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Homicidio calificado : Sindicación de coimputado y garantías de certeza – Importancia del título de intervención delictiva

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
NULIDAD N.° 976-2019
SELVA CENTRAL

SINDICACIÓN DE COIMPUTADO Y GARANTÍAS DE CERTEZA. IMPORTANCIA DEL TÍTULO INTERVENCIÓN DELICTIVA: INSTIGACIÓN, AUTORÍA MEDIATA O COAUTORÍA.

Cuando estamos ante una versión incriminatoria de un coimputado sobre un acontecimiento de otro coimputado, y que se trata de hechos orientados a una finalidad criminal, esa incriminación tendrá entidad probatoria para enervar la presunción de inocencia que le protege al acusado, si es que cumple con las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116.

En el presente caso, la sindicación cumplió con esas garantías, mientras que la tesis de defensa del recurrente no tuvo sustento; de modo que, está demostrada su responsabilidad penal.

Lima, veintiocho de junio de dos mil veintiuno

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por el sentenciado Avadias Aira Contreras y el representante del Ministerio Público, contra la sentencia del cinco de octubre de dos mil dieciocho (fs. 859 a 877), en los extremos que condenó al referido acusado como autor mediato por el delito de homicidio calificado –—alevosía—- (previsto en el inciso 3, del artículo 108, del Código Penal), en perjuicio de Juan Édgar Armas Cornejo, e impuso quince años de pena privativa de libertad, y fijó la suma de doscientos mil soles por reparación civil.

Intervino como ponente el juez supremo Guerrero López.

CONSIDERANDO

PRIMERO. ANTECEDENTES PROCESALES

Con fecha veintiocho de diciembre de dos mil quince, el recurrente Avadias Aira Contreras –—fs. 704 a 719—- fue absuelto por la Segunda Sala Mixta y Liquidadora de La Merced de la Corte Superior de justicia de Junín, resolución que al ser impugnada fue declarada NULA, mediante Ejecutoria Suprema de fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete y se dispuso la realización de un nuevo juicio oral.

SEGUNDO. IMPUTACIÓN FÁCTICA

2.1 El veinticinco de julio de dos mil catorce, el sentenciado Ángel Rivas Soto, alias Demonio, acudió a la vivienda del agraviado Juan Édgar Armas Cornejo, conocido como Cutupa, en la asociación de vivienda Playa Escondida mz. Ñ, lote 09-Pichanaki, le solicitó el servicio de mototaxi a fin de recoger un paquete, ello con el fin de sacarlo de su vivienda y una vez dentro del motocar le indicó que recogieran a un amigo de nombre Wilfredo Demetrio Sembron Claudio, alias Tripa, en el parque central de Pichanaki; al recogerlo se dirigieron por la carretera conducente al anexo de Alto Pichanaki, al pasar la cadena de control le señaló al agraviado que ahí era el lugar donde recogería el paquete; disminuyendo el agraviado la velocidad.

2.2 Esto fue aprovechado por esas dos personas, quienes proveídos de armas de fuego victimaron al agraviado, siendo que Wilfredo Demetrio Sembron Claudio, coge del hombro al agraviado, lo hace bajar de la mototaxi apuntándolo con un arma de fuego colocado por debajo de sus axilas diciéndole: me has hecho caer (…) cuando robé la farmacia y ahora quieres hacer caer al Perico y al Escopeta, el agraviado respondió: no trabajo con la policía no te hecho caer, a lo que el sentenciado Ángel Rivas agregó diciendo: por soplón (…), y disparó directamente en la cabeza del agraviado. Asimismo, con la ayuda de su coacusado, lo colocaron dentro del mototaxi, le disparó otro balazo en la cabeza, mientras que Wilfredo Demetrio realizó un disparo al parabrisa de la moto con la finalidad de que se piense que el agraviado se defendió.

2.3 Se tiene que el procesado Avadias Aira Contreras, alias “Escopeta o Machete”, y David Hernán Ccorahua Orihuela, alias “Perico”, participaron en condición de instigadores, pues el diecinueve de julio de dos mil catorce -—una semana antes de suscitado los hechos—, se reunieron en la ciudad de Huancayo para contratar a los citados autores directos, entregándoles como señal de adelanto armas de fuego (revolver grande de cañón largo y pistola con cacerina color negro de regular tamaño), y la suma de trescientos soles, que fue recibido por el sentenciado Ángel Rivas para solventar los gastos del acuerdo criminal pactado.

TERCERO. FUNDAMENTOS DE LOS IMPUGNANTES

3.1. El sentenciado Avadias Aira Contreras, al fundamentar el recurso de nulidad (fs. 883 a 904), alegó lo siguiente:

a) El Colegiado no realizó una correcta y adecuada valoración probatoria, pues los cargos denunciados se basan en especulaciones y presunciones carentes de contenido penal; además, no advirtió la carencia de medios probatorios sobre la responsabilidad penal del recurrente. En la sentencia recurrida se tienen en cuenta elementos de juicio recaudados en el proceso, pero no sometidos a contradicción en el juicio tales como el Atestado N.° 032-2014, acta de inspección técnico policial y otros (detalla un total de 28 medios de investigación). En todo caso, señala dichos medios de investigación no lo vinculan. Finalmente, en este ámbito de la evaluación probatoria, aduce que sus medios probatorios válidamente obtenidos en juicio oral (no especifica), no se han valorado en sentido alguno.

b) La sentencia transgrede el principio de legalidad ya que su conducta no corresponde a la de un instigador, como fue materia de acusación, por lo que, se le debió de absolver; pero, la Sala prefirió condenar por autoría mediata, afectándose su derecho de defensa y a pesar que cita el R.N. 211-2015/Áncash no explica en modo alguno, que modalidad de autoría mediata sería aplicable al caso.

c) El monto de reparación civil fijado en la sentencia, no se encuentra debidamente justificado, pues no se ha desarrollado el tipo de daño, la antijuricidad, ni los criterios para fijar el monto resarcitorio.

3.2. El representante del Ministerio Público, al fundamentar el recurso de nulidad (fs. 908 a 909), sostuvo que no se encuentra conforme con la pena individualizada, y la Sala no justificó las razones mínimas de su decisión para imponer el extremo mínimo legal.

CUARTO. CUESTIÓN PRELIMINAR

4.1. La prueba es aquella actividad de carácter procesal, cuya finalidad consiste en lograr la convicción del juez acerca de la exactitud de las afirmaciones de hecho operadas por las partes en el proceso1. En ese sentido, como expresa Talavera citando a Jordi Ferrer, “una concepción racionalista acerca de la prueba, consiste en: a) la averiguación de la verdad como objetivo institucional de la actividad probatoria; b) la aceptación del concepto de verdad como correspondencia; c) el recurso a metodologías y análisis propios de la epistemología general para la valoración de la prueba, sin desconocer la concurrencia de algunas normas jurídicas como criterios racionales para la valoración dentro de un sistema de libre apreciación”2.

4.2. Cuando estamos ante la versión incriminatoria de un coimputado sobre un hecho de otro coimputado, y que a la vez se trata de hechos propios que ellos mismos cometieron en conjunto, esa incriminación puede tener entidad probatoria de quebrantar la presunción de inocencia que le protege al sindicado; para ello, esta debe ser analizada a la luz del Acuerdo Plenario N.° 02-2005/CJ-116, en la cual se estableció las garantías de certeza que la sindicación debe cumplir, estas son:

a) Desde la perspectiva subjetiva, ha de analizarse la personalidad del coimputado, en especial sus relaciones con el afectado por su testimonio. También es del caso examinar las posibles motivaciones de su delación, que éstas no sean turbias o espurias: venganza, odio, revanchismo, deseo de obtener beneficios de cualquier tipo, incluso judiciales, que por su entidad están en condiciones de restarle fuerte dosis de credibilidad. Asimismo, se tendrá el cuidado de advertir si la finalidad de la declaración no sea, a su vez, exculpatoria de la propia responsabilidad.

b) Desde la perspectiva objetiva, se requiere que el relato incriminador esté mínimamente corroborado por otras acreditaciones indiciarias en contra del sindicado que incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa, aún de carácter periférico, que consolide su contenido incriminador.

c) La coherencia y solidez del relato del coimputado; y, de ser el caso, aunque sin el carácter de una regla que no admita matizaciones, la persistencia de sus afirmaciones en el curso del proceso. El cambio de versión del coimputado no necesariamente la inhabilita para su apreciación judicial, y en la medida en que el conjunto de las declaraciones del mismo coimputado se hayan sometido a debate y análisis, el juzgador puede optar por la que considere adecuada.

Debemos precisar, que la carencia de alguna de estas, implica la imposibilidad de que la sindicación pueda enervar el referido principio constitucional.

QUINTO. OPINIÓN DE LA FISCALÍA SUPREMA EN LO PENAL

La Fiscalía Suprema en lo penal mediante Dictamen N.° 166-2019-MP-FN-SFSP emite opina se declare NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida.

SEXTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

6.1. El sentenciado Ángel Rivas Soto, en presencia de su abogado defensor particular y el representante del Ministerio Público, declaró a nivel preliminar en dos oportunidades (fs. 36 a 38 y 305 a 308, respectivamente), relatando cómo se suscitaron los hechos imputados en los cuales participó conjuntamente con las personas conocidas como “Tripa”, “Escopeta o Machete” y “Perico” —en ese momento dijo que desconocía sus nombres, pero los había conocido en una invasión en Huamancaca Grande en los primeros días de julio de 2014, donde estuvo trabajando en la construcción de una casa y ahí trabajaban ellos-; también sabía que tenían familia y vivían en Pichanaki-, precisando que estos dos últimos fueron quienes, días antes de los hechos y en Huancayo, lo contrataron junto con “Tripa” para dar muerte al agraviado en Pichanaki —refirió que el motivo de ese plan criminal era porque el agraviado estaba trabajando con la Policía y los había “echado” a todos, incluido a “Tripa”, en actos delictivos anteriores que habían cometido esas tres personas-; para ello, “Escopeta o Machete” les entregó las armas de fuego y un dinero —indicó que a él le dieron ese día cien soles, luego le entregaron más dinero, haciendo un total de trescientos soles; desconociendo cuanto le dieron a “Tripa”-.

Luego, en la diligencia de reconocimiento de ficha Reniec (fs. 310 a 311), el referido confesó, ante el fiscal y a la vista de 12 fichas de personas distintas, reconoció a estas tres personas como: el recurrente Avadias Aira Contreras (a) “Escopeta”, Wilfredo Demetrio Sembron Claudio (a) “Tripa” y David Huamán Ccorahua Orihuela (a) “Perico”; volviendo a precisar que a ellos los conoció en Huancayo y recién se entera de sus nombres.

Se tiene, por tanto, que el sentenciado Ángel Rivas Soto efectuó una sindicación incriminatoria contra el recurrente Avadías Aira Contreras. Se debe precisar que se tiene como hecho probado la materialidad del delito y la responsabilidad penal de Ángel Rivas Soto (como autor inmediato o directo), quien fue condenado mediante sentencia del veintiocho de diciembre de dos mil quince (fs. 704 a 719), decisión que ha quedado firme en ese extremo y constituye cosa juzgada.

6.2 En ese sentido, la versión incriminatoria del referido sentenciado contra el recurrente, sobre hechos que, según él, lo cometieron de la forma y con los detalles relatados, será analizada a la luz del Acuerdo Plenario N.° 02-2005/CJ- 116, para verificar el cumplimiento de las garantías de certeza que en ella se estableció; conforme se indicó en el considerando 4.2. de la presente resolución. Así tenemos que:

a) Desde la perspectiva subjetiva, no se acreditó que esa sindicación del condenado confeso fuese motivada por cuestiones de odio, rencor o venganza contra el procesado recurrente, originados por un acontecimiento anterior al que se está imputando3, razón por la cual, se cumple esta primera garantía.

b) Desde la perspectiva objetiva, tenemos que la sindicación resulta ser verosímil, pues se encuentra corroborada con elementos periféricos que la dotan de aptitud probatoria. En ese sentido, existen los siguientes elementos de juicio:

i. Acta de reconocimiento de ficha Reniec (fs. 310 a 311), del sentenciado Ángel Rivas, quien ante el fiscal y a la vista de 12 fichas de personas distintas, reconoció al recurrente Avadias Aira Contreras con el apelativo de “Escopeta”, a Wilfredo Demetrio Sembron Claudio; y, a David Huamán Ccorahua Orihuela, con los apelativos de “Tripa” y “Perico”, respectivamente. Asimismo, cabe señalar que, en forma previa al reconocimiento, el sentenciado describió, en ese acto, las características físicas de las personas que iba reconocer. Por lo que, se cumplió con el procedimiento previsto en el artículo 143 del Código de Procedimientos Penales.

ii. Acta de confrontación entre el sentenciado Ángel Rivas y el recurrente Avadias Aira (fs. 471 a 472); en el cual el sentenciado volvió a indicar que a esta persona lo conoce como “Escopeta” y fue quien lo contrató para que cometiera el asesinato en perjuicio del agraviado, habiéndole entregado un dinero como parte del pago por ese trabajo ilícito.

iii. Acta de confrontación entre el sentenciado Ángel Rivas y el procesado David Ccorahua Orihuela (fs. 473 a 474); los dos indicaron que tienen el apelativo de “Demonio” y “Perico”, respectivamente, y que trabajaron juntos en Huancayo para una obra de construcción; tal como había señalado el citado confeso en sus declaraciones preliminares, esto es, que antes de los hechos trabajó en Huancayo en la construcción de una casa, y ahí es donde conoce al recurrente y a los conocidos como “Perico” y “Tripa”.

iv. Acta de confrontación entre el sentenciado Ángel Rivas y el procesado Wilfredo Sembron (fs. 485 a 486); el sentenciado volvió a señalar que fue contratado por el recurrente, conocido como “Escopeta”, para que se diera muerte al agraviado.

v. Reporte de llamadas del número de celular 971 620 392 (fs. 491 a 517), que le pertenece al procesado Wilfredo Sembron, alias Tripa, conforme él mismo lo admitió en su instructiva (fs. 475 a 480); con el que se puede evidenciar las llamadas efectuadas entre el sentenciado Ángel Rivas y el recurrente, antes, durante y después de los hechos imputados.

vi. Acta de lectura de memoria de celular (fs. 92 a 97), del sentenciado Ángel Rivas, ante el fiscal; se puede apreciar que tiene como contactos a “Machete” –—976 485 698–—, “Perico” –—964 423 973—-, “Perico2” –—985 859 109—-, “Tripa2” –—986 384 384—- y “Tripa” –—971 620 392—-. Por su parte los procesados David Ccorahua y Wilfredo Sembron reconocieron (fs. 324 a 331 y 475 a 480, respectivamente) esos números de celular registrados con sus apodos “Perico”, “Perico2” y “Tripa”, respectivamente, como suyos. Asimismo, el procesado David Ccorahua señaló en su declaración preliminar (fs. 324 a 331) que el celular 976 485 698 le pertenece al recurrente conocido como “Escopeta o Machete”, y así se puede apreciar en el acta de lectura de memoria del celular 964 423 973, que le pertenece al procesado David Ccorahua (folios 339 a 342), quien tenía registrado el número 976 485 698 a nombre de Avadias, que es el nombre del recurrente. Por lo que, se corrobora la versión del sentenciado confeso sobre la cercanía entre él y el recurrente.

En ese sentido, no es cierto lo manifestado por el impugnante, quien en su instructiva (fs. 436 a 440) señaló no tener celular, y que su amigo David Ccorahua se comunicaba con él por medio del celular de su esposa; máxime, si este coacusado señaló (fs. 441 a 442) que el mismo recurrente fue quien le dio un número de celular –—976 485 698—- y el de su esposa, que es otro número.

vii. Declaración del procesado David Ccorahua (fs. 324 a 331 y 441 a 442), reconoció que su apelativo es “Perico” y trabajó con el sentenciado Ángel Rivas en Huamancaca Grande-Huancayo, en una construcción entre junio y julio de dos mil catorce, y en esa fecha también participó en invasiones de terrenos de dicha localidad junto con el recurrente hasta fines de julio de dos mil catorce. También admite que contrataron al sentenciado confeso para que trabaje como ayudante de construcción de una casa en esa localidad y en esa época.

c) En cuanto a la persistencia en la incriminación, apreciamos que el sentenciado Ángel Rivas mantuvo la sindicación contra Avadias Aira Contreras hasta en su declaración instructiva (fs. 161 a 164), donde volvió a ser contundente respecto que el referido procesado fue quien los contrató para que dieran muerte al agraviado; además, precisó que entre sus coacusados tuvieron comunicación telefónica. Asimismo, se advierte de la propia versión incriminatoria una narración coherente y lógica, detallando los datos de tiempo y espacio de cómo se desarrollaron los actos de ideación, decisión, preparación, ejecución y consumación. Por tanto, esta última garantía de certeza también se cumple. Más adelante complementaremos esta premisa.

6.3 Aunado a ello, tenemos que el recurrente Avadias Airas Contreras, indicó (fs. 332 a 338; no declaró en juicio pues se reservó a declarar) ser inocente y que solo conoce a su coencausado David Ccorahua y al agraviado, además, reconoció haber laborado en Huamancaca Grande entre junio y julio de dos mil catorce en una obra de construcción con su coencausado; pero, no admite haber participado en una invasión realizada en esa localidad y niega que el celular 976 485 698 sea de él. Al respecto, este Tribunal Supremo estima que la tesis de defensa del acusado no se encuentra respaldada, por el contrario, existen suficientes medios probatorios que desvirtúan su versión exculpatoria; de modo que, al no ser verosímil, constituye un argumento de defensa –—no sustentado suficientemente—- tendiente a evadir su responsabilidad penal por estos hechos.

6.4 Con lo expuesto, la sindicación del sentenciado Ángel Rivas cumple con las garantías de certeza del Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116 lo que también ha sido adecuadamente sustentado en la sentencia recurrida en su octavo considerando; y al no tener sustento la tesis de defensa del recurrente, este Tribunal Supremo llega a la convicción que está acreditada la responsabilidad del referido acusado.

En ese sentido, si bien es cierto el sentenciado Ángel Rivas en juicio oral pretendió liberar de responsabilidad al recurrente, ya en el fundamento cinco del Recurso de Nulidad N.º 3044-2004/Lima, expedido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, se destacó que el Tribunal tiene libertad para conceder mayor valor o menor fiabilidad a las declaraciones de los coencausados, según razones específicas. Así, se expresó:

(…), es de dejar sentado como doctrina general que cuando se trata de testigos o imputados que han declarado indistintamente en ambas etapas del proceso penal, en la medida en que la declaración prestada en la etapa de instrucción se haya actuado con las garantías legalmente exigibles —situación que se extiende a las declaraciones en sede policial, siempre que se cumpla lo expresamente estatuido en la norma habilitante pertinente referido a la presencia del fiscal y, en su caso, del abogado defensor—, el Tribunal no está obligado a creer aquello que se dijo en el acto oral, sino que tiene libertad para conceder mayor o menor fiabilidad a unas u otras de tales declaraciones, pues puede ocurrir, por determinadas razones —que el Tribunal debe precisar cumplidamente—, que ofrezca mayor credibilidad lo declarado en la etapa de instrucción que lo dicho después en el juicio oral, en tanto dicha declaración se haya sometido al acto de contradicción con las de igualdad, publicidad e inmediación y trasunta una mayor verosimilitud y fidelidad —cumplimiento, en su esencia, de los requisitos de legalidad y contradicción—.

Por esa razón, el Colegiado Superior valoró adecuadamente las declaraciones de Rivas —con corroboraciones periféricas ampliamente sustentadas—; y, en consecuencia, la condena recurrida se encuentra arreglada a ley y al mérito de lo actuado, máxime, si en el juzgamiento se cumplió con someter al contradictorio el conjunto de medios de investigación obtenidos en sede preliminar y de instrucción, como consta en el acta de sesión de fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho (fs. 827 a 830) y como se reconoce en el propio escrito de impugnación —página 5 último párrafo— en el que se indica “solo se desarrolló en juicio oralización4 de piezas y alegatos”. La oralización de la prueba prevista en el artículo 262 del Código de Procedimientos Penales concordante con otros dispositivos como los artículos 253 y 321 del acotado cuerpo normativo, es precisamente una fase procesal —que se lleva a cabo en el juicio—- para garantizar el contradictorio. El detalle de la oralización de los medios de investigación es el siguiente:

La fiscal superior dijo: solicito que se oralicen las siguientes piezas procesales: a) de fojas 14 a 15 la manifestación de Flavio Armas Taype quien señala que el agraviado occiso Juan Édgar Ramos Cornejo era su hijo quien trabajaba como mototaxista en Pichanaki; b) la declaración de Fausta Inés Verastegui Mellado de fs. 16 a 19; c) la ampliación de la declaración de Fausta Inés Verastegui Mellado de fs. 20 a 25; d) la declaración de Rolando Yantas Huaranga de fs. 27 a 31 y siguientes; e) la manifestación de Juan Carlos Gonzales Gallardo de fs. 32 y siguientes; f) la manifestación de Ángel Rivas Soto de fs. 36 y siguientes; g) la declaración de Gerson Santico Aurelio de fs. 43; h) el acta de inspección técnico policial de fs. 44 y siguientes; i) el paneum fotográfico de fs. 46 y siguientes; j) el acta de reconstrucción policial de fs. 61 y siguientes; k) el acta de entrevista y constatación de fs. 64 y siguientes; l) el acta de registro domiciliario de fs. 69 y siguientes; m) el acta de estudio de la escena del crimen y levantamiento de cadáver de fs. 70 y siguientes; n) el acta de reconocimiento de ficha de Reniec de fs. 78 y siguientes; o) el acta de lectura del teléfono hallado al occiso de fs. 86 al 91; p) el acta de deslacrado y lectura de celular a fs. 92 y siguientes; q) el acta de registro personal de fs. 102 realizado a Ángel Rivas Soto; r) el certificado de defunción del agraviado de fs. 119; s) el acta de necropsia del agraviado de fs. 120 y siguientes; t) el dictamen pericial de balística forense de fs. 130 y siguientes; u) el protocolo de necropsia de fs. 134; v) el acta de entrevista de Ángel Rivas Soto de fs. 135 y siguientes; w) el acta de reconocimiento de fs. 310 y siguientes.; x) la manifestación de David Hernán Ccorahua Orihuela de fs. 324 y siguientes; y) la manifestación de Avadias Aira Contreras de fs. 332 y siguientes; z) la carta emitida por la empresa telefónica de fs. 343 y siguientes; aa) el certificado médico de Avadias Aira Contreras de fs. 442; ab) el certificado de antecedentes penales de fs. 424 y siguientes; ac) la instructiva de Ángel Rivas Soto de fs. 161 y siguientes; ad) el protocolo de pericia psicológica de Ángel Rivas Soto de fs. 166 y siguientes; ae) el protocolo pericial forense de fs. 170; af) el dictamen pericial de ingeniería forense de fs. 181; ag) el dictamen pericial de balística forense de fs. 184 y 187; ah) la instructiva de Avadias Aira Contreras de fs. 434 y siguientes; ai) la instructiva de David Hernán Ccorahua Orihuela de fs. 441 y siguientes; aj) el dictamen de ingeniería forense de fs. 463; ak) el acta de confrontación entre Ángel Rivas Soto y Avadias Aira Contreras de fs. 471; al) el acta de confrontación entre Ángel Rivas Soto y David Hernán Ccorahua Orihuela de fs. 473 y siguientes; am) la instructiva de Wilfredo Sembron Claudio de fs. 485 y siguientes; an) el registro de llamadas telefónicas de fs. 491 y siguientes. por lo que, en este acto el director de debates DISPONE: se sometan al contradictorio, mediante su lectura, las piezas procesales señaladas por el fiscal superior. Conferido traslado, sobre las piezas procesales oralizadas, el abogado de la defensa dijo no tener observaciones al respecto. (Cita textual, resaltado agregado).

En consecuencia, los medios de investigación relevantes se han sometido adecuadamente al contradictorio. En caso de haber tenido objeciones la defensa o haber tenido interés en que se oralice algún otro medio de investigación, debió solicitarlo y señalar su valor probatorio.

6.5 Por otro lado, respecto al título de intervención delictiva, se aprecia que el recurrente también cuestionó la modificación del grado de participación (se le acusó por instigador, pero se le condenó como autor mediato), indicando que ello afectó el derecho de defensa. Al respecto se debe indicar que según el Acuerdo Plenario N.° 4-2007/CJ-116, la Sala tiene la facultad de modificar el título de intervención delictiva -—propuesta por el fiscal—- sin necesidad de postular la tesis de desvinculación, no implicando en el presente caso la afectación del derecho de defensa ni de los principios acusatorio y de contradicción, toda vez que esa variación no constituye un cambio del tipo penal menos la incorporación de una circunstancia agravante específica (supuestos en los cuales sí se exige la postulación de la tesis de desvinculación, en el plenario); además, el grado de intervención formó parte de la imputación fáctica que fue materia del debate y contradictorio, y su apreciación judicial no importa la variación del núcleo del hecho acusado.

Sin perjuicio de lo antes señalado y a propósito de la necesidad de corrección de la recurrida, resulta imprescindible, para comprender las diferencias de los títulos, tipos y grados de intervención delictiva, precisar los alcances conceptuales inmersos en la problemática concreta del caso. Al respecto debemos aclarar que:

a) Autor, desde un concepto general, es quien “tiene el dominio del hecho5, es decir, aquel sujeto que tiene un poder de conducción de todos los acontecimientos de forma tal que le es posible encausarlo hacia el objetivo determinado”6. Nuestro sistema penal, en el artículo 23 del Código Sustantivo, define normativamente7 al autor como: el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente (…).

b) De allí que, se hable de tres tipos de autores. Así tenemos: i) por autor inmediato, (también denominado autor material o directo) se entiende como a la persona que de manera directa y dominando la acción, ejecuta de propia mano la conducta punible mediante la realización de los elementos objetivos y subjetivo del tipo. ii) Autor mediato8 es quien, dominando la voluntad de otra persona –—y con ello domina la acción—-, realiza el ilícito a través de él; esto es, que esta tercera persona le sirve como intermediario para cometer la conducta típica. En ese sentido, para que concurra este tipo de autoría –—diferente a la autoría mediata en aparatos organizados de poder, que es la excepción a lo que tradicionalmente se entiende como autor mediato; pues tiene una conceptualización y presupuestos propios, como el hecho de permitir que el ejecutor material actúe de manera dolosa y ser también responsable penalmente de la conducta punible que cometió con el dominio de la acción del mandante—-, se debe contar con un intermediario que actúe sin libertad o sin conocimiento de la situación; es decir, coaccionado o engañado; también se da cuando el intermediario es un inimputable -—aquí el hombre de atrás aprovecha esa situación o produjo intencionalmente esa causa de exclusión de culpabilidad del ejecutor—-. Asimismo, se debe cumplir dos características: la posición subordinada del intermediario (razones de hecho y jurídicas) y el rol dominante del mandante9. No concurriría la autoría mediata si es que el intermediario domina la acción, esto es, hace propia la ejecución del ilícito; ante ello, éste pasa a ser autor inmediato, mientras que el hombre de atrás será un participe. iii) Coautoría se presenta cuando existe esencialmente un dominio funcional del hecho –—la misma que se basa en los principios de división del trabajo y de la imputación recíproca, en donde lo que haga uno le es imputable también a los demás, siempre y cuando no se exceda de lo acordado o del plan criminal—- por parte de dos o más personas que han decidido cometer el injusto penal de manera conjunta –—codominio—-, cumpliendo cada uno un rol funcional en el hecho –—ya sea en la parte no ejecutiva o en la ejecución—-; de modo que, en virtud al referido principio -—de división del trabajo—-, “las piezas parciales se disuelven en una prestación colectiva unitaria, de forma que cada individuo obtiene una parte del dominio sobre el hecho global a través de su propia contribución al mismo”10; de allí que, son tres los requisitos que deben presentarse con carácter copulativo: iii.i) la decisión común (aquí se lleva a cabo el concierto de voluntades, determinándose la distribución de las funciones entre los autores intervinientes; pero, para diferenciarse con la complicidad, no debe existir subordinación entre los roles delictivos que se cumplirán; es decir, existe coautoría si no hay subordinación de funciones); iii.ii) el aporte esencial (se verificara la trascendencia del aporte; esto es, al realizar un análisis imaginario se debe advertir si el retiro del aporte de uno de ellos sería capaz de frustrar el plan de ejecución. Esto guarda relación con la denominada teoría de la conditio sine qua non); y, iii.iii) la realización en común (cada agente debe realizar un aporte objetivo al hecho según lo acordado; aporte que se encuentra en una relación de interdependencia funcional con los demás; en donde cada contribución formará un todo unitario atribuible a cada interviniente; por ello, se debe considerar las conductas en forma colectiva, resultando ser coautores los que realizan la ejecución del delito en sentido estricto y los que no participan en esa etapa pero aportan una parte esencial al plan de ejecución11).

c) Instigador, esta figura sustantiva se encuentra prevista en el artículo 24; se presenta cuando una persona, de manera dolosa, hace surgir12 —provocar que el autor se decida— en el autor la decisión de realizar un determinado delito doloso; no cabiendo esta figura si el ejecutor ya tenía esa decisión concreta –—diferente situación es si tenía la duda de cometer o no el delito; pues aquí sí cabe la instigación—-. Se diferencia del coautor y del autor mediato porque el instigador no participa en el dominio del hecho y siempre se va instigar a un imputable. Al respecto, Villavicencio aclara que: “La instigación al lado de la complicidad constituye una forma de participación en sentido estricto, siendo la regla del artículo 24 del Código Penal una extensión típica, pues, amplía los tipos de la parte especial para abarcar la conducta de quien dolosamente decide a otro cometer el hecho punible. Esta ampliación del tipo determina una extensión de la pena, pues al ampliarse los tipos de la parte especial hasta cubrir la conducta del instigador se hace posible su sanción que será similar a la del autor del hecho punible. Si no se diera tal ampliación la instigación sería impune”13.

Uno de los clásicos en el Perú ya explicaba con singular claridad: “El que instiga no está dispuesto a actuar como ejecutor material, sino que induce a otro para que realice el hecho (…) el instigador resulta como tal, cuando el delito se llega a cometer. En consecuencia, la instigación es una forma accesoria de participación. El instigador quiere el hecho pero producido por otro. Por ello es necesario que el instigado participe, ejecute el hecho o al menos inicie la ejecución para que la instigación sea punible, debido a que si no se produce, al menos parte del delito, la figura del inductor quedará impune, pues, no existirá el elemento objetivo”14; más recientemente, complementa Villa Stein: “El instigado es el autor quien por lo demás domina el hecho a diferencia del instigador que no lo domina (…) es necesario que el instigador mediante su intervención psicológica persuada o convenza al autor potencial a que realice determinado tipo “causando la resolución criminal” (…) Es el caso por exigencia de la teoría de la imputación objetiva, que la causación de la resolución le sea objetivamente imputable al instigador, lo que significa que en el caso concreto es previsible que a resultas de la intervención del instigador se produzca la resolución criminal”15

Cabe acotar en ese sentido que, a propósito de la frecuencia de sucesos como el que nos ocupa, el legislador creó más adelante el tipo penal del sicariato, con lo que amplía más específicamente el círculo de la autoría para eventos criminales de esa naturaleza16.

6.6 En ese sentido, este Supremo Tribunal no comparte los fundamentos jurídicos expuestos por la Sala Superior para atribuirle al acusado Avadias Airas Contreras el título de autor mediato. De acuerdo a los hechos descritos por el fiscal en su requerimiento acusatorio y a la actividad probatoria, el sentenciado Ángel Rivas –—quien fue el ejecutor del resultado lesivo—- no actuó como un intermediario conforme se exige en la autoría mediata –—según lo ya aclarado párrafo atrás—-; esto es, no fue sometido bajo una coacción, amenaza o error para que de muerte al agraviado; tampoco se puede hablar de autoría mediata en aparatos organizados de poder; menos aún tuvo la condición de un inimputable; todo lo contrario, el sentenciado Ángel Rivas actuó de manera dolosa en relación al plan criminal acordado.

De la cuidadosa evaluación de la sentencia recurrida -—en este extremo— se advierte que el Colegiado incurre en un error al parecer derivado de una falta de comprensión de cada una de estas formas de intervención delictiva, por las siguientes premisas puntuales:

a) En el apartado 8.9 de la sentencia -—dentro del octavo considerando— se precisa el enfoque fenomenológico de los hechos al afirmar que el encausado recurrente “no tuvo intervención de propia mano sobre la muerte de Juan Édgar Armas Cornejo”; que “su participación estuvo signada al haber llamado a su coprocesado Ángel Rivas Soto y previa reunión sostenida por el mismo, “lo contrató para que matara al agraviado y para dicho acto realizó el pago de determinada suma de dinero, así como haber realizado la entrega de un arma de fuego”. Sobre esa base se explica que el Ministerio Público le atribuye al recurrente el título de instigador para -—citando a Villavicencio—- referir que “la instigación es aquella conducta activa que dolosamente hace surgir en el autor la decisión, la resolución de realizar un delito doloso concreto”.

b) A continuación, tomando como referencia las explicaciones del mismo autor, indica que “a diferencia de la coautoría el instigador no participa en el dominio del hecho, que solo lo posee el instigado. Este último no es un intermediario, pues siempre se instiga a una persona imputable, a diferencia de la autoría mediata (…). El instigador no debe haber vencido una determinada resistencia por parte del autor”. Así luego del desarrollo del concepto de instigador, se diferencia también con la coautoría.

c) Sobre la base de dichas afirmaciones, el Colegiado en la sentencia recurrida concluye que en el presente caso existiría autoría mediata –—de parte del recurrente—- en la medida en que “no se evidencia dicho influjo psicológico, la situación dada en el presente caso, se configura bajo una especie del contrato donde existe un convenio mediante el cual Avadías Aira Contreras determina a Ángel Rivas Soto para la comisión del ilícito, motivo por el cual hace entrega de una suma de dinero y de un arma de fuego” y concluye: “Siendo así este Colegiado debe referir que el autor mediato es el sujeto que se sirve del actuar de un intermediario pero solo él tiene el dominio del hecho”. Nótese -—en contra de lo sostenido—- que precisamente la “determinación” es una palabra con la que suele identificarse a los actos propios de la instigación.

d) La conclusión falaz y errónea cae por su propio peso. Si el recurrente contrató la eliminación del agraviado por otras personas, es evidente –—de un lado—- que no tenía el dominio del hecho ni intervino en su ejecución; y – —de otro lado—- él o los ejecutores materiales, si tenían el dominio del hecho, siendo insostenible que “solo él –—el autor mediato—— pueda haber tenido el dominio del hecho”, o lo haya tenido de algún modo. Es evidente, además, que el Colegiado de ningún modo sustentó por qué si quienes ejecutaron en este caso materialmente el crimen, no lo habrían hecho consciente y dolosamente, no obstante haber expresado precedentemente que “en la instigación el dominio del hecho solo lo posee el instigado”.

e) Tal como lo postuló el Ministerio Público, este Supremo Tribunal advierte que, en la presente causa se ha verificado la condición de instigador del recurrente, adecuándose claramente su conducta a la definición glosada por la propia sentencia recurrida y a lo precisado en el apartado c) del acápite 6.5 de la presente resolución donde se destaca que la figura del Instigador, se presenta cuando una persona, de manera dolosa, hace surgir en el autor la decisión de realizar un determinado delito doloso, figura que se diferencia del coautor y del autor mediato porque el instigador no participa en el dominio del hecho y siempre se va instigar a un imputable.

Tal como se explicó precedentemente, no puede concurrir la autoría mediata “si es que el intermediario domina la acción, esto es, hace propia la ejecución del ilícito; ante ello, este pasa a ser autor inmediato, mientras que el hombre de atrás será un participe”. De hecho, la instigación es una forma de participación en nuestro Código Penal siendo esa la figura imputada, materia de debate y acreditada en la presente causa en relación al recurrente. Es de aclarar que, en la sentencia recurrida no se realizó por lo demás una adecuada explicación sobre la forma o modo peculiar en que se habría producido la autoría mediata, debiendo tenerse en cuenta, ilustrativamente, que en la doctrina y en la jurisprudencia nacional existen situaciones caracterizadas como supuestos fácticos de dicho título de intervención delictiva, a saber:

A) Autoría mediata por coacción.

B) Autoría mediata por error.

C) Autoría mediata con intermediarios responsables.

C.1) Autoría mediata por aparatos organizados de poder.

C.2) Autoría mediata por error de tipo vencible.

C.3) Autoría mediata por error de prohibición vencible.

C. 4) Autoría mediata por error en la identidad de la víctima.

C.5) Autoría mediata por error sobre presupuestos de la acción relevantes para el hecho.

C.6) Autoría mediata por error sobre la medida del injusto.

C.7) Autoría mediata por error sobre presupuestos de calificaciones.

C.8) Autoría mediata por error sobre el riesgo.

D) Autoría mediata con el uso de inimputables.

Sin duda en la autoría mediata el hombre de atrás (autor mediato) utiliza al ejecutor material ya sea por su condición de inimputable, por coacción o en base a un error, salvo el supuesto de autoría mediata en aparatos organizados de poder en que el intermediario actúa libremente y con dolo (sabe lo que hace). Ninguno de estos supuestos, se adaptan o adecúan al caso imputado al recurrente donde se produjo ciertamente una instigación -—se hizo surgir la decisión—- para que los ejecutores materiales realicen el crimen; e incluso, dicha instigación fue acompañada de la entrega de dinero y armas17 –—empero, sin intervención alguna en fase ejecutiva y sin codominio funcional del hecho en concreto—-18.

6.7 Al existir un error por parte del Colegiado Superior sobre el título de intervención delictiva, -—como ya se expresó—- debe efectuarse la corrección en este acto jurisdiccional, pues en nada afecta a la valoración efectuada. La factibilidad jurídica de la corrección es viable en la medida en que el error material es manifiesto y la subsanación o corrección está permitida según el Acuerdo Plenario N.° 4-2007/CJ-116, que específicamente en su fundamento 10, determinó:

(…) la sentencia no puede contener un relato fáctico que configure un tipo legal distinto o que introduzca circunstancias diferentes o nuevas que agraven —de oficio, sin necesidad de previo debate, aunque el Tribunal puede incorporar circunstancias atenuantes— la responsabilidad del acusado [ello no significa una exactitud matemática entre hecho acusado y hecho condenado, pues el Tribunal —conforme a la prueba actuada y debatida en el juicio oral— puede ampliar detalles o datos para hacer más completo y comprensivo el relato, siempre que no impliquen un cambio de tipificación y que exista una coincidencia básica entre la acusación y los hechos acreditados en la sentencia. Es ajena a esa limitación, al no infringir los principios acusatorio y de contradicción, cuando la Sala sentenciadora aprecie circunstancias referidas a la participación de los imputados o a los diferentes grados de la ejecución delictiva, pues su apreciación no importa una modificación de los hechos esenciales de la acusación y, en esos casos, el Tribunal está sometido al principio de legalidad por el que ante un hecho concreto debe aplicar la norma que corresponda aún en contra de la pedida erróneamente por la acusación. En estos supuestos siempre se da una homogeneidad delictiva y no se produce un supuesto de falta de contradicción o fallo sorpresivo, precisamente por la comunidad de hechos que entraña].

Dicha corrección y aclaración en el presente caso es aún más factible, si el título de imputación fue correctamente planteado en la acusación y fue materia de debate.

6.8 En cuanto, al cuestionamiento de las consecuencias jurídicas de naturaleza penal y civil19, debemos indicar:

a) El sentenciado recurrente cuestiona la reparación civil, señalando que esta no se encuentra sustentada. Previo a esta evaluación, se debe indicar que la reparación civil “es la institución jurídica que pretende resarcir al agraviado y/o víctima de un delito, que haya sufrido un daño y/o perjuicio en su esfera personal (patrimonial y extrapatrimonial), con la finalidad de reponerle a un estado anterior a la producción del hecho ilícito”20; para ello, se debe determinar si los hechos objeto de la pretensión civil están probados y si, efectivamente, se está ante un hecho antijurídico, causado por dolo o culpa, que ocasionó un daño –—menoscabo que sufre un sujeto dentro de su esfera patrimonial o extrapatrimonial—- que debe ser reparado o indemnizado, conforme al artículo 1969 del Código Civil; entonces, conforme se estableció en la Casación N.° 657-2014/Cuzco, se debe cumplir los cuatro requisitos que fundan esa consecuencia jurídica: a) el hecho ilícito –—conducta humana que contraviene el orden jurídico y constituye, a su vez, delito—-; b) el daño ocasionado –—perjuicio generado a consecuencia del hecho ilícito, sea patrimonial o extrapatrimonial21—-; c) relación de causalidad –—relación de causa y efecto que debe existir entre la conducta antijurídica del agente y el daño causado—-; d) los factores de atribución –—consisten en considerar a alguien como responsable del hecho antijurídico, ya sea a título de dolo o culpa o mediante un bien riesgoso o peligroso—-. La reparación civil no merece un pronunciamiento basado en subjetividades del juez, sino “se resuelve con criterios jurídico-civiles”22.

En el presente caso, se aprecia de lo actuado y de lo expresado en la sentencia recurrida que “Ángel Rivas Soto ya cuenta con sentencia condenatoria, en la misma que se ha establecido como monto la suma de doscientos mil soles, monto que debe ser asumido solidariamente”. A esa referencia, es necesario complementar los siguientes aspectos:

a1) Según jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema recaída en el Recurso de Nulidad N.° 216-2005, fundamento sexto, cuando se trate de procesos en los que exista pluralidad de acusados por el mismo hecho y sean sentenciados independientemente, por diferentes circunstancias contempladas en nuestro ordenamiento procesal penal, debe ser impuesta para todos en su condición de obligación solidaria, la ya fijada en la primera sentencia firme. Esto tiene justificación, con el objeto de que: a) exista proporción entre el daño ocasionado y el resarcimiento; b) se restituya, se pague o indemnice al agraviado sin mayor dilación; y c) no se fijen montos posteriores que distorsionen la naturaleza de la reparación civil; en consecuencia, al disponer nuestro ordenamiento jurídico penal ese parámetro en armonía con la responsabilidad solidaria, no caben efectuarse mayores disquisiciones al respecto.

a.2) No obstante lo anterior cabe acotar que la reparación civil impuesta por la Sala Superior cumple con lo previsto en el artículo 93 del Código Penal, y también se cumple con los cuatro requisitos citados, teniendo en cuenta la existencia del hecho delictivo materia de acusación –—infringió la norma prevista en el inciso 3, del artículo 108, del Código Penal—-, en la cual se produjo la muerte del agraviado –—daño extrapatrimonial, ya que se le dio muerte, truncándole su proyecto de vida y generando afectaciones psicológicas y emocionales a sus familiares directos—-, causada por la conducta dolosa del recurrente, en su condición de instigador. Además, se estima que el monto establecido –—doscientos mil soles—- resulta proporcional, más aún que este pago se realizará de forma solidaria con el sentenciado Ángel Rivas y los que resulten responsables –—según la acusación—-.

b) En cuanto a la pena privativa, esta fue cuestionada por el representante del Ministerio Público –—fiscal superior—-, quien indicó que se debe aumentar la pena establecida. Por su parte, el fiscal supremo, en su dictamen (fs. 26 a 45 del cuadernillo) consideró que esta sanción penal, en su aspecto cuantitativo, se encuentra conforme a ley, pues se fijó la prevista en el extremo mínimo -—15 años—-, ya que solo concurrían circunstancias atenuantes. Por tanto, teniendo en cuenta los criterios expresados, el agravio del fiscal superior debe desestimarse, máxime si su propuesta recursiva no fue estimada y ratificada por el fiscal supremo, de conformidad con el principio de jerarquía -—eje rector de la gestión funcional e institucional del Ministerio Público—-.

En consecuencia, también debe mantenerse la reparación civil y la pena privativa impuesta.

DECISIÓN

Por estos fundamentos; de conformidad en parte con el dictamen del fiscal supremo en lo penal:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia del cinco de octubre de dos mil dieciocho (fs. 859 a 877), que condenó a Avadias Aira Contreras por el delito de homicidio calificado –—alevosía—- (previsto en el inciso 3, del artículo 108, del Código Penal), en perjuicio de Juan Édgar Armas Cornejo, e impuso quince años de pena privativa de libertad, y fijó la suma de doscientos mil soles por reparación civil.

II. CORRIGIERON la misma sentencia, en cuanto se consigna al referido encausado como autor mediato, debiendo aclararse que tiene la condición de instigador, por el referido delito y agraviado.

III. DISPUSIERON se notifique la ejecutoria a las partes apersonadas en esta instancia, se devuelvan los actuados a la Sala Superior de Origen y se archive el cuadernillo.

Intervino el juez supremo Bermejo Rios, por licencia del juez supremo Prado Saldarriaga.


1 GIMENO SENDRA. Fundamentos del derecho procesal penal. Madrid: Civitas, 1981, p. 214.
2 TALAVERA ELGUERA, Pablo. La prueba en el nuevo proceso penal. Lima: AMAG, 2009, p. 13.
3 Los motivos espurios capaces de restar credibilidad a la declaración de la víctima, deben estar relacionados con los hechos anteriores al supuesto ilícito, de forma que la versión de aquellas sea consecuencia de haber urdido la trama delictiva; ver Casación N.º 1179-2017/Sullana-Sala Penal Permanente.
4 Aunque escribe “moralización” evidentemente es un error material, refiriéndose sin duda a la ORALIZACIÓN
5 El dominio sobre el hecho constituye la característica general de la autoría –porque hay tipos de delitos que, además de ese dominio, se requiere el cumplimiento de ciertas exigencias de la descripción legal; ejemplo, los delitos de tendencia-; esta teoría es producto de una construcción dogmática impulsada por el denominado “concepto restrictivo de autor”, que se encuentra ubicada dentro del “sistema diferenciador” de la autoría y participación. La teoría del dominio del hecho, a pesar de sus críticas o deficiencias que pueda presentar debido a que no permite una respuesta sólida a los problemas que presenta la diferenciación entre autor y partícipe en la totalidad de los delitos, sigue siendo actualmente la teoría dominante en esta diferenciación, haciendo la precisión que los planteamientos de esta teoría, solo son aplicables en los delitos dolosos.
6 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho penal. Parte general. Lima: Grijley, 2013, p. 469.
7 Si bien la autoría, para su existencia dogmática, no requiere de un reconocimiento legal, resulta importante un concepto normativo porque proporciona una mayor garantía de certeza jurídica; especialmente, de como un determinado sistema jurídico-penal entiende la “autoría”.
8 ROXÍN (1998ª) afirma que “se trata de casos en los que falta precisamente la acción ejecutiva del sujeto de detrás y el dominio del hecho sólo puede basarse en el poder de voluntad rectora”. Ver en: Autoría y dominio del hecho en derecho penal, trad. de la 6ta ed. Alemana por Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano Gonzáles de Murillo; Barcelona: Marcial Pons, p. 164.
9 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho penal. Parte general. Lima: Grijley, 2013, p. 472.
10 PÉREZ ALONSO, Esteban J. La coautoría y la complicidad (necesaria) en derecho penal. Granada: Comares, 1998, p. 210.
11 La coautoría no es una suma de autores, sino una suma de acciones que contempla la autoría. De allí que, algún sector de la doctrina afirme que dentro de esta división de funciones se puede llegar a diferenciar dos formas de coautoría: una coautoría no ejecutiva –autores que realizan labores de planeación, dirección y coordinación de las funciones de ejecución- y una coautoría ejecutiva –autores que realizan las labores propias de comisión del ilícito-. Ver en: VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho penal. Parte general. Lima: Grijley, 2013, pp. 483-486.
12 Es preferible adoptar este término para hacer referencia a la instigación, pues, como señala Villavicencio (2013), el término “determinar” es más amplio que “instigar”, esto es, que instigación es una forma de determinación, pero no es la única, pudiendo ubicarse también el autor mediato. En: Derecho Penal Parte General. Lima: Grijley, p. 512.
13 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. “Autoría y participación” En: El Derecho Penal contemporáneo. Libro homenaje al profesor Raúl Peña Cabrera. Coordinadores Alonso R Peña Cabrera Freyre/Efrain Montes Flores/Miguel Angel Sánchez Mercado. ARA Editores. Lima Perú 2006. P. 720.
14 PEÑA CABRERA, Raúl. Derecho Penal Peruano Parte General. EPASA. Segunda edición 1980. P. 325.
15 VILLA STEIN, Javier Derecho penal Parte General. Editorial San Marcos Lima Perú 1998. P. 309 s
16 “Artículo 108-C.- Sicariato. El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años y con inhabilitación establecida en el numeral 6 del artículo 36, según corresponda. Las mismas penas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario. Será reprimido con pena privativa de libertad de cadena perpetua si la conducta descrita en el primer párrafo se realiza:
1. Valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar la conducta 2. Para dar cumplimiento a la orden de una organización criminal 3. Cuando en la ejecución intervienen dos o más personas 4. Cuando las víctimas sean dos o más personas 5. Cuando las víctimas estén comprendidas en los artículos 107 primer párrafo, 108-A y 108-B primer párrafo. 6. Cuando se utilice armas de guerra.”(*) (*) Artículo incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1181, publicado el 27 julio 2015.
17 Cabe acotar que en la fecha de los hechos -25 de julio de 2014- aún no existía la figura del sicariato, delito que se incorporó al Código Penal mediante Decreto Legislativo 1181 publicado el 27 de julio de 2015 y que contempla la pena de cadena perpetua en supuestos agravados. Este hecho no impide la atribución de responsabilidad penal a partir de las formas de intervención delictiva contempladas en la parte general y especial de los dispositivos legales vigentes al momento de los hechos.
18 Ciertamente al no tratarse de una instigación pura, existe proximidad a la coautoría, empero ésta no se perfecciona por la falta de intervención y codominio funcional en la ejecución material; tampoco se sustentó o esbozó una suerte de coautoría no ejecutiva, admitida por un sector de la doctrina.
19 Resulta necesario precisar que la responsabilidad penal y civil posee una naturaleza jurídica diferente, pese a tener un presupuesto común que ocasiona la vulneración de un bien jurídico, el mismo que normativamente infringe una norma penal y fácticamente ocasiona un daño a la víctima y/o perjudicado. En: Casación N.º 657-2014/CUZCO.
20 VÁSQUEZ GUEVARA, Rony. La reparación civil y la prohibición de reformatio in peius. En: Actualidad Penal y Procesal Penal, N.º 266-enero 2016, p. 100.
21 Para la cuantificación del daño patrimonial se tiene los criterios del lucro cesante y daño emergente; en cambio, para el daño extrapatrimonial se observan el daño moral (perjuicio moral que afecta el mundo inmaterial, incorporal, de los pensamientos y sentimientos) y el daño a la persona (lesiona la integridad física del sujeto, su aspecto psicológico y/o proyecto de vida).
22 VÁSQUEZ GUEVARA, Rony. La reparación civil y la prohibición de reformatio in peius. En: Actualidad Penal y Procesal Penal, N.º 266, enero 2016, p. 100.

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