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Nulidad de sentencia condenatoria. Declaración de coimputado. Vulneración al deber de esclarecimiento y motivación

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 216-2020
CAÑETE

Nulidad de sentencia condenatoria. Declaración de coimputado. Vulneración al deber de esclarecimiento y motivación

I. Aun cuando el testimonio de un coimputado puede ser utilizado para formar convicción judicial —pues no existe descalificación procedimental—, su condición no es asimilable a la de un testigo; por tanto, demanda valorar diversas circunstancias conexas que se erigen en criterios de credibilidad. No se debe soslayar la necesidad de contextualizar los hechos, verificar la coherencia y solidez del relato en cuanto a los aspectos medulares de la incriminación —sustancialmente en relación con el grado de participación o intervención delictiva, las circunstancias de la comisión del delito, entre otros— y principalmente, cotejar la concurrencia de prueba plural que permita corroborar el relato incriminador, máxime si se tiene la reiterada negativa del encausado frente a los cargos.

II. Se verifica la necesaria actuación de otros medios de prueba en aras de garantizar el cumplimiento del deber de esclarecimiento, el mismo que se erige en función a las exigencias del caso concreto, esto es, a lo que se desprende de las actuaciones probatorias y de las afirmaciones de las partes procesales. La prueba actuada no permite sustentar la absolución del acusado ni tampoco establecer su culpabilidad; por el contrario, representa la nulidad de la recurrida.

III. La versión que brindaron ambos testigos (de descargo), se vio respaldada en prueba documental, los que no fueron adecuadamente analizados por la Sala Superior. El ausente análisis conculca el deber de motivación debida que rige en la Administración de Justicia, lo que además refrenda la nulidad de la recurrida.

Lima, doce de abril de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del encausado José Eduardo Soto Silva contra la sentencia del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Cañete (foja 3968), que lo condenó como autor del delito contra el patrimonio, robo agravado seguido de muerte, en perjuicio de la Caja Rural de Ahorro y Crédito de Cañete, Jesús Elifonso Tueros Luyo y Paulo César Rojas Quispe, a la pena de cadena perpetua y fijó en S/3000,00 (tres mil soles) el monto por concepto de reparación civil.

Con lo expuesto el dictamen del fiscal supremo en lo penal. Intervino como ponente el juez supremo Brousset Salas.

CONSIDERANDO

HECHOS IMPUTADOS Y CALIFICACIÓN JURÍDICA

Primero. Conforme acusación fiscal formulada por dictamen del veintiséis de septiembre de dos mil dos (foja 2342), adecuada por dictamen del veintiuno de junio de dos mil diecinueve (foja 3690), los hechos incriminados refieren que:

1.1. El trece de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, aproximadamente a las 18:15 horas, los sentenciados Jorge Luis Mansilla Paiva, Sergio Tarrillo Coronel o Manuel Masías Tarrillo Pérez, Luis Isaac Zegarra Farfán y Lis Fernando Ramos Fernández, conjuntamente con los procesados Eduardo Cavani Lara o Marco Antonio aponte Gonzales, Clemente Chachaque Quispe y José Eduardo Silva Soto, portando fusiles AKM, HK, G-3, granadas, pistolas y revólveres, previa concertación y planificación, incursionaron violentamente en el local de la Caja Rural de Ahorro y Crédito de Cañete, situado en la avenida Mariscal Benavides N.° 440, distrito de San Vicente, con el fin de sustraer el dinero de dicha entidad financiera, para lo cual dispararon contra el personal de seguridad, dando muerte a los agraviados Jesús Tueros Luyo y Pablo Rojas Quispe.

1.2. Igualmente redujeron al público presente y al personal de la entidad financiera, para luego apoderarse de la suma de S/ 58 000,00 (cincuenta y ocho mil soles) y USD 9500,00 (nueve mil quinientos dólares estadounidenses).
1.3. Tras ello, emprendieron veloz fuga a bordo de un automóvil de color guinda, no sin antes efectuar disparos contra las instalaciones del local. Se tuvo conocimiento que fugaron con dirección al distrito de Quilmana, por lo que, se dio inicio a una tenaz persecución policial y se logró intervenir el automóvil marca Daewoo color rojo con placa de rodaje N.° AQW-891 conducido por el encausado Luis Fernando Ramos Fernández, en las inmediaciones del anexo Ihuanco, donde se encontró dos granadas de guerra tipo piña, una cacerina de fusil HK-G3 con sus respectivas municiones; asimismo, se pudo verificar que sobre la placa original se había superpuesta otra placa falsa N.° CF-1612.

1.4. En el preciso momento en que era revisado el vehículo intervenido, se divisó otro vehículo de color rojo que huía con dirección a la zona urbana del distrito de Cerro Azul, el cual Ingresó raudamente al hostal Paraíso Azul ubicado en el jirón Jorge Chávez N.° 440 de propiedad del inculpado Segundo Mansilla Lava, quien al ser interrogado dijo que los vehículos incautados pertenecían a su hijo Jorge Luis Mansilla Paiva.

1.5. En concreto se imputa contra el encausado José Eduardo Soto Silva (a) Flaco, quien se desempeñó previamente como efectivo policial, que participó en el robo seguido de muerte al haber llegado a la Caja Rural portando un arma de fuego, fusil AKM, se quedó en la parte exterior y desarrolló una labor de contención y luego, cuando salieron los demás integrantes, efectuó disparos de armas de fuego, a fin de no ser perseguidos.

1.6. Dos días antes de los hechos, el citado encausado junto con Chachaque Quispe, quienes se encontraban en la ciudad de Arequipa, fueron contactados por Jorge Luis Mansilla Paiva (a) Panetón y una vez en la ciudad de Cañete se hospedaron en el hostal Paraíso Azul de Jorge Luis Mansilla Lara, donde previa coordinación con el citado Mansilla Paiva y otros integrantes, planificaron el latrocinio.

Segundo. En cuanto a la calificación jurídica, el titular de la acción penal postuló la configuración del delito de robo agravado seguido de muerte, regulado en el artículo 188, concordado con la agravante contenida en el último párrafo, del artículo 189, del Código Penal.

DELIMITACIÓN DEL RECURSO IMPUGNATORIO

Tercero. La defensa del encausado José Eduardo Soto Silva por escrito del seis de enero de dos mil veinte (foja 4040) solicitó se declare su absolución frente a los cargos que se imputan. Denunció que la recurrida soslayó el principio de presunción de inocencia, inobservó la prueba de descargo y se remitió en exclusivo a lo declarado por Jorge Luis Mansilla Paiva. Sostuvo, en concreto, que:

3.1. La Sala Superior efectuó un análisis indebido de las declaraciones de Mansilla Paiva pues lo considera como agraviado y no como inculpado, testigo impropio, en tal sentido aplica los criterios desarrollados en el considerando 10 del Acuerdo Plenario N.° 2-2005/C116, cuando lo correcto es aplicar lo desarrollado en el considerando 9 de dicho acuerdo, como tal debió analizar la coherencia y solidez de su relato, no siendo suficiente el tiempo transcurrido como justificación para amparar las contradicciones advertidas por la defensa.

3.2. Se verifica la presencia de diversas contradicciones en los relatos expuestos por el coimputado Jorge Luis Mansilla Paiva, pese a lo cual el juzgador aceptó las mismas. Dichas contradicciones demuestran que Mansilla Paiva maneja sus declaraciones a su antojo con el fin de enervar responsabilidad y culpabilidad de las demás personas. Los aspectos objeto de contradicción nos remiten a lo siguiente: respecto al primer contacto y el lugar en que se hospedó al llegar de Arequipa, sobre la función desplegada en los hechos pues primero indicó que se quedó cuidando a Ramos Hernández y luego que conducía uno de los vehículos donde huyeron, acerca del conocimiento respecto de quien efectuó los disparos, toda vez que, en primer término indicó que no conoció dicha información para después indicar que lo vio persiguiendo a un guachimán y escuchó disparos, y finalmente referir que lo vio dar muerte a un vigilante en la puerta de la entrada.

3.3. Asimismo, la recurrida se sustenta en la valoración indebida de los reconocimientos fotográficos, los mismos que no cumple con la formalidad prevista en el artículo 146 del Código de Procedimientos Penales (descripción previa de la persona a reconocer), además, se trata de una diligencia realizada en un incidente de homonimia llevado ante el Fuero Militar que fue declarado nulo. Asimismo, en cuanto al reconocimiento efectuado por Mansilla Lava agregó que este reconoce al conocido como “Gato”, quien según su propia versión es Eduardo Cavani Lara. Además, precisó que dicha persona en ningún momento lo sindica ni directa ni indirectamente. Lo que lleva a concluir que el argumento expuesto por el Colegiado constituye delito de prevaricato pues se remite a hechos falsos.

3.4. No se tuvo en cuenta la animadversión del coimputado Jorge Mansilla Paiva como sustento para sindicarlos como partícipe del delito. Es un hecho probado que fue condenado por el delito de hurto a un año de pena privativa de libertad por motivo de la adquisición inadecuada del vehículo de propiedad de Maritza Bramon de la Cruz en diciembre de 1998, quien en dicho periodo era pareja de Jorge Luis Mansilla Paiva.

3.5. No se valoró la prueba de descargo postulada, la declaración de su esposa Giuliana Juárez Machaca quien indicó que el día de los hechos se encontraba en Arequipa celebrando su onomástico, así como la declaración de Édgar Atlio Flores Hinojosa quien refirió que el referido día participó en un evento académico, conforme constancia inserta.
3.6. Tampoco se otorgó valor probatorio a lo declarado por Ysaac Luis Zegarra Farfán (a) Luchito, testigo de cargo, quien refirió en forma enfática no conocerlo.

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA

Cuarto. La Sala Superior mediante sentencia del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve (foja 3968) concluyó en la responsabilidad del encausado Soto Silva, en atención a lo siguiente:

4.1. La participación del encausado se sustenta en lo declarado por el testigo impropio Jorge Luis Mansilla Paiva, desde el veinticinco de junio de mil novecientos noventa y nueve al rendir su instructiva en el Fuero Privado Militar y luego ante el plenario, la misma que se corrobora con el relato y reconocimiento que efectuara su padre, Segundo Mansilla Lava.

4.2. El testigo impropio precisó que se reunió con Soto Silva y otros partícipes del evento delictivo en el hotel Paraíso Azul, ubicado en Cerro Azul. Además, que el acusado tuvo como rol el de ubicarse fuera como contención portando un AKM.

4.3. Se encuentra acreditado que mediante Resolución Directoral N.º 273-98- DGPNP/DIPER-PNP, del nueve de febrero de mil novecientos noventa y ocho (foja 1043), el encausado Soto Silva, sub oficial de 3ra PNP, fue pasado a la situación de retiro por medida disciplinaria de abandono de destino. Al respecto corresponde considerar que el hecho delictivo se desarrolló el trece de noviembre de mil novecientos noventa y ocho; por tanto, se colige que a esa fecha no prestaba servicios en la Policía Nacional del Perú.

4.4. En cuanto al argumento de la defensa respecto a la existencia de relaciones de animadversión y una presunta venganza de parte del testigo impropio Mansilla Paiva, por el robo de un vehículo a Maritza del Pilar Bramon de la Cruz, pareja de este último, corresponde señalar que el Acuerdo Plenario N.º 2-2005/CJ-116, indica relaciones de animadversión entre el agraviado e imputado, supuesto que evidentemente no se presenta ni resulta lógico ni razonable.

4.5. Es de precisar que, si bien existen versiones distintas en lo descrito por el testigo impropio, debe considerarse que entre la primera y segunda media aproximadamente tres años, y entre la segunda y la tercera existe más de diecisiete años; siendo que, se trata sobre asuntos no sustanciales, además bien puede responder a errores de redacción de los documentos.

4.6. La defensa cuestiona el valor probatorio de las actas de reconocimiento; no obstante, ello no conlleva nulidad.

4.7. En cuanto a lo expuesto la defensa respecto a que el día de los hechos se encontraba en Arequipa, lo que respalda en las declaraciones de Giuliana Catherine Juárez Machaca y Édgar Atilio Flores Hinojosa, lo depuesto por los testigos no tienen fuerza acreditativa para sostener que efectivamente el acusado Soto Silva estuvo en Arequipa. El solo dicho no resulta suficiente frente a la sindicación del testigo impropio y la prueba acopiada.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Quinto. De la delimitación de los agravios expuestos por el recurrente se aprecia que estos se encuentran dirigidos a cuestionar la valoración de los medios de prueba que efectuó el Tribunal Superior, los que considera no resultan idóneos para establecer su responsabilidad penal.

En este sentido, la dilucidación del grado se circunscribe a determinar si el Colegiado Superior al dictar sentencia condenatoria efectuó un correcto análisis de la prueba actuada previo a concluir en la responsabilidad del inculpado Soto Silva.

Sexto. Corresponde establecer como preámbulo del presente análisis que, dos son las normas que rigen los fundamentos y criterios de valoración de la prueba en materia penal.

En primer lugar, la garantía de presunción de inocencia normada en el literal 2, inciso 24, artículo 2, de la Constitución Política del Estado, elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme. Este derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa1.

En segundo lugar, rige lo normado en el artículo 283 del Código de Procedimientos Penales, según el cual los hechos y las pruebas que los abonen serán apreciados por los jueces, con criterio de conciencia. Si bien el juez o la Sala sentenciadora son soberanos en la apreciación de la prueba, esta no puede llevarse a cabo sin limitación alguna, sino que, sobre la base de una actividad probatoria concreta –nadie puede ser condenado sin pruebas y que estas sean de cargo–, jurídicamente correcta –las pruebas han de ser practicadas con todas y cada una de las garantías que le son propias y legalmente exigibles–, se ha de llevar a cabo con arreglo a las normas de la lógica, máximas de la experiencia –determinadas desde parámetros objetivos– o de la sana crítica, motivándola debidamente2.

Lo expuesto demanda que toda sentencia de tenor condenatorio se sustente en una actividad probatoria suficiente, capaz de permitir alcanzar certeza de culpabilidad del acusado. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha desarrollado que la sentencia condenatoria se debe fundar en auténticos hechos de prueba y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no solo del hecho punible, sino también de la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado3.

Séptimo. Además, el juicio conclusivo emitido por el operador de justicia debe encontrarse debidamente motivado4, lo que exige una precisión detallada de las razones o justificaciones objetivas que lo llevaron a tomar determinada decisión.

Esta obligación se reviste en una garantía constitucional frente al ius puniendi estatal, y se encuentra normada en el numeral 5, del artículo 139, de la norma fundamental. A este respecto, la jurisprudencia de esta Sala Suprema ha establecido que:

Toda decisión jurisdiccional, de primera y de segunda instancia, debe ser fundada en derecho y congruente, ha de estar motivada mediante un razonamiento jurídico que exprese de modo claro y que permita entender el porqué de lo resuelto —basta con que se exprese o explique las razones jurídicas en que se apoya para adoptar su decisión, sin entrar a debatir cada uno de los preceptos o razones jurídicos alegadas por la parte—5.

Octavo. En el presente caso, se advierte que el sustento de la condena penal dictada contra Solo Silva se erige en el mérito de la declaración incriminatoria brindada por su coprocesado, ahora sentenciado Jorge Luis Mansilla Paiva, en calidad de testigo impropio.

Es menester precisar que, aun cuando el testimonio de un coimputado puede ser utilizado para formar convicción judicial —pues no existe descalificación procedimental—, justamente por tratarse de hechos cometidos en comunidad, su condición no es asimilable a la de un testigo; por tanto, demanda valorar diversas circunstancias conexas que se erigen en criterios de credibilidad —no de mera legalidad— que permiten establecer si existen datos relevantes que las desnaturalizan o situaciones que explicarían que el coimputado pudiese mentir, conforme lo ha desarrollado Acuerdo Plenario N.º 2-2005/CJ-116 (fundamento jurídico octavo)6.

Noveno. Este Tribunal Supremo en anterior pronunciamiento7 ha establecido que las cautelas a adoptar en el análisis de la versión del coimputado delator resultan en respuesta a la ausente obligación para decir la verdad, así como de prestar juramento y declarar sin el riesgo de ser sancionado por falso testimonio, como si sucede con el caso del testigo ordinario. De aquí la necesaria verificación de la concurrencia de las siguientes garantías de certeza8: i. desde la perspectiva subjetiva ha de analizarse la personalidad del coimputado, en especial sus relaciones con el afectado por su testimonio, y las posibles motivaciones de su declaración, que estas no sean turbias o espurias: venganza, odio, revanchismo, deseo de obtener beneficios de cualquier tipo, etc.; ii. desde la perspectiva objetiva, se requiere que el relato incriminador esté mínimamente corroborado por otras acreditaciones indiciarias en contra del sindicado que incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa, aun de carácter periférico, que consolide su contenido incriminador; y, iii. se exige coherencia y solidez en el relato del coimputado.

Décimo. Delimitados los ámbitos de evaluación de este tipo de prueba personal, corresponde trasladar los mismos al análisis de la presente controversia.

En lo que respecta al análisis subjetivo se advierte que, a lo largo del proceso, la defensa del encausado Soto Silva ha esgrimido la presencia de relaciones de venganza y animadversión entre el sentenciado Mansilla Paiva y su persona, esto en razón al proceso penal seguido por contra este último por el delito de receptación en agravio de Maritza del Pilar Bramon de la Cruz, pareja sentimental del sentenciado delator. Proceso que concluyó con la emisión de una sentencia condenatoria contra Soto Silva, a quien se impuso un año de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el mismo plazo.

Los hechos en la referida causa datan del cinco de enero de mil novecientos noventa y nueve, y refieren que Soto Silva fue encontrado desmantelando el automóvil de placa DH-4658 de propiedad de la agraviada Bramon de la Cruz, conforme se verifica del mérito de las copias certificadas remitidas por la Coordinadora del Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (foja 3843, oralizado en sesión de audiencia de juicio oral del doce de noviembre de dos mil diecinueve, foja 3909). Además, la relación sentimental entre el sentenciado Mansilla Paiva y Maritza del Pilar Bramon de la Cruz se sustenta en el mérito de la declaración del citado a nivel de instrucción (del veinticinco de junio de mil novecientos noventa y nueve, foja 751) y reiterado en juicio oral (sesión de audiencia del doce de septiembre de dos mil diecinueve, foja 3821) en donde refirió que cuenta con dos menores hijos procreados con su exconviviente Maritza Bramon.

Lo expuesto permite entrever un relativo conflicto entre Mansilla Paiva y el recurrente Soto Silva. Si bien, conforme refiere la Sala Superior, no se trata de un caso directo de animadversión entre estos, no es menos cierto que se trata de un hecho delictivo cierto cometido por el recurrente Soto Silva respecto de una persona cercana al testigo impropio, con vínculo afectivo acreditado, esto es, la madre de sus hijos. Supuesto que demanda mayor celo en el análisis de la versión incriminatoria formulada.

Decimoprimero. Continuando con el análisis corresponde evaluar la perspectiva externa de la sindicación. Al respecto, la Sala Superior respaldó la versión incriminatoria expuesta por Mansilla Paiva en el mérito de la declaración y reconocimiento que formula su coimputado y padre, Segundo Mansilla Lava.

Empero, del análisis sesudo de su declaración a nivel preliminar (foja 1505) —recordemos que fue intervenido con inmediatez a la materialización de los hechos— y sumarial (fojas 279 y 1970), no se advierte que Mansilla Lava formuló incriminación directa contra José Soto Silva. Es cierto que precisó la participación de una pluralidad de sujetos quienes incluso llegaron al hostal que dirigía “Paraíso Azul” y se hospedaron en dicho lugar, en ninguna oportunidad individualizó la participación del acusado recurrente.

La sola enunciación de la presencia de diversos sujetos no resulta determinante para corroborar la sindicación, máxime si consideramos que los hechos objeto de condena firme —en la causa principal— refieren justamente la concurrencia de una pluralidad de agentes en el robo agravado.

Decimosegundo. Por otro lado, se tiene también la referencia de la Sala Superior al reconocimiento fotográfico efectuado por Mansilla Lava. Al respecto corresponde señalar que de foja 1143 se obra el acta respectiva, de la cual se desprende que en la citada diligencia el sentenciado Mansilla Lava identificó, entre otros, la fotografía de José Soto Silva, respecto de quien refirió conocerlo como alias “Gato” —en ningún momento precisó el nombre del recurrente—, referencia que resulta relevante, por cuanto, en su declaración primigenia otorgó dicho apelativo al procesado de nombre Eduardo Cavani Lara (véase manifestación brindada ante el fiscal militar a foja 1505). Además, en la parte Mfinal de dicha acta de reconocimiento, el propio sentenciado dejó constancia de lo siguiente “Reconozco plenamente a ambos, desconociendo si hayan o no participado en el asalto perpetrado a la Caja Rural de Cañete el día 13 de noviembre de mil novecientos noventa y ocho”.

Resulta manifiesta que la versión que brindó el sentenciado Mansilla Lava no permite corroborar de manera suficiente el relato incriminatorio primigenio que brindó Mansilla Paiva. Subsisten aun puntos medulares que requieren ser dilucidados para arribar al grado de certeza requerido. Máxime si, frente a ello, se cuenta con el mérito de lo depuesto por el sentenciado Ysaac Luis Zegarra Farfán o Isaac Luis Zegarra Farfán o José Luis Zegarra Sotero ante el Plenario (sesión de audiencia de juicio oral del diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, foja 3825), condenado en la presente causa a veinte años de pena privativa de libertad, quien expresamente indicó no conocer la participación del encausado Soto Silva en los hechos imputados

Decimotercero. Si bien, resulta adecuada la referencia que realiza la Sala Superior respecto a la presencia de ciertos aspectos en el relato incriminatorio que no necesariamente deben concurrir de manera idéntica entre uno y otro momento, pues conforme jurisprudencia desarrollada por esta Corte Suprema la lógica impulsa a concluir que esencialmente son dos los motivos que explican esta situación: o bien el transcurso del tiempo generó olvido en el deponente (acusado, testigo o perito) o bien se está frente a una actitud dolosa de faltar a la verdad. El primer motivo reduce la eficacia conviccional del testimonio, aunque no lo descarta plenamente, si se suministran otros indicios plurales; en cambio, el segundo rescinde el valor de la declaración9. No se debe soslayar la obligatoria necesidad de contextualizar los hechos, verificar la coherencia y solidez del relato en cuanto a los aspectos medulares de la incriminación —sustancialmente en relación con el grado de participación o intervención delictiva, las circunstancias de la comisión del delito, entre otros— y principalmente, cotejar la concurrencia de prueba plural que permita corroborar el relato incriminador, máxime si se tiene la reiterada negativa del encausado frente a los cargos en su contra, quien en todo momento alegó inocencia.

Decimocuarto. Lo expuesto permite establecer que el razonamiento desplegado por la Sala Superior resulta menoscabado. No obstante, se verifica la necesaria actuación de otros medios de prueba en aras de garantizar el cumplimiento del deber de esclarecimiento, el mismo que se erige en función a las exigencias del caso concreto, esto es, a lo que se desprende de las actuaciones probatorias y de las afirmaciones de las partes procesales, cuya verificación corresponde al Tribunal sentenciador10. La prueba actuada no permite sustentar la absolución del acusado ni tampoco establecer su culpabilidad; por el contrario, representa la nulidad de la recurrida.

Así, resulta medular la concurrencia de los sentenciados Sergio Tarrillo Coronel o Manuel Masías Tarrillo Pérez y Luis Fernando Ramos Fernández, coprocesados en la presente causa, con sentencia judicial firme. Asimismo, se deberá procurar la concurrencia del padre del delator Segundo Mansilla Lava. A efectos de establecer si conocen al encausado Soto Silva y si este participó en el robo agravado de la Caja Rural de Cañete. Además, es necesaria la concurrencia de la expareja sentimental de Mansilla Paiva, agraviada en el proceso penal por receptación, Maritza Bramon de la Cruz, quien deberá brindar mayor información respecto a la citada controversia y la relación con el sentenciado, testigo impropio, Mansilla Paiva.

Para tal fin, el órgano jurisdiccional deberá adoptar los mecanismos necesarios para su concurrencia, así como, la confrontación entre los encausados y los órganos de prueba en los extremos en que se presenten contradicciones.

Decimoquinto. Además, corresponde puntualizar que el análisis de la prueba de descargo postulada por la defensa —declaración de Giuliana Catherine Juárez Machaca y Édgar Atilio Flores Hinojosa— no resulta acorde a derecho. La versión que brindaron ambos testigos, contrario a lo depuesto por el órgano jurisdiccional, se vio respaldada en prueba documental —partida de nacimiento y certificados—, los que no fueron adecuadamente analizados por la Sala Superior, de manera conjunta. El ausente análisis conculca el deber de motivación debida que rige en la Administración de Justicia, lo que además refrenda la nulidad de la recurrida y proceder con el desarrollo de un nuevo juicio oral a cargo de Colegiado Superior distinto que procure garantizar el adecuado desarrollo del proceso penal.

En tal sentido, encontrándose el acusado Soto Silva recluido en establecimiento penitenciario, corresponde disponer su inmediata libertad bajo el cumplimiento de reglas de conducta que garanticen su participación en el nuevo plenario.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, acordaron:

I. DECLARAR NULA la sentencia del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Cañete (foja 3968), que condenó a José Eduardo Soto Silva como autor del delito contra el patrimonio, robo agravado seguido de muerte, en perjuicio de la Caja Rural de Ahorro y Crédito de Cañete, Jesús Elifonso Tueros Luyo y Paulo César Rojas Quispe, a la pena de cadena perpetua y fijó en S/3000,00 (tres mil soles) el monto por concepto de reparación civil..

II. MANDAR que se realice un nuevo juicio oral a cargo de otra Sala Penal Superior, que deberá tener en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de la presente ejecutoria suprema.

III. SE ORDENE la inmediata libertad del encausado José Eduardo Soto Silva, la cual se ejecutará siempre y cuando no exista otro mandato de detención y/o prisión preventiva, u otra condena a pena privativa de libertad efectiva dictada por autoridad competente, contra el antes mencionado; oficiándose VÍA FAX a la Sala Penal de origen para tal efecto.

IV. IMPONER contra el encausado José Eduardo Soto Silva, mandato de comparecencia con restricciones sujeto a las siguientes reglas de conducta: a) Prohibición de alejarse del lugar de su residencia, sin autorización del juez; b) comparecer personal y obligatoriamente cada treinta días a la Sala Superior, para informar y justificar sus actividades, así como firmar el cuaderno respectivo y/o el registro en el control biométrico; y, c) presentarse al nuevo juzgamiento las veces que el Tribunal Superior lo requiera. Todo ello bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento.

V. Se devuelvan los autos al Tribunal Superior para los fines de ley y se haga saber a las partes procesales apersonadas en esta sede suprema.

Intervino el magistrado Núñez Julca, por licencia de la jueza suprema Castañeda Otsu.


1 Corte IDH. Caso Corte IDH. Caso J. vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del veintisiete de noviembre de dos mil trece. Serie C N.º 275, párr. 233.
2 Conforme lo desarrollado en el Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116, del treinta de septiembre de dos mil cinco. Fundamento jurídico 6.
3 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N.º 01768-2009-PA/TC, del dos de junio de dos mil diez. Fundamento jurídico 6.
4 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N.° 00728-2008-PHC/TC, LIMA, del trece de octubre de dos mil ocho: “El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso” (fundamento jurídico 7).
5 SALA PENAL PERMANENTE de la Corte Suprema de Justicia. Casación N.° 05-2007/HUAURA, del once de octubre de dos mil siete. Fundamento jurídico 6.
6 En el derecho comparado, la jurisprudencia española ha establecido que “[…] la declaración incriminatoria de un coimputado se constituye en prueba de cargo válida para enervar la presunción de inocencia, pues se trata de declaraciones prestadas por quienes han tenido un conocimiento extraprocesal de los hechos imputados, sin que su participación en ellos suponga necesariamente la invalidez de su testimonio, aunque sea un dato a valorar al determinar su credibilidad. […] Es la existencia de alguna corroboración lo que permite proceder a la valoración de esa declaración como prueba de cargo […]”. TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA. Recurso de Casación N.º 241/2019, del nueve de mayo de dos mil diecinueve, fundamento jurídico tercero.
7 SALA PENAL TRANSITORIA. Corte Suprema de Justicia de la República. Recurso de Nulidad N.° 759- 2019, Selva Central, del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Fundamento jurídico séptimo.
8 Conforme ha desarrollado en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116. Fundamento jurídico noveno.
9 SALA PENAL PERMANENTE. Corte Suprema de Justicia de la República. Recurso de Nulidad N.° 342- 2019/Santa, del cinco de octubre de dos mil veinte. Fundamento jurídico tercero.
10 SALA PENAL PERMANENTE. Corte Suprema de Justicia de la República. Recurso Nulidad N.° 544- 2019/ÁNCASH, del seis de noviembre de dos mil diecinueve. Fundamento jurídico octavo.

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