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Violación sexual de menor. Requisitos de la prueba.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

RECURSO CASACIÓN N.° 834-2020/AREQUIPA
PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO

Título. Violación sexual de menor. Requisitos de la prueba.

Sumilla: 1. La prueba pericial es una prueba compleja, que está integrada por tres elementos. El primero, está referido a la labor perceptiva del perito respecto del tema peritado. El segundo es el informe pericial. El tercero es la explicación que sobre su actividad pericial brinda el perito en el Plenario sometiéndose a contradicción. La exposición oral y explicaciones del perito en el plenario desde luego no lo transforman en testigo; él da cuenta oralmente de lo que percibió y examinó, de las operaciones periciales que realizó y formula las correspondientes máximas de experiencia científicas, técnicas o profesionales utilizadas. El perito opina y, en su caso, formula proyecciones o evaluaciones, lo que por lo demás es muy distinto al testigo que solo expone objetivamente lo que sus sentidos captaron, directa o indirectamente.  2. El control de la motivación de la quaestio facti es esencial en materia casacional. No se trata de realizar un nuevo e independiente examen del material probatorio, que es de competencia exclusiva del juez de mérito. Solo corresponde al Tribunal Supremo advertir si se presenta un defecto de motivación relevante; si se está, como igualmente se ha sostenido constantemente, ante una motivación omitida, incompleta, insuficiente, vaga o genérica, impertinente, falseada, contradictoria o irracional (que vulnera las reglas de la sana crítica: leyes de la lógica, máximas de la experiencia o conocimientos científicos). El control de la motivación puede ser (i) intratextual (a lo que se indica en la sentencia, que es materia de referencia específica en el artículo 429, inciso 4, del CPP) y (ii) extratextual (omite alguna prueba decisiva o falsea información, es decir, que no se corresponda con los materiales probatorios disponibles, y está más vinculada al control desde la presunción de inocencia y la tutela jurisdiccional, según impugne el imputado o las demás partes procesales, respectivamente). 3. La corroboración externa en estos delitos, por su propia naturaleza, no debe entenderse como una completa aseveración de fuente externa a la declaración de la víctima sobre el dato culminante del hecho punible: los actos de acceso carnal, pues de ser así sencillamente no se necesitaría todo el análisis previo sobre incredibilidad subjetiva, y coherencia interna y persistencia del testimonio incriminador. Tampoco puede desconocerse en este tipo de delitos, ocurridos en el seno familiar, la presión que sobre la víctima ejerce la familia y la situación de dependencia de aquélla frente al agresor. Por ello, las muy a menudo retractaciones no pueden afrontarse formalmente, sino examinarse rigurosamente para determinar si son veraces y reflejan la realidad de lo ocurrido.

–SENTENCIA DE CASACIÓN–

Lima, nueve de marzo de dos mil veintidós

VISTOS; en audiencia privada: el recurso de casación, por las causales por las causales de inobservancia de precepto constitucional y violación de la garantía de motivación interpuesto por la señora FISCAL SUPERIOR DE AREQUIPA contra la sentencia de vista de fojas doscientos treinta y ocho, de siete de septiembre de dos mil veinte, que confirmó la sentencia de primera instancia de fojas ciento cuarenta y dos, de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en cuanto absolvió a Julio Cesar Coila Lima de la acusación fiscal formulado en su contra por el delito de violación sexual de menor de edad en agravio de R.S.P.M.; con todo lo demás que al respecto contiene.

Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO. Que, según la acusación fiscal de fojas diecinueve, de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, el día cuatro de enero de dos mil doce (un día antes de su cumpleaños) la menor R.S.P.M., de nueve años de edad, se encontraba en el domicilio del encausado Coila Lima, ubicado en la calle Leoncio Prado del distrito de Miraflores – Arequipa, donde vivía con su madre y hermanos desde el año dos mil once. La menor agraviada vestía una falda roja de uniforme de su colegio. En esas circunstancias llegó el citado encausado, quien era taxista, el cual se dirigió al cuarto de la agraviada, se bajó el pantalón y ropa interior, agarró su pene y lo puso en la boca de la menor a fin de que le practique sexo oral. Acto seguido, se echó en la cama, le agarró la falda, la subió encima de él, y le introdujo el pene en la vagina de la menor agraviada, al punto de hacerla sangrar. Finalmente, la obligó a bañarse con agua fría.

La agresión sexual continuó en el tiempo en forma reiterada durante el año dos mil trece, cuando la menor R.S.P.M. tenía diez años. El acceso carnal con la menor agraviada tuvo lugar en la casa Granja San Lázaro del distrito de Alto Selva Alegre, de propiedad de Rosa Lima De Gómez, abuela de la menor.

Posteriormente, en el año dos mil diecisiete, el encausado Coila Lima continuó con los actos reiterados de penetración sexual a la agraviada R.S.P.M., para lo cual la insultaba y amenazaba. Le decía a la agraviada que era “su puta” y que nadie le iba a creer si lo denunciaba porque él mantenía a ella y a su madre, al punto que si decía algo la mandarían a un albergue. Además, si la agraviada no accedía a sus requerimientos sexuales la golpeaba. Siempre aprovechaba que la madre de la agraviada no se encontraba en la casa o estaba durmiendo.

Estos hechos fueron configurados dentro del delito de violación sexual de menor de edad.

Asimismo, en reiteradas oportunidades, el imputado Coila Lima tocaba en sus partes íntimas, senos y vagina a la agraviada R.S.P.M. Luego, en el mes diciembre del mismo año dos mil diecisiete, antes de navidad, el citado imputado nuevamente le tocó su vagina.

Finalmente, el veintidós de septiembre de dos mil dieciocho el imputado Coila Lima grabó en video a la agraviada R.S.P.M. mientras dormía porque se le notaban sus partes íntimas. La menor advirtió la situación y, al día siguiente, tomó el celular del imputado para comprobar que efectivamente había un video en el que había grabado imágenes de su vagina y sus piernas. Estos hechos fueron configurados como delito de acoso sexual.

SEGUNDO. Que lo relevante del procedimiento penal es como a continuación se detalla:

1. En merito a los hechos expuestos, la Fiscalía mediante requerimiento de fojas diecinueve, de diecisiete de junio de so mil diecinueve, acusó a Julio César Coila Lima por los delitos de violación sexual de menor de edad y acoso sexual, y solicitó la pena de cadena perpetua y el pago de cincuenta mil soles por daño moral.

2. Realizada la audiencia de control de acusación, como consta de acta de fojas cuarenta y seis, de ocho de agosto de dos mil diecinueve, se expidió auto de enjuiciamiento de fojas cuarenta y siete, de ocho de agosto de dos mil diecinueve, por ambos delitos. La resolución precisó que no hay actor civil constituido en autos.

3. Llevado a cabo el juicio oral el Juzgado Penal Colegiado condenó a Coila Lima por delito de acoso sexual y le impuso seis años de pena privativa de libertad efectiva, inhabilitación para ingresar o reingresar al servicio docente y que durante el plazo de la condena está prohibido de acercarse a la menor, y tratamiento terapéutico, así como fijó en la suma de cinco mil soles el monto por concepto de reparación civil. Por otro lado, absolvió al citado encausado de la acusación fiscal por delito de violación sexual de menor de edad.

4. En cuanto a la absolución, por duda razonable, señaló que según el certificado médico legal la menor habría iniciado su vida sexual con su enamorado en dos mil dieciocho; que la menor indicó que esa fue su primera relación sexual, sin embargo en su versión inicial expuso que fue abusada sexualmente desde los ocho años de edad; que la agraviada R.S.P.M. se retractó de su declaración inicial en el plenario y acotó que sindicó al imputado porque le tenía cólera por la cachetada que le propinó.

5. La sentencia fue apelada por la Fiscalía en el extremo de la absolución por el delito de violación sexual de menor de edad, mediante su escrito de fojas ciento setenta y siete, de dieciséis de enero de dos mil veinte. Argumentó que existe error en el análisis de las declaraciones de los efectivos policiales; que la declaración de la agraviada, respecto al inicio de su vida sexual a los quince años en forma consentida con su enamorado, no puede desvirtuar su declaración respecto al abuso sexual ejecutado por el imputado desde los nueve años de edad; que si bien la agraviada no presenta sintomatología sobre alguna afectación de tipo sexual, es de valorar que la perito psicóloga indicó que no consignó afectación en su resultado porque no era necesario pues encontró en la menor ansiedad y reviviscencias de los hechos en su contra; que respecto a la verosimilitud de su testimonio no se ha tenido en cuenta lo declarado por la menor en cámara gesell; que no se consideró el mérito de la Resolución Administrativa 1919-2018 emitida por UPE, documento conforme al cual la menor se encuentra en un entorno familiar de desprotección.

6. Concedido el recurso de apelación, elevado al Tribunal Superior y culminado el procedimiento impugnatorio se expidió la sentencia de vista de fojas doscientos treinta y ocho, de siete de septiembre de dos mil veinte, que confirmó el extremo absolutorio apelado. Sostuvo (1) que las declaraciones de los efectivos policiales no desvirtúan lo expuesto en la sentencia recurrida porque ellos se limitaron a tomar la denuncia por acoso sexual. Que, en cuanto a (2) la exposición de la psicóloga si bien indicó que hay ansiedad, reviviscencias y sentimientos de culpa por su padrastro, en audiencia precisó que no hay sintomatología que precise realmente que la agraviada fue víctima de un abuso sexual, además en su informe pericial no indicó la existencia de afectación de tipo sexual en la agraviada; que el aporte de aquélla se circunscribe a consignar el relato de la víctima y no cuenta con los requisitos que satisfaga el Acuerdo Plenario 4-2015, es decir, que el informe fue elaborado conforme a las reglas de la lógica y el conocimiento científico y técnico; que dicha perito en el acto oral dio una lectura su informe y proporcionó una explicación genérica sobre sus conclusiones y métodos empleados, para luego repetir lo manifestado por la agraviada; que, por ello, no se le puede dar valor probatorio diferente al no existir un cuestionamiento con otra prueba actuada en segunda instancia. Que, en lo concerniente a (3) la declaración de la menor, el apelante se limitó a decir que la versión de aquella está corroborada con la declaración de la perito psicóloga; que, sin embargo, se hallan inconsistencias en la versión de la menor ya que solo da detalles del primer hecho cuando tenía nueve años, no se sabe si fue antes de ir al colegio o después; que, otro punto es que la menor solo denunció la grabación, y los actos de violación los denunció cuando pasó examen médico legal indicando incluso un acto contra natura que no se determinó en dicho examen; que, de otro lado, la menor también refirió que le comentó lo sucedido a la abuela, pero ésta lo negó; que, entonces, tal declaración no cuenta con corroboración respecto a la violación.

7. Contra la sentencia de vista la señora Fiscal Superior interpuso recurso de casación. El recurso corre en el escrito de fojas doscientos cincuenta y uno, de veintiuno de septiembre de dos mil veinte.

TERCERO. Que la señora FISCAL SUPERIOR en su escrito de recurso de casación de fojas doscientos cincuenta y uno, de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, invocó como motivos de casación: inobservancia de precepto constitucional, infracción de precepto material, violación de la garantía de motivación y apartamiento de doctrina jurisprudencial (artículo 429, incisos 1, 3, 4 y 5, del Código Procesal Penal –en adelante, CPP–). Objetó que se vulneraron los Acuerdos Plenarios 2-2005, 1-2011 y 4-2015; que la declaración de la menor está corroborada con la pericia psicológica; que se realizó un incorrecto análisis del examen del perito en el juicio oral; que el hecho de que la agraviada solo dio detalles del primer hecho y no de los posteriores no descartan que el primer hecho ocurrió; que, por tanto, no se analizaron los elementos de corroboración.

CUARTO. Que este Tribunal de Casación por Ejecutoria de fojas de fojas cincuenta y siete, de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, declaró bien concedido el recurso de casación por las causales de inobservancia de precepto constitucional y violación de la garantía de motivación. El ámbito del recurso de casación comprende el examen de la denunciada vulneración de dos garantías constitucionales: tutela jurisdiccional y motivación, en concreto una incorrecta apreciación de la prueba en orden a la interpretación o traslación de los medios de prueba –lo que expresó la agraviada y lo que explicó el perito–, el alcance del poder de revisión del juez de apelación respecto de la prueba pericial y la racionalidad de las inferencias probatorias. No está en discusión la tipicidad del hecho acusado, solo si se han cumplido las reglas probatorias.

QUINTO. Que, instruidas las partes de la admisión del recurso de casación, sin la presentación de alegatos ampliatorios por alguna de ellas, dentro del plazo, se expidió el decreto de fojas sesenta y tres, de ocho de febrero de dos mil veintidós, que señaló fecha de audiencia de casación para el miércoles dos de marzo de este año. El mismo día, con posterioridad a la audiencia de casación la Fiscalía Suprema presentó requerimiento escrito por el que planteó se declare fundado el recurso de casación.

SEXTO. Que, según el acta adjunta, la audiencia de casación se realizó con la intervención de la señora Fiscal Adjunta Suprema en lo Penal, doctora Edith Alicia Chamorro Bermudez, y de la defensa del encausado Coila Lima, doctor Elder Pancorbo Llerena.

SÉPTIMO. Que, concluida la audiencia, a continuación, e inmediatamente, en la misma fecha, se celebró el acto de la deliberación de la causa en sesión secreta. Efectuada ese mismo día la votación correspondiente y obtenido el número de votos necesarios, por unanimidad, corresponde dictar la sentencia casatoria pertinente, cuya lectura se programó en la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Que la censura casacional estriba en determinar, desde las causales de inobservancia de precepto constitucional y violación de la garantía de motivación, si la sentencia recurrida incurrió en un defecto de motivación respecto de la apreciación de la prueba tanto en la interpretación o traslación de los medios de prueba –lo que expresó la agraviada y lo que explicó el perito–, cuanto en el alcance del poder de revisión del juez de apelación respecto de la prueba pericial y si las inferencias probatorias establecidas son racionales.

Está al margen del control casacional la condena por delito de acoso sexual al encausado Julio Cesar Coila Lima en agravio de misma agraviada R.S.P.M. Únicamente se examinará si la quaestio facti referida al delito de violación sexual de menor de edad vulneró o no un precepto legal, constitucional u ordinario.

SEGUNDO. Que es de tomar en consideración que la prueba pericial es una prueba compleja, que está integrada por tres elementos. El primero, está referido a la labor perceptiva del perito respecto del tema peritado. El segundo es el informe pericial. El tercero es la explicación que sobre su actividad pericial brinda el perito en el Plenario sometiéndose a contradicción. La exposición oral y explicaciones del perito en el plenario desde luego no lo transforman en testigo; él da cuenta oralmente de lo que percibió y examinó, de las operaciones periciales que realizó y formula las correspondientes máximas de experiencia científicas, técnicas o profesionales utilizadas. El perito opina y, en su caso, formula proyecciones o evaluaciones, lo que por lo demás es muy distinto al testigo que solo expone objetivamente lo que sus sentidos captaron, directa o indirectamente.

Ello explica que en sede de apelación la apreciación de la prueba pericial no tenga los límites de la demás prueba personal (testimonial y declaración de los imputados, incluida lo que expusieron en las diligencias de careo, reconstrucción, reconocimiento e inspección judicial), tal como estableció el numeral 2 del artículo 425 del CPP. No es relevante a estos efectos el lenguaje verbal, paralingüístico y no verbal –estos dos últimos, no pueden ser captados por un juez de apelación, ausente cuando se formó la prueba en el plenario de primera instancia–.

TERCERO. Que, por otro lado, es de rigor reiterar una línea jurisprudencial constante de este Tribunal Supremo. No está sujeta a la prohibición del citado artículo 425, apartado 2, del CPP, por no comprometer el principio de inmediación en la formación de la prueba, (i) la interpretación y traslación de la prueba (lo que realmente dijo el testigo, agraviado o imputado, o lo que puntualmente explicó el perito en el acto oral o en su informe pericial, o lo que fluye de una prueba documental; es decir, el elemento de prueba), ni (ii) el control de la coherencia interna y logicidad de lo que expuso el testigo, así como las pautas de corroboración externas de un elemento de prueba en relación con el conjunto del material probatorio disponible.

CUARTO. Que el control de la motivación de la quaestio facti es esencial en materia casacional. No se trata de realizar un nuevo e independiente examen del material probatorio, que es de competencia exclusiva del juez de mérito. Solo corresponde al Tribunal Supremo advertir si se presenta un defecto de motivación relevante; si se está, como igualmente se ha sostenido constantemente, ante una motivación (i) omitida, (ii) incompleta, insuficiente, (iii) vaga o genérica –imprecisa u oscura–, (iv) impertinente, (v) falseada, (vi) contradictoria, o (vii) irracional –que vulnera las reglas de la sana crítica: leyes de la lógica, máximas de la experiencia o conocimientos científicos–. Por lo demás, el control de la motivación puede ser (i) intratextual (concretado en el tenor de la propia sentencia, que es materia de referencia específica en el artículo 429, inciso 4, del CPP) o (ii) extratextual (omisión de análisis de alguna prueba decisiva o falseamiento de información, es decir, que no se corresponda con los materiales probatorios disponibles, y que está más vinculada al control desde la presunción de inocencia y la tutela jurisdiccional, según impugne el imputado o las demás partes procesales, respectivamente).

QUINTO. Que el material probatorio disponible consta, en el presente caso, de lo siguiente: (i) las declaraciones de la agraviada en cámara gesell y en el plenario –de signo contradictorio entre sí–, (ii) las declaraciones de los policías que intervinieron en las actuaciones o diligencias previas de investigación, (iii) las declaraciones de la abuela de la agraviada, (iv) la propia denuncia policial, y (v) la prueba pericial médico legal y de psicología forense –incluso, los peritos en el plenario explicaron sus dictámenes y se sometieron a contradicción–.

Todos estos medios de prueba se apreciaron, luego, no existen pruebas decisivas no incorporadas en el análisis jurisdiccional. En la argumentación de las sentencias se hizo mención a los diversos Acuerdos Plenarios vinculados al tema (delitos sexuales y prueba pericial): 2-2005, 1-2011 y 4-2015/CJ-116, por lo que corresponde examinar si efectivamente se cumplieron sus disposiciones.

En cuanto al primer nivel de la apreciación probatoria, la interpretación o traslación del medio de prueba, para obtener el elemento de prueba, no consta que se tergiversó o falseó lo que señaló la perito psicóloga. Lo más relevante del dictamen pericial y de las explicaciones brindadas en juicio se incorporó en las sentencias de mérito, sin modificar el sentido de lo expuesto por escrito u oralmente.

El problema, pues, es el segundo nivel, la valoración de la prueba, tanto individual como de conjunto. Aquí se presentan serios desfases que a continuación se abordarán.

SEXTO. Que la menor agraviada R.S.P.M., es cierto, no fue persistente en su testimonio, pues en un primer momento no denunció los actos de violación sexual –solo detalló el hecho el referido a la filmación de sus partes íntimas por el imputado, que ha sido materia de condena– [acta de denuncia verbal de veintitrés de septiembre de dos mil dieciocho] y, a continuación, en su declaración en cámara gesell, en el procedimiento de investigación preparatoria, incorporó los actos de violación sexual [la mención a la violación fue expresada en el certificado médico legal 026995-IS, de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, y en el acta de entrevista única de esa misma fecha], de los que, con posterioridad, se retractó en el procedimiento principal o plenario. Ella había sostenido, en un primer momento, que sobre la violación sexual había comunicado lo ocurrido a su abuela materna Carlota Mendoza Salón, pero esta última en juicio no validó esta información. No obstante ello, el Ministerio Público, al respecto, señaló que la testigo en el procedimiento de investigación preparatoria expresó lo contrario, dato sobre el que las sentencias de mérito no aportan información ni razonamiento alguno. En el interrogatorio a la referida testigo (sesión del juicio de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve) es patente las contradicciones y falta de explicación suficiente que ella proporcionó ante las preguntas del Ministerio Público. Es palmaria, asimismo, la insuficiencia argumental de dichos fallos en este extremo.

Está probado que la menor, al examen médico legal, presentó desgarro antiguo total a horas VII y desgarros parciales antiguos a horas III y V. Este examen pudo hacerse en la tercera oportunidad, dado que la menor se negó a ser examinada en dos ocasiones el día anterior –dato revelador que no ha sido analizado por los jueces de mérito–.

Sobre los hechos de violación sexual, la agraviada R.S.P.M. fue examinada por la psicóloga forense del Instituto de Medicina Legal, realizada ese mismo día veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. El dictamen psicológico se corresponde con los protocolos pertinentes y se utilizó los instrumentos y técnicas psicológicas convencionales, que incluyó la figura humana de KAREN MACHOVER y el cuestionario de síntomas –el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al respecto, emitió la “Guía de evaluación psicológico forense en casos de violencia contras mujeres y los integrantes del grupo familiar; y en otros casos de violencia”, aprobada por Resolución de Fiscalía de la Nación 3963-2017-MP-FN, de once de septiembre de dos mil dieciséis, cuyo tenor no ha sido incorporado en el análisis judicial ni se indicó qué ámbitos de ella no se cumplieron–.

En las conclusiones el dictamen pericial dio cuenta de los síntomas de ansiedad, depresión, reviviscencia, sentimientos de culpa, evitación de estímulos que le recuerdan el abuso sexual de que fue víctima, lo que constituye una afectación psicológica. Las explicaciones brindadas en el acto oral, de las que dan cuenta los jueces de mérito, no son incompatibles con lo expuesto en el dictamen pericial, así como tampoco son genéricas o inconsistentes, por el contrario son precisas y causales. En tanto se trata de una pericia psicológica forense es obvio que el examen pericial parte de lo expuesto por la menor y de la observación clínica e instrumentos psicológicos analizados –ni siquiera hubo un interrogatorio puntual a la perito en este extremo, de tal suerte que pueda sostenerse que su explicación es inconsistente y no cumple con las máximas de experiencia en materia de psicología forense–. Es absurdo exigir a la perito o a la pericia la incorporación de datos de corroboración externa, pues ésta corresponde a los otros medios de prueba actuados, y menos desestimarlo, como se hizo, sin datos científicos o profesionales serios y contundentes.

SÉPTIMO. Que es correcto sostener que si bien en los delitos de clandestinidad es determinante la declaración de la testigo-víctima, dada la lógica comisiva de estos delitos, es de rigor, por ello, examinar esa testimonial en su verosimilitud interna y externa. Se ha sostenido que el hecho de que la agraviada incidió en aspectos de los hechos más antiguos y no en los más recientes demuestra la incoherencia del testimonio incriminador, lo que en modo alguno es correcto. Una menor relata lo que le es más cercano en sus impresiones y niveles de trauma o afectación; además, la víctima en cámara gesell hizo un relato detallado y según secuencias temporales de lo que le ocurrió. Nada indica que lo que la agraviada expresó es contradictorio, tiene lagunas imposibles de cubrir o muestra un marcado nivel de fabulación y falta de espontaneidad; la pericia psicológica excluyó esta posibilidad.

Un dato serio es, desde luego, la falta de persistencia de la víctima. Sin embargo, no se advierte un análisis acerca de la solidez y coherencia de los motivos de la retractación. Ésta no tiene una base sólida y expone un motivo fútil de rectificación, similar a lo que expuso su abuela. Es de tener presente las presiones familiares –la niña ante la psicóloga expresó que su madre estaba embarazada del imputado y llorando le expresó por qué no le había contado antes lo que le sucedía–. Sobre este aspecto no se realizó argumentación alguna.

Igualmente, no se analizó, en clave de secuencia de hechos, la torcida conducta sexual del imputado, quien como dato más saltante terminó grabando las partes íntimas de la agraviada cuando dormía, por lo que fue condenado. Este es un dato de contexto que no puede soslayarse y que merecía un razonamiento, ausente en las sentencias de mérito.

La corroboración externa en estos delitos, por su propia naturaleza, no debe entenderse como una completa aseveración de fuente externa a la declaración de la víctima sobre el dato culminante del hecho punible: los actos de acceso carnal, pues de ser así sencillamente no se necesitaría realizar todo el análisis previo sobre incredibilidad subjetiva, y coherencia interna y persistencia del testimonio incriminador. Tampoco puede desconocerse en este tipo de delitos, ocurridos en el seno familiar, la presión que sobre la víctima ejerce la familia y la situación de dependencia de aquélla frente al agresor. Por ello, las muy a menudo retractaciones no pueden afrontarse formalmente, sino examinarse rigurosamente para determinar si son veraces y reflejan la realidad de lo ocurrido.

OCTAVO. Que, por consiguiente, la motivación de la sentencia de vista –que se extiende a la de primera instancia– no solo es incompleta e insuficiente (falta de análisis de determinadas situaciones y declaraciones, en especial de la abuela de la víctima, y explicaciones insuficientes en orden a cómo se analizó la prueba pericial y la retractación de la víctima y de su abuela). Además es irracional porque asumió máximas de experiencia psicológicas impertinentes, sin una base técnica suficiente, omitiendo introducir las inferencias respectivas en orden a la retractación y a la línea de información de los peritos y de la propia víctima.

Siendo así, la sentencia de vista debe casarse y, extensivamente, anularse la sentencia de primera instancia. La sentencia casatoria debe ser rescindente, dado que la motivación presenta defectos constitucionalmente relevantes.

DECISIÓN

Por estas razones: I. declararon FUNDADO el recurso de casación, por las causales por las causales de inobservancia de precepto constitucional y violación de la garantía de motivación interpuesto por la señora FISCAL SUPERIOR DE AREQUIPA contra la sentencia de vista de fojas doscientos treinta y ocho, de siete de septiembre de dos mil veinte, que confirmó la sentencia de primera instancia de fojas ciento cuarenta y dos, de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en cuanto absolvió a Julio Cesar Coila Lima de la acusación fiscal formulado en su contra por el delito de violación sexual de menor de edad en agravio de R.S.P.M.; con todo lo demás que al respecto contiene. En consecuencia, CASARON la sentencia de vista en este extremo.

II. ANULARON la sentencia de primera instancia respecto a la absolución por el delito de violación sexual de menor de edad.

III. DISPUSIERON se realice nuevo juicio oral de primera instancia por otros Jueces –de interponerse recurso de apelación intervendrán otros jueces superiores–, teniéndose presente lo expuesto en esta Ejecutoria.

IV. MANDARON se lea esta sentencia en audiencia privada, se notifique inmediatamente y se publique en la página web del Poder Judicial.

V. ORDENARON se devuelvan los actuados al Tribunal Superior de origen para los fines de ley. HÁGASE saber a las partes procesales personados en esta sede suprema.

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