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La obligación de los tribunales de instancia de aplicar los lineamientos establecidos por la Corte Suprema.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.° 318-2019
AREQUIPA

Función nomofiláctica de las sentencias casatorias

En atención a la función nomofiláctica de la casación —la interpretación uniforme de la ley, unificar la jurisprudencia nacional a partir de cada caso particular—, los Tribunales de instancia deben seguir los lineamientos establecidos por la Corte Suprema en las sentencias casatorias; de lo contrario, deben consignar expresamente las razones de su apartamiento de ellas.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, dieciséis de febrero de dos mil veintidós

VISTOS: en audiencia pública, los recursos de casación interpuestos por el representante del Ministerio Público y por el sentenciado Rommel Fernando Arce Gutiérrez. El Ministerio Público por la causal prevista en el artículo 429.2 del Nuevo Código Procesal Penal (en adelante NCPP) —infracción de normas procesales: inobservancia de los artículos 425.2 (sobre valoración de la prueba personal en segunda instancia) y 12.3 (sobre pronunciamiento respecto a la acción civil derivada del hecho punible)— y el procesado Rommel Fernando Arce Gutiérrez por la causal prevista en el artículo 429.4 del acotado código —defecto de motivación (exigencia de motivación en la aplicación del artículo 12.3 del NCPP)— contra la sentencia de vista emitida el ocho de enero de dos mil diecinueve por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

El Ministerio Público impugna el extremo que, revocando la sentencia de primera instancia del diecinueve de enero de dos mil quince emitida por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa que condenó a Rommel Fernando Arce Gutiérrez y otros como coautores del delito de contaminación ambiental y en consecuencia les impuso cuatro años y ocho meses de pena privativa de libertad y doscientos setenta días-multa, la reformó y absolvió a los procesados de la acusación fiscal en su contra.

El sentenciado Arce Gutiérrez impugna el extremo que confirmó en parte la sentencia de primera instancia respecto al pago de la reparación civil por parte del recurrente y otro.

Intervino como ponente el señor juez supremo SEQUEIROS VARGAS.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero. Fundamentos de la impugnación

1.1 Ambos recurrentes interpusieron recursos de casación excepcional.

1.2 El Ministerio Público solicita que se declare nula la sentencia de vista y que se ordene el reenvío del proceso a otro juez ad quem. Sus fundamentos son los siguientes:

a. La sentencia de vista contravino el Decreto Supremo número 004- 2009-MINAM (vigente al tiempo de los hechos), que establece los requisitos que debe tener el informe fundamentado en los delitos ambientales, entre los cuales no figura el margen de error en los monitoreos; la jueza a quo en la sentencia de primera instancia concluyó que se superaron los límites sonoros establecidos en el mencionado decreto supremo.

b. Pese a lo establecido en la Casación número 749-2015 (respecto a la valoración de la prueba pericial en segunda instancia) el juez ad quem entró nuevamente a discutir el valor probatorio asignado en la prueba pericial actuada en juicio, pero en esta oportunidad se señala que la prueba pericial contiene un margen de error de los monitoreos sonoros que no habría sido precisado ni en el informe ni en el juicio oral por el propio perito.

1.3 El sentenciado recurrente Arce Gutiérrez solicita que se declare nulo el extremo que confirma el pago de la reparación civil y que se le absuelva de dicho pago. Sus fundamentos son los siguientes:

a. La Sala entró en contradicción con sus argumentos de absolución, pues decidió confirmar el pago de la reparación civil ascendente a la suma de S/ 45,000 (cuarenta y cinco mil soles), pese a que los medios de prueba actuados por el Ministerio Público no eran suficientes para acreditar la responsabilidad penal, ya que no se especificaba cuál era la magnitud individual de confirmación sonora emitida por el local Manutara; por el contrario, se hizo una medición del sonido emitido por el local más los agentes externos y otros establecimientos cercanos, sin precisarse la magnitud sonora imputada.

b. No existe medio probatorio que acredite el daño causado ni el grado de afectación, debido a que no se estableció cuál fue la magnitud del daño causado por parte del local denominado Manutara; por lo tanto, no se ha acreditado que concurran los elementos de la responsabilidad civil.

Segundo. Imputación fáctica

2.1 El Ministerio Público sostiene que el procesado Rommel Fernando Arce Gutiérrez y otros, en su calidad de órganos representativos (gerente general y fundador) de la empresa Entretenimiento Characato Extremo S. C. R. L., instalaron sin licencia de funcionamiento una discoteca denominada Manutara en el inmueble ubicado en la calle Ricardo Palma número 602 (Umacollo, distrito de Arequipa), en donde el cinco de abril de dos mil trece se produjeron emisiones sonoras contaminantes, hecho que fue constatado por la Municipalidad Provincial de Arequipa, que realizó mediciones sonoras a distintas horas desde los inmuebles vecinos, y se registraron niveles de contaminación sonora mayores a los autorizados en una zona residencial, como es la zona en la que está ubicada la referida discoteca. Con ello, se infringió el Decreto Supremo número 083-2015-PCM, que aprueba el reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental de ruido.

2.2 Los procesados, en su calidad de órganos representativos de la empresa, tenían la responsabilidad de organizar y dirigir las operaciones comerciales y administrativas de la empresa, dar cumplimiento a su objeto social e inspeccionar y fiscalizar el desarrollo de las actividades de esta; como tales, omitieron impedir la provocación de emisiones sonoras contaminantes.

Tercero. Itinerario del procedimiento

3.1 El once de julio de dos mil catorce el señor fiscal representante de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal de Arequipa formuló su requerimiento de acusación —fojas 1 a 7— contra Rommel Fernando Arce Gutiérrez, Dardo Danielo Cuadros Linares y Daniel Alecxi Salinas Saman por la comisión del delito de contaminación agravada del ambiente, tipificado en el primer párrafo del artículo 304 del Código Penal, concordante con la agravante contenida en el inciso 3 del primer párrafo del artículo 305 del mismo código, en agravio de Juan Carlos Flores Espinoza y otros y del Estado; en consecuencia, solicitó que se les imponga la pena de cinco años y diez meses de privación de libertad y seiscientos once días-multa; asimismo, que se fije en S/ 30,000 (treinta mil soles) el monto por concepto de reparación civil a favor de los agraviados, a razón de S/ 10,000 (diez mil soles) únicamente para la agraviada María Cecilia Mattos Simao de Corrales y de S/ 20,000 (veinte mil soles) a favor del Estado.

3.2 Superada la etapa intermedia y el juicio oral de primera instancia, el juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa emitió sentencia el diecinueve de enero de dos mil quince — fojas 54 a 84—, en la que condenó a los procesados como coautores del delito de contaminación del ambiente, tipificado en el primer párrafo del artículo 304 del Código Penal, en agravio de Juan Carlos Flores Espinoza y otros y del Estado, y en consecuencia les impuso cuatro años y ocho meses de pena privativa de libertad efectiva y el pago de doscientos setenta días-multa; asimismo, fijó en S/ 45,000 (cuarenta y cinco mil soles) el pago solidario por reparación civil, a razón de S/ 25,000 (veinticinco mil soles) para el Estado y de S/ 5,000 (cinco mil soles) para los agraviados.

3.3 Dicha sentencia fue apelada por los procesados y por el Ministerio Público (este último únicamente en el extremo de la pena impuesta) —fojas 98 a 102, 110 a 113 y 115 a 122—, y la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa emitió sentencia de vista el siete de agosto de dos mil quince —fojas 210 a 217—, que revocó la sentencia apelada y reformándola absolvió a los procesados de la acusación fiscal y declaró infundada la pretensión civil.

3.4 Contra la sentencia de vista, interpusieron recursos de casación el Ministerio Público y la defensa de los agraviados César Alatrista Corrales y otros, los que fueron admitidos en sede superior —fojas 254 a 258—; y, elevados los autos a la Corte Suprema, la Sala Penal Transitoria emitió sentencia en el Recurso de Casación número 749-2015/Arequipa el diez de mayo de dos mil dieciocho, que declaró fundada la casación por inobservancia de garantías constitucionales de carácter procesal; en consecuencia, casó la sentencia de vista, dispuso el reenvío y ordenó la realización de un nuevo juicio oral por un Colegiado distinto al que dictó la sentencia anulada de primera instancia.

3.5 Llevada a cabo la nueva audiencia de apelación, la Tercera Sala Penal de Apelaciones emitió sentencia de vista el ocho de enero de dos mil diecinueve —fojas 332 a 350—, que revocó la sentencia apelada en el extremo condenatorio, reformándola absolvió a los procesados de la acusación fiscal en su contra y confirmó el extremo del monto de la reparación civil de S/ 45,000 (cuarenta y cinco mil soles) que deberán abonar únicamente Rommel Fernando Arce Gutiérrez y Daniel Alecxi Salinas Saman en forma solidaria, a razón del monto corregido de S/ 20,000 (veinte mil soles) para el Estado y de S/ 5,000 (cinco mil soles) para cada uno de los agraviados. Se revocó la reparación civil a imponerse a Dardo Danielo Cuadros y reformándola se declaró infundada la apelación en dicho extremo.

3.6 Contra la sentencia de vista interpusieron recursos de casación el Ministerio Público y la defensa del procesado Rommel Fernando Arce Gutiérrez, los que les fueron concedidos por el Colegiado Superior mediante la resolución del veintidós y el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, respectivamente —fojas 365 a 368 y 375 a 378—.

3.7 Elevados los autos a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, mediante la resolución del veintidós de septiembre de dos mil veinte, se declararon bien concedidos los recursos de casación interpuestos por el representante del Ministerio Público y por el procesado Rommel Fernando Arce Gutiérrez contra la sentencia de vista; el del Ministerio Público por la causal prevista en el artículo 429.2 del NCPP (inobservancia de los artículos 425.2 y 12.3 del NCPP) y el del procesado Arce Gutiérrez por la causal contenida en el artículo 429.4 del acotado código (defecto de motivación en la aplicación del artículo 12.3 del NCPP).

3.8 Mediante la resolución del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno —foja 71 del cuadernillo de casación—, la Sala Penal Transitoria remitió los autos a la Sala Penal Permanente en virtud de lo dispuesto por la Resolución Administrativa número 000378-2021-CE-PJ, que se avocó al conocimiento de la causa el nueve de diciembre de dos mil veintiuno — foja 72 del cuadernillo de casación—.

3.9 Cumpliendo con lo establecido en el artículo 431.1 del NCPP, mediante decreto del pasado diecisiete de enero de dos mil veintidós, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema fijó como fecha para la audiencia de casación el treinta y uno de enero del año en curso, en la cual intervinieron la fiscal suprema Edith Chamorro Bermúdez; el abogado Aldo Marcelo Ramos Palomino, defensa técnica del sentenciado Rommel Fernando Arce Gutiérrez; el abogado Peter Hans Ureta Escobedo, defensa técnica del sentenciado Daniel Alecxi Salinas Saman, y el abogado Raúl Salinas Rivas, defensa técnica de la parte civil César Augusto Alatrista Corrales. Culminada la audiencia, de inmediato, se produjo la deliberación de la causa en sesión privada, en la que se produjo el debate, en virtud del cual, tras la votación respectiva y al obtener el número de votos necesarios, corresponde pronunciar la presente sentencia de casación, cuya lectura se dará en audiencia pública en la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.1 El auto de calificación establece los parámetros del pronunciamiento en la sentencia casatoria; en el presente caso, en el auto de calificación la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró bien concedidas las casaciones por las causales previstas en los numerales 2 —inobservancia de los artículos 425.2 y 12.3 del NCPP— y 4 —deficiencia de motivación en la aplicación del artículo 12.3 del NCPP— del artículo 429 del NCPP. Se declaró que como casación excepcional existe interés casacional en la medida en que se habría desconocido la sentencia casatoria recaída en la Casación número 749-2015, respecto a la valoración de la prueba pericial en segunda instancia; y que, asimismo, existe interés casacional en reafirmar jurisprudencia respecto a los alcances del artículo 12.3 del NCPP, las pautas de interpretación que deben tener en consideración los órganos jurisdiccionales de instancia y las exigencias de motivación para su aplicación.

1.2 En este caso, entonces, el pronunciamiento se centra en esos dos temas: la valoración de la prueba pericial en segunda instancia y los alcances de interpretación del artículo 12.3 del NCPP, referido al extremo de la reparación civil.

1.3 En primer lugar, es preciso aclarar que la prueba pericial no es similar a la prueba testimonial; sin embargo, cuando el perito concurre a declarar como testigo, dicha declaración, mutatis mutandis, en su valoración se debe adecuar a las condiciones de valoración de la prueba testimonial, en razón de que el principio de inmediación no justifica diferente valoración en instancia superior; criterios que en este caso debieron tenerse en cuenta.

1.4 Existen diversas sentencias casatorias expedidas por este Tribunal Supremo respecto a la valoración de la prueba personal en segunda instancia: Sentencia de Casación número 54-2010, del tres de marzo de dos mil once, de la Sala Penal Permanente; Sentencia de Casación número 385-2013/San Martín, del cinco de mayo de dos mil quince, de la Sala Penal Permanente, y Sentencia de Casación número 636- 2014/Arequipa, del tres de febrero de dos mil dieciséis, de la Sala Penal Permanente.

1.5 En todas ellas la orientación es la misma: el Colegiado Superior no puede dar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia, y la posibilidad del juez de controlar la valoración solo si infringió las reglas de la lógica, la ciencia o las máximas de la experiencia.

1.6 En atención a la función nomofiláctica de la casación —la interpretación uniforme de la ley, unificar la jurisprudencia nacional a partir de cada caso particular—, los Tribunales de instancia deben seguir los lineamientos establecidos por la Corte Suprema en las sentencias casatorias; de lo contrario, deben consignar expresamente las razones de su apartamiento de ellas.

1.7 En el presente proceso de dictó una primera sentencia de vista que absolvió a los procesados de la acusación en su contra y declaró infundada la pretensión civil; esta fue impugnada en casación por el Ministerio Público a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que en el Recurso de Casación número 749-2015, precisamente con base en las sentencias de casación precedentemente señaladas, casó la sentencia de vista por transgresión del artículo 425.2 del NCPP.

1.8 Se indicó en dicha ejecutoria suprema que la sentencia de primera instancia se sustentó principalmente en el Informe Técnico número 32- 2013, elaborado por el ingeniero Héctor Flores Suyo, y que la Sala Superior otorgó diferente valor probatorio, sin prueba actuada en segunda instancia, a la declaración y ratificación del informe en audiencia de este perito ingeniero, con lo que se contravino lo establecido en el artículo
425.2 del NCPP.

1.9 Se indicó que el criterio fiscalizador del iudex ad quem es el respeto a la inmediación en la prueba personal y cuando el material probatorio del juicio de primera instancia se centra primordial o exclusivamente en la prueba testifical se deben distinguir las zonas opacas (son los datos probatorios estrechamente ligados a la inmediación, tales como el lenguaje gestual del declarante), de difícil acceso a la supervisión y control, y las zonas francas (referidas a los aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la prueba, que al resultar ajenas a la percepción del a quo sí pueden y deben ser fiscalizadas a través de las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos), que sí son controlables en segunda instancia.

1.10 Señaló, además, en su fundamento 3.7 que la sentencia de vista que en esa oportunidad fue impugnada en casación no se basó en el control de la valoración de la prueba, sino en la revaloración de aquella.

1.11 La sentencia de primera instancia es la misma, por lo que el debate en esta oportunidad se centra en establecer si, en esta nueva sentencia de vista, se efectuó un control de la valoración efectuada por el Juzgado de Primera Instancia o nuevamente el ad quem incurrió en una indebida revaloración de la prueba personal.

1.12 En la sentencia de vista del ocho de enero de dos mil diecinueve, materia de la presente casación, se señaló lo siguiente en cuanto a la evaluación de la pericia:

El juez de primera instancia se sustenta directamente en la notoriedad de un ruido altamente superior al límite permitido, tomando como referencia los resultados totales del Informe Técnico número 32-2013, sin mayores distinciones de la fuente directa de origen, a lo que se suma la propia experiencia del juez al momento de haber escuchado la declaración del perito en juicio.

La información pericial no contiene descrito o informado en juicio el margen de error ni tampoco se han satisfecho los estándares de prueba para la medición del ruido de una forma analítica y detallada en relación específicamente con el establecimiento Manutara. Hay que identificar el margen de error que puede generar el empleo del sonómetro al momento de medir la contaminación ambiental.

La validez y fiabilidad de una pericia puede ser verificada a través de los factores incorporados en el caso Daubert vs. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., de mil novecientos noventa y tres, de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, que han sido aceptados a nivel nacional en el Acuerdo Plenario número 4-2015/CIJ-116, del dos de octubre de dos mil quince. Este establece que uno de los criterios para examinar cualquier pericia es el margen de error conocido o potencial, así como el cumplimiento de los estándares correspondientes a la prueba empleada.

En el caso analizado la fortaleza de la prueba actuada no ha logrado ni ha llegado a derrotar la presunción de inocencia de los imputados porque no ha logrado descartar las hipótesis de las defensas; solo alcanza a superar la barrera de la probabilidad prevalente, pero no la de la presunción de inocencia, esto porque la prueba técnica debe estar amparada científicamente en cuanto al margen de error; de lo contrario, su nivel de validez y aceptabilidad judicial justificaría alcances de certeza inferiores a la derrota de la presunción de inocencia.

1.13 De la lectura de las actas de audiencia y de la sentencia de vista se desprende que el tema del margen de error y de los estándares de prueba para la medición del ruido ha sido debatido en el juicio oral en la declaración del ingeniero Flores Suyo y su ratificación en el Informe Técnico número 32-2013-MPA/GSC/SGGA/HFS, del trece de mayo de dos mil trece, y su evaluación se ha hecho tomando en cuenta el Decreto Supremo número 085-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, del veinticuatro de octubre de dos mil tres, que en su primera disposición transitoria establece las normas técnicas a utilizar para la medición de ruidos, y en mérito a la Guía para la Elaboración de Ordenanzas Municipales para la Prevención y Control del Ruido Urbano, elaborada por el antiguo Consejo Nacional de Ambiente del Perú (CONAM), que en su anexo III, ítems cuatro a siete, determina el método de recolección de datos para la medición de ruidos. Se ha analizado, asimismo, en la sentencia de primera instancia lo referente a la calibración del sonómetro.

1.14 También se ha evaluado el informe técnico así como la declaración en juicio oral del testigo perito de parte Paul Flores Cabello, que lo elaboró.

1.15 No se indica en la sentencia de vista la supuesta vulneración de la evaluación de la prueba personal efectuada por el a quo a las reglas establecidas en el Acuerdo Plenario número 4-2015/CJ-116, del dos de octubre de dos mil quince; las reglas de la lógica, la ciencia o las máximas de la experiencia que supuestamente fueron transgredidas por la sentencia de primera instancia; por el contrario, se aprecia que se trata más bien de una revaloración de la prueba personal sin actuación de prueba en segunda instancia que cuestione su valor probatorio, lo que a todas luces infringe lo prescrito en el artículo 425.2 del NCPP.

1.16 Es preciso agregar que los delitos de contaminación causan severos daños al ambiente y que en el contexto actual, sobre la base de la protección de un derecho fundamental de tercera generación (medioambiente), se ha legislado penalmente, teniendo como bien jurídico protegido la salud y el bienestar de las personas, y en el presente caso las quejas por ruidos molestos se han presentado después de que se instaló la discoteca, indicio que ha sido corroborado por los peritajes materia del caso; por lo tanto, es necesario evaluar la prueba integralmente. En el presente caso se tiene como referencia adicional que dicho establecimiento funcionaba sin la licencia respectiva, indicio no corroborado ni desmentido.

1.17 En cuanto a la inobservancia del artículo 12.3 del NCPP y la deficiencia de motivación en su aplicación, la referida norma establece que “3. La sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda”.
1.18 El artículo 92 del Código Penal prescribe que la reparación civil se determina conjuntamente con la pena y es un derecho de la víctima que debe efectivizarse durante el tiempo que dure la condena. El juez ha de garantizar su cumplimiento.

1.19 El artículo 1969 del Código Civil, que prescribe que “aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor”, establece una regla de indemnización que constituye un imperativo independiente a la emisión de una sentencia en sede penal.

1.20 En ese sentido, no es amparable excluir automáticamente de la declaración de responsabilidad y obligaciones civiles sobre la base de la absolución en materia penal; tal planteamiento contradice la ratio legis del inciso 3 del artículo 12 del NCPP.

1.21 Se deriva de esta norma que el sustento de la responsabilidad penal es distinto al de la responsabilidad civil y ambos extremos deben ser motivo de pronunciamiento por el órgano jurisdiccional.

1.22 La declaración sobre la existencia o no de responsabilidad civil ha de cumplir con el mandato de motivación previsto en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú; deberá expresar el ámbito de la reparación y las razones por las que concluye que se produjo o no: i) la conducta antijurídica, ii) el daño causado, iii) la relación de causalidad y iv) el factor de atribución.

1.23 En la sentencia de primera instancia se señaló que, a raíz de la denuncia de los vecinos, la Sub Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Arequipa realizó mediciones sonoras en la discoteca Manutara, cuyos resultados se vieron reflejados en el informe técnico precedentemente mencionado, en virtud de lo cual se consideró acreditado que la actuación ilícita de los procesados (funcionamiento de la discoteca Manutara sin la debida licencia municipal, con la emisión de ruidos que excedían los límites permitidos en una zona residencial) fue causa suficiente para que se produzca el daño potencial en el ambiente y en la salud física y psicológica de los agraviados.

1.24 En el Informe número 32-2013-MPA/GSC/SGGA-HFS (informe cuestionado) de Héctor Justo Flores Suyo se concluyó que el nivel de ruido desde uno de los inmuebles desde donde se efectuó la medición era de 77.5 decibeles, en otro era de 66.0 decibeles y en el otro de 68.8 decibeles; y se señaló que estos niveles se consideran contaminación sonora (la medición fue en horario diurno). Según los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido en horario diurno en zona residencial, el máximo es de 60 decibeles.

1.25 En el Informe número 006-2013-GRA/GRS/GR-DESA, del veintiuno de enero de dos mil trece, emitido por la ingeniera Marcia Vargas Palacios, apoyo profesional de la Dirección de Ecología, Protección del Ambiente y Salud Ocupacional del Gobierno Regional de Arequipa, se indicó que con 70 decibeles no hay daño auditivo, que el daño auditivo se produce con los 85 decibeles (fojas 55 a 58 del expediente judicial); empero, en el juicio oral declaró esta ingeniera e indicó que hubo error material en dicho informe y que con 70 decibeles ya se produce daño auditivo.

1.26 El cuestionamiento de los procesados respecto a si el exceso del ruido generado excede los límites a tal punto que se configura el ilícito penal tipificado en el artículo 304 del código sustantivo es materia que concierne al ámbito penal y no civil, por lo que la sentencia de vista se encuentra arreglada a ley en este extremo.

1.27 Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 497 del NCPP, corresponde imponer el pago de costas procesales al recurrente Rommel Fernando Arce Gutiérrez.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República DECLARARON:

I. FUNDADA la casación interpuesta por el Ministerio Público contra la sentencia de vista emitida el ocho de enero de dos mil diecinueve por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, por la causal prevista en el numeral 2 del artículo 429 del NCPP —inobservancia del artículo 425.2 del NCPP—, en el extremo en el que, revocando la sentencia de primera instancia del diecinueve de enero de dos mil quince emitida por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa que condenó a Rommel Fernando Arce Gutiérrez y otros como coautores del delito de contaminación ambiental y en consecuencia les impuso cuatro años y ocho meses de pena privativa de libertad y doscientos setenta días-multa, la reformó y absolvió a los procesados de la acusación fiscal en su contra; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista en este extremo y con REENVÍO ordenaron la realización de una nueva audiencia de apelación por otro Colegiado.

II. INFUNDADA la casación interpuesta por la defensa del sentenciado Rommel Fernando Arce Gutiérrez, por la causal prevista en el numeral 4 del artículo 429 del NCPP —defecto de motivación (exigencia de motivación en la aplicación del artículo 12.3 del NCPP)—, contra la sentencia de vista emitida el ocho de enero de dos mil diecinueve por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en el extremo en el que confirmó la sentencia de primera instancia respecto al pago de la reparación civil por parte del recurrente.

III. IMPUSIERON al recurrente Rommel Fernando Arce Gutiérrez el pago de costas procesales, las que serán liquidadas por la Secretaría de la Sala Penal Permanente y ejecutadas por el Juzgado de origen.

IV. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria sea leída en audiencia pública y que, acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas en esta sede suprema.

V. MANDARON que, cumplidos estos trámites, se devuelva el proceso al órgano jurisdiccional de origen y que se archive el cuadernillo de casación en la Corte Suprema.

Intervino el señor juez supremo Núñez Julca por licencia del señor juez supremo Coaguila Chávez.

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