FALSEDAD DOCUMENTAL : Deber del juez de valorar las pruebas aportadas al proceso.
20 enero, 2022
ALCANCES EN LA VALORACIÓN DEL RELATO DE LA VÍCTIMA.
23 enero, 2022

Configuración del delito de trata de personas.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
CASACIÓN N.ª 1459-2019
CUZCO

CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS Y NO DE USUARIO-CLIENTE. EL BIEN JURÍDICO TUTELADO EN EL DELITO DE TRATA ES LA DIGNIDAD HUMANA-NO COSIFICACIÓN. AL SER UN DELITO DE PELIGRO CONCRETO ES POSIBLE LA TENTATIVA. EL MINISTERIO PÚBLICO NO POSTULÓ LA FIGURA DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL CON AGRAVANTE ESPECÍFICA DE SEGUNDO NIVEL

(i) El delito de trata de personas (en grado consumado) se da porque el encausado captó a una menor a través de la cuenta de facebook, le ofreció ganar dinero por tener relaciones sexuales con diferentes personas, y, dada su minoría de edad (condición de vulnerabilidad natural), aceptó tal propuesta, concretándose el encuentro. Así, tuvo relaciones sexuales sin protección y si bien no obtuvo un provecho patrimonial, obtuvo su propia satisfacción sexual.

(ii) Dicho delito (en grado de tentativa) se produce porque el encausado intentó captar también a otras menores con la misma modalidad. En este caso, el Iter Criminis se inició con la ejecución del plan de captarlas con la finalidad de explotarlas sexualmente, aprovechando su minoría de edad. A pesar de las insistencias del encausado, las menores denunciaron y culminó identificado, ubicado y capturado.

(iii) Se trata de un delito de peligro concreto –—que anticipa las barreras de protección—- en el que cabe la tentativa, porque se genera un resultado de peligro cuyo inicio de ejecución se produjo. El comportamiento típico se truncó con la negativa de las agraviadas a las propuestas formuladas.

(iv) Las formas agravadas se verifican con la concurrencia de todos los elementos objetivos y subjetivos de la figura típica del delito de trata de personas, y, adicionalmente, al producirse la pluralidad de víctimas que tienen entre catorce y menos de dieciocho años de edad (dos causales de agravación).

(v) Es erróneo subsumir tales conductas en el tipo penal usuario-cliente, en el que no existe la captación con fines de explotación, sino sólo una relación entre un cliente (sujeto activo- cualquier persona), con la víctima que tiene entre catorce y menos de dieciocho años, con acceso carnal (por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos), mediante una prestación económica o ventaja de cualquier naturaleza.

(vi) En el presente caso no se configura esa acción aislada, porque las agraviadas eran adolescentes menores de dieciocho años, estudiantes de un colegio secundario, que fueron captadas (o se procuró ello) a través del medio social Facebook, con la clara finalidad de ser explotadas sexualmente.

(vii) El Ministerio Público no postuló el delito de explotación sexual con agravante específico de segundo nivel.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno

VISTO: en audiencia privada, el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia de vista de quince de julio de dos mil diecinueve (folios 315 a 348), que por mayoría: a) revocó la condena de Gary Aston Pezo Cruz como autor del delito de trata de personas con agravante, en grado de tentativa (previsto en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 153, concordante con los incisos 3 y 4 del artículo 153-A, y artículo 16, del Código Penal), en perjuicio de las menores con las iniciales G. B. V. D. L. V., A. M. C. S., y L. S. H. H. S.; y reformándola, absolvieron al referido procesado por el mismo delito y agraviadas: b) revocó la condena de Gary Aston Pezo Cruz como autor del delito de trata de personas en grado de tentativa, en perjuicio de la menor con las iniciales L. A. D. A., e impuso ocho años de pena privativa de libertad; y como autor del delito de trata de personas, consumado, en perjuicio de la menor con las iniciales E. H. C., e impuso doce años de pena privativa de libertad; sumadas las penas resultan veinte años de pena privativa de libertad: y reformándola, se desvincularon de la calificación jurídica, condenaron al referido encausado como autor de proxenetismo, tipo penal usuario-cliente, en grado de tentativa (previsto en el artículo 179-A, en concordancia con el artículo 16 del Código Penal), en agravio de la menor con las iniciales L. A. D. A., e impuso dos años de pena privativa de libertad; como autor de ese mismo delito, en grado consumado, en perjuicio de la menor con las iniciales E. H. C., e impuso cuatro años de pena privativa de libertad; sumadas ambas penas resulta seis años de pena privativa de libertad; con lo demás que al respecto contiene.

Intervino como ponente el juez supremo Guerrero López.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero. Itinerario del proceso en etapa intermedia

1.1. Mediante requerimiento de acusación fiscal (folios 1 a 47 del tomo A) del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho (la misma que fue aclarada mediante dictamen del trece de julio de dos mil dieciocho, de folios 48 a 56), la Fiscalía Especializada en Delito de Trata de Personas del Distrito Fiscal del Cuzco formuló acusación fiscal en contra de Gary Aston Pezo Cruz por:

i) La comisión del delito contra la libertad, en la modalidad de violación de la libertad personal sub tipo trata de personas agravada por haber incurrido en la conducta de captación en grado de tentativa, mediante aprovechamiento del estado de vulnerabilidad (sexo femenino, minoría de edad e inmadurez) de las agraviadas y al existir pluralidad de víctimas que tienen entre catorce y menos de dieciocho años de edad; conducta prevista y sancionada en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 153 (tipo base) con las agravantes contenidas en los incisos 3 y 4, del primer párrafo, del artículo 153-A, del Código Penal, en perjuicio de las menores con las iniciales G. B. V. D. L. V. (14), L. A. D. A. (16), A. M. C. S. (15) y L. S. H. H. S. (16).

ii) La comisión del delito contra la libertad, en la modalidad de violación de la libertad personal sub tipo trata de personas agravada en grado consumado por haber incurrido en las conductas de captación, transporte y retención mediante aprovechamiento del estado de vulnerabilidad (sexo femenino, minoría de edad e inmadurez) de la agraviada y al haberse cometido en agravio de una menor de edad de entre catorce y menos de dieciocho años de edad; conducta prevista y sancionada en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 153 (tipo base) con la agravante contenida en el inciso 4, del primer párrafo, del artículo 153-A, del Código Penal, en agravio de la menor con las iniciales E. H. C. (14).

En cuanto a la determinación de la pena, respecto a la primera conducta solicitó diez años de pena privativa de libertad, y respecto a la segunda conducta, solicitó catorce años de pena privativa de libertad; que, por concurso real homogéneo, en suma, solicita la pena concreta de veinticuatro años de pena privativa de libertad.

1.2. Realizada la audiencia de control de acusación, conforme las actas (folios 57 a 59 y 60 a 63), se emitió auto de enjuiciamiento, del veintitrés de julio de dos mil dieciocho (folios 64 a 74).

Segundo. Itinerario del juicio en primera instancia

2.1. Mediante auto de citación de juicio oral, contenido en la Resolución número 01, del veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (folios 03 a 06), se citó al encausado a la audiencia de juicio oral que se realizaría el veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Llegada la fecha se instaló la audiencia de juicio oral, las demás sesiones se realizaron con normalidad, y se llevó a cabo la audiencia de lectura de sentencia, el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, conforme consta en el acta de audiencia (folios 175 a 176 del tomo -I del cuaderno de debate).

2.2. Así, mediante sentencia de primera instancia, del veintiocho de enero de dos mil diecinueve (folios 179 a 196) se condenó al encausado Gary Aston Pezo Cruz como autor del delito contra la libertad personal, en la modalidad de trata de personas agravado en grado de tentativa, en perjuicio de G. B. V. D. L. V., L. A. D. A., A. M. C. S. y L. S. H. H. S., tipo penal que se encuentra descrito en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 153, concordante con los incisos 3 y 4 del artículo 153-A y 16 del Código Penal, a ocho años de pena privativa de libertad; y como autor del delito contra la libertad personal, en la modalidad de trata de personas agravado en grado consumado, en agravio de E. H. C., tipo penal que se encuentra descrito en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 153, concordante con el inciso 4, del artículo 153-A, del Código Penal, a doce años de pena privativa de libertad. Sumadas ambas penas resulta veinte años de privativa de la libertad; con lo demás que al respecto contiene.

Tercero. Itinerario del proceso en segunda instancia

3.1. Contra esta sentencia condenatoria, la defensa técnica del sentenciado interpuso recurso de apelación (folios 231 a 240). La Sala mediante Resolución número 25, del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (folios 245 a 246), concedió el recurso de apelación interpuesto por la aludida defensa técnica.

3.2. La Sala Superior, culminada la fase de traslado de la impugnación, mediante Resolución número 32, del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve (folio 276), convocó a audiencia de apelación de sentencia, la cual se realizó con normalidad, conforme se aprecia de las actas de audiencia de apelación (fojas 280, 284, 288, 290, 299, 303, 305, 309 y 311), de tal manera que, en la última audiencia del quince de julio de dos mil diecinueve se dio lectura a la sentencia de vista que por mayoría: a) revocó la condena de Gary Aston Pezo Cruz como autor del delito de trata de personas con agravante, en grado de tentativa (previsto en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 153, concordante con los incisos 3 y 4 del artículo 153-A, y articulo 16, del Código Penal), en perjuicio de las menores con las iniciales G. B. V. D. L. V., A. M. C. S., y L. S. H. H. S.; y reformándola, absolvieron al referido procesado por el mismo delito y agraviadas; b) revocó la condena de Gary Aston Pezo Cruz como autor del delito de trata de personas en grado de tentativa, en perjuicio de la menor de iniciales L. A. D. A., e impuso ocho años de pena privativa de libertad; y como autor del delito de trata de personas, consumado, en perjuicio de la menor con las iniciales E. H. C., e impuso doce años de pena privativa de libertad; sumadas las penas resulta veinte años de pena privativa de libertad: y reformándola, se desvincularon de la calificación jurídica, condenaron al referido encausado como autor de proxenetismo, tipo penal usuario-cliente, en grado de tentativa (previsto en el artículo 179-A, en concordancia con el artículo 16 del Código Penal), en agravio de lo menor con las iniciales L. A. D. A., e impuso dos años de pena privativa de libertad; como autor de ese mismo delito, en grado consumado, en perjuicio de la menor con las iniciales E. H. C., e impuso cuatro años de pena privativa de libertad; sumadas ambas penas resulta seis años de pena privativa de libertad; con lo demás que al respecto contiene.

3.3. Emitida la sentencia de vista, el representante del Ministerio Público interpuso recurso de casación (folios 352 a 365), concedido mediante auto del trece de agosto de dos mil diecinueve (folios 366 a 368).

Cuarto. Trámite del recurso de casación

4.1. Elevado el expediente a esta Suprema Sala, se corrió traslado a las partes, conforme al cargo de entrega de cédulas de notificación (folio 53 del cuaderno de casación), y mediante decreto del catorce de noviembre de dos mil diecinueve (folio 56), se señaló fecha para calificación del recurso de casación. Así, mediante auto del dos de diciembre de dos mil diecinueve (folios 59 a 63 del cuaderno de casación) se declaró bien concedido el recurso de casación propuesto por el representante del Ministerio Público.

4.2. Instruidas las partes procesales de la admisión del recurso de casación, conforme los cargos de entrega de cédulas de notificación; mediante decreto del tres de septiembre de dos mil veintiuno (folio 68 del cuaderno de casación), se señaló como fecha para la audiencia de casación el treinta de septiembre del presente año. Instalada la audiencia, se realizó mediante el aplicativo Google Hangouts Meet, con la presencia del representante del Ministerio Público, la defensa de las víctimas y del encausado, se produjo la deliberación de la causa en sesión secreta, en virtud de la cual, tras la votación respectiva, el estado de la causa es el de expedir sentencia, cuya lectura en audiencia privada mediante el aplicativo tecnológico antes acotado se efectuará con las partes que asistan, en concordancia con el artículo 431, inciso 4, del Código Procesal Penal, en fecha reprogramada para el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.

Quinto. Motivo casacional

5.1. Conforme ha sido establecido en los fundamentos jurídicos 3.3. y 3.4. del auto de calificación del recurso de casación, en concordancia con su parte resolutiva, se admitió el referido recurso señalándose que en la sentencia de vista, llama la atención la afirmación consistente en que, en el delito de trata de personas, al ser uno de peligro concreto, no cabe la tentativa, y que el procesado no actuó con una finalidad de explotación sexual sino para satisfacer su propio apetito sexual; razón por la cual se estimó que no se configura dicho delito, por ello se absolvió al acusado en el caso de las menores de iniciales G. V. D. L V., A. M. C. S. y L. S. H. H. S.; mientras que en el caso de las otras menores decidieron desvincularse al tipo de usuario-cliente en grado de tentativa (para la menor L. A. D. A.) y consumado (para la menor E. H. C.), llegándose a condenar al procesado, no explicando por qué esta desvinculación no le alcanzó a las menores G. B. V. D. L. V., A. M. C. S. y L. S. H. H. S., si también se imputaba el delito de trata de personas en grado de tentativa, al igual que en el caso de la menor L. A. D. A. Así, por un lado, se absolvió por trata de personas y, a la vez, por el mismo delito se desvinculó y se condenó por el delito de usuario-cliente. Ello vinculado a las causales 3 y 4 del Código Procesal Penal.

Sexto. Agravios del recurso de casación

Los fundamentos establecidos por el recurrente, en su recurso de casación, vinculados a la causal por la que fue declarado bien concedido, son los siguientes:

6.1. La Sala Superior al afirmar que no se configuró el delito de trata de personas por no concurrir el elemento de la finalidad del tipo penal (explotación sexual), incurrió en una errónea interpretación. Ese defecto de interpretación también se apreció cuando en la sentencia se señaló que dicho delito requiere que quien capta a la menor y quien la somete a la explotación sexual sean personas diferentes; como en el presente caso es el mismo, se decidió que no está materializado el ilícito.

6.2. La explotación sexual, como finalidad de la acción típica, se demostró con la visualización y lectura de las cuentas Facebook de las agraviadas, donde se aprecia que la orientación de la conducta del acusado es la de explotar sexualmente a las menores que captó.

6.3. La Sala Superior no expuso las razones del porqué se aparta del fundamento 15 del Acuerdo Plenario N.° 3-2011/CJ-l 16, en lo que se refiere a la finalidad en el delito de trata de personas; vulnerándose la garantía de la motivación, así como el apartamiento de la doctrina jurisprudencial establecida por esta Corte, respecto a la interpretación del uso sexual de la agraviada como finalidad, y no en la satisfacción de los apetitos sexuales del acusado.

6.4. Se pretende minimizar la conducta del procesado obviando los actos traslativos existentes, para luego reconducirlo a otro tipo penal (usuario- cliente), pese a que, para el caso de la menor con las iniciales E. H. C., se configuró la captación, traslado y retención; además, que la finalidad o tendencia interna trascendente fue consumada.

6.5. Se realizó una errónea interpretación al afirmar que el delito de trata de personas, al ser uno de peligro concreto, no permite la tentativa.

6.6. No se fundamentó adecuadamente los motivos por los que decidió absolver al procesado por el delito de trata de personas en grado de tentativa, en perjuicio de las menores G. B. V. D. L. V., A. M. C. S. y L. S. H. H. S.; solo se menciona en la sentencia que los hechos en agravio de estas menores son atípicos por no configurarse ese delito ni el de usuario-cliente de tentativa, pero tampoco explica el razonamiento por el cual llega a esta conclusión.

Séptimo. Hechos materia de imputación

a). Circunstancias precedentes

Las menores con las iniciales G. B. V. D. L. V., L. A. D. A., A. M. C. S., L. S. H. H. S., y E. H. C., durante el año dos mil dieciséis fueron estudiantes de la Institución Educativa La Inmaculada de la provincia de La Convención, donde se encontraban cursando el quinto grado de educación secundaria, mientras que la última de ellas cursaba el tercer grado de educación secundaria; todas ellas adolescentes en formación, provenientes de familias reconstituidas, de dinámica familiar disfuncional y/o con relaciones de comunicación familiares desfavorables, siendo todas ellas usuarias de la red social Facebook.

b). Circunstancias concomitantes

De la captación en grado de tentativa

Bajo ese contexto es que las menores con las iniciales G. B. V. D. L. V., L. A. D. A., A. M. C. S., y L. S. H. H. S., durante el mes de octubre del año dos mil dieciséis recibieron solicitudes de amistad de la cuenta de Facebook «ENSALADA CON MOSTAZA», denominación que resultó atractiva para dichas menores, quienes en la creencia de que se trataba de un grupo creado por sus compañeras de colegio; aceptaron la solicitud de amistad, recibiendo, inmediatamente mensajes de texto en donde una persona de sexo masculino que decía ser de la ciudad de Lima, les ofreció ganar dinero por tan solo una hora de trabajo, oferta que consistía en que dichas féminas debían prestar servicio sexual con varones, que este se encargaría de conseguirles, y por el cual recibirían la suma de doscientos soles y cien soles, dependiendo del tipo de relación sexual anal y/o vaginal, respectivamente; persona que posteriormente fue identificado como Gary Aston Pezo Cruz, quien a través de su conducta, pretendió captar, es decir, conquistar o cautivar la voluntad de dichas menores, a través de una oferta de trabajo a fin de un futura explotación sexual; empero, en atención a que las menores advirtieron tal proceder, dieron cuenta inmediata a las autoridades logrando de este modo su intervención policial.

Del hecho consumado

De otro lado se tiene que durante el mes de agosto de dos mil dieciséis, la menor con las iniciales E. H. C. (14) refirió que en su cuenta de Facebook, recibió una solicitud de amistad del perfil de Facebook «ENSALADA CON MOSTAZA» —cuyo titular posteriormente fue identificado como Gary Aston Pezo Cruz— denominación que atrajo la atención de la mencionada menor, motivo por el que acepta la solicitud de amistad y empieza a recibir mensajes de texto de dicha cuenta de Facebook, quien le ofreció ganar la suma de doscientos soles por tener relaciones sexuales con personas que él se iba a encargar de conseguir, así pues este le indica que era de la ciudad de Lima y al responder la menor que se encontraba en la ciudad de Quillabamba, este le indicó que le conseguiría un «chico» quien le iba a pagar la suma de cien soles por tenor relaciones sexuales. Bajo ese contexto se tiene que la menor con las iniciales E. H. C. (14), quien se encontraba en estado de vulnerabilidad (sexo femenino, minoría de edad, inmadurez, precaria condición económica y débil soporte familiar), situación que fue aprovechada por el imputado Gary Aston Pezo Cruz quien logró captar a la mencionada menor, quien sin medir las consecuencias aceptó la propuesta de trabajo.

Su traslado

Así, se tiene que finalmente el día seis de octubre de dos mil dieciséis a las 16:30 horas aproximadamente se suscitó el encuentro entre el imputado Gary Aston Pezo Cruz y la menor agraviada con las iniciales E. H. C. (14), a quien para tal fin la citó y le pidió una fotografía de cuerpo entero para que pueda reconocerla, es así que una vez en el lugar la traslado a la habitación quo el imputado ocupaba en el jirón Cusco N.° 213, del distrito de Santa Ana, provincia de La Convención y departamento de Cuzco.

Retención

Una vez en la habitación del imputado, este retuvo a la menor con las iniciales E. H. C. (14) con la finalidad de explotación sexual. Así, se tiene que este, procedía a quitarle sus prendas de vestir, besarle, tocarle diferentes partes del cuerpo y abusar sexualmente de la menor; esto es, en claro aprovechamiento de su estado de vulnerabilidad; siendo que para tal efecto la mencionada menor advirtió que este no contaba con un preservativo, motivo por el que la mencionada menor le pidió que compre uno, sin embargo el sujeto ofreció otorgarle adicionalmente la suma de veinte soles para tener relaciones sexuales sin protección; procediendo de esta forma a tener relaciones sexuales sin protección a cambia de lo cual el imputado Gary Aston Pezo Cruz le otorgó la suma de ciento veinte soles.

c) Circunstancias posteriores

Finalmente se tiene que las menores, al tomar conocimiento que varias de ellas recibieron mensajes de texto en sus cuentas de Facebook con el mismo contenido, provenientes de la cuenta «ENSALADA CON MOSTAZA» decidieron dar aviso a las autoridades, siendo las ciudadanas Anacleta de la Vega Álvaro y Yanet Dávalos Estalla quienes en representación de las menores con las iniciales G. B. V. D. L. V. (14) y L. A. D. A. (16) respectivamente, en fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis interpusieron Ia denuncia respectiva, dando a conocer que sus menores hijas recibieron propuestas indecentes de trabajo, es en esas circunstancias en que la menor de iniciales L.A.D.A (16) decidió hacer creer al imputado que había aceptado la propuesta de trabajo, quedando en encontrarse en horas de la noche por inmediaciones de la plaza Grau de la localidad de Quillabamba, para cuyo efecto el titular de la cuenta de Facebook «ENSALADA CON MOSTAZA» le requirió precisar con exactitud, las prendas de vestir que llevaría puesta, pues un “chico” iría por ella, asegurándole que no sería cualquier persona la que enviaría; es así que dicha menor fue al encuentro, encontrándose con un sujeto de sexo masculino, quien antes de llevarla a su habitación, le compró pollo y papas de un puesto de comida rápida que ahí se encontraba, instantes en los que fue intervenido por efectivos policiales, logrando identificarlo con el nombre de Gary Aston Pezo Cruz, titular de la cuenta de Facebook “ENSALADA CON MOSTAZA», a través de la cual pretendió captar a las menores con las iniciales G. B. V. D. L. V. (14), L. A. D. A. (16), A. M. C. S. (15) y L. S. H. H. S. (15), mientras que logró captar, transportar y retener a la menar con las iniciales E. H. C. (14) con la finalidad de someterlas a explotación sexual.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Motivación de resoluciones judiciales

Octavo. La motivación de las resoluciones judiciales es la garantía que tiene el justiciable frente a la arbitrariedad judicial. El debido proceso implica que las decisiones judiciales estén justificadas externa e internamente, esto es, que lo que se decida como consecuencia del proceso esté sustentado en razones coherentes, objetivas y suficientes, explicitadas en la resolución. Esta garantía se encuentra expresamente reconocida en el numeral 5, del artículo 139, de la Constitución Política del Perú, según el cual es principio de la función jurisdiccional: “La motivación escrita de las resoluciones judiciales, en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”. Queda claro, entonces, que la motivación de las resoluciones judiciales: a) se aplica a todos los casos en que se deciden cuestiones de fondo; b) es un mandato dirigido a todos los jueces de las diversas instancias; c) implica la obligatoriedad de fundamentar jurídica (fundamentos de derecho) y fácticamente (fundamentos de hecho) la decisión y d) la motivación de decisiones judiciales de fondo debe hacerse por escrito. Esta garantía ha sido materia de pronunciamiento en reiterada jurisprudencia, expedida tanto por esta Suprema Corte1 como por el Tribunal Constitucional2, respecto a las condiciones o estándares de la motivación y las formas en las que se vulnera esta exigencia procesal.

Noveno. Así, la obligatoriedad de motivar representa un principio jurídico- político de controlabilidad, pero no se trata solo de un control institucional a través de los recursos, sino de un control generalizado y difuso, pues trasciende a las partes y está dirigido al público3. Lo que garantiza la verificación de las razones o justificaciones objetivas que llevaron a cabo los jueces al asumir determinada posición (sentencia del Tribunal Constitucional N.° 1480-2006-AA).

II. Respecto al delito de trata de personas

Décimo. La Constitución Política del Estado en su artículo 1 reconoce que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Ello tiene relación con la obligación de prevenir, sancionar y proteger a las víctimas de trata de personas, toda vez que este fenómeno delictivo supone utilizar a la persona tratada como una mercancía. Y es que, como veremos más adelante, la trata de personas niega la dignidad humana. La Carta Magna en su artículo 2 reconoce una serie de derechos fundamentales afectados por este delito (vida, integridad, libre desarrollo, bienestar, igualdad, honor y buena reputación, intimidad, trabajo libre, al disfrute del tiempo libre, al descanso, entre otros). La norma constitucional más importante respecto a la trata de personas se encuentra en el artículo 2, numeral 24, inciso b, que señala:

Artículo 2. Toda persona tiene derecho: […]
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: […]
b) (…) Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas.

Como se advierte la prohibición de la trata de personas se encuentra expresamente estipulada en la Constitución Política del Estado; norma que se complementa con lo determinado en los instrumentos internacionales, a los que se debe recurrir (conforme lo estipula el artículo 55 y la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Estado4) para una correcta interpretación, que son los siguientes:

10.1. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos protocolos adicionales. Entre ellos el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, (en adelante, Protocolo de Palermo)5, en cuyo artículo 3 concibe a la trata de personas no solo para fines de explotación sexual, sino también laboral y otras prácticas análogas como la extracción de órganos.

10.2. Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer6 que en su artículo 6 establece que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.

10.3. Convención sobre los Derechos del Niño7, en cuyo artículo 35 prescribe el deber de todos los Estados partes de adoptar medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma. A lo que se suma, los principios y directrices recomendados sobre los Derechos Humanos y la Trata de Personas, cuyo objetivo es la integración de una perspectiva de derechos humanos en las leyes, políticas e intervenciones contra la trata a nivel nacional, regional e internacional. Texto presentado al Consejo Económico y Social como adición al Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (E/2002/68/ADD.1)

Decimoprimero. El Tribunal Constitucional en la Sentencia N.° 05149-2014-PHC señala que el delito de trata de personas es uno que afecta con especial intensidad a los menores de edad, por lo que merecen una protección especial por parte del Estado y demás miembros de la sociedad. A su vez, en la Sentencia N.° 01817-2009-PHC indica que tal énfasis tuitivo se debe a su situación de fragilidad, inmadurez o inexperiencia frente a los adultos, que justifica la obligación de asistencia y protección para garantizar tanto su desarrollo normal y sano en los aspectos biológico, físico, psíquico, intelectual, familiar y social, como la promoción y preservación de sus derechos y el ejercicio pleno y efectivo de ellos.

Decimosegundo. El delito de trata de personas para el momento de los hechos se había reformulado conforme los parámetros internacionales, en especial del Protocolo de Palermo y su Protocolo adicional. Así, mediante la Ley N.º 30251 (publicada el veintiuno de octubre de dos mil catorce, por ende, vigente al momento de los hechos), se modificó el artículo 1538 del Código Penal que prescribe:

Artículo 153. Trata de personas

1. El que, mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro, en el territorio de la República o para su salida o entrada del país con fines de explotación, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años.

2. Para efectos del inciso 1, los fines de explotación de la trata de personas comprende, entre otros, la venta de niños, niñas o adolescentes, la prostitución y cualquier forma de explotación sexual, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, cualquier forma de explotación laboral, la mendicidad, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga de explotación.

3. La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, niña o adolescente con fines de explotación se considera trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios previstos en el inciso 1.

[…]

Decimotercero. Configuración del delito de trata de personas

13.1 Respecto a la tipicidad objetiva del delito de trata de personas, el bien jurídico que protege el delito de trata de personas es la afectación a la dignidad humana —en el Acuerdo Plenario N.º 6-2019/CJ-116—, tal acuerdo plenario establece lo siguiente:

El bien protegido trasciende a la libertad personal. Con la trata de personas se afecta la dignidad de la persona colocada o mantenida en una situación de vulnerabilidad y degradación permanente […] esto es, no se le respeta por su condición de tal; se la instrumentaliza como un objeto al servicio de otros; se destruya o limita esencialmente su autodeterminación y con ello su proyecto de vida, y se le coloca en un plano de completa desigualdad. (Fundamento 19)

Sobre esa base y una línea de mayor avance y profundización, como lo sustentan las actividades y los materiales de trabajo de la Organización Internacional de Trabajo y de la Pontificia universidad Católica del Perú, debe precisarse que, en el delito bajo análisis el bien jurídico protegido es la dignidad humana -no cosificación. Al respecto, se ha expresado:

La dignidad representa el interés social de que toda persona sea reconocida y tratada como tal (Pollman, 2009, p. 27), lo que exige que sea tratada como un fin en sí mismo y que, por tanto, no sea reducida a un “instrumento” o “cosa” (Pariona, 2019, p. 281; Alonso, 2007, p. 5). Es decir, la dignidad como bien jurídico penal es entendida como la prohibición de “cosificación” u “objetivización” (Villaroel, 2017, p. 152). […] la filósofa Martha Nuusbaum indica que la cosificación significa tratar a una persona como objeto. Para identificar cuando estamos frente a un supuesto de cosificación de la persona, Nuusbaum desarrolla siete acciones que funcionan como indicadores no taxativos: reducir a una persona a un objeto al servicio de los propósitos de otros; negarle su autonomía; tratar a una persona como un objeto cuya decisión es irrelevante; tratar a una persona como un cosa intercambiable; tratar a una persona como una cosa que puede ser rota, degradada o destruida; tratar a una persona como una propiedad que puede ser comprada, vendida, alquilada, entre otros atributos de la propiedad; y tratar a una persona como algo cuyas experiencias o necesidades no requieren ser tomados en cuenta (1999, p. 257). La trata de personas cumple con la gran mayoría de los indicadores desarrollados por Nuusbaum y, por tanto, es una de las peores formas de cosificación y de vulneración de la dignidad humana.

Así, la trata implica colocar a una persona en una situación en la que puede ser usada como un objeto en razón de fines de explotación, anulando su condición de persona (Martos, 2012, p. 2012; Villacampa, 2011, p. 838). En este sentido, el radio de acción del tipo penal cubrirá aquellos comportamientos que pretenden instrumentalizar al ser humano como una mercancía, incluyendo los que cuenten con la aceptación de la persona tratada (Villarroel, 2017, p. 166).

De este modo, la identificación de la dignidad humana-no cosificación como bien jurídico permite explicar el motivo por el que el consentimiento de la persona tratada no es tomado en cuenta cuando opera uno de los medios típicos. Así, Caro John afirma que para la trata de personas no interesa si la persona acepta ser explotada, sino que el propósito de explotación -que se ubica detrás de la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención- niega directamente la condición de ser humano (2018, p. 42).

En un sentido similar, la Defensoría del Pueblo ha indicado que existen 3 argumentos que permiten sustentar que la dignidad-no cosificación es el bien jurídico protegido: i) los actos de trata de personas degradan a las personas, desconociendo su esencia como seres humanos; ii) la dignidad-no cosificación es un bien jurídico irrenunciable, lo que explica que el consentimiento se considerado como viciado; iii) la trata de personas es un delito altamente lesivo, toda vez que afecta un bien jurídico de vital importancia en el ordenamiento jurídico, lo que explica la alta penalidad impuesta (2017,p. 2)”9. (Resaltado agregado)

13.2 El delito de trata de personas está compuesto por los siguientes elementos:

1) Las conductas. 2) Medios (para casos de víctimas adultas). 3) Fines.

A. Verbos rectores y conductas típicas del delito de trata de personas

Los verbos rectores que materializan las conductas típicas lo constituyen: captar, transportar, trasladar, acoger, recibir o retener a la víctima en el territorio de la República o para su salida o entrada al país con fines de explotación de cualquier naturaleza o venta de niños. Para la configuración del delito de trata de personas basta la comisión de solo una conducta, dos o cualquiera de ellas10. Ello no enerva de modo alguno su consideración como un delito proceso, constituye un delito de naturaleza compleja; en el cual interviene un conjunto de eslabones que se inicia con la identificación, captación y aislamiento de la víctima. Puede llegar al extremo de la privación de la libertad, con la finalidad de ser incorporada la victima a la producción de bienes y servicios contra su voluntad. Los verbos rectores son11:

1) Captar; es atraer a alguien o ganar su voluntad. A través de dicho medio, la víctima pasa a estar en la “esfera de dominio” o de control del delincuente. Ello implica reclutar a la víctima y atraerla para controlar su voluntad con el objetivo de explotarla.

2) Transporta; que consiste en que la víctima sea llevada de un lugar a otro por el tratante, independientemente de si este acto ocurre dentro o fuera del país. En la misma forma que con la captación, se requiere que, durante el transporte, la víctima esté en la esfera de dominio del tratante12.

3) Traslada; que supone traspasar el control que se tiene sobre la víctima de una persona a otra. No consiste entonces, en movilizar físicamente a la víctima (transporte) sino en que la persona que tiene dominio sobre la víctima traspase dicho dominio a otra persona, disponiéndose fáctica o jurídicamente de ella. Así, el traslado no supone el movimiento de la persona, sino desplazar el poder que existe sobre ella. A modo de ejemplo: cuando un padre o madre entrega a alguno de sus hijos o hija a una tercera persona a fin de que sea explotado o explotada.

4) Acoge; conducta que debe ser entendida como brindar refugio o ambiente para que la víctima permanezca. Asimismo, es admitir a la víctima en un ambiente o domicilio donde se le mantendrá por un tiempo antes de ser llevada al lugar donde va a ser explotada. Sin embargo, el Protocolo de Palermo y el Código Penal no hacen referencia a la temporalidad. Por tanto, la acogida se refiere, únicamente, a dar un espacio en el que la víctima recibirá abrigo y resguardo.

5) Recibe; para un sector de la doctrina, dicha conducta, se distingue de la acogida en tanto la primera consiste en dar alojamiento en el lugar final donde se explotará a la víctima, sin que esto suponga o requiera la efectiva explotación. Empero, esta diferenciación no se desprende del texto del Protocolo de Palermo o del precepto sustantivo. Más aún, el Plan Nacional Contra la Trata de Personas al respecto señala que es irrelevante si el lugar es un destino final o transitorio.

6) Retiene; es una conducta que implica mantener a la víctima en un lugar que signifique o coloca en peligro próximo de explotación a la víctima. Así, incluye todos los actos que, siendo violentos o no, impiden romper la dependencia en la que ha sido colocada la víctima por medio de la trata. En este sentido, no solo se puede retener a una persona adulta por medio de la violencia, sino también a través de medios fraudulentos y del abuso de una posición de poder o de una situación de subordinación.

B. Los medios comisivos y la trata de personas menores de edad

El medio comisivo solo constituye elemento típico para el delito de trata de personas cometido en perjuicio de personas adultas, y estos pueden ser: violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio.

Si se trata de víctimas que son niños, niñas o adolescentes, tales medios comisivos no son necesarios (conforme el inciso 3, artículo 153, del Código Penal). De este modo, el legislador ha considerado el Protocolo de Palermo que, en los literales c y d artículo 3 señala que se configurará tal delito incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados precedentemente. Por tanto, son impertinentes todos aquellos medios probatorios orientados a acreditar los medios comisivos en estos casos (Acuerdo Plenario N.° 6-2019/CJ-116, fundamento jurídico 18), puesto que se presume iure et de iure irrelevante el consentimiento de la víctima menor de edad, siempre que la captación, transporte, traslado, recepción, acogida o retención tengan fines de explotación. Así, el consentimiento de la persona tratada no es tomado en cuenta cuando opera los medios comisivos, esto es, el consentimiento es considerado como viciado13.

C. El fin en la trata de personas

Los fines de la trata de personas es un aspecto que precisamente determina su naturaleza como un delito de tendencia interna trascendente; a nivel de la tipicidad subjetiva se requiere de un elemento adicional al dolo. Así, el tipo penal de trata de personas requiere de finalidades de explotación alternativas, las que —tal como sucede con el dolo— se deberán imputar a partir del contexto objetivo y no intentando explorar en la mente del agente14.

El tipo penal de trata de personas no exige la realización de alguno de los fines, solo que el o los tratantes actúen con el propósito de que la víctima sea explotada a través de alguna de las siguientes formas: venta de niñas, niños y adolescentes, explotación sexual, prostitución pornografía, esclavitud y prácticas análogas, explotación laboral y trabajos forzados, mendicidad, extracción o tráfico de órganos, tejidos somáticos o sus componentes humanos.

III. Formas agravadas del delito de trata de personas

Decimocuarto. El delito de trata de personas agravado exige la verificación de la concurrencia de todos los elementos objetivos y subjetivos de la figura básica de trata de personas, luego debe verificarse la concurrencia de alguna agravante específica, caso contrario, es imposible hablar del delito de trata de personas agravado15.

Las agravantes que se prevén en el artículo 153-A del CP comprende dos escalas punitivas, el primer grupo de seis agravantes donde la pena será no menor de doce ni mayor de veinte años de privación de libertad; y la segunda no será menor de veinticinco años de pena privativa de libertad. Entre ellas, se encuentran:

Artículo 153-A. Formas agravadas de la trata de personas

La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años de pena privativa de libertad e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 3, 4 y 5, del Código Penal, cuando:

[…]

3. Exista pluralidad de víctimas;

4. La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad o es incapaz;

[…]

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Decimoquinto. Los fundamentos desarrollados por el representante del Ministerio Público a cerca de los motivos casacionales admitidos y sustentados en la audiencia de casación fue porque la Sala Superior habría inobservado la garantía constitucional-motivación de resoluciones jurisdiccionales y errónea interpretación de la ley penal, respecto al delito de trata de personas agravada, constituye el objeto de control in iure por este Tribunal de Casación.

Decimosexto. Así, el Juzgado Penal Colegiado mediante sentencia de primera instancia (folios 179 a 196) condenó al encausado Gary Aston Pezo Cruz como autor del delito contra la libertad personal, en la modalidad de trata de personas agravado en grado de tentativa, en agravio de G. B. V. D. L. V., L. A. D. A., A. M. C. S. y L. S. H. H. S. (previsto y penado en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 153, concordante con los incisos 3 y 4 del artículo 153-A y 16 del Código Penal), a ocho años de pena privativa de libertad; y como autor del delito contra la libertad personal, en la modalidad de trata de personas agravado en grado consumado, en agravio de E. H. C. (previsto y penado en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 153, concordante con el inciso 4, del artículo 153-A, del Código Penal), a doce años de pena privativa de libertad, que sumadas ambas penas equivalen a veinte años de privativa de la libertad; con lo demás que al respecto contiene.

Decimoséptimo. La Sala Superior en la sentencia de vista (folios 315 a 348) en el fundamento decimosegundo efectuó la desvinculación de la calificación jurídica inicial del tipo penal de trata de personas agravada al delito de proxenetismo en la modalidad de usuario-cliente, e indicó que:

17.1. El encausado Gary Aston Pezo Cruz creó una cuenta de Facebook con el seudónimo de «Ensalada con Mostaza», desde donde solicitó amistades, y al verificar que se trataba de menores de edad efectuaba proposiciones para mantener relaciones sexuales y buscaba contactarse físicamente; por medio con las menores de iniciales G. B. V. D. L. V. (14), L. A. D. A. (16), A. M. C. S. (15), L. S. H. H. S. (16) y E. H. C. (14) durante el año dos mil dieciséis, (estudiantes de la Institución Educativa Inmaculada de la provincia de La Convención), adolescentes vulnerables por las circunstancias familiares, les ofreció una propuesta de trabajo y pagarles las sumas de entre cien soles a doscientos soles por mantener relaciones sexuales con un varón, dependiendo de la forma (vaginal y/o anal, entre otras formas explícitas de sexo), pero fueron las menores G. B. V. D. L. V., y L. A. D. A., quienes dieron aviso a las autoridades y lo denunciaron; contribuyendo la menor con las iniciales L. A. D. A. para la intervención del encausado.

17.2. Asimismo, refirió que está probado que en agosto de dos mil dieciséis la menor con las iniciales E. H. C. (14), estudiante del citado centro educativo, al recibir y aceptar la solicitud de amistad del acusado mediante su cuenta en Facebook «Ensalada con Mostaza», recibió mensajes de textos, con tales propuestas económicas; y el seis de octubre de dos mil dieciséis, a las 16:30 horas, se concretó el encuentro entre el acusado y la referida menor, oportunidad en la que el acusado la condujo a su habitación ubicado en al jirón Cuzco del distrito de Santa Ana, donde el acusado previo pago de doscientos soles tuvo acceso camal con la menor, hasta en cuatro oportunidades, encuentro que duró desde las 4:30 de la tarde hasta las 19:00 horas aproximadamente.

17.3. Indicó que en la acusación fiscal, no se precisó en forma clara cuál es esa conducta o conductas, medio o medios y fines que habría desarrollado el acusado; sin embargo, esta generalidad fue subsanada por el fiscal superior, quien precisó que para la configuración del delito de trata de personas se debe tomar en cuenta la captación de las menores (conducta), la situación de vulnerabilidad de las menores (medio) y la explotación sexual como finalidad, y puntualiza que el delito se ha consumado con la captación, traslado y retención.

17.4. Asimismo, expone que, sin embargo, de la conducta desplegada por el encausado, no se apreció la presencia de la finalidad como elemento constitutivo y subjetivo del delito, por cuanto no existe ningún medio probatorio que dé cuenta que el acusado tenía como propósito realizar o someter a las menores agraviadas a una explotación sexual o laboral; por el contrario, el propósito o la intención del acusado era mantener relaciones sexuales con las menores agraviadas, con fines de satisfacer su propio apetito sexual o satisfacer sus propias necesidades sexuales, conforme se halla acreditado con la pericia psicológica donde indica que el encausado tiene problemas de control impulsivo, persona tímida e incluso concurre a un prostíbulo por su falta de autocontrol, comportamiento sexual compulsivo y que procede a captar menores para fines de satisfacción sexual.

17.5. Así, concluyó que la conducta desarrollada por el encausado, no se configura en el delito de trata de personas en grado de consumado o en grado de tentativa, por cuanto, si bien existe captación de las menores agraviadas mediante la oferta económica con fines sexuales, tuvo acceso carnal con la menor agraviada con las iniciales E. H. C., así como haber intentado, lo mismo, con la menor con las iniciales L. A. D. A., pero fue intervenido y detenido. La finalidad de esta conducta estuvo orientada a conseguir la satisfacción sexual del acusado, más no de terceras personas, en cuyo caso sí habría explotación sexual. En estricto no se configuraría el delito de trata de personas en grado de tentativa, por ser un delito de peligro concreto, ni en grado de consumado por la ausencia de la finalidad de explotación sexual en la conducta desplegada por el acusado. (resaltado agregado)

17.6. El Colegiado, recondujo los hechos probados materia de juzgamiento al delito de usuario-cliente (previsto y sancionado en el artículo 179-A del Código Penal), consideró que en ambas figuras penales existe la homogeneidad del bien jurídico protegido, los hechos probados no han sido modificados y se ha garantizado el derecho de defensa del titular de la acción penal. La conducta del encausado en agravio de la menor con las iniciales E. H. C., se adecuaría al delito usuario-cliente en grado de consumado; y en agravio de la menor con las iniciales L. A. D. A., se adecúa al citado delito en grado de tentativa.

17.7. Respecto a las menores con las iniciales G. B. V. D. L. V. (16), A. M. C. S. (15) y L. S. H. H. S. (16) afirma que los hechos no son típicos, en consecuencia, no se ha configurado el delito de trata de personas en grado de tentativa, y tampoco el delito de usuario-cliente en grado de tentativa, y debe de absolverse de los cargos contenidos en la acusación fiscal.

17.8. La sentencia de vista en la parte resolutiva concluyó por mayoría:

a) revocó la condena de Gary Aston Pezo Cruz como autor del delito de trata de personas con agravante, en grado de tentativa, en perjuicio de las menores identificadas con las iniciales G. B. V. D. L. V., A. M. C. S. y L. S. H. H. S.; y reformándola, absolvieron al referido procesado por el mismo delito y agraviadas; b) revocó la condena de Gary Aston Pezo Cruz como autor del delito de trata de personas en grado de tentativa, en perjuicio de la menor de iniciales L. A. D. A.; y como autor del delito de trata de personas, consumado, en perjuicio de la menor con las iniciales E. H. C.; y reformándola, se desvincularon de la calificación jurídica, condenaron al referido encausado como autor de proxenetismo, tipo penal usuario- cliente, en grado de tentativa (previsto en el artículo 179-A, en concordancia con el artículo 16 del Código Penal), en agravio de lo menor con las iniciales L. A. D. A.; y como autor de ese mismo delito, en grado consumado, en perjuicio de la menor con las iniciales E. H. C.; con lo demás que al respecto contiene.

Decimoctavo. Sin embargo, la Sala Superior al efectuar tal desvinculación jurídica —señalada precedentemente—, lo realizó a través de una interpretación errónea del tipo penal de trata de personas agravada, porque consideró que los hechos descritos en la acusación fiscal no configuran los elementos objetivos del citado delito, por las siguientes inferencias que llevó a cabo: (i) En la conducta desplegada por el encausado, no se apreció la presencia de la finalidad como elemento constitutivo y subjetivo del delito, porque no existe medio probatorio que acredite que el encausado tenía como propósito realizar o someter a las menores agraviadas a una explotación sexual o laboral.

En la citada inferencia de interpretación sobre la configuración del delito de trata de personas, la Sala Superior no consideró que para la verificación del delito de trata de personas basta la comisión de solo una conducta, dos o cualquiera de ellas (captar, transportar, trasladar, acoger, recibir o retener), lo que implica la afectación al bien jurídico que se produce es a la dignidad humana-no cosificación. Se trata de comportamientos en los que el o los tratantes actúan con el propósito de que la víctima sea sometida a un proceso de explotación de cualquier naturaleza (la prostitución, la venta de niños, niñas o adolescentes, cualquier forma de explotación sexual, entre otros, lo cual evidentemente incluye la autosatisfacción en la medida en que también se cosifica a la persona). El tipo penal de trata de personas no exige la realización de alguno de los fines, sólo que el tratante actúe con el propósito de que la víctima sea explotada sexualmente16.

Decimonoveno. Sobre la inferencia consistente en que, (ii) el propósito o la intención del acusado era mantener relaciones sexuales con las menores agraviadas, con fines de satisfacer su propio apetito sexual o satisfacer sus propias necesidades sexuales, conforme la pericia psicológica.

Al respecto, dicha inferencia que realizó la Sala Superior lo efectuó a través de un análisis sesgado de la imputación fáctica; que lo correcto y que consideró el Colegiado de primera instancia es que la menor con las iniciales E. H. C. durante el mes de agosto y las menores de iniciales G. B. V. D. L. V., L. A. D. A., A. M. C. S. y L. S. H. H. S. durante el mes de octubre del año dos mil dieciséis, recibieron solicitudes de amistad de la cuenta de Facebook «Ensalada con Mostaza», y aceptaron las solicitudes de amistad, e inmediatamente recibieron mensajes de texto con el ofrecimiento de ganar dinero por tan solo una hora de trabajo, oferta que consistía en que dichas menores debían prestar servicio sexual con varones, que este se encargaría de conseguirles y por el cual recibirían las sumas de doscientos soles y cien soles, dependiendo del tipo de relación sexual anal y/o vaginal, respectivamente. Como vemos nos encontramos ante los elementos centrales de la trata (conductas, medios y fines) del delito de trata de personas, esto es, la conducta de captar; el contexto que refleja tal propuesta está vinculado a conceptos que reflejan, en conjunto, el “control sobre la víctima y sobre el proceso destinado a su explotación”17.

Vigésimo. Asimismo, respecto a la inferencia consistente en que (iii) la conducta desarrollada por el encausado, no configura en el delito de trata de personas en grado de consumado o en grado de tentativa, por cuanto, si bien existe captación de las menores agraviadas mediante la oferta económica con fines sexuales, solo tuvo acceso carnal con la menor agraviada con las iniciales E. H. C. (14), así como haber intentado, lo mismo, con la menor L. A. D. A., pero fue intervenido y detenido, y no intervinieron terceras personas, en cuyo caso sí habría explotación sexual; y sobre las menores con las iniciales G. B. V. D. L. V. (16), A. M. C. S. (15) y L. S. H. H. S. (16) los hechos no son típicos, en consecuencia, no se configura el delito de trata de personas en grado de tentativa.

20.1. Análisis de la configuración del delito de trata de personas en grado consumado, en agravio de la menor E. H. C. (14)

Al respecto, cabe recordar que Captar es atraer a alguien o ganar su voluntad. Sobre la verificación del delito de trata de personas (en grado consumado) en agravio de la menor con las iniciales E. H. C. (14), el encausado captó a la menor a través de la cuenta de Facebook «Ensalada con Mostaza», quien le ofreció ganar la suma de doscientos soles por tener relaciones sexuales con personas que él se iba a encargar de conseguir, este le indicó que era de la ciudad de Lima, este le indicó que le conseguiría un «chico» quien le iba a pagar la suma de cien soles por tener relaciones sexuales (tal como lo acreditó el colegiado de primera instancia donde la menor indicó en cámara Gesell que el encausado le dijo “puedo pedir a un chico que te pueda pagar cien soles… como es de Lima, entonces tú de dónde eres, de Quillabamba le dije, ya voy a mandarte chicos… yo conocí a otro chico y no supuestamente a él”), dada su condición de menor de edad (vulnerabilidad natural, así como su inmadurez, precaria condición económica y débil soporte familiar- familias disfuncionales), aceptó la propuesta, concretándose el encuentro con el encausado Gary Aston Pezo Cruz (el día seis de octubre de dos mil dieciséis a las 16:30 horas aproximadamente) a quien para tal fin la citó, pero le solicitó una fotografía de cuerpo entero para que pueda reconocerla, una vez en el lugar —la citada menor agraviada— la transportó a una habitación —que el imputado ocupaba en el jirón Cuzco N.° 213, del distrito de Santa Ana, provincia de La Convención y departamento de Cuzco—, lugar donde retuvo a la citada menor y procedió a desvestirle y mantener relaciones sexuales sin protección a cambio de ciento veinte soles; así, aun cuando el encausado no obtuvo un provecho de orden patrimonial, pero sí obtuvo un provecho (no patrimonial), esto es, satisfacción sexual, en el contexto de explotación sexual de la aludida menor —aun cuando no es exigible la realización de alguno de los fines, el encausado tuvo el propósito de que la menor sea explotada sexualmente, vulnerándose el bien jurídico de dignidad humana-no cosificación—. Asimismo, la menor agraviada identificada con las iniciales E. H. C. (14) es una adolescente, como tal los medios comisivos no son exigibles —conforme el inciso 3, del artículo 153, del Código Penal—. En ese contexto, el delito de trata de personas en agravio de la citada menor quedó consumado. Del control de las inferencias del Colegiado de primera instancia se advierte que esta efectuó un adecuado examen de configuración del tipo penal de trata de personas, valoración de medios probatorios y determinó la responsabilidad penal del encausado, lo que enervó la presunción de inocencia, al respecto.

20.2. Análisis de la configuración del delito de trata de personas en grado de tentativa, en agravio de las menores con las iniciales G. B. V. D. L. V. (14), L. A. D. A. (16), A. M. C. S. (15) y L. S. H. H. S. (15)

Respecto a la configuración del delito de trata de personas (en grado de tentativa) en agravio de las menores con las iniciales G. B. V. D. L. V. (14), L. A. D. A. (16), A. M. C. S. (15) y L. S. H. H. S. (15), el encausado intentó captar a las menores a través de la cuenta de Facebook cuenta «Ensalada con Mostaza», donde les propuso ganar dinero por tan solo por una hora de trabajo, que consistía en que debía prestar su servicio sexual a otros sujetos, y que este se encargaría de conseguirles por las sumas de doscientos soles y cien soles, dependiendo del tipo de relación sexual anal y/o vaginal, respectivamente. Sin embargo, ante tales propuestas las menores dieron aviso a las autoridades, siendo las menores con las iniciales G. B. V. D. L. V. (14) y L. A. D. A. (16) (representadas por Anacleta de la Vega Álvaro y Yanet Dávalos Estalla, respectivamente), quienes el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis formularon la respectiva denuncia, que la menor con las iniciales L. A. D. A. (16) hizo creer al encausado que había aceptado la propuesta de “trabajo”, encontrándose por inmediaciones de la plaza Grau de la localidad de Quillabamba, indicándole previamente el encausado que no sería cualquier persona el chico que le enviaría, dicha menor se encontró con el encausado e inmediatamente intervenido por efectivos policiales, logrando su identificación y titular de la citada cuenta de Facebook.

El proceso ejecutivo del delito de trata de personas en agravio de las menores con las iniciales G. B. V. D. L. V. (14), L. A. D. A. (16), A. M. C. S. (15) y L. S. H. H. S. (15). se inició con la ejecución del plan de captar menores de edad con la finalidad de explotarlas sexualmente, aprovechando su minoría (vulnerabilidad natural) como indica el contexto de las comunicaciones efectuadas mediante los mensajes de Facebook, como quedó acreditado con las investigaciones realizadas en el proceso penal, donde:

La menor con las iniciales L. A. D. A. refirió «él me citó, él no estaba acá, sino en Lima y él iba a contactarse con una persona que estaba en Quillabamba», corroborada con el acta de verificación de la cuenta de Facebook de dicha menor (acta de verificación y visualización del correo electrónico folios 81 a 85), en cuyo contenido se advierte que el acusado le dice que vive en Lima, le propone intimar con el chico, explicándole que hay dos precios de cien soles y doscientos soles, que antes de entrar al cuarto le darán el dinero, si es de doscientos soles tendrá que intimidad, tú le besas su parte y él también, va ser por delante y por detrás, es decir por vagina y por la colita, el de cien soles consiste en que solo te besara y será por delante es decir por la vagina, tú decides cual, … que no se trata que el chico sea modelo y musculoso, solo pide que paguen lo que las requieren las chicas y sean respetuosos y caballeros, tampoco le va mandar un panzón y borracho, lo que pactaron la hora y lugar de encuentro, el encausado le requirió que luego le contara como se comportó para tener referencias.

La menor con las iniciales G. B. V. D. L. V. refirió que ellas y sus amigas le dijeron al acusado que “eran menores de edad…, nos preguntaba por la edad, si estudiábamos, si éramos vírgenes», lo que se constató con el contenido impreso del Facebook (acta de verificación y visualización del correo electrónico folio 79) donde se registra que la referida menor le contesta que tiene dieciséis años de edad, y el encausado le propone estar con un chico durante una hora, y listo, doscientos soles serán tuyos, no hay jefes, no hay horarios tú decides cuando y la hora, a lo que la menor le recriminó por dicha propuesta a realizar tales actividades y le recomendó ser alguien de bien.

Asimismo, la menor con las iniciales L. S. H. S. indicó que el acusado le dijo ser de Lima e “iba a conseguir personas a amigos para que yo saliera con ellos… en mi biografía de Facebook hay información de mi fecha de nacimiento, había fotos mías», lo que se corroboró con el contenido de la cuenta de Facebook (acta de verificación y visualización del correo electrónico folio 88 a 96) donde indica “hola linda, te gustaría ganar doscientos soles solo una hora y una vez a la semana… no es conmigo, es con otras personas, solo tienes que salir con chicos en modo amigo con derecho y por una hora… yo soy de Lima… pues puedo conseguirte chicos por ahí no hay problema… cuántos años tienes, y la menor le contestó que tenía dieciséis años de edad”, y le indicó que no aceptaba tal actividad, ante tal negativa el encausado insistió indicándole que nadie se enteraría e incluso le propuso que de masajes a chicos educados y respetuosos, y que no es una organización y no la va secuestrar, reiterando su negativa la menor.

Finalmente, la menor con las iniciales A. M. C. S. señaló que al preguntarle al acusado dónde vivía, este contesto en Lima y al decide ella que vivía en Quillabamba, el procesado respondió «yo tengo amigos para contactarte, pueden ir a Quillabamba…” (declaración del caso ensalada con mostaza a folios 86 a 87), además, de expresar que las relaciones sexuales eran con otros hombres a cambio de dinero.

Sin embargo, la conducta desarrollada por el encausado quedó en grado de tentativa, porque las menores dieron su negativa a aceptar tales propuestas de trabajo, pero aun así el encausado insistió en las referidas propuestas con evidente finalidad de explotación sexual, que terminó con las denuncias de las menores con las iniciales G. B. V. D. L. V. (14) y L. A. D. A. (16), y con la ayuda de esta última, se permitió la ubicación, captura e identificación del encausado Gary Aston Pezo Cruz —titular de la cuenta de Facebook cuenta «Ensalada con Mostaza»—. Así, también del control de las inferencias del Colegiado de primera instancia, esta motivó adecuadamente la responsabilidad penal del encausado conforme a los medios probatorios actuados en el proceso penal en sintonía con las garantías constitucionales del debido proceso.

20.3. Sobre las formas agravadas del delito de trata de personas, verificado en el caso concreto la concurrencia de todos los elementos objetivos y subjetivos de tal figura típica, se verifica que concurren dos agravantes específicas —que el Colegiado de primera instancia lo acreditó en su razonamiento—, esto es, que existe pluralidad de víctimas y que estas tienen entre catorce y menos de dieciocho años de edad.

Vigesimoprimero. Sobre la inferencia consistente en que, (iv) no se configuraría el delito de trata de personas en grado de tentativa, por ser un delito de peligro concreto. En los delitos de peligro concreto el tipo requiere como resultado de la acción la proximidad de una concreta lesión, esto es, que la acción haya estado a punto de causar una lesión a un bien jurídico determinado18 (cuando se requiere realmente la posibilidad de la lesión19). Así, la inferencia deducida es errónea, pues el delito de trata de personas al ser un delito de peligro concreto —que adelanta las barreras de protección— cabe la tentativa, porque en tanto existía la posibilidad de lesión del bien jurídico de dignidad humana-no cosificación, esta se truncó con la negativa de las agraviadas a tales propuestas —les propuso ganar dinero tan solo por una hora de trabajo, consistente en que debía prestar su servicio sexual a otros sujetos—, y con la denuncia, intervención y captura del encausado Gary Aston Pezo Cruz. El Iter Criminis se inició con la ejecución del plan de captarlas con la finalidad de explotarlas sexualmente, aprovechando su minoría de edad. En los delitos delito de peligro concreto cabe la tentativa, además, porque se genera un resultado de peligro cuyo inicio de ejecución se produjo.

Vigesimosegundo. A su vez, es preciso señalar que el encausado Gary Aston Pezo Cruz captó a una de las agraviadas [menor con las iniciales E. H. C.] con la finalidad de explotarla sexualmente, lo que se concretizó, colocándola a la menor agraviada en una situación que anuló su capacidad de actuar como una persona autónoma (dignidad humana-no cosificación) y también intentó realizar lo mismo con cuatro de estas agraviadas —menores con las iniciales G. B. V. D. L. V., A. M. C. S., L. S. H. H. S. y L. A. D. A.—, lo que no se concretizó porque fue denunciado e intervenido, conforme las consideraciones expresadas precedentemente en la presente ejecutoria.

Cabe acotar que, de acuerdo a los conceptos desarrollados en la presente resolución, es evidente que no se perfeccionó la figura de “traslado” -—supone traspasar el control que se tiene sobre la víctima de una persona a otra— como erróneamente lo planteó el Ministerio Público, por no producirse los supuestos fácticos requeridos, lo que, sin embargo, no impide el perfeccionamiento del delito en la modalidad de captación.

Es erróneo subsumir tales conductas en el tipo penal usuario-cliente, en el que no existe la captación con fines de explotación, sino sólo una relación entre un cliente —sujeto activo-cualquier persona—, con la víctima que tiene entre catorce y menos de dieciocho años, con acceso carnal (por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos), mediante una prestación económica o ventaja de cualquier naturaleza.

En el presente caso no se configura esa acción aislada, porque las agraviadas eran adolescentes menores de dieciocho años, estudiantes de un colegio secundario, que fueron captadas —o se procuró ello— a través del medio social Facebook, con la clara finalidad de ser explotadas sexualmente. El acto sexual realizado, —aún con un pago— sólo es un momento adicional de este delito- proceso; en todo caso, el Ministerio Público no postuló concurso alternativo adicional o agravante específico pese a que los fácticos podrían haberlo ameritado —por lo menos en el caso consumado—, puesto que, el artículo 153-H20 inciso 7 reprime el delito de explotación sexual en su modalidad agravada — segundo nivel de agravantes específicas— cuando la explotación “Se derive de una situación de trata de personas”, en cuyo caso la penalidad es no menor de treinta ni mayor de treinta y cinco años. En ese sentido no cabe soslayar que el explotador sexual puede perseguir su propio provecho sexual. Una interpretación teleológica del tipo penal obliga a identificar supuestos homologables a la llamada “prostitución forzada” que lesionan el bien jurídico dignidad-no cosificación con la misma intensidad21.

Vigesimotercero. Debida motivación y necesidad de aplicación de enfoques adecuados en los casos de trata de personas que afectan la dignidad humana- no cosificación. En la sentencia de primera instancia del veintiocho de enero de dos mil diecinueve (folios 179 a 196), con relación a los cuestionamientos de indebida motivación y errónea interpretación del delito de trata de personas, en base al control y análisis in iure se evidencia que el colegiado si efectuó una motivación e interpretación adecuada del delito de trata de personas; así, cumple con los estándares mínimos y las garantías constitucionales del debido proceso. La Sala Penal de Apelaciones no motivó ni interpretó adecuadamente el delito de trata de personas, por tanto, la desvinculación jurídica efectuada, no tiene respaldo sustantivo, y la parte resolutiva no se ajusta a derecho; en consecuencia, debe confirmarse todos los extremos de la sentencia de primera instancia.

En ese sentido, en forma general, en procura de la tutela judicial efectiva constitucionalmente consagrada en este tipo de delitos que afectan gravemente a la humanidad en el mundo, es necesario utilizar los siguientes enfoques:

a) Enfoque de Derechos Humanos (la norma penal debe ser interpretada de acuerdo con las reglas y principios contenidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente el protocolo de Palermo).

b) Enfoque de género (es una herramienta conceptual que permite reconocer las relaciones asimétricas de poder, basados en fundamentos culturales. Su aplicación permite evitar argumentos con base en estereotipos de género, evitar la aplicación de dispositivos legales que discriminen por motivos de género, y evitar la aplicación de dispositivos sin tomar en cuenta sus efectos diferenciados).

c) Enfoque de interés superior del niño (entendiéndose como niño a todo menor de 18 años, según el Protocolo de Palermo y la legislación peruana. Deriva de la dignidad humana y es una consideración primordial que debe reflejarse o irradiarse de modo transversal para todas las autoridades e instituciones, debiendo actuar de forma “garantista” es decir, cada vez que se tomen decisiones en las que niños, niñas y adolescentes estén involucrados, se debe atender sus necesidades y desarrollo de manera prioritaria y especial).

d) Enfoque de información de las víctimas, privacidad, reserva y confidencialidad (incluye su derecho a conocer la situación o estado de los procesos judiciales, siempre que lo requieran. Otro derecho importante para las víctimas de trata es el de privacidad, reserva y confidencialidad. Este exige, entre otras cosas, que la identidad y demás aspectos privados de la víctima sean confidenciales durante el proceso penal).

e) Enfoque intercultural (consiste en reconocer las diferencias culturales y promover el establecimiento de relaciones de igualdad y equidad de oportunidades y derechos entre personas pertenecientes a diferentes culturas. En el caso de la persecución penal de la trata de personas, este enfoque resulta importante, con el fin de identificar la vulnerabilidad antropológico-social en la que se encuentran las y los integrantes de pueblos indígenas históricamente marginados).

f) No revictimización y enfoque centrado en la víctima (la revictimización incluye los efectos causados por intervenciones inapropiadas por representantes del sistema legal —encargados de la atención de víctimas—, que aumentan su sufrimiento. Debe garantizarse la tutela judicial efectiva sin prejuicios y con efectiva restitución de derechos).

DECISIÓN

Por estos fundamentos:

I. FUNDADO el recurso de casación, interpuesto por el representante del Ministerio Público, por las causales 3 y 4, del artículo 429, del Código Procesal Penal, interpuesto contra la sentencia de vista quince de julio de dos mil diecinueve (folios 315 a 348), que por mayoría: a) revocó la condena de Gary Aston Pezo Cruz como autor del delito de trata de personas con agravante, en grado de tentativa, en perjuicio de las menores identificadas con las iniciales G. B. V. D. L. V., A. M. C. S. y L. S. H. H. S.; y reformándola, absolvieron al referido procesado por el mismo delito y agraviadas: b) revocó la condena de Gary Aston Pezo Cruz como autor del delito de trata de personas en grado de tentativa, en perjuicio de la menor con las iniciales L. A. D. A.; y como autor del delito de trata de personas, consumado, en perjuicio de la menor con las iniciales E. H. C.; y reformándola, se desvincularon de la calificación jurídica, condenaron al referido encausado como autor de proxenetismo, tipo penal usuario-cliente, en grado de tentativa (previsto en el artículo 179-A, en concordancia con el artículo 16 del Código Penal), en agravio de lo menor con las iniciales L. A. D. A.; y como autor de ese mismo delito, en grado consumado, en perjuicio de la menor con las iniciales E. H. C.; con lo demás que al respecto contiene; en consecuencia CASARON la citada la sentencia (folios 315-ss); actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia de primera instancia del veintiocho de enero de dos mil diecinueve (folios 179 a 196) en todo sus extremos, es decir, en cuanto condena al encausado Gary Aston Pezo Cruz como autor del delito contra la libertad personal, en la modalidad de trata de personas agravado en grado de tentativa, en agravio de G. B. V. D. L. V., L. A. D. A., A. M. C. S., y L. S. H. H. S., tipo penal que se encuentra descrito en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 153, concordante con los incisos 3 y 4 del artículo 153-A y 16 del Código Penal, a ocho años de pena privativa de libertad; y como autor del delito contra la libertad personal, en la modalidad de trata de personas agravado en grado consumado, en agravio de E. H. C., tipo penal que se encuentra descrito en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 153, concordante con el inciso 4, del artículo 153-A, del Código Penal, a doce años de pena privativa de libertad. Sumadas ambas penas resulta veinte años de privativa de la libertad; con lo demás que al respecto contiene.

II. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria sea leída en audiencia privada mediante el sistema de videoconferencia y, acto seguido, se notifique a todas las partes personadas, y se publique en la página web del Poder Judicial.

III. DISPUSIERON que se notifique la presente resolución a las partes apersonadas a esta instancia, y cumplidos estos trámites, se devuelvan los actuados al Tribunal Superior de origen para que proceda conforme a ley y se archive el cuaderno de casación en esta Suprema Corte. Se haga saber.


1 Acuerdo Plenario número 6-2011/CJ-116.
2 Véase, Sentencia recaída en el Expediente número 00728-2008-PHC/TC.
3 Igartua Salaverría, Juan. El razonamiento en las resoluciones judiciales. Lima: Palestra, 2009, p. 15.
4 Según el artículo 55 de la Constitución, los tratados en vigor forman parte de nuestro ordenamiento interno. Conforme con la IV Disposición Final y Transitoria, las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconocen que se interpretan de acuerdo con el DIDH y los tratados suscritos y ratificados por el Estado peruano.
5 Del 15 de diciembre de 2000, adoptado por el Perú mediante Resolución Legislativa N.° 27527, del 8 de octubre de 2001.
6 Del 18 de diciembre 1979, ratificada por el Perú el 13 de septiembre de 1982.
7 Del 20 de noviembre de 1989, adoptado por el Perú a través de la Resolución Legislativa 25278, del 4 de agosto de 1990.
8 Este artículo ha sido reubicado y renumerado por el literal a) del artículo 2 de la Ley N.° 31146, publicada el 30 de marzo de 2021 siendo ahora el artículo 129-A. Dicha reubicación y remuneración se ha producido en todos los delitos vinculados al bien jurídico tutelado dignidad humana-no cosificación
9 Materiales de estudio de la Diplomatura de estudios sobre trata de personas y otras formas de explotación. Organización Internacional del Trabajo y Pontificia Universidad Católica del Perú. Sesión 2 “Trata de personas, explotación sexual y delitos conexos a la prostitución”. p. 12-14
10 Prado Saldarriaga, Víctor R. Derecho penal. Parte especial. Una introducción en sus conceptos fundamentales. Lima, Instituto Pacífico, 2021, p. 32.
11 Materiales de estudio de la Diplomatura de estudios sobre trata de personas y otras formas de explotación. Organización Internacional del Trabajo y Pontificia Universidad Católica del Perú. Sesión 2 “Trata de personas, explotación sexual y delitos conexos a la prostitución”. p. 19-22.
12 Cabe acotar que en el Acuerdo Plenario 6-2019/CJ-116 el término traslado se asimila más al transporte o traslación física “disponer lo conveniente para procurar el desplazamiento de la víctima de un lugar a otro” (fundamento 15.a), sin embargo, el concepto ahora precisado es más compatible con la doctrina y la jurisprudencia internacional de acuerdo a lo detallado íntegramente en esta resolución.
13 Materiales de estudio de la Diplomatura de estudios sobre trata de personas y otras formas de explotación. Organización Internacional del Trabajo y Pontificia Universidad Católica del Perú. Sesión 2 “Trata de personas, explotación sexual y delitos conexos a la prostitución”. p. 13-14.
14 Iván Meini Méndez citado en los Materiales de estudio de la Diplomatura de estudios sobre trata de personas y otras formas de explotación. Organización Internacional del Trabajo y Pontificia Universidad Católica del Perú. Sesión 2 “Trata de personas, explotación sexual y delitos conexos a la prostitución”. p. 29.
15 Salinas Siccha, Ramiro. Derecho penal parte especial. Lima: Editorial Iustitia, octubre 2015, p. 565 y ss.
16 Materiales de estudio de la Diplomatura de estudios sobre trata de personas y otras formas de explotación. Organización Internacional del Trabajo y Pontificia Universidad Católica del Perú. Sesión 2 “Trata de personas, explotación sexual y delitos conexos a la prostitución”. p. 32-ss.
17 Yvan Montoya Vivanco citado en los Materiales de estudio de la Diplomatura de estudios sobre trata de personas y otras formas de explotación. Organización Internacional del Trabajo y Pontificia Universidad Católica del Perú. Sesión 2 “Trata de personas, explotación sexual y delitos conexos a la prostitución”. p. 15.
18 Santiago Mir Puig. Derecho penal. Parte general. Sexta edición. Barcelona: Editorial Reppertor, 2002, p. 228.
19 Enrique Bacigalupo. Derecho penal. Parte general. Segunda edición. Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 1999, p. 231.
20 «Artículo 153-H. Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes
El que hace ejercer a niña, niño o adolescente actos de connotación sexual con la finalidad de obtener un aprovechamiento económico o de otra índole será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinte años.
El consentimiento brindado por el adolescente carece de efectos jurídicos.
La pena privativa de libertad será no menor de veinte ni mayor de treinta años si el agente:
1. Es promotor, integrante o representante de una organización social, tutelar o empresarial que aprovecha esta condición y realiza actividades para perpetrar este delito.
2. Tiene a la víctima bajo su cuidado o vigilancia, por cualquier motivo, o mantiene con ella un vínculo de superioridad, autoridad, poder o cualquier otra circunstancia que impulse a depositar la confianza en él.
La pena privativa de libertad será no menor de treinta ni mayor de treinta y cinco años cuando:
1. El agente sea ascendiente por consanguinidad, adopción o por afinidad, pariente colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción, o segundo grado de afinidad, tutor, cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente o tenga hijos en común con la víctima; o habite en el mismo domicilio de la víctima, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales.
2. Es un medio de subsistencia del agente.
3. Exista pluralidad de víctimas.
4. La víctima tenga discapacidad, padezca de una enfermedad grave, o presente cualquier situación de vulnerabilidad.
5. La víctima pertenezca a un pueblo indígena u originario.
6. El agente ponga en inminente y grave peligro la vida o la salud física o mental de la víctima.
7. Se derive de una situación de trata de personas.
8. El agente actúe como integrante de una banda o una organización criminal. La pena será de cadena perpetua:
1. Si se causa la muerte de la víctima.
2. Si se lesiona gravemente su salud física o mental.
3. Si, a consecuencia de la explotación sexual, la víctima menor de 14 años tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías.
(…)
21 Materiales de estudio de la Diplomatura de estudios sobre trata de personas y otras formas de explotación. Organización Internacional del Trabajo y Pontificia Universidad Católica del Perú. Sesión 4 “Trata de personas, explotación sexual y delitos conexos a la prostitución”. p.12

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