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Principio de congruencia recursal e ilogicidad de la motivación en los actos contra el pudor.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.° 402-2020
HUAURA

Principio de congruencia recursal e ilogicidad de la motivación

a. Este principio deriva del principio dispositivo y está referido al límite que tiene el Tribunal revisor en cuanto a su ámbito de alzada, pues solo le está permitido emitir pronunciamiento con relación a la resolución recurrida y a lo que ha sido objeto de cuestionamiento por quien recurre. Esto es, la decisión del Tribunal encuentra su barrera en los puntos a que se refieren los motivos del agravio. En otras palabras, quien conoce la impugnación no puede apartarse de los límites fijados por los argumentos de quien recurre un fallo que le resulta injusto.

b. La ilogicidad es lo contrario a la lógica. A su vez, la lógica es el razonamiento intelectual en que las ideas se manifiestan o se desarrollan de forma coherente, sin que haya contradicciones entre sí. Por tanto, la ilogicidad, en el ámbito de la garantía de la motivación de las resoluciones, podría ser definida como aquella —motivación— que es contraria al razonamiento coherente o libre de contradicciones. En sentido opuesto, una motivación lógica es la que evidencia un razonamiento debidamente estructurado entre sus premisas y la conclusión.

c. En el caso concreto, no se aprecia que se haya vulnerado la causal 1 del artículo 429 del Código Procesal Penal, relacionada con la posible infracción del principio de congruencia recursal, pues, como se ha evidenciado, la Sala Penal de Apelaciones, en mayoría, dio respuesta razonada y razonable a cada motivo impugnatorio. Asimismo, tampoco se aprecia defecto de ilogicidad de la motivación. En tal virtud, el Tribunal Superior, al dictar sentencia de vista, no incurrió en los vitiums in iure denunciados por el encausado. Por tanto, no se afectaron las causales invocadas y el recurso no prospera. Así se declara.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, siete de junio de dos mil veintidós

VISTOS: en audiencia privada, mediante el sistema de videoconferencia, el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del sentenciado Amadeo Jesús Cornelio Marín contra la sentencia de vista, del once de diciembre de dos mil diecinueve (foja 239), emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que confirmó por mayoría la sentencia de primera instancia, del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve (foja 151), que condenó al recurrente como autor del delito contra la libertad sexual-actos contra el pudor en menor de edad, en agravio de la menor S. S. C. C. (diez años); le impuso diez años de pena privativa de libertad e inhabilitación por cinco años, conforme al numeral 5 del artículo 36 del Código Penal (incapacidad del ejercicio de la patria potestad), y fijó en S/ 5000 (cinco mil soles) la reparación civil que deberá ser abonada en favor de la parte agraviada; con lo demás que al respecto contiene.

Intervino como ponente la señora jueza suprema ALTABÁS KAJATT.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero. Itinerario del proceso en etapa intermedia

1.1. El representante de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura, mediante requerimiento acusatorio (foja 1 del expediente judicial), formuló acusación contra Amadeo Jesús Cornelio Marín, como autor del delito contra la libertad sexual-actos contra el pudor en menor de edad, previsto en el numeral 3 del artículo 176- A del Código Penal, concordado con el último párrafo del aludido artículo.

1.2. La audiencia de control de acusación se efectuó el diecisiete de julio de dos mil diecisiete. Culminados los debates, se dictó auto de enjuiciamiento, admitiéndose los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público y se ordenó remitir los autos al Juzgado Penal Colegiado para el juzgamiento respectivo.

Segundo. Itinerario del juicio oral en primera instancia

2.1. Mediante auto de citación de juicio oral, del nueve de agosto de dos mil diecisiete (foja 9 del cuaderno de debates), se citó a las partes procesales a la audiencia de juicio oral, la cual no se llegó a instalar por inasistencia del encausado, quien fue declarado reo contumaz. Al ser detenido y puesto a disposición del Juzgado, la audiencia de juicio oral pudo instalarse, y se desarrolló en varias sesiones, hasta arribar a la lectura del adelanto de fallo, el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, conforme consta en el acta respectiva (foja 142 del cuaderno de debates).

2.2. Mediante sentencia de esa fecha (foja 151 del cuaderno de debates), el Juzgado Penal Colegiado condenó a Amadeo Jesús Cornelio Marín como autor del delito contra la libertad sexual-actos contra el pudor en menor de edad, en agravio de la menor S. S. C. C. (diez años); le impuso diez años de pena privativa de libertad e inhabilitación por cinco años, conforme al numeral 5 del artículo 36 del Código Penal (incapacidad del ejercicio de la patria potestad), y fijó en S/ 5000 (cinco mil soles) la reparación civil que deberá ser abonada en favor de la parte agraviada.

2.3. Contra tal decisión, el sentenciado interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido mediante Resolución número 24, del veinticuatro de junio de dos mil diecinueve (foja 188 del cuaderno de debates); se dispuso la alzada a la Sala Penal Superior.

Tercero. Itinerario del proceso en instancia de apelación

3.1. Corrido el traslado de la impugnación, la Sala Penal de Apelaciones, mediante Resolución número 27, del veinte de agosto de dos mil diecinueve (foja 198 del cuaderno de debates), convocó a audiencia de apelación de sentencia. Instalada esta, se llevó a cabo en cuatro sesiones, conforme consta en las actas respectivas (fojas 213, 222, 231 y 235 del cuaderno de debates).

3.2. El once de diciembre de dos mil diecinueve, se procedió a realizar la audiencia de lectura de sentencia de vista, según consta en el acta respectiva (foja 257 del cuaderno de debate), mediante la cual se confirmó por mayoría la sentencia de primera instancia en todos sus extremos.

3.3. Emitida la sentencia de vista, el sentenciado Amadeo Jesús Cornelio Marín interpuso recurso de casación (foja 274 del cuaderno de debates), concedido mediante Resolución número 37, del seis de enero de dos mil veinte (foja 283 del cuaderno de debates); se ordenó elevar los actuados a la Corte Suprema.

Cuarto. Trámite del recurso de casación

4.1. El expediente fue elevado a la Sala Penal Transitoria y se corrió el traslado respectivo, conforme al cargo de entrega de cédulas de notificación (fojas 76 del cuadernillo formado en la Sala Suprema). Asimismo, se señaló fecha para calificación del recurso de casación, mediante decreto del siete de julio de dos mil veintiuno (foja 81 del cuadernillo formado en la Sala Suprema). En este sentido, mediante auto de calificación del veintisiete de julio de dos mil veintiuno (foja 82 del cuadernillo en la Sala Suprema), la aludida Sala Suprema declaró bien concedido el recurso interpuesto por el sentenciado Amadeo Jesús Cornelio Marín.

4.2. Cabe precisar que mediante Resolución Administrativa número 000378-2021-CE-PJ, del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso que, a partir de la fecha, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República conozca los expedientes tramitados bajo las cláusulas del Código Procesal Penal; motivo por el cual los actuados fueron remitidos a esta Sala Suprema para su trámite respectivo. Así, por decreto del veintinueve de marzo de dos mil veintidós (foja 105 del cuadernillo formado en la Sala Suprema), se procedió al avocamiento de la causa y se dispuso proseguir el trámite según su estado.

4.3. En este contexto, instruidas las partes procesales sobre la admisión del recurso de casación y del avocamiento del proceso de esta Suprema Sala, se señaló como fecha para la audiencia el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, mediante decreto del cinco de mayo de dos mil veintidós (foja 107 del cuadernillo formado la Sala Suprema). Instalada la audiencia, esta se realizó mediante el aplicativo Google Hangouts Meet, con la presencia de la defensa del encausado. Una vez culminada, se produjo la deliberación de la causa en sesión secreta, en virtud de la cual, tras la votación respectiva, el estado de la causa es el de expedir sentencia, cuya lectura en audiencia privada, mediante el aplicativo tecnológico señalado, se efectuará con las partes que asistan, en concordancia con el artículo 431, numeral 4, del Código Procesal Penal.

Quinto. Motivo casacional

5.1. Conforme se estableció en el auto de calificación del recurso de casación, en concordancia con su parte resolutiva, se admitió el recurso, a fin de analizar el caso, de acuerdo con las causales contenidas en los numerales 1 y 4 del artículo 429 del Código Procesal Penal. En este contexto, se emitirá pronunciamiento respecto a dos cuestiones puntuales: i) si la Sala de Apelaciones, conforme a la causal 1 del artículo 429 del Código Procesal Penal, incurrió en infracción del principio de congruencia recursal, con relación a los hechos narrados por la víctima, que constituyen delito de actos contra el pudor, y si este razonamiento cumple con los estándares mínimos de las garantías de certeza establecidos en el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116, y ii) si la sentencia de vista, en mayoría, conforme a la causal 4 del artículo 429 del citado cuerpo adjetivo, se expidió con manifiesta ilogicidad en su motivación, al brindarle mayor valor probatorio a la declaración de la niña brindada en cámara Gesell que a la retractación que brindó en la audiencia de apelación.

Sexto. Agravios del recurso de casación

Los fundamentos relacionados con lo que es objeto de casación excepcional son los siguientes:

6.1. La Sala de Apelaciones, en mayoría, no dio respuesta a todas las cuestiones planteadas en su recurso de apelación, respecto a lo siguiente: i) las contradicciones en que incurrió la niña en el Protocolo de Pericia número 3713-2014-PSC. Allí, señaló haber sido objeto de violación sexual por parte de su padre, e incluso lo ratificó antes de las preguntas sugestivas de la perito, reiterando que la penetró; luego señaló que le sobó en las partes íntimas con el miembro viril; ii) la testigo Sully del Pilar Grados Cornelio declaró que su sobrina —la víctima— siempre pasaba sus vacaciones en su domicilio, desde los ocho años de edad, incluso ese año (2019); y iii) la versión de la niña brindada en cámara Gesell no cumple con el presupuesto de verosimilitud, al no estar corroborada con elementos periféricos.

6.2. La sentencia se expidió con manifiesta ilogicidad en su motivación. En mayoría, resolvió brindar verosimilitud a la declaración de la niña en cámara Gesell y no a la retractación que brindó en la audiencia de apelación.

Séptimo. Hechos materia de imputación

De acuerdo con el requerimiento acusatorio, los hechos imputados son los siguientes:

En febrero de dos mil catorce, la menor de iniciales S. S. C. C. (de diez años de edad) acudió al domicilio de su padre, el ahora imputado Amadeo Jesús Cornelio Marín, ubicado en la Prolongación Moore B- 2, Huacho, con el propósito de pasar las vacaciones de verano con su progenitor y visitar a sus abuelos y su tía Zully (familiares paternos).

Respecto a lo que es materia de incriminación, la primera vez ocurrió en horas de la noche, cuando la menor se fue a dormir con su padre, quien aprovechó para realizarle actos libidinosos. Comenzó quitándole el polo, el pantalón, el formador y la trusa, al tenerla desnuda, se echó encima de ella procediendo a poner y frotar su miembro viril en la vagina y el trasero de la menor. La víctima no comunicó lo sucedido por temor a lo que podía hacerle su padre.

La segunda vez ocurrió en la casa de su tía Zully, ubicada también en la Prolongación Moore B-2, Huacho, en horas de la noche; la menor indicó que llevaron un colchón y, cuando todos dormían, su padre aprovechó para sacarle la ropa y procedió a sobarle el miembro viril en la vagina y el trasero; además, le realizó tocamientos indebidos en los senos. Tampoco esta vez contó a nadie lo sucedido. Finalmente, la tercera vez se suscitó en la casa de su abuelo paterno, ubicada en la avenida 28 de julio número 1780, Chonta, Santa María, en horas de la tarde, cuando visitaban al abuelo de la menor, el imputado aprovechó que este último salió de su casa para llevarla a uno de los cuartos y empezó a sacarle la ropa, la desnudó y comenzó a manosear sus senos, su vagina y su trasero, procediendo a sobarle el miembro viril en la vagina. La menor continuó sin contarle a nadie lo que le ocurrió por temor, hasta que el diecinueve de junio de dos mil catorce, en la ciudad de Lima, decidió contarle lo sucedido a su madre, María Esther Carlos Medrano.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A. La impugnación en el proceso penal

Octavo. Las resoluciones judiciales pueden ser sujeto de cuestionamiento. La vía legal para objetarlas es el recurso, el cual es el medio por el que la parte que se considera agraviada ataca la decisión judicial para provocar su eliminación o un nuevo examen de la cuestión resuelta. La interposición de un recurso —contra una resolución judicial— es entendida como el acto de impugnar, vocablo que, a su vez, tiene las siguientes acepciones: combatir, contradecir y refutar1. La impugnación constituye la manifestación de voluntad de recurrir y esta, a su vez, contiene o evidencia la discrepancia con la decisión que se impugna. En otros términos, impugnar es aquella posibilidad de promover la revisión de una decisión ante el mismo órgano jurisdiccional (reposición) o un órgano decisor superior en grado.

Noveno. Ahora bien, la facultad para impugnar está sujeta a: i) la autorización expresa de la ley para hacerlo y ii) la existencia de un interés directo o agravio2. El Código Procesal Penal, en el artículo 404, prescribe la facultad para recurrir. En el numeral 1 se establece que las resoluciones son recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley. En el numeral 2 se establece que el derecho a impugnar solo le corresponde a quien la ley se lo confiere expresamente. En caso no lo distinga, el derecho corresponde a cualquiera de los sujetos procesales. En el numeral 3 se autoriza al abogado defensor a recurrir en favor de su patrocinado, así como a desistirse de su pedido. En el último numeral, acuña la posibilidad de adherirse a los sujetos procesales, cuando estos tengan derecho de recurrir, antes que la causa sea elevada.

Décimo. La impugnación tiene contenido fundamental. Es un derecho que dimana del numeral 6 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, en que se establece el derecho a la pluralidad de instancia como una expresión del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Así, el numeral 4 del Título Preliminar del Código Procesal Penal estatuye que las resoluciones son recurribles en los casos y el modo previsto por la ley. Este derecho es reconocido también por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el literal h) del numeral 2 del artículo 8, en que se establece que, durante el proceso, toda persona tiene el derecho de recurrir el fallo ante el juez o Tribunal superior.

B. El principio de congruencia o limitación recursal

Decimoprimero. Ahora bien, el derecho a recurrir se rige, a su vez, por principios o criterios limitadores, uno de los cuales —de aplicación general en materia de impugnación— es el principio de limitación recursal. Este principio deriva del principio dispositivo3 y está referido al límite que tiene el Tribunal revisor en cuanto a su ámbito de alzada, pues solo le está permitido emitir pronunciamiento con relación a la resolución recurrida y a lo que ha sido objeto de cuestionamiento por quien recurre. Esto es, la decisión del Tribunal encuentra su barrera en los puntos a que se refieren los motivos del agravio. En otras palabras, quien conoce la impugnación no puede apartarse de los límites fijados por los argumentos de quien recurre un fallo que le resulta injusto. La apelación no es un nuevo juicio íntegro: su objeto es más limitado que el de la instancia. Está marcado por los contornos prefijados por el apelante —y, en su caso, el impugnante adhesivo— en su recurso4.

Decimosegundo. En nuestro ordenamiento legal, este principio se encuentra establecido en el numeral 1 del artículo 409 del Código Procesal Penal, cuyo texto es el siguiente: “La impugnación confiere al Tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante”. Esta norma establece una excepción al principio de limitación, pues, en caso se adviertan nulidades absolutas o sustanciales no invocadas por el impugnante, el Tribunal revisor tiene expedita la posibilidad de declarar nula la resolución recurrida, pero esta excepción no puede ser utilizada en perjuicio del imputado (prohibición de la reformatio in peius). El Tribunal Constitucional, en el Expediente número 05986-2008- PHC/TC, fundamento jurídico número 5, señala:

El principio de limitación, aplicable a toda la actividad recursiva, le impone al superior o Tribunal de alzada la limitación de sólo referirse al tema del cuestionamiento a través de un medio impugnatorio, es decir el superior que resuelve la alzada no podría ir más allá de lo impugnado por cualquiera de las partes. De lo que se colige que en toda impugnación el órgano revisor solo puede actuar bajo el principio de limitación (tantum apelatum quantum devolutum) que a su vez implica reconocer la prohibición de la reformatio in peius, que significa que el superior jerárquico está prohibido de reformar la decisión cuestionada en perjuicio del inculpado más allá de los términos de la impugnación.

Decimotercero. Cabe precisar que si bien la decisión de alzada encuentra sus límites en la proposición de los agravios, es posible omitir el análisis de aquellos —agravios— notoriamente inconducentes. Aunado a ello, es posible, además, que el Tribunal revisor pueda examinar otros puntos para mejorar y extender lo beneficioso a otros no recurrentes5. Esto último guarda relación con el efecto extensivo del recurso, previsto en el numeral 1 del artículo 408 del Código Procesal Penal. Asimismo, en caso que la norma invocada por el recurrente se invoque de manera errónea o no haya sido invocada por este, el Tribunal puede aplicar el derecho que corresponda, en atención al principio iura notiv curia, lo cual no implica un exceso en sus facultades de revisión.

C. Manifiesta ilogicidad de la motivación

Decimocuarto. La ilogicidad es lo contrario a la lógica. A su vez, la lógica es el razonamiento intelectual en el que las ideas se manifiestan o se desarrollan de forma coherente, sin que haya contradicciones entre sí. Por tanto, la ilogicidad, en el ámbito de la garantía de la motivación de las resoluciones, podría ser definida como aquella —motivación— que es contraria al razonamiento coherente o libre de contradicciones. En sentido opuesto, una motivación lógica es la que evidencia un razonamiento debidamente estructurado entre sus premisas y la conclusión.

Decimoquinto. La causal en análisis, como indicara este Supremo Tribunal en la Casación número 790-2019-La Libertad, del veintiséis de abril del presente año, nos posiciona frente a la lógica, esto es, bajo la expectativa y ángulo de una motivación con dicho talante, no con una orientación puramente formal, sino con el sentido de verificar si el ad quem otorgó razón suficiente al juicio de valor esgrimido en su decisión. En efecto, al expedirse una sentencia o una resolución, esta debe contener congruente relación entre las premisas establecidas y las conclusiones a las cuales se arriba, enlazadas con el razonamiento de los jueces; exigencia necesaria para obtener control positivo sobre la logicidad de lo decidido, que deberá satisfacer las siguientes características: a) ser coherente, esto es, exponer razonamientos armónicos entre sí; b) ser derivada, es decir, respetar el principio de razón suficiente, constituido por inferencias razonables colegidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones en virtud de las cuales se vayan determinando; así como c) ser adecuada a las normas de la psicología y la experiencia común, la primera es considerada como ciencia empírica del pensamiento, la cual debe ser aplicada en la valoración probatoria; mientras la segunda está constituida por aquellas nociones atinentes al concepto de cultura común, aprehensibles espontáneamente por el intelecto como verdades indiscutibles6.

Decimosexto. Amerita destacar que para estar ante una sentencia o resolución inválida por ilogicidad, el vicio debe ser decisivo sobre cuestión esencial o relevante, o con interés jurídico que trastoque los parámetros enunciados en los fundamentos noveno y décimo de esta ejecutoria; es más, el vicio debe resultar del propio tenor de la resolución. Por tanto, la ilogicidad de la motivación debe manifestarse con su sola lectura, la cual denote falta de corrección en la argumentación7. En ese escenario, la potestad de control casacional por el Tribunal Supremo en la determinación del vicio en la motivación, materia de pronunciamiento, posee base legal8 y es necesario proceder conforme corresponde.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Decimoséptimo. En el caso, el motivo casacional se circunscribe a dilucidar dos cuestiones puntuales: i) si la Sala de Apelaciones, conforme a la causal 1 del artículo 429 del Código Procesal Penal, incurrió en infracción del principio de congruencia recursal, con relación a los hechos narrados por la víctima, que constituyen el delito de actos contra el pudor, y si este razonamiento cumple con los estándares mínimos de las garantías de certeza establecidos en el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116; y ii) si la sentencia de vista, en mayoría, conforme a la causal 4 del artículo 429 del citado cuerpo adjetivo, se expidió con manifiesta ilogicidad en su motivación, al brindarle mayor valor probatorio a la declaración de la niña brindada en cámara Gesell que a la retractación que brindó en la audiencia de apelación.

Decimoctavo. Respecto al primer punto, relacionado con el principio de congruencia recursal, debemos remitirnos a los agravios expuestos en el recurso de apelación. Así, de acuerdo con el ítem IV “Fundamentos del Recurso”, se aprecia que, en el apartado 4.1 “Sobre la errónea interpretación del Acuerdo Plenario número 02-2005/CJ-116”, el recurrente cuestionó la valoración realizada por el Juzgado Penal Colegiado sobre los siguientes medios de prueba: a) testimonial de María Esther Carlos Medrano, b) testimonial de Sully del Pilar Grados Cornelio, c) testimonial de la perito psicóloga María Yvonne León Vilela y d) Protocolo de Pericia [Psicológica] número 3713-2014-PSC. Luego concluyó que la menor, si bien narró parcialmente los hechos descritos en la acusación, fue específica y persistente en sostener que fue “violada, abusada, y que su padre le metió el pene”, hecho que —acota— no guardaría relación con la acusación.

Decimonoveno. Ahora bien, corresponde verificar si la Sala de alzada, en mayoría, dio respuesta a los agravios propuestos por el encausado. Así, se aprecia que en el considerando 16.3 de la sentencia de vista, ponderó la declaración de María Esther Carlos Medrano (madre de la víctima), quien corroboró que la menor, en los meses de enero y febrero del dos mil catorce, estuvo con su padre; que cuando acabó dicho periodo, le dijo que quería regresarse y, al recogerla, la notó distinta. Asimismo, precisó que su hija le dijo que quería contarle algo, pero que antes no lo dijo por vergüenza, y le contó que cuando durmió con su padre (encausado), él le tocó sus partes en una ocasión; sin embargo, al escucharla en la entrevista en cámara Gesell, tomó conocimiento de que fue en más de una oportunidad.

Vigésimo. En el fundamento 16.5 de la sentencia de vista, la Sala, en mayoría, fue más específica y contestó el agravio del recurrente, quien refería que lo manifestado por María Esther Carlos Medrano (madre de la víctima) solo tiene valor indiciario y que, por sí sola, no podía probar el hecho. Al respecto, la aludida Sala señaló que, efectivamente, por sí sola no tenía valor suficiente; sin embargo, precisó que la versión efectuada por la madre fue ponderada con fines de corroboración de la declaración de la menor agraviada, y que de ambas declaraciones se advertía, al unísono, el lugar donde se cometieron los hechos y el tiempo en el que estos se produjeron, así como la identidad del agresor. Por tanto, se aprecia que, en este extremo, se dio respuesta al agravio realizado por el encausado en apelación.

Vigesimoprimero. Por otro lado, en el mismo fundamento 16.5, la Sala, en mayoría, precisó que sucedía lo mismo con lo señalado por la testigo Sully del Pilar Grados Cornelio (tía de la agraviada), a quien cuestionó del mismo modo que a la anterior testigo, precisando que con dicha declaración se acreditaba la presencia de la menor en el lugar de los hechos en el periodo vacacional del año dos mil catorce, así como el dato proporcionado por la menor, respecto a que se trataba de una vivienda multifamiliar y el lugar donde sufrió el hecho criminoso; información que, según la Sala, en mayoría, resultaba corroborante en cuanto a lo vertido por la menor agraviada. Por tanto, en este extremo, se evidencia que también se le dio respuesta al encausado.

Vigesimosegundo. Por otro lado, con relación al cuestionamiento de la declaración de la perito psicóloga María Yvonne León Vilela y del Protocolo de Pericia Psicológica número 3713-2014-PSC, emitido por la mencionada profesional, se alegó, en cuanto a la testimonial, que dicha perito aseguró que sus técnicas tienen un 95% de fiabilidad, sin que señale cuál es el sustento científico de ello. Asimismo, argumentó que dicha perito no explicó por qué la menor no podría haber sido manipulada y que resultaba contradictorio que asegurase que la menor no le guarda rencor al encausado cuando, según su madre, le tenía miedo y quería cambiarse de apellido.

Vigesimotercero. Al respecto, en el fundamento 17.1 de la sentencia de vista, la Sala, en mayoría, abordó dichos agravios y precisó, en suma, que la perito utilizó instrumentos y técnicas psicológicas aceptadas y utilizadas por el Colegio de Psicólogos del Perú, los cuales se encuentran permitidos, por lo que la conclusión a la que arribó como consecuencia de la evaluación de la menor no permite cuestionamiento alguno.

Vigesimocuarto. Cabe precisar que, en cuanto a que la víctima pudo ser manipulada y al rencor que pudo sentir hacia su padre, materia de cuestionamiento, en el fundamento 16.2 de la mencionada sentencia de alzada —en el análisis de incredibilidad subjetiva—, la Sala, en mayoría, dejó sentado que no existen relaciones de odio, resentimiento, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la sindicación de la menor; y precisó que en juicio oral no se introdujo información referida a la existencia de relaciones que supongan una incredibilidad subjetiva. Asimismo, se indicó que la víctima no pudo ser manipulada por su madre para que le atribuya falsamente hechos a su padre, pues, de acuerdo con la pregunta realizada por la perito psicóloga respecto a si fue su madre quien le dijo que denunciara a su padre, la menor señaló que denunciaron el hecho por propia voluntad. En igual sentido, se dejó establecido que la víctima tenía buena relación filial con su padre antes de ocurridos los hechos. Por tanto, se evidencia que en este extremo se dio respuesta a los agravios del recurrente.

Vigesimoquinto. Cabe precisar que en el escrito de apelación, a modo de conclusión, el recurrente precisó que si bien la menor narró parcialmente los hechos descritos en la acusación, fue específica y persistente en sostener que fue “violada, abusada, y que su padre le metió el pene”, hecho que no guardaría relación con la acusación. Al respecto, en el fundamento 17.2, la Sala, en mayoría, señaló expresamente que se encuentra acreditado que la menor presentó un relato espontáneo, creíble y con secuencia lógica de los hechos, que permite acreditar que la declaración es creíble y verosímil.

Vigesimosexto. Aunado a ello, debemos indicar que verificada la deposición de la menor, efectuada en la entrevista en cámara Gesell, descrita en el protocolo de Pericia Psicológica número 3713-2014-PSC, se aprecia que, efectivamente, señaló que su padre se “echó encima suyo y le comenzó a violar”; empero, también es cierto que al preguntársele si “en alguna oportunidad penetró su vagina”, la menor respondió: “¿Qué es penetrar?”; esto es, denotó un desconocimiento de lo que significa penetración, por lo que su declaración en cuanto afirma que su padre la violó, se debe tomar con las reservas del caso, más aún si al momento de su deposición contaba con diez años de edad.

Vigesimoséptimo. En ese sentido, a lo largo de la jurisprudencia emitida por esta Sala Suprema, se dejó sentado lo siguiente:

La valoración de la declaración de la agraviada como prueba capaz de desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al procesado, no implica que deba tener por ciertas todas y cada una de las afirmaciones que ésta vierta en su declaración, en tanto que dada la naturaleza del delito, no se exige exacta rigurosidad en todos los datos circunstanciales en torno al hecho ilícito, aunque sí en lo sustancial9.

Así, la declaración brindada en cámara Gesell, introducida al plenario al haberse visualizado el CD que contenía dicha entrevista, denotó datos específicos respecto a los tres hechos materia de imputación, y se narró la forma en que el encausado llegó a realizar acciones indebidas sobre las partes íntimas de la menor.

Vigesimoctavo. En tal virtud, no se aprecia que se haya vulnerado la causal 1 del artículo 429 del Código Procesal Penal, relacionada con la posible infracción del principio de congruencia recursal, pues, como se evidenció, la Sala Penal de Apelaciones, en mayoría, dio respuesta razonada y razonable a cada motivo impugnatorio.

Vigesimonoveno. Por otro lado, con relación a la causal 4 del artículo 429 del Código Procesal Penal, se señala que se habría dado mayor valor probatorio a la declaración de la niña brindada en cámara Gesell que a la retractación que brindó en la audiencia de apelación. Al respecto, se aprecia que en la sentencia de vista, la Sala Penal de Apelaciones, en mayoría, evaluó la retractación de la víctima, quien concurrió a declarar a la audiencia de apelación (no lo hizo en el plenario).

Trigésimo. Con relación a ello, se aprecia que la Sala de Alzada, en mayoría, llegó a analizar extensamente la retractación realizada por la agraviada, conforme se aprecia de los fundamentos 19 a 25. En lo sustancial, la víctima declaró en sede de apelación que todo lo alegado en cámara Gesell fue motivado por los celos que sentía por su padre, debido a que este tenía otra pareja que estaba embarazada y con la cual tendría un hijo. Sin embargo, la Sala, en mayoría, precisó que la menor no supo sostener dicha versión, pues no proporcionó la identidad de la nueva relación de su padre, tampoco sabía si habría nacido el bebé, aunado al hecho de que acudió a declarar acompañada de su tía, la hermana del encausado, y no de su madre, con quien actualmente vive y se encarga de su cuidado.

Trigésimo primero. Cabe precisar que la Sala, en mayoría, basó su fundamento en lo establecido por el Acuerdo Plenario número 1- 2011/CJ-116, sobre la apreciación de la prueba en los delitos sexuales, específicamente los fundamentos en los que se dictan lineamientos hermenéuticos respecto a la validez de la retractación de la víctima. Por tanto, el haber descartado la retractación y haberle dado mayor valor probatorio a la declaración de la menor en cámara Gesell fue debidamente motivado y no se aprecia defecto de ilogicidad de la motivación, por lo que la causal invocada tampoco es de recibo.

Trigésimo segundo. Finalmente, cabe resaltar que los órganos de instancia motivaron razonada y razonablemente la responsabilidad penal del encausado. Como sustento básico, se ponderó la declaración de la víctima en cámara Gesell, la cual contó con la presencia del abogado defensor del encausado, del fiscal y de la defensa de la parte agraviada, entre otros, que le dieron legalidad a la diligencia. En ella sindicó al encausado como el autor de los tres hechos materia de imputación. Asimismo, se tuvo en cuenta la pericia psicológica, la declaración de la perito que la suscribió, la visualización de la entrevista en cámara Gesell y la declaración de María Esther Carlos Medrano (madre de la víctima) y de Sully del Pilar Grados Cornelio (tía de la víctima), así como el acta de nacimiento que certificaba que la menor tenía diez años al momento de los hechos. En tal virtud, el Tribunal Superior, al dictar sentencia de vista, no incurrió en los vitiums in iure denunciados por el encausado. No se produjo vulneración del principio de congruencia recursal ni se advirtió ilogicidad de la motivación. Por tanto, no se afectaron las causales invocadas y el recurso no prospera. Así se declara.

Trigésimo tercero. Conforme a lo establecido en el inciso 2 del artículo 504 del Código Procesal Penal, corresponde imponer las costas procesales a la parte recurrente, al haberse desestimado su pretensión impugnatoria.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos miembros de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del sentenciado Amadeo Jesús Cornelio Marín contra la sentencia de vista, del once de diciembre de dos mil diecinueve (foja 239), emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que confirmó por mayoría la sentencia de primera instancia, del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve (foja 151), que condenó al recurrente como autor del delito contra la libertad sexual-actos contra el pudor en menor de edad, en agravio de la menor S. S. C. C. (diez años); le impuso diez años de pena privativa de libertad e inhabilitación por cinco años, conforme al numeral 5 del artículo 36 del Código Penal (incapacidad del ejercicio de la patria potestad), y fijó en S/ 5000 (cinco mil soles) la reparación civil que deberá ser abonada en favor de la parte agraviada; con lo demás que al respecto contiene; en consecuencia, NO CASARON la aludida sentencia de vista.

II. CONDENARON a la parte recurrente al pago de las costas por desestimación del recurso de casación, acorde con el procedimiento legal preestablecido, cuya liquidación estará a cargo de Secretaría de esta Suprema Sala y su ejecución a cargo del juez de la investigación preparatoria correspondiente.

III. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria sea leída en audiencia privada, mediante el sistema de videoconferencia, notificándose a las partes apersonadas ante este Supremo Tribunal, y que se publique en la página web del Poder Judicial.

IV. MANDARON que, cumplidos estos trámites, se devuelvan los actuados al órgano jurisdiccional de origen para que proceda conforme a ley.


1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario. Actualización 2019. Tomado de: https://dle.rae.es/impugnar
2 MAIER, Julio. Los recursos en el procedimiento penal. Editorial del Puerto. Buenos Aires, Argentina: 2006. Segunda edición. P. 2.
3 El principio dispositivo comprende, de un lado, que las partes son soberanas en la defensa de los derechos e intereses materiales que se discuten en el proceso, y son titulares, por tanto, del derecho de acción. De otro lado, las partes son dueñas de la pretensión y, además, vinculan mediante sus pretensiones la actividad decisoria del juez. Tomado de: Sala Penal Transitoria, Recurso de Casación número 385-2016-San Martín, del seis de septiembre de dos mil dieciocho, fundamento jurídico decimoctavo.
4 SALA DE LO PENAL. Tribunal Supremo de España. Recurso de Casación número 10185/2020, del veintiocho de enero de dos mil veintiuno, fundamento de derecho segundo, sexto párrafo, parte in fine.
5 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Lecciones. Editorial Inpeccp- Cenales. Lima, Perú. 2020. Segunda edición. P 948.
6 Ibídem, pp. 162 y 163.
7 Expediente número 00728-2008-PHC/TC, del trece de octubre de dos mil ocho, fundamento 7.
8 Sentencia de Casación número 334-2019, del dieciséis de septiembre de dos mil veinte.
9 SALA PENAL PERMANENTE de la Corte Suprema de la República. Recurso de Nulidad número 3175-2015-Lima Sur, del veinte de abril de dos mil diecisiete. Fundamento jurídico sexto-B. SALA PENAL PERMANENTE de la Corte Suprema de la República. Recurso de Nulidad número 380-2020-Lima Este, del cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Fundamento jurídico tercero.

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