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SECUESTRO DE MENOR : Elementos configuradores del delito de secuestro y responsabilidad del sentenciado.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 165-2020
LIMA NORTE

SECUESTRO DE MENOR Y RESPONSABILIDAD DEL SENTENCIADO

Sumilla. En los delitos de secuestro, los intervinientes tienen como objetivo principal obtener beneficios a cambio de la liberación del secuestrado y cuando esto último sucede, ello se realiza en lugares con poco riesgo de ser descubiertos, lugares despoblados o con poca iluminación, lo que en este caso no ocurrió. Se trató, como bien lo indicó la Sala Penal Superior, de un secuestro atípico, no convencional debido al contexto en que ocurrieron los hechos. En ese sentido, se acreditó su responsabilidad en el delito imputado.

Lima, dos de marzo de dos mil veintidós

VISTO: el re de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado Walter Pardo Andía contra la sentencia del veintidós de noviembre de dos mil diecinueve (foja 659) emitida por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que lo condenó como coautor del delito contra la libertad personal, en la modalidad de secuestro, en perjuicio de Luís Aldair Guzmán Sobrino. Le impuso veinticinco años de pena privativa de libertad y fijó en diez mil soles la reparación civil a favor del citado agraviado, con lo demás que contiene. De conformidad con la opinión del fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente la jueza suprema SUSANA CASTAÑEDA OTSU.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y CALIFICACIÓN JURÍDICA

PRIMERO. Conforme fluye de la acusación fiscal escrita y ratificada en juicio oral (fojas 374 y 634, respectivamente), se atribuyó a Pardo Andía haber participado en la privación de libertad del adolescente Luis Aldair Guzmán Sobrino (15 años de edad), lo que sucedió el 15 de agosto de 2012, cuando transitaba a la altura de la calle Los Olivos mz. H2 de la urbanización Los Jazmines de Naranjal en el distrito de San Martín de Porres, con su hermano menor (seis años de edad) en dirección a su centro de estudios. Fue interceptado por dos sujetos desconocidos, quienes descendieron de un vehículo color plomo, provistos de armas de fuego, y en forma violenta y con amenazas lo subieron al vehículo, vendaron sus ojos, lo ataron de las manos y lo llevaron con rumbo desconocido.

Tres días después, el 18 de agosto de 2012, en horas de la noche, por indicación y comunicación del acusado Walter Prado Andía (a) “Corona”, Luis Enrique Guzmán Sánchez entregó la suma de seis mil quinientos dólares americanos a una persona de apelativo “Sica” después de la liberación del menor agraviado, quien es su hijo, el mismo que fue dejado por inmediaciones del Colegio Fátima, ubicado a siete cuadras de su casa.

SEGUNDO. Por estos hechos, el fiscal superior de la Séptima Fiscalía Superior Penal acusó a Pardo Andía como autor del delito contra la libertad en la modalidad de secuestro previsto en el artículo 152 del Código Penal (CP)1 con la agravante prevista en el numeral 11, segundo párrafo referida a la comisión de dos o más personas, en concordancia con el numeral 1, último párrafo, del citado artículo, que establece la pena de cadena perpetua.

Solicitó se le imponga treinta años de pena privativa de la libertad y se fije en diez mil soles (S/10 000,00) la reparación civil en favor del agraviado.

SENTENCIA MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO

TERCERO. La Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte emitió la sentencia que es materia del recurso de nulidad, la que dio por probada la materialidad del delito y la responsabilidad del acusado Pardo Andía. Sus argumentos fueron los siguientes:

3.1 La condena se sustentó probatoriamente en las declaraciones realizadas en juicio oral por el acusado Pardo Andía, la madre del menor agraviado Fresia Sobrino Tupiño, el agraviado Guzmán Sobrino y por los efectivos policiales Gerson Rojas Fernández y Pedro José Tello Trujillo. Asimismo, de los datos obtenidos a nivel preliminar por las manifestaciones policiales del menor y de su padre, el Certificado Médico Legal N.º 27903-L, la pericia psicológica realizada al menor, el parte pericial de indentifac N.° 409-2012, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, el Informe N.° 02-2013-DIRINCRI-PNP/DIVINSEC-DEPAN, y de las siguientes actas: acta de verificación y recorrido, acta de reconocimiento fotográfico a través de ficha Reniec, actas de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos celulares.

3.2 Con base en las pruebas actuadas concluyó que quedó acreditado: a) El día 15 de agosto de 2012, el menor Guzmán Sobrino fue secuestrado, por inmediaciones del distrito de Los Olivos, por dos sujetos no identificados, por el periodo de tres días. b) Los secuestradores a fin de realizar las negociaciones, se comunicaron con los padres del menor desde distintos celulares (987 385 045, 940 028 880, 962 294 195, 940 028 849, 940 028 857, 989 547 886, 994 326 648, 962 293 672 y 940 028 887), los cuales provenían de la zona de Piedras Gordas–Ancón. c) Los padres cancelaron la suma de USD 6500,00 al sujeto conocido como “SICA” después que el menor fue liberado el 18 de agosto de 2012. d) El sentenciado Pardo Andía, quien tiene el apelativo de “Corona”, a la fecha de los hechos, estaba recluido en el penal Piedras Gordas, cumpliendo condena por los delitos de secuestro y robo agravado. Se comunicó desde el celular N.º 962 294 195, el mismo que también fue empleado por los negociadores. e) Pardo Andía y el padre del menor se conocían con anterioridad a la fecha de los hechos. f) El padre del agraviado, luego de la liberación, no respondió las llamadas ni textos amenazadores de Pardo Andía, en los que le exige que cumpla con el acuerdo, le reclamó la falta de atención a sus llamadas telefónicas.

3.3 El delito de secuestro es de naturaleza clandestina (privación de libertad y ubicación en cautiverio) en el que los intervinientes cumplen distintos roles a fin de obtener un beneficio económico (etapa de negociación) para su entrega (liberación). En este caso, Pardo Andía, entabló amistad y generó confianza con el padre del menor a quien conoció en el centro penitenciario Lurigancho en el 2006, donde tenía un restaurante y Guzmán Sánchez solía visitar el penal.

3.4 Consideró como indicios los siguientes: a) Producido el secuestro, sin preguntar por los números telefónicos al agraviado, los secuestradores se comunicaron con la madre del menor, pues estos ya los tenían. b) Pardo Andía realmente no estuvo en la situación de negociador con los supuestos secuestradores, desde su posición privilegiada ante el padre del menor y ante los secuestradores, tenía el dominio de la situación. En conclusión, pudo determinar la decisión de los padres para que supuestamente pacten con los secuestradores el monto de dinero por la liberación del menor. c) Se dio un modus operandi atípico, pues se acordó pagar la liberación de manera fraccionada: el primer pago, luego de una semana de liberado el menor. d) El menor fue liberado a siete cuadras de su casa. e) Algunas horas después de la liberación un sujeto conocido como “Sica” se apersonó a la vivienda a recibir el primer pago de dinero (USD 6500,00). f) El rol de Pardo Andía fue la de garantizar, apadrinar y/o aparentar ser negociador, pues tenía como objetivo que los padres del menor agraviado entreguen el dinero del rescate; debido a que existía un grado de confianza entre el sentenciado y sus coparticipantes, es por ello que soltaron al menor antes de recibir el dinero. g) Pardo Andía obtuvo un provecho económico con su intervención en el secuestro el que se realizó utilizando con equipos celulares desde el centro penitenciario, lugar en el que es una costumbre que los delincuentes utilicen dispositivos móviles. h) Pardo Andía viene cumpliendo pena por el delito de secuestro.

Concluyó que Pardo Andía actuó con dolo y con acciones del hombre de atrás, para planificar el secuestro, cautiverio, negociación y liberación del menor agraviado. Le impuso la pena solicitada por fiscal superior.

AGRAVIOS QUE SUSTENTAN EL RECURSO DE NULIDAD

CUARTO. La sentencia fue impugnada por la defensa de Pardo Andía, quien solicitó que este Supremo Tribunal declare la nulidad de la misma y absuelva a su patrocinado de la acusación fiscal, con base en el cuestionamiento a la actividad probatoria. Sostuvo los siguientes agravios:

4.1 No se precisó el rol que tuvo su patrocinado en el secuestro, ni de qué modo se hizo las conexiones, ni se identificó al titular de los celulares con los que se comunicaron con los padres del agraviado.

4.2 Se distinguió las etapas del delito de secuestro, desde el inicio hasta la liberación, Sin embargo, no se precisó desde qué etapa participó su patrocinado, incluso, lo consideraron como el hombre de atrás.

4.3 No se determinó como es que los secuestradores solicitaron la suma de USD 400 000,00 a los padres de la víctima para finalizar en USD 8500,00, pues la madre del agraviado, indicó en el plenario que no participó de las negociaciones.

4.4 No se valoró la declaración del padre del agraviado, Luis Enrique Guzmán Sánchez, cuando indicó que él llamó al sentenciado a pedir ayuda en el secuestro de su hijo. Su patrocinado desconocía datos personales de la familia del menor, como domicilio, capacidad económica o de que iban a comunicarse con él a fin de que le apoye.

4.5 Consideró equivocadamente que el sentenciado conocía el número telefónico de Luis Guzmán Sánchez, pero no tuvo en cuenta que en el registro de la celda del sentenciado no se encontró anotado ninguno de los números telefónicos del padre del agraviado. Es errado considerar que del número de celular 992 114 747 se realizaron las negociaciones y que este le pertenece a Guzmán Sánchez.

4.6 No se acreditó la vinculación entre Sica y Pardo Andía y no se recabó la declaración del SOS PNP Gabriel Méndez Guerrero, quien realizó el análisis de los reportes telefónicos.

4.7 No se valoraron los siguientes medios probatorios: i) Las conclusiones del Dictamen Pericial Físico Audio N.° 129/3. ii) Las actas de lectura de llamadas entrantes y salientes del celular. iii) El acta de registro de celda de su patrocinado. iv) El Atestado Policial N.° 16-2013-DIRINCRI-PNP. Agregó que la DIVINSEC/DIRINCRI no transcribió las grabaciones de las negociaciones.

OPINIÓN DEL FISCAL SUPREMO EN LO PENAL

QUINTO. El fiscal supremo en lo penal opinó que se declare no haber nulidad en la sentencia recurrida, pues consideró que está acreditada la materialidad del delito y responsabilidad penal de Pardo Andía, para ello tuvo en cuenta la segunda y tercera ampliación de la manifestación de Guzmán Sánchez, el Acta de reconocimiento fotográfico a través de ficha Reniec y la prueba por indiciarias. Además, consideró que no se incurrió en alguna causal de nulidad prevista en la ley procesal

FUNDAMENTOS DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL

SUSTENTO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

SEXTO. Los hechos materia de acusación y de juzgamiento, están tipificados en el delito de secuestro, previsto en el primer párrafo, artículo 152, del CP, en concordancia con la agravante prevista en el inciso 11, segundo párrafo, y el inciso 1, último párrafo, del mismo artículo. El texto del artículo 152 aplicable al momento de los hechos2, es el siguiente:

Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de veinte ni mayor de treinta años el que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad.

Las modalidades agravadas materia de este caso, son si el secuestro es cometido por dos o más personas y la minoría de edad con relación al sujeto pasivo, en cuyo caso, la pena es de cadena perpetua.

SÉPTIMO. Al respecto, esta Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema3 ha establecido que la estructura del injusto del delito de secuestro en sus tipos básico y agravado, advierte la tutela penal de la privación o restricción de la libertad de la persona como bien jurídico protegido. Se trata de un tipo penal común en el que cualquier persona natural, puede ser sujeto activo. Entre sus elementos normativos, tenemos:

7.1. “Sin derecho” priva a otro de su libertad personal no solo exige la restricción de la capacidad física de movimiento del sujeto pasivo, sino que, en clave normativa, lo importante es la privación de la capacidad de la víctima de decidir el lugar donde quiere o no quiere estar.

7.2. “Sin motivo ni facultad justificada” priva a otro de su libertad personal, exige que no medie “consentimiento del sujeto pasivo”, y que el agente prive de la libertad a otra persona sin motivos o facultades razonables.

7.3. Los medios comisivos de la privación o restricción de libertad de la persona no quedan limitados al empleo de la violencia o amenaza, sino que pueden perpetrarse o materializarse por diversos medios o modos objetivos e idóneos contra la víctima.

7.4. “Cualquiera sea la circunstancia y tiempo” en que se prive o restrinja la libertad. En consecuencia, en cuanto al aspecto del “espacio” el tipo penal no diferencia si el sujeto activo priva de la libertad a la víctima en un “lugar público o privado”, o si el espacio físico de locomoción es “pequeño o grande”, es indistinta la calificación del lugar y las proporciones métricas o dimensionales.

7.5. Finalmente, respecto a la acción del tiempo, la privación o restricción de la libertad ambulatoria puede ser de escasa duración (mínimo tiempo) o por lapsos prolongados (tiempo mayor).

La consumación del injusto penal de secuestro se da cuando el sujeto pasivo queda privado o restringido de su libertad. En tanto se prolongue la afectación a la libertad de la víctima, el delito seguirá realizándose, pues estamos ante un delito permanente.

OCTAVO. De otro lado, el secuestro agravado por la calidad del sujeto pasivo “un menor de edad”, no solo tiene incidencia en la agravación de la determinación de la pena, sino que la tutela penal de protección se vincula con la disminuida capacidad de autodeterminación de los menores, con base en la protección especial del menor por la custodia y cuidado de sus padres o de quienes la ejercen.

ANÁLISIS DEL CASO

SOBRE LA MATERIALIDAD DEL DELITO DE SECUESTRO

NOVENO. De la revisión de la sentencia y de la prueba actuada, compartimos la conclusión de la Sala Penal Superior en el sentido que se ha determinado la materialidad del delito de secuestro pues de la denuncia primigenia interpuesta por Guzmán Sánchez, padre del menor secuestrado, se obtuvo que el 15 de agosto de 2012, a las 07:30 horas aproximadamente, en la calle Los Olivos mz. H2 de la urbanización Los Jazmines de Naranjal en el distrito de San Martín de Porres, su menor hijo, Luis Aldair Guzmán Sobrino, de quince años de edad, cuando se dirigía al colegio en compañía de su hermano menor, fue secuestrado por dos sujetos quienes descendieron de un vehículo de color plomo, le vendaron los ojos y lo pusieron en cautiverio en un lugar desconocido.

Dicha información que el padre del agraviado denunció, le fue proporcionada por su hermano menor que lo acompañaba cuando fue secuestrado. Se consignó en el Parte N.º 911-2012-DIRINCRI-PNP/DIVINSEC- D1-E2, que el jefe de Departamento de Investigación de Secuestros puso en conocimiento del fiscal de la Fiscalía Provincial Mixta de Los Olivos, quien inició las investigaciones preliminares. Se cuenta con un dato relevante, el de las llamadas telefónicas, que se determinó fueron efectuadas desde los siguientes números: 987 385 045 y 940 028 880.

Posteriormente, tres días después, el 18 del mismo mes, el menor agraviado fue liberado cerca de su casa, conforme lo indicó en su declaración y se consignó en el Atestado N.º 16-2013-DIRINCRI-PNP/DIVINSEC-D1-E2. En sentido similar, se tiene la versión de la madre del menor, Fresia Sobrino Tupiño y del padre Guzmán Sánchez, quienes además indicaron que luego de la liberación entregaron la suma de seis mil quinientos dólares americanos al sujeto Sica, siguiendo las indicaciones de Pardo Andía.

DÉCIMO. En conclusión, el menor agraviado Guzmán Sobrino —sujeto de alto grado de vulnerabilidad en razón de su edad—, sin derecho, motivo, ni facultad justificada, fue privado de su libertad personal desde el 15 de agosto de 2012, puesto en un lugar con los ojos vendados e incomunicado, estuvo en cautiverio y fue puesto en libertad el 18 del mismo mes y año, es decir, después de tres días en que fue alejado de la tutela de protección de sus padres.

SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE PARDO ANDÍA

DECIMOPRIMERO. Este Supremo Tribunal comparte la posición de la Sala Penal Superior, puesto que el razonamiento efectuado cumple con los estándares de a debida motivación de las resoluciones judiciales. Además, tenemos en cuenta con relación a las pruebas actuadas en juicio oral, lo siguiente:

11.1 El sentenciado Pardo Andía en su declaración en juicio oral, sostuvo que su apelativo es “Corona”. Indicó que conocía al padre del menor agraviado desde el año 2006, cuando estuvo preso en el penal de Lurigancho, donde tenía un restaurante en el que cocinaba y lo atendía, pero desde que lo trasladaron al penal Piedras Gordas dejó de verlo. Añadió que suele saber de él por lo amigos en común que tienen en dicho centro penitenciario, lugar en el que negó tener celulares, no obstante, precisó que en alguna oportunidad, le deben haber pasado el celular para hablar con él.

Añadió que tuvo conocimiento del secuestro del menor, ya que la policía realizó una requisa en el penal. De otro lado, respecto al padre del menor, se refirió como una persona dadivosa con él. Negó haber efectuado el rol de negociador en el secuestro que, en todo caso deberían tener una grabación de su voz. También negó haberlo ayudado a recuperar su auto en alguna oportunidad anterior y que no conoce a nadie con el apelativo de “Sica”.

11.2 La declaración del menor en juicio oral. Refirió que luego de su secuestro fue puesto en un lugar desconocido con los ojos vendados, hasta que después de algunos días, un custodio se lo llevó al vehículo y luego lo soltaron en la esquina del colegio Fátima, que se ubica a siete cuadras de su vivienda aproximadamente.

11.3 La manifestación policial de Luís Guzmán Sánchez. Padre del menor, la que oralizada y sometida al contradictorio, conforme con el artículo 262 del Código de Procedimientos Penales. El 16 de agosto de 2012, luego del secuestro de su hijo, se comunicaron desde el número de celular 987 385 045 al celular de su esposa Sobrino Tupiño, cuyo número de celular es 980 691 107), le dijeron que les pase con su esposo, luego volvieron a llamar y él contestó la llamada. Le dijeron que querían dinero por la entrega de su hijo y que no avise a la policía. Ante estos hechos, interpuso la denuncia ante la policía.

Añadió que durante esos días los secuestradores se habían comunicado desde distintos números de celular, estos son, 987 385 045, 940 028 880, 940 028 857 y 940 028 887; llamadas que provenían desde el establecimiento penitenciario Piedras Gordas. Precisó que, se comunicó con la persona conocida como “Corona” a quien identificó en la comisaría, por la ficha Reniec que se le puso a la vista. Tomó conocimiento que su nombre es Walter Pardo Andía.

Señaló que conoce a Pardo Andía desde hace más de cuatro años, cuando visitaba a un amigo en el penal de Lurigancho, que con él tiene una amistad, que en ocasiones a él le pedía que realice recargas a su celular, en una oportunidad Pardo Andía lo ayudó a recuperar su vehículo que le fue robado. Indicó que la participación de Pardo Andía se debe a que él le pidió ser intermediario con los secuestradores de su hijo, negociar su liberación, puesto que lo ayudó antes en casos similares, quien le respondió que averiguaría en el penal. Luego le devolvió la llamada y le dijo que sospechaba de un tal “Marquina” que también se encontraba en el penal y fue el mismo que lo habría extorsionado en el año 2009 y le recomendó que pague la suma de USD 8500,00.

Precisó que los números de celulares utilizados por los secuestradores fueron 940 028 880, 940 028 857 y 940 028 887. Respecto a los números 989 547 886, 962 294 195, 994 326 648 y 962 293 672 son los celulares que utilizó “Corona” también conocido como “Cumpa”. Los números utilizados por su persona fueron 993 615 206, 990 464 219 y 989 750 252. “Corona” le aconsejaba que pagara el monto exigido de USD 6500,00 a los secuestradores por la liberación. Luego que su hijo fue liberado, Corona lo llamó y le dijo que entregara dicha suma de dinero a una persona conocida como “Sica”, a quien luego de hacerse presente en su casa por el dinero, le entregó en un sobre manila.

11.4 También tiene cuenta el Acta de lectura de llamadas entrantes y salientes del teléfono celular 992 114 748, utilizado por el padre del menor, de este número se comunicaba con “Corona”, quien usaba los números de celular 962 294 195 y 940 028 849, de los cuales envió los siguientes mensajes:

DECIMOSEGUNDO. Las pruebas actuadas permiten compartir la valoración de la Sala Penal Superior y llegar a la misma conclusión de responsabilidad penal del sentenciado, puesto que:

12.1 Pardo Andía está condenado por los delitos de robo agravado y secuestro. Es una persona que tiene experiencia y conocimiento en la elaboración y/o ejecución que se requiere para obtener beneficios económicos mediante el secuestro. Se encuentra cumpliendo su pena en el centro penitenciario Ancón I (ex Piedras Gordas), lugar desde donde se realizaron las llamadas de los secuestradores, conforme con el Informe Policial N.º 02-2013-DIRINCRI-PNP.

Es sabido que en el país, desde los centros penitenciarios se planifican y cometen delitos, entre ellos, los secuestros, que requieren la intervención de personas que mediante llamadas telefónicas amenazan, extorsionan o negocian secuestros, entre otros. Situación en la que se encontraba el sentenciado.

12.2 Existió una relación amical entre Pardo Andía (conocido como “Corona” o “Cumpa”) y Guzmán Sánchez, padre del menor. Esta relación si bien comenzó cuando el sentenciado estaba en otra prisión, permitió una comunicación activa. Guzmán Sánchez refirió que Pardo Andía lo ayudó en un hecho similar, esto es, en la recuperación de su vehículo (rescate), y también cuando fue víctima de extorsión, en los que pagó una suma de dinero. Hubo confianza y agradecimiento por parte de Guzmán Sánchez, tal es así que le realizó recargas a su celular y le depositó montos de dinero.

Es correcta la inferencia de la Sala Penal Superior, que Pardo Andía tenía una posición privilegiada ante Guzmán Sánchez, por lo que accedió a cierta información personal, producto de la confianza y el sentimiento de agradecimiento generado por los favores en momentos en los que tenía que lidiar con contextos criminales (negociación para la devolución de auto robado previo pago y extorsión de amenazas de atentado contra su familia).

12.3 Como es propio en los delitos de secuestro, existe una fase de estudio en la que se identifica a una persona con capacidad de pago y se elige a la persona que será secuestrada. Dicho estudio requiere de cierta aproximación para adquirir dicha información; en este caso, Pardo Andía conocía bien a Guzmán Sánchez, sabía de su capacidad económica, pues ya había estado involucrado en otros pagos por secuestro.

12.4 Como bien precisó la Sala Penal Superior, luego del secuestro no se advierte en la declaración del menor, que los secuestradores le hayan pedido información personal a fin de iniciar las coordinaciones con los familiares del agraviado. Es lógico inferir que los secuestradores ya contaban con información relevante y personal de difícil acceso para cualquiera. Esa información la tenía Pardo Andía.

12.5 El menor agraviado fue liberado al tercer día, a siete cuadras, aproximadamente, de su domicilio, sin que sus padres hubieran realizado pago alguno por su liberación, no obstante llegaron a un acuerdo de pago en tres cuotas, posterior a la liberación. Los secuestradores dieron por hecho que el acuerdo del pago del primer monto se cumpliría sin falta alguna, al igual que las demás cuotas. De lo contrario, no entregaban al menor.

Además, es de considerar que, en los delitos de secuestro, los responsables de los hechos tienen como objetivo principal obtener beneficios a cambio de la liberación del secuestrado y que cuando esto último sucede, ello se realiza en lugares con poco riesgo de ser descubiertos, lugares despoblados o con poca iluminación, lo que en este caso no ocurrió. Se trató, como bien lo indicó la Sala Penal Superior, de un secuestro atípico, no convencional debido al contexto en que ocurrieron los hechos. Pardo Andía tuvo una posición que no es usual en este tipo de delitos. El conocía información relevante, la usó y la compartió con los otros coautores aun no identificados.

12.6 A las pocas horas de la liberación del menor, se realizó el pago del primer monto acordado entre las partes. Hecho que fue inusual, pues una persona enviada por los responsables del secuestro (Sica) recogió el dinero en la casa de los padres de la víctima.

Nuevamente se advierte una aparente sobre exposición por parte de los responsables a ser descubiertos. Ello se debe a que Pardo Andía tenía el control de la situación, sabía que su amigo Guzmán Sánchez entregaría el dinero (incluso cuando su hijo ya esté liberado) y estuvo en condiciones de decidir entre los coautores una entrega parcial del rescate.

12.7 Finalmente, se tiene que los días 23, 24 y 25 de agosto de 2012, desde los números de celular: 962 294 195 y 940 028 849, Pardo Andía envió los mensajes de texto, consignados en el punto 11.4 de la presente ejecutoria suprema, al celular 992 114 748 de Guzmán Sánchez.

Dichos mensajes no evidencian una actitud de ayudar a negociar con los secuestradores, sino un interés por cobrar el dinero restante. Se aprecia frases como “bueno una vez nomás no llora el niño” o “dile a papito que cuide a su familia”. Se trata de expresiones amenazantes que permiten inferir razonablemente que si no se entrega el rescate total puede ocurrir otro suceso delictivo similar. Esta actitud posterior a la liberación pone de manifiesto su nivel de intervención en el secuestro, lo cual toma fuerza con el hecho que constantemente durante las negociaciones recomendaba insistentemente a Guzmán Sánchez pagar los montos de dinero.

DECIMOTERCERO. En conclusión, Pardo Andía intervino a título de coautor en el delito de secuestro en perjuicio del menor Guzmán Sobrino (quince años de edad), y tal como la Sala Penal Superior anotó tuvo una intervención relevante puesto que él se encargó de elegir a la víctima y de la negociación para la liberación y lo cometió conjuntamente con otras personas desde la prisión. Su rol de simple encargado de actuar como intermediario no tiene sustento.

DECIMOCUARTO. Ahora bien, los agravios consistentes en que no se precisó en qué etapa del delito de secuestro ni qué rol cumplió su patrocinado, la Sala Penal Superior ha dado las razones por las cuales su intervención inició con el planteamiento, en el que proporcionó información relevante e intervino también en la etapa de la negociación.

El recurrente sustentó como agravio que no se determinó como los secuestradores realizaron las negociaciones en tres montos dinerarios, si en el plenario no concurrió el papá del menor y la madre declaró que no participó en las negociaciones. Ante este cuestionamiento, como se explicó, de la versión a nivel policial del padre del menor, y de los mensajes de textos que le envía el recurrente, se probó que se acordó que el pago de la liberación en distintos montos que no fueron totalmente pagados.

En cuanto a los agravios que cuestionan la valoración de ciertos medios de prueba —punto 4.4 de los agravios—, se tiene que si bien es cierto el padre del menor no declaró en juicio oral, ello no enerva su versión, más aun si se sometió al contradictorio mediante su lectura en juicio oral. Respecto a que su participación fue porque el padre le solicitó que lo ayude, ello, como indicó la Sala Penal Superior, era una acción esperada por Pando Andía, por el nivel de confianza que le tenía.

Sobre el cuestionamiento referido a que su patrocinado utilizó los números de celular: 962 249 195 y 940 028 849, sin que se hayan acreditado que eran suyos, recordemos que Pardo Andía se encuentra recluido en un penal, por lo que, su acceso a un equipo de celular no es de manera ordinaria, o como titular de la línea, sino es limitada y con restricciones. En nuestra realidad penitenciaria, se accede a veces, mediante el alquiler clandestino interno. Ahora, se le atribuye la autoría de los mensajes de textos cuestionados, toda vez que del contenido del mismo se aprecia una continuidad y coherencia con el contexto, es decir, los mensajes de textos son de fechas posteriores a la liberación del menor, en la que, conforme el acuerdo de liberación, aún quedaba pendiente el mayor importe de los pagos. En cuanto al cuestionamiento de la titularidad del celular 992 114 748, este celular fue utilizado por el padre del agraviado, a raíz de la asistencia policial para las negociaciones.

Respecto a sus agravios con los que cuestiona la valoración de las pruebas consignadas en los puntos 4.6 y 4.7, no tienen entidad suficiente para desvirtuar las conclusiones arribadas por la Sala Penal Superior y este Supremo Tribunal, por lo que también se desestiman.

SOBRE LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA Y REPARACIÓN CIVIL

DECIMOQUINTO. La pena conminada para el delito de secuestro de menor de edad es de cadena perpetua. Sin embargo, el fiscal superior solicitó treinta años de pena privativa de libertad.

La Sala Penal Superior impuso la pena de veinticinco años de privación de libertad, no obstante que tuvo en cuenta que registra antecedentes penales y denota una conducta reincidente. Recurrió al criterio humanitario y la proporcionalidad de las penas.

Como el fiscal superior no impugnó la sentencia en dicho extremo, la pena debe ser ratificada en razón de que el único impugnante es el sentenciado, conforme con el inciso 1, del artículo 300, del C de PP, que consagra el principio de la interdicción de la reforma en peor4.

DECIMOSEXTO. En cuanto a la reparación civil, el fiscal superior solicitó el pago de diez mil soles por este concepto. La Sala Superior Penal la fijó en el mismo importe. Como la defensa del sentenciado no expresó agravios específicos con relación al importe fijado y no se advierten razones que justifiquen su disminución, este importe debe ser ratificado.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ACORDARON:

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia del veintidós de noviembre de dos mil diecinueve emitida por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que lo condenó como coautor del delito contra la libertad personal, en la modalidad de secuestro, en perjuicio de Luis Aldair Guzmán Sobrino. Le impuso veinticinco años de pena privativa de libertad y fijó en diez mil soles la reparación civil a favor del citado agraviado, con lo demás que contiene.

II. ORDENAR se notifique la presente ejecutoria suprema a las partes apersonadas a esta instancia, se devuelvan los actuados al Tribunal Superior de origen y se archive el cuadernillo.

1 Modificado por Decreto Legislativo N.º 982, publicado el 22 de julio de 2007.
2 Según la modificatoria del Decreto Legislativo N.° 982, publicado el 22 de julio de 2007.
3 Casación N.º 1059-2017/TACNA, del 17 de noviembre de 2020. FJ Octavo. Jueza suprema ponente Castañeda Otsu.
4 Artículo 300 del C de PP. 1. Si el recurso de nulidad es interpuesto por uno o varios sentenciados, la Corte Suprema solo puede confirmar o reducir la pena impuesta y pronunciarse sobre el asunto materia de impugnación. La interdicción de la reformatio in peius constituye un derecho implícito del derecho a la tutela procesal efectiva, consagrado en el inciso 3, artículo 139, de la Constitución Política. Tiene estrecha relación con el derecho a interponer recursos impugnatorios, que deriva del inciso 6 del citado artículo 139. STC 0553-

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