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La revocatoria de la condicionalidad de la pena vulneró el debido proceso.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 00179-2018-PHC/TC
CAÑETE

En Lima, a los 27 días de enero de 2022, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Ferrero Costa, Sardón de Taboada, Miranda Canales, Blume Fortini, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con los fundamentos de voto de los magistrados Blume Fortini y Espinosa- Saldaña Barrera y el voto singular de la magistrada Ledesma Narváez.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Domingo Chacaltana Espinoza contra la resolución de fojas 554, de fecha 27 de noviembre de 2017, expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cañete, que declaró improcedente in limine la demanda de habeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 8 de marzo de 2017, don Juan Domingo Chacaltana Espinoza interpone demanda de habeas corpus (f. 110) contra don Regis Milton Gallegos Tenorio, juez del Segundo Juzgado Unipersonal y Penal Liquidador de Ica; y contra los magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ica, señores Rojas Domínguez, Jara Peña y Herrera Ramos. Alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la libertad personal.

El recurrente solicita que se declare nulas: (i) la Resolución 94, de fecha 15 de abril de 2016 (f. 60), que revocó la pena suspendida que le fue impuesta mediante sentencia, Resolución 55, de fecha 27 de marzo de 2013, y dispuso que la pena de cuatro años privativa de la libertad se cumpliera con carácter de efectiva; y (ii) el auto superior de vista, Resolución 99, de fecha 2 de agosto de 2016 (f. 62), que confirmó la Resolución 94 (Expediente 02250-2008-0-1401-JR-PE-05).

Don Juan Domingo Chacaltana Espinoza refiere que el Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Ica mediante sentencia, Resolución 55, de fecha 27 de marzo de 2013 (f. 2), lo condenó por el delito contra el patrimonio y estafa a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el término de tres años, bajo el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: a) no ausentarse ni variar el domicilio señalado en autos sin autorización del juez; b) no concurrir a lugares de dudosa reputación; c) comparecer en forma personal las veces que sea requerido al juzgado a fin de justificar sus actividades; d) no cometer nuevo delito doloso; e) devolver el dinero estafado (Expediente 02250-2008-0-1401-JR-PE-05).

El accionante añade que contra la sentencia condenatoria solo algunos de los agraviados (proceso penal) interpusieron recurso de apelación sobre el monto de la reparación civil y solicitaron que sea aumentada de dos mil a diez mil soles (S/ 2000 a S/ 10 000) para cada uno de los agraviados (proceso penal). Al respecto, acota que la Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica, mediante Resolución 70, de fecha 23 de octubre de 2013 (f. 41), confirmó la sentencia que lo condenó por el delito de estafa en el extremo que le impone como reparación civil el pago de dos mil soles para cada uno de los agraviados, debiendo entenderse que ese monto corresponde al rubro de indemnización por daños y perjuicios; y la integró en el extremo que fija como regla de conducta e) devolver el dinero estafado; debiendo ser: e) pagar la reparación civil que comprende la devolución del dinero estafado y la indemnización por daños y perjuicios equivalente a dos mil soles para cada agraviado.

El recurrente manifiesta que mediante Resolución 88, de fecha 9 de setiembre de 2014 (f. 52), el juez demandado lo amonestó y lo requirió para que en un plazo de treinta días continúe cumpliendo con las reglas de conducta, bajo apercibimiento de aplicar el artículo 59 y 60 del Código Penal, en caso de incumplir el pago de la reparación civil que comprende la devolución del dinero estafado y la indemnización por daños y perjuicios. Posteriormente, mediante Resolución 92, de fecha 15 de marzo de 2016 (f. 58), se lo requiere para que en el plazo de tres días cumpla con cancelar el saldo adeudado por concepto de reparación civil, bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena; lo que finalmente sucedió mediante la cuestionada Resolución 94.

El accionante sostiene que la revocatoria de la condicionalidad de la pena se realizó cuando ya se había cumplido el período de prueba de tres años, toda vez que la sentencia condenatoria es del 27 de marzo de 2013; lo que también fue reconocido por el juez demandado, según se aprecia en los considerandos de la Resolución 88; y conforme con los artículos 293 y 330 del Código de Procedimientos Penales, la impugnación de la sentencia condenatoria no suspende sus efectos; es así que se formó el cuaderno de ejecución de sentencia, Expediente 02250-2008-50-1401-JR-PE-05, que dio origen al Incidente 50, según se advierte de la Resolución 64, de fecha 16 de abril de 2012 (f. 64), en el que se expidió la Resolución 1, de fecha 21 de junio de 2013, por la que se realiza el primer requerimiento de pago, se amonesta y se realizan consignaciones. Pese a ello, advierte que los magistrados superiores demandados confirmaron la Resolución 94.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de San Vicente de Cañete, con fecha 26 de octubre de 2017 (f. 530), declaró improcedente in limine la demanda, por considerar que se revocó la suspensión de la pena al recurrente porque a pesar de haber sido requerido en varias oportunidades para que cumpla con las reglas de conducta, las que fueron aclaradas por Resolución 70, no lo hizo; y la revocatoria sí se realizó dentro del período de prueba. Por consiguiente, las resoluciones que se cuestionan han sido expedidas conforme a ley y no puede utilizarse el proceso de habeas corpus como una suprainstancia para cuestionar resoluciones cuyo contenido no afectan derechos fundamentales del recurrente, puesto que se ha garantizado el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, con el fin de obtener una nueva revisión de las resoluciones, lo que excede el ámbito de competencia de los jueces constitucionales.

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cañete confirmó la apelada por similar fundamento, y por estimar que conforme se señala en la Resolución 99, el período de prueba se contabiliza desde el 23 de octubre de 2013, fecha de la Resolución 70, mediante la cual la Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica, se pronuncia sobre el recurso de apelación presentado contra la sentencia condenatoria de fecha 23 de marzo de 2013, y quedaron definidas las reglas de conducta que el recurrente debía cumplir.

El Tribunal Constitucional, mediante resolución de fecha 17 de junio de 2021, admitió en su sede la demanda de hábeas corpus, basándose en principios de celeridad procesal, y considerando el particular contexto que atraviesa el país debido a la pandemia por el virus del Covid-19; y brindó un plazo de diez (10) días hábiles a las partes para que argumenten lo que estimen pertinente. Con posterioridad, se celebró la audiencia pública sobre la presente causa.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El demandante solicita que se declare nulas: (i) la Resolución 94, de fecha 15 de abril de 2016 (f. 60), que revocó la pena suspendida que le fue impuesta mediante sentencia, Resolución 55, de fecha 27 de marzo de 2013, y dispuso que la pena de cuatro años privativa de la libertad se cumpliera con carácter de efectiva; y (ii) el auto superior de vista, Resolución 99, de fecha 2 de agosto de 2016 (f. 62), que confirmó la Resolución 94 (Expediente 02250-2008-0-1401-JR-PE-05).

Análisis del caso

2. En el presente caso, básicamente lo que señala el demandante es que se habría vulnerado su derecho al debido proceso, pues la resolución cuestionada de revocatoria de pena suspendida se habría emitido fuera del plazo de 3 años que se dispuso como periodo de prueba en la sentencia condenatoria de primera instancia, Resolución 55, el que habría empezado con la emisión de dicha resolución el 27 de marzo de 2013.

3. El artículo 139, inciso 3 de la Constitución establece los principios y derechos de la función jurisdiccional y la observancia del debido proceso y de la tutela jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional imparte justicia, está obligado a observar los principios, derechos y garantías que la Constitución establece como límites del ejercicio de las funciones asignadas.

4. En ese sentido, la exigencia de su efectivo respeto no solo tiene que ver con la necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas garantías mínimas cuando este participa en un proceso judicial, sino también con la propia validez de la configuración del proceso, cualquiera que sea la materia que en su seno se pueda dirimir, como puede ser la observancia a la validez en la aplicación de lo establecido en la norma legal que regula la revocación de la suspensión de la pena (artículo 59 del Código Penal).

5. En reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha precisado que el derecho a la libertad personal no es un derecho absoluto, sino relativo. Ello quiere decir que es susceptible de ser limitado en su ejercicio. No obstante, es claro que las eventuales restricciones que se puedan imponer no están libradas a la entera discrecionalidad de la autoridad que pretenda limitar su ejercicio. En ese sentido, la legitimidad de tales restricciones radica en que ellas deben ser dispuestas con criterios objetivos de razonabilidad y proporcionalidad, en los casos de las decisiones judiciales, a través de una resolución debidamente motivada.

6. En relación con el caso de autos, se tiene que de conformidad con lo previsto en el artículo 59 del Código Penal, el juez puede suspender la ejecución de la pena por un período de uno a tres años, siempre que se cumplan determinados requisitos que dicha norma establece; pero, en cualquier caso, su vigencia estará condicionada al cumplimiento de ciertas reglas de conducta (artículo 58 del Código Penal), que necesariamente habrán de estar expresamente establecidas en la sentencia condenatoria. Sin embargo, el Código Penal también ha previsto en su artículo 59 que si durante el período de suspensión el condenado no cumpliera con las reglas de conducta impuestas o fuera condenado por otro delito, el juzgador podrá, según sea el caso: 1) amonestar al infractor; 2) prorrogar el período de suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente fijado o 3) revocar la suspensión de la pena.

7. Sobre el particular, cabe señalar que este Tribunal ha precisado en su jurisprudencia que lo previsto en la norma citada en el fundamento anterior no obliga al juzgador a aplicar las citadas alternativas en forma sucesiva, sino que ante el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas, el juzgador puede optar indistintamente por cualquiera de las alternativas previstas en el artículo 59 del Código Penal, como es la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena sin necesidad de que para ello previamente se apliquen las otras dos alternativas (Sentencias 02517-2005- PHC/TC, 03165-2006-PHC/TC, 03883-2007-PHC/TC, entre otras).

8. De lo expuesto en los fundamentos precedentes, se tiene que la eventual decisión judicial de revocatoria de la suspensión de la pena deberá emitirse mientras dure el periodo de la suspensión o el periodo de prueba, previo requerimiento al interesado y a través de una resolución debidamente motivada.

9. En el caso de autos, la supuesta afectación del derecho al debido proceso se sustentaría en que la revocatoria de la suspensión de la pena del recurrente se habría dispuesto fuera del periodo de prueba establecido en la sentencia condenatoria, puesto que -a criterio del recurrente- el plazo del periodo de prueba habría empezado a correr con la emisión de la sentencia condenatoria de primera instancia, el 27 de marzo de 2013.

10. Ahora bien, respecto de cuándo debe empezar computarse este plazo, si con la sentencia de primera instancia o con la que adquiera calidad de firme, debe tomarse en cuenta, caso por caso, cuáles son los efectos del recurso o medio impugnatorio interpuesto contra la sentencia condenatoria.

11. El presente caso se desarrolló bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales, que en su artículo 330 establecía lo siguiente:

Artículo 330.- La sentencia condenatoria se cumplirá aunque se interponga recurso de nulidad […].

12. Esto implica que, bajo la vigencia de dicha norma procesal, la sentencia condenatoria que le impuso al recurrente cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida de forma condicional por el periodo de prueba de tres años, se ejecutó al ser emitida, sin estar sujeta a la resolución de recurso o medio impugnatorio alguno.

13. Lo que significa que el periodo de prueba empezó a computarse desde la emisión de la sentencia condenatoria, Resolución 55, de fecha 27 de marzo de 2013. Cabe anotar que la situación sería diferente si es que la ejecución de la sentencia estuviese vinculada a la resolución de algún recurso o medio impugnatorio, por lo que tal situación deberá evaluarse caso por caso.

14. Ahora bien, en tanto el periodo de prueba que se consideró fue de tres años, este concluía el 27 de marzo de 2016. Sin embargo, la Resolución 94, que resuelve revocar la condicionalidad de la pena, convirtiéndola en pena efectiva de cuatro años, fue emitida el 15 de abril de 2016; es decir, fuera del plazo considerado como periodo de prueba, lo que implica una vulneración al derecho al debido proceso del recurrente, en conexión con su derecho a la libertad personal.

15. En este sentido, corresponde declarar fundada la demanda por los considerandos expuestos precedentemente y declarar la nulidad de la resolución que revocó la pena suspendida, y de su confirmatoria, a fin de que se vuelva a emitir pronunciamiento, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en la presente sentencia.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda de habeas corpus, por la vulneración al derecho al debido proceso, en conexión con el derecho a la libertad personal.

2. Declarar NULAS la Resolución 94, de fecha 15 de abril de 2016, y la Resolución 99, de fecha 2 de agosto de 2016, que la confirma.

3. ORDENAR al juzgado de origen que emita nuevo pronunciamiento, que resuelva la situación del beneficiario.

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI

Si bien concuerdo con la sentencia de autos, considero necesario señalar que la referencia a la libertad personal que se hace en la misma, debe ser entendida como libertad individual, la que, de acuerdo al artículo 200, inciso 1, de la Constitución, es la protegida por el hábeas corpus, además de los derechos constitucionales conexos, siendo la libertad individual un derecho continente, que engloba una serie de derechos de primer orden, entre los que se encuentra, por supuesto, la libertad personal o física, pero no únicamente ella; derechos que, enunciativamente, están reconocidos en los diversos incisos del artículo 33 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Estoy de acuerdo con el sentido de lo resuelto en la presente resolución; sin embargo, considero necesario efectuar las siguientes precisiones:

1. Respecto a la expresión “principios y derechos de la función jurisdiccional” que se reproduce en el fundamento 3 del proyecto, es preciso indicar que tal expresión viene recogida en el artículo 139 de la propia Constitución. Allí, como bien se recordará, se enumeran cuestiones completamente diferentes entre sí, pudiéndose anotar además que varias de ellas no tienen relación con la expresión señalada. Como voy a explicar a continuación de manera sucinta, siendo nuestra labor central la tutela de los derechos fundamentales, corresponde aquí, tal como este Tribunal lo ha hecho en otras ocasiones, apuntalar una comprensión del precepto constitucional para que, muy a despecho de su lectura literal, pueda permitirnos cumplir a cabalidad la labor garantista que se nos ha encomendado.

2. En efecto, lo primero que debemos advertir es que en dicha disposición se alude a unos supuestos “derechos (…) de la función jurisdiccional”. Al respecto, a nivel conceptual es completamente claro que ninguna “función” del Estado puede ser titular de derechos constitucionales. Asimismo, si la referencia más bien alude a alguna institución o ente del Estado, también ha quedado suficientemente explicado a nivel teórico, como en la jurisprudencia de este mismo Tribunal, que el Estado y sus diferentes reparticiones pueden reclamar principios como pautas que orientan a su labor o garantías como mecanismos para la protección del cumplimiento de sus decisiones, más no la titularidad de derechos fundamentales, siempre y cuando estas reparticiones actúen con ius imperium.

3. De otro lado, el ya mencionado artículo 139 de la Carta de 1993 tiene redundancias e imprecisiones diversas, tanto gramaticales (por ejemplo, la contenida en los incisos 14 y 15, con respecto a que “toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención”), como conceptuales. Un ejemplo de esto último se da cuando en el inciso 3 se reconoce el derecho al “debido proceso y a la tutela jurisdiccional”, y a la vez, en distintos incisos, se señalan derechos que, precisamente, forman parte del derecho al debido proceso. Me quedo en lo reseñado y no hago aquí notar en detalle la existencia de expresiones que pueden llamar a confusión, tales como la que se encuentra en el inciso 20: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional (…) El principio del derecho de toda persona a…”.

4. Por último, en dicho listado figuran cuestiones completamente distintas entre sí, y que merecerían no solo una mejor redacción sino también un trato diferenciado. Por ejemplo, aparecen allí, entremezclados, derechos constitucionales de las partes procesales en general; derechos que, de manera más específica, forman parte del derecho al debido proceso; o a garantías en favor de los jueces y el sistema de justicia.

5. En la línea de lo explicado entonces, a pesar de las imprecisiones en las cuales puede incurrir el constituyente, considero que este Tribunal Constitucional, en aras a la claridad conceptual que debe distinguir a los jueces constitucionales, debe evitar hacer mención a la expresión “principios y derechos de la función jurisdiccional”, para más bien hacer referencias más específicas y técnicamente precisas, conforme a lo que se quiera indicar en cada caso concreto.

VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ

Con el debido respeto por la decisión de mayoría, en el presente caso, estimo que la demanda debe declararse IMPROCEDENTE.

Juan Domingo Chacaltana Espinoza solicita que se declare nula la Resolución 94 del 15 de abril de 2016, que revocó la pena suspendida que le fue impuesta mediante sentencia del 27 de marzo de 2013 y dispuso que la pena de cuatro años privativa de la libertad se cumpliera con carácter de efectiva; así como nula la Resolución 99 del 2 de agosto de 2016 que confirmó la precitada resolución.

El accionante sostiene que la revocatoria de la condicionalidad de la pena se realizó cuando ya se había cumplido el período de prueba de tres años. Señala que, conforme con los artículos 293 y 330 del Código de Procedimientos Penales, la impugnación de la sentencia condenatoria no suspende sus efectos, tanto fue así que se formó el cuaderno de ejecución de sentencia que dio origen al Incidente 50, en el que se expidió la Resolución 1 del 21 de junio de 2013, por la que se realizó el primer requerimiento de pago, se amonestó y se realizaron consignaciones. Pese a ello, advierte que los magistrados superiores opinaron que el inicio del periodo de prueba se dio recién con la confirmatoria de la condena, esto es, el 23 de octubre de 2013, lo cual es arbitrario.

Sin embargo, en mi opinión, se puede apreciar que el accionante pretende que se reexamine lo resuelto acerca del cómputo del periodo de prueba impuesto por la sentencia condenatoria, lo cual no es competencia de los jueces constitucionales.

Se pretende que la judicatura constitucional se pronuncie sobre la valoración de hechos, de las pruebas y su suficiencia y de la aplicación de normas procesales penales que en principio son materias ajenas a la tutela del habeas corpus, salvo que se aprecie la vulneración de algún derecho fundamental; lo cual no se advierte.

En ese sentido, la demanda debe ser rechazarse de plano.

Acerca de la constitucionalidad del Nuevo Código Procesal Constitucional

Teniendo en cuenta que en el presente caso se aplica el Nuevo Código Procesal Constitucional, Ley 31307, publicado en el diario oficial El Peruano el 23 de julio de 2021, es mi deber de jueza constitucional dejar constancia de que dicha ley es manifiestamente contraria a la Constitución y que cuando ha sido sometida a control del Tribunal Constitucional mediante un proceso de inconstitucionalidad [Expedientes 00025-2021-PI/TC y 00028-2021-PI/TC], tres magistrados, en una motivación sin ningún sustento y tan sólo de tres párrafos, han hecho posible que dicha ley, pese a su inconstitucionalidad, se aplique sin ningún cuestionamiento.

En otras palabras, el poder de los votos y no el de las razones jurídicas ha caracterizado la historia de esta ley: el Poder Legislativo tenía los votos, así es que sin mayor deliberación e incumpliendo su propio reglamento, aprobó la ley. Luego, el Tribunal Constitucional, con tres votos que no tenían mayor justificación y alegando un argumento sin fundamento, convalidó dicho accionar del Poder Legislativo. Serán la ciudadanía, la opinión pública o la academia, entre otros, los que emitirán su punto de vista crítico para que estas situaciones no se repitan.

Un Código Procesal Constitucional, que se debería constituir en una de las leyes más importantes del ordenamiento jurídico peruano, dado que regula los procesos de defensa de los derechos fundamentales y el control del poder, tiene hoy una versión que está vigente por el poder de los votos y no de las razones jurídicas. Es claro que ello deslegitima el Estado de Derecho y en especial la justicia constitucional. Este nuevo código es inconstitucional, irrefutablemente, por vicios formales (más allá de los vicios materiales). Lo voy a exponer de modo breve.

La Ley 31307, Nuevo Código Procesal Constitucional, por ser una ley orgánica (artículo 200 de la Constitución), no se debió ser exonerada del dictamen de comisión. El artículo 73 del Reglamento del Congreso regula las etapas del procedimiento legislativo así como la excepción para que la Junta de Portavoces pueda exonerar a algunas etapas de tal procedimiento, pero además, y esto es lo más relevante, establece de modo expreso que “Esta excepción no se aplica a iniciativas de reforma constitucional, de leyes orgánicas ni de iniciativas sobre materia tributaria o presupuestal”.

Asimismo, concordante con el artículo antes citado, el artículo 31-A, inciso 2, del Reglamento del Congreso de la República, regula, entre otras competencias de la Junta de Portavoces, “La exoneración, previa presentación de escrito sustentado del Grupo Parlamentario solicitante y con la aprobación de los tres quintos de los miembros del Congreso allí representados, de los trámites de envío a comisiones y prepublicación”, y luego, expresamente, establece que “Esta regla no se aplica a iniciativas de reforma constitucional, de leyes orgánicas ni de iniciativas que propongan normas sobre materia tributaria o presupuestal, de conformidad con lo que establece el artículo 73 del Reglamento del Congreso”.

Como se aprecia, el Reglamento del Congreso, en tanto norma que forma parte del bloque de constitucionalidad, dispone que en los casos de leyes orgánicas, la Junta de Portavoces no puede exonerar del envío a comisiones en ningún supuesto. En el caso de las observaciones del Presidente de la República a la autógrafa de una proposición aprobada, éstas “se tramitan como cualquier proposición” [de ley] (artículo 79 del Reglamento del Congreso).

Por tanto, ante las observaciones del Presidente de la República a una proposición de ley correspondía tramitarla como cualquier proposición de ley y, como parte de dicho trámite, enviarla a la respectiva comisión, resultando prohibido que la Junta de Portavoces exonere del trámite de envío a comisión cuando se trata de leyes orgánicas.

En el caso del Nuevo Código Procesal Constitucional, mediante sesión virtual de la Junta de Portavoces celebrada el 12 de julio de 2021 se acordó exonerar del dictamen a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a la Autógrafa de Ley, pese a que se trataba de una ley orgánica. Esta exoneración resultaba claramente contraria al propio Reglamento del Congreso y con ello al respectivo bloque de constitucionalidad, por lo que correspondía declarar la inconstitucionalidad del Nuevo Código Procesal Constitucional por haber incurrido en vicios formales. El Congreso de la República no respetó el procedimiento de formación de la ley que el mismo fijó.

Carece de fundamento el argumento de los tres magistrados que salvaron esta ley. Ellos sostienen que conforme al último párrafo del artículo 79 del Reglamento del Congreso, el trámite de una autógrafa de ley observada por el Presidente de la República debe pasar a comisión sólo si fue exonerada inicialmente de dicho trámite, de modo que en el caso del Nuevo Código Procesal Constitucional, al haber pasado ya por una comisión dictaminadora [antes de su primera votación], podía exonerarse a la autógrafa observada de dicho código.

Este argumento de los tres magistrados es incorrecto pues dicho párrafo es aplicable sólo cuando se trata de leyes distintas a las leyes orgánicas o de reforma constitucional, entre otras. Lo digo una vez más. En el caso de las leyes orgánicas la Junta de Portavoces del Congreso de la República está prohibida de exonerar el envío a comisiones. Las observaciones del Presidente de la República a la autógrafa del Nuevo Código Procesal Constitucional debieron recibir un dictamen de la comisión respectiva y, por tratarse de una ley orgánica, no podían ser objeto de ninguna exoneración sobre el trámite a comisión.

Pese a la manifiesta inconstitucionalidad del Nuevo Código Procesal Constitucional y atendiendo a que, formalmente, una sentencia del Tribunal Constitucional, con el voto de tres magistrados, ha convalidado, en abstracto y por razones de forma, dicho código, debo proceder a aplicarlo en el caso de autos, reservándome el pronunciamiento en los casos que por razones de fondo se pueda realizar el respectivo control de constitucionalidad.

Dicho esto, mi voto entonces es por declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus en aplicación del artículo 7, inciso 1, del Código Procesal Constitucional.

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