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TID : Motivación insuficiente como causal de nulidad.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 19-2020
LIMA SUR

MOTIVACIÓN INSUFICIENTE COMO CAUSAL DE NULIDAD

Al presentarse en la argumentación vicios de motivación insubsanables, se genera la nulidad de la sentencia. Debe realizarse un nuevo juicio oral por otro Colegiado.

Lima, treinta y uno de enero de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la sentenciada Rosa María Lozada Gutiérrez, contra la sentencia del veinticinco de octubre de dos mil diecinueve (fs. 409 a 423), en el extremo que la condenó como autora del delito de tráfico ilícito de drogas —modalidad de posesión— (previsto en el segundo párrafo, del artículo 296, del Código Penal), en perjuicio del Estado; y le impusieron cuatro años de pena privativa de libertad efectiva.

Intervino como ponente el juez supremo Guerrero López.

CONSIDERANDO

I. MARCO LEGAL DE PRONUNCIAMIENTO

Primero. El recurso de nulidad es un medio de impugnación con características muy particulares. En términos del profesor García Rada, el recurso es parcialmente devolutivo y extensivo, pero no es suspensivo y se interpone con la finalidad de alcanzar la nulidad total o parcial de una decisión penal. De acuerdo con nuestro ordenamiento procesal, el recurso de nulidad permite la revisión total de la causa sometida a conocimiento de la Corte Suprema.

Segundo. La Sala Penal de la Corte Suprema tiene facultades para modificar o revocar la sentencia o auto dictados por la instancia inferior. Previa a la resolución final de la Sala Suprema, el Ministerio Público debe emitir pronunciamiento y lo hará si la causa se encuentra dentro de los supuestos taxativamente contemplados en el artículo ochenta y tres de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Frente a la decisión adoptada no cabe recurso alguno; por lo tanto, la causa se agota procesalmente, dado que la ejecutoria genera estado definitivo del proceso.

II. IMPUTACIÓN FÁCTICA

Tercero. De acuerdo al requerimiento acusatorio (fs. 394 a 395), los cargos formulados en la presente causa, consisten en lo siguiente:

3.1. El 26 de marzo de 2017 a las 00:30 horas aproximadamente, cuando personal policial puso en marcha el plan operativo Cordillera Blanca, y, al tener información confidencial que por inmediaciones del Parque Mateo Pumacahua-Chorrillos, un varón y una mujer venían dedicándose a la comercialización de drogas, se realizó vigilancia en la zona, llegándose a advertir la presencia de una pareja que salió del inmueble ubicado en el jr. Mártires mz. O lote 2 comité 33 Mateo Pumacahua, los mismos que al notar la presencia policial intentaron huir del lugar corriendo, siendo perseguidos por los efectivos. Se logró capturar a la mujer quien fue identificada como Rosa María Lozada Gutiérrez, con quien retornaron a ese inmueble —que ella frecuentaba— y en una habitación del segundo piso se encontró debajo de una cama 1 paquete tipo ladrillo forrado, 1 bolsa que contenía especies vegetales prensadas al parecer marihuana. Asimismo, en un cajón pequeño ubicado en la cabecera de la cama se halló 270 envoltorios de ketes conteniendo al parecer pasta básica de cocaína, y al costado de esa cama sobre el piso se encontró 1 hoja de papel periódico extendido que tenía al parecer pasta básica de cocaína, y 2 cernidores con adherencias de droga.

3.2. El resultado de análisis químico arrojó: cannabis sativa-marihuana con un peso bruto de 0,699 kg y peso neto de 0,665 kg, y pasta básica de cocaína con un peso bruto de 0,045 kg y peso neto de 0,005 kg. Respecto a la sustancia hallada sobre el papel periódico, resultó ser pasta básica de cocaína con un peso bruto de 0,023 kg y peso neto de 0,009 kg.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNANTE

Cuarto La sentenciada Rosa María Lozada Gutiérrez al fundamentar el recurso de nulidad (fs. 430 a 441), alegó esencialmente, que:

4.1. Se ha vulnerado el debido proceso porque en el atestado policial no se señala algún “operativo cordillera blanca”, además, todo operativo policial debe estar garantizado con la presencia del fiscal y con las coordinaciones realizadas por el Comando de la Institución Policial.

4.2. La Sala toma como ciertas las versiones contradictorias expuestas en el plenario por los efectivos policiales intervinientes. Además, estas testimoniales no se encuentran corroboradas, y, por el contrario, están enervadas con las declaraciones de la acusada y de la dueña de la casa donde se realizó el allanamiento ilegal.

4.3. No se ha demostrado que la acusada realizó actos de tráfico de droga, pues ni siquiera se encontró droga en su poder. El indicio de vinculación sentimental con el inquilino del predio no es suficiente.

IV. SUSTENTO NORMATIVO

Quinto. En forma previa a analizar la cuestión de fondo y que es materia de impugnación (si la sentencia condenatoria se encuentra debidamente motivada y, en consecuencia, conforme a ley), se debe considerar los siguientes preceptos legales:

5.1. El inciso 5, del artículo 139, de la Constitución Política del Estado prevé la garantía constitucional —de naturaleza procesal— de la motivación de resoluciones judiciales; con este precepto se establece un deber jurídico atribuible al operador de justicia, mediante el cual se exige que toda decisión judicial contenida en una resolución, debe estar sustentada o amparada con argumentos suficientes y válidos. Por tanto, como señaló el Tribunal Constitucional1, “la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho fundamental de los justiciables”.

5.2. El artículo 298 del Código de Procedimientos Penales prevé las causas de nulidad; una de ellas —inciso 1— se produce cuando el acto procesal incurrió en graves irregularidades u omisiones de trámites o garantías establecidas en la ley procesal penal.

5.3. El artículo 280 del Código de Procedimientos Penales señala que la sentencia deberá apreciar las pruebas producidas en la audiencia, así como los testimonios, peritajes y actuaciones de la instrucción —en su caso, la confesión—.

V. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Sexto. Habiendo observado los medios probatorios incorporados al proceso y los fundamentos expuestos, por la Sala Superior, en la sentencia cuestionada que concluyó con una decisión condenatoria (se expuso que existe la sindicación del efectivo policial Carbajal Collantes, el cual cumple con las garantías de certeza del Acuerdo Plenario N.º 2-2005/CJ-116), este Tribunal Supremo no comparte la motivación que se hizo para sustentar esa decisión judicial, por las siguientes razones puntuales:

a) En principio, en el presente caso no existe una versión incriminatoria como tal. Lo declarado por el efectivo policial Carbajal Collantes responde a la versión de un testigo que narró las circunstancias de cómo se llevó a cabo la intervención policial y el registro domiciliario, habiendo precisado que se llegó a intervenir a la acusada. Sin embargo, esto no constituye una sindicación incriminatoria en sentido estricto como erróneamente lo consideró la Sala Superior para poder invocar el Acuerdo Plenario N.º 2-2005/CJ-116, ya que del contenido de esa testimonial no se advertiría una afirmación de atribuir directamente la responsabilidad a la acusada sobre la droga incautada. Por tanto, la Sala no debió de construir la culpabilidad con base en una premisa de esa naturaleza, sino con la evaluación integral de lo actuado.

b) Asimismo, la Sala no consideró que los efectivos policiales Carbajal Collantes (folio 13 y 392) y Rivera Vásquez (folios 17 y 348) han incurrido en contradicción con sus propias versiones, incluso a nivel de juicio oral sus afirmaciones no se condicen; esto es, alegan hechos diferentes a lo declarado a nivel preliminar respecto a cómo se realizó la intervención, si hubo o no un trabajo de inteligencia, cuantos personas estaban en actitud sospechosa y si la acusada opuso resistencia o no, entre otros aspectos fácticos.

c) Esto lo advertimos porque la Sala concluye que la declaración de Carbajal Collantes es sólida y uniforme, y se encuentra corroborada con la versión de su colega Rivera Vásquez. Sin embargo, el tribunal no realiza un análisis íntegro y completo de cada elemento probatorio —especialmente las pruebas personales—, ni de manera conjunta.

Séptimo. Por otro lado, se aprecia que no se ha llegado a concretar la concurrencia del efectivo policial Ronald Parraga Oscanoa, quien según Carbajal Collantes y Rivera García —a nivel preliminar— este también participó en la intervención; además, Rivera García en el juicio precisó que Ronald Párraga fue la fuente de información que motivó el operativo policial, esto es, que él había tomado conocimiento que en el inmueble intervenido había personas que se dedicaban a la venta de droga. La versión de este testigo resulta trascendente porque permitiría una corroboración o no de la imputación y, en consecuencia, el cabal esclarecimiento de los hechos. Asimismo, tampoco fueron ofrecidos como medios de prueba la declaración de la madre y hermanos de la acusada, a efectos de que corroboren si ella vivía o no en la casa de su madre. En ese sentido, el Colegiado que llevará a cabo el nuevo juicio oral, de oficio o de parte, debe de impulsar —por todas las vías legalmente posibles— la concurrencia de dichos órganos de prueba, entre otras diligencias necesarias y pertinentes que los sujetos procesales señalen.

Octavo. En esa misma línea, también deberán concurrir al juicio los efectivos policiales Carbajal Collantes y Rivera García, y la testigo Leoncia Aquino Durand —dueña de la casa—; para ello, igual se debe agotar todos los medios legales para su concurrencia al plenario. Constituye un aspecto determinante la indagación probatoria en relación a si en efecto, la recurrente vivía o no en dicho inmueble o si por lo menos frecuentaba periódicamente, lo que a su vez podría sostener la relación con la droga incautada. Esos esfuerzos deben incluir la posibilidad obtener de la declaración de Andy Junior García Ramírez sobre cuya situación jurídica se debe solicitar la información correspondiente habida cuenta de que existe información directa de la citada propietaria del inmueble en el sentido de que a él le alquiló dicho inmueble y sobre quien en el sexto otrosi de la formalización de la denuncia se dispuso la ampliación de la investigación en ese extremo.

Noveno. Con lo expuesto, y de acuerdo con el artículo 298 del Código de Procedimientos Penales, la sentencia recurrida contiene una motivación insuficiente y una indebida apreciación de la prueba como para respaldar una condena, debiendo declararse nula. Deberá realizarse un nuevo juicio oral por un Tribunal Superior distinto al que emitió la sentencia cuestionada, quien deberá tener en cuenta las pruebas y fundamentos antes señalados, y los que considere necesarios para esclarecer la situación jurídica del encausado.

Décimo. Ante esta disposición, y estando a que el abogado defensor, al deponer su informe oral en la presente audiencia, indicó que la acusada se encontraba recluida en un centro penitenciario por este caso, se ordenará su inmediata libertad. De igual manera, deben implementarse restricciones pertinentes para asegurar su concurrencia al nuevo juicio, en armonía con lo previsto en el artículo 143 del Código Procesal Penal de mil novecientos noventa y uno, aplicable al caso.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, y con lo expuesto por la Fiscalía Suprema en lo Penal declararon:

I. NULA la sentencia del veinticinco de octubre de dos mil diecinueve (fs. 409 a 423), en el extremo que condenó a Rosa María Lozada Gutiérrez como autora del delito de tráfico ilícito de drogas —modalidad de posesión— (previsto en el segundo párrafo, del artículo 296, del Código Penal), en perjuicio del Estado; y le impusieron cuatro años de pena privativa de libertad efectiva, con lo demás que al respecto contiene.

II. MANDARON se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado Superior, el que deberá actuar con celo y celeridad en el ejercicio de sus funciones; y deberá tener presente lo expuesto en la presente ejecutoria.

III. ORDENARON la inmediata libertad de Rosa María Lozada Gutiérrez, siempre y cuando no existan órdenes de detención dictadas en su contra emanadas de autoridad competente, para cuyos efectos debe oficiarse en el día al órgano jurisdiccional de origen.

IV. DISPUSIERON que la medida de coerción personal contra la acusada Rosa María Lozada Gutiérrez sea la de comparecencia con las siguientes restricciones adicionales: a) la obligación de no ausentarse en la localidad que reside sin autorización de la Sala Penal; b) presentarse puntualmente a la autoridad judicial las fechas y horas a las que sea citada y cada 30 días para pasar por un control biométrico o el que fuera apropiado para el contexto de salud que amerite el lugar territorial específico; c) la prohibición de comunicarse con testigos. Todo bajo estricto apercibimiento de revocársele el mandato de comparecencia y disponerse su prisión preventiva.

V. DISPUSIERON se notifique la ejecutoria a las partes apersonadas a esta instancia, se devuelvan los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo.

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