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DELITO DE ROBO – Geolocalización

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 425-2021
LIMA NORTE

NULIDAD PARCIAL DE LA SENTENCIA

El recurrente Mariano Satalaya denuncia que no hay prueba irrefutable de su responsabilidad y que no se ha demostrado con una pericia tecnológica que el celular iPhone sustraído estuvo en su domicilio. Si bien es cierto que el citado teléfono celular no fue encontrado en poder del recurrente, lo cierto es que la tecnología de geolocalización que posee estos teléfonos, permitió que el agraviado Henry Morales Méndez pudiera hacer seguimiento de este equipo, logrando llegar hasta el domicilio del recurrente, donde el agraviado pudo observarlo y reconocerlo inmediatamente como uno de los sujetos que minutos antes perpetró el robo en el interior de la ferretería “Lalo” llevándose su celular iPhone 6 —además de dinero y otros dos teléfonos celulares–; observándose de los actuados que este ha sido plenamente reconocido por los tres agraviados —Flor de María Morales Méndez, Francisco Eneas Valera Cárdenas y Henry Luis Morales Méndez— quienes realizaron la descripción de sus características físicas así como de su concreta participación en el robo, tal como se ve de sus declaraciones a nivel policial, así como en sus testimoniales en juicio oral.

Respecto a Rodríguez Vera, se advierte que la Sala Superior ha incurrido en un déficit de motivación al no haber compulsado adecuadamente, en forma individual y conjunta, la prueba actuada legítimamente, lo que es relevante, en el sentido que afecta la motivación de la resolución impugnada, y a su vez no ha efectuado diligencias fundamentales para esclarecer los hechos. Aquello impide a este Supremo Tribunal revisar el fondo del asunto, por haberse incurrido en la causal de nulidad. Resulta necesario declarar nula la sentencia impugnada en el extremo que condenó a Rodríguez Vera, a fin de que se tome la declaración del testigo Isidro Celso Sánchez Sánchez, se realice una confrontación entre las víctimas y el procesado, así como se actúe la prueba que sea necesaria para el esclarecimiento del caso.

Lima, catorce de junio de dos mil veintidós

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por las defensas de PABLO VICENTE RODRÍGUEZ VERA y JHON JANOVER MARIANO SATALAYA contra la sentencia del 5 de octubre de 2020 emitida por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en los extremos que por unanimidad condenó a Jhon Janover Mariano Satalaya como autor del delito de robo agravado, en perjuicio de Flor de María Morales Méndez, Francisco Eneas Valera Cárdenas y Henry Luis Morales Méndez a doce años de pena privativa de libertad y fijó la reparación civil en la suma de S/8000,00 (ocho mil soles), sin perjuicio de restituir el patrimonio sustraído a cada uno de los agraviados; y que por mayoría, condenó a Pablo Vicente Rodríguez Vera, como coautor del delito de robo agravado en perjuicio de los citados agraviados, a doce años de pena privativa de libertad, y fijó la reparación civil en la suma de S/8000,00 (ocho mil soles), sin perjuicio de restituir el patrimonio sustraído a cada uno de los agraviados.

De conformidad en parte con el fiscal supremo en lo penal. Intervino como ponente la jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERANDO

I. IMPUTACIÓN FISCAL

1. Conforme al dictamen acusatorio del Ministerio Público1, se atribuyó a los imputados Jhon Janover Mariano Satalaya y Pablo Vicente Rodríguez Vera conjuntamente con otros dos sujetos desconocidos, haber sustraído la suma de S/55 600,00 (cincuenta y cinco mil seiscientos soles) y 3 equipos de teléfono celular marca iPhone, Samsung y LG de propiedad de los agraviados Flor de María Morales Méndez, Henry Luis Morales Méndez y Eneas Francisco Valera Cárdenas.

2. El hecho ocurrió el 29 de octubre de 2017 a las 08:00 horas aproximadamente, cuando Flor de María Morales Méndez se encontraba atendiendo al interior de la ferretería ubicado en la avenida Lima N.° 3497, urbanización Perú, San Martín de Porres, a donde llegó una fémina y solicitó la venta de un saco de cemento, quien al cancelar indicó que su pareja lo iba a recoger, ante lo cual la agraviada abrió la puerta de la ferretería. En esos instantes, de manera sorpresiva, ingresaron los imputados con un sujeto desconocido, provistos de armas de fuego, quienes mediante amenazas exigieron el dinero de la caja registradora, el imputado Jhon Mariano Satalaya se apoderó de la suma de S/600,00 (seiscientos soles) de la caja.

Acto seguido, decidieron llevar a la víctima al interior de su domicilio, donde encontraron al agraviado Henry Morales Méndez que se dirigía al baño, donde el imputado Pablo Rodríguez Vera lo despojó de su teléfono celular iPhone, para luego ingresar a la sala, ubicando al agraviado Eneas Valera Cárdenas, quien se encontraba con su menor hijo con las iniciales A. O. V. M. (04), al que lo amarran y amenazan exigiéndole que entregue el dinero de lo contrario matarían o secuestrarían a su menor hijo.

En esos momentos, descendió del piso superior el sobrino de los agraviados con las iniciales C. W. C. M. (14), quien también fue amenazado, e informó a los autores del hecho dónde estaba el dinero, logrando apoderarse de la suma de S/55 000,00 (cincuenta y cinco mil soles) y huir raudamente a bordo de un vehículo que los esperaba afuera.

II. FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPERIOR

3. El Tribunal Superior por unanimidad emitió sentencia condenatoria en contra de Mariano Satalaya y por mayoría emitió condena contra Rodríguez Vera, sobre la base de los siguientes argumentos:

Respecto a Mariano Satalaya

3.1. La Sala por unanimidad sostiene que los tres agraviados, Flor de María Morales Méndez, Francisco Eneas Valera Cárdenas y Henry Luis Morales Méndez, en sus declaraciones testimoniales tienen coincidencia y coherencia, además de precisión y exactitud respecto a cada uno de los detalles que les tocó vivir durante la ejecución del robo.

3.2. Dichos agraviados han reconocido a los dos acusados como los que perpetraron el robo junto a un tercer sujeto de nombre Jonathan Chuyes Hilario, que aparece en la fotografía2. Asimismo, se refuerza con las actas de reconocimiento físico, los que si bien han sido cuestionados por sus defensas, ello no importa su desvinculación pues los agraviados se ratificaron en juicio oral de dichos reconocimientos y reiteraron su imputación.

3.3. También se tienen las declaraciones de los efectivos policiales Adolfo Paredes Morales, Eber Salazar Valentín y Ana María Vilca Asmat que permiten apreciar la forma y circunstancias en cómo se realizó la intervención al acusado y que este fue reconocido por los agraviados como uno de los partícipes del robo.

Respecto a Rodríguez Vera

3.4. La Sala —en mayoría— sostiene que los agraviados en el plenario, de manera uniforme, coherente y persistente han mantenido su imputación en contra del acusado, habiendo reconocido a los dos como sus atacantes. Si bien las diligencias de reconocimiento fueron cuestionadas, ello no importa su desvinculación con los hechos, pues en juicio oral los agraviados se ratificaron.

3.5. Además, se toma en cuenta la declaración de los efectivos policiales Arturo Luciano Paredes Morales que ratificó en juicio oral el acta de registro domiciliario3, y el mérito del acta de registro personal a Rodríguez Vera; la ratificación del efectivo PNP Eber Édgar Salazar Valentín respecto del acta de registro personal de página 59 y el acta de intervención policial4 que inició a las 9:30 y concluyó en horas de la noche, cuando se intervino a Rodríguez Vera.

3.6. Se señala también que existen contradicciones en las declaraciones de Rodríguez Vera, quien no ha presentado a las personas con las que refiere haber estado el día de los hechos, las horas en que afirma haber realizado sus actividades no coinciden por lo que existen contradicciones. En suma, las declaraciones de los agraviados y de los efectivos policiales, se considera que resultan idóneas, legales y suficientes para enervar el principio de presunción de inocencia.

III. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

4. El sentenciado Jhon Janover Mariano Satalaya, en su recurso de nulidad fundamentado, planteó como pretensión que se revoque la sentencia impugnada y se le absuelva de los cargos formulados en su contra. Censura lo siguiente:

4.1. La agraviada cambió su versión de los hechos al señalar, primero, que tres personas ingresaron a su local para llevarse el dinero de la caja registradora y luego señalar que el dinero fue sustraído de un ropero al interior de su domicilio.

4.2. La geolocalización del teléfono no se realizó en tiempo real, por lo que cabe la duda que el teléfono se haya encontrado al interior de su inmueble. Además, el teléfono nunca fue encontrado en su casa según el registro domiciliario y, por propia versión del agraviado, luego se localizó en otro lugar donde tampoco fue ubicado.

4.3. El agraviado Eneas Francisco Valera Cárdenas, al rendir su declaración en juicio, señaló no recordar bien los hechos y fue inducido por los otros agraviados para que los incrimine.

4.4. Existe una contradicción en las declaraciones brindadas por María Morales Méndez y Henry Luis Morales Méndez a nivel preliminar y en juicio. En la primera indican que la fotografía que aparece en la página 29 corresponde a Jhonathan Chuyes Hilario, a quien sindica haber entrado con una gorra detrás de María Morales portando un arma de fuego, mientras que en la segunda refiere que fue él quien realizó esa acción.

4.5. Se dio valor a pruebas ilegales como: la declaración de su menor hija, identificada con las iniciales N. N. M. M. (09), a la que en ningún momento se le advirtió que podría abstenerse a declarar. Y el acta de entrevista de su vecina, Cristina Milagros Matallana, quien nunca fue ofrecida para que declare en juicio y se someta al contradictorio. El agraviado Henry Morales solo buscaba un culpable, sindicando a cualquier persona que se encontraba en dicho inmueble.

4.6. Del acta de su registro personal se advierte que no se le encontró alguna de las especies sustraídas o elementos con el cual se cometiera el robo.

4.7. Y, finalmente, los efectos policiales que acudieron al plenario (Alferez PNP Adolfo Arturo Luciano Paredes Morales, SO PNP Eber Édgar Salazar Valentín y SO PNP Ana María Vilca Asmat) no supieron sustentar adecuadamente su participación en su intervención.

5. El sentenciado Pablo Vicente Rodríguez Vera en su recurso de nulidad fundamentado planteó como pretensión que se revoque la sentencia impugnada y se le absuelva de la acusación fiscal. Censura lo siguiente:

5.1. Existe error y deficiencia en la valoración de las declaraciones de los agraviados Flor de María Morales Méndez, Henry Luis Morales Méndez y Francisco Eneas Valera Cárdenas. Se afirma que son coherentes pero reflejan contradicciones.

5.2. Sostiene el colegiado que la declaración de la agraviada Flor de María Morales Méndez tiene solidez y consistencia, hasta la última pregunta que se le hizo en juicio pero jamás lo reconoció, toda vez que la agraviada señaló reconocer a Mariano Satalaya y “al señor que no estuvo preso”, quien sería la persona de Jhonatan Chuyes Hilario.

5.3. La declaración del agraviado Henry Luis Morales Méndez, quien refiere que en el domicilio de Mariano Satalaya apagan el celular y que con eso la ubicación GPS no es rastreabe; a la media hora aproximadamente lo vuelven a prender y da para su domicilio, pero lo vuelven a apagar.

5.4. Las declaraciones de Francisco Eneas Valera Cárdenas a nivel preliminar y judicial, de donde se obtiene como información que tanto él como el agraviado Henry Morales Méndez, en gran parte del evento criminal, estuvieron atados boca abajo y separados por una cortina del lugar en donde se encontraba la agraviada Flor de María Morales Méndez, por lo que no podrían haberlo reconocido.

5.5. Las actas de reconocimiento físico de los agraviados, no fueron firmadas por la autoridad policial; ni tampoco introducidas al juzgamiento en la lectura de piezas, por lo que no han sido sometidas al contradictorio. No, se cumplió con las formalidades establecidas en el artículo 189.1 del Código Procesal Penal, toda vez que su ficha Reniec fue mostrada antes de la diligencia de reconocimiento en prueba. Asimismo, las personas que participaron en esta diligencia no tenían aspecto semejante a los demás, pues los efectivos policiales participaron en aquella diligencia de investigación.

5.6. Respecto a las declaraciones de los efectivos policiales, se tiene que el alférez PNP Adolfo Arturo Luciano Paredes Morales no participó en las diligencias relacionadas a su intervención como se aprecia de las actas de intervención5 y registro personal6; y tampoco es cierto que se haya practicado algún registro domiciliario en su casa. De igual modo ocurre con la efectivo policial Ana María Vilca Asmat, pues no participó en la intervención del suscrito.

La cercanía de sus inmuebles no es razón suficiente para que se concluya que existe vinculación delictiva entre los acusados.

Tampoco es cierto que existe contradicciones respecto a las horas las que hizo referencia el Tribunal Superior toda vez que nunca señaló que se ha levantado a las seis de la mañana, sino que recibió una llamada de su padre a las seis de la mañana, que nunca contestó, porque sus hijos estaban descansando.

No se realizó un registro domiciliario para verificar in situ el equipo celular sustraído, pues él estuvo en su domicilio cuando fue intervenido.

Se aplicó indebidamente el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CIJ-116 al valorar las declaraciones de los agraviados, pues no se cumplen con los criterios de certeza de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación.

5.7. Y, finalmente, en la apreciación de la prueba indiciaria, no se ha establecido un vínculo entre el hecho base (hecho probado) y el hecho a probar, limitándose a señalar que en el presente caso existe una conexión racional precisa y directa. Además, no se han valorado como contraindicio que en ninguna de las declaraciones del agraviado Henry Morales Méndez señaló que los sujetos que salieron del domicilio de Mariano Satalaya haya sido él; y no existe vinculación alguna con su coacusado según el acta de lectura de memoria de los celulares.

IV. CALIFICACIÓN DEL DELITO MATERIA DE CONDENA

6. Los hechos fueron calificados jurídicamente como delito de robo agravado, tipificado en el artículo 188 (tipo base), concordante con los numerales 1, 3, 4 y 7, del artículo 189, del Código Penal –modificado por el artículo 1 de la Ley N.° 30076–, que prescribe:

Artículo 188. Robo
El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.

Artículo 189. Robo agravado
La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido:
1. En inmueble habitado. […]
3. A mano armada.
4. Con el concurso de dos o más personas. […]
7. En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor.

V. OPINIÓN DE LA FISCAL SUPREMA EN LO PENAL

7. La fiscal suprema en lo penal, en su Dictamen N.° 175-2022-MP-FN- 1°FSUPR.P7, opinó que se declare no haber nulidad en la sentencia impugnada en el extremo que condenó por unanimidad a Jhon Janover Mariano Satalaya y haber nulidad en el extremo que se condenó a Pablo Vicente Rodríguez Vera; y, reformándola, sea absuelto.

VI. FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

8. El punto de partida para analizar la resolución de mérito es el principio de impugnación limitada que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal; en cuya virtud se reduce el ámbito de la resolución únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido, las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.

9. Conforme emerge de los agravios sustentados por los acusados, trasciende como núcleo de pronunciamiento la insuficiencia probatoria en la declaración de culpabilidad de ambos sentenciados. En esa dirección, se realizará un examen de los medios probatorios, así como de las premisas asumidas como probadas por la Sala de Mérito, con la finalidad de determinar si la decisión condenatoria respecto de cada uno de los acusados, encuentra soporte corroborativo en la prueba legítimamente incorporada al proceso penal o si, caso contrario, tienen amparo los agravios recursales.

10. En este caso, son los testigos-agraviados Flor de María Morales Méndez, Henry Luis Morales Méndez y Francisco Eneas Valera Cárdenas, quienes brindaron testimonio respecto al suceso histórico descrito en los fundamentos 1 y 2 de la presente ejecutoria suprema. Relataron que el 29 de octubre de 2017 a las 8:00 horas de la mañana se produjo un robo a mano armada a la “Ferretería Lalo”, realizado por cuatro personas, una de ellas de sexo femenino de nombre Carmen Aracely Camacho Barrientos, quien fingió inicialmente una supuesta compra de cemento, para luego ingresar raudamente al inmueble, amarrando a sus habitantes con cables y despojarlos de la suma de S/55 600,00 (cincuenta y cinco mil seiscientos soles) y tres teléfonos celulares, uno de los cuales era de marca iPhone.

SOBRE EL ACUSADO JHON JANOVER MARIANO SATALAYA

11. La participación del acusado Jhon Janover Mariano Satalaya, queda afirmada positivamente en primer lugar, con el seguimiento mediante tecnología GPS (geolocalización y posicionamiento) realizado por el agraviado Henry Luis Morales Méndez desde el celular iPhone de su enamorada.

Sucede en el caso que, el teléfono celular marca iPhone del agraviado Henry Luis Morales Méndez cuenta con tecnología GPS a través del cual se puede efectuar un rastreo satelital. Es así que el citado agraviado, desde el celular de su enamorada, pudo identificar la señal GPS de su celular sustraído y a medida que la fue siguiendo le tomaba capturas de pantalla que han sido incorporadas al proceso, donde se indican ubicación, fecha y hora del rastreo. Es así que logró llegar al inmueble ubicado en la mz. A, lote 4, urbanización Villa Mercedes Surco (domicilio de dicho procesado), donde fue apagado el teléfono sustraído (ya que dejó de emitir la señal de rastreo), por lo que el agraviado –quien venía efectuando el seguimiento– se estacionó en el lugar para dar aviso a la policía de la comisaría de Surco. Todo ello se aprecia del acta de intervención realizado por el personal policial de Surco.8

Puntualmente, este agraviado Henry Morales Méndez relató que pudo observar cuando salían otros dos sujetos de dicho inmueble —donde se encontraba su teléfono iPhone—, logrando así reconocer inmediatamente a Mariano Satalaya como uno de los sujetos que había perpetrado el robo en su contra.

12. Además, al interior del inmueble de Jhon Janover Mariano Satalaya, según acta de registro domiciliario e incautación, se halló una pistola marca Canik, modelo C-100, calibre 380, dos cacerinas canik compact 380, estando una de ellas abastecida con 14 cartuchos de munición conforme a la citada acta. También se encontró dos caserinas con inscripciones Glock abastecidas con 13 cartuchos cada uno. El procesado Mariano Satalaya señaló ser propietario de estas dos últimas cacerinas.

Si bien el recurrente cuenta con licencia para portar armas, sin embargo, no ha precisado ni acreditado a lo largo del proceso, cuáles son esos trabajos de seguridad que aduce brindar y que justificarían la posesión de dicha arma de fuego y las cacerinas que fueron halladas en su domicilio.

13. Asimismo, obra el reconocimiento efectuado por los tres agraviados Flor de María Morales Méndez, Francisco Eneas Valera Cárdenas y Henry Luis Morales Méndez, quienes efectuaron la descripción de las características físicas de las personas que participaron en el hecho delictivo en su agravio y precisaron la participación concreta de cada uno9; lo cual fue reiterado en juicio oral10.

14. A ello, se suma que el acusado no ha logrado brindar la identidad completa (indica un amigo de nombre Carlos sin precisar apellidos y otros dos más) de las personas que acudieron a su domicilio junto con él a las diez de la mañana para supuestamente beber unas cervezas pero que luego se retiraron. De otro lado, respecto a no haberse hallado el celular al interior de su inmueble, es menester señalar que aquel celular se movió en su geolocalización hacia la dirección del coprocesado Pablo Vicente Rodríguez Vera.

Del mismo modo, conforme lo señaló la testigo Cristina Milagros León Matallana (vecina del acusado Mariano Satalaya), en su entrevista personal llevada a cabo a nivel preliminar y oralizada en el plenario, indicó que luego de que el agraviado Henry Luis Morales Méndez llegó al domicilio manifestando que en dicho lugar estaba el “ratero”, vio cómo su vecino —el acusado— hizo una llamada; posteriormente, llegó una persona de sexo femenino, quien subió al cuarto piso donde vive el citado imputado, se entrevistó con él y se bajó. Ahora, conforme al momento de la llegada del agraviado al citado domicilio y la hora en que se apagó el celular que emitía la señal de GPS, esto tiene correspondencia con la llegada de la citada fémina, momentos en que desaparece la señal del móvil, lo que explica objetivamente porque no se halló el celular del agraviado en el domicilio del acusado. Motivo por el cual se rechaza su agravio.

15. Ahora bien, el recurrente Mariano Satalaya denuncia que no hay prueba irrefutable de su responsabilidad y que no se ha demostrado con una pericia tecnológica que el celular iPhone sustraído estuvo en su domicilio. Si bien es cierto que el citado teléfono celular no fue encontrado en poder del recurrente, lo cierto es que la tecnología de geolocalización que posee estos teléfonos, permitió que el agraviado Henry Morales Méndez pudiera hacer seguimiento de este equipo, logrando llegar hasta el domicilio del recurrente, donde el agraviado pudo observarlo y reconocerlo inmediatamente como uno de los sujetos que minutos antes perpetró el robo en el interior de la ferretería “Lalo” llevándose su celular iPhone 6 —además de dinero y otros dos teléfonos celulares—; observándose de los actuados que este ha sido plenamente reconocido por los tres agraviados—Flor de María Morales Méndez, Francisco Eneas Valera Cárdenas y Henry Luis Morales Méndez— quienes realizaron la descripción de sus características físicas así como de su concreta participación en el robo, tal como se ve de sus declaraciones a nivel policial11, así como en sus testimoniales en juicio oral12, donde persistieron en su incriminación, lo que supera cualquier deficiencia a nivel preliminar.

Por otro lado, los agraviados lo han sindicado a él como una de las personas que las amenazó con un arma de fuego e incluso fueron amarrados para cometer el robo y en efecto tal afirmación tiene correspondencia con el arma de fuego que la policía le incautó al momento de su intervención.

16. El recurrente también reclama que se ha valorado indebidamente la declaración de su menor hija. Si bien la sentencia impugnada tomó en cuenta, la declaración de su menor hija con las iniciales N. N. M. M. (09) brindada en presencia del representante del Ministerio Público y de su señora madre Eidy Moreno Taboada13, al momento de su intervención esta no es trascendente al momento de construir su culpabilidad, dado que existen suficientes elementos que acreditan su vinculación con el hecho delictivo que se le atribuye. Ello, nos permite avalar la conclusión establecida en la sentencia venida en grado, debiendo por tanto ser confirmada en este extremo.

17. Sentada la culpabilidad del acusado, a fin de determinar las consecuencias jurídicas del delito, se tienen en cuenta los artículos 45 y siguientes del Código Penal. Al evaluarse las circunstancias del hecho, así como a sus condiciones personales del acusado, tenía grado de instrucción secundaria completa, contaba con 29 años a la fecha de los hechos, carece de antecedentes penales, pero ninguna de ellas justifica una disminución de la pena por debajo del marco punitivo. Sumado a que tampoco concurren causas de disminución de la punibilidad ni fórmulas de derecho penal premial. Por ello, resulta coherente la pena impuesta de doce años de privación de libertad, que es el mínimo legal para este delito, por lo que dicho extremo de la sentencia impugnada debe ser ratificado.

18. Finalmente, respecto a la reparación civil, el representante del Ministerio Público en su acusación solicitó se imponga S/8000,00 (ocho mil soles) a favor de los agraviados en forma solidaria, pedido que fue ratificado en sus alegatos finales. El numeral 2, del artículo 93, del Código Penal establece que la reparación civil implica la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios materiales y morales, y está en función de las consecuencias directas y necesarias que el delito genera en el agraviado; y la estimación de su cuantía debe ser razonable y prudente a fin de cubrir los fines reparadores asignados a dicha institución. En mérito de ello, este Supremo Tribunal considera que el monto fijado por la Sala de Mérito de S/8000,00 (ocho mil soles) y la devolución del monto sustraído, es proporcional al daño causado.

SOBRE EL ACUSADO PABLO VICENTE RODRÍGUEZ VERA

19. Previamente, cabe puntualizar que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión” que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

20. En el Perú, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales encuentra reconocimiento constitucional expreso. El artículo 139.5 de la norma normarum establece como uno de los principios y deberes de la función jurisdiccional: “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 40 expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”.

21. El Tribunal Constitucional ha emitido sendos pronunciamientos sobre la motivación de las resoluciones judiciales. Sostiene que “uno de los contenidos esenciales del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos, lo que es acorde con el inciso 5, del artículo 139, de la Constitución. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45 y 138 de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa”.

22. En esa línea, la motivación de las resoluciones judiciales comprende la valoración efectiva y adecuada de las pruebas actuadas en el proceso penal, sin omitir el material colectado por las partes procesales y en atención a las reglas de la sana crítica racional, es decir, respetando las reglas de lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. Luego, el resultado probatorio obtenido deber ser objeto del proceso de subsunción típica correspondiente, para determinar el tipo penal aplicable al caso en concreto —si así fuere— y las consecuencias jurídicas penales, civiles y accesorias que genera la responsabilidad penal declarada. Solo la explicitación razonable del razonamiento judicial, que implica justificar tanto la premisa menor (supuesto de hecho) como la premisa mayor (supuesto normativo), puede conllevar a la emisión de una sentencia absolutoria o condenatoria, de modo tal que las partes puedan ejercer sus derechos en el modo, forma y plazo de ley.

23. En el caso concreto, el recurrente Rodríguez Vera alegó errónea apreciación y deficiente valoración de los medios de prueba, lo que constituye una afectación a la motivación de las resoluciones judiciales. En tal sentido, este Supremo Tribunal analizará si en la sentencia impugnada se ha cumplido con motivar debidamente la decisión o, caso contrario, tienen amparo los agravios recursales.

24. La intervención del sentenciado Pablo Vicente Rodríguez Vera, se habría dado también producto de la tecnología de geolocalización del teléfono celular iPhone señalado anteriormente. La Sala de mérito —por mayoría— sostiene que la defensa no ha acreditado sus argumentos y le otorga pleno valor probatorio a las declaraciones de los agraviados y efectivos policiales intervinientes. Al respecto, debemos precisar que la carga de la prueba no puede trasladarse a quien precisamente soporta la imputación, pues ello es un deber constitucional y legal del Ministerio Público, conforme al artículo 159, inciso 4, de la Constitución Política del Perú y artículo 14 del Decreto Legislativo N.° 052 del Ministerio Público. Lo contrario significaría que lo que se sanciona no es lo que está probado en el juicio, sino lo que el imputado no ha podido probar como descargo en defensa de su inocencia. Tal conclusión es por demás errada, en coherencia con la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.° 2192-2004-AA/TC, del 11 de octubre de 2004. Ello afecta la debida motivación.

25. La sentencia materia de análisis detalla como medios de prueba que corroboran la culpabilidad del encausado Pablo Vicente Rodríguez Vera, las declaraciones de los efectivos policiales intervinientes y las actas de intervención policial y registro personal efectuado al mismo. Al respecto, cabe precisar que el acta de registro domiciliario14, ratificado por el efectivo PNP Arturo Luciano Paredes Morales, corresponde a la diligencia efectuada en el domicilio del sentenciado Jhon Janover Mariano Satalaya por lo que resulta impertinente para establecer la responsabilidad de este segundo procesado. Por otro lado, el acta de registro personal de página 59 efectuado a Rodríguez Vera, carece de relevancia para vincularlo con el hecho que se le atribuye, al no habérsele encontrado en posesión de algún objeto relacionado al hecho delictivo —como sí ocurre en el caso de Jhon Janover Mariano Satalaya a quien se le encuentra en poder de un arma de fuego y cacerinas—. Tales premisas constituyen un caso de motivación aparente.

26. De otro lado, la persona de Isidro Celso Sánchez Sánchez (propietario del inmueble donde vivía el recurrente Rodríguez Vera), en su declaración testimonial15, señaló que el 29 de octubre de 2017, vio al procesado a las 8:00 a 8:30 horas y luego a las 9:00 a 9:30 horas, y posteriormente, a las 03:00 p.m. aproximadamente. Sostiene que llegaron efectivos policiales tocando insistentemente la puerta y al preguntarles porque razón tocaban de esa forma, dijeron se había suscitado un robo y que el GPS marcaba la esquina del lugar, respondiéndoles que podía ser cualquiera de las cuatro esquinas, pero le dijeron que marcaba su casa, y le preguntaron si ahí vivía un militar, razón por la cual les mostró su contrato de arrendamiento con Pablo Vicente Rodríguez Vera, pidiéndole los policías que abra la puerta pero les dijo que esperen a que llegue su inquilino; no obstante, empujaron las ventanas para verificar si se encontraba alguien y se retiraron.

27. En el caso concreto el testimonio de la citada persona resulta fundamental para la dilucidación del caso; pues conforme a la acusación fiscal los hechos ocurrieron a las 8:00 horas y conforme al relato del citado testigo ha señalado que durante esa hora, el procesado Rodríguez Vera estuvo en su domicilio, siendo de utilidad incorporar esta declaración, para analizar en conjunto con el resto de medios probatorios si existe o no responsabilidad del procesado.

28. Así, se advierte que la Sala Superior ha incurrido en un déficit de motivación al no haber compulsado adecuadamente, en forma individual y conjunta, la prueba actuada legítimamente, lo que es relevante, en el sentido que afecta la motivación de la resolución impugnada y, a su vez, no ha efectuado las diligencias fundamentales para esclarecer los hechos. Aquello impide a este Supremo Tribunal revisar el fondo del asunto, por haberse incurrido en la causal de nulidad.

29. En estas condiciones, este Supremo Tribunal no puede ingresar a resolver el fondo de la controversia, puesto que la sentencia en el extremo de Pablo Vicente Rodríguez Vera ha incurrido en causal de nulidad, de conformidad con el artículo 298 del Código de Procedimientos Penales. Por tales consideraciones, resulta necesario declarar nula la sentencia impugnada en el extremo que condenó a Rodríguez Vera, a fin de que se actúe la declaración del testigo Isidro Celso Sánchez Sánchez, se realice una confrontación entre las víctimas y el procesado y la prueba que sea necesaria para el esclarecimiento de la participación o no del imputado Rodríguez Vera en los hechos y se emita nueva sentencia por un nuevo Colegiado Superior, que deberá realizar un estudio minucioso y pormenorizado de los autos, examinando en forma integral los medios de prueba incorporados y actuados en el proceso, por lo que es necesario que se tengan en cuenta los fundamentos antes descritos en la presente ejecutoria suprema.

30. En consecuencia, dado que el procesado Pablo Vicente Rodríguez Vera estaba sujeto a la medida coercitiva personal de comparecencia restrictiva y desde la emisión de la sentencia se encuentra como no habido, pues se emitieron órdenes de captura en su contra. Por tanto, deberá dejarse sin efecto y levantar dichas órdenes. Sin embargo, en salvaguarda de que el proceso no sufra dilaciones indebidas, a causa de una posible inconcurrencia a las citaciones que haga la Sala Penal correspondiente, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 273 del Código Procesal Penal, dictándose las medidas correspondientes a efectos de asegurar la presencia del imputado en el proceso.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces supremos de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, declararon:

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia del 5 de octubre de 2020 emitida por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en los extremos que por unanimidad condenó a Jhon Janover Mariano Satalaya como coautor del delito de robo agravado, en perjuicio de Flor de María Morales Méndez, Francisco Eneas Valera Cárdenas y Henry Luis Morales Méndez a doce años de pena privativa de libertad y fijó la reparación civil en la suma de S/8000,00 (ocho mil soles), sin perjuicio de restituir el patrimonio sustraído a cada uno de los agraviados.

II. NULA la referida sentencia en el extremo que por mayoría, condenó a Pablo Vicente Rodríguez Vera, como coautor del delito de robo agravado, en perjuicio de los citados agraviados, a doce años de pena privativa de libertad, y fijó la reparación civil en la suma de S/8000,00 (ocho mil soles) sin perjuicio de restituir el patrimonio sustraído a cada uno de los agraviados. Y, ORDENARON que se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado que tendrá en cuenta los considerandos de la presente ejecutoria suprema y emitirá nueva sentencia.

III. SE DEJE SIN EFECTO las órdenes de captura en contra de Pablo Vicente Rodríguez Vera.

IV. DISPONER que el procesado Pablo Vicente Rodríguez Vera, cumpla las siguientes reglas de conducta: a) no variar de domicilio sin previo aviso del juzgado; b) dar cuenta de sus actividades y cumplir con firmar en el registro de firmas de procesados y sentenciados de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte cada sesenta días; y c) concurrir al llamado del juez a las diligencias que se ordenen.

Intervino la jueza suprema Carbajal Chávez, por licencia del juez supremo Guerrero López.


1 Cfr. páginas 532 a 547.
2 Cfr. páginas 43 y 50
3 Cfr. página 61 y ss.
4 Cfr. páginas 147 y 148
5 Cfr. páginas 147 y 148
6 Cfr. página 59
7 Cfr. páginas 143 a 153 del cuadernillo formado en esta suprema sala.
8 Cfr. página 146 y ss.
9 Cfr. páginas 25 a 29, 39 a 42 y 47 a 49.
10 Cfr. 628 a 640, 669 a 674 y 674 a 678.
11 Cfr. páginas del 25 al 29, del 39 al 42 y del 47 al 49
12 Cfr. páginas del 628 al 640, 669/674 y 674/678)
13 Cfr. páginas del 87 al 89
14 Cfr. página 61 y siguientes
15 Cfr. páginas del 308 al 311

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