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Determinación judicial de la pena – Las investigaciones penales son insuficientes para declarar la reincidencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
R. N. N.° 1359-2021
LIMA ESTE

Determinación judicial de la pena

La reincidencia —artículo 46-B del Código Penal— supone la individualización de la pena por encima del máximo superior de la pena legal fijada para el delito. Las investigaciones penales son insuficientes para declarar la reincidencia. Por otro lado, ubicada la pena en el tercio inferior, la tentativa como causal de disminución de punibilidad habilita la reducción de la pena en un tercio y por conclusión anticipada —bonificación procesal— en un séptimo.

Lima, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por Pedro Javier Naveda Larrea contra la sentencia expedida el veinte de julio de dos mil veintiuno por la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de San Juan de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, que lo condenó como autor del delito de robo agravado en grado de tentativa —incisos 3 y 4 del artículo 189 concordante con el artículo 16 del Código Penal—, en agravio de Esdras López Trigoso, a ocho años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 1000 —mil soles— el monto de pago solidario por concepto de reparación civil.

Intervino como ponente el señor juez supremo SEQUEIROS VARGAS.

CONSIDERANDO

Primero. Fundamentos del recurso —folios 20-21—

1.1 Interpuesto el recurso de nulidad conforme al literal a) del artículo 292 concordante con el inciso 5 del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, Naveda Larrea arguye que debe reducírsele la pena impuesta —ocho años—, pues se sometió a la conclusión anticipada.

Segundo. Fundamentos del Tribunal Supremo

2.1 Naveda Larrea fue condenado por robo agravado porque el quince de septiembre de dos mil quince, a las 18:00 horas, junto con Jéssica Gisela Fuentes Anaya, asaltó a Esdras López Trigoso —recepcionista del hospedaje El Silencio, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui 271, distrito de El Agustino—, quien estaba en su centro de labores. Para esto, el impugnante amenazó al agraviado con un cuchillo —y le causó cortes, conforme al Certificado Médico-Legal n.º 025377-L: un día de atención facultativa por seis días de incapacidad médico-legal—, mientras que Fuentes Anaya se apoderó de S/ 400 —cuatrocientos soles— y dos celulares. Ambos fugaron, pero el agraviado, junto con Edvin Portocarrero Riva, logró capturar a Fuentes Anaya, mientras que el recurrente consiguió huir.

2.2 Preliminarmente, Fuentes Anaya fue condenada por este hecho a ocho años de pena privativa de libertad y el pago de S/ 1000 —mil soles— de reparación civil, mediante la sentencia emitida el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete —Sala Superior Especializada en lo Penal Descentralizada y Transitoria de San Juan de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia de Lima Este (folios 198- 203)—. La sentenciada se sometió a la conclusión anticipada, al igual que Naveda Larrea. Por ello, las premisas fáctica y jurídica —así como el monto de la reparación civil— respecto al impugnante quedaron establecidas. Como tal, es objeto de esta nulidad el quantum de la pena.

2.3 Se advierte a folio 49 que el impugnante registra desde el dos mil uno dieciséis investigaciones por diversos delitos —lesiones, tráfico ilícito de drogas, hurto y robo agravado— y otras dos investigaciones en calidad de infractor —la primera de ellas del doce de febrero de mil novecientos noventa y ocho—. Circunstancia insuficiente para adquirir la calidad de reincidente —artículo 46- B del Código Penal—. Por lo tanto, lo expuesto en la acusación —folio 150: Naveda Larrea es reincidente— se desestima, motivo por el que la pena no puede ubicarse por encima del tercio medio —Naveda Larrea carece de antecedentes penales—.

2.4 Por otro lado, si como se expone en la acusación Naveda Larrea fuese reincidente, entonces la pena debe ubicarse por encima del límite máximo —veinte años— del delito de robo agravado. No obstante, la pena se ubicó en el tercio medio —catorce años con ocho meses y diecisiete años con cuatro meses—.

2.5 Por ello, la Sala ubicó la pena en el tercio inferior, pero valoró las investigaciones penales seguidas contra Naveda Larrea, por lo que individualizó la pena en catorce años para reducirla a ocho años, en virtud del principio de proporcionalidad, el grado de consumación del delito —tentativa— y el beneficio por conclusión anticipada.

2.6 Este Tribunal advierte que, si la pena se individualizó en catorce años, esta se reduce en tres años por concurrir una causal de disminución de punibilidad, como es la tentativa —fundamento decimosegundo del Recurso de Casación n.º 66-2017/Junín, emitido el dieciocho de junio de dos mil diecinueve—. Posteriormente, la pena se reduce en un séptimo por bonificación procesal —conclusión anticipada—, y esta se determina en un quantum superior igual o mayor a los nueve años y seis meses.

2.7 Sin embargo, proscrita la reforma en peor, la pena de ocho años impuesta por la Sala debe confirmarse. Por otro lado, esta tampoco puede reducirse a costa de desvirtuar el tipo penal —la pena máxima del delito de robo sin agravantes es de ocho años—. Como tal, al no advertirse fundamento legal en la pretensión del impugnante Naveda Larrea —disminución de la pena—, la nulidad interpuesta se desestima.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia expedida el veinte de julio de dos mil veintiuno por la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de San Juan de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, que condenó a Pedro Javier Naveda Larrea como autor del delito de robo agravado en grado de tentativa —incisos 3 y 4 del artículo 189 concordante con el artículo 16 del Código Penal—, en agravio de Esdras López Trigoso, a ocho años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 1000 —mil soles— el monto de pago solidario por concepto de reparación civil.

II. ORDENARON que se notifique a las partes procesales apersonadas en esta sede suprema.

III. DISPUSIERON que se transcriba la presente ejecutoria al Tribunal Superior de origen y que se dé cumplimiento.

Intervino el señor juez supremo Bermejo Ríos por vacaciones de la señora jueza suprema Torre Muñoz.

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