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ROBO : INIMPUTABILIDAD POR ANOMALÍA PSÍQUICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 12-2021
LIMA

INIMPUTABILIDAD POR ANOMALÍA PSÍQUICA

Sumilla. Las causas de inimputabilidad como excluyentes de culpabilidad deben quedar fijadas positivamente al igual que los hechos de forma, tal que el trastorno mental –en este caso esquizofrenia paranoide– tenga las condiciones suficientes de anular o alterar las bases de la imputabilidad, es decir, la conciencia y voluntad. Aquí, en este caso, conforme con lo analizado, el imputado Sifuentes Sevillano tuvo afectada su capacidad de comprensión y voluntad al momento de la comisión de los hechos (13 de mayo de 2009). Tal situación mental es un hecho notorio judicial conforme con las sentencias antes descritas. Se trata de un trastorno mental irreversible y el sistema de justicia debe ser coherente.

En esa dirección se presenta en este caso el supuesto previsto en el numeral 1 del artículo 20 del Código Penal, el cual prescribe que: “Está exento de responsabilidad penal: 1. El que, por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión”. Se concluye así que el problema jurídico fue resuelto afirmando que el imputado Bruno Hernando Sifuentes Sevillano es inimputable, lo que genera consecuencias jurídicas distintas a un sujeto imputable y es pasible de una medida de seguridad.

Lima, seis de abril de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el sentenciado BRUNO HERNANDO FUENTES SEVILLANO contra la sentencia del 11 de setiembre de 2019 e integrada por resolución del 23 de enero de 2020, emitida por la Cuarta Sala Penal Especializada para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que lo condenó como autor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de Marianella Janeth Medina Quiroz, a diez años de pena privativa de libertad; y fijó en S/ 500,00 (quinientos soles) el monto que, por concepto de reparación civil, deberá abonar a favor de la agraviada.

Ponencia de la jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FISCAL

1. Según la acusación fiscal1, el marco fáctico de imputación del presente proceso es el siguiente:

El 13 de mayo de 2009, a las 20:50 horas, aproximadamente, personal policial perteneciente a la comisaría de Lince intervino al procesado Bruno Hernando Fuentes Sevillano por estar involucrado en el delito de robo agravado, en perjuicio de Marianella Janeth Medina Quiroz, al haber sido observado por personal policial que patrullaba por la avenida Arenales y José Leal en Lince, en momentos en que robaba en la modalidad de «cogote» a la agraviada Marianella Janeth Medina Quiroz, siendo que al pretender darse a la fuga fue intervenido con las pertenencias en su poder.

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

2. El Tribunal Superior emitió sentencia condenatoria2 en contra de FUENTES SEVILLANO sobre la base del razonamiento siguiente:

2.1. Está probado que el acusado tiene conciencia de los hechos que ha cometido, puesto que en todo momento trató de eludir las preguntas; sin embargo, fue coherente en su negativa de los actos submateria y consecuente en generar duda acerca de su estado mental, lo que se condice con la Pericia Psicológica N.° 617-2017-INPE-18-233-PSIC del 2 de enero de 2018 la cual concluyó que el acusado presentó presunta alteración de enfermedad mental de carácter psicótico, asociado a una vida de desadaptación social.

2.2. La imputabilidad del acusado resulta evidente y si bien padece de esquizofrenia paranoide debido al consumo de drogas, ello no lo convierte en inimputable.

2.3. Los medios probatorios se basan en la sindicación de la agraviada Medina Quiroz. Estos dan cuenta de que el 13 de mayo de 2009, el acusado Fuentes Sevillano la sujetó del cuello con violencia doblándola hacia atrás y le sustrajo sus pertenencias.

2.4. El Acta de reconocimiento físico acredita que el imputado estuvo en posesión de la cartera de la agraviada, pese a que este se negó a firmar el acta de registro personal. Ello se corrobora con la declaración testimonial del policía Wilfredo David Maguiña Saavedra, a nivel policial en presencia del Ministerio Público y a nivel judicial, quien afirma que observó al acusado y acogotó a la agraviada, y que al ser capturado se le encontró en posesión de las pertenencias de la víctima.

2.5. En cuanto a la determinación de la pena, consideró que al momento de los hechos (mayo de 2009) el acusado registraba antecedentes penales y judiciales por similar delito, así como sus circunstancias personales, su grado de instrucción secundaria y su contexto familiar, además que al momento de los hechos contaba con 22 años de edad.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

3. El sentenciado Fuentes Sevillano, en su recurso de nulidad planteó como pretensión se le declare inimputable y se le disminuya la pena. Sostuvo lo siguiente:

3.1. No se efectuó una debida apreciación de los hechos materia de inculpación ni compulsó adecuadamente las pruebas actuadas en el proceso. Se recortó el derecho a la observancia del debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva.

3.2. Afirma que solicitó se le declare inimputable pues sufre de esquizofrenia paranoide, conforme con el Informe Médico Psiquiátrico (folio 433). Sobre la base de este informe la Primera Sala Penal para Procesos de Reos en Cárcel, por sentencia (página 425) lo declaró inimputable y se dispuso su internamiento en el Hospital Víctor Larco Herrera. Tampoco se valoró la Evaluación Psiquiátrica N.° 046707-2013-PSQ, que ratificó las conclusiones de las evaluaciones números 025763-2013 y 038992-2013.

3.3. La Sala Superior sostuvo que su trastorno de esquizofrenia evolucionó favorablemente, sin tomar en cuenta las diversas pericias que se le practicaron y concluyeron que presenta trastorno disocial y síndrome de psicosis, pericias ratificadas en otros procesos, en donde los peritos sostienen que esta enfermedad mental es irreversible y no tiene cura.

3.4. Por último, censura la pena impuesta. Reconoció los hechos en forma uniforme desde la etapa policial, por ello se debió aplicar la confesión sincera conforme con el Acuerdo Plenario N.° 5-2008/CJ-116, pues su declaración cumplió con los requisitos exigidos para la aplicación de dicha circunstancia atenuante de carácter excepcional. Además, se debe graduar en virtud del principio de humanidad de las penas y el de resocialización.

CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL DELITO

4. Los hechos atribuidos fueron calificados como delito de robo agravado, previsto en el inciso 2 del primer párrafo de los artículos 188 y 189 del Código Penal (modificado por la Ley N.° 28982), que prescriben:

Artículo 188. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.

Artículo 189. La pena será no menor de diez ni mayor de veinte años si el robo es cometido: […] 2. Durante la noche o en lugar desolado.

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

5. El punto de partida para analizar la sentencia de mérito es el principio de impugnación limitada, que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal. En tal virtud, se reduce el ámbito de la resolución únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido —principio contenido en el aforismo latino principio tantum devolutum quantum apellatum—, las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada. Esto es, la decisión del tribunal debe circunscribirse a los agravios y las pretensiones postuladas por el impugnante.

6. Toma nota este Supremo Tribunal de que el recurrente en el punto 3.1 cuestionó la debida valoración de las pruebas actuadas durante el proceso. En el caso ha quedado fijado que la agraviada Marianella Janeth Medina Quiroz, a nivel preliminar3, sin la presencia del fiscal, el 13 de mayo de 2009 narró que cuando esperaba su movilidad en compañía de su amiga, sorpresivamente un sujeto la sujetó por el cuello y en forma violenta la dobló hacia atrás por lo que perdió el equilibrio, lo que aprovechó para arrebatarle su cartera que contenía un celular, una billetera con dinero, DNI, tarjetas de crédito, lentes, cargador, hand free, un reproductor MP4 y una memoria USB. Inmediatamente abordó una combi con su amiga quien recibió una llamada donde le informaron que habían detenido al sujeto que le robo sus pertenencia, por lo que regresó a la comisaría de Lince. Allí reconoció plenamente a su atacante, el procesado Fuentes Sevillano. Ella no concurrió al pleno.

También se llevó a cabo el acta de reconocimiento físico4 del 13 de mayo de 2009, sin la presencia del fiscal. Ella reconoció al imputado como el sujeto que la sujetó del cuello, la doblo hacía atrás y le arrebató su cartera, por lo que se dio a la fuga.

Hasta aquí, lo narrado por la agraviada solo tendría el nivel de una denuncia. Ello porque su declaración no contó con presencia fiscal. Pero ocurre que se cuenta con el acta de registro personal5 practicado al acusado, el 13 de mayo de 2009, a las 19:40 horas, donde consta que al intervenido se le halló en poder de una cartera color negro que contenía un celular marca LG, un cargador, un MP4 y una memoria USB de propiedad de la agraviada, a quien luego se le hizo entrega, conforme consta en el acta de entrega de especies.

Estima este Supremo Tribunal que el acta de registro personal tiene la calidad de prueba preconstituida por la urgencia e irrepetibilidad de las mismas, como así lo ha desarrollado la jurisprudencia. En esas condiciones no puede exigirse la presencia fiscal; sin embargo, tales documentales para integrar la plataforma probatoria y ser valoradas deben ser oralizadas o incorporarse vía prueba personal. Es así como tales documentales se legitimaron con el testimonio del efectivo policial Wilfredo David Maguiña Saavedra, a nivel judicial6 del 29 de diciembre de 2009. Él narró que el día de los hechos realizaba patrullaje motorizado y se percató de que un sujeto acogotaba a una fémina, al verlo emprendió la fuga y fue capturado a pocos metros y dijo llamarse Hernando Bruno Fuentes Sevillano, luego fue trasladado a la comisaría donde la agraviada lo reconoció como el sujeto que la acogotó y robó. Se le halló con las especies robadas y ratificó el acta de registro personal.

Si bien el relato incriminatorio de la agraviada a nivel preliminar se realizó sin la presencia del fiscal, este asume fiabilidad con el testimonio del efectivo policial, quien relató que la víctima reconoció al acusado como su atacante y además ratificó las actas ya descritas.

A ello se adiciona que dichas pruebas fueron oralizadas en el pleno a pedido de la representante del Ministerio Público y no fueron materia de observación por parte de la defensa técnica, y se limitan a señalar que el acusado sufre de esquizofrenia.

7. Hasta aquí claramente está probado que el imputado desplegó la conducta atribuida. Pero conforme surge del numeral 3.2 que guarda relación con el punto 3.3, la defensa técnica reclamó que se declare inimputable al acusado Fuentes Sevillano en atención a que por sentencia del 21 de octubre de 2013, emitida por la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres (página 425) fue declarado inimputable y se dispuso su internamiento en el Hospital Víctor Larco Herrera, en mérito a la Evaluación Psiquiátrica N.° 046707-2013-PSQ7, que ratificó las evaluaciones psiquiátricas números 025763-2013-PSQ y 038992-2013- PSQ y censura que no se valoró.

8. Del análisis realizado en el fundamento 6 de la presente ejecutoria, se determinó que la conducta del procesado Fuentes Sevillano resultó ser típica y su encuadre de los hechos calzan en el inciso 2 del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal; por ende su conducta resultó ser antijurídica, sin embargo la disputa está en determinar si conforme con el planteamiento de la defensa, el procesado a la fecha de la comisión de los hechos era o no inimputable. Corresponde a este Supremo Tribunal determinar su culpabilidad, esto es, si el acusado estuvo en posibilidad de conocer la norma, actuar conforme a dicho conocimiento, así como la exigibilidad de actuar conforme a derecho.

9. Para resolver el citado problema jurídico es necesario comprender el avance que ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos al superar el modelo terapéutico o médico de las personas con discapacidad basado en que: “La discapacidad se considera un problema individual o personal causado por una enfermedad, deficiencia o condición de salud”. Esto se subsana eliminándolas a través de tratamientos médico curativos y rehabilitadores” (Seoane, José Antonio. Derechos humanos y discapacidad, p. 296), por un modelo social de discapacidad mencionada en la Convención sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, donde: “La atención se desplaza al entorno: la discapacidad ya no es un atributo de la persona, sino el resultado de la interacción con las condiciones y estructuras sociales” (Seoane, José Antonio. Derechos humanos y discapacidad, p. 296), de tal forma que la discapacidad está en relación con las barreras sociales que no les permite a las personas, como sujeto de derechos, el goce y ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación.

Este nuevo enfoque de la discapacidad es transversal a todas las áreas del derecho y el derecho penal no es ajeno a esos cambios. El Perú es parte de la Convención de Personas con Discapacidad; por ello, en cumplimiento de los compromisos internacionales adecuó su normativa interna y promulgó la Ley 29973, Ley General de Personas con Discapacidad, y su reglamento en el D. S. N.° 002-2014- MIMP y la Ley de Salud Mental N.° 30947 y su reglamento, que deben ser aplicadas bajo los principios y enfoques previstos en ambas leyes, específicamente en el artículo 3 de la Ley N.° 30947, destacando el enfoque de derechos humanos y enfoque de discapacidad, entre otros. Bajo el modelo social que debe definirse la inimputabilidad Meini [2014] señala: “La inimputabilidad se produciría entonces solo cuando la persona con deficiencias psicosociales o intelectuales se encuentre en una situación que no le permite comprender la misma, de acuerdo con los estándares fijados por la sociedad y el derecho” (citado por Rodríguez Vásquez, J., p. 157). En materia penal los casos deben ser abordados en la dimensión de cada caso concreto, así como la diversidad funcional del imputado en función al riesgo y peligro que pueda generar a su persona y a la sociedad.

10. La Sala de Mérito en el párrafo 8 del fundamento 9 de su sentencia sostiene como premisa probada que el acusado tiene conciencia de los hechos. Tal afirmación la respalda en la observación directa en el plenario. Esa aseveración tiene correspondencia con la Pericia Psicológica N.° 617-2017-INPE-18-233-PSIC del 2 de enero de 2018, el cual concluye que el imputado presenta presunta alteración de enfermedad mental de carácter psicótico, asociado a una vida de desadaptación social.

Afirma también la Sala que la imputabilidad del recurrente es evidente y si bien padece de esquizofrenia paranoide, debido al consumo de drogas, ello no lo convierte en inimputable.

11. El tema en debate no puede resolverse conforme lo ha expresado la Sala en su razonamiento. Primero, porque la pericia psicológica a la que alude fue practicada el 2 de enero de 2018, y está vinculada a establecer los rangos de personalidad y el estado emocional que presenta la persona. Se suma que la conclusión a la que arriba es de naturaleza presunta.

Segundo, si bien el acusado a la fecha de juzgamiento en el presente proceso, habría variado su estado mental, conforme: i) al Informe Médico Psiquiátrico8, del 18 de enero de 2018, que describe ingresó en una remisión incompleta de la esquizofrenia paranoide que padece; ii) el Examen Psiquiátrico de Establecimientos Penales N.° 047329-2018-EP-PSQ9, del 4 de setiembre de 2018, emitido por el Instituto de Medicina Legal, concluyó que el procesado presentó trastorno psicótico debido al consumo de múltiples drogas u otras sustancias psicotrópicas; personalidad disocial y no presentó sintomatología psicótico evidente; iii) el Oficio N.° 297-2014-DG-HVLH del 17 de setiembre de 2014, remitido por el Hospital Víctor Larco Herrera, que informó una mejora en el paciente y en su comportamiento y se encuentra en la condición de salida de alta del servicio de hospitalización para continuar un control ambulatorio; iv) el Oficio N.° 198-2015-DG-HVLH del 30 de julio de 2015, informó que el paciente Fuentes Sevillano se encuentra en alta médica, por lo que deberá ser trasladado a un centro de reclusión, dado que por su condición de disocial no tiene tratamiento en el nosocomio; v) la Pericia Psicológica N.° 617-2017-INPE-18-233-PSIC del 2 de diciembre de 2017 concluyó que el acusado presentó presunta alteración de enfermedad mental de carácter psicótico, asociado a una vida de desadaptación social. Sin embargo, todos estos resultados son posteriores a la fecha de los hechos del presente proceso, por ende, no inciden en el resultado del mismo.

12. Lo anterior no permite asumir como premisa válida que el imputado a la fecha de los hechos se le pueda imputar normativamente estar en condiciones psíquicas y mentales de poder comprender el carácter delictuoso de su acto. Es decir, tener conciencia y voluntad de transgredir la ley penal, en este caso el tipo penal ya descrito de robo agravado. Claro está porque las pericias psicológicas y psiquiátricas que no fueron objeto de ratificación desde la perspectiva temporal de la fecha de los hechos no tienen relevancia probatoria al haberse practicado años después de los hechos.

13. La defensa ha planteado se valore la Pericia Psiquiátrica N.° 038992-2013-PSQ, practicada el 25 de junio de 2013 al recurrente. En efecto, tal pericia fue el respaldo médico psiquiátrico de la sentencia del 21 de octubre de 201310, emitida por la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con reos Libres de la Corte Superior de Lima y declaró inimputable el acusado Fuentes Sevillano y le impuso la medida de seguridad de internación por el periodo de cuatro años, por hechos ocurridos el 6 de agosto de 2009.

Igual situación jurídica se ha determinado en la sentencia del 8 de agosto de 201311, emitida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel. El citado imputado Fuentes Sevillano fue declarado exento de pena por inimputable y le impuso la medida de seguridad de internación por el periodo de quince años, por los hechos ocurridos el 3 de febrero de 2011. Sentencia que declaró NO HABER NULIDAD, mediante ejecutoria12 del 27 de noviembre de 2014.

Si bien la defensa únicamente mencionó la sentencia del 21 de octubre de 2013, es necesario hacer referencia a la sentencia del 8 de agosto de 2013, por cuanto ambos fallos declararon exento de pena por inimputable al citado acusado. En ambos se constató su anomalía psíquica en la Evaluación Psiquiátrica N.° 038992-2013-PSQ13, practicada al acusado, la cual concluyó:

De acuerdo con lo descrito en la Historia Clínica N.° 108569 emitida por el Hospital Víctor Larco Herrera y con lo señalado en la Evaluación Psiquiátrica N.° 25763-2013-PSQ (del 30 de mayo de 2013), el interno Bruno Hernando Fuentes Sevillano presenta: 1. Síndrome psicótico: esquizofrenia paranoide. 2. Personalidad disocial. 3. Consumos perjudiciales de sustancias. No Fármacodependencia.

Ambas sentencias fueron oralizadas y sometidas al contradictorio en este proceso, por lo que forma parte de la plataforma probatoria. Si bien la defensa también amparó su agravio en la Evaluación Psiquiátrica N.° 046707-2013-PSQ, sin embargo, esta informó que el peritaje psiquiátrico ya había sido realizado con las evaluaciones números 25763-2013-PSQ14 –la que previo a pronunciarse solicitó la remisión de la historia clínica completa del tratamiento que recibió el imputado en el Servicio de Salud Penitenciaria del Establecimientos Penal de Lurigancho– y la Evaluación Psiquiátrica N.° 038992-2013-PSQ ya descrita.

Conforme con el fundamento 7 de la sentencia invocada por la defensa (21 de octubre de 2013), se argumenta que el perito médico psiquiatra Víctor Guzmán Negrón en el pleno ratificó dicha prueba científica y al ser preguntado si el procesado presentó dicho síndrome psicótico al momento del hecho ilícito, respondió: “Es portador de esta enfermedad probablemente desde hace cinco años atrás o probablemente mucho más antes”.

Igualmente, en la sentencia del 8 de agosto de 2013, en el fundamento 10, se detalló que el citado perito médico psiquiatra concurrió al pleno, ratificó la misma evaluación psiquiátrica y consignó que:

El procesado padece de esquizofrenia paranoide, que es un trastorno mental, afirma el perito psiquiatra que la esquizofrenia paranoide por lo general no va acompañada de rasgos disociales y generalmente quienes la padecen no cometen delitos, pero en el caso del procesado su personalidad lo hace trasgresor de las normas, pues tiene personalidad disocial agravada por el consumo de drogas, además que es impulsivo y esa impulsividad lo lleva a atacar a otras personas, y al no tener conciencia de sus actos presenta con tal comportamiento un alto grado de peligrosidad para interrelacionar con los demás; […] la enfermedad mental que padece en su caso concreto no es reversible, es decir, no tiene cura.

14. Dicho lo anterior, se constató que el procesado recurrente presentó dicha anomalía psíquica a la fecha en que ocurrieron los hechos en el presente proceso, 13 de mayo de 2009. Ello lo explica la temporalidad de dicho diagnóstico, realizado en el 2013 y que determinó su padecimiento desde cinco años atrás o probablemente mucho antes. Si tomamos en cuenta que en este caso el citado hecho punible desplegado por el imputado se encuadra dentro de este rango en que presentó dicho trastorno mental; es decir, el imputado no estaba en condiciones de comprender el carácter delictuoso de sus actos y motivarse para no contravenir la norma penal debido al síndrome psicótico esquizofrenia paranoide y su personalidad disocial agravada por el consumo perjudicial de sustancias, así como su impulsividad y que al no tener conciencia de sus actos, su comportamiento representa un alto grado de peligrosidad. De tal forma que existen elementos objetivos que permiten establecer como relación entre los hechos cometidos y su trastorno mental que reúne las condiciones suficientes para afirmar que estamos frente a un sujeto inimputable.

En efecto, las causas de inimputabilidad, como excluyentes de culpabilidad, deben quedar fijadas positivamente al igual que los hechos, de forma tal que el trastorno mental en este caso esquizofrenia paranoide tenga las condiciones suficientes de anular o alterar las bases de la imputabilidad, es decir, la conciencia y voluntad. Aquí, en este caso, conforme con lo analizado, el imputado Sifuentes Sevillano tuvo afectada su capacidad de comprensión y voluntad al momento de la comisión de los hechos (13 de mayo de 2009). Tal situación mental es un hecho notorio judicial conforme con las sentencias antes descritas. Se trata de un trastorno mental irreversible y el sistema de justicia debe ser coherente.

En esa dirección, se presenta en este caso el supuesto previsto en el numeral 1 del artículo 20 del Código Penal, que prescribe: “Está exento de responsabilidad penal: 1. El que, por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión”. Concluye así que el problema jurídico afirmó que el imputado Bruno Hernando Sifuentes Sevillano es un sujeto inimputable, lo que genera consecuencias jurídicas distintas a un sujeto imputable, por lo que es pasible de una medida de seguridad.

DOSIFICACIÓN DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD

15. Puntualmente, el profesor Prado Saldarriaga15 ha señalado que el Código Penal adoptó un modelo de corte vicarial, para la aplicación conjunta de pena y medidas de seguridad. La medida de seguridad de internación se aplica a los inimputables o imputables disminuidos, cuando ofrecen peligro de cometer nuevos actos delictivos.

Ello lo reiteró en el artículo: “Las medidas de seguridad, aspectos penales y procesales”16. También, señala que la pena determinada a través de la culpabilidad, por el hecho cometido, podrá ser sustituida en su ejecución por el cumplimiento de medida de seguridad.

16. Respecto a los criterios de aplicación de la medida de seguridad de internación, este Supremo Tribunal estableció, en el fundamento 8 del Recurso de Nulidad N.° 104-2005-Ayacucho, como precedente vinculante, lo siguiente:

a) […] las medidas de seguridad son sanciones que se aplican judicialmente a los inimputables o imputables relativos que han cometido un hecho punible; que la medida de internación es privativa de libertad y solo puede aplicarse cuando existe el peligro potencial de que el inimputable pueda cometer en el futuro otros delitos considerablemente graves. Por tanto, la internación es una medida de seguridad que conlleva graves efectos restrictivos en la libertad de las personas. […] Claux Roxin, señala el fin de la pena y las medidas de seguridad no se diferencian en esencia. Ciertamente, los fines preventivos se persiguen por las medidas de seguridad de una forma diferente y que la mayoría de las veces contrasta también con la orientación de los cometidos de la pena en el caso individual, pero la tendencia fundamentalmente preventiva es la misma.

b) […], tratándose de una sanción, la medida de internación solo puede ser impuesta en la sentencia y luego de que en juicio se haya acreditado la realización del delito por el inimputable y su estado de peligrosidad.

c) […] la duración de la medida de internación no puede ser indeterminada, por eso el operador judicial debe definir en la sentencia su extensión temporal, la cual, conforme lo establece el artículo setenta y cinco ab initio, en ningún caso puede exceder los límites cuantitativos de la pena privativa de libertad concreta, que se hubiera aplicado al procesado si hubiera sido una persona imputable.

d) […] la duración de la medida de internación debe ser proporcional a la peligrosidad potencial del agente y coherente con las recomendaciones que sobre el tratamiento a aplicar haya precisado el perito siquiatra.

17. El imputado está exento de una pena privativa de libertad, al ser inimputable. Los artículos 73 a 75 del Código Penal y como se ha descrito en el fundamento precedente, esta medida debe ser proporcional a la peligrosidad delictual del agente, la gravedad del hecho cometido y los que probablemente cometiera si no fuera tratado. La medida de internación no podrá exceder del tiempo de duración que correspondería al aplicarse por el delito cometido.

18. La pena mínima que establece el delito de robo agravado con circunstancias agravantes, previsto en el inciso 2 primer párrafo del artículo 189 del Código Penal, modificado por la Ley N.° 28982, es de diez años.

19. Por lo que, dada la condición de inimputable del encausado Bruno Hernando Fuentes Sevillano, así como la peligrosidad delictual del citado, la forma y las circunstancias en que se cometió el hecho delictivo y los delitos que ha continuado cometiendo como consta de sus antecedentes judiciales17, por ende debe ser sujeto de control bajo un tratamiento psiquiátrico e imponerse la medida de seguridad de internación, conforme con lo prescrito en el artículo 74 del Código Penal, que deberá cumplir el sentenciado hasta por el lapso de diez años en un establecimiento de salud. Debiendo cada seis meses remitir al juez de la causa una pericia circunstanciada que informe sobre la necesidad de mantener la medida de internación aplicada, conforme lo exige el artículo 75 del mismo Código, plazo que en todo caso deberá adecuarse a la presente en el inciso 2 del artículo 29 de la Ley de Salud Mental N.° 30947 y el artículo 29 de su Reglamento D. S. N.° 007- 2020-SA.

20. En cuanto al monto de la reparación civil, este tribunal supremo considera que debe mantenerse.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:

I. HABER NULIDAD en la sentencia del 11 de setiembre de 2019 e integrada por resolución del 23 de enero de 2020, emitida por la Cuarta Sala Penal Especializada para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que condenó a BRUNO HERNANDO SIFUENTES SEVILLANO como autor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de Marianella Janeth Medina Quiroz, a diez años de pena privativa de libertad.

II. REFORMÁNDOLA: le IMPUSIERON en su condición de inimputable la medida de seguridad de INTERNACIÓN hasta por el término de diez años, debiendo comunicar al juez de la causa, cada seis meses, con una pericia circunstanciada que informe sobre la necesidad de mantener la medida de internación aplicada, conforme lo exige el artículo 75 del Código Penal.

III. DISPUSIERON el inmediato internamiento del inimputable en el Hospital Víctor Larco Herrera, con las medidas de seguridad que el caso requiera.

IV. NO HABER NULIDAD en la propia sentencia, en el extremo que fijó en S/ 500,00 (quinientos soles) monto que, por concepto de reparación civil, deberá abonar el sentenciado a favor de la agraviada; y los devolvieron.


1 Cfr. páginas 125 y ss.
2 Cfr. páginas 575 y ss.
3 Cfr. páginas 8 y ss.
4 Cfr. páginas 15.
5 Cfr. páginas 16.
6 Cfr. páginas 97 y ss.
7 Cfr. páginas 461 y ss.
8 Cfr. páginas 443 y ss.
9 Cfr. páginas 457 y ss.
10 Cfr. páginas 425 y ss.
11 Cfr. páginas 261 y ss.
12 Cfr. páginas 376 y ss.
13 Cfr. páginas 333 y ss.
14 Cfr. páginas 463 y ss.
15 Cfr. Prado Saldarriaga, Víctor Roberto. Comentarios al Código Penal de 1991. Lima: Editorial Alternativas, 1993, pág. 112.
16 Prado Saldarriaga, Víctor; Núñez Pérez, Roberto Fernando; y Almanza Altamirano, Frank. Código Penal, Nuevo Código Procesal Penal, Código de Procedimientos Penales. Primera edición. Lima: Editorial APECC, 1993, pág. 30.
17 Cfr, páginas 408 y ss.

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