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PHC-TC- Tribunal Constitucional declara nula ejecutoria suprema al haber ratificado una pena contraria los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 01832-2021-PHC/TC
LIMA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 17 días del mes de febrero de 2022, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Ferrero Costa, Sardón de Taboada, Miranda Canales, Blume Fortini y Ledesma Narváez, pronuncia la siguiente sentencia, con los votos singulares de los magistrados Miranda Canales y Ledesma Narváez. Se deja constancia que el magistrado Espinosa-Saldaña Barrera votó en fecha posterior

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Israel Martín Veliz Isidro contra la resolución de fojas 184, de fecha 18 de setiembre de 2020, expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente in limine la demanda de habeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 23 de enero de 2020, don Israel Martín Veliz Isidro interpuso demanda de habeas corpus (f. 1) y la dirige contra los jueces superiores señores Ramiro Salinas Siccha, Rita Meza Walde y Josefa Izaga Pellegrin, integrantes de la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel Colegiado Par de la Corte Superior de Justicia de Lima, y contra los jueces supremos señores César Eugenio San Martín Castro, Víctor Roberto Prado Saldarriaga, Duberly Tineo Cabrera, Jorge Luis Salas Arenas y Hugo Herculano Príncipe Trujillo, integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República.

Solicita que se declaren nulas: (i) la sentencia de fecha 31 de julio 2012 (f. 39), por la cual se le impuso veinte años de pena privativa de la libertad como autor del delito de robo agravado; y, (ii) la resolución suprema de fecha 2 de diciembre de 2013 (f. 31), que declaró no haber nulidad en la precitada sentencia; y que, en consecuencia, se ordene su inmediata libertad (Expediente 06940-2011/RN 936- 2013 LIMA). Alega la vulneración de los derechos a la libertad personal, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la prueba prohibida, así como de los principios de presunción de inocencia e indubio pro reo.

Sostiene que las citadas sentencias parten de que los hechos se produjeron a las 21:30 horas del 25 de octubre de 2010, en donde habrían participado dos sujetos al momento perpetrarse el robo agravado, cuando en la denuncia formalizada por el fiscal provincial, en el auto de apertura de instrucción, en el dictamen fiscal final y en el informe final del juzgado, se consignó que fueron tres los asaltantes, con lo cual se cambió la imputación inicial sin alguna justificación fáctica o jurídica; es decir, sin ninguna justificación se varió la imputación con la que se inició el proceso, ya que se denunció que habían participado tres personas en el robo, pero a nivel de la Sala superior y la Corte Suprema se indicó que fueron dos personas.

Añade que no tomaron en cuenta que el agraviado del proceso penal en su declaración preventiva narró que los hechos no se materializaron a las 21:30 horas del 25 de octubre de 2010, sino entre las 22:30 a 23:00 del mismo día; además, rectificó su relato criminoso, indicó que también participó una mujer e imputó directamente al dueño del grifo donde se depositó el combustible robado que lo asaltó, persona que tiene la condición de testigo; sin embargo, se valoraron la versión contradictoria del agraviado, las declaraciones de los tres testigos y las actas de reconocimiento.

Asevera que se ha arribado a la conclusión de que participó en el robo agravado ocurrido el 25 de octubre de 2010 a las 21:30 horas, pero no se desarrolló alguna explicación en cuanto a que el agraviado a nivel judicial indicó que esto ocurrió entre las 22:30 y 23.00, y que participó una mujer, a la que la «sembraron» (sic), y que le imputó la comisión del delito al dueño del grifo y no a su persona; sin embargo, no se expusieron las razones objetivas que sustenten su vinculación el hecho atribuido, salvo la declaración contradictoria del agraviado. Agrega que las sentencias se sustentaron en la prueba penal indirecta y en la prueba indiciada, empero, no obstante haber acudido a la prueba indiciarla para sustentar la condena, no se ha cumplido con los requisitos materiales que su uso exige, tanto para el indicio como para la inferencia; y que se realizó un análisis incongruente para arribarse a una conclusión sobre la base de las declaraciones de dos testigos de que el actor cometió el delito imputado.

Manifiesta que el agraviado precisó que la esposa del recurrente también participó en el robo agravado; sin embargo, no ha sido involucrada; que la presunta participación en el asalto de una mujer de nombre «Paty» fue una información que dio el agraviado ya que en sede judicial, cuando cambió su versión respecto a que el día de los hechos se comunicó con la tal «Patty», que salió de Satipo con dirección a Lima a las 06:00 horas y no a las 04:00, como había indicado en su denuncia y manifestación fiscal; es decir, el agraviado no fue coherente ni reiterante en su versión y la cambió, lo cual no ha sido tomado en cuenta en la acusación fiscal ni en la sentencia de la sala superior.

Sostiene que no hubo un correlato y similitud narrativa con lo declarado por dicha señora en su declaración testimonial, con la cual se habría probado su intervención en la comercialización del producto robado, pero no constituye indicio ni prueba de que haya participado en el delito robo agravado; que la declaración de otro testigo tampoco demostró que su participación en el delito; que se consideró que la sentencia se sustentó en el acta de reconocimiento físico del agraviado, realizada sin que se encuentre presente la defensa técnica de la otra persona imputada por el delito de receptación y de la persona a reconocerse; y que conforme se desprende de dicha acta, no se aprecia que el que iba a reconocerlo previamente lo haya descrito, por lo que el acta constituye prueba prohibida.

Alega que se consideró que el actor participó en el delito por el hecho de que el Puente Verruga, donde se cometió, se encuentra a una distancia de quince minutos de la comisaría, lo cual es una motivación incongruente, por no detallar el nexo causal entre esas dos circunstancias ni existe alguna lógica en cuanto a que la distancia del lugar del asalto es prueba de que participó en el delito.

Refiere que se consideró de manera incongruente que constituye prueba de su participación el hecho de que haya coadyuvado a la venta de los cinco mil galones de combustible; es decir, que participó en el agotamiento del delito; sin embargo, esto se materializa cuando se produce el apoderamiento ilegítimo de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, según lo previsto por el artículo 188 del Código Penal, y no cuando hubiese coadyuvado a la venta del citado combustible; toda vez que esta circunstancia configuraría el delito de receptación, previsto en el artículo 194 del referido Código Penal, con la agravante prevista en el artículo 195 (modificado por el articulo 1 de la Ley 29407).

Puntualiza que se debió considerar el Acuerdo Plenario 2-2206/CJ-116, referido a las reglas de valoración de las declaraciones del agraviado y de los testigos, por lo que no existió verosimilitud ni persistencia en la incriminación en declaraciones testimoniales y, por lo tanto, no pueden ser consideradas pruebas válidas, ya que existieron contradicciones entre ellas. Añade que también se valoraron las declaraciones testimoniales de los policías y un informe policial, pero los jueces emplazados debieron absolverlo por falta de pruebas y porque es inocente.

El Vigésimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 2 de marzo de 2020 (f. 60), declaró improcedente in limine la demanda, al considerar que el accionante pretende que la judicatura constitucional revise o califique el sentido de las resoluciones judiciales penales, lo cual es un imposible jurídico porque ello constituye una función exclusiva y excluyente de la judicatura penal ordinaria; y que no se han vulnerado los derechos constitucionales a la libertad personal y a la tutela jurisdiccional efectiva.

La Sala Superior competente confirmó la apelada por similares consideraciones.

FUNDAMENTOS

Petitorio

1. El objeto de la demanda es que se declaren nulas: (i) la sentencia de fecha 31 de julio 2012, por la cual se le impuso a don Israel Martín Veliz Isidro veinte años de pena privativa de la libertad como autor del delito de robo agravado; y, (ii) la resolución suprema de fecha 2 de diciembre de 2013, que declaró no haber nulidad en la precitada sentencia; y que, en consecuencia, se ordene su inmediata libertad (Expediente 06940-2011/RN 936-2013 LIMA). Se alega la vulneración de los derechos a la libertad personal, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la prueba prohibida, así como de los principios de presunción de inocencia e indubio pro reo.

Consideraciones previas

2. El Vigésimo Juzgado Penal de Lima rechazó liminarmente la demanda, pronunciamiento que fue confirmado por la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. Sin embargo, este Tribunal aprecia que, en un extremo, los hechos denunciados tendrían relación con la vulneración el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Por ello, en atención a los principios de celeridad y economía procesal, este Tribunal considera pertinente emitir un pronunciamiento de fondo al respecto, más aún cuando en autos aparecen los elementos necesarios para ello. Cabe acotar que de fojas 45 al 49 de autos, obra la notificación a la Procuraduría Público del Poder Judicial y la notificación a las demandadas.

Análisis del caso

3. En un extremo de la demanda, se alega que se valoró la versión contradictoria del agraviado, las declaraciones de los tres testigos y las actas de reconocimiento; que se realizó un análisis incongruente para llegar a una conclusión sobre la base de las declaraciones de dos testigos; que según el agraviado, la esposa del recurrente también participó en el delito, pero no ha sido involucrada; que no hubo correlato y similitud narrativa con lo declarado por ella, con la cual se habría probado su intervención en la comercialización del producto robado, pero no se probó que haya participado en el robo agravado; que la declaración de otro testigo tampoco demostró que cometió el delito, pero se consideró que participó por el hecho de que el puente Verruga se encuentra a una distancia de quince minutos de la comisaría; que se consideró el hecho de que haya coadyuvado a la venta de los cinco mil galones de combustible, es decir, que participó en el agotamiento del delito; que no existió verosimilitud ni persistencia en la incriminación en declaraciones testimoniales; y que se valoraron las declaraciones testimoniales de los policías y un informe policial.

4. Al respecto, este Tribunal Constitucional aprecia que se pretende que la judicatura constitucional se pronuncie sobre alegatos de inocencia, la apreciación de hechos, la revaloración de pruebas y su suficiencia, que, en principio, son materias ajenas a la tutela del habeas corpus, salvo que se aprecie la vulneración de algún derecho fundamental. Por tal razón, como quiera que ello no se aprecia, los referidos extremos deben ser desestimado en aplicación del artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Sobre la afectación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales

5. El Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los jueces, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales (Sentencia 00728-2008-PHC/TC).

6. En la Sentencia 01480-2006-AA/TC, este Tribunal ha dejado sentado que: “el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión solo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo, donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos».

7. En esta línea, la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, y al mismo tiempo, un derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45 y 138 de la Constitución Política del Perú) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. Justamente, con relación al derecho a la debida motivación de las resoluciones, este Tribunal ha precisado que “la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica congruente entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión (…)” (Sentencia 01291-2000-AA/TC).

8. De la revisión de la cuestionada sentencia condenatoria de fecha 31 de julio de 2012, se aprecia que esta se encuentra debidamente motivada. En efecto, del acápite “6.- Valoración de los medios prueba”, se aprecia lo siguiente:

TERCERO:Que, la actividad probatoria realizada en el decurso de proceso ha permitido confirmar fehacientemente, que el acusado Veliz Isidro no Sólo tuvo participación activa al momento del robo con arma de fuego del camión cisterna conducido por el agraviado Percy Antonio Tacuri Chagua, ocurrido a la altura del Puente “Verruga”, siendo que dicho lugar se encuentra a una distancia de quince minutos de la comisaria; sino que también coadyuvó a la venta de los cinco mil galones de combustible petróleo diesel; es decir, participó en el agotamiento del delito; pues ambos actos se realizaron de manera sucesiva, al haberse establecido en el análisis y valoración de las pruebas actuadas que fue en busca de los compradores del ilegal producto y conducirlos juntos con los otros sujetos no identificados hasta el grifo Mayoc.

CUARTO: Que las declaraciones de los testigos Pachas Vallejos, Yauri Cañari y Bolimbo Alan, al rendir tanto sus declaraciones a nivel preliminar, en el instructivo así como en el plenario, así como del agraviado Percy Tacuri Chagua, brindada con todas las garantías de ley, a nivel preliminar y en la etapa de la instrucción, (…) le otorgan credibilidad a la imputación contra el acusado y cumplen con las garantías de certeza (…) que se requiere para ser consideradas como pruebas válidas de cargo y por ende virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado Veliz Isidro (…).
(…)
SEXTO: Las versiones expuestas han generado convicción positiva en el Colegio en cuanto a la responsabilidad penal del acusado al haberse desvirtuado la presunción de inocencia constitucionalmente reconocida que lo protegía, dentro de un debido proceso, lo que prosigue es la determinación de las consecuencias jurídico – penales.

9. En cuanto a la la resolución suprema de fecha 2 de diciembre de 2013, expedida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró no haber nulidad en la condena impuesta a la favorecida, se advierte que en el acápite “SEGUNDO: ANÁLISIS DEL CASO SUB MATERIA”, se expone las razones por las cuales los argumentos del favorecido, planteados en su recurso de nulidad no fueron atendidos. En tal sentido, dado que no se advierte la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones corresponde desestimar la demanda en este extremo.

Sobre el delito de robo agravado

10. Por otro lado, conforme se ha indicado en el fundamento 1 supra, la parte demandante pretende la nulidad de la sentencia de fecha 31 de julio 2012, por la cual se le impuso a don Israel Martín Veliz Isidro veinte años de pena privativa de la libertad como autor del delito de robo agravado, así como de la resolución suprema de fecha 2 de diciembre de 2013, que declaró no haber nulidad en la precitada sentencia. La pena le fue impuesta como consecuencia de la comisión del delito de robo agravado, conforme a los incisos 2, 3 y 4 del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal. Los márgenes de pena privativa de la libertad aplicable al demandante eran de doce a veinte años, dado que cometió el delito “durante la noche”, “a mano armada” y “con el concurso de dos o más personas”.

11. Al respecto, el Tribunal Constitucional debe analizar la razonabilidad y proporcionalidad de la condena. Así, el último párrafo del artículo 200 de la Constitución establece:

Cuando se interponen acciones de esta naturaleza [de garantía constitucional] en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo [énfasis agregado].

12. La razonabilidad y proporcionalidad deben estar presentes tanto en el proceso de formación de una ley como en el de su aplicación. El legislador y el juez deben ponderar las sanciones dependiendo de la gravedad de los delitos. No pueden establecerse e imponerse sanciones que no respondan a la naturaleza del hecho ilícito y al daño causado.

13. Las penas previstas para el delito de robo agravado han tenido seis modificaciones a lo largo de los casi treinta años de vigencia del Código Penal. Pocas normas penales sustantivas han tenido tanta falta de continuidad y una vida tan abrupta. Tanto cambio puede haber hecho perder de vista su necesario ajuste con la Constitución.

14. Desde 1991, las penas previstas para el delito de robo agravado en el Código Penal han sido las siguientes:


15. La tendencia general de estas modificaciones ha sido incrementar las penas correspondientes al delito de robo agravado. En 1998, la pena mínima original llegó a multiplicarse cinco veces. Luego, el 2001, se redujo en un tercio, para volver a aumentar el año 2009.

16. Actualmente, la pena mínima, para el delito de robo agravado, es cuatro veces más que la establecida en el texto original del Código Penal. Al comparar esta pena con las fijadas para delitos que afectan bienes jurídicos como la vida o la libertad, es claro que no guardan proporción.

17. El robo agravado tiene una sanción significativamente mayor que la prevista para el homicidio simple, el aborto sin consentimiento, la trata de personas y el trabajo forzoso.

18. Por ello, la pena privativa de la libertad de veinte años que le fue impuesta al favorecido resulta contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que la demanda debe declararse fundada en parte y reponer el proceso a la etapa en que se emita sentencia en primera instancia.

Efectos de la sentencia

19. Por ello, corresponde inaplicar el primer párrafo del artículo 189 del Código Penal, pues establece una pena mínima exorbitante para la sanción del delito de robo agravado. Así, si el juez penal considera que la sentencia a emitir es una de naturaleza condenatoria, no debe considerar este mínimo, pudiendo imponer una pena no menor a la mínima prevista para el tipo base robo.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto a lo expuesto en los fundamentos 3 y 4 supra.

2. Declarar INFUNDADA la demanda respecto de la presunta vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

3. Declarar FUNDADA en parte la demanda por haberse vulnerado los principios de razonabilidad y proporcionalidad; en consecuencia, NULA la sentencia de fecha 31 de julio 2012, por la cual se le impuso a don Israel Martín Veliz Isidro veinte años de pena privativa de la libertad como autor del delito de robo agravado, y NULA la resolución suprema de fecha 2 de diciembre de 2013, que declaró no haber nulidad en la precitada sentencia (Expediente 06940-2011/RN 936-2013 LIMA), solo en el extremo de la pena impuesta.

4. ORDENAR que se dicte nuevo pronunciamiento respecto a la pena privativa de la libertad que corresponde a don Israel Martín Veliz Isidro, conforme con lo precisado en el fundamento 19 supra.

Publíquese y notifíquese.

SS.
FERRERO COSTA
SARDÓN DE TABOADA
BLUME FORTINI

VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Coincido con el sentido de la ponencia presentada en este caso concreto, en virtud de los argumentos que allí se encuentran expresados.

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO MIRANDA CANALES

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas, emito el presente voto singular en tanto considero que la demanda debe ser declarada IMPROCEDENTE e INFUNDADA, por las siguientes razones:

1. Con fecha 23 de enero de 2020, don Israel Martín Veliz Isidro interpone demanda de habeas corpus (f. 1) y la dirige contra los jueces superiores señores Ramiro Salinas Siccha, Rita Meza Walde y Josefa Izaga Pellegrin, integrantes de la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel Colegiado Par de la Corte Superior de Justicia de Lima, y contra los jueces supremos señores César Eugenio San Martín Castro, Víctor Roberto Prado Saldarriaga, Duberly Tineo Cabrera, Jorge Luis Salas Arenas y Hugo Herculano Príncipe Trujillo, integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República.

2. Solicita que se declare nulas: (i) la sentencia de fecha 31 de julio 2012 (f. 39), por la cual se le impuso veinte años de pena privativa de la libertad como autor del delito de robo agravado; y, (ii) la resolución suprema de fecha 2 de diciembre de 2013 (f. 31), que declaró no haber nulidad en la precitada sentencia; y que, en consecuencia, se ordene su inmediata libertad (Expediente 06940-2011/RN 936-2013 LIMA). Alega la vulneración de los derechos a la libertad personal, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la prueba prohibida, así como de los principios de presunción de inocencia e indubio pro reo.

3. Sostiene que las citadas sentencias parten de que los hechos se produjeron a las 21:30 horas del 25 de octubre de 2010, en donde habrían participado dos sujetos al momento perpetrarse el robo agravado, cuando en la denuncia formalizada por el fiscal provincial, en el auto de apertura de instrucción, en el dictamen fiscal final y en el informe final del juzgado, se consignó que fueron tres los asaltantes, con lo cual se cambió la imputación inicial sin alguna justificación fáctica o jurídica; es decir, sin ninguna justificación, se varió la imputación con la que se inició el proceso, ya que se denunció que habían participado tres personas en el robo, pero a nivel de la Sala superior y la Corte Suprema se indicó que fueron dos personas.

4. Añade que no tomaron en cuenta que el agraviado del proceso penal en su declaración preventiva narró que los hechos no se materializaron a las 21:30 horas del 25 de octubre de 2010, sino entre las 22:30 a 23:00 del mismo día; además, rectificó su relato criminoso, indicó que también participó una mujer e imputó directamente al dueño del grifo donde se depositó el combustible robado que lo asaltó, persona que tiene la condición de testigo; sin embargo, se valoraron la versión contradictoria del agraviado, las declaraciones de los tres testigos y las actas de reconocimiento.

5. Asevera que se ha arribado a la conclusión de que participó en el robo agravado ocurrido el 25 de octubre de 2010 a las 21:30 horas, pero no se desarrolló alguna explicación en cuanto a que el agraviado a nivel judicial indicó que esto ocurrió entre las 22:30 y 23.00, y que participó una mujer, a la que la «sembraron» (sic), y que le imputó la comisión del delito al dueño del grifa y no a su persona; sin embargo, no se expusieron las razones objetivas que sustenten su vinculación el hecho atribuido, salvo la declaración contradictoria del agraviado. Agrega que las sentencias se sustentaron en la prueba penal indirecta y en la prueba indiciada, empero, no obstante haber acudido a la prueba indiciarla para sustentar la condena, no se ha cumplido con los requisitos materiales que su uso exige, tanto para el indicio como para la inferencia; y que se realizó un análisis incongruente para arribarse a una conclusión sobre la base de las declaraciones de dos testigos de que el actor cometió el delito imputado.

6. Manifiesta que el agraviado precisó que la esposa del recurrente también participó en el robo agravado; sin embargo, no ha sido involucrada; que la presunta participación en el asalto de una mujer de nombre «Paty» fue una información que dio el agraviado ya que en sede judicial, cuando cambió su versión respecto a que el día de los hechos se comunicó con la tal «Patty», que salió de Satipo con dirección a Lima a las 06:00 horas y no a las 04:00, como había indicado en su denuncia y manifestación fiscal; es decir, el agraviado no fue coherente ni reiterante en su versión y la cambió, lo cual no ha sido tomado en cuenta en la acusación fiscal ni en la sentencia de la sala superior.

7. Sostiene que no hubo un correlato y similitud narrativa con lo declarado por dicha señora en su declaración testimonial, con la cual se habría probado su intervención en la comercialización del producto robado, pero no constituye indicio ni prueba de que haya participado en el delito robo agravado; que la declaración de otro testigo tampoco demostró que su participación en el delito; que se consideró que la sentencia se sustentó en el acta de reconocimiento físico del agraviado, realizada sin que se encuentre presente la defensa técnica de la otra persona imputada por el delito de receptación y de la persona a reconocerse; y que conforme se desprende de dicha acta, no se aprecia que el que iba a reconocerlo previamente lo haya descrito, por lo que el acta constituye prueba prohibida.

8. Alega que se consideró que el actor participó en el delito por el hecho de que el Puente Verruga, donde se cometió, se encuentra a una distancia de quince minutos de la comisaría, lo cual es una motivación incongruente, por no detallar el nexo causal entre esas dos circunstancias ni existe alguna lógica en cuanto a que la distancia del lugar del asalto es prueba de que participó en el delito.

9. Refiere que se consideró de manera incongruente que constituye prueba de su participación el hecho de que haya coadyuvado a la venta de los cinco mil galones de combustible; es decir, que participó en el agotamiento del delito; sin embargo, esto se materializa cuando se produce el apoderamiento ilegítimo de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, según lo previsto por el artículo 188 del Código Penal, y no cuando hubiese coadyuvado a la venta del citado combustible; toda vez que esta circunstancia configuraría el delito de receptación, previsto en el artículo 194 del referido Código Penal, con la agravante prevista en el artículo 195 (modificado por el artículo 1 de la Ley 29407).

10. Puntualiza que se debió considerar el Acuerdo Plenario 2-2206/CJ-116, referido a las reglas de valoración de las declaraciones del agraviado y de los testigos, por lo que no existió verosimilitud ni persistencia en la incriminación en declaraciones testimoniales y, por lo tanto, no pueden ser consideradas pruebas válidas, ya que existieron contradicciones entre ellas. Añade que también se valoraron las declaraciones testimoniales de los policías y un informe policial, pero los jueces emplazados debieron absolverlo por falta de pruebas y porque es inocente.

11. Por un lado, se alega que se valoraron la versión contradictoria del agraviado, las declaraciones de los tres testigos y las actas de reconocimiento; que se realizó un análisis incongruente para llegar a una conclusión sobre la base de las declaraciones de dos testigos; que según el agraviado, la esposa del recurrente también participó en el delito, pero no ha sido involucrada; que no hubo correlato y similitud narrativa con lo declarado por ella, con la cual se habría probado su intervención en la comercialización del producto robado, pero no se probó que haya participado en el robo agravado; que la declaración de otro testigo tampoco demostró que cometió el delito, pero se consideró que participó por el hecho de que el Puente Verruga se encuentra a una distancia de quince minutos de la comisaría; que se consideró el hecho de que haya coadyuvado a la venta de los cinco mil galones de combustible, es decir, que participó en el agotamiento del delito; que no existió verosimilitud ni persistencia en la incriminación en declaraciones testimoniales; y que se valoraron las declaraciones testimoniales de los policías y un informe policial.

12. Respecto de diversos extremos mencionados, se aprecia que estos se encuentran relacionados a alegatos de inocencia, la apreciación de hechos, la revaloración de pruebas y su suficiencia, la subsunción de una conducta en un determinado tipo penal, así como sobre la aplicación de un acuerdo plenario al caso penal, temas de exclusiva competencia de la judicatura ordinaria, y no de la justicia constitucional.

13. Asimismo, existen argumentos relacionados a situaciones que no implican un agravio al derecho a la libertad personal, tales como el extremo de la demanda que cuestiona que las sentencias condenatorias que se sustentaron en el acta de reconocimiento físico del agraviado, realizada sin que se encuentre presente la defensa técnica de otra persona imputada por el delito de receptación y de la persona a reconocerse; y que conforme se desprende de dicha acta, no se aprecia que el que iba a reconocer haya descrito previamente al recurrente, lo cual podría configurar la afectación del derecho de defensa del favorecido, cabe precisar que dicho procedimiento, y su resultado, que constituye la fuente de prueba que se deriva de este.

14. Por lo expuesto, corresponde declarar IMPROCEDENTE la demanda en dichos extremos, conforme al artículo 7 inciso 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

15. Por otro lado, se aprecia que existen alegatos que ameritan realizar un análisis referido a una supuesta vulneración del derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales y del derecho de defensa.

16. En el presente caso, conforme se advierte de los puntos denominados “RESULTA DE AUTOS y 1.- IMPUTACIÓN PENAL” de la sentencia de fecha 31 de julio 2012, en mérito del Atestado Policial 0666-2010-VII DIRTEPOL-DIVPOL-CHO-DEPCAJ y su ampliatorio 076-10 VII DIRTEPOL-DIVPOL-CHO-DEPCAJ, el Ministerio Público formuló denuncia penal contra el recurrente y como consecuencia, el Juzgado Mixto de Matucana expidió el auto de apertura de instrucción en la vía ordinaria por los delitos de robo agravado y receptación con mandato de detención; luego, con los informes finales del Ministerio Público y el Decimoctavo Juzgado Penal de Lima, se elevaron los actuados a la Fiscalía Superior, la cual emitió su dictamen y opinó no haber mérito para pasar a juicio oral contra el favorecido por el delito de receptación y haber mérito para formular acusación en su contra por el delito de robo agravado, luego de lo cual se realizó el control de acusación por hechos delictivos consistentes en que a las 21:30 horas del 25 de octubre de 2010, y cuando el agraviado conducía un camión cisterna en el que transportaba combustible desde la refinaría de Conchán, ubicada en la ciudad de Lima con destino a la ciudad de Satipo, al llegar al puente Verruga de forma repentina un automóvil de color oscuro le cerró el paso dando lugar a que cerrara bruscamente y sobrepare, instantes en que dos personas subieron al camión por ambos estribos, lo apuntaron con armas de fuego y lo amenazaron de muerte para que lo detuviera, logrando ingresar a la cabina del camión. Luego de empujarlo uno de ellos tomó el volante del camión y lo condujo hasta una pampa, en donde lo estacionó al lado de un restaurante abandonado y bajaron a la fuerza al agraviado, le ataron las manos y lo golpearon, para después uno de ellos darse a la fuga con el vehículo robado y el otro se quedó custodiando al agraviado, a quien le despojó de su RPN y de dinero.

17. En el considerando tercero de la sentencia de fecha 31 de julio 2012, se expone que se confirmó que el favorecido no sólo tuvo participación activa al momento del robo con el arma de fuego del camión cisterna conducido por el agraviado ocurrido en el puente Verruga, que se encuentra a una distancia de quince minutos de la comisaría, sino que coadyuvó a la venta del combustible; es decir, que contribuyó a su venta, de modo que ambos actos que se realizaron de manera sucesiva.

18. De lo anterior, se aprecia que en la sentencia condenatoria se expresaron de forma clara y precisa los hechos imputados, así como la actuación del recurrente para la comisión del delito imputado, por lo que la referida sentencia se encuentra debidamente motivada.

19. En el considerando numeral 3, “SÍNTESIS DEL FACTUM”, se considera que en la acusación fiscal se incriminó al recurrente que el 25 de octubre de 2010, a las 21:30 horas, cuando el agraviado conducía el citado camión cisterna en el que transportaba combustible desde de la refinería de Conchán ubicada en la ciudad de Lima con destino a Satipo, al llegar al puente Verruga de la carretera Central del distrito de San Gerónimo de Surco, un vehículo de color oscuro le cerró el paso, lo cual motivó que cerrara bruscamente y sobrepare, circunstancias en las cuales dos personas ingresaran cada una por los estribos derecho e izquierdo del camión y apuntaran con armas de fuego y lo amenazaron de muerte para que detenga el vehículo; luego ingresaron a la cabina y uno de ellos tomó el volante y lo condujo hasta una pampa y lo estacionó al lado de un restaurante abandonado, en donde lo obligaron a caminar con la cabeza hacia abajo con dirección a las líneas del tren; momentos en que uno de ellos se dio a la fuga con el vehículo mientras que el otro lo hizo caminar mientras lo agredían físicamente para luego despojarlo de su RPN y de dinero. Se agrega que de las investigaciones preliminares se estableció que el recurrente, en su condición de efectivo policial en actividad, intervino de forma activa en el delito, puesto que los testigos señalaron que el combustible sustraído y recuperado de uno de los tanques del grifo Moyoc, de propiedad de uno de los testigos, les fue vendido por el recurrente, y que el agraviado lo reconoció como una de las personas que intervino en el asalto y lo obligó a descender del camión que conducía bajo amenazas con arma de fuego.

20. De lo anterior se tiene que en la resolución suprema se expresó de forma clara los hechos y se precisó la actuación del demandante para la comisión del delito imputado, por lo que la referida resolución se encuentra debidamente motivada.

21. Por otra parte, en cuanto a la alegada afectación del derecho de defensa, sustentada en que el favorecido habría sido condenado sobre la base de las declaraciones efectuadas por los menores agraviados en la entrevista única efectuada en la cámara Gesell, respecto de las cuales no habría tenido oportunidad de defenderse, cabe resaltar que el contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, a cualquiera de las partes se le impide, por concretos actos de los órganos judiciales, ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos.

22. En el presente caso, en los puntos denominados “3. HIPOTESIS DE LA DEFENSA, 4. MEDIOS PROBATORIOS ACTUADOS, 6. VALORACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA”, se aprecia que la defensa del recurrente formuló alegatos, y que este prestó declaración preliminar y brindó su versión exculpatoria. Asimismo, en el decurso del proceso penal, tomó conocimiento de las actas que habían derivado de las actas de reconocimiento fotográfico practicadas por el agraviado y por los testigos, y que aquellos constituían medios probatorios que sustentaban la imputación penal en su contra, tanto así que sobre la base de aquellos y otros medios probatorios, tales como las declaraciones testimoniales, el demandante fue condena, Y contra la sentencia condenatoria interpuso recurso de nulidad, que dio lugar a la emisión de la resolución suprema cuya nulidad también se pretende en la demanda.

23. Por consiguiente, no resulta atendible el argumento del demandante de que no habría podido defenderse del reconocimiento físico en mención, puesto que de autos no se aprecia que él o su defensa hayan sido impedidos por concretos actos de los órganos judiciales de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces a fin de cuestionar los medios probatorios que constituyeron las aludidas declaraciones de los menores agraviados; por el contrario, conforme se ha expuesto en autos, tuvo oportunidad y se defendió de dichos medios probatorios.

24. En consecuencia, considero que en el caso de autos no se ha acreditado la vulneración de los derechos a la motivación de las resoluciones judiciales ni de defensa, en conexidad con el derecho a la libertad personal del favorecido, con la emisión de las resoluciones a través de las cuales los órganos judiciales emplazados lo sentenciaron como autor del delito de robo agravado.

25. En este sentido, considero que debe declararse INFUNDADA la demanda respecto de una supuesta vulneración al derecho de defensa y de debida motivación de resoluciones judiciales.

26. Sin perjuicio de lo expuesto, debo señalar que me encuentro en desacuerdo también con parte de la ponencia en la que se hace un pronunciamiento referido a la proporcionalidad de la pena; pues, aunque comparto la preocupación de mis colegas, referida a la necesidad de que exista una adecuada proporcionalidad en las penas establecidas en el Código Penal. Considero que le corresponde al legislador establecerlas, para poder asegurar que estas estén acordes a lo que implica la restricción del derecho a la libertad personal en un Estado Constitucional de Derecho. Por lo tanto, considero que mantener proporcionalidad en estas, es un deber exigible al legislador al momento de cumplir con esta función tan delicada.

Por las razones expuestas,

La demanda debe ser declarada IMPROCEDENTE, conforme a los fundamentos 13 y 14 del presente voto e INFUNDADA respecto a la supuesta vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y del derecho de defensa.

VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ

En el presente caso, discrepo del extremo estimatorio de la ponencia. No existe vulneración en este extremo.

El magistrado ponente pretende declarar inconstitucional el tipo penal de robo agravado sin tener como criterio la Constitución, sino más bien que los códigos deben ser coherentes entre sus artículos. Se señala que el artículo 189 del Código Penal es “inconstitucional” supuestamente porque es incoherente de que la pena para este delito sea más grave en comparación con otros delitos, como el homicidio, aborto no consentido, trata de personas, etc.

Pues bien, sin negar que en determinadas circunstancias la falta de coherencia de los códigos pueda ser incompatible eventualmente con algún derecho fundamental o principio constitucional, no obstante, en el presente caso, no advierto que dicha situación se presente. Lo que observo, más bien, es que el delito de robo ha tenido una serie de modificaciones legales como reflejo de que la violación de la propiedad privada de los ciudadanos ha ido agudizándose como peligro público con el tiempo y al cual la política criminal del Estado peruano ha tratado de revertir a partir de mayores penas como herramienta disuasoria, situación de agudización que no ha sucedido en la misma proporción con los bienes jurídicos protegidos citados por el ponente. El problema es más complejo que el solo simplismo de comparar penas entre delitos.

Pero, sin perjuicio de ello, es importante exhortar al Congreso de la República para que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales realice en forma cuidadosa una revisión del Código Penal y corrija o rediseñe la asignación de penas a los diferentes delitos en función de criterios claros y armónicos.

Por ello, mi voto es por suscribir solamente los puntos 1 y 2 de la sentencia. Asimismo, EXHORTAR al Congreso de la República para que realice una revisión del Código Penal en cuanto a la asignación de penas de los delitos en función a criterios claros y armónicos.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N.0 936-2013
LIMA

Lima, dos de diciembre de dos mil trece

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica del encausado don Israel Martín Véliz Isidro; con los recaudos que se adjuntan al principal. Decisión bajo la ponencia del señor Salas Arenas, Juez de la Corte Suprema.

1. DECISIÓN CUESTIONADA

La sentencia del treinta y uno de julio de dos mil doce (folios ochocientos ochenta y uno a ochocientos ochenta y ocho), emitida por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que condenó a don Israel Martín Véliz Isidro, como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de don Percy Antonio Tacuri Chagua y doña Ida Isabel Contreras Victoria; y le impuso veinte años de pena privativa de libertad, y fijó en cinco mil nuevos soles la suma que por concepto de reparación civil deberá abonar en forma proporcional a los agraviados; tres mil nuevos soles a favor de Tacuri Chagua y dos mil nuevos soles a favor de Contreras Victorio.

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE AGRAVIO (folios ochocientos noventa y uno a novecientos veinticuatro)

2.1. Sostiene que el Colegiado Superior ha realizado una valoración de pruebas en forma generalizada y no tomó en cuenta las contradicciones relevantes de las declaraciones de los testigos Pachas Vallejo y Clotilde Yauri Cañari, las que además no son uniformes ni sólidas, y fueron desvirtuadas por la declaración del propio agraviado Tacuri Chagua.

2.2. El reconocimiento físico entre el recurrente y el agraviado Tacuri Chagua, carece de validez probatoria, por cuanto no se le pidió previamente que describa las características físicas de las personas que lo asaltaron, conforme lo señala la doctrina nacional y extranjera, así como las ejecutorias de la Corte Suprema; además, no se ha resuelto la nulidad de dicha acta; por lo que se establece que se vulneró el debido proceso.

2.3. Las características físicas del acusado, proporcionadas por el agraviado, Tacuri Chagua, durante su manifestación policial, y acta de reconocimiento, difieren totalmente.

2.4. Las declaraciones brindadas por el agraviado Tacuri Chagua, en sede policial y en su declaración preventiva, son incoherentes y no guardan uniformidad; por ello no cumplen con lo establecido en el Acuerdo Plenario N.º 2-2005-CJ- l 16, referido a las reglas de sindicación de coimputados, agraviados y testigos.

2.5. El Colegiado Superior, no consideró en la sentencia impugnada lo declarado por el efectivo policial don Erick Benjamín Velásquez Rosales, quien afirmó que el veinticinco de octubre de dos mil diez (día de los hechos), a las once de la noche, vio al recurrente en la comisaría y cuando se levantó a las tres de la mañana del día siguiente a cubrir el servicio, este dormía, que ambos duermen en el mismo camarote, y cuando retornó, a las seis de la mañana, observó al recurrente levantarse y disponerse a realizar el patrullaje.

2.6. Asimismo, no tuvo en cuenta la declaración testimonial de doña Yeny Rosa Ticllacuro Jurado, propietaria del restaurante El Chita Pepe, quien dijo haber visto al recurrente vestido con uniforme de policía, y que el veinticinco de octubre de dos mil diez fue a cenar con su esposa de diez a once de la noche.

2.7. Tampoco tomó en cuenta el testimonio de don René Ronald Vigilio Cabrera, quien afirmó que estuvo de jefe de permanencia en la Comisaría de Matucana, bajo el mando del suscrito.

2.8. Agregó, finalmente, que en sus declaraciones, a nivel policial, judicial y en el juicio oral, ha sido uniforme, y en todo momento alegó inocencia y negó haber intervenido en el asalto al camión conducido por el afectado don Percy Tacuri Chagua.

3. SÍNTESIS DEL FACTUM

En la acusación fiscal (folios setecientos veinticuatro a setecientos treinta y tres), se incriminó a don Israel Martín Véliz Isidro que el veinticinco de octubre de dos mil diez, a las nueve y treinta horas, aproximadamente, cuando el agraviado don Percy Antonio Tacuri Chagua conducía el camión cisterna marca Volvo, de placa WQ-5325, de propiedad de la agraviada doña Ida Isabel Contreras Victorio, donde transportaba cinco mil galones de petróleo procedente de la refinería de Conchán, en Lima, con destino a Satipo; al llegar a la altura del puente Verruga de la Carretera Central, distrito de San Gerónimo de Surco, un vehículo color oscuro le cerró el paso, lo que motivó que frenara bruscamente y sobrepare, circunstancia que fue aprovechada por dos personas, para una por el lado derecho y otra por el izquierdo del estribo, con armas de fuego, le apuntaran y amenazaron de muerte, a fin de que detenga el vehículo. Luego ingresaron a la cabina y uno de ellos tomó el control del volante y lo llevó hasta una pampa donde se estacionó al costado de un restaurante abandonado. En dicho lugar lo obligaron a descender, le ataron las manos hacia atrás y lo obligaron a caminar con la cabeza hacia abajo con dirección a las líneas del tren; acto seguido, uno de los asaltantes se dio a la fuga con el vehículo, mientras que las personas que lo custodiaban lo hicieron caminar mientras lo agredían físicamente, para luego despojarlo de su RPM y de la suma de mil nuevos soles. De las investigaciones preliminares se llegó a establecer que el acusado Véliz Isidro, efectivo policial en actividad, había intervenido activamente en el delito, en razón que los testigos don Rafael Alfredo Pachas Vallejos y doña Clotilde Reyna Sauñi Cañari indicaron que el combustible sustraído y recuperado de uno de los tanques del grifo Moyoc, de propiedad del primero de los nombrados, se lo vendió dicho acusado. Asimismo, el agraviado Tacuri Chagua lo reconoció como la persona que intervino en el asalto y que lo obligó a descender del vehículo que conducía, bajo amenazas con arma de fuego.

4. OPINIÓN DE LA FISCALÍA SUPREMA EN LO PENAL

En el dictamen de folios catorce a diecisiete (del cuadernillo formado en esta Instancia Suprema), el señor Fiscal Supremo en lo Penal opinó que se debe declarar no haber nulidad en la sentencia recurrida, al considerar que se encuentra arreglada a Ley.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: SUSTENTO NORMATIVO

1.1. El numeral cinco, del artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución Política del Estado, establece que las decisiones judiciales deben ser motivadas.

1.2. El artículo doscientos ochenta del Código de Procedimientos Penales señala que en la sentencia debe evaluarse el conjunto probatorio.

1.3. El artículo doscientos ochenta y cinco, del mismo Código, regula el contenido de la sentencia condenatoria, y precisa que deben observarse las declaraciones de los testigos y las otras pruebas en que se funda la culpabilidad, circunstancias del delito y la pena principal que debe sufrir el reo.

1.4. Los artículos VII y VIII. del Título Preliminar del Código acotado, señalan los principios de proporcionalidad y fines de la pena.

1.5. Los incisos dos, tres y cuatro, del artículo ciento ochenta y nueve, del Código Penal, establece las agravantes típicas para la configuración del delito de robo agravado, como que el hecho se produzca durante la noche o en lugar desolado, a mano armada y con el concurso de dos o más personas; estableciendo una sanción penal no menor de doce ni mayor de veinte años de privación de libertad.

1.6. Los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis, del citado Código, prevén los criterios para la determinación e individualización de la pena.

1.7. El artículo noventa y tres del Código Penal establece los criterios para fijar monto de la reparación civil a imponerse.

1.8. El Acuerdo Plenario N.º 2-2005/CJ-116 ha establecido los requisitos de sindicación del coencausado, testigo o agraviado, a efectos de que sea valorada como única prueba de cargo capaz de desvirtuar la presunción de 1nocenc1a.

SEGUNDO: ANÁLISIS DEL CASO SUB MATERIA

2.1. Este Supremo Tribunal se pronunciará respecto al cuestionamiento enunciado por el recurrente, de conformidad con la norma procesal.

2.2. El delito y la responsabilidad del imputado, se acreditaron en mérito a la  declaración del agraviado Tacuri Chagua (folios veintiséis a veintinueve), declaración preventiva (folios ciento treinta y cinco a ciento cuarenta y cuatro), donde narró el modo y circunstancias en que fue asaltado cuando conducía el camión-cisterna de placa WQ-5325, de Lima con destino a Satipo, transportando cinco mil galones de combustible (petróleo); además, en el acta de reconocimiento físico (folio ciento diez), en presencia del representante del Ministerio Público, entre otras cuatro personas que se le puso a la vista, reconoció al imputado como quien lo obligó a bajar del vehículo, mediante amenazas con arma de fuego; asimismo, dijo que estaba vestido con camisa blanca y pantalón negro.

2.3. Con lo declarado por el testigo don Rafael Alfredo Pachas Vallejos, (propietario del grifo Mayoc, ubicado en el kilómetro setenta y tres de la Carretera Central), a escala policial (folios dieciocho a veintidós), y en sede judicial (folios doscientos sesenta y tres a doscientos sesenta y siete), donde detalló la forma en que le ofrecieron y vendieron el combustible; además. En el acta de reconocimiento físico (folio ciento nueve), reconoció al encausado y dijo que inicialmente le ofreció mil galones y, posteriormente, le vendió cinco mil; versión que reiteró en el plenario (folios ochocientos cuarenta y cinco y ochocientos cuarenta y seis).

2.4. Lo afirmado se corrobora con la versión de la testigo doña Clotilde Reyna Yauri Cañari; en sede policial (folios veintitres a treinta), en presencia del señor representante del Ministerio Público quien indica cuando conversaba con el señor Pachas Vallejos, se acerco el encausado Martín Veliz vestido de  policía, a quien conoce porque presta servicios en la comisaría de Matucana, y le ofreció venderle combustible, versión reiterada en el acta de reconocimiento físico (folio ciento ocho), igualmente en presencia del señor Fiscal. Esta versión fue ratificada en el plenario (folios ochocientos cuarenta y seis y ochocientos cuarenta y siete), donde manifestó que no desea hacer daño a nadie y sus declaraciones son ciertas. Y al ser confrontado con el acusado, le increpó y encaró que fue él quien le ofreció el combustible, al señor Pachas Vallejos; incluso que envió a su hija a ofrecer combustible, le increpó: «Porque es mentiroso y no dice la verdad»; además, no es cierto que tenga algún problema con la esposa de su confrontado por una supuesta deuda por la venta de productos Unique, como sostiene en su defensa el acusado Véliz Isidro.

2.5. Respecto a lo alegado por el acusado, en el sentido de que las declaraciones de los testigos no son sólidas, resultan contradictorias e incoherentes, su validez ha sido evaluadas por el Colegiado Superior, en el punto quinto de la recurrida y se ha determinado que cumplen con los requisitos establecidos en el Acuerdo Plenario N.º 2-2005-CJ-116.

Esta Suprema Sala considera que se ha desvanecido la presunción de inocencia que constitucionalmente asiste al encausado.

DECISIÓN:

Por ello, de conformidad con lo opinado por el señor Fiscal Supremo en lo Penal, impartiendo justicia a nombre del pueblo, los miembros integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ACORDARON declarar:

NO HABER NULIDAD en la sentencia del treinta y uno de julio de dos mil doce (folios ochocientos ochenta y uno a 7 ochocientos ochenta y ocho) emitida  por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que condenó a don Israel Martín Véliz Isidro, como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de de don Percy Antonio Tacuri Chagua y doña Ida Isabel Contreras Victorio; y le impuso veinte años de pena privativa de libertad, y fijó en cinco mil nuevos soles la suma que por concepto de reparación civil deberá abonar en forma proporcional a favor de los agraviados; y en tres mil nuevos soles a favor de Tacuri Chagua y dos mil nuevos soles a favor de Contreras Victorio; con lo demás que contiene y los devolvieron.

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