Delito tributario. Principio acusatorio. Valoración probatoria
16 junio, 2022
ROBO : Supuestos de defensa ineficaz e improcedencia de la conclusión anticipada.
20 junio, 2022

Falsedad documental – Ausencia de corroboración de la imputación.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 1032-2021
AYACUCHO

Falsedad documental

Sumilla. La consumación del delito de falsedad documental se da cuando la acción del agente es hacer en todo o parte un documento falso, copiando un documento verdadero en su totalidad o incluyendo modificaciones en referencia a este, lo cual origina la creación de un nuevo documento. Dicha acción no ha sido verificada o corroborada con medio probatorio alguno en el proceso levado a cabo, si bien el acusado refirió haber adquirido los cuños en un feria, dicha acción no le hace imputable como autor de la fabricación de las tarjetas de propiedad, asimismo, si bien la recurrente refiere que los referidos cuños sirven como herramienta para realizar impresiones, se advierte que, en efecto, dicho objeto se usa acorde a su estructura para realizar impresiones, fabricaciones o estampados, los cuales dejaran señas en el documento que se use, por ende no resultaría razonable sostener que con ello es posible la fabricación de las tarjetas de propiedad referidas.

En consecuencia, se verifica que el Colegiado Superior ha realizado el análisis y la valoración oportuna de las pruebas aportadas en juicio de responsabilidad, las cuales no fueron suficientes para acreditar la responsabilidad del encausado Josue Vargas Gastelu; asimismo, no se verifica de la sentencia recurrida que se haya vulnerado el deber de motivación de las resoluciones judiciales, ni que se haya inobservado la garantía al debido proceso de la agraviada alega.

Lima, veintinueve de abril de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la parte agraviada, el representante de la Procuraduría Publica de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos contra la sentencia del treinta de enero de dos mil veinte (foja 831), emitida por la Sala Laboral y Penal Liquidadora de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, en el extremo que absolvió a Josué Vargas Gastelu de la acusación fiscal por la comisión del delito contra la fe púbica en la modalidad de falsificación de documento público, en agravio del Estado- Registros Públicos. De conformidad con lo opinado por el fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente el juez supremo Brousset Salas.

CONSIDERANDO

DELIMITACIÓN DE AGRAVIOS

Primero. La Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, como parte agraviada, en su recurso de nulidad del once de marzo de dos mil veinte (foja 870), denunció la vulneración de las garantías de motivación deficiente y aparente, y el derecho al debido proceso. Sostuvo lo siguiente:

1.1. Ha quedado demostrado el actuar del acusado Josué Vargas Gastelu, quien dolosamente falsificó las tarjetas de propiedad números 1342991-CLASE y 1583739-CLASE, las mismas que se encontraron en su domicilio (ubicado en el lote 3 de la manzana N de la avenida Los Incas en el distrito de Los Olivos), así como los cuños metálicos que sirven para realizar impresiones, los cuales, según declaró el mismo acusado, consiguió en la feria San Juan Bautista. Ello lleva a aseverar que el acusado fabricaba documentos con dichos cuños, objetos que constituyen elementos periféricos que demuestran la fabricación de las tarjetas de propiedad para acreditar supuesta propiedad de los vehículos menores.

1.2. La sentencia recurrida causa agravio pues impide que se repare el daño ocasionado a la Sunarp en forma proporcional, racional y justa, pues la conducta incriminada vulnera el bien jurídico protegido de la fe pública y la seguridad jurídica que brinda la Sunarp a la sociedad, al haber usado documentos públicos falsos e introducirlos al tráfico jurídico como si fueran verdaderos y auténticos, lo que genera un daño patrimonial a esta institución.

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

Segundo. La acusación fiscal del cinco de abril de dos mil dieciséis (foja 445) postuló como hecho incriminado el siguiente:

2.1. El diez de abril de dos mil quince se intervino al procesado Josué Vargas Gastelu, alias Osca, en la intersección de los jirones Siete de Abril y César Vallejo del barrio Belén, en poder del vehículo menor, motocicleta de placa de rodaje Y1-9500 (marca Senda, año 2011, modelo SS200GY8, color negro, serie LXYJCML06B0383331, motor 163FML2BH053932), que hurtó de su propietario Santiago Rengifo Collantes el seis de abril de dos mil quince, aproximadamente a las 18:00 horas, cuando este la dejó estacionada en la puerta de la empresa donde trabaja. Ante la intervención el procesado emprendió la huida, pero fue capturado a tres cuadras. Al realizarse el registro domiciliario en las viviendas del procesado (una ubicada en el interior 310 del pasaje 7 de Abril del barrio Belén y, la otra, en la habitación 4 del segundo piso del lote 3 de la manzana N de la avenida Los Incas del barrio Belén en Los Olivos del distrito San Juan Bautista), en la primera se halló un celular con numero de abonado 951-853-310 (con el que se comunicaba con su coprocesado alias Charapa) y la placa de rodaje de la motocicleta con la que se le intervino, escondida debajo de una de las tejas sobre la puerta principal. Además de diversos accesorios de vehículos menores: espejos y cascos, entre otros. En la segunda vivienda se halló la placa de rodaje original 3744-2Y de la motocicleta lineal (clase L3, marca Davest, modelo DV200GY-5, color rojo, año 2014, serie IEAICM001EC00057, motor 164FMIF3D00073) hurtada por el procesado el doce de diciembre de dos mil catorce, cuando el conviviente de la propietaria Jessica Leonor Mozo Huacausi la dejó estacionada por espacio de tres minutos, aproximadamente, en el frontis de su vivienda. También se hallaron en esta última vivienda dos tarjetas de propiedad, cuños metálicos utilizados para regrabaciones de los numero de motores y de chasis de motocicletas y accesorios de estos vehículos, entre otras herramientas, conforme conformes con la actividad de la organización criminal destinada al hurto y venta de motocicletas lineales de la que era integrante.

Tercero. En cuanto a la calificación jurídica, sobre este hecho el titular de la acción penal postuló la configuración del falsificación de documento público, tipo penal previsto en el primer párrafo del artículo 427 del Código Penal.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR

Cuarto. El Tribunal Superior absolvió al nombrado imputado de la acusación fiscal, pues refirió que al haber analizado y valorado los medios de prueba actuados durante el proceso penal, con relación al delito de falsificación de documento público imputado a Vargas Gastelu, concluye que las dos tarjetas de propiedad vehicular encontradas en el domicilio del citado procesado eran falsificadas, conforme con las pericias grafotécnicas realizadas por la Policía Nacional del Perú; sin embargo, no se acreditó con prueba de cargo suficiente que el citado acusado, sea quien haya falsificado o adulterado dichas tarjetas.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Quinto. En cuanto a la calificación del delito materia de absolución, se tiene que el delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documento privado, tipificado en el primer párrafo del artículo 427 del Código Penal, sanciona al agente que:

Hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, si se trata de un documento privado.

Sexto. Corresponde a este Supremo Tribunal como punto de partida para analizar la sentencia de mérito, el principio de impugnación limitada que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal; en cuya virtud se reduce el ámbito de la resolución, únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.

Sétimo. En el presente caso, la procuradora pública impugnó la sentencia de primer grado en el extremo que absuelve al imputado Josué Vargas Gastelu de la acusación por el delito contra la fe pública, falsificación de documento público en agravio de Sunarp. Por su parte, el fiscal adjunto superior no interpuso recurso de nulidad. La opinión de la fiscal suprema es no haber nulidad en la sentencia que absolvió al encausado Josué Vargas Gastelu, de la acusación fiscal como autor del delito de falsificación de documentos en agravio del Estado; es decir, mostró su conformidad con la sentencia emitida por el tribunal de mérito.

Octavo. Este supremo tribunal ha establecido que la atribución del Ministerio Público está reconocida en el numeral 5 del artículo 159 de la Constitución Política del Perú, que es ejercitar la acción penal pública y acusar, de modo tal que la ausencia de acusación impide cualquier emisión de sentencia condenatoria.

Noveno. No obstante lo expuesto, anteriormente, este supremo tribunal verifica que con relación al delito de falsificación de documentos privados, se atribuye al encausado Josué Vargas Gastelu haber falsificado las tarjetas de propiedad números 1342992 y 1583739, conforme con los detalles descritos en las conclusiones de los dictámenes periciales grafotécnicos números 48/2015 y 49/2915 (foja 139 y 141, respectivamente) se acredita que la muestra analizada corresponde a un formato falsificado. De ello se tiene que aun cuando se haya acreditado que el contenido de las tarjetas vehiculares encontradas en propiedad del acusado son falsas, ello no significa que sea el autor de la adulteración de dichos documentos públicos. Lo cierto y concreto es que existen elementos de juicio que hacen inferir que el encausado tenía pleno conocimiento de su procedencia ilícita.

No obstante a ello, debe advertirse que la consumación del delito de falsedad documental se da cuando la acción del agente es hacer en todo o parte documento falso, copiando un documento verdadero en su totalidad o incluyendo modificaciones en referencia a este, lo cual origina la creación de un nuevo documento. Entonces dicha acción no ha sido verificada o corroborada con medio probatorio alguno en el proceso llevado a cabo, si bien el acusado refirió haber adquirido los cuños en un feria, dicha acción no le hace imputable como autor de la fabricación de las tarjetas de propiedad, asimismo, si bien la recurrente refiere que los referidos cuños sirven como herramienta para realizar impresiones, se advierte que, en efecto, dicho objeto se usa acorde con su estructura para realizar impresiones, fabricaciones o estampados, los cuales dejaran señas en el documento que se use; por ende, no resultaría razonable sostener que con ello es posible la fabricación de las tarjetas de propiedad referidas.

Décimo. Conforme con lo señalado, al no haberse acreditado fehacientemente de forma alguna la responsabilidad del encausado respecto a la fabricación de las tarjetas de propiedad encontradas bajo su poder, no es posible amparar un resarcimiento a la agraviada, debido que ello solo es posible asumir por quien resulte responsable del daño ocasionado. En consecuencia, se verifica que el Colegiado Superior ha realizado el análisis y valoración oportuna de las pruebas aportadas en juicio de responsabilidad, las cuales no fueron suficientes para acreditar la responsabilidad del encausado Josué Vargas Gastelu; asimismo, no se verifica de la sentencia recurrida que se haya vulnerado el deber de motivación de las resoluciones judiciales, ni que se haya inobservado la garantía al debido proceso de la agraviada alega.

Finalmente, al haber verificado que el tribunal superior ha justificado objetivamente en mérito a las pruebas aportadas las razones de su decisión, no se advierte ausencia de algún sustento racional que evidencie una decisión injusta en contra de la recurrente. Por ende los agravios esgrimidos por la recurrente son desestimados en su totalidad.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces y juezas integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República:

NO HABER NULIDAD la sentencia del treinta de enero de dos mil veinte (foja 831), emitida por la Sala Laboral y Penal Liquidadora de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, en el extremo que absolvió a Josué Vargas Gastelu de la acusación fiscal por la comisión del delito contra la fe púbica en la modalidad de falsificación de documento público, en agravio del Estado- Registros Públicos. DISPUSIERON se remita la causa al tribunal de origen para los fines de ley correspondientes y se haga saber a las partes apersonadas en esta sede suprema.

DESCARGAR RESOLUCIÓN AQUÍ:

Pin It on Pinterest