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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 1085-2020
LIMA

RESOLUCIÓN NO RECURRIBLE

Una resolución judicial puede ser objeto de un medio impugnatorio, en cumplimiento de la garantía de pluralidad de instancia; pero, este derecho a recurrir al ser de configuración legal, está supeditado al cumplimiento de lo establecido en la norma procesal. La regla es que procederá la impugnación solo cuando expresamente la ley lo permita.

Lima, dieciocho de enero de dos mil veintidós

VISTO: el recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la resolución del tres de junio de dos mil veinte (folios 79 a 82), emitida por la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima. Dicha resolución declaró improcedente la solicitud de prolongación de oficio de la prisión preventiva de Antonio Zapana Arapa, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de robo con agravantes en grado de tentativa, en perjuicio de la empresa R y M General Solutions S.A.C., así mismo, declaró procedente su libertad por exceso de detención sin sentencia de primer grado y dictó mandato de comparecencia restringida con reglas de conducta.

De conformidad en parte con lo opinado en el dictamen de la Fiscalía Suprema en lo Penal.

Intervino como ponente el juez supremo Guerrero López.

CONSIDERANDO

Primero. EL RECURSO DE NULIDAD1

1.1. Una resolución judicial puede ser objeto de un recurso ordinario, a efecto de que la decisión judicial sea objeto de reexamen por el Tribunal de alzada. Así lo ordena nuestra Constitución cuando reconoce como derecho fundamental a la pluralidad de la instancia —doble grado de jurisdicción—, previsto en el inciso 6 del artículo 139. Este derecho, al igual que el derecho al recurso resulta ser una manifestación del principio del debido proceso, en su dimensión formal.

1.2. Asimismo, el derecho al recurso es de configuración legal, pues su ejercicio está supeditado al cumplimiento de lo establecido en la norma procesal (define los presupuestos que debe cumplir el recurrente), por imperio de los principios de legalidad y taxatividad, los cuales informan que una determinada resolución solo será impugnada por los medios y en los casos que la ley lo permita. Estas normas al ser de orden público, dimanan la necesidad de una observancia obligatoria por exigencia del principio de seguridad jurídica.

Segundo. FUNDAMENTOS DEL IMPUGNANTE

El representante del Ministerio Público, al fundamentar su recurso (folios 89 a 96), sostuvo que:

2.1. En la resolución cuestionada el expediente, incidentes actuados, escrito u otros que hayan tenido a la vista los jueces superiores a cargo, para resolver necesariamente el tres de junio de dos mil veinte, de oficio, la medida coercitiva del procesado Antonio Zapana Arapa y decidir su excarcelación por exceso de detención sin sentencia.

2.2. No se efectuó precisiones acerca del tiempo real que habría transcurrido de la prisión preventiva, pues la Sala Superior se remite a la fecha de expedición de la resolución que impone y confirma la medida coercitiva.

2.3. La atención y trámite de la revisión de oficio de la medida, se justificó en la mera invocación de las resoluciones judiciales N.º 61 y 120-2020-P-CE-PJ, realizando una errónea interpretación de su contenido netamente exhortativo, considerando que el estado de emergencia nacional faculta resolver a través de un simple cálculo del plazo de la prisión preventiva.

2.4. Se ha obviado la Resolución Administrativa N.º 138-2020-CE-PJ sobre directivas de medidas urgentes con motivo de la pandemia COVID-19. Dicha resolución establece que, en los casos de revisión de oficio de las medidas de prisión preventiva, empieza con un inventario a cargo de las dependencias judiciales y debían dar cuenta tanto a la Corte Suprema como del Ministerio Público de la sede.

2.5. La Fiscalía Superior solicitó con anticipación a la Sala de Emergencia, para que informe acerca de los procesos en los que existía medidas coercitivas y cuyo vencimiento se podía producir en los meses de abril, mayo, junio y julio, así como de los pedidos que podrían formular las partes, a efectos de evaluar lo pertinente y proceder conforme a sus atribuciones.

2.6. La Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel arbitrariamente se resiste a informar o correr traslado al despacho fiscal, acerca del estado en que se encuentran los expedientes e incidencias que se encuentran bajo su custodia.

2.7. La Fiscalía Superior, el tres de junio de dos mil veinte, formuló requerimiento de prolongación de prisión preventiva de Antonio Zapana Arapa, considerando que el plazo inicial impuesto vencería el treinta de junio de dos mil veinte, para ordenar la libertad por exceso de carcelería.

2.8. Se ha vulnerado el debido proceso y la garantía de la debida motivación, pues la resolución recurrida no explica mínimas razones por las que se decidió la libertad de Antonio Zapana Arapa por exceso de carcelería y se desestimó el pedido de prolongación de prisión preventiva.

2.9. El trámite de revisión se realizó con desconocimiento de los sujetos procesales acreditados en el proceso pena como el Ministerio Público y la agraviada.

Tercero. OPINIÓN DE LA FISCALÍA SUPREMA EN LO PENAL

Mediante Dictamen N.° 146-2021-MP-FN-1°FSP (folios 19 a 21 del cuadernillo formado en esta instancia), el fiscal supremo de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, opinó que se declare no haber nulidad en la resolución recurrida, en tanto la excarcelación de Antonio Zapana Arapa se fundamenta en el vencimiento del plazo de la prisión preventiva.

Cuarto. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

4.1. Este Tribunal, como garante de los derechos, bienes y valores constitucionales, y última instancia de la jurisdicción ordinaria, tiene el deber de dotar de consistencia, coherencia, uniformidad y predictibilidad al ordenamiento jurídico y la jurisprudencia nacional, como medio de interdicción de la arbitrariedad y tutela de la seguridad jurídica2. Asimismo, de garantizar el acceso a los recursos en la forma prevista en la ley.

4.2. Como se indicó previamente, una resolución judicial puede ser objeto de un medio impugnatorio, en cumplimiento de la garantía de pluralidad de instancia. Pero, este derecho a recurrir al ser de configuración legal, está supeditado a la existencia de una previsión normativa o habilitante.

4.3. En ese sentido, debe ponderarse por su trascendencia teleológica el inciso 4, del artículo 1, del Título Preliminar, del Código Procesal Penal, y el inciso 1, del artículo 404, del citado Código3, cuando prevé que las resoluciones judiciales son impugnables solo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley.

Entonces, la regla es que procederá la impugnación solo cuando expresamente la ley lo permita.

4.4. En el presente caso, la resolución recurrida es el auto de tres de junio de dos mil veinte, que resolvió: i. declarar improcedente la solicitud de prolongación de oficio de la prisión preventiva de Antonio Zapana Arapa, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de robo con agravantes en grado de tentativa, en perjuicio de la empresa R y M General Solutions S.A.C.; ii. declarar procedente su libertad por exceso de detención sin sentencia de primer grado; y iii. dictar mandato de comparecencia restringida con reglas de conducta. Debe tenerse en cuenta que, si bien en la sumilla del escrito se indicó “apelación”, sin embargo, este debe entenderse como un recurso de nulidad, atendiendo a que se trata de un proceso ordinario y el estadio procesal en el que se encuentra.

4.5. El artículo 292 del Código de Procedimientos Penales establece puntualmente:

Artículo 292. Resoluciones recurribles en recursos de nulidad El recurso de nulidad procede contra:

a. las sentencias en los procesos ordinarios;

b. los autos expedidos por la Sala Penal Superior en los procesos ordinarios que, en primera instancia, revoquen la condena condicional, la reserva del fallo condenatorio, la pena de multa o las penas de prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres;

c. los autos definitivos dictados por la Sala Penal Superior que, en primera instancia, extingan la acción o pongan fin al procedimiento o la instancia;

d. los autos emitidos por la Sala Penal Superior que, en primera instancia, se pronuncien sobre la refundición de penas o la sustitución de la pena por retroactividad benigna, o que limiten el derecho fundamental a la libertad personal; y,

e. las resoluciones expresamente previstas por la ley.

4.6. Como puede advertirse un auto denegatorio de prolongación de prisión preventiva o la comparecencia con restricciones, no es recurrible vía recurso de nulidad. Siendo así, en este tipo de situaciones, opera la regla general —solo procede una impugnación por los medios y casos autorizados por la ley—, resultando inadmisible el presente recurso presentado por el recurrente, en virtud a los principios de legalidad procesal y taxatividad, las cuales garantiza —en el derecho recursal— no habilitar medios impugnatorios no previstos en el ordenamiento jurídico.

4.7. Sobre tales principios expresa Cáceres Julca, “El principio de legalidad o taxatividad es entendido como el respeto a las normas preestablecidas que resulten consecuentes con los postulados de las que deriven, de este modo, la legalidad apunta a que el acto procesal sea recurrible solo a través de medio idóneo para ello, de no existir este, la impugnación deviene en imposible”4.

4.8. De otro lado, el principio de legalidad implica la imposibilidad de crear una vía recursiva mediante la analogía. Ello importa que, para hacer valer un medio impugnatorio debe estar reconocido en el ordenamiento jurídico, pero, además, toda la actividad impugnativa en su conjunto, desde la evaluación de los presupuestos, hasta la absolución del grado, debe ceñirse a las previsiones legales, sin que esto excluya la posibilidad de priorizar los principios constitucionales frente al surgimiento de eventuales conflictos internos en el sistema jurídico.

4.9. La configuración legal del derecho a los recursos ha sido desarrollada en uniforme jurisprudencia por el Tribunal Constitucional. Así, para citar un ejemplo, en Expediente 00683-2014 (fundamento jurídico 13) expresó:

[…] El hecho de que el derecho a la pluralidad de instancia ostente un contenido esencial, y, a su vez —en tanto derecho fundamental de configuración legal—, un contenido delimitable por el legislador democrático, genera, entre otras, una consecuencia inevitable, a saber, que el referido derecho no implica un derecho de justiciable de recurrir todas y cada una de las resoluciones que se emitan al interior de un proceso.

4.10. En consecuencia, debe dejarse sin efecto el auto que concedió el recurso, ya que no se cumplió con el presupuesto referido al tipo de resolución recurrible, deviniendo en inadmisible ese medio impugnatorio.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, acordaron:

I. Declarar NULO el concesorio del diecinueve de octubre de dos mil veinte (folio 181); en consecuencia, INADMISIBLE el recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la resolución del tres de junio de dos mil veinte (folios 79 a 82), emitida por la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima. Dicha resolución declaró improcedente la solicitud de prolongación de oficio de la prisión preventiva de Antonio Zapana Arapa, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de robo con agravantes en grado de tentativa, en perjuicio de la empresa R y M General Solutions S.A.C., declaró procedente su libertad por exceso de detención sin sentencia de primer grado y dictó mandato de comparecencia restringida con reglas de conducta.

II. DISPONER que se notifique la ejecutoria a las partes apersonadas en esta instancia, se devuelvan los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo.

Intervinieron los jueces supremos Coaguila Chávez y Carbajal Chávez, por licencia de las juezas supremas Castañeda Otsu y Pacheco Huancas, respectivamente.


1 En atención a lo dicho por COUTURE que “el tema de la nulidad no corresponde, estrictamente, a los recurso o medios impugnatorios, sino a la teoría general de los actos procesales”. Ver en: Fundamentos de derecho procesal civil, 3era edición. Buenos Aires: DEPALMA, 1958, p. 372. Estimamos señalar que en este apartado abordaremos la nulidad desde la óptica de los medios impugnatorios.
2 Recurso de Nulidad N.° 2085-2018/Santa, segundo considerando.
3 Si bien el nuevo Código Procesal Penal aún no está vigente en todo el país no cabe duda que este cuerpo legal contiene diversos dispositivos que contribuyen al perfeccionamiento del derecho procesal peruano que se erige como el programa procesal penal de la Constitución, y que, por tanto, pueden servir de parámetro interpretativo para la solución de otros casos en que sean aplicables. Ver en: Sentencia del Caso Mosquera Izquierdo, contenido en el Exp. N.º 2748- 2010-PHC/TC; fundamento jurídico N.º 10.
4 CACERES JULCA, Roberto. Op. Cit. P. 36.

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