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ROBO : ABSOLUCIÓN – Ausencia de solidez en la incriminación del coimputado.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 79-2021
LIMA

Robo agravado

Sumilla. El órgano jurisdiccional es soberano en la apreciación de la prueba, conforme el criterio de conciencia que la ley faculta, esta no puede llevarse a cabo sin limitación alguna, sino sobre la base de una actividad probatoria concreta, jurídicamente correcta, se ha de llevar a cabo con arreglo a las normas de la lógica, máximas de la experiencias o de la sana crítica, razonándola objetivamente. En el presente caso, la materialidad del delito (robo agravado) se constituye en un hecho incuestionable; siendo que, la cuestión controvertida —en el marco de los agravios postulados— constriñe determinar si el encausado efectivamente participó, en calidad de autor, en los hechos materia de imputación. La Sala Penal, a nivel periférico, respalda la versión incriminatoria expuesta por el sentenciado Alexander Jaime Paredes Faris (testigo impropio) en el mérito de las declaraciones que ha brindado desde preliminar hasta juicio oral, claramente existe contradicción en los relatos que ha proporcionado, dado que si bien lo identificó plenamente, ello se produjo con posterioridad a su declaración inicial. De esta manera, no se cumple de forma indubitable con el requisito de solidez en la incriminación del coimputado, al que se refiere el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116, necesario para otorgar validez a la sindicación del coacusado.

Lima, veintisiete de abril de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el representante legal del sentenciado Daniel Isaís Flores Mayta contra sentencia del cinco de diciembre de dos mil diecinueve (foja 504), emitido por la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que lo condenó como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de Corpus Rojas Huillca, y le impuso diez años de pena privativa de libertad efectiva, así como fijó en S/2500,00 (dos mil quinientos soles) el monto de reparación civil que deberá pagar el sentenciado a favor del agraviado.

Intervino como ponente el juez supremo Brousset Salas.

CONSIDERANDO

FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO

Primero. El encausado Daniel Isaís Flores Mayta, en su recurso de nulidad formalizado mediante escrito del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve (foja 526), solicitó se absuelva al recurrente. Al respecto, argumenta lo siguiente:

1.1. No existió una actuación probatoria suficiente como prueba indiciaria para determinar la responsabilidad de encausado, con la cual no es posible enervar la presunción de inocencia, pues existe una evidente duda razonable.

1.2. El Colegiado no valoró lo declarado por el recurrente, y se basó solo en lo declarado por el testigo impropio Alexander Jaime Paredes Faris para sindicar su responsabilidad, sin que esta esté acompañada de otros elementos periféricos que lo validen, más aún si existe contradicción en las declaraciones del testigo impropio.

1.3. No se corroboró lo declarado por el testigo impropio Alexander Jaime Paredes Faris, cuando refirió que estando recluido en el centro penitenciario, recibió llamadas del encausado supuestamente amenazándolo para que no lo involucre en el ilícito.

1.4. No se consideró lo declarado por Elizabeth Flores Mayta, hermana del encausado, quien refirió que el recurrente se vengó de su hermano, pues este no quería que su hermana mantenga una relación amorosa por estar comprometido y tener carga familiar. Por otro lado, el testigo impropio reconoció que existió una relación entre ambos; por ello, se desvirtúa la ausencia de incredibilidad subjetiva de conformidad con el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116, pues existen rencillas entre ambos.

MARCO DE IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

Segundo. Conforme la acusación fiscal postulada mediante requerimiento1 del veintinueve de febrero de dos mil doce, se imputa:

El veintisiete de febrero de dos mil nueve, a las horas 17:00 de la madrugada, aproximadamente, el procesado Daniel Isaís Flores Mayta, juntamente con Alexander Jaime Paredes Faris (coimputado), despojaron al agraviado Corpus Rojas Huillca de su mototaxi, marca Bajaj, placa NG-74622, color rojo, del año dos mil ocho. En circunstancias que el agraviado se encontraba en inmediaciones el jirón Tolomeo —La Campiña-Chorrillos—, el procesado y otro sujeto le pidieron al agraviado que los lleve hasta la av. Cordillera Blanca, siendo el caso que, al llegar a ese lugar, bajó de la mototaxi el procesado con su acompañante, cogieron del cuello al agraviado para luego golpearlo y llevarse su vehículo menor, la misma que fue conducida por Alexander Jaime Paredes Faris, quien quería escapar del lugar.

Tercero. En cuanto a la calificación jurídica, el titular de la acción penal postuló la configuración del delito de robo agravado, conforme con lo previsto en el artículo 188 del Código Penal, concordado con los agravantes numerales 4 y 5, del primer párrafo, del artículo 189, del código citado. Solicitó doce años de pena privativa de libertad.

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Cuarto. Conforme sentencia recurrida del cinco de diciembre de dos mil diecinueve (foja 504), la Sala Superior condenó a DANIEL ISAÍS FLORES MAYTA en atención a lo siguiente:

4.1. La declaración policial brindada por el agraviado Corpus Rojas Huillca, quien narró los hechos del veintisiete de febrero de dos mil nueve, señalando que dos sujetos que estaban como pasajeros en su mototaxi con placa de rodaje NG-74622, se bajaron y lo cogieron del cuello, para luego de golpearlo, procedieron a despojarlo de su mototaxi, vehículo menor que fuera conducido por el procesado Alexander Paredes Faris.

4.2. La manifestación policial de David Guillermo Calderón Díaz—agraviado— quien conducía el mototaxi de placa de rodaje NG 82963, el mismo que le fuera robado con fecha diecinueve de febrero de dos mil nueve, refiere que el día de los hechos uno de los sujetos le cogió del cuello indicándole que era un asalto, para luego robarle su mototaxi.

4.3. La declaración indagatoria del testigo impropio Alexander Jaime Paredes Faris, quien identifica al procesado DANIEL ISAÍS FLORES MAYTA como la persona que participó en el robo del mototaxi de fecha veintisiete de febrero de dos mil nueve.

4.4. Los documentos valorados: acta de registro personal e incautación de vehículo practicado al procesado Alexander Paredes Faris, acta de entrega de vehículo menor, acta de audiencia de fecha diecisiete de junio de dos mil diez —lectura de sentencia conformada— donde el sentenciado Alexander Paredes Faris, proporciona el nombre completo y demás datos del procesado DANIEL ISAÍS FLORES MAYTA.

4.5. Se encuentra acreditada la materialidad del delito y la autoría del procesado DANIEL ISAÍS FLORES MAYTA, pues de lo declarado por el testigo impropio Alexander Paredes Faris, en su declaración indagatoria, ha señalado que el procesado Daniel Flores participó con él en el robo del mototaxi del veintisiete de febrero de dos mil nueve (fojas 514 y 515), narrando los hechos y las funciones que cada uno realizó para el robo del vehículo menor. Por medio de lo declarado reúne las garantías de certeza y uniformidad, las mismas que persisten a nivel de juicio oral.

4.6. A nivel de juicio oral, lo declarado por la testigo Elizabeth Flores Mayta (hermana del procesado y testigo ofrecido por la defensa del procesado), ha señalado que esta mantuvo una relación amorosa con Alexander Paredes Faris, la cual no era del agrado de su hermano (el procesado Daniel Flores Mayta), ocasionando en algunos momentos discusiones entre ellos al encontrarse, declaración que al tener un vínculo familiar con el procesado se toma con la reserva del caso.

4.7. Por lo glosado, y con base en el Acuerdo Plenario N.° 2- 2005/CJ-116, que establece las garantías de certeza a fin de tener como prueba válida de cargo la declaración del testigo Alexander Paredes Faris “[…] En ese sentido, analizando la declaración del testigo impropio con las garantías de certeza descritas, se tiene lo siguiente; que, no existe evidencia o prueba que el sentenciado Paredes Faris haya actuado con ánimo de venganza u odio contra el imputado Flores Mayta; en lo referente al presupuesto de verosimilitud, se abonan indicios periféricos y concomitantes al delito, si tenemos en cuenta que el agraviado Rojas Huillca ha corroborado la versión del testigo impropio en la forma que fue objeto de robo, por lo que, este segundo presupuesto se encuentra satisfecho. Y con respecto al presupuesto de persistencia en la incriminación, esta se remonta a la etapa de instrucción sino también a la etapa del plenario, llevándonos a concluir que el relato de incriminación, no solo es sólido, coherente y tiene respaldo probatorio, sino además ha persistido en el tiempo. Por tanto, este tercer presupuesto se encuentra satisfecha […]”.

4.8. Por las consideraciones expuestas, el Ministerio Público ha desvirtuado la tesis de la defensa técnica del procesado, formándose convicción respecto de la autoría del evento delictivo por parte del procesado DANIEL ISAÍS FLORES MAYTA, por lo que se ha probado tanto la comisión del delito y la responsabilidad penal del procesado.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Quinto. El artículo 2, inciso 24, literal e, de la Constitución Política del Perú reconoce la garantía fundamental de presunción de inocencia2, según la cual toda persona es considerada inocente antes y durante el desarrollo del proceso penal; además, garantiza que la sentencia condenatoria se sustente en una actividad probatoria suficiente, capaz de permitir alcanzar certeza de culpabilidad del acusado. Al respecto, el Tribunal Constitucional señala como exigencia para desvirtuar la presunción que la sentencia condenatoria se funde en auténticos hechos de prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no solo del hecho punible, sino también de la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado3.

En el marco de lo expuesto, si bien, el órgano jurisdiccional es soberano en la apreciación de la prueba, conforme el criterio de conciencia que la ley faculta, esta no puede llevarse a cabo sin limitación alguna, sino sobre la base de una actividad probatoria concreta —nadie puede ser condenado sin pruebas y que estas sean de cargo—, jurídicamente correcta —las pruebas han de ser practicadas con todas y cada una de las garantías que le son propias y legalmente exigibles—, se ha de llevar a cabo con arreglo a las normas de la lógica, máximas de la experiencias —determinadas desde parámetros objetivos— o de la sana crítica, razonándola objetivamente4.

Sexto. En el presente caso, debemos partir por señalar que la materialidad del delito (robo agravado) se constituye en un hecho incuestionable; siendo que, la cuestión controvertida —en el marco de los agravios postulados— constriñe determinar si el encausado DANIEL ISAÍS FLORES MAYTA efectivamente participó, en calidad de autor, en los hechos materia de imputación.

La sentencia condenatoria se sustenta y valora con grado de certeza la sindicación formulada por el coimputado Pedro Canales Palomino (testigo impropio) contra el encausado recurrente. La Sala Penal analizó su declaración en el marco de las garantías de certeza previstas en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116, del treinta de septiembre de dos mil cinco (Cfr. Fundamentos 11.3.1 al 11.3.5), tras lo cual concluyó en que la misma superó todos los criterios desarrollados, esto es, ausencia de incredibilidad subjetiva, persistencia en la incriminación y verosimilitud.

Séptimo. Ahora bien, el Acuerdo Plenario en mención (fundamentos jurídicos octavo y noveno) ha establecido respecto a la declaración de un coimputado sobre un hecho de otro coimputado -y que, a su vez, se trate de hechos propios por haberse ejecutado en conjunto-, que su condición no es asimilable a la de testigo. Aun cuando se debe reconocer que tal testimonio puede ser utilizado para formar la convicción judicial —no existe por ese hecho descalificación procedimental—, corresponde valorar varias circunstancias que se erigen en criterios de credibilidad —no de mera legalidad— y que apuntan a determinar si existen datos relevantes que las desnaturalizan o situaciones que explicarían que el coimputado pudiese mentir.

En el derecho comparado, la jurisprudencia señala que la declaración incriminatoria de un coimputado se constituye en prueba de cargo válida para enervar la presunción de inocencia, pues se trata de declaraciones prestadas por quienes han tenido un conocimiento extraprocesal de los hechos imputados, sin que su participación en ellos suponga necesariamente la invalidez de su testimonio, aunque sea un dato para valorar al determinar su credibilidad. Sin embargo, se ha establecido la especial cautela que debe presidir la valoración de tales declaraciones a causa de la posición que el coimputado ocupa en el proceso, en el que no comparece como testigo, obligado como tal a decir la verdad y conminado con la pena correspondiente al delito de falso testimonio, sino como acusado y, por ello, asistido de los derechos a no declarar en su contra y a no reconocerse como culpable, por lo cual no está obligado legalmente a declarar, pudiendo callar total o parcialmente. Precisamente, en atención a esas reticencias se ha afirmado que la declaración incriminatoria del coimputado carece de consistencia plena como prueba de cargo cuando, siendo única, no resulta mínimamente corroborada. Es la existencia de alguna corroboración lo que permite proceder a la valoración de dicha declaración como prueba de cargo 5.

Octavo. En este sentido, se aprecia que el tenor de la sindicación del coimputado Alexander Jaime Paredes Faris, brindada a nivel de instrucción (del nueve de abril de dos mil nueve, foja 12), refiere que el día de los hechos, la persona con nombre Jhon le pidió que lo acompañe a recuperar un mototaxi supuestamente robado, y posteriormente al ser intervenidos, era el coimputado quien manejaba dicho vehículo menor

No obstante, dicha declaración no guarda uniformidad con el resto de sus relatos. Durante la sesión de juicio oral del diecisiete de junio de dos mil diez (foja 64), al dictarse sentencia conformada—conclusión anticipada, condenándolo a 9 años de pena privativa de libertad, con la aceptación de la sentencia— el acusado solicitó el uso de la palabra y señaló: “[…] Señores el nombre del sujeto con el que robe a los agraviados es Daniel Isaís Flores Mayta, su dirección es jirón siete de junio, Nueva Esperanza, su edad es 31 años […]”. Así, se advierte una sindicación directa contra el recurrente, con el detalle que no proporcionó en su declaración inicial —un año después de su declaración—.

Posteriormente, rindió otra declaración el veinticuatro de agosto de dos mil diez (foja 83), en la que volvió a sindicar al recurrente como la persona que, con mentiras, le pidió que lo ayude a recuperar su mototaxi, y que le pagaría la cantidad de S/30,00 (que equivale a un día de trabajo), por traer la moto desde Chorrillos hasta Villa María del Triunfo, para finalmente indicar que este lo llamó a la cárcel para que no lo involucre en el hecho.

En su declaración del diez de agosto de dos mil once (foja 157), al preguntarle por qué motivo decidió brindar la identificación del procesado, señaló que lo ha amenazado con sus hijos, ya que viven cerca, pues si habla les haría daño.

Y finalmente, a nivel de juicio oral en sesión del veintidós de octubre de dos mil diecinueve (véase sesión de juicio oral número seis de fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, foja 477), al ser interrogado refirió que el recurrente solo participó en un hecho, el del veintisiete de febrero de dos mil nueve, cuando en sesión del diecisiete de junio de dos mil diez —lectura de sentencia— refirió “con el que robe a los agraviados”—refiriéndose a los hechos del diecinueve de febrero de dos mil nueve, agraviado David Guillermo Calderón, y del veintisiete de febrero de dos mil nueve, agraviado Corpus Rojas Huillca—.

Noveno. Si bien la Sala Penal, a nivel periférico, respalda la versión incriminatoria expuesta por el sentenciado Alexander Jaime Paredes faris (testigo impropio) en el mérito de las declaraciones que ha brindado desde preliminar hasta juicio oral, claramente existe contradicción en los relatos que ha proporcionado, dado que si bien lo identificó plenamente, ello se produjo con posterioridad a su declaración inicial. De esta manera, no se cumple de forma indubitable con el requisito de solidez en la incriminación del coimputado, al que se refiere el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ- 116, necesario para otorgar validez a la sindicación del coacusado.

Décimo. Por su parte, de lo declarado por el agraviado Corpus Rojas Huillca del tres de septiembre de dos mil nueve (foja 42), tampoco se ha podido verificar que haya podido incriminar directa ni indirectamente al recurrente. Si bien refirió las circunstancias de forma y modo en que se desarrollaron los hechos en su agravio, en específico, la participación de una pluralidad de sujetos, ello no permite establecer, con el grado de certeza que la ley demanda, que el recurrente DANIEL ISAÍS FLORES MAYTA sea necesariamente una de las personas que ejecutaron el acto ilícito, pues solo ha proporcionado las características físicas de estos y, al prescindirse de su declaración en juicio (véase sesión del veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, foja 189), no se cuenta con mayores elementos periféricos que puedan acreditar la responsabilidad del recurrente.

Decimoprimero. No se advierte de autos la presencia de prueba personal o documental que, actuada durante el procesamiento, permita respaldar la imputación formulada contra el recurrente por su coimputado. Como se ha precisado precedentemente, la declaración de un coimputado no reviste prueba suficiente para condenar, por cuanto se exige la presencia de elementos externos de corroboración que objetivamente respalden su sindicación, lo que no se advierte en el caso de autos. Por su parte, la declaración del agraviado a nivel preliminar no cuenta con la entidad suficiente para dotarla de la virtualidad necesaria, pues no cumple con los criterios de certeza del Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116.

Decimosegundo. Lo expuesto permite concluir que en el caso que nos convoca no existen pruebas inculpatorias fiables, plurales, concordantes entre sí y suficientes, que permitan respaldar la versión incriminatoria del coimputado que sustentó la condena impuesta al recurrente; por el contrario, dicha situación genera un estado de incertidumbre probatoria, que determina la improbanza de los cargos, al no haberse acreditado de forma indubitable que, el sentenciado recurrente haya participado en el robo con agravantes, en perjuicio de Corpus Rojas Huillca.

Siendo esto así, el derecho de presunción de inocencia que ampara al encausado se mantiene incólume, por lo que corresponde declarar haber nulidad en la sentencia materia del grado; y reformándola, absolver al sentenciado recurrente de los cargos en su contra, de conformidad con el artículo doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales.

El recurso defensivo postulado corresponde ser estimado.

Decimotercero. Condición jurídica del encausado Fluye de autos que, mediante resolución del veintiséis de octubre de dos mil doce (foja 212), se declaró haber merito para pasar a juicio oral contra el encausado, siendo que este no ha rendido su declaración instructiva, es declarado reo ausente, reservándose el proceso hasta que sea habido. Mediante Oficio N.° 1643-2019- REG.POL-LIMA/DIVPOL-SUR-3-CNE-DEINPOL, del cinco de agosto de dos mil diecinueve (foja 340), se pone a disposición en calidad de detenido al recurrente, emitiéndose la resolución —misma fecha— (foja 353), por la Cuarta Sala Penal de Reos Libre, quien dispuso su internamiento en una cárcel pública, en consecuencia, no siendo competente esta Sala Penal para la tramitación del proceso con reo en cárcel se inhibe de su conocimiento, correspondiendo que la Sala Penal de reos en cárcel es la competente, la misma que es asumida por la Segunda Sala Penal Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel, y encontrándose recluido hasta la fecha, por lo que en atención a la absolución dictada en la presente ejecutoria suprema corresponde disponer su inmediata libertad.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON HABER NULIDAD la sentencia del cinco de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que condenó a Daniel Isaís Flores Mayta como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de Corpus Rojas Huillca, imponiéndole diez años de pena privativa de libertad efectiva, y fijó en S/2500,00 (dos mil quinientos soles) el monto de reparación civil deberá pagar el sentenciado a favor del agraviado, y REFORMÁNDOLA, ABSOLVIERON a Daniel Isaís Flores Mayta de la acusación fiscal formulada en su contra por el delito y agraviado en mención.

II. ORDENARON la inmediata libertad de Daniel Isaís Flores Mayta que se ejecutará siempre y cuando no existe mandato de detención o prisión preventiva emanada de autoridad competente. OFICIÁNDOSE vía fax, a fin de concretar su libertad, a la Sala Superior que corresponda.

III. MANDARON se archive definitivamente lo actuado respecto al citado encausado, se anulen sus antecedentes policiales y judiciales, y se levanten las órdenes de captura dictadas en su contra; registrándose. Se devuelvan los autos al Tribunal Superior para los fines de ley. SE HAGA saber a las partes procesales apersonadas en esta Sede Suprema.


1 Véase a foja 191.
2 El derecho a la presunción de inocencia se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así, su artículo 11.1 refiere “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. […]”. Regulación también presente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.2, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8.2.
3 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N.° 01768-2009-PA/TC, del dos de junio de dos mil diez. Fundamento jurídico 6.
4 Conforme se ha desarrollado en el fundamento jurídico 6, del ACUERDO PLENARIO N.° 2-2005/CJ- 116, del treinta de septiembre de dos mil cinco.
5 TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA. Recurso de casación número 241/2019, del nueve de mayo de dos mil diecinueve, fundamento jurídico tercero.

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