PARRICIDIO : Delito de omisión impropia, completitud probatoria para condenar. Peligrosidad del imputable relativo y medidas de seguridad.
3 mayo, 2022
PRESCRIPCIÓN DEL DELITO DE ESTAFA
4 mayo, 2022

La ejecución del delito en grado de tentativa y la concurrencia de la responsabilidad penal restringida determina la imposición de servicios comunitarios.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 1190-2021
LIMA NORTE

DETERMINACIÓN DE LA PENA: CONCURREN DOS CAUSALES DE DISMINUCIÓN DE PUNIBILIDAD Y SE CONVIERTE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD A SERVICIOS COMUNITARIOS

En el caso concreto, el marco punitivo para el delito de robo con circunstancias agravantes, al momento de la comisión del hecho, es de 12 a 20 años. El primer párrafo del artículo 189 del Código Penal establece ocho circunstancias agravantes específicas del mismo nivel, por lo que a cada una de ellas se le debe asignar un valor cuantitativo similar (el espacio punitivo de 1 año por cada una). Aquí, concurre solo una circunstancia agravante específica del tipo penal, que es pluralidad de agentes. Por ello, a partir del mínimo legal y en línea ascendente, determinaría que el marco punitivo en el cual se fijará la pena concreta está entre los 12 y 13 años. Sobre dicha pena, este Supremo Tribunal considera la disminución de 4 años de pena privativa de libertad por cada causal de disminución de punibilidad; lo que nos determina una pena concreta de 4 años de pena privativa de libertad.

A ello, en casos como el analizado, cuando se impone hasta este quantum de pena, la ley penal faculta convertir la pena efectiva en una pena alternativa a la privativa de libertad. En este caso, dado que estamos ante un sentenciado primario de 19 años de edad a la fecha de los hechos, el delito quedó en grado de tentativa y solo operó una circunstancia específica. Ello permite a este Colegiado seleccionar la pena de prestación de servicios comunitarios para su aplicación. Su fundamento radica en que esta opción resulta de operatividad práctica como una salida alternativa a las penas efectivas de corta duración que por el efecto de las mismas desde un análisis concreto del caso es aconsejable convertirla en una de prestación de servicios comunitarios, por el pronóstico favorable del comportamiento futuro del acusado.

Su aplicación desde luego no es automática, ello tiene respaldo en el principio de proporcionalidad previsto en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, se suma la finalidad de prevención especial de la pena que sustentaría de mejor manera su finalidad resocializadora, conforme con el artículo 139.22 de la Constitución Política del país, sin dejar de lado que igual cumple su función de prevención general.

También respalda esta elección su correspondencia con la culpabilidad del sentenciado, para lo cual es pertinente tener en cuenta lo previsto en el artículo 45 y 45-A del Código Penal. El sentenciado es agente primario, operario de limpieza, con instrucción inconclusa, de responsabilidad restringida, por lo que es aplicable el artículo 22 del Código Penal, el cual prescribe que podrá reducirse prudencialmente la pena cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años o más de sesenta y cinco años al momento de realizar la infracción, el delito quedó en grado de tentativa, y el artículo 16 del Código Penal el cual prescribe que el juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena, y en el caso solo operó una circunstancia específica del tipo penal de robo con agravantes. Todo ello permite inferir que resulta razonable que la pena efectiva se convierta en prestación de servicios comunitarios que tendrá un mayor efecto resocializador en el sentenciado.

Lima, veintisiete de abril de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el encausado LUIS ALBERTO CHIVILCHEZ JURADO contra la sentencia del 23 de setiembre de 2020, emitida por la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en el extremo que lo condenó como autor del delito contra el patrimonio-robo con circunstancia agravante, en grado de tentativa, en agravio de Julián Rodríguez Pérez. Como tal, le impusieron cinco años de pena privativa de libertad y fijó la suma de S/ 100000 (mil soles) por concepto de reparación civil, que deberán abonar los sentenciados en forma solidaria a favor de los herederos legales del agraviado.

Ponencia de la jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FISCAL

1. Según la acusación fiscal1, se le atribuye a Luis Alberto Chivilchez Jurado, que conjuntamente con los imputados Heber Magno Icochea Ascurra y José Luis Clemente Pando, haber sustraído mediante, violencia y amenaza, el teléfono celular y dinero en efectivo del agraviado Julián Rodríguez Pérez. Los hechos se produjeron el 16 de diciembre de 2014, a las 17:40 horas, aproximadamente. Cuando este se dirigía a su domicilio, fue interceptado a la altura de la segunda cuadra de pasaje Las Cucardas en San Martín de Porres por cinco sujetos, entre ellos los imputados.

El imputado Chivilchez Jurado se puso delante de él y lo empujó hacia atrás, con lo que cayó al suelo y se lesionó el codo izquierdo y espalda. Luego lo acogotaron hasta hacerle perder la respiración mientras era golpeado por los otros cuatro sujetos. Icochea Ascurra lo golpeó cuando estaba en el suelo, le rebuscó los bolsillos y lo amenazó para que no se resista. Pando Clemente le sustrajo la sencillera que tenía a la altura de la cintura y contenía la suma de S/ 12,00 (doce soles), mientras que los otros dos sujetos no identificados procedieron a golpearlo, le rebuscaron los bolsillos y le sustrajeron la billetera que contenía la suma de S/ 1000,00 (mil soles) que llevaba en el bolsillo delantero derecho.

Luego se dieron a la fuga. El agraviado solicitó apoyo policial quienes lograron capturar solo a tres de ellos. Se le halló a Chivilchez Jurado en posesión del teléfono celular del agraviado.

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

2. El Tribunal Superior emitió sentencia condenatoria2 contra Chivilchez Jurado y sobre el extremo de su condena declaró probadas las premisas siguientes:

2.1. El agraviado, a nivel preliminar y judicial, sindicó directamente a los acusados Pando Clemente, Chivilchez Jurado e Icochea Escurra (no habido), tres de los cinco agresores, quienes les sustrajeron sus pertenencias. Ello se corrobora con el parte s/n y el relato en el plenario del efectivo policial Emiliano Huayhua Pino, quien se ratificó en el Acta de Intervención. Confirmó que patrullaba por la zona e intervino a solicitud del agraviado y lograron ubicar a los acusados. El agraviado los sindicó directamente y se halló su celular en posesión de uno de los intervenidos; lo que también fue ratificado por el efectivo policial José Harlin Sifuentes Ortega.

2.2. El acusado Pando Clemente en un principio negó los hechos y justificó que se habría tratado de una pelea entre el agraviado y el acusado no habido Icochea Ascurra. Sucede que sus certificados médico legales no presentan huellas de lesiones traumáticas recientes; esta versión también la sostuvo el acusado Chivilchez Jurado, con la diferencia de que al inicio del juicio oral Pando Clemente aceptó ser responsable de los hechos; mientras que Chivilchez Jurado reiteró su inocencia.

2.3. Solo el agraviado, presenta lesiones con incapacidad médico legal de 4 días. Ello se acredita con el Certificado Médico Legal N.° 040944-L; lo que da soporte a su versión incriminatoria.

2.4. No se acreditó la preexistencia del dinero que indicó el afectado le habrían arrebatado; por ello, el delito quedó en grado de tentativa y no consumado; pues se llegó a recuperar el celular del agraviado.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

3. El sentenciado Chivilchez Jurado, en su recurso de nulidad fundamentado3, por una parte cuestionó la declaración del agraviado como prueba de cargo, que no fue valorada conforme con el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116 y no se enervó el principio de presunción de inocencia. Por su parte, plantea como pretensión una pena suspendida. Censura lo siguiente:

3.1. Los acusados han tenido una nula e ineficaz defensa y por ello tiene lógica que Pando Clemente se haya acogido a la conclusión anticipada del juicio. Sin embargo, este acogimiento del derecho premial no puede servir como sustento para concluir que los demás acusados son responsables de los hechos expuestos en la sentencia.

3.2. El acusado Icochea Escurra, en sus declaraciones a nivel preliminar y en instrucción, coincide con el agraviado, respecto al lugar del centro de labores de este. Ello demuestra que lo conoce y puede ser cierta la versión de la existencia de un conflicto anterior con el agraviado por un billete de 20 nuevos soles falso. Lo que evidenciaría la existencia de incredibilidad subjetiva en la declaración del agraviado.

3.3. Existen contradicciones, incoherencias e inconsistencias en las dos declaraciones del agraviado sobre los hechos y el reconocimiento de los acusados. No es persistente en su incriminación.

3.4. No se acreditó debidamente la preexistencia de los bienes supuestamente sustraídos.

3.5. Por último, planteó que el delito quedó en tentativa y el acusado tiene responsabilidad restringida; por lo que solicita la imposición de una pena suspendida y cita el Recurso de Nulidad N.° 502-2017, Callao (fundamento 14).

CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL DELITO

4. Conforme con la acusación fiscal, el hecho atribuido fue calificado como delito de robo con circunstancia agravante, previsto en el artículo 188, concordante con la circunstancia agravante prevista en el inciso 4 del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal (modificado por el artículo 1 de la Ley N.º 30076, publicada el 19 de agosto de 2013), que prescriben:

Artículo 188. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, con empleo de violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.

Artículo 189. La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: […] 4. Con el concurso de dos o más personas.

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

5. El punto de partida para analizar la sentencia recurrida es el principio de impugnación limitada que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal; por el cual se reduce el ámbito de la resolución, únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido y las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.

6. Dicho esto, el sentenciado Chivilchez Jurado plantea en forma incongruente dos pretensiones. Primero, ser inocente: cuestiona la declaración del agraviado, señala que no cubre los estándares del Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116. Segundo: plantea que se le imponga una pena suspendida, porque el delito quedó en grado de tentativa y tiene responsabilidad restringida.

Ambos argumentos del recurrente son incompatibles, no puede afirmarse, a la vez, ser inocente y culpable. Ello quiebra el principio de no contradicción.

No obstante, en las pretensiones incompatibles del recurrente se analizará si las premisas declaradas probadas por la Sala de Mérito, tienen justificación en la prueba de cargo incorporada legítimamente y tiene correspondencia con la tesis acusatoria o si por el contrario tiene amparo alguna pretensión planteada.

7. Partiremos por señalar que el principio de presunción de inocencia se encuentra consagrado en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dispone: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la Ley y en un juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Así también, el literal e del artículo 2.24 de la Constitución Política, prescribe: “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”.

Conforme con la doctrina y jurisprudencia, este principio constitucional se manifiesta en el proceso penal, como principio y como regla, esta última como: i) juicio sobre la prueba, se exige que la prueba haya sido obtenida con las garantías que le son propias y legalmente exigibles; ii) juicio sobre la suficiencia, se exige la actuación de suficiente prueba de cargo directa o indiciaria sobre la existencia del hecho y la participación del acusado; y iii) juicio sobre la motivación y su razonabilidad, se demanda que el Tribunal cumpla con la motivación del decaimiento de la presunción de inocencia.

En esa perspectiva, el decaimiento de la presunción de inocencia deriva de la prueba de cargo obtenida, actuada y valorada, con respeto al canon de legalidad exigible, suficientemente razonable para justificar la condena del acusado. Entonces, la declaración de culpabilidad solo procede cuando resulte ser la única certeza a la que razonablemente puede llegar el juez en la apreciación de la prueba; de lo contrario, la existencia de una hipótesis alternativa razonable igualmente fundada, impide considerar que la conducta se basa en prueba de cargo suficiente4.

8. El Tribunal Superior conforme con lo expuesto en el apartado 2 de esta ejecutoria suprema, justifica la condena en el relato incriminatorio del agraviado Rodríguez Pérez, corroborado con: i) el Acta que describe que el celular del agraviado fue hallado en posesión del acusado Chivilchez Jurado; ii) el parte s/n del efectivo policial Emiliano Huayhua Pino y su ratificación en el plenario; iii) la declaración del efectivo policial José Harlin Sifuentes Ortega; iv) Certificado Médico Legal N.° 040944-L del agraviado, que concluye: “Incapacidad médico legal: 4 días”. Así queda refutado el reclamo del recurrente en el numeral 3.1, que afirma que su responsabilidad se determinó sobre la conclusión anticipada del acusado Pando Clemente.

9. Jurisprudencialmente se ha fijado que las declaraciones de los agraviados o testigos deben cumplir los estándares del Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116 que estas tienen entidad de prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre que exista: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación.

10. Examinando el elemento ausencia de incredibilidad subjetiva, de cara al reclamo del recurrente, expresado en el apartado 3.2. Él afirmó que existe animus espurios entre el acusado no habido Icochea Escurra y el agraviado, con motivo de un billete de 20 nuevos soles falso que habría sido entregado días antes por el agraviado a la madre del citado acusado.

Pretende probar con el relato a nivel policial5 del acusado Icochea Escurra, en presencia fiscal, quién narró conocer al agraviado con el apelativo de Chato Pescador, pero no le une amistad alguna. En cambio, conoce a los acusados Chivilchez Jurado y Pando Clemente, quienes son sus amigos. Afirmó que dos semanas atrás su madre fue a comprar pescado al puesto del agraviado, quien le dio un billete de 20 soles falso, pese a que le reclamó, no quiso devolverle, pero quedó solo en una discusión de palabras. Esta afirmación fue negada por el agraviado en su declaración a nivel fiscal e instrucción, y no hay otro elemento de prueba que respalde su reclamo. Se suma a ello que tanto el recurrente como el agraviado, a nivel preliminar e instrucción, señalaron no conocerse antes de los hechos. Por lo que objetivamente no hay elemento que respalde su reclamo. Su motivo no se ampara.

11.En cuanto a la persistencia en la incriminación, el recurrente cuestiona en el apartado3.3 que el agraviado incurre en contradicciones e inconsistencias en su relato sobre los hechos y el reconocimiento a sus atacantes.

Analizado el relato del agraviado a nivel policial6, el mismo día del hecho (16 de diciembre de 2014), en presencia del representante del Ministerio Público, narró que sorpresivamente cinco sujetos desconocidos lo interceptaron, uno de ellos de frente y los otros cuatro por la espalda. El que estuvo frente a él lo empujó hacia atrás y, ayudado por los que estaban detrás, lo derribaron al suelo por lo que se lesionó el codo y espalda. En esas circunstancias, todos los sujetos empezaron a rebuscarle los bolsillos y ante su resistencia al robo, lo golpearon en diferentes partes de su cuerpo, con lo que lograron apropiarse de su celular marca Sony que tenía en el bolsillo delantero izquierdo de su pantalón y de la cantidad de S/ 1000,00 que llevaba en el bolsillo delantero derecho de su pantalón y un monedero con S/ 12,00 que tenía en la cintura y se dieron a la fuga.

Así fue que ese mismo día se llevó a cabo la diligencia de reconocimiento por parte del agraviado, conforme con el Acta de Reconocimiento Físico7. Allí, en presencia fiscal, señaló que fueron cinco personas quienes lo asaltaron y capturaron solo a tres de ellos. Sobre el primer sujeto detalló que fue quien vino de frente y lo empujó, lo describió de aproximadamente 1,75 metros de estatura y 22 años de edad, contextura delgada, cabello lacio corto color negro, tez trigueña y fue a quien se le encontró su celular Sony. El segundo sujeto dijo era de aproximadamente de 1,65 metros de estatura y 22 años de edad, tez trigueña, contextura delgada, y fue quien le rebuscó los bolsillos, le quiso quitar sus zapatillas y también lo agredió. El tercer sujeto, lo describió como de contextura gruesa, 1,60 metros de estatura, aproximadamente, tez trigueña, cabello negro corto rapado, y fue quien le rebuscó los bolsillos y se llevó su sencillera que tenía a la altura de la correa del lado derecho. En ese acto, entre seis personas en rueda, reconoció como sus atacantes al recurrente Chivilchez Jurado, Magno Icochea Ascurra y Clemente Pando, señalando la participación de cada uno de ellos.

12. Posteriormente, a nivel fiscal, en su declaración indagatoria del 6 de enero de 20158, el agraviado señaló que de las fichas Reniec que se le puso a la vista, de dichas fotografías no reconoce ni puede identificar a los cinco sujetos que lo agredieron y robaron el 16 de diciembre de 2014, pero describió nuevamente los hechos y a los sujetos que lo habrían despojado de sus pertenencias. Adicionó que no podía precisar quién le quitó los mil soles y su monedero con doce soles.

Puntualmente, aquí radica el reclamo del recurrente al alegar contradicción del agraviado, quien señaló no reconocer a los acusados y la vez dijo que el primer sujeto vivía en el Rímac. Tal argumento no es válido, pues el agraviado no negó propiamente el reconocimiento que realizó de los acusados y que se materializó en el Acta de Reconocimiento Físico del mismo día de los hechos, sino que se refirió al reconocimiento a través de las fotos de las fichas Reniec que no puede diferenciar; lo que se explica porque las fotos son del momento y pueden variar en el cabello y otras características faciales. Además, que tal relato fue después del reconocimiento físico que realizó el agraviado entre otros al recurrente.

A ello se suma que el agraviado participó en la intervención y detención del acusado recurrente, que fue el mismo día de los hechos, conforme consta en su notificación de detención9. Allí se señala su dirección en el distrito del Rímac, a diferencia de los otros detenidos Pando Clemente (con domicilio en el distrito de San Martín de Porres) y Icochea Ascurria (en Zarumilla). Ello explica que el agraviado en la fecha de su cuestionada declaración tenía conocimiento del distrito donde domicilia el acusado; entonces, no hay contradicción alguna.

Otro cuestionamiento que plantea el recurrente sobre esta declaración es que si tenía el rostro tapado, como pudo saber cuántas personas lo atacaron. Sobre el punto, basta con la lectura de su primera declaración y la siguiente, este ha sido persistente de que fueron cinco personas que lo atacaron. Ahora, conforme señaló en esa misma diligencia que cuestiona el recurrente, se advierte que relató: “Tuve golpes en el codo izquierdo y en la espalda, en ninguna otra parte del cuerpo porque me protegí el rostro con mis manos”. De tal forma que está claro que el agraviado no tenía el rostro cubierto, sino que cuando empiezan a lesionarlo recién refiere se protege el rostro, a fin de evitar lesiones en dicha zona; pero no puede el recurrente distorsionar los hechos con afirmaciones que no tienen correspondencia con el relato del agraviado, pues él estuvo en condiciones de observar la cantidad sujetos que lo atacaron y sus características físicas.

Otro cuestionamiento es que en esta declaración el agraviado señaló no poder recordar o precisar quiénes le sustrajeron sus pertenencias: su monedero con doce soles en su interior y los mil soles que tenía en su bolsillo. Lo que señala el recurrente contradicen su declaración policial, donde sí precisó esos detalles. Al respecto, si bien en esta declaración el agraviado señala no poder recordar o precisar quién le quitó los mil soles del bolsillo y su monedero; no obstante, el recurrente mantiene su incriminación sin ningún matiz, pues señaló: “El sujeto que me sustrae el celular y al que le encuentran el celular en el bolsillo, es el que vive en el Rímac estaba con casaca ploma con capucha y blue jean, es el que me quita el celular del bolsillo”. Además, debe tenerse en cuenta que en esta diligencia se le exigía una descripción sobre las fotos de la ficha Reniec de los acusados después de veinte días de ocurridos los hechos, por lo que claramente tiene mayor fiabilidad su primera declaración que es la más inmediata a los hechos. De ello, se infiere que su declaración no refleja contradicción, sino persistencia en sindicarlo como uno de sus atacantes y quien le sustrajo su celular, el cual se le halló entre sus pertenencias, conforme con el Acta de Registro Personal10.

13. A nivel de instrucción11, el 18 de diciembre de 2015 el agraviado reiteró los hechos, ratificó el contenido de su declaración policial y afirmó que reconoció a los procesados como los autores del robo.

14. Respecto a la verosimilitud del relato del agraviado, cuestionado en el apartado 3.4, discute la no preexistencia de los bienes sustraídos.

Al respecto, cabe precisar que para el estándar de prueba de la prexistencia del bien, en los delitos contra el patrimonio-robo, ha de tenerse en cuenta el principio de libertad probatoria, en atención a una incidencia objetiva con exigencia mínima. Además, es preciso tener en cuenta, desde la razonabilidad de los criterios que deben guiar este ámbito probatorio, que sobre la cuantía o dimensión de lo robado es posible asumir que las pruebas actuadas solo acrediten parcialmente el monto y características de lo sustraído o defraudado. No es correcto señalar que, si no se demuestra todo lo que se dice robado, no existe prueba del hecho delictivo (Recurso de Casación N.° 646-2015 Huaura, fundamento 8).

Sobre este punto, la jurisprudencia ha establecido que, en estos casos de robo, los agraviados no siempre van a tener la boleta o comprobante de adquisición del bien robado, lo que no debe desmerecer su relato incriminatorio, pues la víctima es un testigo del robo; por lo que la prexistencia del bien también puede determinarse a través de su relato coherente y verosímil, corroborado con otros elementos periféricos. En este caso, el celular fue recuperado conforme acredita en el Acta de Entrega12.

15. De lo expuesto, se advierte que las declaraciones del agraviado a nivel policial, fiscal e instrucción, no son contradictorias sino, por el contrario, asume fiabilidad su relato incriminatorio contra el imputado recurrente, lo que se robustece con los elementos probatorios siguientes: i) Acta de Registro Personal de Luis Alberto Chivilchez Jurado, ii) Acta de Reconocimiento Físico, iii) Certificado Médico Legal N.° 040944-L del agraviado, que detalla escoriaciones en zona lumbar y codo izquierdo, con incapacidad médico legal de 4 días; y iv) declaraciones de los efectivos policiales intervinientes José Harlin Sifuentes Ortega y Emiliano Huayhua Pino, quienes concurrieron a juicio oral, en la sesión 513 del 9 de setiembre de 2020, que validan la incriminación del agraviado. Por ello su relato cumple con los estándares de certeza del Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116 y se ha derrotado el principio de presunción de inocencia del acusado Chivilchez Jurado.

16. Finalmente, el recurrente pide una disminución punitiva. Reitera que el delito quedó en grado de tentativa y tener responsabilidad restringida, lo que en efecto se verifica con su ficha Reniec obrante en la página 52, pues el acusado tenía la edad de 19 años al momento de la comisión de los hechos; constituyéndose una causal de disminución de punibilidad que hace posible la imposición de una pena por debajo del mínimo legal, siendo este un margen discrecional del juez sobre una justificación racional de la pena.

Ahora bien, la determinación de la pena es un procedimiento técnico y valorativo. El Código Penal ha adoptado un sistema legal de tipo intermedio. Es decir, el legislador ha señalado un mínimo y un máximo por cada delito, dejando al juez un arbitrio relativo que incide en la tarea funcional de individualizar, en el caso en concreto, la pena aplicable al condenado en coherencia con los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad bajo estricta observancia de la debida fundamentación de las resoluciones judiciales (Acuerdo Plenario N.º 1-2008/CJ-116, FJ 6 y 7).

El artículo IX del Título Preliminar del Código Penal preceptúa que la pena cumple tres funciones: preventiva, protectora y resocializadora. Es pertinente citar lo señalado por la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia del 29 de noviembre de 2015, T-718/15:

En conclusión, debe entenderse que la pena debe, entre sus varias finalidades, cumplir una función de prevención especial positiva; esto es, debe buscar la resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y dignidad, pues el objeto del derecho penal en un Estado social de derecho no es excluir al infractor del pacto social, sino buscar su reinserción en el mismo.

En el caso, este Supremo Tribunal advierte que, conforme con el fundamento quinto de la recurrida, la Sala de Mérito consideró efectuar la reducción de la pena, dos causales de disminución de punibilidad: tentativa y responsabilidad restringida (19 años de edad) y los siguientes aspectos: los efectos negativos de imponerse una pena de larga duración, ser agente primario (carencia de antecedentes penales), persona joven con posibilidad de rehabilitarse, natural de Huancavelica, conviviente, operario de limpieza, con estudios secundarios, que no causó un daño de gravedad en la integridad física del agraviado (principio de lesividad) y este recuperó su celular. Todos estos argumentos en conjunto y en armonía con los fines de la pena, conforme con lo estipulado en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal (preventiva, protectora y resocializadora), justifican que la pena concreta parcial sea de cinco años.

Sobre estos aspectos, por las dos causales de disminución de punibilidad consideró un descuento de 3 años por cada una, y por los aspectos generales, en forma errada, justificó de manera aislada una reducción en un año; lo que no se encuentra previsto legalmente para ese descuento, por lo que en vía de corrección, estos serán considerados como parte de las razones para aplicar los principios de proporcionalidad y racionalidad en las causales de disminución de punibilidad.

En el caso concreto, el marco punitivo para el delito de robo con circunstancias agravantes, al momento de la comisión del hecho es de 12 a 20 años. El primer párrafo del artículo 189 del Código Penal establece ocho circunstancias agravantes específicas del mismo nivel, por lo que a cada una de ellas debe asignársele un valor cuantitativo similar (el espacio punitivo de 1 año por cada una). Aquí concurre solo una circunstancia agravante específica del tipo penal que es la pluralidad de agentes. Por ello, a partir del mínimo legal y en línea ascendente, determinaría que el marco punitivo en el cual se fijará la pena concreta está entre los 12 y 13 años. Sobre dicha pena, este Supremo Tribunal considera la disminución de 4 años de pena privativa de libertad por cada causal de disminución de punibilidad; lo que nos determina una pena concreta de 4 años de pena privativa de libertad.

A ello, en casos como el analizado, cuando se impone hasta este quantum de pena, la ley penal faculta de acuerdo al caso concreto, convertir la pena efectiva en una pena alternativa a la privativa de libertad. Así, estamos ante un sentenciado primario de 19 años de edad a la fecha de los hechos, el delito quedó en grado de tentativa y solo operó una circunstancia específica. Ello permite seleccionar a este Colegiado la pena de prestación de servicios comunitarios para su aplicación. Su fundamento radica en que esta opción resulta de operatividad práctica como una salida alternativa a las penas efectivas de corta duración que por el efecto de las mismas, desde un análisis concreto del caso, es aconsejable convertirla en una de prestación de servicios comunitarios, por el pronóstico favorable del comportamiento futuro del acusado.

Su aplicación desde luego no es automática, ello tiene respaldo en el principio de proporcionalidad previsto en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, se suma la finalidad de prevención especial de la pena que sustentaría de mejor manera su finalidad resocializadora, conforme con el artículo 139.22 de la Constitución Política del país; sin dejar de lado que igual cumple su función de prevención general.

También respalda su elección de correspondencia con la culpabilidad del sentenciado. Es pertinente tener en cuenta lo previsto en el artículo 45 y 45-A del Código Penal. El sentenciado es agente primario, operario de limpieza, con instrucción inconclusa y responsabilidad restringida, por lo que es de aplicación el artículo 22 del Código Penal, el cual prescribe que podrá reducirse prudencialmente la pena cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años o más de sesenta y cinco años al momento de realizar la infracción. El delito quedó en grado de tentativa y el artículo 16 del Código Penal prescribe que el juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena, y en el caso solo operó una circunstancia específica del tipo penal de robo con agravantes. Todo ello permite inferir que resulta razonable que la pena efectiva se convierta en prestación de servicios comunitarios que tendrá un mayor efecto resocializador en el sentenciado.

En tal sentido, el artículo 52 del Código Penal establece que en los casos de no procedencia de una condena condicional o reserva de fallo condenatorio, el juez podrá convertir la pena privativa de libertad en razón de siete días de privación de la libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad. Asimismo, en caso de incumplimiento injustificado de la pena alternativa convertida, el juez puede revocar la conversión, previo apercibimiento judicial y se ejecutará la pena privativa fijada en la sentencia con el respectivo descuento, de conformidad con el artículo 53 del Código Penal.

Así, en el caso se ha individualizado la pena de Luis Alberto Chivilchez Jurado en cuatro años de privación de libertad efectiva, que convertida a prestación de servicios a la comunidad equivalen a doscientas ocho jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

Ahora bien, conforme con la resolución del 5 de noviembre de 202014, la Sala señala que el acusado Chivilchez Jurado fue detenido el 4 de noviembre de 2020 y desde entonces cumple condena; por lo que a la fecha de emisión de la presente ejecutoria ha transcurrido un año con cinco meses y veintiún días, lo que equivale a setenta y siete jornadas de prestación de servicios a la comunidad, lo que se debe descontar al total de jornadas convertidas, quedando un pendiente de ciento treinta y un jornadas de prestación de servicios a la comunidad, que el condenado debe cumplir en la unidad beneficiaria que señale el juez competente en el marco de la ejecución de la sentencia, de acuerdo con las pautas fijadas en el artículo 6 y, en lo que fuera pertinente, del Decreto Legislativo N.° 1191, publicado el 22 de agosto de 2015 y su reglamento.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia del 23 de setiembre de 2020, emitida por la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en el extremo que condenó a LUIS ALBERTO CHIVILCHEZ JURADO, como autor del delito contra el patrimonio-robo con circunstancia agravante, en perjuicio de Julián Rodríguez Pérez.

II. HABER NULIDAD en la pena impuesta de cinco años de pena privativa de libertad. REFORMULÁNDOLA, se le impuso cuatro años de pena privativa de libertad que CONVIRTIERON a doscientas ocho jornadas de prestación de servicios a la comunidad, la misma que con el descuento de carcelería que purga desde el 4 de noviembre de 2020, le restan ciento treinta y un jornadas por cumplir, la que será ejecutada, bajo apercibimiento de ley, por el juez competente, en el marco de la ejecución de sentencia que serán ejecutadas con arreglo a ley.

III. DISPUSIERON la inmediata libertad del citado encausado, siempre y cuando no pese mandato de detención vigente en su contra.

IV. NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene.

V. MANDARON que se devuelvan los autos al Tribunal Superior para los fines de ley y se haga saber.


1 Cfr. páginas 235 y ss.
2 Cfr. páginas 462 y ss.
3 Cfr. páginas 485 y ss.
4 San Martín Castro, C. (2020). Derecho procesal penal. Lecciones. Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales, p. 157.
5 Cfr. páginas 14 y ss.
6 Cfr. páginas 11 y ss.
7 Cfr. páginas 27 y ss.
8 Cfr. páginas 74 y ss.
9 Cfr. página 9.
10 Cfr. página 26.
11 Cfr. páginas 150 y ss.
12 Cfr. página 29.
13 Cfr. páginas 372 y ss.
14 Cfr. páginas 535 y ss.

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