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Delitos de homicidio culposo y lesiones culposas- Deber de los órganos jurisdiccionales de analizar los elementos constitutivos de la reparación civil.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.° 866-2020
AREQUIPA

Fundado el recurso de casación

Se declara fundado el recurso de casación al haberse acreditado la concurrencia de las causales casacionales alegadas. De la revisión de la sentencia de vista recurrida se advierten vicios nulificantes, que también afectaron la sentencia de primera instancia, por lo que deberá emitirse un nuevo pronunciamiento, previo juicio oral.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, ocho de julio de dos mil veintidós

VISTOS: en audiencia pública—mediante el aplicativo Google Meet—, el recurso de casación interpuesto por Claudia Fátima Cusirramos Montesinos, constituida en tercero civil responsable, contra la sentencia de vista emitida el diecisiete de agosto de dos mil veinte por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que confirmó la sentencia de primera instancia del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, que condenó a José Vicente Quispe Choquemamani como autor de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, en agravio de César Fernando Quispe Roque, Mercedes Teodora Ticona Núñez, Anaís Ysabel Sayra Gutiérrez, Giancarlos Mamani Ticona y Jorge Luis Gutiérrez Guzmán, y en consecuencia le impuso cuatro años de pena privativa de libertad convertida a jornadas de prestación de servicios a la comunidad, inhabilitación para la conducción de vehículos por el mismo plazo y el pago de S/ 174,000.00 —ciento setenta y cuatro mil soles— por concepto de reparación civil a favor de los agraviados y de su sucesión en caso de los fallecidos. Asimismo, adicionó que la reparación civil se pague de manera solidaria con el tercero civil; con los actuados que acompaña.

Intervino como ponente el señor juez supremo SEQUEIROS VARGAS.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero. De los hechos imputados

El cuatro de junio de dos mil quince, aproximadamente a las 7:00 horas, el vehículo de placa B1B-570, de propiedad de Claudia Fátima Cusirramos Montesinos, era conducido por José Vicente Quispe Choquemamani, quien no contaba con licencia de conducir y se desplazaba por la carretera Panamericana en sentido noroeste-sur llevando en el vehículo diez pasajeros, entre ellos, Jorge Luis Gutiérrez Guzmán, que se dirigía de Arequipa a Moquegua.

A las 7:20 horas, aproximadamente, a la altura del kilómetro 1023, debido a que conducía a una velocidad inadecuada, invadió el carril contrario y colisionó frontalmente con el vehículo de placa VIJ-353, conducido por César Fernando Quispe Roque, quien llevaba como pasajeros a Mercedes Teodora Ticona Núñez, Anaís Ysabel Sayra Gutiérrez y Giancarlos Mamani Ticona, desde Moquegua con destino a Arequipa. Como resultado, César Fernando Quispe Roque, Mercedes Teodora Ticona Núñez y Anaís Ysabel Sayra Gutiérrez resultaron fallecidos y Giancarlos Mamani Ticona y Jorge Luis Gutiérrez Guzmán, con lesiones.

El representante del Ministerio Público determinó que el acusado infringió las normas de tránsito establecidas en los artículo 89, 90 (inciso B), 93, 107, 135 (numeral 1) y 161 del Reglamento Nacional de Tránsito. El acusado, a través de su defensa, refirió que se encontraba cansado y con somnolencia.

Segundo. Itinerario del procedimiento

2.1. El cinco de septiembre de dos mil diecinueve el Juzgado Penal Unipersonal de Islay de la Corte Superior de Justicia de Arequipa resolvió condenar a José Vicente Quispe Choquemamani como autor de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, en agravio de César Fernando Quispe Roque, Mercedes Teodora Ticona Núñez y Anaís Ysabel Sayra Gutiérrez — fallecidos—, así como de Giancarlos Mamani Ticona y Jorge Luis Gutiérrez Guzmán —lesionados—; en consecuencia, le impuso cuatro años de pena privativa de libertad convertida a jornadas de prestación de servicios a la comunidad, inhabilitación para la conducción de vehículos por el mismo plazo y el pago de S/ 174,000.00 —ciento setenta y cuatro mil soles— por concepto de reparación civil, a razón de S/ 50,000.00 —cincuenta mil soles—, S/ 50,000.00—cincuenta mil soles— y S/ 70,000.00 —setenta mil soles— a favor de la sucesión de César Fernando Quispe Roque, Mercedes Teodora Ticona Núñez y Anaís Ysabel Sayra Gutiérrez, respectivamente, así como de S/ 4,000.00—cuatro mil soles— a favor de Jorge Luis Gutiérrez Guzmán.

2.2. No conformes con la sentencia citada, el condenado y el tercero civil interpusieron recursos de apelación contra esta, lo que fue resuelto mediante la sentencia de vista del diecisiete de agosto de dos mil veinte, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que resolvió confirmar en todos sus extremos la sentencia de primera instancia y, además, adicionó que el pago de la reparación civil se realice de manera solidaria con el tercero civil.

2.3. Contra esta última sentencia, Claudia Fátima Cusirramos Montesinos, incorporada al proceso como tercero civil responsable, interpuso recurso de casación, por lo que se elevaron los actuados pertinentes a la Corte Suprema. Luego del trámite correspondiente, con alegatos complementarios, se admitió el recurso y se dejó el expediente por diez días en la Secretaría de esta Sala Suprema para los fines pertinentes —conforme al artículo 431.1 del Código Procesal Penal (en adelante CPP)—. Vencido el plazo, se fijó fecha de audiencia de casación para el miércoles veintidós de junio de dos mil veintidós. Culminada esta, de inmediato, se produjo la deliberación de la causa en sesión privada —en la que se debatieron el contenido del expediente y las alegaciones oralizadas en la vista—, en cuya virtud, tras la votación respectiva y al obtener el número de votos necesarios, corresponde pronunciar la presente sentencia de casación, cuya lectura se dará en audiencia pública en la fecha.

Tercero. Argumentos del recurso de casación

3.1. Claudia Fátima Cusirramos Montesinos, incorporada al proceso como tercero civil responsable, interpuso recurso de casación excepcional—artículo 427.4 del CPP— contra la sentencia de vista del diecisiete de agosto de dos mil veinte. Formuló como tema para el desarrollo de doctrina jurisprudencial que se establezca que, ante la acumulación del proceso penal y civil, cada uno con sus finalidades distintas, el proceso penal se rige por el principio acusatorio y su finalidad es la sanción penal del delito; mientras que el proceso civil se rige por el principio dispositivo, lo que implica la obligación de las partes titulares del derecho de acreditar las pretensiones civiles que se reclaman, dado que dentro del proceso penal el Ministerio Público sustituye al agraviado como titular natural de la pretensión civil.

3.2. Alegó como motivos casacionales los previstos en los incisos 1, 3 y 5 del artículo 429 del CPP, esto es, afectación a sus derechos de debido proceso, tutela judicial efectiva y debida motivación de las resoluciones judiciales. Así, como sustento, indicó que se incurrió en motivación aparente al no indicarse las razones por las que se descartaron las proposiciones fácticas de la defensa, referidas a la declaración de Hipólito Oviedo, quien desarrolló un informe sobre los daños del vehículo Hyundai, lo cual está relacionado directamente con el daño emergente; por otro lado, no se consideró la condición de la propiedad del vehículo como sustento para fijar la reparación civil.

3.3. Se habría desconocido que en el proceso civil rige el principio dispositivo, según el cual las partes que aducen ser titulares de un derecho o que sustituyen a un titular del derecho se encuentran obligadas a acreditar sus pretensiones. Así pues, el Ministerio Público tiene la obligación de acreditar las pretensiones civiles que solicita, así como acreditar a quiénes corresponde el resarcimiento solicitado, por lo que debía acreditar que las víctimas tenían herederos, a quienes se estaba sustituyendo en la acción resarcitoria civil; no puede fijarse la reparación civil a favor de personas indeterminadas. La sustitución de los agraviados por el Ministerio Público no exime a este último de someterse a las reglas del proceso civil.

3.4. El proceso penal se rige por el principio acusatorio y el proceso civil acumulado dentro de este por el principio dispositivo, y ambos deben ser objeto de revisión por separado. En el proceso penal tienen que discutirse aspectos relativos a la determinación de la conducta penal y la sanción penal, mientras que en el proceso civil se discutirán aspectos relativos al resarcimiento de los daños ocasionados con motivo del hecho delictivo, esto es, aspectos de reparación patrimonial, por lo cual es absoluta y totalmente aplicable la doctrina desarrollada en el IV Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil.

3.5. La acumulación de los procesos no implica una doble valoración de las pruebas o la repetición de estas, como señala el ad quem, sino celeridad y economía procesal. Los medios probatorios para determinar la responsabilidad penal nada tienen que ver con aquellos que sirven para determinar la responsabilidad civil y los daños derivados del delito, por lo que el razonamiento del ad quem sería incongruente.

3.6. En el presente caso, los daños no fueron debidamente identificados, en cuanto a su naturaleza y al titular directo del resarcimiento. El ad quem utilizó el artículo 1332 del Código Civil y lo aplicó para el íntegro del extremo civil, que contiene diversos tipos de daños. Este razonamiento es equivocado, pues el referido artículo es aplicable solo para determinar el daño moral e incluso fue desarrollada doctrina al respecto en el IV Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil, la cual no ha sido tomada en cuenta en la sentencia, con lo que ha incurrido en apartamiento inmotivado del precedente judicial, así como en errónea interpretación del artículo 11 del CPP.

3.7. El monto de resarcimiento fijado no tiene determinación precisa respecto a qué daños se refiere, pues no se indica si es para cubrir el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral o la suma que cubre todos los conceptos.

Cuarto. Motivo casacional admitido y objeto del debate

El auto de calificación fue expedido el trece de agosto de dos mil veintiuno por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en que se declaró bien concedido el recurso de casación en su forma ordinaria y únicamente por los motivos casacionales previstos en los incisos 3 y 4 del artículo 429 del CPP. Es decir, en el presente pronunciamiento se realizará un análisis de la sentencia de vista recurrida a fin de verificar si, en el extremo de la reparación civil, se incurrió en inobservancia de la ley penal o indebida motivación de las resoluciones judiciales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Quinto. Cuestiones preliminares

5.1. El desarrollo del proceso penal debe realizarse respetando las garantías constitucionales de carácter material y procesal. Así se encuentran previstas en la Constitución Política del Perú algunas de ellas:

Artículo 139
Son principios y derechos de la función jurisdiccional: […]
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. […]
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

5.2. Los tipos penales imputados en el presente caso se encuentran previstos en el Código Penal. Así, según su forma vigente a la comisión de los hechos, se describe a continuación:

Artículo 111. Homicidio culposo del Código Procesal Penal
El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas.
[…]
La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de ocho años e inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36 – incisos 4), 6) y 7)-, si la muerte se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso de transporte particular, o mayor de 0.25 gramoslitro en el caso de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general, o cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito.
Artículo 124. Lesiones Culposas
El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido, por acción privada, con pena privativa de libertad no mayor de un año y con sesenta a ciento veinte días-multa.
La pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y de sesenta a ciento veinte días-multa, si la lesión es grave, de conformidad a los presupuestos establecidos en el artículo 121.
[…]
La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de seis años e inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36 – incisos 4), 6) y 7)-, si la lesión se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso de transporte particular, o mayor de 0.25 gramoslitro en el caso de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general, o cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito.

5.3. Respecto a la acción civil, en el CPP se establece lo siguiente:

Artículo 11
1. El ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y, especialmente, al perjudicado por el delito. Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso.
2. Su ámbito comprende las acciones establecidas en el artículo 93 del Código Penal e incluye, para garantizar la restitución del bien y, siempre que sea posible, la declaración de nulidad de los actos jurídicos que correspondan, con citación de los afectados.
Artículo 12
1. El perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante el Orden Jurisdiccional Civil. Pero una vez que se opta por una de ellas, no podrá deducirla en la otra vía jurisdiccional.
2. Si la persecución penal no pudiese proseguir, ya sea que se disponga la reserva del proceso o se suspenda por alguna consideración legal, la acción civil derivada del hecho punible podrá ser ejercida ante el Orden Jurisdiccional Civil.
3. La sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda.

5.4. Los alcances del pronunciamiento del Tribunal revisor vía recurso de apelación han sido delimitados en el CPP del siguiente modo:

Artículo 409. Competencia del Tribunal revisor
1. La impugnación confiere al tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante. Normas que debe aplicarse en concordancia con los artículos 425 y 393 del CPP.
Artículo 425. Sentencia de segunda instancia
[…]
2. La Sala Penal Superior sólo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas periciales, documental, pre constituida y anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el Juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia.

Sexto. Análisis jurisdiccional

6.1. El presente recurso de casación fue admitido en su forma ordinaria por los motivos casacionales previstos en los incisos 3 y 4 del artículo 429 del CPP, esto es, a fin de verificar si en la sentencia de vista cuestionada se incurrió en inobservancia de la ley penal o indebida motivación de las resoluciones judiciales.

6.2. Previamente, cabe precisar que existen límites al Tribunal de Casación. Desde el ámbito de la naturaleza jurídica del recurso de casación, se tiene que este, a diferencia de la apelación, es un recurso excepcional y circunscrito únicamente a las pretensiones del recurrente que hayan sido admitidas en el auto de calificación, esto es, luego del control de admisibilidad, lo que quiere decir que el recurso de casación debe ser entendido como un escrito sistemático que indica y demuestra, lógica y jurídicamente, los errores cometidos en la sentencia, violatorios de una norma sustancial o de una garantía procesal. A través del recurso de casación se hace un juicio de legalidad, jurisprudencia y cumplimiento de garantías procesales y sustanciales de la sentencia recurrida.

6.3. Ahora bien, en el caso concreto, mediante el auto del trece de agosto de dos mil veintiuno, se admitió el presente recurso de casación en su forma ordinaria contra la sentencia de vista del diecisiete de agosto de dos mil veinte, únicamente a fin de revisar si se incurrió en las causales casacionales previstas en los incisos 3 y 4 del CPP—inobservancia de la ley penal o la debida motivación de las resoluciones judiciales—. Por ello, el análisis de la recurrida se realizará dentro de este marco previamente delimitado.

6.4. En el presente caso, la casacionista alega inobservancia del artículo 11 del CPP, así como de lo expuesto en el IV Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil, referido a la atención de la pretensión penal y civil ante la acumulación de ambas en el mismo proceso. Refiere la casacionista que en el presente caso la Sala Superior habría incurrido en un razonamiento incongruente al señalar que la acumulación de los procesos implica una doble valoración de las pruebas o la repetición de estas; asimismo, que no se identificaron debidamente los daños en cuanto a su naturaleza y el titular directo del resarcimiento. Finalmente, indica que el monto de la reparación civil se habría determinado sin distinguir respecto a qué daños se refiere y la suma que se impone por cada uno.

6.5. Al respecto, en el análisis debe tenerse en cuenta la doctrina desarrollada por esta sede suprema en diversos pronunciamientos. En tal sentido, la Casación número 1406-2019/Tacna, del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, indicó que la acción civil se ejerce conjuntamente con la acción penal; no obstante, ambas conservan su autonomía en la medida en que manejan criterios de imputación propios y no necesariamente coincidentes. La acción civil se ejerce ex damno y se rige por las reglas del proceso civil, por lo que se determinará la responsabilidad civil con base en los requisitos constitutivos de antijuridicidad o ilicitud de la conducta, daño, nexo causal y factor de atribución.

6.6. Asimismo, en diversos pronunciamientos se afianzaron los siguientes criterios desarrollados respecto a la materia:

Una decisión final de absolución o sobreseimiento no necesariamente importa la automática improcedencia de la acción civil.

Si bien la acción civil se ejerce dentro del proceso penal conjuntamente con la acción penal, ambas conservan su autonomía en la medida en que manejan criterios de imputación propios y no necesariamente coincidentes. Por su parte, la acción civil se ejerce ex damno y se rige por las reglas del proceso civil. En esencia, se trata pues de la acumulación de un proceso civil al proceso penal, regido cada uno por sus propias reglas de derecho adjetivo.

Por lo tanto, se reitera que la responsabilidad civil tiene un origen autónomo, lo que amerita un análisis específico e independiente de la pretensión civil, a fin de determinar en cada caso específico si procede o no la imposición de una reparación civil y el monto de esta. Ello, independientemente de si la acción penal ha quedado prescrita o si el acusado ha sido absuelto o sobreseído de los cargos penales que se le imputan.

En otras palabras, sin perjuicio de lo que se determine en relación con el objeto penal, le corresponde al juez decidir si se presentan los criterios de imputación propios de una conducta ilícita que ocasionó un daño indemnizable.

Importa una debida motivación de las resoluciones judiciales el pronunciamiento razonable y fundamentado respecto al objeto penal, así como el objeto o pretensión civil; en este último, es exigible además un análisis a nivel cualitativo —a fin de determinar responsabilidad— y cuantitativo —en términos de monto reparatorio—1.

6.7. Respecto al pago solidario, cabe precisar que, si bien es cierto que en materia civil se distingue la responsabilidad civil en función del grado de intervención de cada sujeto —artículo 1978 del Código Civil—, no es así en el proceso penal —artículo 95 del Código Penal—, en el cual se establece que la reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible; por lo tanto, así como fija la norma penal, deberá aplicarse, y no es de recibo fijar un monto de reparación civil para cada interviniente en el hecho2 o los responsables terceros.

6.8. Ahora bien, de la revisión de la sentencia de vista —considerando 2.4—, se advierte que respecto a la valoración del testimonio de Hipólito Oviedo señala que este medio probatorio no sirve para la determinación del extremo del resarcimiento en tanto en cuanto este no habría especificado respecto a cuál vehículo realizó su informe, por lo que el cuestionamiento de su falta de valoración resultaría irrelevante; asimismo, refiere que, en la medida en que no hay documento que acredite que el agraviado César Quispe Roque era propietario del vehículo que iba conduciendo, no se consideró tal situación para determinar la reparación civil.

6.9. Por otro lado, refiere que separar la pretensión civil de la pretensión penal en su análisis anularía la finalidad de acumulación procesal, al realizar una doble valoración de las pruebas, que podría traer valoraciones discordantes y una repetición de aquellas.

6.10. De este modo, la Sala Superior justifica la falta de valoración de medios probatorios para sustentar la determinación del monto de la reparación civil. En su análisis, se advierte que fija un monto para la sucesión de cada agraviado, basándose únicamente en el daño extrapatrimonial, por lo que refiere que ante la falta de pruebas, con base en el artículo 1332 del Código Civil, discrecionalmente puede fijar un monto que considere equitativo.

6.11. Respecto a lo versado, cabe precisar que, como bien se ha establecido en la doctrina, el ejercicio conjunto de la acción civil con la acción penal no significa una pérdida de su autonomía en la medida en que manejan criterios de imputación propios y no necesariamente coincidentes. La acción civil se ejerce ex damno y se rige por las reglas del proceso civil, por lo que se determinará la responsabilidad civil con base en los requisitos constitutivos de antijuridicidad o ilicitud de la conducta, daño, nexo causal y factor de atribución.

6.12. Entonces, dentro del análisis de la pretensión civil se determinará la concurrencia de cada uno de los requisitos constitutivos antes mencionados no solo con base en la discrecionalidad de los órganos jurisdiccionales, sino en las circunstancias fácticas probadas por medio de elementos probatorios actuados en el proceso y debidamente debatidos durante el juicio oral con participación activa de todos los sujetos procesales interesados, análisis que deberá realizarse con la misma diligencia que cuando se trata de la revisión de la pretensión penal, lo que de ningún modo podría implicar una doble valoración de la prueba que dé como resultado valoraciones distintas, por cuanto se trata del mismo órgano jurisdiccional, y debiendo tenerse en cuenta que la valoración de un medio probatorio que se realiza a efectos de verificar la responsabilidad penal del imputado no es la misma que se realiza a efectos de verificar responsabilidad civil, en tanto en cuanto la finalidad que se busca es distinta, y el elemento constitutivo que se pretende acreditar es también distinto. Conservando la autonomía de cada pretensión, se podrá concluir que un elemento probatorio pueda ser útil para determinar responsabilidad penal y civil, o en otras ocasiones únicamente podrá ser servible para acreditar una sola de ellas, lo que no significa que en el análisis de la pretensión civil no se pueda realizar valoración probatoria.

6.13. Por otro lado, respecto a la cuestionada legitimidad del Ministerio Público para intervenir sin antes identificar a la sucesión de los agraviados fallecidos, cabe precisar que conforme al artículo 11 del CPP —norma prevalente frente a las del Código Procesal Civil por especialidad— el ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible le corresponde al Ministerio Público y, de modo especial, le corresponderá al perjudicado en caso de que se haya constituido en actor civil —lo que no sucedió en el presente caso—, y solo en este caso se pierde la legitimidad del fiscal, por lo que no cabe dudas respecto a la legitimidad de este citado órgano.

6.14. Entonces, en la fundamentación de la sentencia de vista recurrida se advierten vicios tanto en el análisis de la pretensión civil como en la fundamentación de su monto, en que no se apoya la decisión en medios probatorios ni se diferencian los tipos de daños a ser reparados; conforme a las circunstancias del hecho, no solo podría caber reparación de daño extrapatrimonial, sino también de daño patrimonial, mas su determinación y su monto deben ser producto de un análisis razonado sobre la base de una actividad probatoria previa en juicio oral y en plena vigencia de los principios que rigen el proceso, entre ellos, el derecho de defensa. Ello no se realizó en este caso, donde al evitar la valoración probatoria a fin de determinar reparación civil se obvió el reconocimiento de la autonomía de la pretensión civil, lo que constituye finalmente la inaplicación del artículo 12 del CPP.

6.15. Ahora bien, de la revisión de la sentencia de primera instancia se advierten las mismas omisiones: se determina reparación civil considerando la concurrencia de daño extrapatrimonial, sin mayor sustento respecto a otros tipos de daño que se puedan haber generado; asimismo, no se observa un análisis de la concurrencia de los requisitos constitutivos de la reparación civil, lo que evidentemente transgrede del principio de la debida motivación de las resoluciones judiciales.

6.16. Si bien el Código Penal no establece criterios para fijar la cuantía de la reparación civil, debe tomase en cuenta que la rectificación de la cuantía corresponderá cuando se exceda lo solicitado por las partes, se fijen defectuosamente las bases que sustentan el monto, se evidencie patente discordancia entre las bases estipuladas y el monto, o cuando se incurra en error notorio, arbitrariedad e irrazonable desproporción de la cuantía fijada3.

6.17. Así pues, en el caso concreto, se advierten defectos en la fijación del monto reparatorio, pero también desde el mismo análisis para determinar la concurrencia o no de reparación. Estos defectos vienen originados desde la valoración probatoria en primera instancia, por lo que el vicio no puede ser corregido en este nivel de análisis, sino que genera nulidad de la sentencia de primera instancia, en el extremo referido a la reparación civil, y debe emitirse un nuevo pronunciamiento por un juez distinto. La presente se trata de una casación rescindente pero no rescisoria, de conformidad con el artículo 433.1 del CPP.

6.18. En conclusión, este Tribunal Supremo, luego de haber realizado una evaluación de la sentencia de vista materia del recurso de casación, ha logrado advertir que el ad quem incurrió en las causales casacionales alegadas —incisos 3 y 4 del artículo 429 del CPP—, situación que se repitió en la primera instancia. Por lo tanto, a fin de superar los vicios en los que se incurrió, corresponde la realización de un nuevo juicio oral a fin de que un Juzgado Penal distinto emita un nuevo pronunciamiento.

* Consideraciones finales

En conclusión, de la revisión de la sentencia de vista recurrida se advierte la configuración del motivo casacional alegado, previsto en los incisos 3 y 4 del artículo 429 del CPP —errónea aplicación de la ley penal y debida motivación de las resoluciones judiciales—.

Por lo tanto, esta Sala Suprema, al encontrar tales vicios en el extremo referido a la determinación de la reparación civil, tanto en la sentencia de primera instancia como en la sentencia de vista que confirma aquella, emitida por la Sala Superior, debe declarar fundado el recurso de casación, nula la sentencia de primera instancia y ordenar que se convoque, a la brevedad posible, a un nuevo juicio oral por un Juzgado Penal distinto, a fin de discutir el extremo referido a la reparación civil y emitir un nuevo pronunciamiento al respecto.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON FUNDADO el recurso de casación —por los motivos casacionales previstos en los incisos 3 y 4 del artículo 429 del CPP— interpuesto por Claudia Fátima Cusirramos Montesinos, constituida en tercero civil responsable. Por lo tanto, CASARON la sentencia de vista del diecisiete de agosto de dos mil veinte, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en el extremo en el que confirmó la sentencia del a quo en cuanto a la reparación civil. Asimismo, NULA la sentencia de primera instancia del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, únicamente en el extremo referido a la reparación civil. Y que queden firmes ambas sentencias en lo demás que contienen.

II. En consecuencia, ORDENARON que, a la brevedad posible, se realice un NUEVO JUICIO oral por otro Juzgado Penal, con las precisiones realizadas en la presente sentencia, a fin de emitir un nuevo pronunciamiento en el extremo referido a la responsabilidad civil.

III. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria sea leída en audiencia pública, que se notifique a todas las partes apersonadas en esta sede suprema y que, acto seguido, se publique en la página web del Poder Judicial.

IV. MANDARON que, cumplidos estos trámites, se devuelva el proceso al órgano jurisdiccional de origen para los fines de ley.

Intervino el señor juez supremo Núñez Julca por vacaciones del señor juez supremo Coaguila Chávez.


1 SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Casación número 1406-2019/Tacna, del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, fundamento 6.1.
2 SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Recurso de Nulidad número 1019-2017/Ucayali, del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.
3 SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Casación número 695-2018/Lambayeque, del catorce de marzo de dos mil diecinueve, fundamento sexto.

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