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ROBO : Supuestos de defensa ineficaz e improcedencia de la conclusión anticipada.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 768-2020
LIMA

CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL JUICIO ORAL

El procesado Cueto Loayza tuvo la posibilidad de informar las deficiencias que ahora alega en su recurso de nulidad, ante el plenario a lo largo de las cuatro sesiones de juicio oral; sin embargo, conforme a la revisión de las actas del juicio oral, no lo hizo. Aun cuando el recurrente reclame que no procede la aplicación de la conclusión anticipada del juicio oral por tratarse de un proceso complejo; sin embargo, le corresponde al juez de instrucción declarar o no la complejidad del proceso. En este caso, conforme al auto de procesamiento del 3 de abril de 2019, no se ha establecido que el proceso tenga la naturaleza de complejo, incluso se señaló como plazo de instrucción 120 días naturales, que conforme al artículo 202 del Código de Procedimientos Penales, no corresponde a un proceso complejo, pues el plazo de este es de ocho meses.

Lima, veintidós de marzo de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el encausado JORGE LUIS CUETO LOAYZA contra la sentencia conformada del 24 de junio de 2020, emitida por la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que lo condenó como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de César Raúl Patricio Bartolo, Luis Sergio Zapata Fuentes, Lucas Fabrizio Fuentes Berrospi y Farit Enrique Campos Pozo, y como tal le impusieron dieciocho años con seis meses de pena privativa de libertad y fijaron en la suma de S/1500,00 (mil quinientos soles) el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar a favor de cada uno de los agraviados.

De conformidad por el fiscal supremo en lo penal. Intervino como ponente el juez supremo NÚÑEZ JULCA.

CONSIDERANDO

I. IMPUTACIÓN FISCAL

1. Según la acusación fiscal1, a las 6:00 horas del 31 de marzo de 2019 cuando los agraviados Luis Sergio Zapata Fuentes, Lucas Fabrizio Fuentes Berrospi y Farit Enrique Campos pozo, retornaban a sus respectivos domicilios ubicados en la avenida Sebastián Barranca en el distrito de La Victoria, después de haber asistido a una reunión social y habiéndose bajado de un taxi en la avenida México a la altura del centro comercial Plaza Vea, fueron abordados intempestivamente por tres sujetos, uno de los cuales portaba un arma de fuego, siendo amenazados y reducidos, utilizando violencia física.

Respecto al agraviado Luis Sergio Zapata Fuentes, al no entregar sus pertenencias, lo sujetaron del cuello y lo arrojaron al piso, recibiendo puntapiés hasta en tres oportunidades, siendo despojado de sus teléfonos celulares (un iPhone, 6 color plateado con número 963 809 573 y un celular marca Motorola modelo G5 de color plata, sin chip, ambos de la empresa Claro) así como de su billetera que contenía la suma de S/400,00 (cuatrocientos soles) entre otros documentos. En cuanto al agraviado Lucas Fabrizio Fuentes Berrospi, fue amenazado con un arma de fuego (revólver), siendo despojado de la suma de S/108,00 (ciento ocho soles). El agraviado Farit Enrique Campos Pozo también fue reducido con el empleo de arma de fuego (revólver) y despojado de su teléfono celular de la empresa Movistar y la suma de S/200,00 (doscientos soles). Le correspondió al procesado JORGE LUIS CUETO LOAYZA la conducta de haber reducido a los agraviados amenazándolos con un arma de fuego (revólver) para que no opusieran resistencia.

A las 6:30 horas aproximadamente del mismo día, en circunstancias que el agraviado César Raúl Patricio Bartolo transitaba por la escalera del pasaje Ognio ubicado en el Cerro El Pino del distrito de La Victoria, fue interceptado por el procesado CUETO LOAYZA quien utilizando un arma de fuego lo amenazó diciéndole literalmente «La plata concha tu madre» y lo golpeó en la cabeza utilizando dicha arma, ocasionándole “HERIDA CONTUSA DE 1CM NO SUTURADA + LEVE TUMEFACCIÓN CIRCUNDANTE EN TERCIO MEDIO DE REGIÓN INTERPARIETAL, EXCORIACIÓN DE 0.3 CM DE DIÁMETRO (02) + EQUIMOSIS ROJIZA CIRCUNDANTE EN CARA ANTERIOR TERCIO INFERIOR DE PIERNA IZQUIERDA OCASIONADO POR AGENTE CONTUNDENTE DURO” según Certificado Médico Legal N.° 012113 de página 61, que concluye una atención facultativa de 2 días por 8 días de incapacidad médico legal, logrando despojarlo de su billetera que contenía la suma de S/1000,00 (mil soles).

Esta acción fue observada por un grupo de personas residentes en el lugar, quienes lograron aprehender al procesado, así como al infractor penal José Daniel Achamizo Mancilla, siendo retenidos hasta la llegada del Superior PNP Martín Reinozo Medina al mando de la unidad policial de placa de rodaje PL-21435 y posteriormente conducidos a las instalaciones del Departamento de Investigación Criminal de La Victoria-San Luis, donde se llevó a cabo la investigación preliminar.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

2. El Tribunal Superior emitió sentencia conformada en contra del recurrente, sobre el razonamiento siguiente:

2.1. La conformidad consta de dos elementos materiales: a) la aceptación de los hechos y b) la manifestación de voluntad del acusado. En el caso de autos, el acusado Cueto Loayza manifestó su conformidad con los cargos expuestos por el fiscal superior y la pena propuesta. Efectuando el control de legalidad, los hechos incoados contra el acusado respecto de los cuales admite su responsabilidad penal, se encuentran subsumidos en el delito de robo agravado, previsto el artículo 188 del Código Penal, con las circunstancias agravantes de los incisos 3 y 4 del artículo 189 y el inciso 1, del segundo párrafo, del artículo 189, del mismo código.

2.2. Desvirtuada la presunción de inocencia, lo que sigue es la determinación de las consecuencias jurídico penales. Se advierte que concurre la circunstancia cualificada de concurso real de delitos, por lo que corresponde individualizar la pena por cada delito de manera independiente; y, al ser agente primario por carecer de antecedentes penales y judiciales y teniendo en cuenta sus condiciones personales y aplicando la reducción de la pena por el beneficio premial de la Ley N.° 28122, le impuso dieciocho años y seis meses de pena privativa de libertad.

2.3. Si bien la Ley N.° 30838, prohíbe la aplicación de la conclusión anticipada del juicio oral para los delitos previstos en los Capítulos IX, X y XI del Título IV del libro segundo del Código Penal, dicha ley no resulta de aplicación al delito de robo agravado, por encontrarse comprendido dentro del Capítulo II del Título V, del libro segundo del Código Penal.

III. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

3. El recurrente CUETO LOAYZA, en su recurso de nulidad fundamentado2, solicitó se declare la nulidad de la sentencia y se ordene nuevo juicio oral. Sostuvo lo siguiente:

3.1. Fue condenado por la comisión de cuatro delitos homogéneos de robo agravado, determinándose que se trata de concurso real de delitos ocurridos en la misma fecha, en espacios y agraviados diferentes; no ha sido motivo de flagrancia con prueba suficiente, ni el imputado se ha sometido a confesión sincera en la etapa de la instrucción, por ello, se determina que el proceso es complejo. Con ello, se inobservó el artículo 2.1 de la Ley N.° 28122 que señala que no procede la conclusión anticipada, cuando el proceso fuere complejo.

3.2. Se ha vulnerado su derecho a la defensa, toda vez que el imputado, ante la falta de defensa particular, aceptó la defensa pública en la audiencia respectiva, sin haber tenido la posibilidad de conferenciar de manera remota con el abogado asignado a razón de las restricciones con motivo de la pandemia COVID-19.

3.3. El audio de la comunicación remota no era fluido ya que se escuchaba entrecortado, sin entenderse bien, con lo que se determina que al imputado no le fue explicado y advertido. Tampoco tenía conocimiento que se le juzgaba por cuatro delitos homogéneos de robo agravado, sin haberse acreditado debidamente de cada uno de ellos.

3.4. El imputado aceptó la defensa pública de diferentes profesionales (en principio fue asignada la abogada Liz del Bueno, siendo reemplazada circunstancialmente para el acto del inicio del juicio oral por la abogada Norma Paitán Gutiérrez y por último, para el acto de lectura de sentencia fue asignada circunstancialmente la abogada Marta Castro Alcántara), sin que tuvieran acceso previo a los autos y a las pruebas y sin que hubiera una conferencia antelada con el imputado para informarle debidamente respecto a los actos de prueba de cargo y descargo de los hechos imputados, restringiéndose su derecho de defensa.

IV. CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL DELITO

4. Los hechos atribuidos fueron calificados jurídicamente como delito de robo agravado, previsto en el artículo 188 (tipo base) concordado con las agravantes de los incisos 3 y 4, del primer párrafo, y del inciso 1 del segundo párrafo, ambos del artículo 189 del Código Penal —modificado por la Ley N.° 30076—, que prescriben:

Artículo 188. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.

Artículo 189. La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: […] 3. A mano armada. 4. Con el concurso de dos o más personas […].

La pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años si el robo es cometido:

1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima.

V. FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

5. El punto de partida para analizar la sentencia recurrida es el principio de impugnación limitada que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal; por el cual se reduce el ámbito de la resolución, únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido y las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.

6. El recurrente Cueto Loayza pretende se declare la nulidad de la sentencia recurrida por improcedencia de la conclusión anticipada y afectación a su derecho de defensa. Corresponde entonces, absolver los reclamos que sustentan su pedido.

7. El recurrente reclamó afectación a su derecho de defensa, sosteniendo una defensa ineficaz. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó que una discrepancia no sustancial con la estrategia de defensa o con el resultado de un proceso no será suficiente para generar implicaciones en cuanto al derecho a la defensa, sino que deberá comprobarse, una negligencia inexcusable o una falla manifiesta. En este caso se han identificado una serie de supuestos no exhaustivos que son indicativos de una vulneración del derecho a la defensa y, en razón de su entidad, han dado lugar como consecuencia la anulación de los respectivos procesos o la revocación de sentencias proferidas: a) no desplegar una mínima actividad probatoria; b) inactividad argumentativa a favor de los intereses del imputado; c) carencia de conocimiento técnico jurídico del proceso penal; d) falta de interposición de recursos en detrimento de los derechos del imputado; e) indebida fundamentación de los recursos interpuestos; y f) abandono de la defensa. [Corte IDH. Sentencia del 5 de octubre de 2015, Caso Ruano Torres y otros vs. El Salvador. Fondo, reparaciones y costas, considerando 166.].

8. Sin embargo, dicho agravio no se da en el caso, como se advierte a continuación:

8.1. En ningún momento del juicio oral, el procesado ha sido desamparado legalmente, pues siempre contó con la asistencia de un abogado defensor. Tal es así que, en la primera sesión del juicio oral3, del 29 de mayo de 2020, se encontraba debidamente asesorado por su abogado defensor particular, el abogado Raúl Real Rostaing, identificado con Registro del CAL N.° 49514. Sesión de audiencia en la que, por la recargada programación de videoconferencias de la Sala, únicamente fueron ofrecidas nuevas pruebas por el Ministerio Público, a las que se adhirió la defensa y esta no ofreció ninguna.

8.2. En la segunda sesión de juicio oral4, del 9 de junio de 2020, no concurrió el abogado defensor particular del procesado Cueto Loayza y fue por este motivo que se le consultó si aceptaba el patrocinio de la abogada defensora adscrita a dicha Sala Penal Liz Magally del Bueno Chuquimajo identificada con Registro CAL N.° 60657 y el imputado, luego de haber conversado con ella, manifestó que si aceptaba el patrocino de la defensora pública, por lo que la Sala Superior, a fin de salvaguardar su derecho de defensa, le asignó a la citada letrada.

En esta sesión de audiencia, el Ministerio Público hizo de conocimiento del imputado todos los extremos de la acusación escrita del 3 de diciembre de 2019 –citada en el fundamento 1 de la presente ejecutoria–. Acto seguido, la directora de debates puso en conocimiento del citado procesado los alcances de la Ley N.° 28122 y se le preguntó si acepta ser autor o partícipe de los delitos materia de acusación y responsable de la reparación civil, pero solicitó se le brinde un tiempo para pensar su respuesta y este fue el motivo por el que la Sala suspendió la audiencia.

8.3. En la tercera sesión del juicio oral5, del 16 de junio de 2020, concurrió el abogado defensor particular del procesado Cueto Loayza, pero no el mismo imputado (por problemas en su traslado desde el penal), por lo que se suspendió la audiencia.

8.4. En la cuarta sesión del juicio oral6, del 23 de junio de 2020, concurrió el procesado pero no asistió su abogado defensor particular. La directora de debates consultó al procesado si aceptaba el patrocinio de la abogada defensora Norma Esperanza Paitán Gutiérrez con Registro CAL N.° 06657, por lo que este, luego de conversar con dicha letrada, manifestó que si aceptaba su patrocinio. El Colegiado, a fin de salvaguardar su derecho de defensa, le asignó a dicha abogada defensora pública.

Retomando el estadio que se encontraba pendiente, la directora de debates nuevamente pone en conocimiento del procesado los alcances de la Ley N.° 28122 y se le preguntó si acepta ser autor o partícipe de los delitos materia de la acusación y responsable de la reparación civil. Entonces, el citado imputado, previa consulta con la abogada defensora pública, respondió que se acoge a la ley de conclusión anticipada. Y su defensa sostuvo que por principio de inmediación y el reconocimiento de los hechos, se tenga en cuenta la aplicación de una pena por debajo del mínimo legal y reparación civil de acuerdo a sus condiciones económicas.

9. El recurrente reclama que no tenía conocimiento de los delitos por los cuales se le juzgaba y que no estaban acreditados ninguno de ellos. Al respecto, en la segunda sesión del juicio oral el Ministerio Público cumplió con exponer el íntegro de su acusación escrita y en ese sentido, el procesado tuvo conocimiento de todos los hechos que se le imputaban así como la calificación jurídica que el fiscal había subsumido para aquellos. Por lo que su reclamo no prospera.

10. Por otro lado, en sus motivos 3.2, 3.3 y 3.4 ha reclamado básicamente que no tuvo la posibilidad de conferenciar de manera remota con la defensa que le fue asignada, la misma que no tuvo acceso al expediente, que el audio de la comunicación remota no era fluido, se entrecortaba y no se entendía bien. Sobre el particular, el procesado Cueto Loayza tuvo la posibilidad de informar de dichas deficiencias ante el plenario a lo largo de las cuatro sesiones de juicio oral ya expuestas; sin embargo, conforme a la revisión de las actas del juicio oral, no lo hizo. Por lo que su agravio no prospera.

Se debe precisar también que, incurre en error el recurrente al indicar que la abogada defensora pública no lo asesoró en la sesión de lectura de sentencia fue Marta Castro Alcántara, pues en realidad fue asistido por la letrada Norma Esperanza Paitán Gutiérrez. Esta abogada de la defensa pública lo venía patrocinando desde la sesión anterior (acogimiento a la conclusión anticipada), y fue bajo su asistencia que el procesado interpuso recurso de nulidad contra la sentencia recurrida.

No se evidencia pues una negligencia inexcusable o una falla manifiesta que hubiere colocado al procesado en un estado de indefensión.

11. Otro de los agravios del recurrente es que no procede aplicar la conclusión anticipada del juicio oral al caso, por tratarse de un proceso complejo. Sin embargo, es al juez de instrucción a quien le corresponde declarar o no la complejidad del proceso. En este caso, conforme al auto de procesamiento7 del 3 de abril de 2019, no se ha establecido que el proceso tenga la naturaleza de complejo, incluso se señaló como plazo de instrucción 120 días naturales, que conforme al artículo 202 del Código de Procedimientos Penales, no corresponde a un proceso complejo, pues el plazo de este es de ocho meses.

Del mismo modo, el artículo 202, inciso 6, del citado código establece que el juez declara complejo el proceso, cuando: “a) requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; b) comprenda la investigación de numerosos delitos; c) involucra una cantidad importante de imputados y agraviados; d) demandan la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; e) necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país; f) involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales; g) revisa la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado”. Supuestos que no concurren en el caso, pues si bien existen cuatro agraviados, la norma exige de manera copulativa la concurrencia de una cantidad importante tanto de agraviados como de imputados y en el caso, solo se daría la pluralidad de agraviados. Además, cuatro agraviados no supone una cantidad lo suficientemente elevada, sobre todo si se tiene en cuenta que los hechos contra tres de aquellos agraviados ocurrieron en un mismo momento. Se advierte pues que este caso concreto no justifica la complejidad del proceso.

12. Entonces, la admisión de los cargos por parte del imputado Cueto Loayza vinculó al Tribunal Superior a dictar una sentencia sustentada en los hechos afirmados por el titular de la acción penal, reconocidos por el recurrente, a la vez que precluyó la posibilidad de cuestionar la ausencia o deficiencia de actividad probatoria de cargo. Dado el carácter dispositivo de la conformidad procesal, no es posible que los sujetos procesales vayan en contra de su propia aceptación de los hechos. Y es que, en efecto, la sentencia no fue consecuencia del juicio oral ni de un debate sobre los hechos y pruebas, sino de una aceptación y reconocimiento voluntario de la responsabilidad por parte del agente del hecho punible.

13. Efectuando un control de tipicidad, el Tribunal Superior correctamente razonó que los hechos en agravio de Luis Sergio Zapata Fuentes, Lucas Fabrizio Fuentes Berrospi y Farit Enrique Campos Pozo fueron subsumidos como tres delitos de robo agravado en concurso real, prescrito en los artículos 188 y 189, primer párrafo, incisos 3 y 4, del Código Penal —modificado por la Ley N.° 30076—; mientras que los hechos en agravio de César Raúl Patricio Bartolo fueron subsumidos en el delito de robo agravado previsto en los artículos 188 y 189, segundo párrafo, inciso 1, del citado código. Para el primer caso, se sanciona cada uno de los tres ilícitos con una pena privativa de la libertad no menor de 12 ni mayor de 20 años y para el segundo caso, con una pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 30 años.

14. Ahora bien, en cuanto al procedimiento de determinación de la pena, se advierte que la Sala Superior utilizó el “sistema de tercios” previsto en el artículo 45-A del Código Penal. Sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia de esta Suprema Corte, tal proceder es incorrecto pues cuando se está frente a tipos penales que incorporan circunstancias agravantes específicas no es de aplicación tal sistema, sino que se toma en cuenta el número de circunstancias para determinar proporcionalmente el marco punitivo8. Y ello obedece a que, entre circunstancias genéricas y específicas, existe una relación normativa de exclusión ya que poseen una estructura propia y autónoma, por ende, sus componentes no pueden intercambiarse o mezclarse entre sí al momento de su aplicación al caso concreto, debiendo primar las circunstancias específicas, con lo cual se pretende evitar la duplicidad valorativa y la lesión al principio non bis in ídem. Las circunstancias genéricas y específicas9.

15. Entonces, para el caso de los delitos de robo agravado en perjuicio de Luis Sergio Zapata Fuentes, Lucas Fabrizio Fuentes Berrospi y Farit Enrique Campos Pozo, el marco punitivo es de 12 a 20 años. Mientras que para el caso del delito de robo agravado en perjuicio de César Raúl Patricio Bartolo, el marco punitivo es de 20 a 30 años.

16. De haberse determinado la pena mediante el sistema propio para delitos con circunstancias agravantes específicas, para cada caso se tendría que haber dividido el margen punitivo en relación a la cantidad de agravantes que tiene cada párrafo del artículo 189 (8 agravantes el primer párrafo y 4 agravantes el segundo párrafo), asignándosele un valor cuantitativo similar a cada una de ellas y luego, partiendo del mínimo legal, a mayor número de circunstancias agravantes específicas, sería mayor la posibilidad de alcanzar el extremo máximo de la pena. Una vez obtenido el resultado parcial se tendría que haber descontado un porcentaje de 1/7 por el beneficio premial de la conclusión anticipada, determinándose así la pena concreta final.

Con esta operación se habría llegado a un quantum punitivo final, mayor al que fue impuesto por la Sala de Mérito en la sentencia recurrida. Sin embargo, al estar prohibida la reforma en peor, tal extremo debe ser ratificado.

17. Finalmente, respecto a la reparación civil. El fiscal en su acusación solicitó la imposición de S/1500,00 en favor de cada uno de los agraviados. La Sala Superior la fijó en dicho monto.

El numeral 2, del artículo 93, del Código Penal establece que aquella implica la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios materiales y morales, y está en función de las consecuencias directas y necesarias que el delito genera en el agraviado; y la estimación de su cuantía debe ser razonable y prudente a fin de cubrir los fines reparadores asignados a dicha institución. En mérito de ello, este Supremo Tribunal considera que aquella se encuentra prudentemente graduada. Por lo tanto, el monto fijado no debe sufrir variación alguna.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, acordaron:

I. Declarar NO HABER NULIDAD en la sentencia conformada del 24 de junio de 2020, emitida por la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que condenó a JORGE LUIS CUETO LOAYZA como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de César Raúl Patricio Bartolo, Luis Sergio Zapata Fuentes, Lucas Fabrizio Fuentes Berrospi y Farit Enrique Campos Pozo, y como tal le impusieron dieciocho años con seis meses de pena privativa de libertad y fijaron en la suma de S/1500,00 (mil quinientos soles) el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar a favor de cada uno de los agraviados.

II. DISPUSIERON se devuelvan los autos al órgano jurisdiccional que corresponda, para los fines de ley y se haga saber.

Intervino el juez supremo Núñez Julca, por licencia de la jueza suprema Pacheco Huancas.


1 Cfr. páginas 331 al 345
2 Cfr. páginas 423 al 427
3 Cfr. páginas 270 al 271
4 Cfr. páginas 272 al 273
5 Cfr. páginas 247 al 275
6 Cfr. páginas 276 al 277
7 Cfr. páginas 119 a 125
8 Cfr. Recurso de Nulidad N.° 393-2018/Sullana, del 24 de julio de 2018, fundamento jurídico cuarto. Emitido por la Sala Penal Permanente.
9 Cfr. Recurso de Nulidad N.° 1434-2019/Lima Norte, emitido el 27 de enero de 2020, por la Sala Penal Permanente.

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