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Idoneidad del documento que contiene una declaración falsa y su eficacia para probar la concurrencia del elemento objetivo del delito de falsedad ideológica

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.° 917-2019
CAÑETE

Idoneidad del documento que contiene una declaración falsa y su eficacia para probar la concurrencia del elemento objetivo del delito de falsedad ideológica

La existencia de documento público con un contenido falso, configurará el delito de falsedad ideológica, si de su tenor se generan los efectos negativos de la declaración contenida. En el presente caso, resulta evidente que la declaración falsa emitida por el procesado en el informe se encuadra dentro del tipo penal que describe el artículo 428 del Código Penal, porque sí constituyó un documento público, cuyo tenor, contrario a la verdad, sustentó la emisión de una resolución administrativa ilegal.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, cuatro de marzo de dos mil veintidós

VISTOS: el recurso de casación excepcional (foja 162 del cuaderno de debate) interpuesto por el fiscal de la Primera Fiscalía Superior Penal de Cañete contra la sentencia de vista, del veintidós de abril de dos mil diecinueve (foja 148 del cuaderno de debate), emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cañete, que revocó la sentencia contenida en la Resolución número 5, del cinco de octubre de dos mil dieciocho (foja 85 del cuaderno de debate), que condenó a José Luis Isla Rojas como autor del delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica, en agravio del Poder Judicial, a tres años de pena privativa de libertad con el carácter de pena suspendida en su ejecución por el período de prueba de dos años; y reformándola, lo absolvió de la acusación fiscal; con lo demás que contiene.

Intervino como ponente el señor juez supremo Coaguila Chávez.

FUNDAMENTOS DE HECHO

I. Del procedimiento en primera y segunda instancia

Primero. Mediante requerimiento fiscal de acusación, del tres de noviembre de dos mil diecisiete (foja 38 del cuaderno expediente judicial), el Ministerio Público formuló acusación contra José Luis Isla Rojas por la comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica propia (artículo 428 del Código Penal), en agravio del Estado, por lo que solicitó que se le imponga la pena privativa de libertad de cuatro años, 240 (doscientos cuarenta) días-multa a razón de S/ 10 (diez soles) diarios de acuerdo con sus ingresos, y el pago de la suma de S/ 800 (ochocientos soles) por  concepto de reparación civil.

Segundo. Por sentencia contenida en la Resolución número 5, del cinco de octubre de dos mil dieciocho (foja 85 del cuaderno de debate), el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal para Delitos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción de Vehículo en Estado de Ebriedad, condenó a José Luis Isla Rojas, como autor del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica propia, en agravio del Estado- Poder Judicial, imponiéndole tres años de pena privativa de libertad con el carácter de pena suspendida en su ejecución, por el período de prueba de dos años, bajo reglas de conducta; fijó la reparación civil en el monto de S/ 800 (ochocientos soles), y ciento ochenta días-multa a razón de S/ 10 (diez soles), lo que hace un monto total de S/ 1800 (mil ochocientos soles).

Tercero. Contra la mencionada sentencia, la defensa técnica del sentenciado interpuso recurso de apelación (foja 112 del cuaderno de debate), con el propósito de que sea revocada y que, reformándola, se lo absuelva. Por auto contenido en la Resolución número 8, del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho (foja 123), se concedió el recurso de apelación con efecto suspensivo, y se dispuso que los autos se remitan al superior en grado.

Cuarto. Verificada la audiencia de control de apelación, no se incorporaron ni actuaron medios probatorios, y el procesado indicó que no declararía; la defensa y el Ministerio Público expusieron sus alegatos, según consigna el acta correspondiente (foja 146 del cuaderno de debate).

En ese sentido, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cañete, a través de la sentencia de vista contenida en la Resolución número 13, del veintidós de abril de dos mil diecinueve (foja 148 del cuaderno de debate), revocó la Resolución número 5, del cinco de octubre de dos mil dieciocho (foja 85 del cuaderno de debate), que condenó a José Luis Isla Rojas como autor del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica propia, en agravio del Estado-Poder Judicial; y, reformándola, lo absolvió de la acusación fiscal por dicho delito.

Quinto. Frente a la decisión revocatoria de la sentencia de vista mencionada, el fiscal de la Primera Fiscalía Superior Penal de Cañete interpuso el recurso de casación (foja 162 del cuaderno de debate), en el que invocó la modalidad excepcional prevista en el numeral 4 del artículo 427 del Código Procesal Penal, al cual vinculó con la causal que describe el numeral 1 del artículo 429 del Código Procesal Penal. En ese sentido, expuso lo siguiente:

5.1. Como propuestas para el desarrollo de doctrina jurisprudencial, indicó:

a) “Constituye motivación aparente al describir únicamente en la sentencia de vista, que: […] el instrumento público idóneo con relevancia nacional y oponible erga omnes, para acreditar si una persona registra antecedentes penales es el certificado judicial de antecedentes penales, emitido por una autoridad nacional que tiene como función dar fe de ello; mas no un simple informe, de modo tal, el informe N° 0013-2011-ODAJUP-PCSJCÑ/PJ, dirigido a la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cañete, en ejercicio en ese momento, no tienen la calidad de instrumento público a lo que se refiere el artículo 428 del Código Penal, por más que contenga una información falsa” (sic) .

b) “Un informe emitido por un funcionario público que contiene datos recogidos de los registros oficiales, así como la verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos objetivos que emanan de sus propios registros, constituye un instrumento público oponible a terceros, por tanto erga omnes dado que está sujeto a control posterior a iniciativa de cualquier ciudadano que no está conforme con su contenido” (sic).

c) “Un informe técnico emitido por funcionario público en uso de sus atribuciones tiene mérito probatorio en sí mismo, por tanto su contenido puede ser usado para probar el hecho que contiene, conforme así lo deja establecido los artículos 201-A y el literal b) del numeral 1 del artículo 383 del Código Procesal Penal y al principio de libertad probatoria previsto en el artículo 157 del Código citado, y su responsabilidad penal por la falsedad de su contenido se deriva del artículo 188 del Código Procesal Penal, por tanto califica como instrumento público al que contiene el artículo 428 del Código Penal” (sic).

d) “Un informe es el documento idóneo para probar la existencia o no de antecedentes penales, si su contenido es elaborado en base al registro al cual tiene acceso el funcionario público, y como tal merece fe pública de su contenido” (sic).

Precisó que la Sala Superior incurrió en motivación aparente al señalar que el instrumento público idóneo, con relevancia nacional y oponible erga omnes, para acreditar si una persona registra antecedentes penales, es únicamente el certificado judicial de antecedentes penales, emitido por una autoridad nacional que tiene como función dar fe de ello, mas no un simple informe; de modo tal que el Informe número 0013-2011-ODAJUPPSCSJCÑ/PJ, dirigido a la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cañete, en funciones en ese momento, no tiene la calidad de instrumento público a que se refiere el artículo 428 del Código Penal, por más que contenga una información falsa, emitida por un servidor o funcionario público, como lo fue el sentenciado José Luis Isla Rojas, sin realizar un desarrollo dogmático de la naturaleza de un informe de carácter técnico, emitido por un funcionario público, que sirve de base para resolver el nombramiento de un juez de paz.

5.2. Como causal de casación invocó la inobservancia de garantías constitucionales de carácter procesal (numeral 1 del artículo 429 del Código Procesal Penal), alegando que:

5.2.1. En el fundamento decimotercero de la sentencia recurrida, la garantía de la debida motivación no ha sido satisfecha, por ser escueta, vacía y de orden genérico, aplicable a cualquier caso analizado; asimismo, señaló que un informe no es oponible erga omnes ni es idóneo para los fines del artículo 428 del Código Penal, sin desarrollar la razón dogmática o normativa de las conclusiones a las que arribó y determinaron la absolución del procesado, por lo que se trata de una motivación aparente que no responde a cada agravio denunciado.

5.2.2. En los fundamentos decimosegundo y decimocuarto de la sentencia de vista, la Sala revisora expresó argumentos distintos a la sentencia de primera instancia, distintos también a los invocados en el recurso de apelación, afectando el principio de congruencia recursal, al pronunciarse sobre aquello que no fue objeto de debate, esto es que no sea un documento erga omnes, y la idoneidad del instrumento público versus la existencia de otro medio idóneo de mayor eficacia.

II. Trámite del recurso de casación

Sexto. Recibido formalmente el expediente por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, mediante decreto del dos de julio de dos mil diecinueve (foja 63 del cuaderno supremo), se dispuso correr traslado a las partes procesales por el término de ley, sin que se apersone parte alguna. Por decreto del veinticinco de mayo de dos mil veinte (foja 73 del cuaderno supremo) se señaló fecha para la calificación del recurso impugnatorio; así, mediante auto de calificación del diecinueve de junio de dos mil veinte (foja 74 del cuaderno supremo), se declaró bien concedido el recurso de casación excepcional, por las causales previstas en los numerales 1 y 3 del artículo 429 del Código Procesal Penal, contra la sentencia de vista, Resolución número 13, del veintidós de abril de dos mil diecinueve (foja 148 del cuaderno de debate), que revocó la Resolución número 5, del cinco de octubre de dos mil dieciocho (foja 85 del cuaderno de debate), que condenó a José Luis Isla Rojas como autor del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica propia, en agravio del Estado-Poder Judicial; y, reformándola, lo absolvió de la acusación fiscal por dicho delito.

Séptimo. Por decreto del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno (foja 88 del cuaderno supremo), la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, conforme a los alcances del artículo 4 de la Resolución Administrativa número 0378-2021-CE-PJ, de la misma fecha, dispuso la remisión de la presente causa a esta Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que, por decreto del nueve de diciembre de dos mil veintiuno (foja 89 del cuaderno supremo), se avocó al conocimiento de la presente causa.

Octavo. En ese sentido, estando instruidas las partes procesales de la admisión del recurso de casación, conforme al cargo de entrega de la cédula de notificación correspondiente —según cargos de notificación y constancia de Secretaría (fojas 82 y 83 del cuaderno supremo, respectivamente)—; mediante resolución del veintiuno de enero de dos mil veintidós (foja 91 del cuaderno supremo), se dispuso la realización de la audiencia de casación para el siete de febrero de dos mil veintidós, la cual se realizó mediante el aplicativo Google Hangouts Meet, con la sola presencia de la señora fiscal suprema adjunta de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal. Una vez culminada, se produjo la deliberación de la causa en sesión secreta, en virtud de la cual, tras la votación respectiva, el estado de la causa es el de expedir sentencia, cuya lectura se fijó para el cuatro de marzo de dos mil veintidós con las partes que asistan, en concordancia con el artículo 431, numeral 4, del Código Procesal Penal.

III. Fundamentos del recurso de casación

Noveno. El recurrente fundamentó el recurso de casación excepcional (foja 162 del cuaderno de debate) en el numeral 4 del artículo 427 del Código Procesal Penal, al que vincula con la causal que describe el numeral 1 del artículo 429 del código citado; frente a lo cual, el Colegiado Supremo que calificó el recurso determinó que:

9.1. Se señaló un tema específico para el desarrollo de doctrina jurisprudencial, esto es, si el informe 0013-2011-ODAJUPPSCSJCÑ/PJ emitido por el imputado en el ejercicio de sus funciones tiene la calidad de instrumento público, conforme a lo establecido por el artículo 428 del Código Penal, el mismo que contiene información falsa.

9.2. Postuló la causal prevista en el numeral 1 del artículo 429 del Código Procesal Penal, por infracción del deber de motivación de las resoluciones judiciales, y se evaluó que, adicionalmente a la causal invocada, es necesario conceder el recurso, en atención a la causal prevista en el numeral 3 de la citada norma, dado que el argumento esbozado por el recurrente se sustenta en la configuración del tipo penal de falsedad ideológica, a través de la concurrencia de los elementos objetivos. Bajo ese contexto, existe la necesidad de consolidación de la doctrina jurisprudencial respecto al delito en mención, sobre la debida interpretación de la ley penal, específicamente, la valoración del elemento “idoneidad del instrumento público” con referencia al informe emitido por el imputado, y si su contenido siendo elaborado con base al registro al que tiene acceso el funcionario, merece fe pública; al existir interés casacional en la materia señalada, corresponde emitir un pronunciamiento sobre el fondo en el caso de autos.

IV. Contexto factual de la casación

Décimo. Para ubicarse en el contexto factual que da origen a la controversia materia de grado, cabe señalar que el Ministerio Público atribuye al procesado José Luis Isla Rojas, la condición de autor del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica propia, por cuanto, el siete de marzo de dos mil once, insertó información falsa en un documento público, a fin de que dicho documento fuese empleado para favorecer a Rodrigo Genaro Casas Iturrizaga, en su elección al cargo de juez de paz del distrito de Tupe, Yauyos, encuadrando tal conducta en el tipo penal previsto para el delito de falsedad ideológica propia, en el primer párrafo del artículo 428 del Código Penal.

10.1. Circunstancias precedentes. El siete de febrero del dos mil once, cuando el procesado ejercía el cargo de jefe de Registro de Condenas de la Corte Superior de Justicia de Cañete y, a su vez, la encargatura de la ODAJUP, Cañete, durante la etapa de postulación al Juzgado de Paz del distrito de Tupe, omitió dar a conocer los antecedentes penales de Rodrigo Genaro Casas Iturrizaga, quien postulaba al cargo de juez de paz del distrito de Tupe, provincia de Yauyos, departamento de Lima; como dato antecedente al hecho objeto de imputación, se observa una actuación irregular del acusado, quien suscribió el Oficio número 142-2011-RDC-CSJCÑ/PJ, del siete de febrero de dos mil once, haciendo conocer que se remitía a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cañete los certificados de antecedentes penales de los ciudadanos Rodrigo Genaro Casas lturrizaga, Ludina Casas Vilca y Abelardo Atanacio Acevedo; sin embargo, solo anexó dos certificados, omitiendo remitir el certificado de Casas Iturrizaga.

10.2. Circunstancias concomitantes. Pese a lo referido, el acusado, que en aquel entonces era responsable de la ODAJUP Cañete, emitió el Informe número 013-2011-0DAJUP-P-CSJCÑ/PJ, del siete de marzo de dos mil once, dirigido a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cañete, donde se consignó que Rodrigo Genaro Casas Iturrizaga quien resultó electo como juez titular de Tupe, teniendo como accesitarios a Ludina Casas Vilca y Abelardo Atanacio Acevedo, no registraban antecedentes penales, lo que era falso, ya que Casas Iturrizaga si registraba antecedente, por lo que con el informe mencionado que contenía información falsa, dio lugar a que Rodrigo Genaro Casas sea designado como juez de paz de Tupe.

10.3. Circunstancias posteriores. Durante la vista de los actuados administrativos en ODAJUP, se constató que el tres de febrero de dos mil once, se obtuvo del sistema de reporte de certificados de antecedentes penales, los certificados de los ciudadanos Ludina Casas Vilca, Abelardo Atanacio Acevedo y Rodrigo Genaro Casas Iturrizaga, lo cual evidencia que en esa fecha, se obtuvo tal información, y sin embargo, se omitió remitirla a la Presidencia de la Corte Superior de Cañete, lo que se señaló expresamente en el informe anotado, insertando de este modo una información falsa, indicando que Rodrigo Genaro Casas Iturrizaga no tenía antecedentes penales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

V. Respecto a la debida motivación de las resoluciones judiciales

Undécimo. La motivación de las resoluciones judiciales constituye un principio general del ordenamiento constitucional, mediante el cual se exige al juez fundamentar coherentemente sus decisiones judiciales. Es un elemento de control de racionalidad de la administración de justicia, que afirma las bases democráticas de un Estado de derecho. Esto es, la debida motivación de las resoluciones judiciales es la garantía que tiene el justiciable frente a la posible arbitrariedad judicial. El debido proceso implica que las decisiones judiciales estén justificadas externa e internamente, es decir, que lo que se decida como consecuencia del proceso esté sustentado en razones coherentes, objetivas y suficientes, explicitadas en la resolución. Esta garantía se encuentra expresamente reconocida en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, según el cual es principio de la función jurisdiccional “La motivación escrita de las resoluciones judiciales, en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”. La motivación de las resoluciones judiciales: a) se aplica a todos los casos en que se deciden cuestiones de fondo, b) es un mandato dirigido a todos los jueces de las diversas instancias, c) implica la obligatoriedad de fundamentar jurídica (fundamentos de derecho) y fácticamente (fundamentos de hecho) la decisión; y d) la motivación de decisiones judiciales de fondo debe hacerse por escrito1.

VI. Respecto al delito de falsedad ideológica

Duodécimo. En torno a las notas propias que permiten conceptualizar a este delito, en la jurisprudencia encontramos que:

El artículo 428 del Código Penal estatuye lo siguiente: “El que inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio” […].

Se está ante el tipo delictivo de falsedad ideológica, cuyo bien jurídico, como todos los delitos de falsedad documental, es la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico, en la medida que este desarrolla tres funciones jurídicas: función probatoria del negocio jurídico que el documento refleja, función relacionada con la seguridad que brinda el documento respecto a la identidad del emisor de la declaración que contiene; y, función de perpetuación de la declaración documentada, para que pueda ser controlada por terceros (GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen y otro: Manual de Derecho Penal-Parte Especial, tercera edición, Editorial San Marcos, Lima, 1997, p. 624. STSE 73/2010, del diez de febrero). Esta forma de falsedad se presenta cuando existen en un acto, incluso exteriormente verdadero, declaraciones mendaces. El documento no es falso en sus condiciones de existencia, sino que son falsas las ideas que en él se quieren afirmar como verdaderas. La falsedad, en este caso, no está en función a la autenticidad del documento, sino a la verdad o no verdad del documento (FONTÁN BALESTRA, Carlos: Tratado de Derecho Penal. Tomo VII, segunda edición, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1980, p. 561).

Constituye exigencia común en todas las formas de falsedad documental la de que de ella pueda resultar perjuicio —es lo que se denomina “perjuicio posible”—. En el caso de la falsedad ideológica, además de exigirse la pertinencia de la falsedad a un aspecto esencial del documento, requiere también en forma expresa la posibilidad de perjuicio; esto es, la aptitud para dañar, lo que es más evidente en documentos públicos que se caracterizan por valer por sí mismos (SOLER, Sebastián: Derecho Penal Argentino, Tomo V, Editorial Tipográfica Editora Argentina, novena reimpresión, Buenos Aires, 1983 pp. 360 a 362).

Ello significa que este delito es de riesgo o de peligro. La posibilidad de perjuicio, en cuanto se pueda afectar un bien jurídico determinado, no necesariamente patrimonial, se erige en un elemento del tipo objetivo. El fundamento de esta concepción jurídica del referido delito de falsedad ideológica tiene como finalidad configurar la idoneidad de la creación de un riesgo no permitido materializado en la falsificación, que debe reunir antes del ingreso al tráfico jurídico, esto es, que el riesgo creado esté en condiciones y en la aptitud de producir un determinado daño (CASTILLO ALVA, José Luis: La falsedad documental, Jurista Editores, Lima, 2001, pp. 194 y 200. Ejecutoria Suprema número 4761-2006/Lima). Así las cosas, el delito de falsedad documental es un delito de peligro, no de lesión, que se consuma cuando se produce la alteración de la verdad y no requiere que esa alteración haya producido sus efectos en el tráfico jurídico, bastando con la puesta en peligro, en virtud de la variación producida en la realidad documentada (STSE 639/2012, de diecisiete de julio).

El dolo falsario se presenta cuando el autor haya sabido del riesgo concreto que su acción, de trastocar la realidad, generaba respecto de la alteración de la función que cumple el documento público —el autor sabe que no dice la verdad—. Es irrelevante que el daño llegue a causarse o no2.

12.1. Por otro lado, en cuanto al efecto perjudicial que puede generar un documento público con un inserto falso, igualmente existe posición jurisprudencial como la que a continuación se glosa:

El delito de falsedad ideológica no es un delito de resultado, sino un delito de peligro, por lo que la técnica legislativa utilizada en este tipo penal responde a esta clase de delitos. En este sentido, la naturaleza jurídica referida a la técnica “si de su uso puede causar algún perjuicio” o también denominada “la posibilidad de causar perjuicio”, pertenece a los elementos objetivos de este delito. El fundamento radica en que dicho elemento objetivo tiene como finalidad configurar la idoneidad de la creación de un riesgo no permitido materializado en la falsificación, que debe reunir antes del ingreso al tráfico jurídico, esto es, que el riesgo creado esté en condiciones y en la aptitud de producir un determinado daño, de lo que se concluye que la función que cumple la posibilidad de perjuicio, se encuentra íntimamente relacionado con la acción típica de crear un documento falso o adulterar uno verdadero3.

12.2. Finalmente respecto a la calidad de documento público o privado, la Corte Suprema ha señalado en la Casación 1118-2016 Lambayeque, que el tipo penal de falsedad ideológica sanciona a quien realiza el comportamiento típico sobre un documento que debe tener la característica de público. Precisamente, tal rasgo fundamenta el mayor reproche del injusto descrito en el tipo penal antes indicado. El carácter público del documento no se determina por la finalidad probatoria de él, sino por cómo se origina. En nuestro sistema, tal carácter es definido por la norma prevista en el artículo 235 del Código Procesal Civil, el cual establece entre otro que es documento público el otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Se indica también que es necesario que la autoridad que lo haya suscrito sea competente para dar fe de los hechos que se manifiestan en el instrumento. Tal situación permitirá dar al documento un efecto erga omnes (‘oponible a terceros’), brindando mayor seguridad jurídica.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Decimotercero. En el presente caso, es de precisar que el argumento impugnatorio del procesado expuesto en su recurso de apelación, se basó en que la sentencia de primera instancia contenía una motivación incompleta, para evidenciar una declaración falsa insertada en el documento público, y que no tenía la condición de funcionario público al emitir el cuestionado Informe número 013-2011-ODAJUP-P-CSJCÑ/PJ, del siete de marzo de dos mil once (foja 100 del cuaderno expediente judicial.

Decimocuarto. No obstante ello, la Sala de Apelaciones de Cañete sostiene en la sentencia de vista recurrida (decimocuarto considerando), que la conducta del sentenciado José Luis Isla Rojas, que insertó una declaración falsa en un informe dirigido a la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cañete respecto a Rodrigo Genaro Casas Iturrizaga, candidato para juez de paz de Tupe (Yauyos), no constituye documento público idóneo y oponible erga omnes, para acreditar la existencia de antecedentes penales en dicho candidato, como si lo es el certificado judicial de antecedentes penales, documento público que debía ser emitido por una autoridad nacional, a quien se le reserva el derecho de dar fe de ello.

Decimoquinto. La afirmación del Colegiado Superior respecto a la naturaleza jurídica del certificado de antecedente penales es correcta, pues se trata del documento público por excelencia para informarse sobre las sentencias de contenido penal impuestas a una persona, no hay discusión en ello; sin embargo, esta afirmación no se condice con lo que aquí es materia de controversia, que es la declaración falsa contenida en el documento emitido por el procesado, quien como ha quedado acreditado, se desempeñaba como jefe de Registro de Condenas de la Corte Superior de Justicia de Cañete y, a su vez, ejercía la encargatura de la ODAJUP Cañete; entonces, la aseveración de que el Informe número 013-2011-ODAJUP-P-CSJCÑ/PJ no se trata de un documento idóneo oponible erga onmes, en nada desvirtúa la declaración falsa inserta en un documento público, teniendo tal calidad, porque fue expedido por funcionario en ejercicio de sus funciones, y que como se ha indicado en las referencias doctrinales y jurisprudenciales citadas en considerandos precedentes, ya configura el delito de peligro que describe el artículo 428 del Código Penal.

Decimosexto. Otro aspecto que no se puede soslayar, es la utilización del documento, es así que el acotado Informe número 013-2011-ODAJUP-P- CSJCÑ/PJ, del siete de marzo de dos mil once (foja 100 del cuaderno expediente judicial), emitido por el procesado y dirigido a la entonces presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cañete, cuyo tenor tenido como cierto, fue empleado para sustentar la Resolución Administrativa número 009-2011- ODAJUP-P-CSJCÑ/PJ, emitida por la presidenta antes mencionada, por la cual se declaró válida la designación de Rodrigo Genaro Casas Iturrizaga como juez del Juzgado de Paz de Tupe; lo cual evidencia que la declaración falsa generó efectos perjudiciales graves.

Decimoséptimo. En consecuencia, resulta indudable que la declaración falsa emitida por el procesado en el informe mencionado se encuadra dentro del tipo penal que describe el artículo 428 del Código Penal, porque sí constituyó un documento público cuyo tenor, contrario a la verdad, derivó a la emisión de una resolución administrativa ilegal.

Decimoctavo. Consiguientemente, resulta evidente que se ha transgredido el principio de motivación e indebida aplicación de norma material, lo que contravino la legalidad de la sentencia de vista respectiva.

Decimonoveno. En sentido, precisamos que en la sentencia de primera instancia, del cinco de octubre de dos mil dieciocho, se estableció, que el acusado José Luis Isla Rojas, insertó declaración falsa en instrumento público que no correspondía a la realidad, toda vez que la persona de Rodrigo Genaro Casas Iturrizaga, si registraba antecedentes penales por el delito de violación sexual, hecho por el cual fue condenado a dos años de pena privativa de libertad. La sentencia de primera instancia, se sustentó en prueba documental oralizada, de cuya valoración conjunta se acredita la imputación formulada por el Ministerio Publico, enervando la presunción de inocencia del procesado, a través de un fundamento razonado y circunstanciado que justifica la decisión de condena.

Por ello, siguiendo lo previsto en el artículo 433, numeral 2, del Código Procesal Penal, se casará la sentencia de vista correspondiente y, actuando en sede de instancia, sin reenvío, se confirmará la sentencia de cinco de octubre de dos mil dieciocho, que condenó a José Luis Isla Rojas como autor del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica.

De este modo, de la citada resolución –sentencia de primera instancia- se evidencia que se trata de una decisión suficientemente comprensible, en la que se esgrimieron motivos lógicos y razonables, por lo que se mantiene indemne.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON FUNDADO el recurso de casación excepcional (foja 162 del cuaderno de debate), interpuesto por el fiscal de la Primera Fiscalía Superior Penal de Cañete contra la sentencia de vista, del veintidós de abril de dos mil diecinueve (foja 148 del cuaderno de debate), emitida por Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cañete.

II. En consecuencia, CASARON la sentencia de vista, del veintidós de abril de dos mil diecinueve (foja 148 del cuaderno de debate), que revocó la sentencia contenida en la Resolución número 5, del cinco de octubre de dos mil dieciocho (foja 85 del cuaderno de debate), que condenó a José Luis Isla Rojas como autor del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica, en agravio del Poder Judicial, a tres años de pena privativa de libertad con el carácter de pena suspendida en su ejecución por el período de prueba de dos años, bajo reglas de conducta; con lo demás que contiene; y, reformándola, lo absolvió de la acusación fiscal; y, ACTUANDO COMO SEDE DE INSTANCIA, CONFIRMARON la sentencia contenida en la Resolución número 5, del cinco de octubre de dos mil dieciocho (foja 85 del cuaderno de debate), que condenó a José Luis Isla Rojas como autor del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica, en agravio del Poder Judicial, a tres años de pena privativa de libertad con el carácter de pena suspendida en su ejecución por el período de prueba de dos años bajo reglas de conducta; fijó en ciento ochenta días-multa, que asciende a la suma de S/ 1800 (mil ochocientos soles) y fijó la reparación civil en la suma de S/ 800 (ochocientos soles) a favor de la parte agraviada.

III. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria sea leída en audiencia pública; acto seguido, se notifique a todas las partes personadas en esta Sede Suprema y se publique en la página web del Poder Judicial.

IV. MANDARON que, cumplidos estos trámites, se devuelvan los actuados al Tribunal Superior de origen y se archive el cuaderno de casación en esta Suprema Corte. Hágase saber.


1 Sala Penal Permanente. Casación número 1382-2017-Tumbes, del diez de abril de dos mil diecinueve; fundamento jurídico octavo.
2 Sala Penal Permanente. Ejecutoria del dieciséis de septiembre de dos mil veinte, recaída en el Recurso Casación número 1722-2018-Puno, segundo fundamento de derecho.
3 Sala Penal Permanente, ejecutoria del cinco de mayo de dos mil once, recaída en el Recurso de Casación número 150-2010-La Libertad, sexto fundamento jurídico.

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