castañeda Espinoza, porque se declare nula la sentencia del veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, de páginas treinta y dos mil trescientos sesenta y seis, en el extremo que absolvió a Wálter Gaspar Segundo Chacón Málaga, de la acusación fiscal por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en perjuicio del Estado, MANDARON se realice un nuevo juicio oral, por otro Colegiado, debiendo actuarse las pruebas que resulten necesarias para un real esclarecimiento de los hechos; y los devolvieron.


1 Corte IDH. Sentencia del 15 de febrero de 2017. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas.
2 STC 1172-2003-HC, del 9 de enero de 2004.
3 Publicada el 13 de junio de 1993.
4 Asunto. Definición y estructura típica del delito de peculado. Art. 387 del CP, del 30 de septiembre de 2005.


1 GIMENO SENDRA. Fundamentos del derecho procesal penal. Madrid: Civitas, 1981, p. 214.
2 SERRA DOMÍNGUEZ. “Contribución al estudio de la prueba”. En Estudios de derecho procesal. Barcelona, 1969, p. 359.
3 GIMENO SENDRA, V. Fundamentos del derecho procesal. Madrid: Civitas, 1981, p. 214
4 En: La prueba prohibida y la prueba preconstituida en el proceso penal. Lima: INPECCP, 2008, p.
2. En esta misma línea, GIMENO SENDRA, V., p. 214; SENTIS MELENDO, S. Valoración de la prueba, “R. D. Proc. ib-filip”, núms. 2-3, 1976, p. 288; SERRA DOMÍNGUEZ, M., p. 359.
5 Esta figura también es conocida con las posturas: “un estatus de inocencia”, una “presunción de inocencia” o un “derecho a ser tratado como inocente”. No obstante, todas estas posturas son perfectamente conciliables y no difieren en sus efectos prácticos. BOVINO, Alberto. El principio de inocencia, en: Problemas del derecho procesal penal contemporáneo. Buenos Aires: Editores del Puerto, 1998, p. 130.
6 BINDER, Alberto. Introducción al derecho procesal penal. Tomo I. San José, C. R.: Editorial Jurídica Continental, 2014, p. 122.
7 Previsto en el artículo 387 del Código Penal, modificado por el artículo único de la Ley N.° 26198, que en aquella época estipulaba el siguiente supuesto de hecho: “El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, de caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo”.
8 Fundamento N.° 5: Cuando se trata de testigos o imputados que han declarado indistintamente en ambas etapas del proceso penal, en la medida en que la declaración prestada en la etapa de instrucción se haya actuado con las garantías legalmente exigibles, el tribunal no está obligado a creer aquello que se dijo en el acto oral, sino que tiene libertad para conceder mayor o menor fiabilidad a unas u otras de tales declaraciones, pues puede ocurrir, por determinas razones –que el tribunal debe precisar cumplidamente–, que ofrezca mayor credibilidad lo declarado en la etapa de instrucción que lo dicho después en el juicio oral, en tanto dicha declaración se haya sometido, en tal acto, a contradicción con las garantías de igualdad, publicidad e inmediación y trasunta una mayor verosimilitud y fidelidad –cumplimiento, en su esencia, de los requisitos de legalidad y contradicción–.
9 Sentencia del Tribunal Constitucional contenido en el Expediente N.° 4831-2005-PHC/TC; fundamento jurídico N.° 4.
10 Cfr. ORÉ GUARDIA, Arsenio. Derecho Procesal Penal Peruano. Tomo II. Lima: Gaceta Jurídica, 2016, P. 354.
11 “Toda persona […] tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”.
12 “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
13 Cfr. Sentencia del 24 de junio de 2005, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Acosta Calderón versus Ecuador. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/ articulos /seriec_129_esp1.pdf.
14 Sentencia de 31 de agosto de 2004, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Ricardo Canese versus Paraguay; fundamento jurídico N.° 141. Disponible en: http://www. corteidh. or. cr/docs/casos/articulos/seriec_111_esp.pdf.
15 De fecha seis de octubre de dos mil tres (folio trece mil quinientos cuarenta y tres).
16 De fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete (folio treinta y dos mil trecientos sesenta y seis).

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