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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 1411-2021
LIMA NORTE

NO HABER NULIDAD EN SENTENCIA

Sumilla. Existen suficientes pruebas de cargo que acreditan la responsabilidad del sentenciado en los hechos. En cuanto a la pena impuesta en su contra, en virtud del principio de la interdicción de la reforma en peor, la cantidad impuesta se mantiene. Con relación a la reparación civil la defensa no expresó agravios específicos respecto al importe fijado y no se advierten razones para su disminución. En ese sentido, la sentencia recurrida se confirma en todos los extremos.

Lima, treinta de marzo de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado MAICOL JORDAN RIVAS SARRIA contra la sentencia del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (foja 298), que lo condenó por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de tentativa de robo con agravantes, en perjuicio de Luzlila Medina Chachapoyas, le impuso siete años de pena privativa de libertad y el pago de mil soles como reparación civil, a favor de la agraviada; con lo demás que contiene.

Intervino como ponente la jueza suprema SUSANA CASTAÑEDA OTSU.

CONSIDERANDO

HECHOS PROBADOS SEGÚN LA SENTENCIA MATERIA DE IMPUGNACIÓN

PRIMERO. La Sala Penal Superior emitió la sentencia del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en la que dio por acreditados los hechos materia de acusación, consistentes en que el catorce de octubre de dos mil dieciséis a las 22:45 horas cuando la agraviada Luzlila Medina Chachapoyas descendió del vehículo de transporte público en la intersección de las avenidas los Dominicos y los Cipreses y se dirigía a la avenida Santa Rosa, distrito de San Martín de Porres-Lima, fue interceptada por dos sujetos quienes la tomaron por los brazos. Uno de ellos le sustrajo el celular y ambos la lanzaron al suelo para que suelte su cartera, le patearon la cara, los brazos y la espalda, mientras la agraviada pedía auxilio.

En esos instantes, el conductor de un mototaxi que estaba por la zona, bajó para ayudarla y llamó a los demás vecinos, razón por la cual los dos sujetos se dieron a la fuga, pero uno de ellos fue aprehendido a media cuadra del lugar de los hechos con un celular y cartera, y posteriormente, fue identificado como Maicol Jordan Rivas Sarria. Así que, la agraviada recuperó todo lo que le sustrajeron.

SEGUNDO. Por tales hechos, Maicol Jordan Rivas Sarria fue condenado por el delito de tentativa de robo previsto en el artículo 188 con las agravantes de los incisos 2 (durante la noche) y 4 (pluralidad de agentes), artículo 189, del Código Penal (CP), en concordancia con el artículo 16 del acotado código. Como tal, se le impuso siete años de pena privativa de libertad y el pago de mil soles como reparación civil a favor de la agraviada.

AGRAVIOS QUE SUSTENTAN EL RECURSO DE NULIDAD

TERCERO. La defensa del sentenciado Maicol Jordan Rivas Sarria interpuso recurso de nulidad y solicitó que se lo absuelva del delito materia de acusación. Como agravios sostuvo esencialmente que, se valoraron erróneamente las siguientes pruebas:

3.1. El acta fiscal en la cual se dejó constancia que la agraviada recuperó sus cosas, puesto que su patrocinado negó haber sido el autor de los hechos y en todo momento, aseveró que se equivocaron de persona. Así, en su manifestación preliminar explicó que él caminaba por la calle en dirección a la casa de su tío, cuando vio a una persona que pasó corriendo, y luego llegó otra, quien lo incriminó a él como ratero.

Por esta razón, lo golpearon en diversas partes de su cuerpo, ocasionándole lesiones según se verificó con el certificado médico legal.

3.2. En la referida acta fiscal también se consignó que a la agraviada le arrebataron su cartera que contenía un celular; sin embargo, cuando declaró dijo que dicho celular se lo despojaron de su seno y como estaba muy oscuro no pudo observar bien a la persona que le robó, de ahí que no existió acta de reconocimiento. Además, luego ella no formuló denuncia alguna en su contra, ni acudió a las demás etapas del proceso para aclarar si se trató de una equivocación o no. Todos estos aspectos no fueron considerados por la Sala Penal Superior.
Asimismo, en la referida acta se ordenó como una diligencia que se identifique a los vecinos que habían auxiliado a la agraviada, pero tampoco se llevó a cabo.

3.3. El PNP Epifanio Herrera Mori manifestó que no le encontró al acusado Rivas Sarria ninguno de los objetos sustraídos a la agraviada, lo que se corroboró con el acta de registro personal. No obstante, tales pruebas no fueron consideradas por la Sala Penal Superior.

3.4. No se valoraron las pruebas de descargo consistentes en la declaración de Carlos Mario Sarria Rojas, quien es tío de su patrocinado, así como dos fotografías en las cuales se lo ve trabajando en Rústica de Los Olivos con la Orquesta Son del Barrio.

CONSIDERACIONES DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL

MARCO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL

CUARTO. El principio de presunción de inocencia consagrado en el literal e, inciso 24, artículo 2, de la Constitución Política prescribe que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad1. Conforme con la doctrina y la jurisprudencia, la presunción de inocencia tiene una doble dimensión en el proceso penal: como principio y como regla, de tratamiento probatoria y de juicio. Como regla probatoria exige la actuación de suficiente prueba de cargo directa o indiciaria sobre la existencia del hecho y la intervención del acusado. Como regla de juicio exige que si luego de la valoración de la prueba el juzgador no llega a la certeza sobre la culpabilidad del acusado debe declarar su inocencia.

QUINTO. Por su parte, una sentencia condenatoria requiere de una actividad probatoria realizada con las garantías necesarias y en la que se haya tutelado el contenido constitucionalmente protegido de los derechos a la prueba, defensa y debido proceso, que permita evidenciar la concurrencia plena de los elementos del delito y el grado de intervención y/o participación de un acusado. Además, que el órgano jurisdiccional explicite las razones por las cuales arriba a determinada conclusión, pues con ello se evita la existencia de arbitrarias restricciones del derecho a la libertad individual de los justiciables y se tutela su derecho a la presunción de inocencia2.

SEXTO. En el caso que nos ocupa, se condenó al recurrente por el delito de robo, tipo básico previsto en el artículo 188 del CP, el cual sanciona a aquel que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física.

Tal como se aprecia, este delito se caracteriza esencialmente por el empleo de violencia (vis corporalis o absoluta) o intimidación (vis cumpulsiva o relativa). El primero consiste en el despliegue por parte del autor o autores de una energía física sobre la víctima, que lleva a suprimir o limitar materialmente su libertad de acción y la resistencia que pudiera oponer al apoderamiento3. Mientras que el segundo hace referencia a la amenaza de un peligro inminente para su vida o integridad física, lo que no implica que necesariamente el sujeto activo, de modo expreso y verbal, deba señalar al sujeto pasivo de que este va a ser agredido o le dará muerte si es que opone resistencia al robo. Por el contrario, la única condición es que, de cualquier modo, se comunique esto a la víctima quien, en atención al contexto situacional o secuencial de los hechos acaecidos, asuma que ello sucederá4.

SÉPTIMO. Asimismo, se le imputaron las circunstancias agravantes de los incisos 2 (durante la noche) y 4 (pluralidad de agentes), primer párrafo, artículo 189, del acotado código, respecto a la comisión del hecho con la intervención de dos o más personas.

Es conveniente precisar que las circunstancias representan diferentes condiciones o indicadores que circundan o concurren a la realización del delito. Su eficacia común se manifiesta como un mayor desvalor de la conducta ilícita realizada o como una mayor intensidad de reproche hacia el delincuente, con la cual se justifica el incremento de la punibilidad y la penalidad que corresponde aplicar al autor o partícipe del hecho punible5.

OCTAVO. Por su parte, según lo establece la Sentencia Plenaria N.º 1- 2005/DJ-301-A6, para determinar si el delito de robo se ejecutó perfectamente o no, es preciso identificar el momento de la consumación del robo, y en ese ámbito el criterio rector es el de la disponibilidad potencial sobre la cosa –de realizar materialmente sobre ella actos dispositivos–, compatible con la teoría de la ablatio que importa sacar la cosa de la esfera de custodia, de la vigilancia o la actividad del tenedor.

Si el agente es sorprendido en flagrancia o in situ, perseguido inmediatamente, sin interrupción, y capturado con el íntegro del botín, o en el curso de la persecución lo abandona, pero este es recuperado; entonces, el delito quedó en grado de tentativa.

ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO

NOVENO. En el presente caso, la Sala Penal Superior consideró que se corroboró que el catorce de octubre de dos mil dieciséis a las 22:45 horas dos personas intentaron despojar de sus bienes a la agraviada Luzlila Medina Chachapoyas, para lo cual usaron violencia física en su contra. Para ello, valoraron las siguientes pruebas: i) Sindicación de la agraviada. ii) Certificado Médico Legal N.° 035849-L, en el cual se prescribió a la agraviada dos días de atención facultativa y siete días de incapacidad médico legal, así como la declaración en juicio oral del perito Segundo Germán Millones Gómez. iii) Declaración preliminar del PNP Herrera Mory. iv) Acta de registro personal y acta de especies recuperadas.

DÉCIMO. Ahora bien, la tesis defensiva que adoptó el acusado Rivas Sarria durante todo el proceso fue que la agraviada se confundió de persona y erróneamente lo sindicó como uno de los coautores del delito de tentativa de robo con agravantes, tesis que la Sala Penal Superior descartó tal tesis, tal como se anotó.

De modo que, con base en el principio de congruencia recursal7, reexaminaremos las pruebas que según la defensa fueron erróneamente compulsadas por la Sala Penal Superior.

DECIMOPRIMERO. Como punto de partida, debemos señalar que, la citada Sala consideró como principal prueba de cargo la declaración de la agraviada Medina Chanchapoyas, así que verificaremos si esta cumplió con los filtros de validez del Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-1168, ya que de ser así constituye prueba válida para desvirtuar la presunción de inocencia de Rivas Sarria.

El citado acuerdo plenario establece tres requisitos que dan valor a la sindicación de la agraviada: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que no existan relaciones entre el agraviado e imputados basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la declaración, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. b) Verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que esta debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. c) Persistencia en la incriminación, de sus afirmaciones en el curso del proceso. La cual debe estar referida al núcleo de la imputación que sustenta la tesis acusatoria.

DECIMOSEGUNDO. Al respecto, en el juicio oral, la fiscal superior oralizó la declaración preliminar de la agraviada del quince de octubre de dos mil quince, recibida con presencia del fiscal y PNP instructor (foja 16). Señaló que el catorce de octubre de dos mil quince a las 22:45 horas cuando regresaba del trabajo y caminaba por la avenida los Cipreses, distrito de San Martín de Porres-Lima, dos sujetos desconocidos la sujetaron muy fuerte de los brazos, impidiendo que se mueva.

Acto seguido, uno de ellos la despojó de su celular que estaba escondido en su brasier y puso resistencia para que no le arrebaten su cartera. Ante esto, la empujaron al suelo y empezaron a darle patadas en la cara y brazo, aun así ella sujetó muy fuerte su cartera mientras gritaba por auxilio. En esos instantes, un joven que conducía un mototaxi, se detuvo a ayudarla y pidió ayuda a los vecinos. Los dos sujetos intentaron fugarse en distintas direcciones, pero a media cuadra capturaron a uno de ellos a quien lo amarraron con su propio polo. Este luego fue identificado como Maicol Jordan Rivas Sarria, y en estricto fue él quien sustrajo su celular.

La agraviada precisó que recuperó todas sus pertenencias porque uno de los vecinos que atrapó a Rivas Sarria, le encontró con su celular y cartera, así que se los devolvió. Asimismo, cuando le preguntaron por las características físicas del otro sujeto que intervino en los hechos, dijo que tenía una estatura similar al detenido, de contextura delgada; sin embargo, como el lugar estaba oscuro no le logró ver el rostro. Indicó que no había visto antes a Rivas Sarria, pero uno de los vecinos le dijo que lo había visto fumando a él y al otro sujeto en la avenida.

DECIMOTERCERO. Con relación al primer filtro de validez referido a la ausencia de incredibilidad subjetiva, la agraviada afirmó que no conocía al sentenciado Rivas Sarria, lo que fue corroborado por este último. De modo que, con anterioridad a los hechos, no existía ningún ánimo espurio, de venganza o revanchismo que motive la sindicación de la agraviada en su contra. Así que este primer filtro se superó.

En cuanto a la verosimilitud, la agraviada fue coherente y detallada en su relato, y tal como lo estimó la Sala Superior también existieron otras pruebas que corroboraron periféricamente su sindicación:

13.1. Declaración del PNP Epifanio Herrera Mory, quien en juicio oral (foja 264) se ratificó en el contenido de su declaración preliminar del veintitrés de diciembre de dos mil quince, en la cual manifestó que el día de los hechos patrullaba por la zona cuando en el cruce de las avenidas los Dominicos y Santa Rosa, se encontró a un grupo de personas que tenían retenido a un sujeto sin polo y la agraviada lo sindicaba como la persona que momentos antes la había despojado de sus pertenencias, además de haberla golpeado para dicho propósito.

Asimismo, en dicha declaración precisó que se llevaron detenido a Rivas Sarria, quien no opuso resistencia ya que había sido reducido por los vecinos de la zona. Tampoco se le halló con los objetos sustraídos en su poder porque los vecinos los habían recuperado y devuelto a la agraviada.

Sobre esta prueba, la defensa alegó que el efectivo policial no encontró los bienes sustraídos en poder del acusado, pero como lo anotamos en el párrafo anterior, el testigo explicó que, esto se debió a que, los vecinos redujeron al acusado y lo aprehendieron momentos previos a que llegue. De manera que, como lo explicó la Sala Penal Superior, lógicamente en el registro personal no iban a encontrar ningún objeto, y tal prueba en sí misma no desincrimina al acusado.

13.2. El citado efectivo policial en el plenario se ratificó en la declaración mencionada y en el contenido del acta de especies recuperadas del catorce de agosto de dos mil quince elaborada a las 22:39 horas (foja 25). En ella se dejó constancia que la agraviada reconoció como artículos recuperados una cartera, un celular, una billetera, tarjetas del banco, un audífono, cargador de celular, maquillaje, entre otros artículos personales.

A estas pruebas, es preciso agregar otras que fueron actuadas con las garantías procesales exigidas y las cuales también dotan de verosimilitud a la sindicación de la agraviada:

13.3. El acta de entrega del quince de octubre de dos mil quince suscrita por la agraviada y el PNP instructor (foja 27). En esta se consignó que se le hizo entrega de sus bienes a la agraviada. De manera que guarda estrecha vinculación con los bienes que fueron recuperados según el acta correspondiente, y determina fehacientemente la preexistencia de los bienes sustraídos, así como su hallazgo en poder del acusado.

13.4. El acta fiscal del quince de octubre de dos mil quince a las 00:20 horas, suscrita por el fiscal provincial y el PNP interviniente (foja 3), en la cual se dejó constancia de los hechos que relató la agraviada, la detención de Rivas Sarria y las primeras diligencias que se ordenaron. Como quiera que los hechos fueron descubiertos en flagrancia, no era necesario una denuncia formal por parte de la agraviada, tal como lo sostiene la defensa, sino que basta tal acta.

DECIMOCUARTO. Con relación a la persistencia en la incriminación, la agraviada solo brindó su declaración preliminar; sin embargo, su inconcurrencia a las demás etapas del proceso no enerva de modo alguno la fiabilidad de su declaración, ni mucho menos implica una retractación tácita. En consecuencia, su versión cumplió con las garantías de certeza contempladas en el acuerdo plenario analizado y constituye prueba válida de cargo.

DECIMOQUINTO. En cuanto a los demás agravios de la defensa, advertimos que, de manera contraria a lo señalado en su recurso, la Sala Penal Superior se pronunció por su tesis defensiva y las pruebas de descargo que ofreció y actuó en el plenario:

15.1. La declaración de Carlos Mario Sarria Rojas, tío del acusado. En la sesión de juicio oral manifestó que él y el acusado tenían una orquesta llamada Son del Barrio de Los Olivos. En estricto, el acusado era uno de los coros, y el día de los hechos lo llamó para ensayar ya que tenían un contrato con Rústica, por tanto, debían coordinar los temas y canciones.

Sin embargo, esa noche no llegó y al día siguiente se enteró que la razón fue porque lo detuvieron. De manera que aseveró que tal día el acusado se dirigía a la casa ubicada en ese entonces en el jirón Retamar 528, en Angélica Gamarra, Lima.

En lo que respecta a esta testimonial, en el mismo sentido que lo evidenció el Colegiado Superior, la declaración de Rivas Sarria y su tío tienen aspectos disímiles que fueron considerados como un indicio de mala justificación o coartada falsa, pues no quedó claro si el acusado se dirigía a la casa del testigo por qué se le había acabado el dinero, para ensayar junto al grupo musical al cual pertenecía o para libar licor.

15.2. Dos fotografías en las cuales se lo ve en Rústica junto a una orquesta. Sobre esta prueba, apreciamos que las fotografías no son del día en que ocurrieron los hechos, sino que datan del dos mil quince. Por tanto, no resulta una prueba útil ni pertinente para el esclarecimiento de los hechos.

DECIMOSEXTO. En esta línea de análisis, quedó acreditado que Rivas Sarria fue arrestado en flagrancia delictiva por los vecinos quienes acudieron en auxilio de la agraviada e inmediatamente fue entregado a la autoridad policial que arribó al lugar de los hechos.

Al respecto, la libertad personal como derecho fundamental conforme con el literal f, inciso 24, artículo 2, de la Constitución Política, solo puede ser afectada si concurren los presupuestos habilitantes de: i) mandato judicial escrito y motivado del juez; o, ii) flagrante delito.

En este último supuesto, el artículo 259 del Código Procesal Penal9 faculta a la policía a detener sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito, cuya facultad se extendió a los particulares bajo la figura del arresto ciudadano previsto en el artículo 260 del acotado código.

Básicamente, constituye un acto de colaboración ciudadana con la Administración de Justicia en la aprehensión de quien ha sido sorprendido en la realización de un hecho punible. Para ello, debe existir una sospecha razonable, basada en hechos o información que convencerían a un observador de que la persona en cuestión pudo haber cometido el delito; lo que dependerá de las circunstancias del caso en concreto10.

Así que, el caso de autos se trató de un arresto ciudadano y como quiera que se recuperaron los objetos sustraídos, el delito quedó en grado de tentativa, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento octavo de la presente ejecutoria y tal como lo señaló la Sala Penal Superior.

DECIMOSÉPTIMO. Por las razones anotadas, consideramos que la condena impuesta a Rivas Sarria fue correcta toda vez que existe suficiente prueba de cargo que enervó la presunción de inocencia que le asistía y la prueba de descargo presentada no permite desincriminarlo de los hechos materia de acusación. Así que, se ratifica este extremo de la sentencia.

EN CUANTO A LA PENA

DECIMOCTAVO. Para determinar a corrección de la pena, es preciso partir de la pena conminada para el delito que, en este caso es el de robo con agravantes que contempla una pena no menor de doce años, ni mayor de veinte años de privación de libertad.

Al respecto, la fiscal superior solicitó dieciocho años de pena privativa de libertad al considerar que no existía ninguna circunstancia que permita reducir la pena por debajo del mínimo legal, además, que el acusado no tenía antecedentes penales y los hechos quedaron en grado de tentativa.

DECIMONOVENO. La Sala Penal Superior impuso a Rivas Sarria siete años de pena privativa de libertad, puesto que en su criterio concurrían dos causales de disminución de punibilidad que permitían aminorar la pena por debajo del mínimo legal: i) La primera referida al grado de ejecución del delito, pues por tratarse de delito tentado, se redujo tres años en atención al artículo 16 del CP. ii) Segundo, se consideró la edad del acusado Rivas Sarria de veintiún años de edad, para una reducción adicional de dos años.

VIGÉSIMO. Ahora bien, de la revisión de los actuados, consideramos que fue correcta la aplicación de la primera causal de disminución de punibilidad, pues tal como se concluyó en el fundamento decimosexto de la presente resolución, el delito quedó en grado de tentativa.

Sin embargo, no fue correcta la disminución de la pena en atención a la responsabilidad restringida por la edad de Rivas Sarria, pues el artículo 22 del CP señala que se reduce prudencialmente la pena cuando el sujeto activo tenga más de dieciocho años y menos de veintiún años al momento de la comisión de los hechos. Lo que en este caso no ocurrió puesto que Rivas Sarria tenía veintidós años y tres meses de edad.

A esto cabe agregar que, si bien el literal h, inciso 1, artículo 46, del CP señala que, la edad del imputado —en tanto que ella hubiere influido en la conducta punible— constituye una circunstancia de atenuación, esto solo permite la graduación de la pena dentro del marco legal, mas no su disminución por debajo del mínimo. No obstante lo anotado, como el único impugnante es el sentenciado, se debe ratificar el extremo de la pena, en atención al principio de interdicción de la reforma en peor, el cual constituye un límite a esta Sala Penal Suprema de acuerdo con el inciso 1, artículo 300, del C de PP.

RESPECTO A LA REPARACIÓN CIVIL

VIGESIMOPRIMERO. En este extremo, la defensa no esbozó argumentos específicos, y de la revisión de los actuados aparece que, el fiscal superior solicitó el pago de ochocientos soles, a favor de la agraviada, el cual fue impuesto por la Sala Penal Superior en los mismos términos. Así que al no existir razones para disminuirla, es preciso ratificar este extremo.

En consecuencia, por los argumentos anotados a lo largo de la presente ejecutoria suprema, se desestima el recurso de nulidad interpuesto por la defensa.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, acordaron:

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte que condenó a MAICOL JORDAN RIVAS SARRIA por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de tentativa de robo con agravantes, en perjuicio de Luzlila Medina Chachapoyas y le impuso siete años de pena privativa de libertad, el pago de mil soles como reparación civil, a favor de la agraviada; con lo demás que contiene.

II. ORDENAR se notifique la presente ejecutoria suprema a las partes apersonadas a esta instancia, se devuelvan los actuados al Tribunal Superior de origen y se archive el cuadernillo.


1 Una disposición de desarrollo del mandato constitucional se encuentra en el artículo II, del Título Preliminar, del Código Procesal Penal, el cual precisa de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales, para desvirtuar este principio-derecho fundamental. Y que, en caso de duda sobre la responsabilidad penal, debe resolverse a favor del imputado.
2 Conforme con lo señalado de manera reiterada en la jurisprudencia de este Supremo Tribunal; por ejemplo, en los recursos de nulidad números 2978-2016/Huánuco, 47-2017/Lima Norte, 614-2017/Junín, 962-2017/Ayacucho, 2269-2017/Puno, 2565-2017/Cusco, 310-2018/Lambayeque y 1037-2018/Lima Norte, entre otros.
3 DONNA, Edgardo Alberto. Derecho penal. Parte especial. Tomo II-B. Tercera edición. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2008, p. 114.
4 Casación N.° 496-2017/Lambayeque, del 1 de junio de 2018.
5 PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Delitos y penas. Una aproximación a la parte especial. Lima: Ideas Solución Editorial, 2017, p. 117.
6 Del 30 de septiembre de 2005.
7 Casaciones números 215-2011/Arequipa y 147-2016/Lima, así como la STC N.° 05975- 2008-PHC/TC.
8 Del 30 de septiembre de 2005. Asunto. Requisitos de la sindicación de coacusado, testigo o agraviado, FJ 10.
9 Cuya vigencia se adelantó en este extremo.
10 TEDH, Asunto Fox, Campbell y Hartley vs. Reino Unido, sentencia de 30 de agosto de 1990, párr. 32.

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