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VIOLACIÓN SEXUAL : La retractación de la víctima genera dudas sobre la comisión de los delitos imputados.
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ROBO : ABSOLUCIÓN – La sola versión incriminatoria del presunto agraviado precedida de un reconocimiento inducido y sin corroboración externa, resulta insuficiente para establecer condena contra el imputado.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 950-2021
LIMA NORTE

Robo agravado

Sumilla. Para la imposición de una condena es preciso que el juzgador haya llegado a un nivel de certeza respecto a la responsabilidad penal del procesado, la cual solo puede ser generada mediante una actuación probatoria suficiente.

La pretensión recursiva que convoca el presente pronunciamiento se advierte de los agravios esgrimidos por la defensa se remiten a que este Tribunal Supremo evalúe la actividad probatoria en que se sostiene la condena, la que considera insuficiente. La sola versión incriminatoria del presunto agraviado, precedida de un reconocimiento inducido y realizado sin la presencia de Ministerio Público, en la cual solo se le presentó la ficha Reniec del sentenciado, resulta insuficiente para establecer condena contra el imputado, máxime si no cuenta con pruebas de corroboración externas —elementos de corroboración periféricos— resultando inidóneos para dicha corroboración el indicio de mala justificación por sí solo, como único medio de corroboración, lo que genera duda razonable de carácter irresoluble ante la cual debe absolverse al recurrente por los cargos imputados por el titular de la acción penal.

Lima, once de mayo de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el representante legal de JORGE TANTAVILCA PILLCO contra la sentencia del veintiuno de octubre de dos mil veinte (foja 490), emitida por la Tercera Sala Penal Liquidadora (ex Primera Sala Penal de Reos en Cárcel) de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (ex Primera Sala Penal de Reos en Cárcel), que lo condenó como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de Víctor Alfredo Silva Mori, imponiéndole nueve años de pena privativa de libertad efectiva, y fijó en S/2000,00 (dos mil soles) el monto de reparación civil que deberá pagar el sentenciado a favor del agraviado.

Intervino como ponente el juez supremo Brousset Salas.

CONSIDERANDO

FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO

Primero. El sentenciado JORGE TANTAVILCA PILLCO, en su recurso de nulidad formalizado mediante escrito, con fecha diez de octubre de dos mil veinte (foja 519), solicita que el mismo sea revocado. Al respecto, argumenta lo siguiente:

1.1. No se ha valorado correctamente las pruebas actuadas, en especial lo declarado por el testigo Édgar Teobaldo Osorio, quien ha referido que el agraviado vive a tres cuadras del recurrente, estos se conocen desde niños, resultando imposible que el recurrente cometa un acto delictivo en contra del agraviado; asimismo, lo declarado por el efectivo policial PNP José Antonio Piscoya, quien tomó la declaración al agraviado, realizó la diligencia de reconocimiento donde solo puso a la vista la ficha Reniec del recurrente, acto que no resulta válido.

1.2. Se debe considerar que el reconocimiento que realiza el agraviado fue a las 02:30 de la madrugada, para dicha diligencia solo se hizo uso de una ficha Reniec, cuando debieron presentarle varias fichas para un auténtico reconocimiento, condición que no se ha producido.

1.3. Lo declarado por el agraviado, no cuenta con elementos periféricos que corroboren su dicho, condición que contraviene el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116.

1.4. Los actos de investigación policial que se realizaron fueron sin presencia del representante del Ministerio Público, lo cual carece de valor probatorio a dichos instrumentos.

MARCO DE IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

Segundo. Conforme la acusación fiscal postulada mediante requerimiento1 del cinco de agosto de dos mil nueve, se imputa:

Con fecha veintitrés de octubre de dos mil seis, a horas 02:30 el procesado JORGE TANTAVILCA PILLCO conjuntamente con otros sujetos, que no han sido identificados, atacaron violentamente al agraviado Víctor Alfredo Silva Mori, cuando este caminaba por el cruce de las avenidas Universitaria y Naranjal–Los Olivos, es así que con violencia (golpes de puños y patadas) y amenaza, con el uso de un objeto cortante, le ocasionó lesiones, lograron despojarlo de su teléfono celular y la suma de S/180,00 (ciento ochenta soles), para luego darse a la fuga. Una vez capturado el procesado, este es identificado por el agraviado mediante una ficha Reniec.

Tercero. En cuanto a la calificación jurídica, el titular de la acción penal postuló la configuración del delito de robo agravado, conforme con lo previsto en el artículo 188 del Código Penal (tipo base), concordado con los agravantes numerales 2, 3 y 4, del primer párrafo, del artículo 189, del código citado. Se solicitó veinte años de pena privativa de libertad.

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Cuatro. Conforme sentencia recurrida del veintiuno de octubre de dos mil veinte, la Sala Superior condenó a JORGE TANTAVILCA PILLCO a nueve años de pena privativa de libertad, en atención a los siguientes considerandos:

4.1. Con base en el acervo probatorio aportado durante la investigación y actuado en el plenario, siendo estos: i) la declaración a nivel plenario del procesado JORGE TANTAVILCA PILLCO, quien aceptó haber estado en el lugar de los hechos, junto con otros sujetos (Edson Teobaldo Osorio Granados, Juan Pablo Osorio Granado, Jesús Polo), quienes escucharon que afuera de la fiesta habían problemas, ya que al agraviado no lo dejaban ingresar a la reunión; ii) la declaración a nivel plenario del médico de guardia Martín Casallo Cepeda, quien trabaja en el Centro Penitenciario de Lurigancho, el mismo que elaboró y firmó el certificado médico donde se describen las lesiones de Víctor Alfredo Silva Mori (agraviado), sin poder precisar la antigüedad de dichas lesiones, pues eso lo determina el médico legista; iii) la declaración a nivel plenario del efectivo policial PNP José Antonio Piscoya Casiano, quien tomó la declaración del agraviado en la comisaría, así como llevar a cabo la diligencia de reconocimiento fotográfico, y la Ocurrencia N.° 2 (denuncia), ratificándose en el contenido y la firma de dichos documentos; iv) la declaración a nivel plenario del testigo Édgar Teobaldo Osorio Granados, quien conoce al procesado por vivir cerca a este, más no son amigos, que no asistió a la fiesta de fecha veintitrés de octubre de dos mil seis, fiesta a la que tampoco asistió su hermano Juan Pablo Osorio Granados, pues estaba enfermo, así como tampoco concurrió su amigo Jesús Polo; v) el Certificado Médico N.° 023496-L, del veintiséis de octubre de dos mil seis (folio 14) practicado al agraviado, que describe las lesiones que sufrió el agraviado producto el robo; vi) la declaración del agraviado a nivel preliminar y preventiva, donde sindica al procesado como la persona, junto a otros sujetos no identificados, que lo agredió físicamente y le sustrajo su celular y una cantidad de dinero.

4.2. Lo postulado por el Ministerio Público se encuentra probado con base en la manifestación policial del agraviado —declaración que no cuenta con presencia del ministerio público—, el reconocimiento que hace el agraviado —diligencia que no cuenta con presencia del Ministerio Público—, el Certificado Médico N.° 023496-L, del veintiséis de octubre de dos mil seis (folio 14), y las declaraciones dadas a nivel plenario, pues lo manifestado por el testigo Édgar Teobaldo Osorio Granados, desmiente lo manifestado por el acusado, el testigo a referido no ser amigó del acusado, y que el día de los hechos no fue a ninguna fiesta; dichos elementos probatorios reúnen los requisitos exigidos en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005-CJ/116, determinándose la responsabilidad del acusado bajo el delito de robo, con las agravantes señaladas en los incisos 2, 3 y 4, del artículo 189, del Código Penal.

4.3. Una vez establecida la materialidad del delito y la responsabilidad del recurrente, esta se ha establecido bajo los parámetros normativos vigente al día de los hechos, al considerarse que el acusado no contaba con antecedentes penales —agente primario—, sus condiciones personales, ya que contaba con una edad de veintidós años, y bajo los principios de razonabilidad y humanidad, se estableció finalmente la pena en nueve años privativa de libertad.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Quinto. Para la imposición de una condena es preciso que el juzgador haya llegado a un nivel de certeza respecto a la responsabilidad penal del procesado, la cual solo puede ser generada mediante una actuación probatoria suficiente, que permita crear convicción de culpabilidad y enervar la presunción de inocencia que, como garantía de corte constitucional, acompaña al justiciable durante todo el desarrollo del proceso.

Sexto. En cuanto a la pretensión recursiva que convoca el presente pronunciamiento se advierte de los agravios esgrimidos por la defensa se remiten a que este Tribunal Supremo evalúe la actividad probatoria en que se sostiene la condena, la que considera insuficiente, siendo: i) no se ha valorado adecuadamente los medios probatorios actuados; ii) el acta de reconocimiento que se le practica al agraviado es sin presencia del presentante del Ministerio Público y solo se le puso a la vista una ficha Reniec, contraviniendo lo que señala la normativa; iii) lo declarado por el agraviado con cumple los requisitos contenidos en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116; iv) los actos de investigación policial que se realizaron fueron sin presencia del representante del Ministerio Público, lo cual carece de valor probatorio de dichos instrumentos.

Séptimo. La calificación jurídica de la conducta ilícita por el cual se sentenció al procesado JORGE TANTAVILCA PILLCO, se enmarcó en el artículo 188 como tipo base, en concordancia con los incisos 2, 3 y 4, del primer párrafo, del artículo 189, del Código Penal.

Siendo que la Sala sustentó la condena con base en lo declarado por el agraviado a nivel policial y preventiva, donde incrimina al agraviado, manifestación que guarda respaldo probatorio en las declaraciones a nivel plenario de los testigos (PNP José Antonio Piscoya Casiano, médico de guardia Martín Casallo Cepeda, Édgar Teobaldo Osorio Granados), en el Certificado Médico N.° 023496-L, del veintiséis de octubre de dos mil seis practicado al agraviado, y en el acta de reconocimiento fotográfico practicado al agraviado.

En este sentido, la dilucidación del grado se circunscribe a determinar si el Colegiado Superior al dictar sentencia condenatoria efectuó un correcto análisis de las pruebas actuadas, lo que acreditaría la responsabilidad del inculpado JORGE TANTAVILCA PILLCO.

Octavo. Previamente, el Tribunal Constitucional señala que la sentencia condenatoria se debe fundar en auténticos hechos de prueba y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no solo del hecho punible, sino también de la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado2.

Caso contrario corresponderá concluir en su absolución, sea porque la prueba resultó insuficiente (primer párrafo, del artículo 284, del Código de Procedimientos Penales); o, en su defecto, porque lo actuado presenta un supuesto de duda razonable de la responsabilidad del sentenciado (la duda favorece al reo o indubio pro reo). En el primer caso, que es algo objetivo, supone que a falta de pruebas la presunción de inocencia no ha quedado desvirtuada, manteniéndose incólume; y, en el segundo caso, que es algo subjetivo, supone que ha habido prueba, pero esta no ha sido suficiente para despejar la duda (la suficiencia no se refiere a la cantidad de pruebas incriminatorias, sino a la entidad y cualidades que deben reunir estas)3.

Noveno. Fluye de autos, de la revisión de los elementos probatorios valorados por el Colegio, entre ellos la declaración del agraviado a nivel preliminar (foja 6), y el acta de reconocimiento fotográfico (foja 10) —cuestionadas por la defensa—, se verifica que dichas diligencias no fueron realizadas con intervención del representante del Ministerio Público. Dicha omisión constituye una vulneración al requisito de legalidad que dota de virtualidad probatoria a las declaraciones vertidas en sede indagatoria, de modo excepcional, siempre que las mismas se realicen con intervención del representante del Ministerio Público y que no fueran cuestionadas en sede judicial, conforme se establece en el numeral 3, del artículo 72, del Código de Procedimientos Penales.

Décimo. Si bien, en sede instructora, el agraviado (Víctor Alfredo Silva Morí) rindió declaración preventiva (foja 82), con presencia del representante del Ministerio Público, en la cual narró los hechos, e identificó al supuesto agresor; se tiene que el referido apersonado no fue citado a declarar al juicio, ni su declaración sustancial fue oralizada, pues no podía serlo por la omisión antes anotada, lo que determina que dicha declaración no resulte utilizable probatoriamente.

Decimoprimero. No obstante lo antes anotado, es de precisar que, bien en la declaración preventiva, se le pone a la vista solo la ficha Reniec del recurrente, y este es reconocido, dicha diligencia no es acorde con lo normado en el artículo 146 del Código de Procedimientos Penales, que señala: “[…] un testigo reconozca a una persona o cosa, deberá describirla previamente, después, le será presentada, procurando que se restablezca las condiciones en que la persona o cosa se hallaba cuando se realizó el hecho […]”; lo que significa que el reconocimiento se efectúa con un grupo de personas de iguales características, y previa descripción física de la persona que debe ser reconocida, diligencia que en el caso de autos no se realizó de dicho modo, lo que ciertamente vicia dicho reconocimiento. Por lo que el cuestionamiento de la defensa en dicho extremo resulta amparable.

Decimosegundo. Con respecto a las pruebas actuadas, se cuenta con las declaraciones: i) el acusado Jorge Tantavilca Pillco4, quien niega haber robado el celular del agraviado, pues la gresca entre ambos, fue a consecuencia de no permitirle el ingreso a la fiesta al agraviado —reunión en la cual se encontraba el encausado con unos amigos Edson Teobaldo Osorio Ganados, Juan Pablo Osorio Ganados y Jesús Pablo— lo que ocasionó que este genere una discusión a las afueras de la reunión, el recurrente y sus amigos salieron a mirar, señalando que se produjo por parte de ambos una agresión física, pero no con la intención de robarle sus pertenencias; asimismo, refiere estando ambos en el penal de San Juan de Lurigancho, este le increpa que le está haciendo daño por inculparlo por un robo que no cometió, lo terminó en un pleito dentro de la instalación penitenciaria; ii) el efectivo policial José Antonio Piscoya Casiano5, quien se ratificó en la elaboración de la Ocurrencia N.º 2 (denuncia), en la declaración que le tomó al agraviado, y el acta de reconocimiento fotográfico practicado al agraviado donde reconoce al recurrente, sobre este último documento ha precisado que se le mostró solo la ficha de Reniec del recurrente, porque el agraviado al rendir su declaración proporciona el nombre de este; iii) asistió el médico de guardia Martín Casallo Cespeda6, quien laboró en el Centro Penitenciario de San Juan de Lurigancho, ratificándose en el contenido del Informe Médico N.° 1751-INPE-EPL-SDS, del seis de noviembre de dos mil trece, que describe las lesiones7, producidas a la persona de Víctor Alfredo Silva Mori, determinando que dicha lesión es reciente, sin poder precisar de cuantos días seria, pues ello lo determina un médico legista; iv) el testigo Edson Teobaldo Osorio Ganados8, quien niega ser amigo del recurrente, solo lo conoce por ser de la zona, negando haber asistido con el recurrente a dicha fiesta, ni a ninguna otra.

Decimotercero. Con relación a las lesiones que refiere el agraviado, le habría ocasionado el encausado al interior del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, no existe certeza de su producción, toda vez que el médico de guardia Martín Casallo Cespeda, quien elaboró el Informe Médico N.° 1751-INPE-EPL-SDS (folio 265), ante el plenario indicó, que no podía especificar que dicha lesión en efecto correspondiera a razón de los hechos denunciados por el agraviado, por el contrario, este fue especifico en cuestionar, que dada su especialidad no le era posible establecer la data de la fecha de las lesiones, pues esto lo determina un médico legista.

Seguidamente, si bien es cierto la tesis de la defensa refiere que el acusado asistió a la fiesta con unos amigos, siendo estos: Edson Teobaldo Osorio Ganados, Juan Pablo Osorio Ganados y Jesús Pablo, se solicitó la concurrencia de los mismos, solo llegando asistir Edson Teobaldo Osorio Ganados, quien contradijo dicha versión, y por el contrario negó haber concurrido a dicha fiesta, situación que cuestiona lo declarado por el imputado, no obstante, por sí mismo tampoco reviste mérito suficiente para acreditar la imputación, si bien existe una sindicación de parte del agraviado a nivel instrucción, la cual no ha sido oralizada a nivel plenario, además la versión incriminatoria no se ha visto respaldada con medio probatorio alguno, ya que el resto de las pruebas actuadas no permiten establecer la culpabilidad del imputado, por lo cual la tesis de la fiscalía cuenta con una sindicación no oralizada en el plenario, y los demás elementos probatorios no generan certeza sobre el delito imputado contra JORGE TANTAVILCA PILLCO.

Decimocuarto. Lo glosado precedentemente nos lleva a concluir, que la prueba acopiada no permite sustentar con el grado de certeza necesario para enervar la presunción de inocencia del recurrente, los cargos formulados en su contra en la presunta causa.

Al respecto cobra importancia lo señalado por el profesor Florencio Mixán Mass:

[…] es incuestionable que es un corolario del principio madre que es el de la ´presunción de inocencia. […] el valor cognoscitivo jurídico de la duda en el proceso penal radica en que no se ha logrado establecer fidedignamente ni la verdad ni el error respecto de la culpabilidad del procesado, a causa de la insuficiencia de los elementos probatorios; en cuando a su efecto, que viene a ser, la absolución del procesado, se parece a la inocencia probada; pero, en cuanto a su fundamento, difiere totalmente, por cuanto en la duda no se ha probado plenamente su inocencia, pero tampoco fehacientemente la culpabilidad. la duda resulta, a nuestro juicio, del hecho de que el juzgador ha logrado solamente el grado probable del conocimiento respecto a la culpabilidad del procesado, de modo que la trayectoria del conocimiento hacia la verdad objetiva tiene mucho todavía de error como de verdad; por lo tanto, resulta riesgoso condenar a alguien sin haber establecido nítidamente que es el culpable; entonces, en aras de evitar el riesgo de resultar condenado un inocente, se ha optado porque en tal circunstancia el procesado sea absuelto […]9.

Decimoquinto. Por lo que, la sola versión incriminatoria del presunto agraviado, precedida de un reconocimiento inducido y realizado sin la presencia de Ministerio Público, en la cual solo se le presentó la ficha Reniec del recurrente, resulta insuficiente para establecer condena contra el imputado, máxime si no cuenta con pruebas de corroboración externas —elementos de corroboración periféricos— resultando inidóneos para dicha corroboración el indicio de mala justificación por sí solo, como único medio de corroboración, lo que genera duda razonable de carácter irresoluble ante la cual debe absolverse al recurrente por los cargos imputados por el titular de la acción penal.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON HABER NULIDAD en la sentencia del veintiuno de octubre de dos mil veinte, emitida por la Tercera Sala Penal Liquidadora (ex Primera Sala Penal de Reos en Cárcel) de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que condenó JORGE TANTAVILCA PILLCO como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de Víctor Alfredo Silva Morí, imponiéndole nueve años de pena privativa de libertad efectiva, y fijó en S/2000,00 (dos mil soles) el monto de reparación civil que deberá pagar el sentenciado a favor del agraviado, con lo demás que contiene; y REFORMÁNDOLA, ABSOLVIERON a JORGE TANTAVILCA PILLCO de la acusación fiscal por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado.

II. ORDENARON la inmediata libertad de JORGE TANTAVILCA PILLCO que se ejecutará siempre y cuando no existe mandato de detención o prisión preventiva emanada de autoridad competente. OFICIÁNDOSE vía fax, a fin de concretar su libertad, a la Sala Superior que corresponda.

III. MANDARON se archive definitivamente lo actuado respecto al citado encausado, se anulen sus antecedentes policiales y judiciales, Se devuelvan los autos al Tribunal Superior para los fines de ley. SE HAGA saber a las partes procesales apersonadas en esta Sede Suprema.


1 Véase a foja 88.
2 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente número 01768-2009-PA/TC, del dos de junio de dos mil diez. Fundamento jurídico 6.
3 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el Expediente N.° 728-2008-PHC/TC, del trece de octubre de dos mil ocho. Fundamento jurídico 37.
4 Véase a foja 422 – sesión del 27 de julio de 2020.
5 Véase a foja 435 – sesión del 3 de septiembre de 2020.
6 Véase a foja 435 – sesión del 3 de septiembre de 2020.
7 Véase a foja Informe 265 – Médico N.° 1751-INPE-EPL-SDS – Contuso (02) en cuero cabelludo región occipital derecho.
8 Véase a foja 445 – sesión del 17 de septiembre de 2020.
9 MIXÁN MASS, Florencio. El juicio oral. Segunda edición. Trujillo: Editorial Gráfica El Liberal, 1978, p. 23.

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