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Omisión de la asistencia familiar : Conversión de la pena, pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimentaria

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

RECURSO CASACIÓN N.° 180-2021/MOQUEGUA
PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO

Título. Conversión de pena

Sumilla: 1. No está en discusión que el originario Decreto Legislativo 1300 estableció, para coadyuvar con una adecuada reinserción social de los internos –como menciona sus propios considerandos–, un sistema denominado “procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas en ejecución de condena” (institución de Derecho penal material), al que, luego, por Decreto Legislativo 1459 se adicionó un modelo relativamente específico de conversión automática residenciado en los delitos de omisión de asistencia familiar –incluidos inicialmente por el Decreto de Urgencia 008-2020–, ante el hacinamiento de los penales y riesgo de la salud de los internos por el COVID-19 –según da cuenta sus considerandos–. 2. Lo que dispuso, finalmente, el Decreto Legislativo 1459 es que durante el período de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional no es necesario el literal e) del artículo 4, requisitos, de esta disposición, esto es, la Declaración Jurada domiciliaria del interno una vez egrese del establecimiento penitenciario –cabe enfatizar que el párrafo final del artículo 4 ya había exonerado para el caso de los condenados por delitos de omisión de asistencia familiar otros cuatro requisitos–. Distinto es el caso del párrafo final del mencionado artículo que, en lo no modificado por la Disposición Complementaria Transitoria (presentación de la Declaración Jurada domiciliaria), estableció que solo debía requerirse al interno: “[…] la certificación del pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia actualizada al momento en que se solicita la conversión”. 3. No se trata solo de pagar la reparación civil fijada por el órgano jurisdiccional en la sentencia firme, sino que, además, debe acreditarse el pago de la deuda alimenticia actualizada al momento que se solicita la conversión. Tal consideración es conforme a la exigencia normativa y, por lo demás, no importa una prisión por deudas –un tema exclusivo de Derecho civil o por la única razón de no poder cumplir una obligación contractual– desde que se trata de obligaciones dimanantes de un deber social de asistencia con su familia, incluso tutelados penalmente, y que además son parte de la perspectiva de prevención especial, de reinserción social del condenado a una pena efectiva de privación de libertad, que no puede desconocer las exigencias de justicia y verdad de las víctimas en el marco de la ejecución penal. Tampoco constituye, desde las lógicas excepcionales que regulan la conversión de penas en sede de ejecución, una medida desproporcionada, en tanto en cuanto para este delito en particular se han fijado reglas simplificadas de acceso a la conversión, pero sin desconocer los intereses de las víctimas.

–SENTENCIA DE CASACIÓN–

Lima, dieciocho de abril de dos mil veintidós

VISTOS; en audiencia pública; el recurso de casación, por la causal de infrac ión de precepto material, interpuesto por el señor FISCAL SUPERIOR DE MOQUEGUA, contra el auto de vista de fojas cincuenta y siete, de quince de mayo de dos mil veinte, que revocando el auto de primera instancia de fojas trece, de seis de mayo de dos mil veinte, declaró procedente el pedido de conversión automática de la pena privativa de libertad efectiva que venía sufriendo el condenado Probo Jacinto Alí Castro y la convirtió en cuarenta y siete jornadas de prestación de servicios a la comunidad; con todo lo demás que al respecto contiene. En el proceso penal seguido en su contra por delito de omisión de asistencia familiar en agravio de Jairo Jonathan Alí Torcagua, Ivana Isamar Ali Torcagua y Sipriana Torcagua López.

Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO. Que, mediante sentencia conformada de cuatro de junio de dos mil dieciocho, se declaró al encausado PROBO JACINTO ALI CASTRO autor del delito de omisión de asistencia familiar en agravio de Jairo Jhonathan Ali Torcagua, Ivana Isamar Ali Torcagua y Sipriana Torcagua López y se le impuso dos años, diez meses y diez días de pena privativa de libertad efectiva y al pago de mil doscientos noventa y tres con veinticinco soles por concepto de reparación civil. Esta sentencia se declaró consentida mediante resolución de fojas seis, de diez de setiembre de dos mil dieciocho.

SEGUNDO. Que, respecto del trámite del pedido de conversión de pena privativa de libertad efectiva por otra pena alternativa solicitada por el encausado Ali Castro, se tiene lo siguiente:

1. Por escrito de fojas nueve, de seis de mayo de dos mil veinte, la defensa del sentenciado ALI CASTRO solicitó la conversión automática de la pena privativa de libertad impuesta por una pena alternativa.

2. El Juzgado Penal Unipersonal de General Sánchez Cerro, mediante auto de fojas trece, de seis de mayo de dos mil veinte, declaró improcedente dicha solicitud. En tal virtud, el abogado del condenado ALI CASTRO interpuso recurso de apelación por escrito de fojas treinta y nueve, de once de mayo de dos mil veinte.

3. Concedido el recurso de apelación y culminado el trámite impugnativo, la Sala Penal de Emergencia de Moquegua profirió el auto de vista de fojas cincuenta y siete, de quince de mayo de dos mil veinte, por el que revocó el citado auto de primera instancia y, reformándolo, convirtió la pena privativa pendiente de cumplimiento (diez meses y veintinueve días) a cuarenta y siete jornadas de prestación de servicios a la comunidad, que deberá cumplir bajo supervisión del INPE, a la vez que dio por compurgada la pena privativa de libertad de un año, once meses y once días (ya cumplida).

4. Contra este auto de vista el representante el señor Fiscal Superior de Moquegua promovió recurso de casación.

TERCERO. Que el señor FISCAL SUPERIOR DE MOQUEGUA interpuso el recurso de casación a fojas sesenta y siete, de veintinueve de mayo de dos mil veinte, invocando la causal prevista en el inciso 3 del artículo 429 del Código Procesal Penal –en adelante, CPP–.

Sostuvo que la norma que regula la aplicación de la conversión de pena a favor del deudor alimentario, establece expresa y literalmente que el condenado, para acogerse a la conversión, previamente deberá cumplir con dos requisitos para declarar fundada su solicitud de conversión: la certificación del pago íntegro de la reparación civil y el pago íntegro de la deuda alimentaria acumulada hasta el momento en que se solicita la conversión; que el citado precepto utiliza la conjunción “y”, letra que se usa para “unir”; que, sin embargo, la Sala Superior realizó una interpretación fuera de los alcances del texto expreso que establece la norma al considerar que el pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia comprende únicamente el monto de la deuda fijada en la sentencia; que el precepto legal en cuestión regula expresamente que para que proceda la conversión tiene que haberse cumplido con el pago de la deuda alimentaria hasta el momento en que se solicita la conversión, lo cual implica cancelar la reparación civil y las cuotas posteriores a la liquidación (hasta el momento en que dicha persona solicite que se le convierta la pena privativa de libertad); que al exigirse solo el pago de la reparación civil no se cumple con el presupuesto normativo preestablecido para la aplicación de la figura de la conversión; que, además, para que se exija al condenado el cumplimiento de los pagos futuros, es necesario que previamente haya cumplido con pagar todas las deudas acumuladas hasta antes de la solicitud de conversión.

Postuló, desde acceso excepcional al recurso de casación, la necesidad de establecer doctrina jurisprudencial respecto al cumplimiento de los presupuestos de la figura de la conversión de penas.

CUARTO. Que, conforme a la Ejecutoria Suprema de fojas veintinueve, de diez de setiembre de dos mil veintiuno, es materia de dilucidación en sede casacional:

A. La causal de quebrantamiento de precepto material: artículo 429, numeral 3, del CPP.

B. Corresponde determinar si la Sala Superior observó lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1300 (modificado inicialmente por el Decreto de Urgencia 008-2020, y, posteriormente, por el Decreto Legislativo 1459).

QUINTO. Que, instruidas las partes de la admisión del recurso de casación, materia de la resolución anterior –sin la presentación de alegatos ampliatorios–, se expidió el decreto de fojas cuarenta que señaló fecha para la audiencia de casación el día ocho de abril último.

SEXTO. Que, según el acta adjunta, la audiencia pública de casación se realizó con la intervención de la señora Fiscal Adjunta Suprema en lo Penal, doctora Ellyde Secilia Hinojosa Cuba.

SÉPTIMO. Que, concluida la audiencia, a continuación, e inmediatamente, en la misma fecha, se celebró el acto de la deliberación de la causa en sesión secreta. Efectuado ese día, se realizó la votación correspondiente y obtenido el número de votos necesarios (por unanimidad), corresponde dictar la sentencia casatoria pertinente, cuya lectura se programó en la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Que la censura casacional estriba en determinar, desde la causal de quebrantamientode preceptomaterial, si la disposición del artículo 3 del Decreto Legislativo 1300 fue interpretada y aplicada correctamente.

SEGUNDO. Que el Decreto Legislativo 1300, de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, que regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas en ejecución de condena, en su artículo 3, párrafo final –modificado por el Decreto Legislativo 1459, de catorce de abril de dos mil veinte, bajo la denominación “Decreto Legislativo que optimiza la aplicación de la conversión automática de la pena para personas condenadas por el delito de omisión de asistencia familiar, a fin de reducir el hacinamiento penitenciario y evitar contagios de COVID-19”–, estipuló lo siguiente respecto de las reglas de procedencia:

“La pena privativa de libertad de una persona condenada por el delito de omisión de asistencia familiar puede convertirse automáticamente en una pena alternativa con la sola certificación del pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia acumulada hasta el momento en que solicita la conversión. La certificación del pago se realiza ante el juez sin mediar el desarrollo de la audiencia, a la que se hace referencia en el artículo 6. Para estos supuestos no es aplicable el literal b) del párrafo anterior”.

Asimismo, en cuanto a los requisitos del artículo 4 del Decreto Legislativo 1300, el nuevo Decreto Legislativo 1459 ratificó el texto del literal d), que exigía la declaración jurada del interno señalando la dirección del domicilio o residencia habitual, al momento de egresar del establecimiento penitenciario, y a su vez incorporó un párrafo final, cuyo texto es:

“En los casos de conversión automática de la pena privativa de libertad de una persona condenada por el delito de omisión de asistencia familiar, únicamente es exigible el requisito señalado en el literal e), debiendo además de ello solo requerirse la certificación del pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia actualizada al momento en que se solicita la conversión”.

Finalmente, el citado Decreto Legislativo 1459 en su Disposición Complementaria Transitoria estatuyó este texto:

“Durante el período que dure la Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada por el Decreto Supremo 008-2020-SA, no se exigirá para los casos de conversión automática de pena privativa de libertad de una persona condenada por el delito de omisión de asistencia familiar el requisito señalado en el literal e) del Decreto Legislativo 1300, Decreto Legislativo que regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas, en ejecución de condena”.

TERCERO. Que en el sub judice se advierte lo siguiente: Primero, que el recurrente ALÍ CASTRO fue condenado, mediante sentencia conformada firme de cuatro de junio de dos mil dieciocho, como autor del delito de omisión de asistencia familiar en agravio de Jairo Jhonathan Alí Torcagua, Ivana Isamar Alí Torcagua y Sipriana Torcagua López a dos años, diez meses y diez días de pena privativa de libertad efectiva y al pago de mil doscientos noventa y tres con veinticinco soles por concepto de reparación civil. Segundo, que por escrito de fojas nueve, de seis de mayo de dos mil veinte, solicitó la conversión automática de la pena privativa de libertad impuesta por una pena alternativa. Tercero, que el recurrente Alí Castro afirmó que la reparación civil fijada en la sentencia de mil doscientos noventa y tres con veinticinco soles fueron pagadas a satisfacción de la parte agraviada, como se desprendía de la propia sentencia, e incluso presentó la declaración jurada domiciliaria. Cuarto, que no consta que pagó la deuda alimenticia actualizada al momento en que actualizó la conversión, esto es, el seis de mayo de dos mil veinte.

CUARTO. Que no está en discusión que el originario Decreto Legislativo 1300 estableció, para coadyuvar con una adecuada reinserción social de los internos (como menciona sus propios considerandos), un sistema denominado “procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas en ejecución de condena” –institución de Derecho penal material, de clara vocación despenalizadora, destinada a substituir la pena privativa de libertad por penas de otra índole, propiamente, en el caso de la conversión, de medidas que corresponden a las de reemplazo o conmutación [HURTADO POZO, JOSÉ – PRADO SALDARRIAGA, VÍCTOR:

Manual de Derecho Penal Parte General, Tomo II, 4ta. Edición, Editorial IDEMSA, Lima, 2011, pp. 357 y 360]–. A esta disposición legal, luego, por Decreto Legislativo 1459 se adicionó un modelo relativamente específico de conversión automática residenciado en los delitos de omisión de asistencia familiar –incluido inicialmente por el Decreto de Urgencia 008-2020–, ante el hacinamiento de los penales y riesgo de la salud de los internos por el COVID-19 (según da cuenta sus considerandos).

Ahora bien, lo que dispuso, finalmente, el Decreto Legislativo 1459 es que durante el período de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional no es necesario el literal e) del artículo 4, requisitos, de esta disposición, esto es, la Declaración Jurada domiciliaria del interno una vez egrese del establecimiento penitenciario. Cabe enfatizar que el párrafo final del artículo 4 ya había exonerado para el caso de los condenados por delitos de omisión de asistencia familiar otros cuatro requisitos. Distinto es el caso del párrafo final del mencionado artículo que, en lo no modificado por la Disposición Complementaria Transitoria (presentación de la Declaración Jurada domiciliaria), estableció que solo debía requerirse al interno: “[…] la certificación del pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia actualizada al momento en que se solicita la conversión”.

QUINTO. Que, en consecuencia, no se trata solo de pagar la reparación civil fijada por el órgano jurisdiccional en la sentencia firme, sino que, además, por la propia naturaleza de la pensión de alimentos, debe acreditarse el pago de la deuda alimenticia actualizada al momento que se solicita la conversión.

Tal consideración es conforme a la exigencia normativa y, por lo demás, no importa una prisión por deudas –un tema exclusivo de Derecho civil o por la única razón de no poder cumplir una obligación contractual– desde que se trata de obligaciones dimanantes de un deber social, reconocido por el ordenamiento, de asistencia a su familia, incluso tutelado penalmente, y que además, desde la ejecución de la pena, es parte de la perspectiva de prevención especial, de reinserción social del condenado a una pena efectiva de privación de libertad, que no puede desconocer las exigencias de justicia y verdad de las víctimas en el marco de la ejecución penal. Tampoco constituye, desde las lógicas excepcionales que regulan la conversión de penas en sede de ejecución –materia de las normas examinadas–, una medida desproporcionada, en tanto en cuanto para este delito en particular se han fijado reglas simplificadas de acceso a la conversión, pero sin desconocer los intereses de las víctimas.

Así las cosas, el Tribunal Superior interpretó y aplicó erróneamente las reglas de conversión específicas para los condenados por delitos de omisión de asistencia familiar. Luego, la sentencia casatoria debe ser rescindente y rescisoria; no hay necesidad de una nueva audiencia.

DECISIÓN

Por estas razones: I. Declararon FUNDADO el recurso de casación, por la causal de infrac ióndepreceptomaterial, interpuesto por el señor FISCAL SUPERIOR DE MOQUEGUA, contra el auto de vista de fojas cincuenta y siete, de quince de mayo de dos mil veinte, que revocando el auto de primera instancia de fojas trece, de seis de mayo de dos mil veinte, declaró procedente el pedido de conversión automática de la pena privativa de libertad efectiva que venía sufriendo el condenado Probo Jacinto Alí Castro y la convirtió en cuarenta y siete jornadas de prestación de servicios a la comunidad; con todo lo demás que al respecto contiene. En el proceso penal seguido en su contra por delito de omisión de asistencia familiar en agravio de Jairo Jonathan Alí Torcagua, Ivana Isamar Ali Torcagua y Sipriana Torcagua López. En consecuencia, CASARON el auto de vista. II. Y actuando como instancia: CONFIRMARON el auto de primera instancia que declaró improcedente la solicitud de conversión de la pena privativa de libertad impuesta. ORDENARON la inmediata recaptura del imputado; con transcripción de esta sentencia al Tribunal Superior de origen para los fines de ley. III. DISPUSIERON se lea la sentencia casatoria en audiencia pública, se notifique inmediatamente y se publique en la página web del Poder Judicial; registrándose. HÁGASE saber a las partes procesales personadas en esta sede suprema.

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