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HOMICIDIO CALIFICADO – La necesidad de que la prueba sea sometida a debate

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 312-2021
HUÁNUCO

Nulidad de sentencia por vicio insubsanable

Sumilla. Las circunstancias presentes vician el procedimiento de motivación de resoluciones judiciales y el cumplimiento de las garantías establecidas por la ley procesal penal.

En consecuencia, este Tribunal Supremo establece que el vicio insubsanable incurrido limita a este Tribunal Supremo a conocer el fondo de la controversia; por lo que, al tenerse un marco de imputación específico sobre los delitos atribuidos, debe aplicarse el numeral 1 del artículo 298 del Código de Procedimientos Penales, y declararse nula la sentencia condenatoria impugnada, a fin de procederse con un nuevo juicio oral, el cual deberá ser llevado por otra sala penal de la Corte Superior de origen que tenga en cuenta lo desarrollado.

Lima, veintisiete de abril de dos mil veintidós

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por el encausado Eduardo David Vega Jaramillo contra la Sentencia del diez de octubre de dos mil diecinueve (folio 592), emitida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que lo condenó como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud-homicidio calificado, en agravio de Rosas Cadillo Damián, Felicinda Gamarra Callupe y Josef Palacios Gamarra, y por delito de homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de Alejandro Carrillo Damián y Eleuteria Cruz Egúsquiza, a dieciséis años de pena privativa de libertad efectiva; así como fijaron en S/ 20 000,00 (veinte mil soles) el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar en forma solidaria y proporcional para cada agraviado, a favor de los herederos de los agraviados Rosas Cadillo Damián, Felicinda Gamarra Callupe y Josef Palacios Gamarra y de los agraviados Alejandro Cadillo Damián y Eleuteria Cruz Egúsquiza. Con lo expuesto por el fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente el juez supremo Brousset Salas.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FISCAL

Primero. De conformidad con la acusación fiscal (folio 168) se imputa que el veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro a las 9:30 horas de la mañana, aproximadamente, en el lugar denominado Casa Cancha (distrito de Huallanca), los hermanos Augusto Grover, Eduardo David, Jorge Inocente y Julio César Vega Jaramillo, repentinamente hicieron su aparición cuando Alejandro Cadillo Damián, en compañía de Hernán Cadillo Damián, retornaban a su domicilio después de haber recogido dos vacunos de los pastos de la estancia de Casacancha. Los procesados agredieron físicamente a Alejandro Cadillo Damián con puños y patadas, quien cayó al suelo, lo que fue aprovechado por Jorge Vega Jaramillo, quien con un arma blanca (cuchillo) le produjo un corte en la región temporal occipital. Dichas lesiones produjeron que quedara inconsciente, por lo que los procesados, al creerlo muerto, se dirigieron al lugar llamado Susococha, en tanto que Hernán Cadillo Damián logró escapar y pidió auxilio a la casa de Gaudencio Durán Palacios.

Los acusados, al llegar al domicilio de los agraviados, exigieron a Rosas Cadillo Damián que abandone el lugar, pero cuando este quiso retirarse en su caballo, los procesados se le acercaron, momento en que el procesado Eduardo David Vega Jaramillo entregó a su hermano Augusto Vega Jaramillo un arma de fuego (escopeta) y disparó al agraviado. Su conviviente Felicinda Gamarra Callupe intentó defenderlo, pero le dispararon, lo que le ocasionó la muerte, esto fue aprovechado por los procesados para extraer dinero del bolsillo del agraviado y despojar la manta a la agraviada en la cual guardaba su dinero, ya que se dedicaban a la crianza de ganado. Este hecho fue presenciado por Eleuteria Cruz Egúsquiza, a quien uno de los sujetos la cogió de los brazos y la amenazó de muerte si no entregaba las armas que guardaba su patrón, pero al responder que desconocía de ello, fue golpeada con puños y patadas. Cuando estos se fueron, la mencionada testigo fue a la casa de Emilio Durán para pedir ayuda, mientras los procesados buscaron a Josef Palacios Gamarra, quien había salido en busca de sus acémilas, y una vez que lo encontraron lo llevaron a su domicilio, donde lo mataron. Al regresar la testigo Eleuteria Cruz Egúsquiza, en compañía de Emilio y Gaudencio Durán Palacios y otras personas, vieron que uno de los inmuebles estaba quemado y destruido por el fuego, y en su interior se encontraron los cadáveres de las víctimas completamente calcinados.

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Segundo. La Sala Superior, mediante la Sentencia del uno de julio de dos mil veinte (folio 592), condenó a Eduardo David Vega Jaramillo en atención a los siguientes fundamentos:

2.1. En cuanto a los responsables de realizar las conductas descritas, existe la sindicación de los agraviados Alejandro Cadillo Damián y Eleuteria Cruz Egúsquiza, y del testigo Hernán Cadillo Damián en contra del acusado Eduardo David Vega Jaramillo. Concurre persistencia en la sindicación del agraviado Alejandro Cadillo Damián y del testigo Damián Hernán Cadillo Damián, quienes en todas las oportunidades indicaron haber reconocido a Eduardo David Vega Jaramillo como una de las personas que los atacó.

2.2. Respecto a la sindicación de Eleuteria Cruz Egúsquiza, esta indicó haber reconocido como uno de sus atacantes al mencionado acusado, para luego referir en su declaración ante el juzgado que no reconoció a sus agresores; sin embargo, no debe descartarse la posibilidad de que aquella pudo ser intimidada antes de brindar su segunda declaración, ya que su primera versión coincide con lo señalado por los testigos Gaudencio Durán Palacios, Mareosa Gamarra Huaranga y Emilio Raúl Durán Palacios, quienes señalaron que Eleuteria Cruz Egúsquiza fue quien les contó que reconoció como su agresor a Eduardo David Vega Jaramillo.

2.3. De la lectura de las sindicaciones de Alejandro Cadillo Damián, Hernán Cadillo Damián y Eleuteria Cruz Egúsquiza, se aprecia coherencia y solidez, dado que no se relatan hechos posibles o contradictorios, mientras que respecto a las corroboraciones periféricas aparece que dichas sindicaciones se encuentran reforzadas con indicios.

2.4. Respecto al indicio de presencia o de oportunidad física, Alicia Mejía Rojas ubicó al acusado el veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (fecha en que ocurrió la agresión), cerca de la casa de la familia de su cuñada Lolina Mejía Rojas (ubicada en la estancia Casacancha), lugar que, a su vez, se encuentra cerca a los predios colindantes con Susucocha (de propiedad de la familia Vega Jaramillo) y Escalón de propiedad de Rosas Cadillo Damián, conforme se verifica de las declaraciones de Pablo Pacheco Llanos, de Alicia Mejía Rojas (conocía de vista a Rosas Cadillo Damián y Felicinda Gamarra Callupe porque sembraban cerca de Casacancha), de María Gonzalo Antaurco y Lolina Mejía Rojas. La mencionada ubicación del acusado es ratificada por su padre Juan Vega Lavado, por las parejas sentimentales de sus hermanos (Zoila Lurdes Peña Santamaría y Lolina Mejía Rojas) y por su propia pareja sentimental María Gonzalo Antaurco, quienes de manera coincidente mencionaron que el veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro el acusado y sus hermanos fueron a Escalón, lugar colindante a Susucocha donde fueron incinerados los agraviados.

2.5. Con relación al indicio de actitud sospechosa, después de la agresión suscitada el veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, Eduardo David Vega Jaramillo desapareció de su domicilio en Huallanca. Su pareja sentimental María Gonzales Ampaurco −que estaba embarazada y con quien tenía otro hijo− desconocía su paradero.

2.6. Sobre indicios de motivo, Pablo Pacheco Llanos (padre del acusado), María Gonzalo Antaurco (pareja sentimental del acusado), Lolina Mejía Rojas (pareja sentimental de Augusto Grover Vega Jaramillo) y Alfredo Gamarra Callupe (hermano de la agraviada Feliciana Gamarra Callupe) reconocieron que existía enemistad entre las familias Vega Jaramillo y Rosas Cadillo Damián.

2.7. Es pertinente imponer dieciséis años de pena privativa de libertad al acusado Eduardo David Vega Jaramillo, de conformidad con lo establecido por el primer párrafo del artículo 285-A del Código de Procedimientos Penales.

DELIMITACIÓN DE AGRAVIOS

Tercero. La defensa del encausado Eduardo David Vega Jaramillo, en su recurso de nulidad del trece de julio de dos mil veinte (folio 616) solicitó se revoque el fallo y, reformándolo, se absuelva al sentenciado. Puntualizó lo siguiente:

3.1. Se infringió el debido proceso, a la tutela procesal efectiva y el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, por cuanto la sentencia se basó en lo manifestado por testigos que no incriminan al acusado y no se presentaron en el juicio oral para ratificar su declaración.

3.2. La interpretación realizada por los magistrados carece de razonabilidad. En ningún extremo de la declaración de los testigos Alejandro Cadillo Damián, Eleuteria Cruz Egúsquiza y Hernán Cadillo Damián (quien tenía once años) sindicaron al acusado David Eduardo Vega Jaramillo, es más, la testigo Eleuteria Cruz refirió no haber reconocido a los sujetos autores del hecho.

3.3. Respecto a los indicios de presencia física, la Sala interpretó que el encausado el día de los hechos se encontraba en Huallanca y que por ello es responsable, sin considerar que los testigos directos no lo sindicaron como autor.

3.4. En cuanto al indicio de mala justificación, el encausado fue coherente en señalar que desde los catorce años vive en Pucallpa, y que viaja esporádicamente a Huallanca y a Huaraz por fiestas y otras ocasiones. El imputado no tiene la obligación de la carga probatoria.

FUNDAMENTACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO

Cuarto. Previo a un análisis del fondo de la controversia y a la absolución de los agravios postulados por el recurrente, este Tribunal Supremo advierte, de manera liminar, la presencia de vicios flagrantes e insubsanables que representan la vulneración de principios y garantías que rigen el proceso penal, y desacreditan su naturaleza.

Quinto. En principio, es pertinente mencionar que, como parte de la esfera del debido proceso, se encuentra el irrestricto respeto al principio de contradicción de la prueba, la cual implica que debe garantizarse al procesado la oportunidad de conocer, oponerse y discutir, en el juicio, la prueba de cargo.

Es decir, para que una prueba sea válida, se requiere que haya sido ofrecida para el juicio, producida en audiencia o sometida al debate en la misma, de modo que la defensa del acusado tenga la oportunidad de realizar el control respectivo e interponer la defensa pertinente.

Sexto. En el proceso penal, las actuaciones e incidencias presentes en el contradictorio se encuentran revestidas de formalidades que dotan de garantía a su contenido. En su caso, las garantías de inmediación, oralidad y contradicción de la prueba garantizan el principio de debido proceso. Así, el artículo 262 del Código de Procedimientos Penales establece ad litteram:

Terminados los interrogatorios de los testigos y el examen de los peritos, se procederá a oralizar la prueba instrumental. La oralización comprende la lectura o, en su caso, que se escuche o vea la parte pertinente del documento o acta.

En esta línea, el literal d del inciso 1 del artículo 383 del Código Procesal Penal establece respecto a la lectura de la prueba documental:

Las actas conteniendo la declaración de testigos actuadas mediante exhorto. También serán leídas las declaraciones prestadas ante el fiscal con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, siempre que se den las condiciones previstas en el literal anterior.

Sétimo. La finalidad de oralizar piezas procesales incorporadas válidamente al proceso es someterlas al control y debate contradictorio de las partes, lo que a su vez permite al tribunal juzgador, mediante la inmediación y contradicción, otorgarles un valor probatorio determinado para legitimar la sentencia1.

Octavo. En esa línea, si bien se desprende del contenido de la sentencia materia de grado que la condena se sustentó sobre la base de las pruebas personales que se desprenden de las testimoniales vertidas a nivel preliminar por los agraviados Alejandro Cadillo Damián (folio 45 y 92) y Eleuteria Cruz Egúsquiza (folios 46 y 85), y el testigo Hernán Cadillo Damián (folio 95); sin embargo, revisadas las actas de sesión de juicio oral del tres de junio, diez de junio, diecisiete de junio y veinticuatro de junio de dos mil veinte, dichas personas no fueron citadas para efectos de su concurrencia al plenario, lo cual resultaba de vital importancia para que se tome en cuenta su sindicación y sea sometido al contradictorio. Aunado a ello, también se verifica que dichas instrumentales no fueron incorporadas al acervo probatorio del juicio, mediante su oralización en la etapa pertinente del plenario por el Ministerio Público.

Noveno. Asimismo, de la motivación expresada por el Colegiado también se aprecia que los indicios que fundaron la condena se construyeron sobre la base de las testimoniales de Gaudencio Durán Palacios (folios 54 y 145), Marcosa Gamarra Huaranga (folio 55), Emilio Raúl Durán Palacios (folio 56), Lolina Mejía Rojas (folio 60), Pablo Pacheco Llano (folios 47 y 101), Alicia Mejía Rojas (folios 49 y 98), María Gonzalo Antaurco (folio 58), Juan Vega Lavado (folio 57) y Zoila Lurdes Peña Santamaría (folio 59), actuadas a nivel preliminar y durante la instrucción. No obstante, dichos testigos no fueron citados para su concurrencia al juicio oral, ni sus declaraciones fueron incorporadas al plenario mediante su oralización por el Ministerio Público.

Aunado a ello, del contenido del dictamen acusatorio (folio 168) se advierte que dichos testigos no fueron ofrecidas por el representante del Ministerio Público para que declaren en el juicio. Por el contrario, este expresó: “Para el acto oral no considero necesaria la concurrencia de peritos ni testigos” (véase reverso del folio 169).

Décimo. En efecto, al valorarse pruebas documentales no incorporadas al material probatorio del juicio, se generó la vulneración del principio de legalidad procesal, que quebranta las garantías de defensa, contradicción de la prueba y tutela jurisdiccional efectiva; pues toda prueba para su valoración requiere que haya sido sometida a debate. Lo anteriormente mencionado constituye reiterada línea jurisprudencial de esta instancia suprema2. No siendo óbice para dicha exigencia que el procesado haya tenido la condición de ausente, máxime si se trata del primer encausado en ser sometido a enjuiciamiento en la presente causa.

Decimoprimero. Las circunstancias antes glosadas vician el procedimiento de motivación de la sentencia materia del grado al vulnerar las normas y garantías de la actuación probatoria establecidas por la ley procesal penal.

En consecuencia, este Tribunal Supremo establece que mediando las graves irregularidades y omisiones anotadas, se configura la causal invalidatoria prevista en el numeral primero del artículo doscientos noventiocho del Código de Procedimientos Penales, por lo que debe declararse nula la sentencia condenatoria impugnada, a fin de que se lleve a cabo un nuevo juicio oral, el cual deberá ser llevado por otro colegiado superior, debiendo tenerse en cuenta lo desarrollado en la presente ejecutoria.

El recurso de nulidad materia de grado promovido por la defensa del encausado es estimado en parte.

Decimosegundo. Finalmente, advertidas las graves irregularidades y omisiones anotadas, deberán remitirse copias certificadas de la presente resolución al Órgano de Control Interno del Ministerio Público y a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, para que procedan con arreglo a sus atribuciones.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, las juezas y los jueces integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, por mayoría, declararon:

I. NULA la Sentencia del diez de octubre de dos mil diecinueve (folio 592), emitida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que condenó a Eduardo David Vega Jaramillo como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud-homicidio calificado, en agravio de Rosas Cadillo Damián, Felicinda Gamarra Callupe y Josef Palacios Gamarra, y en grado de tentativa en agravio de Alejandro Carrillo Damián y Eleuteria Cruz Egúsquiza, a dieciséis años de pena privativa de libertad efectiva; y fijaron en S/ 20 000,00 (veinte mil soles) el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar en forma solidaria y proporcional para cada agraviado, a favor de los herederos de los agraviados Rosas Cadillo Damián, Felicinda Gamarra Callupe y Josef Palacios Gamarra, y de los agraviados Alejandro Cadillo Damián y Eleuteria Cruz Egúsquiza. Con lo demás que contiene.

II. ORDENARON la inmediata libertad de Eduardo David Vega Jaramillo, que se ejecutará siempre y cuando no se haya dictado en su contra otra orden de detención por autoridad competente.

III. DICTARON contra el procesado Eduardo David Vega Jaramillo mandato de comparecencia con las restricciones de no variar de domicilio ni ausentarse de la localidad sin autorización de la Sala Superior y concurrir a todas las citaciones del proceso; bajo apercibimiento de ley.

IV. MANDARON que se realice un nuevo juicio oral a cargo de otra Sala Penal Superior, donde se tenga en cuenta lo desarrollado en la presente ejecutoria suprema; se haga saber y los devolvieron.

V. ORDENARON se remitan copias certificadas al Órgano de Control Interno del Ministerio Público y a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Huánuco por las omisiones anotadas.

VI. DISPUSIERON se remita la causa al tribunal de origen para los fines de ley correspondientes y se haga saber a las partes apersonadas en esta sede suprema.


1 SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Ejecutoria suprema del siete de febrero de dos mil trece, recaído en el Recurso de Nulidad N.° 2418-2012/Junín.
2 SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Ejecutoria suprema del siete de abril de dos mil quince, recaído en el Sentencia de Casación N.° 413-2014/Lambayeque.

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