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La recusación se sustentó en la formulación de una denuncia penal y administrativa, sin que exista pronunciamiento definitivo.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECUSACIÓN N.º 15-2022
LIMA

Infundada la recusación

Se observa que los fundamentos esbozados en la solicitud de recusación se sustentan en la formulación de una denuncia penal y una denuncia administrativa, mas no en un pronunciamiento de fondo expedido con motivo de dichas denuncias; y, tal como lo ha destacado la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, las referidas denuncias formuladas son actos unilaterales en ejercicio de un derecho.

Lima, veintiocho de junio de dos mil veintidós

VISTOS: el presente incidente en mérito a la Resolución número 1, del veintiocho de abril de dos mil veintidós, en virtud de la cual la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, por competencia, dispuso reconducir y elevar a este Tribunal Supremo la solicitud de recusación formulada por el procesado Rodolfo Orellana Rengifo contra los señores jueces superiores Luz Victoria Sánchez Espinoza, César Augusto Vásquez Arana y Bonifacio Meneses Gonzales en su calidad de integrantes de la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el marco del proceso que se le sigue por el delito de cohecho activo específico, en agravio del Estado.

Intervino como ponente la señora jueza suprema CARBAJAL CHÁVEZ.

CONSIDERANDO

I. Antecedentes

Primero. La defensa del procesado Rodolfo Orellana Rengifo formuló recusación contra los señores jueces superiores integrantes de la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, al amparo de lo dispuesto en el inciso e) del numeral 1 del artículo 53 concordante con el artículo 54 del Código Procesal Penal, y sobre el particular sostuvo lo siguiente:

1.1. Recusa a los jueces superiores integrantes de la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima por la denuncia presentada contra ellos el siete de abril de dos mil veintidós por abuso de autoridad, prevaricato, encubrimiento personal y omisión de denuncia ante el Ministerio Público; así como la denuncia de administración presentada el ocho de abril de dos mil veintidós ante la Junta Nacional de Justicia, en la cual solicita la investigación sancionatoria de destitución por violación del derecho a ser oído, a interrogar testigos y a la igualdad de armas.

1.2. Precisa que se vulneró el derecho a la defensa, y se configuraron actos de abuso de autoridad y prevaricato por parte de los integrantes de la Sala Superior, en razón de lo siguiente:

1.2.1. Se le negó su derecho a ser oído en juicio. Asimismo, señaló que no se le dejó hablar en las audiencias del juicio y especialmente en la audiencia del primero de abril de dos mil veintidós a las 11:20 horas, aproximadamente, en la cual los magistrados de la Sala Superior utilizaron su facultad disciplinaria para impedir que el procesado hiciera uso de palabra y dejara constancia de las irregularidades que se habrían estado produciendo en el proceso. Además, se le indicó que no podía intervenir en las audiencias y todo debía plantearlo a través de la defensa pública en las audiencias posteriores, pese a encontrarse en el penal de Puno y no tener forma alguna de comunicarse con su abogado dentro de la propia audiencia, aun cuando es su derecho. También se le habría amenazado con ser expulsado de las audiencias, lo cual habría convertido su juicio en un “linchamiento” que culminará con una condena.

1.2.2. Se vulneró su derecho a interrogar a los testigos, toda vez que el tenor del artículo 375 del Código Procesal Penal no determina que los procesados y, más aún, aquellos que sean abogados no puedan ejercer el derecho a interrogar a los testigos. En este punto, se aplica supletoriamente el artículo 227 del Código Procesal Civil y guarda relación con lo dispuesto en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que en su condición de procesado y abogado tiene derecho a interrogar a los testigos, lo cual fue desconocido por la Sala Superior y se violó su derecho de defensa.

1.2.3. Se vulneró su derecho a ser tratado con igualdad, conforme a lo previsto en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Penal, por cuanto era necesario que ejerciera su derecho a ser escuchado durante el proceso, más aún si no contaba con un abogado a su lado para transmitir argumentos. Se le señaló que se valorarían sus argumentos si eran presentados y que solo podía conversar con su abogado cuando terminara la audiencia, es decir, cuando el momento de dejar constancia de una actuación irregular hubiera pasado.

1.2.4. Especificó que, respecto al delito de abuso de autoridad que se atribuye a los integrantes de la Sala Superior, el acto arbitrario que se ha cometido, en el caso en particular, consiste en haber realizado actos concretos para vulnerar el derecho de defensa: derecho a ser oído, derecho a interrogar y derecho a la igualdad de armas en audiencia de juicio mediante el abuso de su cargo y acallar a la defensa mediante actos arbitrarios de supuesto orden disciplinario.

1.3. Respecto al delito de prevaricato que se atribuye a los integrantes de la Sala Superior, indica que se emitieron resoluciones consecutivas sin motivación, que impidieron el derecho de defensa: derecho a ser oído, derecho a preguntar a los testigos y derecho a la igualdad de armas frente al Ministerio Público.

1.4. Respecto al encubrimiento delictivo, destaca que se recibió la declaración testimonial de la abogada Maribel Castillo Chihuán, quien tenía la condición de colaboradora eficaz identificada con la clave número 05-2015 y cuya identidad se reveló a partir de un escrito que la citada presentó solicitando que se resolviera su petición de cosa juzgada. Empero, aun cuando la Sala Superior informó en audiencia que se había resuelto su petición, dicha resolución se mantendría en secreto, pese a la protesta de los abogados de la defensa, que argumentaban que los fundamentos de dicha resolución de cosa juzgada podrían aplicarse a los procesados. Además, la citada testigo admitió que la información proporcionada por ella había sido extraída de un disco perteneciente a su empresa, lo cual se llevó a cabo sin ninguna autorización, por lo que se habría incurrido en el delito de hurto y, producto de ello, tenía información que estaba presentando a la Fiscalía, lo que constituiría prueba ilícita por haber nacido de la comisión de un delito. Pese a ello, la Sala Superior indicó que eso lo podría resolver en la sentencia, que no se permitiría ninguna intervención porque correspondía a su abogado defensor de oficio y que, si volvía a intervenir, se le excluiría del juicio oral por indisciplinado.

II. Absolución del grado

Segundo. El trámite de recusación cuando el juez no conviene o rechaza de plano, como en el caso que nos ocupa, se rige por el artículo 56 del Código Procesal Penal, que establece que “formará el incidente y elevará las copias pertinentes en el plazo de un día hábil a la Sala Penal competente”; asimismo, por lo señalado en la Ley número 31308, publicada el veinticuatro de julio de dos mil veintiuno, que modifica el artículo 454, numeral 4, del código adjetivo, que glosa lo siguiente: “Contra las decisiones emitidas por el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria y la Sala Penal Especial Superior procede recurso de apelación, que conocerá la Sala Penal de la Corte Suprema”, y deja zanjada la competencia de esta Sala Suprema como segunda instancia.

Tercero. Invocamos los principios y derechos de la administración de justicia, como son las garantías del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, previstas en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú, así como la debida motivación de las resoluciones judiciales, contemplada en el artículo 139, inciso 5, del mismo texto normativo.

Cuarto. Igualmente, destacamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, sobre la imparcialidad, ha señalado que “considera que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio”1, y ha precisado, en el caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, que la posición que adopta sigue la línea jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Quinto. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional del Perú, en la sentencia recaída en el Expediente número 02851-2010-PA/TC, indica lo siguiente:

Siguiendo la línea jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que “Un Tribunal no podría; sin embargo, contentarse con las conclusiones obtenidas desde una óptica puramente subjetiva; hay que tener igualmente en cuenta consideraciones de carácter funcional y orgánico (perspectiva objetiva). En esta materia, incluso las apariencias pueden revestir importancia […] debe recusarse todo juicio del que se pueda legítimamente temer una falta de imparcialidad. Esto se deriva de la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar a los justiciables”.

A partir de ello, se tiene que el máximo intérprete de la Constitución deja zanjada su postura respecto a la óptica subjetiva y objetiva de la imparcialidad, entendiendo a la segunda como aquella referida a las consideraciones de carácter funcional y orgánico que contempla el sistema como mecanismos de garantía contra la parcialidad judicial, sobre la base de lo cual se erigen las instituciones de inhibición (abstención) y recusación.

Sexto. Así, la importancia de la incorporación de estos mecanismos de garantía se sustenta en la búsqueda de preservación y garantía de la objetividad e imparcialidad con la que debe llevarse a cabo un proceso, en el marco de un Estado constitucional y democrático de derecho.

Séptimo. En el caso, se observa que los fundamentos esbozados por el recurrente en su solicitud de recusación se sustentan en la formulación de una denuncia penal y una denuncia administrativa, mas no en un pronunciamiento de fondo expedido con motivo de dichas denuncias; y, tal como lo ha destacado la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, las referidas denuncias formuladas son actos unilaterales en ejercicio de un derecho.

Octavo. Aunado a ello, más allá de la alegación referida a la existencia de denuncias, no se ha incidido en sostener cómo ello, de forma objetiva, incidiría en la imparcialidad de los magistrados integrantes de la Sala Superior, tanto más si no existe un pronunciamiento de fondo y se trata de denuncias sobrevenidas a la instauración del juzgamiento, en mérito a las cuales el recurrente formula la presente solicitud de recusación. Así también, observamos que se han esbozado argumentos relativos al trasfondo del contenido de las denuncias, cuyos mecanismos de tutela a quien se considera agraviado tienen vías procedimentales propias.

Noveno. Igualmente, cabe destacar que, respecto al principal argumento del procesado, la Sala Superior hace constar que, de acuerdo con el portal del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, el procesado Rodolfo Orellana Rengifo está suspendido y, según el artículo 286 del Texto Único Ordenado del Poder Judicial, no podría ejercer la profesión a través del patrocinio. Empero, el procesado tiene una defensa técnica garantizada, así como el derecho a contar con un abogado de libre elección que lo defienda. Por todo ello, corresponde aprobar el rechazo de la recusación formulada.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON INFUNDADA la recusación interpuesta por el procesado Rodolfo Orellana Rengifo en el curso del proceso que se le sigue por el delito de cohecho activo específico, en agravio del Estado.

II. ORDENARON que la presente causa se remita en el día, al órgano jurisdiccional llamado por ley a fin de que el proceso siga su trámite, conforme a su estado.

Intervino el señor juez supremo Núñez Julca por vacaciones del señor juez supremo Coaguila Chávez

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