ABSOLUCIÓN : Tráfico ilícito de drogas – duda razonable
4 agosto, 2022
Vulneración de los principios de congruencia recursal y prohibición de reforma en peor, no son de trascendencia para genear la nulidad.
8 agosto, 2022

Un acta de reconocimiento fotográfico, por sí solo, no es idónea para enervar la presunción de inocencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 889-2020
LIMA

ROBO CON AGRAVANTES. SUFICIENCIA DE LA PRUEBA DE CARGO Y ABSOLUCIÓN POR DUDA

Ha quedado acreditada la responsabilidad penal de Shirley Lorena Díaz Huerta, Raúl León Velarde Jipa, Ysaías Beverly Canales Chávez, Michel Orlando Medina Prado, Miguel Ángel Echenique Hauyón, quienes de manera concertada y coordinada perpetraron el delito de robo con agravantes a la agencia de un banco y donde uno de los trabajadores resultó con lesiones. Al respecto, se cuenta con abundante prueba de cargo en su contra, entre ellas las actas de intervención policial, las imágenes de las cámaras de seguridad del interior de la agencia bancaria y las declaraciones de testigos directos e impropios. En cuanto a Miguel Eduardo Villanueva Paz se declara su absolución al existir duda razonable respecto a la conducta que se le imputa.

Lima, uno de agosto de dos mil veintidós

VISTOS: i) El recurso de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado RAÚL LEÓN VELARDE JIPA contra la resolución dictada en audiencia del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve (folio 2515) que declaró improcedente el pedido de nulidad planteado contra la resolución dictada en audiencia del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve que decidió suspender los plazos de cómputo de la prisión preventiva. ii) Los recursos de nulidad interpuestos por las defensas de los sentenciados SHIRLEY LORENA DÍAZ HUERTA, RAÚL LEÓN VELARDE JIPA, YSAÍAS BEVERLY CANALES CHÁVEZ, MICHEL ORLANDO MEDINA PRADO, MIGUEL ÁNGEL ECHENIQUE HAUYÓN y MIGUEL EDUARDO VILLANUEVA PAZ, así como por las partes civiles representadas por la Procuraduría Pública Especializada en Asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior1 y el Banco de Crédito del Perú2; contra la sentencia del treinta de diciembre de dos mil diecinueve (folios 2566/2590v) expedida por la Cuarta Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima. Mediante dicha sentencia se resolvió: i. Absolver a Miguel Ángel Echenique Hauyón, Alexander Marcos Martínez Aramburú, Michel Orlando Medina Prado, Raúl León Velarde Jipa, Ysaías Beverly Canales Chávez, Shirley Lorena Díaz Huerta y Miguel Eduardo Villanueva Paz del delito de banda criminal en agravio del Estado. ii. Condenar a Miguel Ángel Echenique Hauyón, Alexander Marcos Martínez Aramburú, Michel Orlando Medina Prado, Raúl León Velarde Jipa, Ysaías Beverly Canales Chávez, Shirley Lorena Díaz Huerta y Miguel Eduardo Villanueva Paz como coautores del delito de robo con agravantes en perjuicio del Banco de Crédito del Perú y Adrián Marcelo León Chucuya. En consecuencia, impuso a Alexander Marcos Martínez Aramburú y Michel Orlando Medina Prado veinte años de pena privativa de libertad; y a Miguel Ángel Echenique Hauyón, Raúl León Velarde Jipa, Ysaías Beverly Canales Chávez, Shirley Lorena Díaz Huerta y Miguel Eduardo Villanueva Paz catorce años de pena privativa de libertad; fijó en cinco mil soles el monto de la reparación civil a favor de Adrián Marcelo León Chucuya y en cuarenta mil soles el monto a favor del Banco de Crédito del Perú; con lo demás que contiene.

De conformidad en parte con la Fiscalía Suprema en lo Penal.

Intervino como ponente el juez supremo NÚÑEZ JULCA.

CONSIDERANDO

Primero. MARCO LEGAL DEL PRONUNCIAMIENTO

1.1. El recurso de nulidad es el medio de impugnación de mayor jerarquía entre los recursos ordinarios que regula el Código de Procedimientos Penales. En términos del profesor García Rada: “Se trata de un medio de impugnación suspensivo, parcialmente devolutivo y extensivo que se interpone a efectos de alcanzar la nulidad total o parcial de una decisión superior”3 . De acuerdo con nuestro ordenamiento procesal, el recurso de nulidad permite la revisión total de la causa sometida a conocimiento de la Corte Suprema.

1.2. La Sala Penal de la Corte Suprema tiene facultades para modificar o revocar la sentencia o auto dictados por la instancia inferior. Previa a la resolución final de la Sala Suprema, el Ministerio Público debe emitir pronunciamiento y lo hará si la causa se encuentra dentro de los supuestos taxativamente contemplados en el artículo ochenta y tres de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Frente a la decisión adoptada no cabe recurso alguno y, por lo tanto, la causa se agota procesalmente dado que la ejecutoria genera estado definitivo del proceso.

Segundo. IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

2.1. De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público (folios 1947-1985), precisada mediante Dictamen N.° 98-2019 (folios 2075-2076) la atribución fáctica jurídica en este caso, consiste puntualmente en:

2.1.1. Delito de robo con agravantes. El veintitrés de junio de dos mil dieciocho, aproximadamente a las 8:50 horas, en contubernio y distribución de roles, los imputados perpetraron el asalto al Banco de Crédito del Perú ubicado en la avenida Venezuela N.° 1202 en Breña.

Cuando trabajadores y clientes esperaban en el hall de la entidad bancaria que se inicie la atención a las nueve la mañana, descendieron de un vehículo (color negro, marca Chevrolet, modelo Chevitaxi) los procesados Miguel Ángel Echenique Hauyón y Alexander Marcos Martínez Aramburú, quienes ingresaron al banco con pasamontañas. Echenique Hauyón provisto de un arma de fuego realizó disparos para intimidar a los trabajadores y clientes de la agencia bancaria. Estos, a pesar de que se arrojaron al suelo para protegerse, un trabajador resultó herido (Adrián Marcelo León Chucuya). Por su parte, Martínez Aramburú, provisto de una comba, rompió el vidrio de la puerta de acceso a la agencia bancaria (mampara) y cogió las seis loncheras de metal que estaban cerca y contenían en total quinientos cincuenta mil soles. Respecto a ellas, su coimputada y trabajadora del banco, Shirley Lorena Díaz Huerta, minutos antes, se había cerciorado que estén listas junto a la mampara bailando cerca de esta, como señal para que sus coimputados puedan ingresar y llevárselas sin contratiempos. Asimismo, el coprocesado, vigilante del BCP, Ysaías Beverly Canales Chávez, no realizó ninguna acción para evitar el asalto, y para fingir atinó solamente a ponerse a buen resguardo. En ese sentido, al no haber obstáculo alguno, una vez obtenido el botín, los imputados emprendieron la huida a bordo del vehículo conducido por otro coprocesado, Michel Orlando Medina Prado, con rumbo desconocido.

Personal de la policía fue alertado del atraco, por lo cual se realizó el Plan Cerco y se capturó a los mencionados inculpados a pesar de que intentaron confundirlos, pues cambiaron de auto y abordaron el vehículo de placa A4M- 637 conducido por el coimputado Raúl León Velarde Jipa, quien se dirigió por la avenida Tingo María a la altura del hospital INO, en el cruce con la avenida Zorritos en el distrito de Breña; sin embargo por el tráfico vehicular y al verse cercados por la policía, descendieron del auto y huyeron a pie cada uno en diferentes direcciones. Finalmente fueron detenidos por las cuadras aledañas, logrando también la intervención de Raúl León Velarde Jipa al interior del vehículo de placa A4M-637. Se encontraron las seis cajas con el dinero robado al banco y los instrumentos utilizados para el asalto.

Respecto al imputado Frank Alexander Vásquez Curimaya, momentos antes de los hechos, entregó a Raúl León Velarde Jipa, armas e implementos que se guardaron en una maleta para ser repartidos entre sus demás coimputados, no obstante, al advertir la persecución policial logró darse a la fuga con rumbo desconocido.
En cuanto a Miguel Eduardo Villanueva Paz, quien es trabajador del BCP pero en otro distrito, habría coordinado el asalto el banco con sus demás coprocesados, aprovechando su condición laboral y teniendo como nexo a su enamorada, la imputada Díaz Huerta.

2.1.2. Delito de banda criminal. Los imputados Miguel Ángel Echenique Hauyón, Alexander Marcos Martínez Aramburú, Miguel Orlando Medina Prado, Raúl León Velarde Jipa, Ysaías Beverly Canales Chávez, Shirley Lorena Díaz Huerta, Frank Alexander Vásquez Curimaya y Miguel Eduardo Villanueva Paz conformaron una banda criminal destinada a cometer delitos de robo a mano armada, para lo cual aportaron armas de fuego, su principal objetivo era atentar contra las agencias bancarias. Aprovechaban que tales entidades bancarias no eran custodiadas por agentes de la Policía Nacional sino solo por agentes privados de seguridad. En este caso, el mismo vigilante del banco era integrante de la banda, así como dos trabajadores del mismo, lo que facilitaba de cierto modo la comisión de los delitos, estableciendo para ello la estrategia de modo concertado. Asimismo del total del dinero obtenido se repartirían de acuerdo con las funciones de riesgo que se asumía; es decir, quien ingresaba al banco con arma en mano, obtendría mayor porcentaje del que solo realizaba coordinaciones o el que conducía los vehículos que servirían para fugar del lugar. En ese sentido, y teniendo conocimiento de que el veintitrés de junio de dos mil dieciocho se realizaría la carga de los cajeros BCP, esperaron la señal de uno de sus integrantes de la banda (Shirley Lorena Díaz Huerta), quien era una de las trabajadoras de la agencia, y en complicidad con el vigilante de seguridad ingresaron los procesados sin mayores problemas con arma de fuego. Rompieron con una comba la mampara del banco BCP para llevarse de forma rápida y precisa las loncheras de dinero que estaban a la vista, para luego darse a la fuga.

2.2. La acusación imputó a Miguel Ángel Echenique Hauyón, Alexander Marcos Martínez Aramburú, Michel Orlando Medina, Raúl León Velarde Jipa, Ysaías Beverly Canals Chávez, Shirley Lorena Díaz Huerta, Frank Alexander Vásquez Curimaya y Miguel Eduardo Villanueva Paz el delito de robo con agravantes –previsto en el artículo 188 del Código Penal, en concordancia con los numerales 3 (a mano armada) y 4 (con el concurso de dos o más personas) del primer párrafo del artículo 189 del mismo cuerpo legal)– en calidad de coautores.

2.3. Asimismo a los referidos procesados les imputó el delito de banda criminal (previsto en el artículo 317-B del Código Penal4).

Tercero. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD DE MIGUEL ÁNGEL ECHENIQUE HAUYÓN

La defensa del sentenciado expone esencialmente los siguientes agravios:

3.1. No se ha probado su participación en la perpetración y planificación de los hechos, ni que se le asignó un rol dentro de la realización de los mismos, tampoco que se haya apoderado del bien materia de sustracción y que haya ocasionado lesiones a la integridad física de uno de los agraviados.

3.2. Ha manifestado de manera uniforme, durante las diferentes etapas del proceso que fue intervenido lejos del lugar de los hechos y no existe sindicación directa, coherente y permanente en el tiempo sobre su participación.

Cuarto. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE NULIDAD DE YSAÍAS BEVERLY CANALES CHÁVEZ

La defensa de los sentenciados expone esencialmente los siguientes agravios para cada uno de ellos:

4.1. Se vulneró el principio de presunción de inocencia ya que no se aprecia de manera objetiva su participación en el evento delictivo.

4.2. No existen elementos de prueba de la existencia o comisión del delito incriminado, por lo que se ha incumplido con la motivación de la decisión judicial.

Quinto. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD DE RAÚL LEÓN VELARDE JIPA

La defensa del sentenciado expone esencialmente los siguientes agravios:

5.1. Se ha recurrido a la prueba indiciaria para determinar su responsabilidad penal; sin embargo los indicios invocados por el Ministerio Público no fueron acreditados y no existe una adecuada valoración de ellos por parte de la Sala Superior.

5.2. Está acreditado que fue obligado a conducir con un arma de fuego y uno de los ocupantes se autolesionó en la parte posterior del vehículo. Además, el precio que cobró por el servicio de taxi a su amigo Frank fue la suma de quince soles, y no pudo ver si los que lo abordaron estaban o no encapuchados porque estaba amenazado de muerte, por lo que alertó a la policía sobre ello.

5.3. Su declaración policial no se dio con observancia de las garantías que lo asisten ya que el fiscal solo acudió a firmarla.

5.4. Respecto al Tribunal Superior, durante el juicio sus integrantes no estaban presentes en el íntegro de las sesiones; compartían galletas y gaseosa con la representante del Ministerio Público; uno de los integrantes tiene el mismo apellido que el fiscal por lo que debió inhibirse, y se realizaron audiencias con excesiva duración de tiempo.

5.5. No se ha considerado que el Recurso de Nulidad N.° 3044-2004/Lima ha establecido en su fundamento quinto que la declaración en la instrucción tiene mayor valor que la declaración policial.

5.6. La sentencia no indica en qué acto procesal el recurrente reconoció a Echenique Hauyón como la persona que efectuó el disparo cuando se encontraba en la parte posterior de su vehículo. Además, en el fundamento 60 de la sentencia se indica que él ingreso a robar al banco y en el Certificado Médico Legista N.° 035093-L-D señala que fue agredido físicamente por un conocido.

5.7. Existen irregularidades en la tramitación de la solicitud del Ministerio Público referido al no cómputo del plazo de la prisión preventiva ya que se cambió al magistrado Ventura Cueva como director de debates, por el magistrado Escobar Antezano, no se cumplió con notificar la resolución y el recurso de apelación no se concedió en calidad de diferida.

5.8. En cuanto a la pena no se ha tomado en cuenta que no tiene antecedentes penales y presenta carencias sociales por el grado de instrucción.

Sexto. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD DE MICHEL ORLANDO MEDINA PRADO

La defensa del sentenciado expone esencialmente los siguientes agravios:

6.1. No existen pruebas que lo vinculen con los hechos ocurridos en la agencia bancaria, específicamente que haya conducido un vehículo utilizado para cometer el hecho.

6.2. Se le intervino a mucha distancia del lugar de los hechos, cuando caminaba con una bolsa de caramelos en la mano.

6.3. Durante la investigación policial no contó con la asistencia de un abogado defensor.

Séptimo. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD DE SHIRLEY LORENA DÍAZ HUERTA

La defensa de la sentenciada expone esencialmente los siguientes agravios:

7.1. En la sentencia no se estableció el rol que desarrolló cada uno de los acusados. En el caso específico de la procesada, el haber dado información del dinero que estaría en las loncheras sustraídas y la señal para que el robo pueda ser cometido le otorgaría la calidad de cómplice y no de autora.

7.2. Se omitió valorar la coherencia y solidez de la declaración de Ysaías Beverly Canales a efecto de determinar cuál de las declaraciones proporcionadas durante el proceso debe considerarse como definitiva.

7.3. La Sala Superior ha considerado como elemento de cargo o prueba indiciaria la declaración que brindó cuando no estaba en calidad de investigada y no tenía abogado defensor.

7.4. No se ha considerado lo declarado por la testigo Yeni Velázquez Leandro, quien indicó que ella y la procesada desconocían el protocolo para el llenado de cajeros. La única que tenía información sobre ello era Fanny Rojas Becerra.

7.5. No se ha precisado cuál fue la indicación o señal que realizó ya que el baile que hizo no pudo haber sido visto desde la calle. Además, llevó a cabo dos actos: primero el baile con los brazos en alto y luego su acercamiento a la mampara. La Sala Superior sostiene que el movimiento que hace hacia la mampara es la señal que esperaba el vigilante para dar aviso para que los demás coacusados ingresen, pero eso es contrario a lo sostenido por la Fiscalía en su acusación.

Octavo. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD DE MIGUEL EDUARDO VILLANUEVA PAZ

La defensa del sentenciado expone esencialmente los siguientes agravios:

8.1. La Sala Superior realizó una errónea valoración de las pruebas al considerar que en el mes de junio de dos mil dieciocho el recurrente tenía el cargo de supervisor de procesos operativos II y promotor de servicio, lo cual es falso, por lo que también es equivocada la conclusión acerca de que recibió un correo electrónico masivo mediante el que se informó de los detalles para el abastecimiento de dinero en el cajero de la agencia del banco donde se produjo el robo.
8.2. Al momento en que ocurrieron los hechos tenía el cargo de Ejecutivo de Banca Pyme Trainee y ejercía labores de sectorista de los clientes por lo que sus funciones no estaban relacionadas con el abastecimiento y desabastecimiento de dinero en los cajeros del banco.

8.3. Se ha valorado erróneamente la declaración de Fanny Vanessa Rojas Becerra, pues en ningún momento señaló que el recurrente recibió el correo institucional ni que a la fecha tenía el cargo de supervisor.

8.4. Tampoco se valoró correctamente la sindicación del coimputado Ysaías Beverly Canales Chávez, ya que no cuenta con corroboraciones y no se cumplen los requisitos que establece el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116. Además se deben considerar las conclusiones del Informe Pericial de Psicología Forense N.° 388/2018 el cual señala que el referido coprocesado tiene una personalidad en la que su accionar se encuentra movilizado por ganancias económicas y se justifica en una mentira como recurso de afrontamiento.

8.5. No se tuvo en cuenta que en las Actas de Apertura de Visualización de Memoria de Equipos Celulares que corresponden a los imputados Miguel Ángel Echenique Hauyón, Michel Orlando Medina Prado y Raúl León Velarde Jipa no se registra el número del recurrente.

8.6. Los partes policiales de Inteligencia señalan que el sujeto conocido como el Viejo sería la persona que logró darse a la fuga (en el auto de color negro, marca Chevrolet, modelo Chevi) y portaba el celular N.° 993-752-079; sin embargo, no se probó que el recurrente sepa conducir, no tiene licencia de conducir y el número de celular no le pertenece.

Noveno. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

El procurador público adjunto especializado expone esencialmente los siguientes agravios:

9.1. La conducta desplegada por los procesados cumple con las características de una banda criminal, tales como pluralidad de agentes, no tiene una estructura organizacional definida y estable, tiene una envergadura menor, realizan actividades delictivas ocasionales y su modus operandi es notorio y artesanal.

9.2. Se identifican los elementos objetivos del tipo penal consistentes en: i) Carácter temporal: su duración puede ser efímera; en el presente caso fue de un día. ii) Carácter personal: son ocho personas las integrantes de la banda criminal. iii) Acuerdo de constitución de la banda criminal: se desprende de las actas de intervención policial, de hallazgo, recojo y de reconocimiento fotográfico. iv) No reúne las características de una organización criminal ya que no se advierte que tenga carácter permanente. v) Elemento subjetivo: los procesados tenían conocimiento de los elementos objetivos del tipo y la voluntad de realizar dicha conducta prohibida. vi) Finalidad: la cual era cometer delitos, tales como el robo a la agencia del Banco de Crédito del Perú.

Décimo. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD DEL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

El abogado defensor del actor civil expone esencialmente los siguientes agravios:

10.1. Se debe elevar el monto de la reparación civil a cincuenta mil soles a favor del Banco de Crédito del Perú, ya que existe un daño incalculable a su reputación. En el caso de Adrián León Chucuya este debe elevarse a veinte mil soles.

10.2. Se ha demostrado la responsabilidad penal de los procesados por los delitos de robo con agravantes y banda criminal. Respecto a este último los procesados aprovecharon que las entidades bancarias no eran custodiadas por la Policía Nacional sino por agentes privados de seguridad. Además se encuentran involucrados dos trabajadores del banco y el vigilante quienes establecieron una estrategia concertada que facilitó la comisión del robo.

Decimoprimero. DICTAMEN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante Dictamen N.° 171-2021-MP-FN-1FSP (folios 211-228), la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal opinó que se declare “no haber nulidad” en la sentencia impugnada.

Considera que se ha acreditado que los encausaos cometieron el delito de robo con agravantes y se cuenta con elemento probatorios tales como el Atestado Policial N.° 222-2018-DIRNIC-DIRINCRI- PNP/DIVINROB-DEPIARECD-SI3, la manifestación del agraviado Adrián Marcelo León Chucuya, la declaración de la testigo Yeni Luz Velásquez Leandro, las actas de visualización de video, las actas de intervención policial a los procesados detenidos el día de los hechos, el acta de registro vehicular, hallazgo y recojo de armas de fuego en el vehículo de placa N.° A4M-637, las declaraciones de los policías que participaron en las intervenciones, entre otros.

En cuanto al delito de banda criminal señala que no se ha probado que los procesados se hayan unido con la finalidad de cometer delitos de robo con agravantes en entidades bancarias con permanencia en el tiempo, por lo que no se configuró.

Respecto a la reparación civil se encuentra conforme porque están de acuerdo con lo solicitado en su acusación fiscal.

Decimosegundo. ABSOLUCIÓN DE AGRAVIOS DEL RECURSO DE NULIDAD DE MIGUEL ÁNGEL ECHENIQUE HAUYÓN

12.1. El recurrente sostiene que no se ha probado su participación en el delito imputado; sin embargo, contrario a ello, de una revisión de las pruebas actuadas en el proceso se aprecia que su responsabilidad penal sí se encuentra acreditada de forma suficiente.

12.2. En primer término, se cuenta con la ampliación de la manifestación policial de Ysaías Beverly Canales Chávez, realizada el cuatro de julio de dos mil dieciocho5, la cual contó con presencia del representante del Ministerio Público y su abogado defensor de libre elección. En dicha diligencia el coimputado, que en el momento de los hechos trabajaba como vigilante de la entidad bancaria donde ocurrió el robo, señaló que el diecinueve de junio de dos mil dieciocho conversó durante la hora del almuerzo con Shirley Lorena Díaz Huerta, coencausada y trabajadora del banco, ella le dijo que dos personas de tez morena se iban a contactar con él a la salida. Ello efectivamente ocurrió, pues Canales Chávez refirió que ese día se reunió con Alexander Marcos Martínez Aramburú y el recurrente, quienes le indicaron que planificaban un robo, donde Shirley Lorena Díaz Huerta sería la encargada de dar la señal para que puedan ingresar, la cual consistía en un baile detrás de la mampara de vidrio, luego de ello, Canales Chávez tenía que llamar a Martínez Aramburú a través de un teléfono análogo de color negro y azul que este último le entregó y decir la frase: “Chocolate caliente” para que junto con Miguel Ángel Echenique Hauyón ingresen a la entidad bancaria y sustraigan los maletines que contenían el dinero que iba a ser ingresado a los cajeros automáticos; a cambio, Canales Chávez recibiría la suma de diez mil soles.

12.3. Resulta un dato relevante la identificación que realizó Canales Chávez respecto a los sujetos que ingresaron a la agencia bancaria, pues pese a que se encontraban con pasamontañas, en su ampliación de manifestación policial precisó que Alexander Marcos Martínez Aramburú era conocido como Gordo Alex y fue quien portaba la comba; en el caso de Miguel Ángel Echenique Hauyón tenía como alias Negro Micky y llevaba el arma de fuego.

12.4. Si bien posteriormente, durante las etapas de instrucción6 y juicio oral7, Ysaías Beverly Canales Chávez señaló que en la declaración que brindó el cuatro de julio de dos mil dieciocho habría sido víctima de presiones y maltratos físicos y psicológicos por parte del personal policial, motivo por el cual no ratificaba lo que señaló en aquella diligencia, no resulta admisible otorgar credibilidad a dichas versiones con la finalidad de desconocer el contenido de su relato incriminador ya que, en lo que respecta al recurrente, se cuenta con elementos de corroboración que dotan de verosimilitud lo indicado por el citado coimputado. Cabe resaltar que en su ampliación de manifestación estuvo presente su abogado defensor, por lo que se encontró garantizado su derecho a la defensa, y de acuerdo con el Certificado Médico Legal N.° 037147-L-D8 que se le practicó, no presentaba lesiones traumáticas recientes.

12.5. De este modo, como elementos que corroboran la declaración de Ysaías Beverly Canales Chávez, respecto al recurrente, se cuenta con:

12.5.1. El Acta de reconocimiento de persona mediante fotografía del sistema Reniec9 donde el procesado, luego de describir las características físicas del conocido con el alias Negro determinó que estas correspondían a la persona que aparecía en la fotografía signada con el número dos, que era de Miguel Ángel Echenique Hauyón.

12.5.2. El Acta de visualización de video10 actuada en juicio oral11 donde se dejó constancia que en las imágenes de video remitidas por la agencia del banco BCP de Breña, a las 08:50:00 los trabajadores de la empresa, entre ellos Shirley Lorena Díaz Huerta, cargaban las loncheras con dinero para dejarlas en la puerta de la antebóveda. A las 08:51:12, Shirley Lorena Díaz Huerta estaba bailando con los brazos hacia arriba y se acercó a la mampara. A las 08:53:21, el agente de seguridad Canales Chávez realiza un movimiento de retroceso sin motivo alguno, luego de lo cual aparece un sujeto con pasamontañas con una comba que es usada para romper la mampara, ingresa por el agujero que produjo y se dirige a las cajas de dinero para recogerlas y pasarlas por dicha abertura para entregarlas a otro sujeto que se encontraba en la puerta y que realizó un disparo a una persona que estaba agachada; luego de sacar todas las loncheras ambos sujeto se retiraron de la agencia.

Con lo anterior se aprecia que lo narrado por Ysaías Beverly Canales Chávez respecto a la ejecución del delito se produjo tal como se registra en los videos de la entidad bancaria; desde la colocación de las loncheras en un lugar estratégico para un recojo veloz cerca a la mampara hasta el baile realizado por Shirley Lorena Díaz Huerta como señal para que él diera alerta a Alexander Marcos Martínez Aramburú y Miguel Ángel Echenique Hauyón y puedan ingresar a la agencia bancaria a llevarse el dinero contenido en las referidas loncheras, el primero con una comba y el segundo con un arma de fuego.

12.5.3. El Informe pericial de restos de disparos y armas de fuego N.° 1779/201812 el cual concluyó que en las manos del recurrente se encontró plomo, antimonio y bario, los cuales son cationes compatibles con restos de disparo de armas de fuego.

Ello permite establecer que ciertamente Miguel Ángel Echenique Hauyón fue la persona que llevaba una pistola, tal como identificó Canales Chávez y disparó en contra del agraviado Adrián Marcelo León Chucuya.

12.6. Por tanto, se establece la participación y presencia del recurrente en el lugar de los hechos. Su versión acerca de que se encontró un arma de fuego tirada en la vereda mientras caminaba por la avenida Tingo María carece de credibilidad ante la contundencia de los elementos de prueba cuya valoración conjunta lo incrimina. Más aún, en su manifestación policial13, en presencia de la representante del Ministerio Público y asistido por su abogada defensora señaló que antes de subirse al vehículo negro del cual descendió posteriormente para escapar debido a la presencia policial, arrojó el arma de fuego; sin embargo de acuerdo con el Acta de registro vehicular, incautación de arma de fuego y/o comiso de droga14, al interior del auto negro, identificado con placa D7J-326 se encontró una pistola marca Baykal con una cacerina abastecida con nueve municiones, modelo MP-71H, calibre 380ACP, número de serie POT-8971 de fabricación rusa; lo cual constituye un dato objetivo que revela la falta de certeza en su relato.

12.7. A lo anterior se suma que de acuerdo con el Acta de intervención policial15 suscrito por el policía Luis Salazar Díaz, el recurrente fue detenido cuando se fugaba luego de descender del vehículo negro de placa D7J-326; asimismo el efectivo policial da cuenta que observó a Echenique Hauyón sacarse la polera que llevaba, la cual era de color ploma y tenía capucha, y la arrojó debajo de un camión de color blanco; la individualización de esta prenda aparece en el Acta de hallazgo y recojo16 suscrita por los policías Demóstenes Velazco Calderón y Dany Torres Blas.

12.8. Consecuentemente, los agravios postulados por Miguel Ángel Echenique Hauyón no son de recibo y su condena debe confirmarse.

Decimotercero. ABSOLUCIÓN DE AGRAVIOS DEL RECURSO DE NULIDAD DE YSAÍAS BEVERLY CANALES CHÁVEZ

13.1. En su informe oral, la defensa del encausado señaló que su patrocinado reconoció su responsabilidad y colaboró con el proceso, por lo que únicamente discutía el tiempo de la pena que se le impuso17; sin embrago, al no existir formalmente el desistimiento de los argumentos que expresó en su recurso de nulidad, este colegiado los analizará detenida y separadamente.

13.2. El procesado alega que no existe alguna versión categórica que lo comprometa, por lo que no sería cierta su participación en el hecho delictivo.

13.3. Al respecto, este Supremo Tribunal aprecia que existen elementos de prueba que acreditan que el recurrente estaba involucrado en la realización del asalto junto con los otros coimputados. Así, de acuerdo con la primera ampliación de la declaración policial del coprocesado Raúl León Velarde Jipa18, en presencia de la fiscal provincial penal adjunta y de su defensa técnica, la persona a la que identifica como Frank le indicó: “Voy a hacer una negocio que el guachimán se está regalando”; posteriormente en su segunda ampliación de declaración19 donde también participaron la fiscal provincial y su defensa pública explicó que entendió que Frank iba a realizar un asalto a un banco con la ayuda del vigilante.

13.4. Con relación a ello, no es un hecho controvertido que Ysaías Beverly Canales Chávez prestaba servicios de seguridad en la agencia bancaria donde ocurrió el robo, por lo que la afirmación de Velarde Jipa respecto a la participación del primero se encuentra revestida de credibilidad al denotarse espontaneidad en su deposición y al haberse garantizado su derecho de defensa; tampoco se advierten motivaciones espurias o de venganza.

13.5. Se tiene en cuenta que en la etapa de instrucción, durante la diligencia de confrontación entre el recurrente y Raúl León Velarde Jipa20, este último señaló que no dijo lo que consta en las actas de sus manifestaciones policiales respecto a la participación del encargado de seguridad de la sucursal bancaria y ello fue reafirmado en juicio oral21; sin embargo las dos ampliaciones de las declaraciones policiales tienen como elemento de corroboración indiciario el Acta de visualización de video22 de las cámaras ubicadas al interior de la agencia bancaria el día de los hechos, conforme con la cual dos minutos después de que Shirley Lorena Díaz Huerta se acercara a la mampara bailando, el agente de seguridad retrocedió e inmediatamente ingresaron los sujetos que se llevaron las loncheras con el dinero, uno de ellos disparó contra el trabajador Adrián Marcelo León Chucuya, pero no se apreció que se haya ejercido algún acto de violencia o amedrentamiento contra el impugnante con la finalidad de reducirlo, tomando en cuenta que también tenía un arma y la función que ejercía en dichos instantes era la de vigilar y proteger el local.

13.6. Conviene aclarar que no se afirma que la falta de actuación del recurrente al momento de la comisión de los hechos lo hace responsable de los mismos, sino que ello constituye un indicio periférico que avala lo sostenido por Raúl León Velarde Jipa acerca de que conocía que el vigilante del banco iba a colaborar en el robo.

13.7. Por estas razones, la responsabilidad penal del recurrente se encuentra acreditada, en consecuencia, se desestiman sus agravios.

Decimocuarto. ABSOLUCIÓN DE AGRAVIOS DEL RECURSO DE NULIDAD DE RAÚL LEÓN VELARDE JIPA

14.1. En cuanto a la prueba indiciaria, se tiene en cuenta lo señalado en el Recurso de Nulidad N.° 1912-2005, el cual constituye precedente vinculante conforme con el Acuerdo Plenario N.° 1-2006/ESV-22, acerca de que lo característico de esta prueba es que su objeto no es directamente el hecho constitutivo del delito, tal y como está regulado en la ley penal, sino otro hecho intermedio que permite llegar al primero por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se trata de probar.

14.2. En lo que respecta al recurrente, la imputación fiscal y, por lo tanto, el hecho a probar, consistió en haber conducido el vehículo de placa de rodaje A4M-637 que fue abordado por los coimputados Miguel Ángel Echenique Hauyón, Alexander Marcos Martínez Aramburú y Michel Orlando Medina Prado luego de cometer el robo, cuando transitaba por la avenida Tingo María a la altura del hospital INO, en el cruce de la avenida Zorritos; y en cuyo interior se encontraron los instrumentos utilizados para el asalto y las seis cajas con el dinero sustraído al banco.

14.3. Sobre ello, esta Sala Suprema observa que se cuenta con medios de prueba que acreditan este hecho y, por tanto, la responsabilidad penal del recurrente. En efecto, de acuerdo con el Acta de Intervención Policial23 suscrita por el efectivo policial Sergio Arturo Ávila Razuri junto a otros suboficiales de la policía y el procesado, el día de los hechos a las 09:15 de la mañana mientras patrullaba con el efectivo Kevin Kleey Valderrama Flores por inmediaciones de la agencia del BCP de Breña, tomó conocimiento a través de la radio que había ocurrido un robo en dicho lugar, inmediatamente llegó de forma violenta el vehículo de placa A4M-637, el cual al percatarse de la presencia policial se dio a la fuga por el jirón Orbegoso y desde su interior realizaron disparos a la unidad policial; posteriormente, el policía indicó que el auto ingresó a la avenida Tingo María y recorrió varias calles hasta salir a la altura de la cuadra 3 de la referida vía. Este efectivo policial también señaló que al verse cercado por las unidades policiales, el vehículo frenó violentamente y descendieron tres sujetos que se dieron a la fuga en diferentes direcciones, logrando intervenir al conductor quien también descendía del auto para escapar y fue identificado como Ronald León Velarde Jipa.

14.4. En el juicio oral24, el policía Ávila Razuri ratificó el acta que suscribió e indicó detalles adicionales de la persecución, como el hecho de que en un momento el auto se subió a la acera y se pasó una luz roja; y cuando detuvo al conductor este señaló: “Ya perdí”.

14.5. Asimismo, el efectivo policial Kevin Kleey Valderrama Flores ante el plenario25 relató que también participó de la intervención policial al vehículo que conducía el recurrente relatando que este hacía caso omiso a las advertencias para que se detuviera. Este testigo reconoce su firma en el Acta de registro vehicular, hallazgo y recojo de armas de fuego y drogas26 que se hizo al vehículo que conducía el impugnante y donde se encontró, entre otros objetos: una billetera con los documentos personales del sentenciado Alexander Marcos Martínez Aramburú, un arma de fuego marca Taurus, tres pasamontañas, un chaleco antibalas y seis cajas de plástico con las siglas BCP.

14.6. A juicio oral también acudió el policía Pedro Emilio Pizarro Bucheli27, quien señaló que participó en el denominado Plan Cerco para intervenir al vehículo donde estaban los imputados y realizó el Acta de registro personal y comiso de droga a Raúl León Velarde Jipa28.

14.7. Como se aprecia, las declaraciones de los efectivos policiales que realizaron la intervención al recurrente son coincidentes y detalladas en cuanto a las circunstancias en las que el auto que conducía pretendía escapar de la persecución policial. Contrario a lo que afirma el recurrente, ninguno de ellos ha afirmado haber sido alertado por él, que se encontraba amenazado de muerte con un arma de fuego, por lo que no se tiene por acreditado dicho extremo de su alegación; ello sumado a las maniobras temerarias que realizó durante la persecución policial permiten establecer que no se trató de un taxista que circunstancialmente se encontraba en el lugar prestando servicios, sino que el procesado era parte del plan criminal junto con los coimputados pues su función era procurar su huida.

14.8. En cuanto a las declaraciones policiales que brindó se aprecia que en las tres oportunidades29 se contó con la presencia de un representante del Ministerio Público y de un abogado defensor por lo que se observaron las garantías legales para su validez, no es posible afirmar con certeza que el fiscal solo acudía a firmarlas ya que esta alegación carece de un elemento probatorio que lo sustente.

14.9. Los indicios que la Sala Superior señala en el fundamento 45 de la sentencia de vista como parte de su razonamiento, tales como el de móvil, oportunidad y mala justificación y a los que se refiere el impugnante en su recurso, no se refieren a él sino estrictamente a otros procesados; por lo que estos agravios no resultan atendibles al no verificarse una relación directa de estos argumentos con el establecimiento de su responsabilidad penal, que es objeto de su recurso.

14.10. Una revisión a las actas de juicio oral permite observar que en todas las sesiones del juicio se contó con la participación de los tres integrantes de la Sala Superior y no se registra constancia alguna de que uno de los magistrados se haya retirado o no se encontrara presente; más aún el recurrente no indica en qué sesión se habría dado tal incidente ni señala algún elemento que pueda corroborar su afirmación, de manera que este agravio es desestimado.

14.11. Se pretende cuestionar la imparcialidad de la Sala Superior alegando que la representante del Ministerio Público compartía galletas con los jueces superiores a cargo del juicio oral y tenía el mismo apellido que uno de ellos; estos argumentos devienen en pueriles y poco serios desde el punto de vista de una adecuada fundamentación de agravios en un recurso impugnatorio, no solo porque no se indica de qué forma se sustenta su afirmación acerca de un presunto ofrecimiento de alimentos con la finalidad de quebrar la imparcialidad judicial; sino también por la falta de reflexión y sustento jurídico que se revela en la intrascendencia de estas alegaciones a efectos de sustentar su pretensión impugnativa.

14.12. No es correcta la lectura que realiza el recurrente acerca del fundamento quinto del Recurso de Nulidad N.° 3044-2004 en el sentido de que la declaración prestada en la etapa de instrucción tendría mayor valor que la rendida a nivel policial; lo que señala el precedente jurisprudencial establecido en la referida ejecutoria es que cuando un testigo o imputado ha declarado en las diferentes etapas del proceso penal, el Tribunal Superior no está obligado a creer solo lo que dijo en el acto oral sino que tiene la libertad de escoger aquella que le genere mayor credibilidad, siempre que se precisen las razones de esa decisión.

14.13. Con relación a lo anterior, como se ha expuesto en la absolución de agravios de este procesado, su condena no se encuentra sustentada en las declaraciones que brindó a nivel policial; sino en los testimonios de los efectivos policiales que lo intervinieron, quienes dieron cuenta de la persecución que emprendió con la finalidad de evadirse del lugar.

14.14. En la sentencia sí se indica en el fundamento 32 que fue en su ampliación de manifestación policial del tres de julio de dos mil dieciocho donde el recurrente identificó al procesado Echenique Hauyón como la persona que se autolesionó mientras conducía su vehículo; por lo que no existe una omisión en esa parte de la resolución.

14.15. Asimismo una lectura íntegra del fundamento 60 de la sentencia permite apreciar que la Sala Superior concluyó que luego de que sus coprocesados ingresaron al banco a cometer el robo se dieron a la fuga y fueron intervenidos después de que descendieran del vehículo del recurrente; consecuentemente no existe incongruencia respecto a los hechos materia de imputación y los que fueron objeto de sentencia y condena.

14.16. Sobre las conclusiones del Certificado Médico Legal N.° 03509330 que se le practicó luego de su detención, si bien en la data el médico legista que lo suscribe deja constancia de que el recurrente le indicó que habría sufrido agresiones físicas por un conocido; se determinó que no presentaba lesiones traumáticas recientes, por lo que no es creíble su versión acerca de que habría sufrido lesiones por parte del personal policial.

14.17. Ahora bien, el recurrente también ha interpuesto un recurso de nulidad contra la decisión que la Sala Superior emitió en la audiencia del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, la cual declaró improcedente su pedido de nulidad respecto a la resolución emitida en la audiencia del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve mediante la cual la Sala Superior decidió suspender el cómputo de los plazos de la prisión preventiva31; esa impugnación, conforme con el numeral 5 del artículo 20 del Código de Procedimientos Penales fue concedida con el carácter de diferida para que sea elevada junto con las impugnaciones que se interpusieran contra la sentencia. Sobre ello, se aprecia que los argumentos expuestos devienen manifiestamente en infundados, ya que no hubo un cambio de director de debates durante el juicio, y siempre estuvo a cargo el magistrado Ventura Cueva y la decisión, al ser emitida en audiencia, se notificó en dicho acto; además, carece de objeto emitir un pronunciamiento al respecto dado que se ha determinado que la condena al imputado debe ser confirmada.

Decimoquinto. ABSOLUCIÓN DE AGRAVIOS DEL RECURSO DE NULIDAD DE MICHEL ORLANDO MEDINA PRADO

15.1. El impugnante afirma que no existen pruebas que determinen su responsabilidad penal y fue detenido mientras vendía caramelos en la calle. Sin embargo, contrario a lo sostenido por él, en el expediente obran actuaciones cuya valoración conjunta permite establecer su responsabilidad penal.

15.2. Así, se tiene el acta de intervención policial suscrita por el policía Manuel García Chacaltana donde se deja constancia de que el encausado fue detenido mientras se daba a la fuga por la cuadra dos de la avenida Tingo María con el cruce de la avenida Zorritos. En ello también coincide el efectivo Wilfredo Iván García Álvarez, quien en su manifestación policial relató que detuvieron a una persona que pasó detrás de su camioneta y vestía una casaca marrón y un polo de color rojo de la selección peruana, quien posteriormente fue identificado como Michel Orlando Medina Prado.

15.3. Durante el juicio oral32 los policías indicaron que quien vestía “polo de Perú” (se entiende que se hace alusión al procesado) fue intervenido a veinte metros del vehículo negro de donde descendieron los otros coimputados mientras corría en diagonal, y ante la intervención policial indicó: “Ya perdí”.

15.4. Asimismo, se cuenta con el Acta de apertura de visualización de memoria de equipo celular33 realizada al dispositivo hallado en posesión del recurrente donde se registra como uno de sus contactos Zambo con el número 91435-3266 que corresponde al equipo hallado en posesión del sentenciado Alexander Marcos Martínez Aramburú y con quien mantuvo comunicación el día de los hechos, conforme con registro de llamadas. Además se tiene una conversación por Whatsapp con el contacto identificado como Caña, quien a las 7:43 de la mañana de la fecha en que ocurrió el asalto le envía un mensaje indicándole: “Mano la zona está de la p…uta mate limpia”, y adjunta una fotografía de una avenida. Posteriormente existen mensajes de coordinación con el procesado para encontrarse con dicho sujeto ya que este último escribió: “Ya, en el punto” a lo que el encausado respondió: “Listo, ya estoy cerca, mano”.

15.5. De manera que no es verosímil lo alegado por el recurrente acerca de que se dedicaba a la venta ambulatoria de caramelos, no solo porque de acuerdo con el Acta de registro personal y comiso de droga e incautación que se le practicó34 no se hallaron bienes relacionados con una actividad de ese tipo, sino también porque existen pruebas como las señaladas anteriormente que permiten apreciar que formó parte del plan criminal; por lo que sus agravios son desestimados.

15.6. Cabe añadir que en su declaración policial se encontró asistido por una abogada, conforme se registra en el acta respectiva35; en ese sentido, no es correcta su aseveración acerca de que no contó con la asistencia de una defensa.

Decimosexto. ABSOLUCIÓN DE AGRAVIOS DEL RECURSO DE NULIDAD DE SHIRLEY LORENA DÍAZ HUERTA

16.1. De acuerdo con la acusación fiscal, la conducta atribuida a Shirley Lorena Díaz Huerta consistió en cerciorarse de que minutos antes del robo, las loncheras que contenían el dinero que iba a ser ingresado a los cajeros automáticos, estuvieran listas cerca a la mampara, para lo cual realizó un baile como señal para que sus coimputados puedan ingresar y llevárselas sin contratiempos.

16.2. De este modo, se encuentra claramente delimitado el rol que desempeñó la recurrente durante el asalto en calidad de coautora, ya que formó parte del plan común y su aporte fue esencial en la ejecución del delito.

16.3. Así, respecto al primer elemento, de acuerdo con la ampliación de la manifestación del coimputado Ysaías Beverly Canales Chávez36, vigilante de la agencia bancaria, el martes diecinueve de junio de dos mil dieciocho, durante un almuerzo al interior del comedor de su centro de labores, la imputada le indicó que dos personas de tez morena lo iban a contactar a la hora de salida; lo cual ocurrió ciertamente ya que ese día se reunió con los coprocesados Alexander Marcos Martínez Aramburú y Miguel Ángel Echenique Hauyon para planificar el robo. Ellos le indicaron a Canales Chávez que cuando viera bailar a la impugnante detrás de la mampara de vidrio tenía que llamar a Alexander Marcos Martínez Aramburú a través de un teléfono análogo, de color negro con azul que este le entregó, diciéndole la palabra clave: “Chocolate caliente”; a cambio de ello recibiría la suma de diez mil soles.

16.4. De manera que es razonable colegir que Shirley Lorena Díaz Huerta sí se encontraba involucrada con el plan criminal, pues de manera precedente a la comisión de los hechos fue la persona que contactó al encargado de preservar la seguridad de la entidad bancaria con los sujetos que ingresaron al banco para llevarse los maletines que contenían dinero; asimismo, dio la señal para que los sujetos ingresen cuando los objetos sustraídos estuviesen en una ubicación que permita su sustracción de forma rápida.

16.5. Al respecto, en el juicio oral tanto la supervisora Fanny Vanessa Rojas Becerra como la trabajadora Yeni Luz Velásquez Leandro indicaron que todos los empleados, incluido el vigilante y el procesado Canales Chávez almorzaban juntos al interior del banco y tenían interacción entre ellos; por ende resulta verosímil que la procesada haya aprovechado ese espacio para contactar con el encargado de seguridad del local y de ese modo hacerlo parte del plan criminal.

16.6. Asimismo, el día de los hechos, instantes previos a que Alexander Marcos Martínez Aramburú y Miguel Ángel Echenique Hauyón ingresaran de forma violenta a las instalaciones del banco y luego de dejar los maletines que contenían el dinero para abastecer a los cajeros automáticos cerca a la mampara, realizó un baile que pudo ser observado por el vigilante Ysaías Beverly Canales Chávez. Así aparece en el Acta de visualización de video37; con lo cual, el acuerdo delictivo se ejecutó tal como fue coordinado días previos y el movimiento corporal realizado por la recurrente no se trató de un suceso aislado o casual, sino premeditado.

16.7. A ello se agrega lo declarado por la supervisora de la agencia bancaria Fanny Vanessa Rojas Becerra en el juicio, quien indicó que la información sobre el ingreso del dinero y el lugar donde pone las loncheras antes de llenar los cajeros tuvo que haber salido de adentro de la agencia; esta testigo también refirió que mientras estuvieron adentro de la antebóveda junto con la encausada y la señora de limpieza, Shirley Lorena Díaz Huerta en un inicio se encontraba llorando y la trataban de calmar, pero cuando a través de una llamada se enteraron que habían atrapado a los coprocesados y se recuperaron las maletas con dinero, el rostro y actitud de la recurrente cambiaron ya que se mostró tensa.

16.8. Con lo anterior es posible colegir que la sentenciada, en su condición de trabajadora de la agencia bancaria, que normalmente ayudaba a cargar las maletas con dinero, como lo refirió la testigo Rojas Becerra, tenía conocimiento de parte del protocolo sobre el llenado de cajeros, por lo que filtró dicha información a los encausados a efectos de ejecutar el robo.

16.9. Ello también se sustenta en lo declarado por Yeni Luz Velásquez Leandro, quien era compañera de labores de la encausada e indicó que la supervisora siempre las llamaba para llevar las loncheras con el dinero y que esto ocurría cada dos o tres días y se llenaban faltando unos minutos para la apertura de la agencia; y lo referido por el agraviado y trabajador del banco Adrián Marcelo León Chucuya, quien en juicio indicó que se podía saber la cantidad y el momento en el que se llenaban los cajeros por algún comentario.

16.10. Conforme con el Acta de visualización de video38 de las cámaras de seguridad de la agencia bancaria, luego de dejar las loncheras, la recurrente comienza a bailar con los brazos hacia arriba y luego se acercó a la mampara bailando; es este último movimiento el que es divisado por el vigilante Canales Chávez para que actúe conforme con lo que le indicaron previamente Alexander Marcos Martínez Aramburú y Miguel Ángel Echenique Hauyón; así, pues, se encuentra identificado plenamente el movimiento corporal que realizó la encausada y no se advierte una incongruencia con los hechos postulados por el Ministerio Público.

16.11. No resulta trascendente, a efectos de declarar la nulidad de la sentencia, el que la Sala Superior haya valorado su primera declaración policial, ya que ello no desconoce que existen pruebas de cargo que la vinculan con los hechos.

16.12. Por estas razones, al haberse acreditado la responsabilidad penal de Shirley Lorena Díaz Huerta, su condena debe confirmarse.

Decimoséptimo. ABSOLUCIÓN DE AGRAVIOS DEL RECURSO DE NULIDAD DE MIGUEL EDUARDO VILLANUEVA PAZ

17.1. Esta Sala Suprema tiene en cuenta que al procesado se le imputa que en su calidad de trabajador del banco BCP, habría coordinado el asalto, aprovechando su condición laboral y la relación sentimental que mantenía con Shirley Lorena Díaz Huerta.

17.2. De este modo, para determinar su responsabilidad penal es necesario acreditar fehacientemente si, aprovechando que era empleado del banco, intervino en el concierto criminal junto con los otros procesados, la manera en la que lo hizo y el aporte concreto que habría dado.

17.3. En este ámbito, no es un hecho controvertido el que Miguel Eduardo Villanueva Paz se desempeñara en el cargo de ejecutivo de banca PYME desde hace más de un año y medio anteriores al momento en que ocurrieron los hechos y previamente trabajó como supervisor de procesos operativos II; así lo ha informado la propia entidad bancaria a través de las constancias de trabajo39. Esto constituye un hecho probado trascendente, pues la sentencia impugnada ha afirmado que al momento de los hechos (veintitrés de junio de dos mil dieciocho) el recurrente tenía el cargo de supervisor de procesos operativos II y concluyó que en dicho puesto tenía a su cargo el abastecimiento y desabastecimiento de cajeros según un correo de instrucciones del área de cajeros (fundamento 45.2. de la sentencia impugnada).

17.4. Al respecto, no se ha demostrado de manera irrefutable que le haya llegado o que tenía conocimiento del correo electrónico que llegó a los supervisores de las agencias bancarias con la información, sobre el día y el monto con el que se abastecerían los cajeros automáticos y que fue la persona que filtró dicha información. Sobre todo, si como se indicó precedentemente y contrario a lo afirmado por la Sala Superior en la sentencia recurrida, él ya no tenía dicho cargo en el banco y tal como ha sido expuesto en la absolución de agravios del recurso de nulidad de Shirley Lorena Díaz Huerta, la supervisora Fanny Vanessa Rojas Becerra expuso que el dato sobre el protocolo que sigue para el llenado de los cajeros, específicamente la ubicación de las maletas, tuvo que salir de adentro de la agencia.

17.5. Asimismo, conforme lo indicó el agraviado Adrián Marcelo León Chucuya, era posible saber la cantidad y el momento en el que se llenaban los cajeros porque ello podía ser comentado, lo que sumado a lo indicado por la citada supervisora de la agencia con relación a que los cajeros se llenaban cuatro veces a la semana, de lo cual también se dio cuenta la trabajadora Yeni Luz Velásquez Leandro al referir que cargaba loncheras cada dos o tres días y que ello ocurría aproximadamente diez minutos antes de iniciar la atención al público, permiten apreciar que eran los trabajadores del banco, entre ellos Shirley Lorena Díaz Huerta, quienes conocían de primera mano el protocolo que seguía la agencia donde laboraban para el abastecimiento de cajeros; en ese sentido esta información podía ser predecible por ellos dada la cercanía y recurrencia en la que se llevaban a cabo estas operaciones.

17.6. Con lo anterior no es posible considerar como un indicio que el recurrente tenía el cargo de supervisor para concluir que le llegó el correo masivo donde se comunicaba, ya que está claro que dicha premisa fáctica no ha sido probada. Tampoco es admisible afirmar con certeza que como Miguel Eduardo Villanueva Paz ejerció dicho cargo en anteriores oportunidades habría tenido la posibilidad de acceder a la información sobre el llenado de los cajeros, ya que se trata de una especulación que no se sostiene en un dato objetivo indiscutible.

17.7. Ahora bien, respecto a la prueba de cargo en contra del recurrente se cuenta con la manifestación policial de Ysaías Beverly Canales Chávez, quien indicó que cuando se reunió con Alexander Marcos Martínez Aramburú y Miguel Ángel Echenique Hauyón estos le indicaron que Shirley Lorena Díaz Huerta y su enamorado, conocido como el Viejo, habían contactado y coordinado todo para el asalto a la agencia bancaria; más adelante indicó que conoce a Miguel Eduardo Villanueva Paz por ser un extrabajador del banco, por lo que de acuerdo con el Acta de reconocimiento de persona mediante fotografía del sistema Reniec40 identificó al encausado.

17.8. Sin embargo, ello no resulta suficiente para fundar una condena en su contra, ya que a diferencia de los otros procesados como Shirley Lorena Díaz Huerta y Miguel Ángel Echenique Hauyón a los cuales Canales Chávez sindica como las personas que intervinieron en el asalto y sobre quienes se tiene elementos de corroboración sólidos y diversos, los cuales han permitido declarar su responsabilidad penal, en el caso del recurrente no se presenta una situación similar dado que no se cuenta con pruebas convincentes que sostengan su sindicación y permitan afirmar con seguridad que el encausado intervino en el plan criminal conforme con la imputación fiscal.

17.9. A ello se agrega que el recurrente no trabajó en la oficina bancaria donde ocurrió el robo y ninguno de los trabajadores ha referido conocerlo.

17.10. Tampoco se puede establecer con certidumbre que Villanueva Paz haya coordinado con los otros coprocesados, ya que de acuerdo con las actas de visualización de memoria de equipo celular de Echenique Hauyón, Medina Prado y Velarde Jipa no aparece que hayan tenido alguna comunicación con el teléfono celular del encausado. En consecuencia, no es correcta la afirmación de la Sala Superior respecto a que el recurrente se contactó con el acusado ausente Vásquez Curimaya (fundamento 45.1 de la sentencia impugnada); al respecto no existe algún medio de prueba que permita generar un convencimiento certero.

17.11. En cuanto al apelativo el Viejo, el único que lo identifica así es el coprocesado Canales Chávez; asimismo, en el expediente obran los partes policiales números 363-2018-DIRNIC-DIRINCRI-PNP/DIVINROB- DEPIARECD.S3 y 556-2018-Dirincri-PNP/DIVINROB-DEPIARECD.S3 que forman parte de las investigaciones llevadas a cabo por el personal policial en apoyo a la labor del Ministerio Público donde señalan que se trataría de una persona que el día de los hechos se dio a la fuga con un auto negro marca Chevrolet modelo Chevi. Al respecto, conforme con la pericia de parte realizada por el perito ingeniero Enrique Segundo Suárez Guimarey, la ubicación del GPS del celular del encausado con el aplicativo Google Maps el día de los hechos registra que este se movilizó a las 09:58 de la mañana desde el distrito de Pueblo Libre hasta la urbanización Chacra Colorada en Breña, donde llegó a las 10:23. Es pertinente señalar que el evento delictivo ocurrió aproximadamente a las 08:51; por ende, no obran elementos de prueba que acrediten con certeza su presencia a la hora de los hechos en la escena del delito.

17.12. No pasa inadvertido que Canales Chávez indicó que el recurrente era un extrabajador del banco; sin embargo, de acuerdo con la Constancia de Trabajo del BCP, Miguel Eduardo Villanueva Paz trabajaba en la fecha en que ocurrieron los hechos en la entidad bancaria. Además, el citado coencausado tampoco señaló las circunstancias en las que habría conocido al procesado o si se habría reunido en alguna oportunidad con él, ello a efecto de determinar una relación previa entre ambos.

17.13. Con lo anterior, a pesar de acreditarse que entre el encausado y Shirley Lorena Díaz Huerta hubo una relación sentimental al momento en que ocurrieron los hechos y la existencia de una débil sindicación por parte de Ysaías Beverly Canales Chávez; este Tribunal Supremo estima que existe duda razonable respecto a la conducta del encausado, ya que no se ha llegado al grado de certeza para emitir una condena en su contra, conforme con el literal e del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política41; en consecuencia, corresponde su absolución.

Decimoctavo. ABSOLUCIÓN DE AGRAVIOS DEL RECURSO DE NULIDAD DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ EN EL EXTREMO ABSOLUTORIO POR EL DELITO DE BANDA CRIMINAL

18.1. El Acuerdo Plenario N.° 8-2019/CIJ-116 ha establecido que la banda criminal es igualmente una estructura criminal, pero de menor complejidad organizativa que la que posee una organización criminal; además ejecuta un proyecto delictivo menos trascendente y propio de la “delincuencia común urbana”; esto significa que se dedica al despojo mayormente artesanal y violento a través de la reiterada comisión de robos, secuestros, extorsiones, actos de marcaje y sicariato (fundamento 20).

18.2. Ahora bien, en el caso concreto no se ha probado que los procesados hayan formado parte de una organización con un mínimo de temporalidad en su constitución y que se hayan unido para cometer frecuentes delitos de robo con agravantes a entidades bancarias; por lo que debe confirmarse la absolución en este extremo.

Decimonoveno. ABSOLUCIÓN DE AGRAVIOS DEL RECURSO DE NULIDAD DEL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ EN EL EXTREMO DE LA REPARACIÓN CIVIL

19.1. El Banco de Crédito del Perú solicita que se eleve el monto de la reparación civil por la suma de cincuenta mil soles a su favor y veinte mil soles a favor de Adrián Marcelo León Chucuya; sin embargo, en su recurso de nulidad no ha expresado razones concretas para fundamentar su pretensión, únicamente se identifica que de manera genérica ha alegado un daño a su reputación.

19.2. Por lo tanto, se desestima su recurso impugnatorio, más aún si no planteó una pretensión alternativa a la postulada por el Ministerio Público luego que este presentara su acusación.

Vigésimo. SANCIÓN PENAL

20.1. La sanción penal aplicable a los encausados responde a la calificación jurídica postulada por el Ministerio Público en su escrito de acusación respecto al delito de robo con agravantes.

20.2. De este modo, el referido tipo penal prevé una sanción que oscila entre doce a veinte años de pena privativa de libertad, conforme con el primer párrafo del artículo 189 del Código Penal.

20.3. Este Supremo Tribunal observa que pese a que se acreditó que el agraviado Adrián Marcelo León Chucuya fue víctima de un disparo, lo cual le ocasionó lesiones, no se consideró la agravante específica prevista en el numeral 1 del segundo párrafo del artículo 189 del Código Sustantivo; sin embargo, no resulta posible su aplicación en esta instancia al estar prohibida la reforma en perjuicio de los impugnantes; por lo que a efecto del cálculo de la pena únicamente se considerarán las agravantes específicas postuladas por el titular de la acción penal.

20.4. En consecuencia, se aprecia que las penas privativas de libertad de catorce años impuestas a Miguel Ángel Echenique Hauyón, Raúl León Velarde Jipa, Ysaías Beverly Canales Chávez y Shirley Lorena Díaz Huerta se corresponden con la concurrencia de las dos agravantes específicas que el Ministerio Público consideró en la calificación jurídica –los numerales 3 (a mano armada) y 4 (con el concurso de dos o más personas) del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal–.

20.5. En cuanto al sentenciado Michel Orlando Medina Prado a quien se le impuso veinte años de pena privativa de libertad se consideró su condición de reincidente, ya que presentaba antecedentes penales42; en ese sentido no se advierten motivos para una disminución y debe confirmarse.

20.6. Como se indicó precedentemente, en su informe oral el abogado del recurrente Ysaías Beverly Canales Chávez alegó que se le debía disminuir la pena al haber colaborado con el esclarecimiento de los hechos; sobre ello, a pesar de que dicho argumento no fue planteado oportunamente en la fundamentación de su recurso de nulidad, no resulta posible aplicarle algún beneficio de bonificación procesal como la confesión sincera dadas su posteriores retractaciones en las que incluso afirmó que fue coaccionado por la policía, situación que no ocurrió, conforme fue verificado.

20.7. Respecto al sétimo punto del fundamento 60 de la sentencia impugnada donde se indica que se le causó la muerte al agraviado, se trata de un error material en la redacción de la sentencia que no ha tenido impacto alguno en la acreditación de la responsabilidad penal de los encausados y la determinación de la pena; por lo que no se trata de un vicio que determine la nulidad de la resolución.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, acordaron:

I. Declarar NO HABER NULIDAD en la sentencia del treinta de diciembre de dos mil diecinueve (folios 2566-2590v) expedida por la Cuarta Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima en los extremos que: i) Absolvió a Miguel Ángel Echenique Hauyón, Alexander Marcos Martínez Aramburú, Michel Orlando Medina Prado, Raúl León Velarde Jipa, Ysaías, Beverly Canales Chávez, Shirley Lorena Díaz Huerta y Miguel Eduardo Villanueva Paz del delito de banda criminal en agravio del Estado. ii) Condenó a Miguel Ángel Echenique Hauyón, Michel Orlando Medina Prado, Raúl León Velarde Jipa, Ysaías Beverly Canales Chávez y Shirley Lorena Díaz Huerta como coautores del delito de robo con agravantes en perjuicio del Banco de Crédito del Perú y Adrián Marcelo León Chucuya, y como tal impuso a Alexander Marcos Martínez Aramburú y Michel Orlando Medina Prado veinte años de pena privativa de libertad; y a Miguel Ángel Echenique Hauyón, Raúl León Velarde Jipa, Ysaías Beverly Canales Chávez y Shirley Lorena Díaz Huerta catorce años de pena privativa de libertad; fijó en cinco mil soles el monto de la reparación civil a favor de Adrián Marcelo León Chucuya y en cuarenta mil soles el monto a favor del Banco de Crédito del Perú; con lo demás que contiene.

II. Declarar HABER NULIDAD en la referida sentencia, en el extremo que condenó a Miguel Eduardo Villanueva Paz como coautor del delito de robo con agravantes en perjuicio del Banco de Crédito del Perú y Adrián Marcelo León Chucuya; REFORMÁNDOLA, lo absolvieron de dicho cargo.

III. ORDENAR la inmediata libertad del encausado Miguel Eduardo Villanueva Paz, siempre y cuando no subsista en su contra orden o mandato de detención emanada por autoridad competente, procediéndose a la anulación de los antecedes que su hubieran generado como consecuencia del presente proceso. Se OFICIA para tal efecto, vía fax o medio idóneo correspondiente, a la Cuarta Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, para los fines legales consiguientes, así como para la notificación personal al procesado.

IV. En atención a lo resuelto CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento sobre el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado RAÚL LEÓN VELARDE JIPA contra la resolución dictada en audiencia del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve (folio 2515) que declaró improcedente el pedido de nulidad planteado contra la resolución dictada en audiencia del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve que decidió suspender los plazos de cómputo de la prisión preventiva.

V. DISPONER se notifique la presente ejecutoria a los sujetos procesales apersonados en esta suprema instancia, se devuelvan los actuados a la sala superior de origen y se archive el cuadernillo.

Intervinieron los magistrados Núñez Julca y Carbajal Chávez, por licencia e impedimento de los jueces supremos Guerrero López y Pacheco Huancas, respectivamente.


1 Constituida mediante resolución del trece de agosto de dos mil dieciocho (folio 1155).
2 Constituido en el auto de procesamiento del siete de julio de dos mil dieciocho (folios 898-926).
3 SAN MARTÍN CASTRO, César Eugenio. Derecho procesal penal. Lima: Grijley, 2014, p. 981.
4 Artículo 317-B. Banda criminal. El que constituya o integre una unión de dos a más personas; que sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal dispuestas en el artículo 317, tenga por finalidad o por objeto la comisión de delitos concertadamente; será reprimido con una pena privativa de libertad de no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
5 Folios 210-218.
6 Folios 1369-1373.
7 Sesión del veinticinco de setiembre de dos mil diecinueve (folios 2335-2339).
8 Folio 384.
9 Folios 281-282.
10 Folios 297-308.
11 Sesión del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, folios 2513-2531.
12 Folio 424.
13 Folios 119-131.
14 Folio 102.
15 Folio 93.
16 Folio 106.
18 Folios 219-221.
19 Folios 222-224.
20 Folios 1576-1578.
21 Sesión del catorce de agosto de dos mil diecinueve (folios 2301-2303v).
22 Folios 297-308.
23 Folios 94-95.
24 Sesión del diez de octubre de dos mil diecinueve (folios 2357-2366).
25 Sesión del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve (folios 2398-2405).
26 Folios 103-104.
27 Sesión del veinte de noviembre de dos mil diecinueve (folios 2426-2430v).
28 Folio 100.
29 La primera declaración policial se rindió el veintisiete de junio de dos mil dieciocho (folios 116- 118). La segunda declaración policial fue el dos de julio de dos mil dieciocho (folios 219-221) y la tercera se dio el tres de julio de dos mil dieciocho (folios 222-224).
30 Folio 380.
31 Folios 2515-2515v
32 Sesión del diez de octubre de dos mil diecinueve.
33 Folios 251-259.
34 Folio 97.
35 Folios 138-145.
36 Folios 210-218.
37 Folio 297-308.
38 Folios 297-308.
39 Folio 2556.
40 Folio 292.
41 Artículo 2. Toda persona tiene derecho: […] 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: […] e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.
42 Folio 1133.

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