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Estafa : Duplicidad de los plazos de prescripción en delitos comunes imputados a los funcionarios públicos – Votos en discordia.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
NULIDAD N.º 1073-2018
ICA

NO HABER NULIDAD PARCIAL EN LA SENTENCIA DE VISTA IMPUGNADA

1. La Sala Penal Liquidadora de Ica correctamente declaró: a) Improcedente el recurso de apelación interpuesto por el Seguro Social de Salud de Ica, en razón de que dicha institución no estaba legitimada a impugnar extremos de la decisión referidos a otros agraviados; y, b) Confirmó la resolución que declaró de oficio la prescripción de la acción penal formulada contra Abel Diego Jaulla Agapito, debido a que transcurrió el plazo de prescripción del delito de falsedad genérica que se le imputa. De modo que corresponde declarar no haber nulidad en dichos extremos de la sentencia de vista.

2. La Sala Superior no tuvo en cuenta que el plazo de prescripción de la acción penal se duplica cuando el ilícito es cometido por funcionarios públicos y en perjuicio del patrimonio del Estado, según establecen el artículo ochenta del Código Penal y el artículo cuarenta y uno de la Constitución; por ende, corresponde declarar nula la sentencia de vista en el apartado que confirmó la sentencia que declaró la prescripción de la acción penal formulada contra Ada Mariella Benavides Ríos, por la presunta comisión del delito de estafa, en perjuicio del Seguro Social de Salud de Ica.

Lima, veintisiete de junio de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el Seguro Social de Salud de Ica – Essalud (folio 1277) contra la sentencia de vista del veinticinco de agosto de dos mil quince (folio 1266), en los extremos que: a) Declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por el Seguro Social de Salud de Ica contra la sentencia del treinta de diciembre de dos mil catorce (folio 1159), en el extremo que declaró la prescripción de la acción penal formulada contra Ada Mariella Benavides Ríos, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, en perjuicio del Estado, representado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y Máximo Enrique Ecos Lima. b) Confirmó la sentencia del treinta de diciembre de dos mil catorce (folio 1159), en el extremo que declaró la prescripción de la acción penal formulada contra Ada Mariella Benavides Ríos, por la presunta comisión del delito de estafa, en perjuicio del Seguro Social de Salud de Ica. c) Confirmó la resolución del treinta de diciembre de dos mil catorce (folio 1159), que declaró, de oficio, la prescripción de la acción penal formulada contra Abel Diego Jaulla Agapito, por la presunta comisión del delito de falsedad genérica, en perjuicio del Estado.

Intervino como ponente el juez supremo QUINTANILLA CHACÓN.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

PRIMERO. Según la acusación fiscal (folio 1065), con relación al objeto de pronunciamiento, el cinco de agosto de dos mil cinco la procesada Ada Mariella Benavides Ríos, en su condición de médico ginecóloga del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de Ica, con la ayuda de Abel Diego Jaulla Agapito, quien prestaba servicios en el Área de Inscripciones de la citada entidad, inscribió en el Registro de Asegurados y Derechohabientes de Essalud – Ica a la menor Valeria Nicole Ecos Benavides como si fuera su hija, supuestamente procreada con su esposo Máximo Enrique Ecos Lima; sin embargo, dicha menor, en verdad, era su nieta, pues sus reales padres son David Daniel Ecos Benavides (su hijo) y Johana Anabel Gómez Valencia (su nuera), y su nombre es Valeria Nicole Ecos Gómez. Para ello, adjuntó una copia certificada de la partida de nacimiento expedida por la Municipalidad Distrital de Tate, que fue expedida con el certificado de nacimiento emitido por la médico cirujana Carmen Luisa Pachas Cavero. La finalidad de los presuntos delitos era obtener beneficios de la entidad agraviada, como prestaciones asistenciales y una asignación familiar.

FUNDAMENTOS DE LA ENTIDAD IMPUGNANTE

SEGUNDO. El Seguro Social de Salud de Ica – Essalud, al fundamentar el recurso de nulidad propuesto (folio 1277), señaló en lo esencial que:

2.1. Las instancias de mérito, para resolver el fondo del asunto, debieron advertir que la acción penal no prescribió, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en los artículos ochenta y ochenta y tres del Código Penal, así como lo señalado en el Acuerdo Plenario N.° 02-2011/CJ-116.

2.2. Los procesados son servidores públicos de ESSALUD y los delitos que se les imputan se cometieron en agravio del patrimonio del Estado, de modo que, los plazos de prescripción se duplican, según lo dispuesto en el artículo ochenta del Código Penal.

FUNDAMENTOS PRECEDENTES DE ESTE TRIBUNAL

TERCERO. Esta Sala Suprema, en una conformación anterior y conociendo el recurso de queja excepcional que propuso la entidad recurrente, específicamente a través de la ejecutoria suprema contenida en la Queja N.° 101-2016/ICA, del veinticuatro de enero de dos mil diecisiete (folio 1324), estableció, entre otros fundamentos, que:

CUARTO. […] Es claro que en el presente caso el delito de estafa cometido por un funcionario público contra la institución pública a la que pertenece importa, atento al bien jurídico tutelado, una afectación patrimonial, por lo que es de aplicación el artículo 80, párrafo final, del Código Penal, que duplica el plazo de prescripción. El delito de estafa, entonces, prescribe en su término extraordinario a los dieciocho años –el cual no se ha cumplido–.

En cuanto a los delitos de falsedad documental (ideológica y genérica: artículos 428 y 438 del Código Penal) es obvio que la acción penal prescribió, pues no puede adicionarse la duplicidad desde que no se trata de un específico delito contra el patrimonio de ESSALUD. Aunque llama la atención que no se esté incurso en el delito de estafa y, además, que un mismo hecho se tipifique como falsedad ideológica y falsedad material, según la persona que interviene en su comisión.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

CUARTO. El inciso trece, del artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución Política del Perú establece que la prescripción, entre otras instituciones, produce los efectos de cosa juzgada. Además:

4.1. La prescripción es un medio técnico de defensa que, en el derecho sustantivo, se define como el límite temporal que tiene el Estado para ejercer su poder penal cuando ha transcurrido el plazo de tiempo máximo establecido en la ley para el delito incriminado (pena abstracta).

4.2. Se justifica por la presencia de la garantía constitucional del plazo razonable, que constituye un límite temporal al ejercicio de la potestad persecutoria del Estado, pues la acción penal no puede ejercerse de modo indeterminado.

4.3. En nuestro ordenamiento jurídico, la prescripción se encuentra regulada tanto en el Código Sustantivo como en el Código Adjetivo:

a) En el Código Penal se encuentra regulada en el artículo setenta y ocho, como causal de extinción de la acción penal. Su procedencia se encuentra condicionada a los plazos ordinario y extraordinario. El primero está regulado en el artículo ochenta; el segundo en el artículo ochenta y tres.

b) En el Código de Procedimientos Penales se encuentra previsto en el artículo cinco del Título Preliminar, referido a excepciones.

4.4. Así, la prescripción es una causal de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o la renuncia del Estado al ius punendi [derecho punitivo], en razón de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de la misma. Es decir, mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con ella, la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo1.

FUNDAMENTOS DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL

QUINTO. Evaluando los fundamentos del impugnante y la Sala Penal Liquidadora de Ica, este Colegiado Supremo considera que:

SEXTO. Con relación al extremo que confirmó la sentencia del treinta de diciembre de dos mil catorce (folio 1159), en el apartado resolutivo que declaró la prescripción de la acción penal formulada contra Ada Mariella Benavides Ríos, por la presunta comisión del delito de estafa, en perjuicio del Seguro Social de Salud de Ica:

6.1. El Colegiado Superior no tuvo en cuenta lo ampliamente descrito en los considerandos tercero y cuarto, con relación a la duplicidad de plazos de prescripción en casos de delitos cometidos por funcionarios públicos en perjuicio del patrimonio del Estado, según lo dispuesto en el artículo ochenta del Código Penal y cuarenta y uno de la Constitución.

6.2. La conducta que se imputa a Ada Mariella Benavides Ríos, en palabras de la acusación fiscal, aconteció cuando esta era funcionaria pública y aparentemente cometió el ilícito de estafa en perjuicio del patrimonio de una institución del Estado, por ende, el plazo de prescripción se duplica, según lo dispuesto en el artículo ochenta del Código Penal y lo establecido por este Supremo Tribunal en la Queja N.° 101-2016/Ica (folio 1324).

6.3. Dicha duplica del plazo de prescripción también tiene como sustento lo dispuesto en el artículo cuarenta y uno de la Constitución. Con relación a esta norma, el Tribunal Constitucional, en la sentencia del Expediente N.° 1805-2005- HC/TC, fundamentos 15 a 17, estableció –en criterio compartido parcialmente por este Tribunal– que:

[…] resulta importante resaltar que hay hechos criminales que perjudican a la sociedad en su conjunto, afectando el mundo social, político, económico y cultural de un país, y con ello nuestra democracia y al Estado de Derecho.

16. Esta realidad ha acompañado nuestra historia como país, pues estamos de manera permanente viviendo y sufriendo un conjunto de hechos de criminalidad organizada en los que se afecta al patrimonio del Estado, que no es otro que el patrimonio de todos los peruanos. En un país que vive en extrema pobreza, con millones de niños y adolescentes en situación de miseria, no es posible aceptar la impunidad de la corrupción, porque el accionar del Estado no los alcanzó, o porque se recurre a argucias legales para impedirlo.

17. Es por ello que la Norma Suprema establece que «[e]l plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado».

6.4. Entonces, debido a que la sentencia de vista en este extremo no se encuentra fundada en Derecho, contraviene los derechos a la tutela jurisdiccional (en su componente de obtener una decisión fundada en Derecho) y motivación de las resoluciones judiciales de los sujetos procesales. Por lo que, estimando parcialmente los agravios denunciados por la entidad impugnante, corresponde declarar la nulidad de este extremo de la sentencia de vista y disponer que el Colegiado Superior emita nuevo pronunciamiento, a la brevedad posible.

SÉPTIMO. Con relación a los extremos de la sentencia de vista por los que la Sala Superior (i) declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por el Seguro Social de Salud de Ica contra la sentencia del treinta de diciembre de dos mil catorce (folio 1159), y (ii) confirmó la resolución del treinta de diciembre de dos mil catorce (folio 1159), que declaró de oficio la prescripción de la acción penal formulada contra Abel Diego Jaulla Agapito, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, en perjuicio del Estado, la Sala Superior actuó conforme a derecho, en razón de lo siguiente:

7.1. El representante del Ministerio Público imputó a Ada Mariella Benavides Ríos la comisión del delito de falsedad ideológica, en perjuicio del Estado, representado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y Máximo Enrique Ecos Lima; de modo que la defensa del Seguro Social de Salud de Ica carece de legitimidad para impugnar el extremo referido a un delito que no se imputa fue cometido en perjuicio de la entidad que representa2.

7.2. Se imputó al procesado Abel Diego Jaulla Agapito la presunta comisión del delito de falsedad genérica, en perjuicio del Estado, por el hecho ilícito ocurrido el cinco de setiembre de dos mil cinco; por ende, al estar sancionado dicho delito con una pena privativa de libertad máxima de cuatro años, el plazo extraordinario de prescripción es de seis años, el cual se cumplió el cuatro de septiembre de dos mil once3. Ello pone de manifiesto que correctamente se declaró la prescripción de la acción penal en este extremo.

7.3. Además, lo antes expuesto también fue precisado por este Tribunal en la Queja N.° 101-2016/ICA (folio 1324), donde precisó que “En cuanto a los delitos de falsedad documental (ideológica y genérica: artículos 428 y 438 del Código Penal) es obvio que la acción penal prescribió, pues no puede adicionarse la duplicidad desde que no se trata de un específico delito contra el patrimonio de ESSALUD”.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, de conformidad con el dictamen emitido por la Fiscalía Suprema en lo Penal:

I. Por unanimidad, DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia de vista del veinticinco de agosto de dos mil quince (folio 1266), en los extremos que: a) Declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por el Seguro Social de Salud de Ica contra la sentencia del treinta de diciembre de dos mil catorce (folio 1159), en el apartado resolutivo que declaró la prescripción de la acción penal formulada contra Ada Mariella Benavides Ríos, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, en perjuicio del Estado, representado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y Máximo Enrique Ecos Lima; y,  b) Confirmó la resolución del treinta de diciembre de dos mil catorce (folio 1159), que declaró, de oficio, la prescripción de la acción penal formulada contra Abel Diego Jaulla Agapito, por la presunta comisión del delito de falsedad genérica, en perjuicio del Estado.

II. En minoría, con el voto de los jueces supremos Prado Saldarriaga y Quintanilla Chacón, NULA dicha sentencia de vista (folio 1266), en el apartado que confirmó la sentencia del treinta de diciembre de dos mil catorce (folio 1159); específicamente en el extremo que declaró la prescripción de la acción penal formulada contra Ada Mariella Benavides Ríos, por la presunta comisión del delito de estafa, en perjuicio del Seguro Social de Salud de Ica. En consecuencia, DISPUSIERON que la Sala Superior emita nuevo pronunciamiento, a la brevedad posible.

III. ORDENARON que se notifique la presente ejecutoria a los sujetos procesales apersonados a esta instancia, devuélvanse los actuados al Tribunal Superior y se archive el cuadernillo.

EL SECRETARIO DE LA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA CERTIFICA QUE EL VOTO EN MAYORIA DE LAS JUEZAS SUPREMAS ELVIA BARRIOS ALVARADO, SUSANA YNES CASTAÑEDA OTSU E IRIS ESTELA PACHECO HUANCAS, ES COMO SIGUE:

De conformidad con el artículo 143 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y con pleno respeto de los fundamentos expresados por nuestros distinguidos colegas, los jueces supremos Prado Saldarriaga y Quintanilla Chacón, discrepamos de su posición y consideramos que debe declararse no haber nulidad en la sentencia de vista objeto del recurso de nulidad, en el extremo que de oficio declaró la acción penal seguida contra Ada Mariella Benavides Ríos por el presunto delito de estafa en perjuicio del Seguro Social de Ica. Los fundamentos del voto son los siguientes:

El cuarto párrafo, del artículo 41, de la Constitución Política prescribe: “El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado”. Esta disposición ha sido interpretada por los acuerdos plenarios números 01-2010/CJ-116 y 02-2011/cj-116, conforme con los cuales la condición especial del autor –funcionario o servidor público- es lo que fundamenta la mayor extensión del término de la prescripción. Pero es necesario que exista una relación o vinculo funcional entre el Estado público y el patrimonio del Estado, el cual, a su vez, debe implicar que aquel puede efectuar actos de administración, percepción o custodia sobre bienes públicos.

Lima, veintisiete de junio de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el apoderado judicial del SEGURO SOCIAL DE SALUD DE ICA contra la sentencia de vista del veinticinco de agosto de dos mil quince, emitida por la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ica, en el extremo que confirmó la de primera instancia del treinta de diciembre de dos mil catorce que de oficio declaró prescrita la acción penal incoada contra la acusada Ada Mariella Benavides Ríos por el delito de estafa cometido en perjuicio de la institución pública recurrente; en consecuencia, extinguida la acción penal, con lo demás que contiene. Con lo expuesto por el fiscal supremo.

Intervino como ponente la Jueza suprema Susana Castañeda Otsu

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

PRIMERO. Según la acusación fiscal el cinco de septiembre de dos mil cinco, la imputada Ada Mariella Benavides Ríos, en su condición de medico ginecóloga del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de Ica, con la ayuda de Abel Diego Jaulla Agapito, quien prestaba servicios en el Área de Inscripciones de la citada entidad, inscribió en el Registro de Asegurados y Derechohabientes del Seguro Social (EsSalud)-Ica a la menor Valeria Nicole Ecos Benavides como si fuera su hija, supuestamente procreada con su esposo Máximo Enrique Ecos Lima; sin embargo, dicha menor, en realidad, era su nieta pues sus verdaderos padres son David Daniel Ecos Benavides (su hijo) y Johana Anabel Gómez Valencia (su nuera), y sus nombres es Valeria Nicole Ecos Gómez.

Para lograr su cometido, adjuntó una copia certificada de la partida de nacimiento expedida por la Municipalidad Distrital de Tate, que fue expedida con el certificado de nacimiento emitido por la médico cirujana Carmen Luisa Pachas Cavero, en la cual dejó constancia de que supuestamente atendió a la imputada en su domicilio ubicado en el mencionado distrito. De ese modo, posteriormente obtendría prestaciones asistenciales de salud por parte de EsSalud a favor de su supuesta primogénita con el autogenerado N.° 030323ESBAV009 por un monto de S/ 500, 88 y una asignación familiar, sin que la imputada lo merezca.

El fiscal superior tipifico el hecho concerniente al aprovechamiento económico ilícito en perjuicio de EsSalud como delito contra el patrimonio, en la modalidad de estafa, previsto en el artículo 196 del Código Penal (CP), que establece una pena no menor de uno ni mayor de seis años.

FUNDAMENTOS DE LA SALA PENAL SUPERIOR

SEGUNDO. La Sala Penal Superior sostuvo que los hechos constitutivos del delito de estafa se produjeron el cinco de septiembre de dos mil cinco, por lo que hasta la fecha que se emitió la sentencia de primera instancia, esto es, el treinta de diciembre de dos mil catorce, habían trascurrido nueve años y tres meses, tiempo que excede el plazo de prescripción extraordinaria previsto para el delito de estafa que es de nueve años.

Sobre la posibilidad de duplicar el plazo de prescripción por la condición de servidora pública que ostentaba la imputada Ada Mirella Benavides Ríos, dicha pretensión no podía ser amparada por cuanto la imputación que se le atribuyó contiene una infracción a una norma penal diferente a una de infracción de deber. En ese sentido, aun cuando Benavides Ríos pudo haber insertado un hecho falso en un instrumento público, dicha acción no constituía un deber especial de su condición de servidora pública, debido a que no tenía ninguna relación funcional con el área cuando ocurrieron los hechos. En consecuencia, no le era aplicable la parte final del artículo 80 del Código Penal (CP), por lo que confirmó la sentencia de primera instancia.

AGRAVIOS QUE SUSTENTAN EL RECURSO DE NULIDAD

TERCERO. La defensa de EsSalud, en su recurso de nulidad, sostuvo que la sentencia de vista recurrida vulneró el derecho al debido proceso e incurrió en una causal de nulidad insalvable. La Sala Penal Superior declaró prescrita la acción penal incoada en contra de la imputada Benavides Ríos por el delito de estafa, sin considerar que, por su condición de funcionaria pública, de conformidad con el último párrafo, del artículo 80, del CP y el Acuerdo Plenario N.° 2-2011/CJ-116, el plazo de prescripción debió duplicarse, por lo que la acción penal aún se encontraba vigente y se debió emitir un pronunciamiento de fondo.

OPINION DEL FISCAL SUPREMO EN LO PENAL

CUARTO. El fiscal supremo en lo penal opinó porque se declare haber nulidad en la sentencia impugnada. Sostuvo que, si bien en el caso del delito de estafa el plazo de prescripción extraordinaria opera a los nueve años, deben tenerse en consideración otras circunstancias previstas por ley, como es el caso del artículo 80 del CP, el cual se establece que en caso el sujeto activo sea un funcionario o servidor público y se atente contra el patrimonio del Estado, el plazo de prescripción se duplica. Estimó que en el caso de la imputada se cumple con los requisitos, ya que en su condición de funcionaria pública hizo uso de un documento público falso y obtuvo un provecho ilícito, de ese modo afectó el patrimonio del Estado, representado por EsSalud.

FUNDAMENTOS DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL

LA PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL

QUINTO. La prescripción de la acción penal se encuentra consagrada en el inciso 1, artículo 78, del CP, como una causal de extinción de la acción penal, y su declaratoria produce los efectos de cosa juzgada, según lo establecido en el inciso 13, artículo 139, de la Constitución.

Al respecto, nuestro Tribunal Constitucional sostiene que es una institución jurídica que desde la óptica penal constituye una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o en la renuncia del Estado al ius puniendi, bajo el supuesto de que el tiempo trascurrido borra los efectos de la infracción, al existir apenas memoria social de ella1.

SEXTO. La prescripción puede ser ordinaria y extraordinaria. Con relación a la primera, por regla general, la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de la libertad (primer párrafo, artículo 80, del CP). En cuanto a la segunda, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo trascurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción (último párrafo, artículo 83, del CP). El cómputo de los plazos tiene relación con la interrupción y la suspensión del plazo de la prescripción.

SÉPTIMO. En cuanto al cómputo de los plazos de prescripción, el artículo 82 del CP establece que comienzan: i) En la tentativa, desde el día en que cesó la actividad delictiva. ii) En el delito instantáneo, a partir del día en que se consumó iii) En el delito continuado, desde el día en que terminó la actividad delictiva. iv) En el delito permanente, a partir del día en que cesó la permanencia.

DUPLICIDAD DEL PLAZO DE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL

OCTAVO. En el ámbito de la represión de los delitos cometidos por funcionarios públicos que afecten al patrimonio del Estado, el cuarto párrafo, del artículo 41, de la Constitución Política prescribe: “El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado”.

La ley N.° 26360 modificó el artículo 80 del Código Penal para desarrollar la citada disposición constitucional. De este modo, en el sexto y último párrafos se dispone: “En caso de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, el plazo de prescripción se duplica”.

NOVENO: La interpretación de esta disposición tenia criterios disimiles por parte de los jueces; por ello, fue necesario recurrir a un acuerdo plenario para unificarlos. Así, inicialmente en el Acuerdo Plenario N.° 01-2010/CJ-1162, las Salas Penales de la Corte Suprema adoptaron el siguiente criterio de interpretación:

La duplica de la prescripción obedece a una mayor valoración por tratarse de un atentado contra el normal funcionamiento de la Administración Pública, la seguridad de los bienes pertenecientes a la Administración Pública y la inobservancia del deber de fidelidad del funcionario o servidor público hacia el patrimonio público desde la perspectiva de las obligaciones del cargo o función que ejerce y abusa. […] Esto implica un mayor desvalor de la acción –como conducta peligrosa para los bienes jurídicos-, complementado con el desvalor del resultado derivado de la específica función de protección que tienen esas personas respecto del patrimonio del Estado, de la lesión que proviene de la acción desvalorada y de la mayor posibilidad que tienen para encubrir sus actividades ilícitas.

DÉCIMO. En el citado plenario también se estableció que, si la premisa fundamental que sustenta la duplicidad del plazo de prescripción de la acción penal es la lesión efectiva del patrimonio del Estado realizada por los funcionarios o servidores públicos, es necesario que exista una vinculación directa entre estos, de manera que su aplicación exige el concurso de tres presupuestos concretos: i) Que exista una relación funcionarial entre el agente infractor especial del delito, esto es, funcionario o servidor público y el patrimonio del Estado. ii) El vínculo del funcionario o servidor público con el patrimonio del Estado implica que este ejerza o pueda ejercer actos de administración, percepción o custodia sobre bienes públicos. iii) Puede servir como fuente de atribución de dicha posición y facultad funcionarial una orden administrativa y, por tanto, es posible que a través de una disposición verbal se pueda también trasferir o delegar total o parcialmente el ejercicio de funciones concretas de administración, percepción o custodia sobre bienes públicos al funcionario o servidor que originalmente por su nivel y facultades no poseía.

También resaltó que no todos los delitos contra la Administración Pública cometidos por funcionarios públicos tienen un contenido patrimonial, por lo que en cada tipo legal se tiene que analizar si se cumple con el presupuesto establecido para prolongar el plazo de prescripción en función a la afectación de los bienes jurídicos tutelados, vinculados directamente con el patrimonio público o verificar si solo afectan el correcto funcionamiento de la Administración Pública propiamente dicha. Una interpretación distinta a la descrita seria irrazonable y vaciaría de contenido la gravedad de la conducta de los funcionarios y servidores públicos respecto del patrimonio del Estado y asimilaría el hecho a delitos comunes sin ninguna diferenciación que le otorgue sentido a la disposición legal.

DECIMOPRIMERO. Posteriormente, fue necesario determinar si el plazo de la prescripción varia en relación con su duración, según se trate del autor (intraneus) o del partícipe (extraneus); inductor o cómplice, o si hay que aplicar el mismo plazo a todos los responsables del hecho, con independencia del título que le corresponda por su actuación.
Las Salas Penales de la Corte Suprema dieron respuesta a esta problemática en el Acuerdo Plenario N.° 02-2011/CJ-1163, tomando como punto de partida la circunstancia de que los delitos contra la Administración Pública son delitos de infracción del deber4. En ese sentido, el autor no puede ser cualquier persona, sino solo aquel funcionario o servidor público que ocupa un estatus especial y mantiene una vinculación exclusiva con el injusto sobre la plataforma del deber que ostenta. Así, su infracción lo convierte en autor, pues el fundamento está construido por la posición que domina con relación al deber estatal de conducirse correctamente con lealtad y probidad en el ejercicio de la administración pública y con los bienes que se encuentran bajo su esfera.

Se precisa que esta condición especial del autor es lo que fundamenta la mayor extensión del término de la prescripción; en cambio, el particular, por no infringir el deber jurídico especial que vincula al funcionario o servidor público, no es merecedor de un mayor reproche penal respecto de la extensión del plazo de la prescripción.

DECIMOSEGUNDO. El criterio anotado ha sido ratificado en decisiones de las Salas Penales de la Corte Suprema. En el Recurso de Nulidad N.° 2068-20125, sobre el plazo de duplicidad del delito de negociación incompatible, se sostuvo que por su propia configuración e, incluso, por su ubicación en la Sección IV referida a los delitos de corrupción de funcionarios, es un tipo legal que no protege directamente el patrimonio del Estado, por lo que no es aplicable la duplicidad del plazo de prescripción prevista en el artículo 80 parte in fine, del Código Penal.

En la misma línea, en el Recurso de Nulidad N.° 2304-2014/Lima se sostuvo que: “De otro lado, la afectación al patrimonio del Estado está en función al tipo penal vulnerado. Se requiere que tutele el patrimonio público para poder estimar que el funcionario público, por actos de su función, está sometido a un término de prescripción distinto al común: el doble del plazo respectivo (artículo 80, in fine, del Código Penal). Así consta en el Acuerdo Plenario N.° 01- 2010/CJ-116”6.

DECIMOTERCERO. Luego de los dos acuerdos plenarios mencionados, y sentencias de las Salas Penales de la Corte Suprema, el último párrafo, del artículo 80, del CP no ha presentado mayores problemas en su interpretación. La última modificatoria fue introducida por la Ley N.° 30077, Ley contra el Crimen Organizado7, que incorpora en la dúplica del plazo de la prescripción los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, o los cometidos como integrante de organizaciones criminales.

DECIMOCUARTO. Finalmente, es pertinente precisar que el 20 de agosto de 2017 mediante Ley N.° 30650, Ley de reforma del artículo 41 de la Constitución Política del Perú8, se reformó el cuarto párrafo del citado artículo, en los términos siguientes:

El plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la Administración Pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares. La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad (énfasis nuestro).

La nueva regulación con relación a la dúplica del plazo se extiende a todos los delitos contra la Administración Pública, como es el caso de abuso de autoridad, omisión de funciones, concusión, cobro indebido, las diversas formas de cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entro otros9, y se extiende a los terceros que intervienen en la comisión de este tipo de delitos. Sin embargo, la reforma constitucional aún no ha sido desarrollada legislativamente en el CP.

Las citadas modificaciones no resultan aplicables a los casos que se produjeron con anterioridad a su promulgación, pues se trata de disposiciones de carácter sustantivo.

ANALISIS DEL CASO

DECIMOQUINTO. En el caso de autos, el Juzgado Penal Liquidador de Ica de oficio declaró prescrita la acción penal formulada contra Ada Mariella Benavides Ríos, por la presunta comisión del delito de estafa en perjuicio de EsSalud. Esta decisión fue impugnada vía apelación por el apoderado judicial de la parte agraviada; sin embargo, la Sala Penal Superior confirmó la decisión de primera instancia. Contra esta resolución se interpuso recurso de nulidad10, el cual es objeto de análisis en la presente ejecutoria. En este, la defensa de la parte agraviada esencialmente cuestiona que los órganos de mérito no consideraran que la imputada es una funcionaria pública y el delito que se le atribuyó afectó el patrimonio del Estado, por lo cual debió aplicarse la duplicidad del plazo de prescripción con el cual la acción penal aun seguiría vigente. Posición que es compartida por el fiscal supremo en lo penal, quien en su dictamen opinó que se declare nula la sentencia de vista.

DECIMOSEXTO. Ahora bien, conforme con los acuerdos plenarios números 1- 2010/CJ-116 y02-2011/CJ-116, y las ejecutorias de las Salas Penales de la Corte Suprema, como se describió en los considerandos precedentes, para que se aplique la disposición relativa a la duplicidad del plazo de prescripción es necesario que exista una relación o vinculo funcional entre el funcionario público y le patrimonio del Estado, el cual, a su vez, debe implicar que aquel puede efectuar actos de administración, percepción o custodia sobre bienes públicos.

En el presente caso, se verifica que la imputa Ada Mariella Benavides Ríos, en efecto, tenía la condición de funcionaria pública, puesto que se desempeñaba como médico ginecóloga del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de Ica, hecho no controvertido.

DECIMOSÉPTIMO. Por otra parte, el delito que se le atribuyó es el delito de estafa, por cuanto la imputada Benavides Ríos, valiéndose de documentos falsos, logró que inscribieran a su nieta como si fuera su hija con la finalidad de obtener prestaciones asistenciales de salud por parte de EsSalud por un monto que asciende a S/. 500,88 y una asignación familiar sin cumplir con los requisitos para merecerlo. En definitiva, las acciones que se le atribuyen, de ser ciertas, representado por EsSalud.

No obstante, se advierte que el delito de estafa, aun cuando constituye un delito contra el patrimonio, en este caso de EsSalud (una institución pública), es un delito común. Además, la imputada no tenía ninguna relación funcional con el patrimonio que fue asignado en su favor, y no le había sido delegada de manera escrita o verbal posición o facultad funcionarial a través de una orden administrativa mediante la cual pueda realizar actos de administración, percepción o custodia. En consecuencia, en su caso no se cumple con los presupuestos habilitantes para aplicar la duplicidad del plazo de prescripción.

DECIMOCTAVO. En ese sentido, para efectos del cómputo de los plazos prescripción, rigen los de prescripción ordinaria más la mitad, porque se llevaron a cabo actos de interrupción de la acción penal. En este caso, el delito de estafa se configuró el cinco de septiembre de dos mil cinco, por lo que al treinta de diciembre de dos mil catorce, fecha de emisión de la sentencia de primera instancia, ya habían transcurrido nueves años, tres meses y veinticinco días, tiempo que supera el plazo de prescripción extraordinaria previsto para el delito de estafa que es de nueve años.
Por tanto, el ejercicio punitivo de la está ya había cesado, por lo que se desestiman los agravios formulados por el apoderado judicial de EsSalud, y se declara no haber nulidad en la decisión adoptada por la Sala Penal Superior.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, las juezas integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República que suscriben la presente ejecutoria, EN MAYORÍA, ACORDARON:

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia de vista del veinticinco de agosto de dos mil quince, emitida por la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ica, en el extremo que confirmó la de primera instancia del treinta de diciembre de dos mil catorce, que de oficio declaró prescrita la acción penal incoada contra la imputada Ada Mirella Benavides Ríos por el delito de estafa cometido en perjuicio del Seguro Social de Salud de Ica, en consecuencia, extinguida la acción penal.

II. ORDENAR se notifique la presente ejecutoria suprema a las partes apersonadas a esta instancia, se devuelvan los actuados al Tribunal Superior de origen y se archive el cuadernillo.


1 Cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional, emitidas en los expedientes números 1805-2005-HC, fundamentos jurídicos 6 y 7, y 07451-2005-HC, fundamento jurídico 4.
2 Similar criterio fue establecido por la Fiscalía Suprema en lo Penal, al indicar en su dictamen que “[…] la parte civil en mención [Essalud] no tiene legitimidad para continuar con el tráfico procesal, por no ser parte de la relación directa del delito penal con la afectación del bien jurídico; siendo aquí los únicos agraviados el Reniec y Máximo Ecos Lima” (folio 17 del cuadernillo formado en esta instancia).
3 Este criterio es compartido por todas las instancias del Ministerio Público, pues tanto el Fiscal Provincial como las Fiscalías Superior y Suprema arribaron a la misma conclusión.


1 STC números 1805-2005-HC, 9291-2006-PHC, 2466-2006-PHC, 0616-2008-HC, entre otros.
Este criterio fue reiterado en la STC N.°2407-2011 -PHC/TC, del 10 de agosto de 2011.
2 ASUNTO: Prescripción, problemas actuales del 16 de noviembre de 2010.
3 Asunto: Nuevos alcances de la prescripción, del 6 de diciembre de 2011, f.j. 16.
4 Esta teoría complementa la del dominio del hecho y prescribe que será autor quien infrinja un deber extrapenal que no se extiende necesariamente a todos los implícitos en el delito, pero que es necesaria para la realización del tipo; en cambio, el participe interviene en el hecho, empero no posee dicho deber especial. ROXIN, CLAUS. (1998). Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal, (Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano Gonzales de Murillo, trads.) Madrid: Marcial Pons. P. 385.
5 Del 19 de abril de 2013. Sala Penal Transitoria. Ponente: Cesar San Martín Castro.
6 Del 17 de marzo de 2015. Sala Penal Transitoria. Ponente: Cesar San Martin Castro.
7 Artículo modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N.° 30077, publicada el 20 de agosto de 2013.
8 Vigente a partir del 21 de agosto de 2017.
9 Los plazos de prescripción más amplios con relación a los delitos de corrupción, tienen como sustento el artículo 29 de la CNUCC, que prescribe: “Cada Estado Parte establecerá, cuando procesa, con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por cualquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia”.
10 El cual fue denegado por la Sala Penal Superior, no obstante, contra esta decisión interpuso recurso de queja excepcional ante este Supremo Tribunal, que declaró fundado y ordenó que se eleven los actuados, mediante la ejecutoria del 24 de enero de 2017 contenida en la Queja N.°101-2016/Ica.

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