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HC-TC : El derecho a la salud mental de las personas privadas de libertad en centros penitenciarios

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 01576-2021-HC/TC
PASCO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 8 días del mes de febrero del año 2022, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Ferrero Costa, Sardón de Taboada, Miranda Canales, Blume Fortini, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia; con los fundamentos de voto de los magistrados Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, que se agregan.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Baldomero Callupe Cueva, a favor de don Harry Cano Dávila, contra la resolución de fojas 284, de 16 de abril de 2021, expedida por la Sala Mixta de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Pasco, que declaró infundada la demanda de habeas corpus.

ANTECEDENTES

Con fecha 9 de noviembre de 2020, don Baldomero Callupe Cueva interpone demanda de habeas corpus (f. 1) a favor de don Harry Cano Dávila -quien se encuentra recluido en el E.P. de Cochamarca-, y la dirige contra el director de dicho establecimiento, porque hasta la fecha no emite pronunciamiento sobre la solicitud para que el favorecido sea sometido a tratamiento psiquiátrico ambulatorio. Afirma que dicho pedido ha sido reiterado mediante escritos de 5, 13 y 26 de octubre del 2020 y se han anexado diversos informes psicológicos para acreditar la psicopatología que el favorecido tendría. Por ello, solicita que se ordene el tratamiento psiquiátrico ambulatorio de don Harry Cano Dávila fuera del centro penitenciario.

Al respecto, la defensa técnica del favorecido refiere que el E.P. Cochamarca no cuenta con un especialista en Psiquiatría, por lo que no se puede dar el tratamiento que el favorecido requiere dentro del Penal, por lo que solicita su tratamiento ambulatorio.

La Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), al contestar la demanda (f. 199), señala que dentro del E. P. Cochamarca sí se le viene proporcionando la medicación que requiere el interno, según su diagnóstico; asimismo, que ningún funcionario del Inpe, ni personal médico, ha solicitado ni recomendado que al interno se le dé tratamiento psiquiátrico ambulatorio (fuera del penal), por lo que no se justifica que la pretensión de la parte accionante sea estimada.

El Juzgado Penal Unipersonal – sede Yanahuanca de Pasco, el 26 de enero de 2021 (f. 237), declaró infundada la demanda, por considerar que no hay una justificación razonable para acceder a la pretensión del solicitante, máxime si la autoridad penitenciaria le viene otorgando el tratamiento que le corresponde, por lo que se debe desestimar la demanda.

La Sala Mixta de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Pasco, el 16 de abril de 2021, confirma la apelada y exhorta al director regional del Inpe de la Oficina Regional Oriente Pucallpa a fin de que se considere el procedimiento establecido en el Código de Ejecución Penal y su reglamento, así como con los presupuestos establecidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente 04007-2015-PHC/TC. Al respecto, expresa que existen inconsistencias en los informes médicos realizados, pues mientras que uno manda tratamiento especializado en un hospital, otros recomiendan un tratamiento farmacológico. Al respecto, refiere que no se ha sugerido efectuar el tratamiento ambulatorio fuera del establecimiento penitenciario.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que el Inpe disponga el traslado de don Harry Cano Dávila, del Establecimiento Penitenciario de Cochamarca a un centro psiquiátrico, con la finalidad de que reciba un tratamiento médico especializado, toda vez que padece de la enfermedad de esquizofrenia psicosis paranoide.

El derecho a la salud mental de las personas privadas de libertad en centros penitenciarios

2. El artículo 7 de la Constitución establece que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Además, se ha precisado que las personas con deficiencias físicas o mentales tienen derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.

3. El derecho a la salud mental también es parte integrante del derecho a la salud, por tanto, se caracteriza por tener como único titular a la persona humana, poseer como contenido el derecho a disfrutar del mayor nivel posible de salud mental y todos aquellos componentes propios del bienestar psicológico y mental de la persona humana (Sentencia 03426-2008-HC, fundamento 8; Sentencia 02480- 2008-AA/TC, fundamento 1).

4. En el caso de las personas privadas de su libertad por mandato judicial, la protección y preservación de su derecho a la salud le corresponde al Estado, por intermedio del Inpe, el cual ha sido emplazado en autos.

Análisis del caso concreto

5. El recurrente afirma que el favorecido requiere de atención especializada en un hospital psiquiátrico, toda vez que en el área de salud del Establecimiento Penitenciario de Cochamarca no tiene las condiciones adecuadas para el manejo del paciente, ni tampoco cuenta con personal de salud especializado.

6. Ello es corroborado en el Informe Médico 142-2020-INPE/23COCHAMARCA- AS, de 19 de octubre de 2020 (f. 148), suscrito por la profesional Maribel Espinoza Chauca, quien señala que el área de salud del E.P. Cochamarca no cuenta con las condiciones adecuadas para el manejo del paciente.

7. Refiere, además, que el favorecido presenta un cuadro tipo psicótico caracterizado por una esquizofrenia paranoide, y que para la mejor recuperación de los problemas de salud mental que padece, sería conveniente que se le interne en un centro especializado, capaz de garantizar que no se deteriore aún más su estructura psicológica y su personalidad.

8. Sin embargo, el procurador público adjunto del Inpe ha presentado el Informe Médico 009-2020-INPE/23COCHAMARCA-AS (f. 224), de fecha 31 de diciembre de 2020, donde la misma médico da cuenta del diagnóstico del favorecido, así como del tratamiento que recibe, y concluye que el

PACIENTE EVALUADO EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN EL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO DE CERRO DE PASCO POR LA MEDICO PSIQUIATRA, HAYDEE PAREDES VALENCIA CON COLEGIO MEDICO: 47404 Y RNE 35502, QUIEN DESPUES DE LA EVALUACION CORRESPONDIENTE RATIFICA EL DIAGNOSTICO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE INDICANDO EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO YA MENCIONADO (mayúsculas en el original).

9. En ese sentido, el favorecido cuenta con un tratamiento médico conforme al diagnóstico de la profesional que lo ha examinado. Sin embargo, es necesario determinar la naturaleza y gravedad de la enfermedad que podría aquejarlo, a efectos de determinar si corresponde que siga internado en un establecimiento penitenciario, o si corresponde que el tratamiento respectivo lo siga en otra institución.

10. Por ello, debe procederse a su evaluación psicológica/psiquiátrica por personal médico especializado, debiendo el Inpe adoptar las medidas necesarias para tal efecto, atendiendo a los antecedentes del favorecido.

11. Con base en dicha información, el Inpe debe adoptar las medidas oportunas para la protección del favorecido, y de ser el caso, determinar si debe ser traslado a otra institución para su tratamiento. Asimismo, si se determina que la enfermedad que lo podría aquejar reviste cierta gravedad, la misma debe ser puesta en conocimiento de la autoridad competente, para que se tome las medidas pertinentes para su tratamiento y cuidado.

12. Al declararse fundada la presente demanda, en modo alguno implica ordenar la excarcelación del favorecido, extremo que debe ser desestimado, atendiendo a que se encuentra debidamente medicado, conforme se expone en el Informe Médico 009-2020-INPE/23COCHAMARCA-AS (f. 224), de fecha 31 de diciembre de 2020.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA en parte la demanda; en consecuencia, dispone que el Inpe adopte las medidas necesarias a efectos de que el favorecido sea sometido a los análisis clínicos que sean necesarios para determinar su estado de salud mental, conforme se ha expuesto en los fundamentos 9 a 11, supra.

2. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo que pretende la excarcelación del favorecido.

Publíquese y notifíquese.

FERRERO COSTA SARDÓN DE TABOADA MIRANDA CANALES BLUME FORTINI LEDESMA NARVÁEZ ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ

Suscribo la decisión de la ponencia, agregando las siguientes apreciaciones acerca del derecho a la salud mental de las personas privadas de su libertad, apreciaciones que fueron desarrolladas en la STC Exp. 04007-215-PA/TC (caso M.H.F.C), expediente donde fui ponente. Asimismo, finalmente, emito mi opinión acerca de la constitucionalidad del Nuevo Código Procesal Constitucional que se aplica en el presente habeas corpus.

El artículo 7 de la Constitución establece que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Además, se ha precisado que las personas con deficiencias físicas o mentales tienen derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.

Este Tribunal ya anteriormente ha señalado que el derecho a la salud comprende la facultad que tiene todo ser humano de mantener el estado de normalidad orgánica funcional, tanto física como mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser, lo que importa tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento; acciones cuyo cumplimiento corresponden al Estado, el cual debe garantizar una progresiva y cada vez más consolidada calidad de vida, invirtiendo en la modernización y fortalecimiento de todas las instituciones encargadas de la prestación del servicio de salud, y para tal efecto, debe adoptar políticas, planes y programas en ese sentido.

Asimismo, también se ha establecido que el derecho a la salud mental es parte integrante del derecho a la salud, por tanto, se caracteriza por tener como único titular a la persona humana, poseer como contenido el derecho a disfrutar del mayor nivel posible de salud mental y todos aquellos componentes propios del bienestar psicológico y mental de la persona humana.

En esta perspectiva, la salud mental, se ha señalado, implica transformar el sistema de salud fortaleciendo o implementando nuevos establecimientos y servicios con capacidad resolutiva, eficiencia, efectividad y calidad en todos los niveles de atención, para ofrecer un servicio integral que aborde las necesidades de salud mental de la población. Adicionalmente, el desafío al que se enfrenta el Estado peruano es la inclusión y desarrollo del componente de salud mental en la norma y la práctica asistencial cotidiana de los equipos de salud generales. Además comprende el impulso de políticas públicas que favorezcan efectivamente la salud de las poblaciones más vulnerables.

El Estado peruano ha emprendido una reforma de la política de la salud mental, con la aprobación de la hoy derogada Ley 29889, que modificó el artículo 11 de la Ley 26842, Ley General de Salud. Allí se garantizaba los derechos de las personas con problemas de salud mental al acceso universal y equitativo, a las intervenciones de promoción y protección de la salud, prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación

psicosocial, y se establece el “modelo comunitario” como el nuevo paradigma de atención en salud mental en el Perú, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las evidencias científicas.

Actualmente, la reciente Ley 30947, Ley de salud mental, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de mayo de 2019, establece con relación al derecho a la salud mental que “En el marco de lo establecido por el artículo 7 de la Constitución Política del Perú, toda persona, sin discriminación alguna, tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental. El Estado garantiza la disponibilidad de programas y servicios para la atención de la salud mental en número suficiente, en todo el territorio nacional; así como el acceso a prestaciones de salud mental adecuadas y de calidad, incluyendo intervenciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación”.

Ahora, como es de verse en el caso en concreto se pone de manifiesto una realidad específica que es solo representativa de un problema que aqueja a un considerable número de personas: la insuficiente y deficiente atención médica de salud mental a una población vulnerable de forma múltiple como es aquella conformada por las personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios.

Por ello, considero que el derecho a la salud mental, como derecho social, es también un derecho fundamental y, por tanto, de eficacia vinculante para todas las personas. Por ende, no puede excluirse de su protección a las personas privadas de libertad en centros penitenciarios. Respecto de tales personas, solo operan las restricciones de derechos que se hayan dispuesto en la respectiva resolución judicial o las previstas en la respectiva ley de ejecución penal.

Es importante tener presente que, como es de público conocimiento, los establecimientos penitenciarios son potenciales fuentes de afectaciones a la salud mental de las personas recluidas. La vida cotidiana en estos establecimientos supone, para la persona recluida, el enfrentamiento a diferentes eventos que van a generar cambios en su estado emocional tales como i) la pérdida de privacidad; ii) la pérdida de autonomía; iii) la distorsión en el tiempo y el espacio; iv) la sensación de soledad debido al rompimiento abrupto de las relaciones sociales; y v) el tedio, entre otras situaciones características propias de la vida en prisión, que se convierten en factores de riesgo cuando no se cuenta con los recursos médicos psicológicos suficientes para identificarlos, controlarlos y tratarlos a fin de que no puedan desencadenar en diferentes trastornos mentales.

A ello cabe adicionar que existen personas, aunque no diagnosticadas previamente, que llegan a los centros penitenciarios con graves problemas emocionales o con algún tipo de enfermedad mental, que es precisamente lo que puede haber generado la comisión de los delitos por los que han sido juzgados o sentenciados. Por ello, tal estado de salud debe ser identificado, controlado y ser objeto de tratamiento desde el ingreso del procesado al centro penitenciario y durante toda su permanencia. No hacerlo, no sólo implica el incumplimiento de obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, sino el incremento de las situaciones de peligro para el recluso, para su familia, para el resto de reclusos e incluso para la sociedad en general cuando el sentenciado obtenga su libertad.

Ante la situación de emergencia respecto al servicio estatal de salud mental en los establecimientos penitenciarios, se hace necesario determinar cuáles son las características imprescindibles del servicio de salud, en específico la salud mental, que el Estado peruano debe cumplir.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General 14, sobre la aplicación del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ha referido que el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, abarca los siguientes elementos esenciales e interrelacionados:

a) Disponibilidad. Cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como programas. La naturaleza precisa de los establecimientos, bienes y servicios dependerá de diversos factores, en particular el nivel de desarrollo del Estado Parte. Con todo, esos servicios incluirán los factores determinantes básicos de la salud, como agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas y demás establecimientos relacionados con la salud, personal médico y profesional capacitado y bien remunerado habida cuenta de las condiciones que existen en el país, así como los medicamentos esenciales definidos en el Programa de Acción sobre medicamentos esenciales de la OMS.

b) Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:

i) No discriminación: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.

ii) Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados, como las minorías étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres, los niños, los adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidades y las personas con VIH/SIDA. La accesibilidad también implica que los servicios médicos y los factores determinantes básicos de la salud, como el agua limpia potable y los servicios sanitarios adecuados, se encuentran a una distancia geográfica razonable, incluso en lo que se refiere a las zonas rurales. Además, la accesibilidad comprende el acceso adecuado a los edificios para las personas con discapacidades.

iii) Accesibilidad económica (asequibilidad): los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de atención de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. […]

iv) Acceso a la información: ese acceso comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. Con todo, el acceso a la información no debe menoscabar el derecho de que los datos personales relativos a la salud sean tratados con confidencialidad.

c) Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, es decir, respetuosos de la cultura de las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, a la par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate.

d) Calidad. Además de aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas.

Como se ha mencionado, la disponibilidad es una de las características imprescindibles del servicio de salud, en este caso, del servicio de salud mental, la cual supone que cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas (…) De esta forma, el Estado, no obstante, garantizar la calidad del servicio de salud, debe establecer y financiar de forma presupuestaria la infraestructura del sistema penitenciario del país al servicio de la población penitenciaria. Asimismo, debe implementar de forma adecuada y actualizar a los profesionales de la salud, a fin de que estos puedan desplegar sus funciones de la manera óptima y bajo las condiciones necesarias.

Del resultado de la supervisión nacional realizada por la Defensoría del Pueblo se ha podido establecer que, a la fecha, las personas privadas de libertad que padecen trastornos mentales y/o problemas psicosociales atraviesan muchas limitaciones para recuperar la salud, así como para recibir tratamiento al interior de las cárceles. Es patente la ausencia de personal calificado para su atención y el desabastecimiento de medicamentos.

Es imperativo contar con un servicio de profesionales para la atención física y mental de las personas privadas de libertad. Dicho servicio debe encargarse exclusivamente de evaluar, promover, proteger y mejorar la salud mental de los internos. Es trascendental, además, que estos profesionales realicen los diagnósticos pertinentes a fin de poder definir si alguna de las personas internas requiere un tratamiento ambulatorio o urge, de ser necesario, su traslado.

Acerca de la constitucionalidad del Nuevo Código Procesal Constitucional

Teniendo en cuenta que en el presente caso se aplica el Nuevo Código Procesal Constitucional, Ley 31307, publicado en el diario oficial El Peruano el 23 de julio de 2021, es mi deber de jueza constitucional dejar constancia de que dicha ley es manifiestamente contraria a la Constitución y que cuando ha sido sometida a control del Tribunal Constitucional mediante un proceso de inconstitucionalidad [Expedientes 00025-2021-PI/TC y 00028-2021-PI/TC], tres magistrados, en una motivación sin ningún sustento y tan sólo de tres párrafos, han hecho posible que dicha ley, pese a su inconstitucionalidad, se aplique sin ningún cuestionamiento.

En otras palabras, el poder de los votos y no el de las razones jurídicas ha caracterizado la historia de esta ley: el Poder Legislativo tenía los votos, así es que sin mayor deliberación e incumpliendo su propio reglamento, aprobó la ley. Luego, el Tribunal Constitucional, con tres votos que no tenían mayor justificación y alegando un argumento sin fundamento, convalidó dicho accionar del Poder Legislativo. Serán la ciudadanía, la opinión pública o la academia, entre otros, los que emitirán su punto de vista crítico para que estas situaciones no se repitan.

Un Código Procesal Constitucional, que se debería constituir en una de las leyes más importantes del ordenamiento jurídico peruano, dado que regula los procesos de defensa de los derechos fundamentales y el control del poder, tiene hoy una versión que está vigente por el poder de los votos y no de las razones jurídicas. Es claro que ello deslegitima el Estado de Derecho y en especial la justicia constitucional. Este nuevo código es inconstitucional, irrefutablemente, por vicios formales (más allá de los vicios materiales). Lo voy a exponer de modo breve.

La Ley 31307, Nuevo Código Procesal Constitucional, por ser una ley orgánica (artículo 200 de la Constitución), no se debió ser exonerada del dictamen de comisión. El artículo 73 del Reglamento del Congreso regula las etapas del procedimiento legislativo así como la excepción para que la Junta de Portavoces pueda exonerar a algunas etapas de tal procedimiento, pero además, y esto es lo más relevante, establece de modo expreso que “Esta excepción no se aplica a iniciativas de reforma constitucional, de leyes orgánicas ni de iniciativas sobre materia tributaria o presupuestal”.

Asimismo, concordante con el artículo antes citado, el artículo 31-A, inciso 2, del Reglamento del Congreso de la República, regula, entre otras competencias de la Junta de Portavoces, “La exoneración, previa presentación de escrito sustentado del Grupo Parlamentario solicitante y con la aprobación de los tres quintos de los miembros del Congreso allí representados, de los trámites de envío a comisiones y prepublicación”, y luego, expresamente, establece que “Esta regla no se aplica a iniciativas de reforma constitucional, de leyes orgánicas ni de iniciativas que propongan normas sobre materia tributaria o presupuestal, de conformidad con lo que establece el artículo 73 del Reglamento del Congreso”.

Como se aprecia, el Reglamento del Congreso, en tanto norma que forma parte del bloque de constitucionalidad, dispone que en los casos de leyes orgánicas, la Junta de Portavoces no puede exonerar del envío a comisiones en ningún supuesto. En el caso de las observaciones del Presidente de la República a la autógrafa de una proposición aprobada, éstas “se tramitan como cualquier proposición” [de ley] (artículo 79 del Reglamento del Congreso).

Por tanto, ante las observaciones del Presidente de la República a una proposición de ley correspondía tramitarla como cualquier proposición de ley y, como parte de dicho trámite, enviarla a la respectiva comisión, resultando prohibido que la Junta de Portavoces exonere del trámite de envío a comisión cuando se trata de leyes orgánicas.

En el caso del Nuevo Código Procesal Constitucional, mediante sesión virtual de la Junta de Portavoces celebrada el 12 de julio de 2021 se acordó exonerar del dictamen a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a la Autógrafa de Ley, pese a que se trataba de una ley orgánica. Esta exoneración resultaba claramente contraria al propio Reglamento del Congreso y con ello al respectivo bloque de constitucionalidad, por lo que correspondía declarar la inconstitucionalidad del Nuevo Código Procesal Constitucional por haber incurrido en vicios formales. El Congreso de la República no respetó el procedimiento de formación de la ley que el mismo fijó.

Carece de fundamento el argumento de los tres magistrados que salvaron esta ley. Ellos sostienen que conforme al último párrafo del artículo 79 del Reglamento del Congreso, el trámite de una autógrafa de ley observada por el Presidente de la República debe pasar a comisión sólo si fue exonerada inicialmente de dicho trámite, de modo que en el caso del Nuevo Código Procesal Constitucional, al haber pasado ya por una comisión dictaminadora [antes de su primera votación], podía exonerarse a la autógrafa observada de dicho código.

Este argumento de los tres magistrados es incorrecto pues dicho párrafo es aplicable sólo cuando se trata de leyes distintas a las leyes orgánicas o de reforma constitucional, entre otras. Lo digo una vez más. En el caso de las leyes orgánicas la Junta de Portavoces del Congreso de la República está prohibida de exonerar el envío a comisiones. Las observaciones del Presidente de la República a la autógrafa del Nuevo Código Procesal Constitucional debieron recibir un dictamen de la comisión respectiva y, por tratarse de una ley orgánica, no podían ser objeto de ninguna exoneración sobre el trámite a comisión.

Pese a la manifiesta inconstitucionalidad del Nuevo Código Procesal Constitucional y atendiendo a que, formalmente, una sentencia del Tribunal Constitucional, con el voto de tres magistrados, ha convalidado, en abstracto y por razones de forma, dicho código, debo proceder a aplicarlo en el caso de autos, reservándome el pronunciamiento en los casos que por razones de fondo se pueda realizar el respectivo control de constitucionalidad.

En ese sentido, dicho todo lo expuesto, suscribo la sentencia.

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Coincido con el sentido de lo señalado por mis colegas. Sin embargo, quisiera también añadir algunas anotaciones adicionales, las cuales presento a continuación:

1. Con fecha 9 de noviembre de 2020, don Baldomero Callupe Cueva interpone demanda de habeas corpus (f. 1) a favor de don Harry Cano Dávila, quien se encuentra recluido en el E.P. de Cochamarca, y la dirige contra el director de dicho establecimiento, porque hasta la fecha no emite pronunciamiento sobre la solicitud dirigida a que el favorecido sea sometido a tratamiento psiquiátrico ambulatorio. Afirma que dicho pedido ha sido reiterado mediante escritos de 5, 13 y 26 de octubre del año 2020 y se han anexado diversos informes psicológicos para acreditar la psicopatología que el favorecido tendría. Por ello, solicita que se ordene el tratamiento psiquiátrico ambulatorio de don Harry Cano Dávila fuera del centro penitenciario.

2. Al respecto, la defensa técnica del favorecido refiere que el E.P. Cochamarca no cuenta con un especialista en Psiquiatría, por lo que no se puede dar el tratamiento que el favorecido requiere dentro del Penal, por lo que solicita su tratamiento ambulatorio.

3. La Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), al contestar la demanda (f. 199), señala que dentro del E. P. Cochamarca sí se le viene proporcionando la medicación que requiere el interno, según su diagnóstico ,Señala además que ningún funcionario del Inpe, ni personal médico, ha solicitado ni recomendado que al interno se le dé tratamiento psiquiátrico ambulatorio (fuera del penal), por lo que no se justifica que la pretensión de la parte accionante sea estimada.

4. El Juzgado Penal Unipersonal – sede Yanahuanca de Pasco, el 26 de enero de 2021 (f. 237), declaró infundada la demanda, por considerar que no hay una justificación razonable para acceder a la pretensión del solicitante, máxime si la autoridad penitenciaria le viene otorgando el tratamiento que le corresponde, por lo que se debe desestimar la demanda.

5. La Sala Mixta de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Pasco, el 16 de abril de 2021, confirma la apelada y exhorta al director regional del Inpe de la Oficina Regional Oriente Pucallpa a fin de que se considere el procedimiento establecido en el Código de Ejecución Penal y su reglamento, así como con los presupuestos establecidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente 04007-2015-PHC/TC. Al respecto, expresa que existen inconsistencias en los informes médicos realizados, pues mientras que uno manda tratamiento especializado en un hospital, otros recomiendan un tratamiento farmacológico. Al respecto, refiere que no se ha sugerido efectuar el tratamiento ambulatorio fuera del establecimiento penitenciario.

El derecho a la salud mental de las personas privadas de libertad en centros penitenciarios

6. Siendo el objeto de la demanda que el Inpe disponga el traslado de don Harry Cano Dávila, del Establecimiento Penitenciario de Cochamarca a un centro psiquiátrico, con la finalidad de que reciba un tratamiento médico especializado, toda vez que padece de la enfermedad de esquizofrenia psicosis paranoide, corresponde anotar que el artículo 7 de la Constitución establece que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Además, se ha precisado que las personas con deficiencias físicas o mentales tienen derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.

7. El derecho a la salud mental también es parte integrante del derecho a la salud, por tanto, se caracteriza por tener como único titular a la persona humana, poseer como contenido el derecho a disfrutar del mayor nivel posible de salud mental y todos aquellos componentes propios del bienestar psicológico y mental de la persona humana (Sentencia 03426-2008-HC, fundamento 8; Sentencia 02480- 2008-AA/TC, fundamento 1).

8. En el caso de las personas privadas de su libertad por mandato judicial, la protección y preservación de su derecho a la salud le corresponde al Estado, por intermedio del Inpe, el cual ha sido emplazado en autos.Es más, el recurrente afirma que el favorecido requiere de atención especializada en un hospital psiquiátrico, toda vez que en el área de salud del Establecimiento Penitenciario de Cochamarca no tiene las condiciones adecuadas para el manejo del paciente, ni tampoco cuenta con personal de salud especializado. Ello es corroborado en el Informe Médico 142-2020-INPE/23COCHAMARCA-AS, de 19 de octubre de 2020 (f. 148), suscrito por la profesional Maribel Espinoza Chauca, quien señala que el área de salud del E.P. Cochamarca no cuenta con las condiciones adecuadas para el manejo del paciente.

9. Refiere, además, que el favorecido presenta un cuadro tipo psicótico caracterizado por una esquizofrenia paranoide, y que para la mejor recuperación de los problemas de salud mental que padece, sería conveniente que se le interne en un centro especializado, capaz de garantizar que no se deteriore aún más su estructura psicológica y su personalidad. Sin embargo, el procurador público adjunto del Inpe ha presentado el Informe Médico 009-2020- INPE/23COCHAMARCA-AS (f. 224), de fecha 31 de diciembre de 2020, donde la misma médico da cuenta del diagnóstico del favorecido, así como del tratamiento que recibe, y concluye que el

PACIENTE EVALUADO EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN EL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO DE CERRO DE PASCO POR LA MEDICO PSIQUIATRA, HAYDEE PAREDES VALENCIA CON COLEGIO MEDICO: 47404 Y RNE 35502, QUIEN DESPUES DE LA EVALUACION CORRESPONDIENTE RATIFICA EL DIAGNOSTICO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE INDICANDO EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO YA MENCIONADO (mayúsculas en el original).

10. En ese sentido, el favorecido cuenta con un tratamiento médico conforme al diagnóstico de la profesional que lo ha examinado. Sin embargo, es necesario determinar la naturaleza y gravedad de la enfermedad que podría aquejarlo, a efectos de determinar si corresponde que siga internado en un establecimiento penitenciario, o si corresponde que el tratamiento respectivo lo siga en otra institución. Por ello, debe procederse a su evaluación psicológica/psiquiátrica por personal médico especializado, debiendo el Inpe adoptar las medidas necesarias para tal efecto, atendiendo a los antecedentes del favorecido.

11. Con base en dicha información, el Inpe debe adoptar las medidas oportunas para la protección del favorecido, y de ser el caso, determinar si debe ser traslado a otra institución para su tratamiento. Asimismo, si se determina que la enfermedad que lo podría aquejar reviste cierta gravedad, la misma debe ser puesta en conocimiento de la autoridad competente, para que se tome las medidas pertinentes para su tratamiento y cuidado.

12. Al declararse fundada la presente demanda, ello en modo alguno implica ordenar la excarcelación del favorecido, extremo que debe ser desestimado, atendiendo a que se encuentra debidamente medicado, conforme se expone en el Informe Médico 009-2020-INPE/23COCHAMARCA-AS (f. 224), de fecha 31 de diciembre de 2020.

13. Por ende, en síntesis, mi voto va en el siguiente sentido:

1. Declarar FUNDADA en parte la demanda; en consecuencia, dispone que el Inpe adopte las medidas necesarias a efectos de que el favorecido sea sometido a los análisis clínicos que sean necesarios para determinar su estado de salud mental.

2. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo que pretende la excarcelación del favorecido.

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