Principio de congruencia recursal e ilogicidad de la motivación en los actos contra el pudor.
27 julio, 2022
La recusación se sustentó en la formulación de una denuncia penal y administrativa, sin que exista pronunciamiento definitivo.
29 julio, 2022

Responsabilidad restringida por la edad, principio de igualdad y disminución del quantum punitivo en el tráfico ilícito de drogas.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.° 528-2020
AYACUCHO

Responsabilidad restringida por la edad, principio de igualdad y disminución del quantum punitivo

a. La responsabilidad restringida por la edad del sujeto activo se encuentra regulada por el artículo 22 del Código Penal. Se trata de una causal de disminución de punibilidad que incide en el ámbito de la culpabilidad. Se aplica en los casos en que el sujeto activo, al momento de cometer el hecho punible, cuenta con una edad mayor de dieciocho y menor de veintiún años o mayor de sesenta y cinco años.

b. El citado artículo 22 del Código Penal, en su segundo párrafo, exceptúa de la aplicación del beneficio de la reducción prudencial de la pena señalada para el hecho punible a aquellos que incurran en la comisión de los delitos que en ella se describen. Así, estas excepciones, previstas en el segundo párrafo, son selectivas y limitativas, ya que descartan de plano el acogimiento a dicha causal de disminución de punibilidad —a diferencia del texto original—, de todo aquel que haya cometido cualquiera de los delitos descritos en el dispositivo legal acotado. Esta selectividad colisiona, cómo no, con el principio de igualdad ante la ley, previsto en el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

c. En el caso concreto, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial, al momento de desarrollar la determinación de la pena, no tuvo en cuenta la responsabilidad restringida por la edad como causal de disminución de punibilidad. En segunda instancia, el Tribunal de alzada no realizó pronunciamiento respecto al quantum punitivo, conforme se desprende de los fundamentos que componen la sentencia de vista, al no presentarse agravios relacionados con la pena impuesta; sin embargo, dicha situación no es óbice para que el juzgador se pronuncie sobre la dosificación punitiva, debido a que se trata de una cuestión legal que tiene que ver con la sanción a imponer al procesado. En este contexto, se advierte que los órganos jurisdiccionales de instancia, al no aplicar dicha causal, vulneraron el precepto material y, además, se apartaron de la doctrina jurisprudencial establecida por las Salas Penales Supremas.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, catorce de junio de dos mil veintidós

VISTOS: en audiencia pública, mediante el sistema de videoconferencia, el recurso de casación interpuesto por el sentenciado Ever Yauli Áyvar contra la sentencia de vista, del veintiuno de enero de dos mil veinte (foja 358), emitida por la Sala Mixta Descentralizada Permanente del Vraem de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirmó la sentencia de primera instancia, del cuatro de febrero de dos mil diecinueve (foja 110), que lo condenó como coautor del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas- transporte de sustancias químicas controladas para ser destinadas a la elaboración de droga agravado, en agravio del Estado, a quince años de pena privativa de libertad, doscientos treinta y dos días-multa e inhabilitación por el plazo de la pena, conforme a los incisos 6, 7 y 9 del artículo 36 del Código Penal; y fijó en S/ 25 000 (veinticinco mil soles) el monto de la reparación civil en favor de la parte agraviada, la cual deberá ser cancelada en forma solidaria; con lo demás que al respecto contiene.

Intervino como ponente la señora jueza suprema ALTABÁS KAJATT.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero. Itinerario del proceso en etapa intermedia

1.1. El representante de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de Huamanga, mediante requerimiento acusatorio, formuló acusación contra Guillermo Pérez Luján, Antonio Morales Quispe, Hernán Pérez Vargas, Rubén Yuri Bautista Chacchi, Yober Yauli Áyvar y el recurrente Ever Yauli Áyvar, por el delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas-transporte de sustancias químicas controladas para ser destinadas a elaboración de droga agravado, previsto en el tercer párrafo del artículo 296 del Código Penal, concordado con el primer párrafo del artículo 297, numeral 6, del aludido código, en agravio del Estado.

1.2. Realizada la audiencia de control de acusación, el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se dictó auto de enjuiciamiento, se admitieron los medios de prueba ofrecidos por las partes procesales y se ordenó remitir los autos al Juzgado Penal Colegiado para el juzgamiento respectivo.

Segundo. Itinerario del juicio oral en primera instancia

2.1. Mediante auto de citación de juicio oral, del doce de septiembre de dos mil dieciocho (foja 3 del cuaderno de debate), se citó a las partes procesales a la audiencia de juicio oral. Instalada esta, se desarrolló en varias sesiones, hasta arribar a la lectura de sentencia, el cuatro de febrero de dos mil dieciocho, conforme consta en el acta respectiva (foja 107 del cuaderno de debate).

2.2. Es así como, mediante sentencia de la aludida fecha, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho condenó a Guillermo Pérez Luján, el recurrente Ever Yauli Áyvar, Antonio Morales Quispe, Hernán Pérez Vargas y Yober Yauli Áyvar como coautores del mencionado delito, a quince años de pena privativa de libertad, doscientos treinta y dos días-multa e inhabilitación por el plazo de la pena, conforme a los incisos 6, 7 y 9 del artículo 36 del Código Penal; y fijó en S/ 25 000 (veinticinco mil soles) el monto de la reparación civil en favor de la parte agraviada, la cual deberá ser cancelada en forma solidaria.

2.3. Contra dicha decisión, los sentenciados, entre ellos Ever Yauli Áyvar, y el representante del Ministerio Público interpusieron recurso de apelación. Dichos recursos fueron concedidos por Resolución número 11, del catorce de junio de dos mil diecinueve (foja 237 del cuaderno de debate), disponiéndose la alzada a la Sala Penal Superior.

Tercero. Itinerario del proceso en instancia de apelación

3.1. Corrido el traslado de la impugnación, la Sala Penal de Apelaciones, mediante Resolución número 14, del quince de agosto de dos mil diecinueve (foja 266 del cuaderno de debate), convocó a audiencia de apelación de sentencia, la cual se llevó a cabo en varias sesiones, conforme a las actas respectivas, y la última sesión concluyó el ocho de enero de dos mil veinte (foja 354 del cuaderno de debate).

3.2. El veintiuno de enero de dos mil veinte, se procedió a realizar la audiencia de lectura de sentencia de vista, según consta en el acta respectiva (foja 375 del cuaderno de debate), mediante la cual se decidió declarar infundados los recursos de apelación y, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia en todos sus extremos.

3.3. Emitida la sentencia de vista, los sentenciados Antonio Morales Quispe, Yober Yauli Áyvar, Ever Yauli Áyvar, Hernán Pérez Vargas y Guillermo Pérez Luján interpusieron recurso de casación. Los recursos de los dos últimos fueron declarados improcedentes por extemporáneos, conforme se desprende de la Resolución número 20, del diez de marzo de dos mil veinte (foja 425 del cuaderno de debate). Sin embargo, los recursos de Antonio Morales Quispe, Yober Yauli Áyvar y Ever Yauli Áyvar fueron concedidos mediante Resolución número 21, del diez de marzo de dos mil veinte (foja 425 del cuaderno de debate), y se ordenó elevar los actuados a la Corte Suprema.

Cuarto. Trámite del recurso de casación

4.1. El expediente fue elevado a la Sala Penal Transitoria y se corrió el traslado respectivo, conforme al cargo de entrega de cédula de notificación (foja 86 del cuadernillo formado en la Sala Suprema). Asimismo, se señaló fecha para calificación del recurso de casación, mediante decreto del nueve de julio de dos mil veintiuno (foja 88 del cuadernillo formado en la Sala Suprema). En este sentido, mediante auto de calificación del seis de agosto de dos mil veintiuno (foja 106 del cuadernillo formado en la Sala Suprema), la aludida Sala Suprema declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos por los sentenciados Antonio Morales Quispe y Yober Yauli Áyvar; y, de oficio, declaró bien concedido el recurso de casación interpuesto por el sentenciado Ever Yauli Áyvar.

4.2. Cabe precisar que, mediante Resolución Administrativa número 000378-2021-CE-PJ, del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso que, a partir de la fecha, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República conozca los expedientes tramitados bajo las cláusulas del Código Procesal Penal; motivo por el cual los actuados fueron remitidos a esta Sala Suprema para su trámite respectivo. Así, por decreto del cinco de mayo de dos mil veintidós (foja 122 del cuadernillo formado ante este Supremo Tribunal), se procedió al avocamiento de la causa y se dispuso proseguir el trámite según su estado; asimismo, se señaló fecha de la audiencia de casación para el veintitrés de mayo de dos mil veintidós.

4.3. Instruidas las partes procesales sobre la admisión del recurso de casación y el avocamiento del proceso, así como la fecha señalada para la audiencia, esta se instaló y realizó mediante el aplicativo Google Hangouts Meet, con la presencia de la defensa del encausado y del representante del Ministerio Público. Una vez culminada, se produjo la deliberación de la causa en sesión secreta, en virtud de la cual, tras la votación respectiva, el estado de la causa es el de expedir sentencia, cuya lectura en audiencia pública, mediante el aplicativo tecnológico señalado, se efectuará con las partes que asistan, en concordancia con el artículo 431, numeral 4, del Código Procesal Penal.

Quinto. Motivo casacional

5.1. Conforme se estableció en el auto de calificación del recurso de casación, en concordancia con su parte resolutiva, el aludido recurso se admitió a fin de analizar el caso, de acuerdo con las causales 3 y 5 del artículo 429 del Código Procesal Penal, pues no se habría considerado al momento de efectuar la determinación de la pena, la responsabilidad restringida por la edad, prevista en el primer párrafo del artículo 22 del Código Penal, lo que, además, constituiría un apartamiento de la doctrina jurisprudencial emitida por la Corte Suprema.

Sexto. Agravios del recurso de casación

Con relación a lo que es objeto de casación no se tienen agravios expresos. La casación fue concedida al advertir el Tribunal Supremo que el encausado sería responsable restringido por la edad, cuestión que no se habría considerado para la determinación del quantum punitivo.

Séptimo. Hechos materia de imputación

De acuerdo con el requerimiento acusatorio, los hechos imputados son los siguientes:

A. Circunstancias precedentes

El día dos de noviembre de dos mil diecisiete, a las 00:30 horas aproximadamente, cuando el personal policial del puesto de control móvil sur TRANCA-UNIICDIQ-DIVICDIQ-DIRANDRO-PNP, efectuaba acciones de interdicción contra el TID y TIIQRF, en la carretera San Antonio San Miguel, logró divisar tres vehículos, los cuales transitaban en forma sospechosa, por lo que, el personal policial a bordo de la móvil TMP-0888, procedió a su persecución [sic].

B. Circunstancias concomitantes

Realizada la persecución policial de los tres vehículos, a la altura del pueblo de Sacharaccay se procedió a la intervención de una camioneta 4×4, marca Toyota Hilux, color blanco, de placa A9U-815, conducido por Guillermo Pérez Lujan, identificado con D. N. I. N.° 70346448; vehículo que se hallaba cargado en la parte superior (tolva) con trece bidones conteniendo IBQF Ácido Sulfúrico; asimismo, a cien metros de la misma vía, se intervino una camioneta 4×4 marca Toyota, modelo Hilux, color gris oscuro, de placa C7H-891, conducido por Antonio Morales Quispe, con D. N. I. N.° 47648870, cuyo copiloto al parecer de sexo masculino logró darse a la fuga, aprovechando la oscuridad de la noche, no pudiendo el personal policial lograr su captura, deteniéndose en el asiento trasero a Hernán Pérez Vargas, identificado con D. N. I. N.° 44298163, dicho vehículo se hallaba cargado en su parte posterior (tolva), con diez bidones conteniendo IBQF Ácido Sulfúrico. Prosiguiendo con la intervención policial, a unos cuatro kilómetros del lugar de la primera intervención, en la carretera conocida como “la Roja o carretera Arcillosa”, se logró intervenir una camioneta marca Toyota modelo Hilux, color plateado, de placa BY4-923, cuyo conductor y sus ocupantes en número desconocido, lograron darse a la fuga aprovechando la oscuridad de la noche y lo agreste de la zona rural, cuya captura a pesar del desplazamiento policial en su búsqueda no fue efectuada. Así realizado el registro al vehículo intervenido, en la tolva, se halló doce bidones conteniendo IBQF Ácido Sulfúrico.

Al realizarse el análisis químico del contenido de los treinta y cinco bidones incautados en la intervención policial de los referidos vehículos en el operativo policial efectuado en la carretera San Antonio-San Miguel, se logró determinar que corresponden a Ácido Sulfúrico-IBQF, con un peso bruto total de 2 032 820 kilogramos, conforme dictamen químico: IQPF N.° 252/2017 [sic].

C. Circunstancias posteriores

Con fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, el imputado Rubén Yuri Bautista Chacchi, brindó su declaración indagatoria, quien refirió ser el propietario del vehículo de placa de rodaje B4Y-923 —tercer vehículo interceptado—. Indicó que dicho vehículo lo había alquilado a la persona de Yober Yauli Ayvar (hermano mayor de Ever Yauli Ayvar), para que el día primero de noviembre realice transporte Público de pasajeros desde la localidad de Tambo hacia el “CP de Vicus” (sic) y viceversa de la jurisdicción del mismo distrito del Tambo, luego Yober Yauli Ayvar le llamó desde su celular con número de abonado 963 603 426 ese mismo día y le dijo que también le alquile el dos de noviembre, porque había movimiento por el día de los muertos, por cada día de alquiler le iba a pagar el monto de S/ 100 (cien soles), no han suscrito ningún tipo de contrato de alquiler. Del mismo modo, señala que el día dos de noviembre de do mil diecisiete, cuando se encontraba regando su chacra en Qeqra, la persona de Yober Yauli Ayvar le buscó llorando y le dijo que había sido intervenido su vehículo en Tranca por personal policial cuando hacía carrera para VRAEM trasladando cargamento de insumo y se había escapado, momento en que le hizo entrega de la llave de contacto y los documentos del vehículo, comprometiéndose que lo solucionaría. También indica que enterado de esta situación el mismo dos de noviembre, se apersonó al puesto de control Tranca y le dijeron que su vehículo lo había traído para esta ciudad de Huamanga, apersonándose a la investigación a través de su abogado el tres de marzo de dos mil diecisiete.

El seis de marzo de dos mil dieciocho, el imputado Rubén Yuri Bautista Chacci, acompañado de su abogado Epifanio Castro Cahuana reconoció mediante imágenes (fotos) en ficha RENIEC a la persona de Yober Yauli Ayvar. El aludido Rubén Yuri Bautista Chacci, en dicho acto indicó que la persona que acababa de reconocer fue quien le alquiló su vehículo y el día dos de noviembre le comunicó personalmente que había sido intervenido su vehículo en Tranca cuando transportaba insumos químicos para la selva, de quien a la fecha desconoce su paradero.

Luego de haber ampliado la investigación preparatoria contra Yober Yauli Ayvar, con fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se recabó la declaración del citado imputado [sic]. En la pregunta diez de su declaración señala que el día primero de noviembre de dos mil diecisiete, aproximadamente a las 17:40 horas conjuntamente con su esposa llegó a su casa en el anexo de Huayao, es el caso que cuando se disponían a cocinar tocaron la puerta de su casa y cuando salió vio que eran dos personas desconocidas y le preguntaron si era chofer, a lo que respondió que sí, luego le preguntaron si tenía otro amigo o familiar que tenga un carro, a lo que respondió que sí, refiriéndose a Rubén Yuri Bautista Chacchi, a lo que las personas desconocidas le dijeron que se comunicara con el citado para transportar una carga en ruta larga. Entonces se comunicó con Rubén Yuri Bautista Chacchi, refiriéndole que había personas interesadas que necesitaban un carro para el transporte de una carga y que, si estaba interesado vaya y converse personalmente, a lo que él aceptó, arribando de 20 a 25 minutos aproximadamente. Rubén Yuri Bautista Chacchi se puso a conversar con los dos desconocidos y aceptó llevar la carga, luego esas dos personas desconocidas le dijeron que también necesitaban otro carro más, entonces llamó al señor Guillermo Pérez Lujan y de similar forma le dijo que había personas que necesitaban una movilidad para transportar carga para la selva, ruta larga y que si estaba interesado, vaya a su casa donde estaban los desconocidos, quien aceptó y llegó conduciendo su carro en 25 minutos desde Tambo, también aceptó llevar la carga. Entonces se dirigieron al lugar de donde tenían que recoger [sic]. Una de las personas se subió al carro de Rubén Yuri Bautista Chacchi, mientras que el otro desconocido se subió al carro de negro que se desplazó hacia adelante, mientras su persona se quedó en su casa. Luego cuando se encontraba comprando arroz en una tiendita, se apareció el señor Rubén Yuri Bautista Chacchi conduciendo su carro acompañado de la persona de Hernán Pérez Vargas y es cuando Rubén Yuri Bautista Chacchi le dijo vas a conducir mi vehículo que es una ruta larga y que las personas desconocidas le iban a pagar, a lo que aceptó. Luego se fueron al lugar donde se encontraba la carga, la misma que estaba en una chacra a una distancia de cien metros de la tiendita donde estaba comprando arroz, al llegar a ese lugar pudo ver gran cantidad de sacos de abono e igual cantidad de bidones, observando que el carro negro ya estaba cargado con los bidones, igualmente el carro que conducía Guillermo Pérez Lujan, faltando cargar el carro de Rubén Yuri Bautista Chacchi, mientras cargaban a este carro los otros dos esperaban, y cuando terminaron de cargar la persona de Rubén Yuri Bautista Chacchi, le entregó el volante para conducir mientras él se sentó en el asiento del copiloto, precisando que Hernán Pérez Vargas, pasó a ocupar el segundo carro negro , uno de los desconocidos también estaba en el segundo carro, mientras que el segundo desconocido no estaba en este lugar. Antes de partir la persona desconocida que quedó en este punto le entrega un papelito con un número de celular 941085249 y le dijo en caso de que ocurriera cualquier cosa en el trayecto él le llamara, partiendo desde este punto.

El primer vehículo en partir fue conducido por Guillermo Pérez Lujan, acompañado de la persona de Ever Yauli Ayvar (su hermano), el segundo vehículo de color negro en partir fue conducido Antonio Morales Quispe acompañado de la persona desconocida y de Hernán Pérez Vargas, mientras que como tercer vehículo partieron ellos, él conducía mientras que en el asiento del copiloto se desplazaba Rubén Yuri Bautista Chacchi. La distancia que separaba al primer al segundo vehículo era de veinte a treinta metros aproximadamente, mientras que el tercer vehículo que él conducía estaba a una distancia de ochenta a cien metros porque Rubén Yuri Bautista Chacchi que no acelere para no malograr su carro. Habiendo recorrido del lugar de donde se cargaron los insumos aproximadamente dos horas. Rubén Yuri Bautista Chacchi fue quien escuchó voces de personas, entonces vieron que los dos carros que iban adelante no avanzaban y pensaron que se trataba de un asalto, es por ello que para evitar que algo les pase decidieron escapar corriendo, Rubén Yuri Bautista Chacchi sacó la llave del contacto, papeles del carro y salió también corriendo, abandonando su vehículo en plena carretera con el cargamento de los bidones, luego de haber corrido unos cien metros aproximadamente, se pusieron a caminar llegando a un pueblito que desconoce su nombre a eso de las 03:50 de la madrugada del 02 de noviembre de dos mil diecisiete, lugar de donde tomaron un carro que venía de Huamanga y bajaron en Tambo a las 05:00 horas aproximadamente, la persona de Rubén Yuri Bautista Chacchi se quedó en Tambo, porque él vivía allí, en tanto su persona se dirigió a Huayao. Agrega que él y su esposa se dirigieron después a San Miguel para averiguar y ver a las personas intervenidas en la comisaría de ese lugar, porque uno de los intervenidos era su hermano Ever Yauli Ayvar, solo vieron la parte externa no entrevistándose con nadie, para luego retornar [sic].

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A. Responsabilidad restringida

Octavo. La responsabilidad restringida por la edad del sujeto activo se encuentra regulada por el artículo 22 del Código Penal. Se trata de una causal de disminución de punibilidad que incide en el ámbito de la culpabilidad. Se aplica en los casos en que el sujeto activo, al momento de cometer el hecho punible, cuenta con una edad mayor de dieciocho y menor de veintiún años o mayor de sesenta y cinco años.

Noveno. En su redacción primigenia, la aplicación de dicha causal era de alcance general. Esto es, bastaba con que el agente se encontrase en el rango de edad estipulado, sin importar el delito que cometiese. Sin embargo, dicha norma penal fue modificada en el tiempo. En efecto, mediante el artículo único de la Ley número 27024, publicada el veinticinco de diciembre mil novecientos noventa y ocho, el legislador incorporó un segundo párrafo con la finalidad de excluir de esta causal la atenuación en función del tipo de delito cometido. De este modo, se excluyó de sus alcances a los agentes que hubiesen incurrido en los delitos de violación de la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, atentado contra la seguridad nacional y traición a la Patria u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua.

Décimo. A partir de la incorporación del segundo párrafo, que excluye de su aplicación a ciertos delitos, el legislador adoptó el criterio político- criminal de ampliación de las excepciones. Así, mediante el artículo 1 de la Ley número 30076, publicada el diecinueve agosto dos mil trece, excluyéndose el rango de delitos, se amplió —además de los ya previstos— al agente integrante de una organización criminal o a quien haya incurrido en delito de homicidio calificado, homicidio calificado por la condición oficial del agente, feminicidio, extorsión, secuestro, robo agravado, tráfico ilícito de drogas y apología del terrorismo. Por otro lado, mediante la única disposición complementaria modificatoria del Decreto Legislativo número 1181, publicado el veintisiete de julio dos mil quince, se modificó la aludida norma penal, para excluir de la aplicación de la causal de disminución de punibilidad a los delitos de sicariato, conspiración para el delito de sicariato y ofrecimiento para el delito de sicariato, genocidio, desaparición forzada y tortura.

B. Inaplicación del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal

Decimoprimero. Como se puede apreciar, el citado artículo 22 del Código Penal, en su segundo párrafo, exceptúa de la aplicación del beneficio de la reducción prudencial de la pena por debajo del mínimo legal, señalada para el hecho punible, a aquellos que incurran en la comisión de los delitos que en ella se describen. Así, estas excepciones, previstas en el segundo párrafo, son selectivas y limitativas, ya que descartan de plano el acogimiento a dicha causal de disminución de punibilidad a todo aquel que haya cometido cualquiera de los delitos descritos en el dispositivo legal acotado. Esta selectividad colisiona, cómo no, con el principio de igualdad ante la ley, previsto en el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, cuyo tenor literal es el siguiente: “Toda persona tiene derecho: a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole”.

Decimosegundo. Cabe precisar que el respeto de este principio está vinculado a la prohibición de toda forma de discriminación. Al respecto, las Salas Penales de la Corte Suprema han fijado una posición interpretativa con relación a la no admisión de excepciones a la regla de atenuación de pena por responsabilidad restringida. En este sentido, se ha señalado que las exclusiones fijadas en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal implican una discriminación no autorizada constitucionalmente. Esta postura interpretativa se ha asumido en las siguientes decisiones plenarias:

> Acuerdo Plenario número 4-2008/CJ-116, del dieciocho de julio de dos mil ocho, fundamento jurídico undécimo:

Los jueces penales […] están plenamente habilitados a pronunciarse, si así lo juzgan conveniente, por la inaplicación del párrafo segundo del artículo 22° del Código Penal, si estiman que dicha norma introduce una discriminación —desigualdad de trato irrazonable y desproporcionada, sin fundamentación objetiva suficiente— que impidan un resultado jurídico legítimo.

> Acuerdo Plenario número 4-2016/CIJ-116, del doce de junio de dos mil diecisiete, fundamentos jurídicos decimocuarto y decimoquinto:

La Ley incluye una discriminación no autorizada constitucionalmente […] si la edad del agente está referida a su capacidad penal, no es razonable configurar excepciones a la regla general en función de criterios alejados de este elemento, como sería uno centrado en la gravedad de ciertos delitos. La gravedad del hecho es un factor que incide en la entidad, importancia, relevancia social y forma de ataque al bien jurídico vulnerado, mientras que la culpabilidad por el hecho incide en factores individuales concretos del agente, al margen del hecho cometido, que tiene su propio baremo de apreciación […]. La disminución de la pena, según el presupuesto de hecho del artículo 22 del Código Penal, no tiene su fundamento causal y normativo en las características y gravedad del injusto penal, sino en la evolución vital del ser humano […].

> Sentencia Plenaria Casatoria número 1-2018/CIJ-433, del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, fundamento jurídico 27, numeral 4, segundo párrafo: “Es claro, de otro lado, que la minoría relativa de edad del imputado es una causal de disminución de la punibilidad y no puede excluirse en función del hecho punible perpetrado […]”.

El criterio de aplicación de la responsabilidad restringida por la edad para cualquier delito cometido por el sujeto activo se ha ratificado, además, a través de la doctrina jurisprudencial emitida por el Tribunal Supremo, prevista en las Sentencias de Casación números 1057- 2017/Cusco, del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho; 1672- 2017/Puno, del dieciocho de octubre de dos mil dieciocho; 214-2018/del Santa, del ocho de noviembre de dos mil dieciocho, y 1662-2017, del veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, entre otras. Así, se ha consolidado como jurisprudencia constante la aplicación de la cláusula de aminoración punitiva del artículo 22, primer párrafo, del Código Penal, para toda clase de delitos.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Decimotercero. En este contexto, de acuerdo con lo descrito en el considerando quinto de la presente ejecutoria, se analizará el caso de acuerdo con las causales 3 y 5 del artículo 429 del Código Procesal Penal, pues, al momento de efectuar la determinación de la pena, no se habría considerado la responsabilidad restringida por la edad, prevista en el primer párrafo del artículo 22 del Código Penal, lo que podría constituir un apartamiento de la doctrina jurisprudencial emitida por la Corte Suprema.

Decimocuarto. Así, no está en discusión el juicio histórico que culminó en condena. Lo que es objeto de dilucidación es el extremo de la pena impuesta al sentenciado Ever Yauli Áyvar por el delito contra la salud- tráfico ilícito de drogas en la modalidad de transporte de sustancias químicas controladas para ser destinadas a la elaboración de drogas. En tal virtud, con relación a la primera causal admitida, debemos indicar que los hechos, en el caso bajo análisis, datan del dos de noviembre de dos mil diecisiete. En esa fecha, el aludido encausado tenía dieciocho años, tres meses y tres días, pues nació el treinta de agosto de mil novecientos noventa y nueve, fecha de nacimiento que se encuentra inserta en el requerimiento de acusación (foja 03 del cuadernillo formado en este Supremo Tribunal) y cotejada mediante el Sistema Integrado de Justicia de esta Sala Suprema. Por tanto, la realidad y contundencia de estos datos, plenamente favorables al recurrente, permiten afirmar que el encausado era menor de veintiún años y que le eran aplicables los alcances de la disminución de la punibilidad, previstos en el primer párrafo del artículo 22 del Código Penal.

Decimoquinto. Ahora bien, frente a esta circunstancia, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial, al momento de desarrollar la determinación de la pena en la sentencia del cuatro de febrero de dos mil diecinueve (foja 110), en modo alguno tuvo en cuenta esta causal de disminución de punibilidad. En segunda instancia, el Tribunal de alzada no realizó pronunciamiento respecto al quantum punitivo, conforme se desprende de los fundamentos que componen la sentencia de vista, del veintiuno de enero de dos mil veinte (foja 358), al no presentarse agravios relacionados con la pena impuesta; sin embargo, dicha situación no es óbice para que el juzgador se pronuncie sobre la dosificación punitiva, debido a que se trata de una aplicación de precepto penal que tiene que ver con la sanción que se impondrá al procesado.

Decimosexto. Es cierto que el artículo 22, segundo párrafo, del Código Penal excluye los efectos de la responsabilidad restringida para los casos de tráfico ilícito de drogas. Empero, esto no debe entenderse como una prohibición absoluta y sin matices, conforme se ha desarrollado ut supra, pues dicha prohibición vulnera el principio de igualdad ante la ley, previsto en el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Por tanto, es perfectamente aplicable dicha causal de disminución de punibilidad para toda clase de delitos. En este contexto, al no haberse aplicado la referida causal, pese a que existía la obligación de incorporarla en el juicio de determinación judicial de la pena, al tenerse el dato cierto sobre la edad del recurrente, se vulneró el precepto material.

Decimoséptimo. Cabe precisar que, con relación a la segunda causal, resulta evidente que, al no aplicarse la reducción de la pena por responsabilidad restringida por la edad, la Sala Penal Superior y el Juzgado Penal Colegiado se apartaron de los criterios establecidos por las Salas Supremas en los acuerdos plenarios señalados ut supra, así como la constante jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo. En este contexto, debe censurarse la no aplicación del artículo 22 del Código Penal por el Tribunal Superior y, por tanto, estimar el recurso de casación por apartamiento de doctrina jurisprudencial.

Decimoctavo. Ahora bien, el primer párrafo del artículo 22 del Código Penal exige una disminución prudencial de la pena, siempre por debajo del mínimo legal, pero observando la proporcionalidad adecuada al caso. Concretamente, el Ministerio Público solicitó la pena de dieciséis años por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado. El aludido delito, previsto en el tercer párrafo del artículo 296 del Código Penal, con la agravante contenida en el numeral 6 del artículo 297 del mismo cuerpo normativo, tiene una pena conminada no menor de quince ni mayor de veinticinco años. La pena impuesta en contra del encausado fue de quince años. Así, el quantum de lo que corresponde disminuir, en los casos en que se verifique responsabilidad restringida, no responde a criterios legales, tasados o predeterminados, sino que atiende a la prudencia del juzgador. Al otorgársele un amplio margen de discrecionalidad, deberá seguir criterios racionales.

Decimonoveno. En el contexto, de conformidad con los hechos acaecidos y probados, al no existir ninguna atenuante privilegiada o circunstancias que permitan la reducción de la pena, distintas a la responsabilidad restringida, en aplicación del aludido primer párrafo del artículo 22 del Código Penal, se debe realizar una rebaja por debajo del mínimo, esto es, por debajo de los quince años, considerando, además, lo preceptuado en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, relativo a la proporcionalidad de las sanciones, y se debe realizar una reducción de cinco años, según los criterios ya mencionados,.

Vigésimo. Cabe precisar que la verificación de esta causal de disminución de punibilidad también afecta a las penas de multa e inhabilitación, circunstancia no apreciada por los órganos de instancia. Así, de acuerdo con la sentencia emitida por el a quo, ratificada por la sentencia de vista, se aprecia que se impuso al recurrente doscientos treinta y dos días-multa; sin embargo, el tipo penal agravado materia de condena, vigente al momento de los hechos, sanciona con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. Por tanto, corresponde una reducción por debajo del mínimo, y 120 días-multa resulta proporcional a los hechos acaecidos.

Vigesimoprimero. Asimismo, en cuanto a la pena de inhabilitación, se aprecia que, de acuerdo con la sentencia de primera instancia, ratificada por la sentencia de vista, se impuso al recurrente la pena de inhabilitación “por el plazo de la pena” (sic), conforme a los incisos 6, 7 y 9 del artículo 36 del Código Penal. Con relación a este extremo, el Ministerio Público solicitó que se imponga inhabilitación por el plazo de tres años y dos meses, de conformidad con el artículo 36, inciso 2, del código citado. Al respecto, no existe motivación, tanto en la sentencia de primera instancia como la de vista, respecto a la fijación de la pena de inhabilitación. Independientemente de ello, este Tribunal Supremo observa que el delito imputado tiene fijada la pena de inhabilitación. Por tanto, se trata, de una inhabilitación principal que, de acuerdo con el artículo 38 del referido cuerpo normativo, modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1243, publicado el veintidós de octubre de dos mil dieciséis, vigente al momento de los hechos, “se extiende de seis meses a diez años”. En tal virtud, corresponde reducir también este extremo por debajo del mínimo, y resulta razonable que se fije en cuatro meses de inhabilitación.

Vigesimosegundo. Cabe precisar, además, que la inhabilitación se fijó conforme a los incisos 6, 7 y 9 del artículo 36 del Código Penal; sin embargo, en cuanto a los incisos mencionados, no se encuentran previstos en la noma sustantiva, y los conminados son los incisos 1, 2, 4, 5 y 8; por ende, en virtud del principio de legalidad, debe declararse su nulidad y, de acuerdo con la condición del encausado, debe ser fijada la inhabilitación que corresponda. Por tanto, en el caso concreto, se debe fijar la inhabilitación prevista en el numeral 4 del artículo 36 del Código Penal; esto es, incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero comercio o industria.

Vigesimotercero. En consecuencia, de conformidad con la parte in fine del numeral 1 del artículo 432 del Código Procesal Penal y lo desarrollado precedentemente, se debe casar también el extremo que fija la pena de multa e inhabilitación.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos miembros de la Sala Penal Permanente de Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON FUNDADO el recurso de casación por quebrantamiento de precepto material y apartamiento de doctrina jurisprudencial, interpuesto por el encausado Ever Yauli Áyvar contra la sentencia de vista, del veintiuno de enero de dos mil veinte (foja 358), emitida por la Sala Mixta Descentralizada Permanente del Vraem de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirmó la sentencia de primera instancia, del cuatro de febrero de dos mil diecinueve (foja 110), que lo condenó como coautor del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas-transporte de sustancias químicas controladas para ser destinadas a elaboración de droga agravado, en agravio del Estado, a quince años de pena privativa de libertad, doscientos treinta y dos días-multa e inhabilitación por el plazo de la pena, conforme a los incisos 6, 7 y 9 del artículo 36 del Código Penal; y fijó en S/ 25 000 (veinticinco mil soles) el monto de la reparación civil en favor de la parte agraviada, que deberá ser cancelada en forma solidaria.

II. CASARON la aludida sentencia de vista, en el extremo que confirmó la pena privativa de libertad, días-multa e inhabilitación impuesta al recurrente Ever Yauli Áyvar, y actuando en sede de instancia: i) REVOCARON la sentencia de primera instancia, del cuatro de febrero de dos mil diecinueve, emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, en el extremo que impuso al recurrente Ever Yauli Áyvar quince años de pena privativa de libertad; que fijó doscientos treinta y dos días multa e “inhabilitación por el plazo de la pena”; REFORMÁNDOLA, le impusieron diez años de pena privativa de libertad, que con el descuento de carcelería que viene sufriendo, desde el dos de noviembre de dos mil diecisiete, vencerá el primero de noviembre de dos mil veintisiete; y ciento veinte días-multa y cuatro meses de inhabilitación, conforme al numeral 4 del artículo 36 del Código Penal, esto es, incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero comercio o industria; y ii) NULA la mencionada sentencia de primera instancia, en el extremo que fijó inhabilitación por los incisos 6, 7 y 9 del artículo 36 del Código Penal.

III. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria sea leída en audiencia pública, mediante el sistema de videoconferencia, que se notifique a las partes apersonadas ante este Supremo Tribunal y se publique en la página web del Poder Judicial.

IV. MANDARON que, cumplidos estos trámites, se devuelvan los actuados al órgano jurisdiccional de origen para que proceda conforme a ley.

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