Falsedad documental : Derecho a la defensa y principio de imputación necesaria.
10 febrero, 2022
COHECHO PASIVO ESPECÍFICO : La reserva de juzgamiento no constituye un pronunciamiento de reprochabilidad penal en contra un acusado.
14 febrero, 2022

ABSOLUCIÓN EN DELITO DE ROBO AGRAVADO : DUDA RAZONABLE

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 871-2019
LIMA ESTE

DUDA RAZONABLE

La imputación fáctica no tiene respaldo probatorio, más allá de toda duda razonable que permita concluir por la responsabilidad de los procesados por el tipo penal motivo del presente proceso, como reclama la agraviada. En definitiva, los reclamos impugnativos decaen, pues la prueba que se incorporó en autos no ha derrotado el principio de presunción de inocencia de los procesados. Por ello, de conformidad con el artículo 2.24.e de la Constitución, debe ratificarse la sentencia absolutoria objeto de nulidad.

Lima, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la agraviada REDUCINDA MUNGUIA CLAUDIO contra la sentencia del 13 de diciembre de 2018, emitida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que absolvió a PEDRO ROMERO PUENTE y LORENZO ROMERO PUENTE, de la acusación fiscal por la presunta comisión del delito de robo agravado, en su perjuicio.

Ponencia de la jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FISCAL

1. Según la acusación y la requisitoria oral1 de la Fiscalía, el 28 de octubre de 2007, en horas de la mañana, la agraviada Reducinda Munguia Claudio y su hija Flor de Hortencia Berrospi Munguia se encontraban a bordo de sus acémilas, en el camino de herradura de la Comunidad Campesina de Yunca Yacan de Maray, y con dirección al distrito de San Rafael. En ese instante, habrían sido interceptadas por los imputados PEDRO ROMERO PUENTE, LORENZO ROMERO PUENTE y otros sujetos no identificados, quienes redujeron a la agraviada al agredirlas con piedras y palos, para luego el primero de los imputados le sustraiga S/4000.

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

2. El Tribunal Superior emitió sentencia absolutoria2 a favor de los imputados PEDRO ROMERO PUENTE y LORENZO ROMERO PUENTE, por el delito de robo agravado. Sostuvo que la sindicación de la agraviada no cumplió con los estándares de certeza previstos en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116, por lo siguiente:

2.1. Presenta incredibilidad subjetiva, puesto que existe una relación de enemistad entre la agraviada y los imputados, que data antes de la fecha de los hechos, generado por problemas de terrenos, como ellos mismos lo reconocieron en juicio oral.

2.2. No es verosímil, ni persistente, pues no hay logicidad ni uniformidad respecto a que en la fecha de los hechos los imputados se habrían apropiado del dinero que estaba en posesión de la agraviada. Ello, pues:

2.2.1. En la denuncia policial, la agraviada no refirió haber sido víctima de robo de un bien mueble, solo que tres personas la lesionaron (los imputados y Victoria Arrieta Alania). Luego, el 31 de octubre de 2007, ella y su hija Flor de Ortencia Berrospi Munguia añadieron que Pedro Romero Puente le sustrajo S/4000 a la primera de las citadas y los otros se limitaron a agredirlas. Finalmente, en juicio oral, dijo que el monto fue de S/5000.

2.2.2. En la declaración jurada del 20 de noviembre de 2007, Wilder Berrospi Munguia (hija de la víctima) señaló que S/5500 fue el monto sustraído. Sin embargo, el 14 de diciembre de 2007, declaró que dicha suma fue S/1500.

2.2.3. El 30 de marzo de 2008, Melecio Berrospi Trinidad (pareja de la agraviada) indicó que el dinero sustraído fue de S/4500.

2.2.4. El Certificado Médico Legal N.° 003550-L corrobora las lesiones que sufrió la agraviada en su rostro, lo cual no es compatible con una caída. Además, dicho delito prescribió y es insuficiente para acreditar el robo.

2.2.5. La declaración de Victoriano Orosco Fretel contradice la imputación. Señaló que, el día de los hechos, como a las 10:00 horas, vio a la víctima con un rasguño en la ceja y reclamaba su dinero, luego una señora le entregó una manta y el dinero envuelto en un mantel.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

3. La agraviada REDUCINDA MUNGUIA CLAUDIO, en su recurso de nulidad3 fundamentado, expresó los argumentos siguientes:

3.1. Vulneración del debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, debida motivación de las resoluciones judiciales y derecho de defensa. No se han apreciado debidamente los hechos imputados, ni se valoró adecuadamente las pruebas que ofreció, como tampoco se resolvieron sus reclamos.

3.2. Se acreditó la participación de los imputados, la preexistencia del dinero sustraído y las rencillas previas al hecho, todo ello con su declaración, la de su hija Flor de Ortencia Berrospi Munguia y las de otros familiares (quienes testificaron a nivel de instrucción y juicio oral); y con el Certificado Médico Legal N.° 003550-L, este último no valorado. Por lo tanto, es verosímil y persistente la imputación, a pesar de la dilación del proceso. Y si bien hay inexactitudes en cuanto al monto, lo cierto es que hubo dinero sustraído mediante violencia por parte de los imputados.

3.3. Le otorgaron mayor valor a la testimonial de Victoriano Orosco Fretel que al citado certificado médico legal.

3.4. Los procesados cometieron el robo en concurso de 2 personas y en un lugar desolado. Por ello, se tipificó en el artículo 189 numerales 2 y 4 del Código Penal, modificado por la Ley N.° 28992. Sin embargo, la Sala Superior no aplicó dicha disposición penal, a pesar de enunciarlo.

CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL DELITO

4. Los hechos atribuidos fueron calificados como delito de robo agravado, previsto en los artículos 188 y 189, primer párrafo [numerales 2 y 4] y segundo párrafo [numeral 1], del Código Penal, modificado por la Ley N.° 28982, publicada el 3 de marzo de 2007, que prescriben:

Artículo 188. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.

Artículo 189. La pena será no menor de diez ni mayor de veinte años, si el robo es cometido: […] 2. Durante la noche o en lugar desolado. […] 4. Con el concurso de dos o más personas […].

La pena será no menor de veinte ni mayor de veinticinco años, si el robo es cometido:
1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima.

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

5. El punto de partida para analizar la sentencia recurrida es el principio de impugnación limitada que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal; por el cual se reduce el ámbito de la resolución, únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido y las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.

6. Los reclamos propuestos por la agraviada REDUCINDA MUNGUIA CLAUDIO, en los fundamentos 3.1 al 3.3 de la presente ejecutoria, deben analizarse en conjunto, bajo los estándares que fija el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116, al alegar esencialmente que la imputación contra los procesados PEDRO ROMERO PUENTE y LORENZO ROMERO PUENTE es verosímil, persistente y su comportamiento delictivo se debió a rencillas anteriores al factum.

7. Respecto al estándar de ausencia de incredibilidad subjetiva, la víctima considera que los imputados la lesionaron y sustrajeron dinero, por problemas de terrenos que mantienen desde hace años. Por su parte, en los fundamentos 2.19 y 2.20 de la sentencia impugnada, el Tribunal Superior sostuvo que, por esos conflictos inmobiliarios, surgió una relación de enemistad entre ellos, por lo que es una posibilidad de que la imputación obedezca al ánimo de la víctima de perjudicar a los imputados, en represalia a las lesiones que le causaron.

8. En la declaración del 31 de octubre de 20074, incorporada al proceso vía oralización5, la agraviada narró lo siguiente:

8.1. El 28 de octubre de 2007 salió de su casa ubicada en Maray, cabalgando una mula, en compañía de su hija Flor Berrospi Munguia, quien cabalgaba un caballo. Momentos después, cuando se encontraban a la altura del domicilio del procesado Pedro Romero Puente, este la amenazó con una piedra por haberlo denunciado y le dijo que iba a morir.

8.2. Luego, agarró la rienda de su mula; pero como no se cayó, la sujetó del cuello y la tumbó al suelo. En ese instante, le quitó su manta que contenía S/4000, con el cual iba a pagar los servicios de una orquesta musical e iba a comprar víveres. El imputado se quedó con S/400 y el resto lo repartió.

8.3. La volvió agredir con una piedra y patadas en su rostro, por lo que se desmayó. Su hija suplicó que no la maten.

8.4. Una hora después, apareció en la escuela de Maray, donde se encontraban Alilio López Orosco (alcalde del centro poblado de Ayancocha), Victoriano Orosco (presidente de la comunidad de Ayancocha), Pedro Romero Puente, Florencio Romero Puente y Nicanor Berrospi Váquez, quienes la amenazaron con matarla. Sin embargo, luego la autoridad de la comunidad le indicó que se iba a realizar una reunión para que entregue de buena manera los terrenos.

En la sesión de juicio oral, del 27 de noviembre de 20186, la víctima ratificó su manifestación preliminar, pero precisó que el monto sustraído fue de S/ 5000. Añadió que los problemas con los procesados se deben a conflictos por terrenos.

9. En la declaración del 8 de marzo de 20087, con presencia fiscal e incorporado al proceso vía oralización8, el procesado PEDRO ROMERO PUENTE negó los cargos y refirió que el 28 de octubre de 2007 no se encontraba en la localidad de Maray, sino en la provincia de Ambo comprando víveres. Precisó que con la víctima tiene problemas policiales y judiciales por terrenos. En la sesión del plenario, del 8 de noviembre de 20189, negó nuevamente su responsabilidad penal, indicó que el día de los hechos estaba en Ambo, donde compró azúcar y arroz. Reiteró que con la agraviada tiene conflictos por tierras desde antes de los hechos imputados y que ella está acostumbrada a denunciar por ese motivo. Actualmente viene firmado por una denuncia que ella formuló por el delito de usurpación.

10. En similar sentido, en la declaración del 8 de marzo de 200810, con presencia fiscal y legítimamente incorporado al proceso vía oralización, el imputado LORENZO ROMERO PUENTE también negó los hechos y señaló que el 28 de octubre de 2007 se encontraba en su chacra, a dos kilómetros de la comunidad campesina de Maray. En la sesión del plenario, del 8 de noviembre de 201811, volvió a negar su responsabilidad penal y que, al momento del suceso delictivo, se encontraba en su chacra, que está a dos kilómetros o una hora de la citada comunidad. Indicó que la denuncia se debe a problemas por tierras que tiene con la víctima, quien quiere adueñarse de sus inmuebles familiares.

11. Conforme con las citadas declaraciones, se evidencia un alto grado de conflicto entre la agraviada y los imputados, a raíz de problemas de tierras. Ello se corrobora con la Sentencia N.º 8-201512, del 30 de junio de 2015, emitido por el Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Ambo, que condenó a Nicanor Berrospi Trinidad y Pedro Romero Puente, como coautores del delito de usurpación agravada, en perjuicio de Reducinda Munguia Claudio. Dicha sentencia fue confirmada por la Sala Penal Liquidadora Supraprovincial de Huánuco, mediante sentencia de vista13 del 16 de octubre de 2015. Ambas fueron incorporadas legítimamente al proceso, en la sesión del plenario del 30 de octubre de 201814

Ahora bien, los hechos objeto de condena consistieron en que el 5 de agosto de 2007 los citados procesados provistos con machetes ingresaron violentamente a los predios de la agraviada para despojarlas de los mismos.

Entonces, queda reflejado que el origen de las denuncias entre la víctima y los imputados se deben a cuestiones de tierras, que en conjunto con el análisis de los demás presupuestos establecidos en el Acuerdo Plenario N. º 2-2005/CJ-116, permitirá determinar si la imputación por robo agravado es verosímil y persistente o, en todo caso, contiene un móvil espurio.

12. Así, la víctima reclama básicamente que la responsabilidad penal de los imputados, por el delito de robo agravado, se corrobora con los siguientes elementos probatorios:

12.1. La testimonial de su hija Flor de Ortencia Berrospi Munguia, incorporada al proceso vía oralización en la sesión plenarial del 29 de noviembre de 201815. En su manifestación del 31 de octubre de 200716, dijo que Pedro Romero Puente agredió con piedras y patadas a su madre, en diferentes partes del cuerpo; y, luego, le sustrajo S/4000.

12.2. El Certificado Médico Legal N.º 003550-L17, del 30 de octubre de 2007, elaborado por la médica legista Gissela Suyo Rojas, quien concluyó que la víctima presentó lesiones en el rostro por objeto contundente duro. En el mismo sentido, se concluyó en el Certificado Médico Legista N.º 000377-PF-AR18, del 7 de junio de 2010, elaborado y ratificado19 por el médico legista Humberto Expedito Román Bullón.

13. En principio, existen inexactitudes fácticas entre la declaración de la víctima y de la presunta testigo presencial Berrospi Munguia. La primera de ellas dijo que fue golpeada en el rostro y tumbada al suelo por el imputado Pedro Romero Puente. Sin embargo, la testigo refirió que su madre fue agredida en varias partes de su cuerpo. A ello, los citados certificados médicos legales solo corroboran que fue violentada en su rostro y no en otras partes de su cuerpo, como declaró. Por lo tanto, se reflejan contingencias en su incriminación respecto a los actos delictivos que habrían realizado los procesados. En tal escenario, no puede validarse como premisa probada que el procesado Pedro Romero Puente causó que la agraviada caiga al suelo y le haya sustraído la cantidad de S/4000.

14. Sobre este punto, debe resaltarse que no está en debate la preexistencia de dicho monto presuntamente sustraído, pues al fin y al cabo se prueba con las declaraciones de la agraviada, de la citada testigo presencial, de Melecio Berrospi Trinidad20 y Wilder Berrospi Munguia21 (pareja e hijo de la víctima, respectivamente); así como con la declaración jurada del 20 de noviembre de 2007, emitida por este último, y con comprobantes de pago22, por la venta de polen y miel, del 11 y 27 de septiembre, y 6 de agosto de 2007. Sino lo que está en discusión es si los imputados despojaron del citado monto a la agraviada, lo cual conforme con el análisis que antecede genera dudas al respecto, pues es claro que en su denuncia inicial, la agraviada solo denunció lesiones y no robo alguno.

15. A ello se suma lo expuesto en el fundamento 2.20 de la sentencia impugnada23, que se advierten divergencias en cuanto al monto sustraído, por lo siguiente:

15.1. En su manifestación preliminar, la agraviada se ratificó de su denuncia inicial, donde no refirió haber sido víctima de robo de un bien mueble, solo haber sido lesionado. Luego, el 31 de octubre de 2007, con la testigo Flor de Ortencia Berrospi Munguia agregaron que Pedro Romero Puente le sustrajo S/4000 y los demás se limitaron a violentarlas. Y, en juicio oral, dijo que el monto robado fue de S/5000.

15.2. En la declaración jurada del 20 de noviembre de 2007, Wilder Berrospi Munguia indicó que el monto sustraído fue de S/5500. No obstante, el 14 de diciembre de 2007, declaró que dicha suma fue S/1500.

15.3. El 30 de marzo de 2008, Melecio Berrospi Trinidad (pareja de la agraviada) indicó que el dinero sustraído fue de S/4500.

Todo ello revela la inconsistencia en cuanto a los hechos vinculado al robo.

16. A ello, debe añadirse las declaraciones de Victoriano Orosco Fretel24, quien refirió que, el día de los hechos, como a las 10:00 horas, vio a la víctima con un rasguño en la ceja y reclamaba su dinero, luego, una señora le entregó una manta y su dinero envuelto en un mantel. Dicho esto, esta Alta Corte valida el razonamiento expuesto en la sentencia impugnada, respecto a que se presentan dudas razonables sobre la responsabilidad penal de los imputados, a partir de la confrontación de pruebas incriminatorias y exculpatorias.

17. En esa línea, la imputación fáctica no tiene respaldo probatorio, más allá de toda duda razonable que permita concluir por la responsabilidad de los procesados por el tipo penal motivo del presente proceso, como reclama la agraviada. En definitiva, los reclamos impugnativos decaen pues la prueba que se incorporó en autos no ha derrotado el principio de presunción de inocencia de los procesados. Por ello, de conformidad con el artículo 2.24.e de la Constitución, debe ratificarse la sentencia absolutoria objeto de nulidad.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, acordaron:

I. Declarar NO HABER NULIDAD en la sentencia del 13 de diciembre de 2018, emitida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que absolvió a PEDRO ROMERO PUENTE y LORENZO ROMERO PUENTE, de la acusación fiscal por la presunta comisión del delito de robo agravado, en perjuicio de REDUCINDA MUNGUIA CLAUDIO.

II. DISPONER que se devuelvan los autos al Tribunal Superior para los fines de ley y se haga saber.


1 Cfr. páginas 499 al 507 y 931 al 933, respectivamente
2 Cfr. páginas 938 al 954
3 Cfr. páginas 957 al 961
4 Cfr. páginas 9 y 10
5 Cfr. Sesión de juicio oral, del 29 de noviembre de 2018, páginas 930 y 931
6 Cfr. páginas 920 al 923
7 Cfr. páginas 21 al 23
8 Cfr. Sesión de juicio oral, del 29 de noviembre de 2018, página 931
9 Cfr. páginas 912 al 914
10 Cfr. páginas 27 y 28
11 Cfr. páginas 914 y 915
12 Cfr. páginas 887 al 897
13 Cfr. páginas 900 al 906
14 Cfr. página 909
15 Cfr. página 931
16 Cfr. páginas 11 y 12
17 Cfr. página 48
18 Cfr. página 387
19 Cfr. página 402
20 Cfr. páginas 13 y 14
21 Cfr. páginas 15 y 16
22 Cfr. páginas 41 al 43
23 Cfr. páginas 951 y 952
24 Cfr. páginas 38 al 39 y 204 al 207, respectivamente

DESCARGAR RESOLUCIÓN AQUÍ:

Pin It on Pinterest