Tipicidad alternativa y delito de trata de personas

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 312-2020
JUNÍN

Tipicidad alternativa y delito de trata de personas

Sumilla. El delito de trata de personas es un delito que tiene una tipicidad alternativa que involucra varias conductas equivalentes que el agente puede realizar.

Lima, nueve de marzo de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad1 interpuesto por la defensa técnica del procesado FERNANDO JAVIER QUISPE contra la sentencia condenatoria del 9 de octubre de 20192. La cual lo condenó como autor del delito de trata de personas3 en agravio del menor identificado con las iniciales J. J. A. A. Como tal se le impuso veinticinco años de pena privativa de libertad y se fijó en 4000,00 soles el monto que por concepto de reparación civil se deberá pagar a favor de la víctima.

Intervino como ponente el juez supremo Prado Saldarriaga.

CONSIDERANDO

I. MARCO LEGAL DE PRONUNCIAMIENTO

Primero. El recurso de nulidad está regulado en el artículo 292 del Código de Procedimientos Penales (en adelante CPP) y constituye el medio de impugnación de mayor jerarquía entre los recursos ordinarios del ordenamiento procesal peruano4. Está sometido a motivos específicos y no tiene (salvo las excepciones de los artículos 330 y 331) efectos suspensivos de conformidad con el artículo 293 del mismo texto procesal. El ámbito de análisis de este tipo de recurso permite la revisión total o parcial de la causa sometida a conocimiento de la Corte Suprema, tal y como lo regula el contenido del artículo 298 del CPP.

Segundo. El delito de trata de personas es un delito que incluye distintas conductas alternativas consistentes en acciones de captación, transporte, traslado, acogida o retención con fines de explotación de una persona.

II. HECHOS IMPUTADOS

Tercero. Según la acusación fiscal el procesado Fernando Javier Quispe captó al menor de iniciales J. J. A. A. (10 años de edad) para someterlo a formas de explotación.

Los hechos se produjeron el 8 de diciembre de 2010, cuando el menor agraviado vendía chicles por inmediaciones de las avenidas Huanvelica y Breña, en Huancayo-Junín. Se le acercó un joven de apelativo Cochichín quien lo cogió del cuello y lo condujo hasta la calle Breña cruce con Libertad, donde se encontraba el encausado Fernando Javier Quispe, quien con engaños le dijo: “Vamos a ir a mi casa para escuchar música”. A la altura del hospital El Carmen el menor vio un patrullero de la central de emergencia 105 y les pidió auxilio a los efectivos policiales, los que inmediatamente intervinieron al procesado.

Anteriormente, en el mes de septiembre de 2010 el menor agraviado fue privado de su libertad durante una semana por el mismo procesado (Fernando Javier Quispe), quien con engaños lo condujo a su casa ubicada por Ocopilla-Miller. En dicho lugar lo mantuvo sin comida y privado de su libertad. Además lo hizo consumir terocal todos los días junto a otros diez niños que eran obligados a robar por las noches en distintos lugares de Huancayo.

III. AGRAVIOS DEL RECURRENTE

Cuarto. La defensa técnica del procesado Fernando Javier Quispe en su recurso formalizado5 alega lo siguiente:

4.1. El representante del Ministerio Público no ha realizado una adecuada imputación fáctica.

4.2. El menor agraviado y su madre han distorsionado la versión de los hechos para perjudicar a su patrocinado.

4.3. Solo existe la sindicación realizada por el menor, sin fundamento ni medio probatorio que acredite su dicho.

4.4. La reparación civil fijada contra su patrocinado no se ajusta a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

IV. DICTAMEN FISCAL SUPREMO

Quinto. La fiscal suprema ha opinado porque se declare no haber nulidad en la resolución impugnada sobre la base de los siguientes argumentos:

5.1. El relato incriminatorio hecho por el menor contra el procesado en sede preliminar y en presencia del representante del Ministerio Público, no revela algún tipo de animadversión o encono contra el inculpado.

5.2. La sindicación formulada por el menor es coherente, sólida y uniforme, pues no solo ha brindado datos pormenorizados del evento criminal, sino también detalles referidos al predio donde fue llevado contra su voluntad. Al respecto señaló que se encuentra ubicado en Ocopilla-Miller, ubicación del domicilio que también ha sido brindada por el acusado, con lo cual se advierte que lo manifestado por el menor agraviado no resulta ajeno a la verdad. Además ha proporcionado nombres de otros menores de edad que también se encontraban retenidos contra su voluntad y eran obligados a robar por las noches en la ciudad de Huancayo.

5.3. El Protocolo de Pericia Psicológica N.º 015236-2010-PSC concluye que el menor: “Presenta un trastorno emocional y de conducta producto del medio familiar en el que vive y reacción ansiosa, este último producto de la situacion vivida” (sic), lo cual fue ratificado por el psicólogo Carlos Ávila Benito en el juicio oral.

5.4. Se considera que el relato incriminatorio del agraviado cumple con las garantías de certeza que establece el Acuerdo Plenario N.º 2-2005/CJ-116; por ende, tiene suficiente fuerza para enervar la presunción constitucional de inocencia que asiste al acusado.

V. ANÁLISIS

Sexto. El recurso impugnatorio planteado por la defensa técnica del procesado Fernando Javier Quispe radica en cuestionar la condena impuesta en su contra y la reparación civil. Por consiguiente, cabe examinar si ambas decisiones son validables.

Séptimo. De la revisión y análisis de los autos, así como de la sentencia recurrida se advierte que la materialidad del delito de trata de personas imputado (previsto en el tipo base del artículo 153, en concordania con el inciso 2 del segundo párrafo del artículo 153-A del Código Penal. Texto legal vigente al momento de los hechos) se estima acreditado con los siguientes medios probatorios: a) El parte S/N-VIII-DIRTEPOL-RPNPJ DIV.UU.EE-HYO (véase a foja 44) a través del cual el SO3 PNP Lazarte dejó constancia que el menor agraviado se acercó a la patrulla y solicitó auxilio policial porque el imputado Fernando Javier Quispe quería llevarselo a su domicilio bajo engaños, para lo cual utilizó a otros menores abandonados en la calle para amenazarlo. b) El certificado médico legal de la víctima que precisa que el menor al momento que ocurrieron los hechos tenía 10 años de edad. c) El Protocolo de Pericia Psicológica N.° 15236-2010-PSC (véase a folio 40) el cual señala que la víctima se encuentra afectado psicológicamente como consecuencia del evento delictivo producido en su agravio. Tal conclusión fue ratificada por el perito Carlos Ávila Benito en el juicio oral y señaló que la sintomatología que presentó el menor guarda relación con el relato narrado y el trauma emocional es una consecuencia de lo sufrido.

Octavo. En cuanto a la responsabilidad penal del encausado Fernando Javier Quispe en el hecho criminal que se le imputa, esta se encuentra corroborada con los siguientes medios probatorios:

8.1. La manifestación referencial del menor agraviado (véase a folio 24) en presencia del representante del Ministerio Público y además oralizada durante la audiencia. En ella el menor sindica al acusado como la persona que lo retuvo durante una semana del mes de septiembre de 2010 cuando lo captó con engaños pues le prometió darle comida en su vivienda ubicada en Ocopilla. Al llegar a dicho lugar encontró a varios menores consumiendo terocal, quienes a su vez eran obligados a robar por las noches en la ciudad de Huancayo. Asimismo, señaló que logró escapar de dicho lugar hasta que el pasado 8 de diciembre de 2010 fue retenido por un adolescente conocido como Cochinín quien lo condujo hasta el cruce de las calles Breña y Libertad, donde los esperaba el acusado para nuevamente llevarlo a su domicilio. Sin embargo, a la altura del hospital El Carmen logró liberarse y pidió auxilio a una unidad policial que patrullaba por la zona.

8.2. La madre del menor agraviado, Flor Aurora Alfaro Lara, en su declaración preventiva también sostuvo que denunció la desaparición de su hijo ante la Difam. Cuando interrogó a otros niños de la calle sobre el paradero de su hijo, le comunicaron que lo tenía Javicho. Ella agrega que cuando apareció su hijo, este se encontraba sucio y con la ropa llena de terocal. Este le reveló que el acusado lo había conducido a su domicilio por espacio de una semana para robar la casa de Pio Pata.

Noveno. Frente a los medios de prueba de cargo sustentados y expuestos, concurre la negativa del recurrente Fernando Javier Quispe, así como los agravios contenidos en su recurso de nulidad. Sin embargo, lo primero opera solo como un acto del ejercicio del derecho de defensa que asiste a toda persona sujeta a un proceso penal. No obstante, tal negativa no es suficiente para enervar los elementos de cargo acumulados y citados precedentemente, los cuales fueron debidamente desarrollados y valorados por el Tribunal de Instancia en la sentencia recurrida.

Décimo. Cabe señalar también que el recurrente Fernando Javier Quispe ha tratado de desvirtuar las imputaciones en su contra al proporcionar direcciones falsas de su vivienda y centro laboral. En el acta de constatación domiciliaria (fs. 43) se dejó constancia de que los vecinos no lo conocen y mintió sobre su supuesto trabajo como carpintero. Esto se encuentra corroborado con la declaración de María Isabel Gaspar Leiva (fs. 68) quien participó en la diligencia de constatación domiciliaria.

Decimoprimero. Por consiguiente, cabe concluir que las pruebas actuadas y precitadas desvirtuaron la presunción de inocencia que el acusado Fernando Javier Quispe ostentaba al inicio de la investigación judicial. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 285 del CPP es pertinente declarar que la sentencia impugnada se encuentra conforme a ley.

Decimosegundo. Respecto a los cuestionamientos hechos contra la reparación civil fijada es pertinente precisar que el monto establecido es adecuado y proporcional, ya que conforme con los hechos imputados el menor fue captado por el acusado y retenido por alrededor de una semana en una vivienda donde era obligado a consumir terocal. Sin embargo, logró escaparse y pedir auxilio policial. En tal sentido, los daños psicológicos se encuentran plenamente acreditados con la pericia realizada y que determinó los mismos. Por tanto, el monto fijado en la sentencia condenatoria se encuentra conforme a ley y debe confirmarse.

DECISIÓN

Por los fundamentos expresados y de conformidad con el dictamen fiscal supremo, declararon:

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia condenatoria del 9 de octubre de 2019. La cual condenó a FERNANDO JAVIER QUISPE como autor del delito de trata de personas, en agravio del menor identificado con las iniciales J. J. A. A. Como tal le impuso veinticinco años de pena privativa de libertad y fijó en 4000,00 soles el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar a favor de la víctima.

II. INTEGRARON la sentencia a efecto de que se aplique al menor un tratamiento psicológico en el sistema de salud del Estado.

III. SE DISPONGA se notifique la ejecutoria a las partes apersonadas a esta instancia, se devuelvan los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo.

Intervino el magistrado Núñez Julca por licencia de la jueza suprema Castañeda Otsu.

1 Véase a folio 329.
2 Emitida por la Sala Penal Liquidadora de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín.
3 Tipo base previsto en el artículo 153, en concordancia con el inciso 2 del segundo párrafo del artículo 153-A del Código Penal. Modificado por la Ley N.° 28950. Los hechos ocurrieron con anterioridad a la reforma introducida por la Ley 31146 en el 2021.
4 Cfr. MIXAN MASS, Florencio, en SAN MARTÍN CASTRO, César Eugenio. Derecho procesal penal. Lima: Grijley, 2014, p. 892.
5 Véase a folio 329.

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