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Vulneración de los principios de congruencia recursal y prohibición de reforma en peor, no son de trascendencia para genear la nulidad.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.° 811-2020
AYACUCHO

Infundado el recurso de casación

Los defectos basados en la vulneración de los principios de prohibición de reforma en peor y de congruencia recursal que se atribuyen a la sentencia de vista, se evidencian, pero no son de trascendencia tal que conlleve de manera irremediable a su nulidad (pretensión impugnatoria del recurso de casación). De la apreciación del proceso en su conjunto, permite justificar la decisión recurrida, ya que retoma el análisis de la concurrencia de la agravante del delito de tráfico ilícito de drogas a que se contrae el numeral 6 del artículo 297 del Código Penal, cuyos efectos no deben alcanzar al recurrente, quien ya fue sentenciado, ni debe implicar un incremento de la pena impuesta, sino que, es necesario el análisis, para establecer si la imputación fiscal comprende a los demás coprocesados, cuya situación legal no está definida. Razones por las cuales el recurso deviene en infundado.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, diez de junio de dos mil veintidós

VISTOS: el recurso de casación (foja 268 del cuaderno de debate) interpuesto por la defensa técnica del sentenciado Gian Carlos Pantoja Torre contra la sentencia de vista contenida en la Resolución número 14, del tres de junio de dos mil diecinueve (foja 244 del cuaderno de debate), emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declaró nula la sentencia de primera instancia contenida en la Resolución número 4 del veinticinco de enero de dos mil diecinueve (foja 125 del cuaderno de debate), en el extremo que concluyó por su irresponsabilidad respecto a la agravante prevista en el inciso 6 del artículo 297 del Código Penal (participación de tres o más personas), y ordenó la realización de un nuevo juicio oral por otro Juzgado Penal Colegiado; y, dejó subsistente la condena como coautor del delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, promoción o favorecimiento al consumo ilícito de drogas, con la agravante del inciso 7 del artículo 297 del Código Penal (por la cantidad de droga), en perjuicio del Estado; imponiéndole: quince años de pena privativa de libertad, ciento ochenta días multa e inhabilitación conforme a los incisos 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal, por el plazo de tres años y fijó el pago de S/ 20 000 (veinte mil soles) como reparación civil, que deberá abonar a favor del agraviado, con lo demás que contiene.

Intervino como ponente el señor juez supremo Coaguila Chávez.

FUNDAMENTOS DE HECHO

I. Del procedimiento en primera y segunda instancia

Primero. Con fecha dieciséis de mayo de dos mil diez (foja 01 del cuaderno expediente judicial), el Ministerio Público formuló requerimiento de acusación contra Gian Carlo Pantoja Torre (recurrente), Fredy Najarro Bellido y Orlando Mamani Pila, como coautores del delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas en su modalidad de promoción y favorecimiento al consumo ilegal de estupefacientes mediante actos de tráfico en su forma agravada, en agravio del Estado (representado por la Procuraduría Pública Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas del Ministerio del Interior), delito previsto y sancionado en los artículos 296 (primer párrafo) y 297 (incisos 6 y 7) del Código Penal; y, solicitó que le impongan quince años de pena privativa de libertad; el pago de ciento ochenta días multa en la suma de S/ 1782.09 (mil setecientos ochenta y dos soles con nueve céntimos) a favor del Estado; inhabilitación por tres años conforme a los incisos 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal; en tanto que la parte civil, solicitó que se les imponga por concepto de reparación civil, la suma de S/ 100 000 (cien mil soles). Mediante Resolución número 05, del veinte de julio de dos mil dieciocho (foja 29), se dictó el auto de enjuiciamiento en los mismos términos.

Segundo. Por sentencia contenida en la Resolución número 04, del veinticinco de enero de dos mil diecinueve (foja 125 del cuaderno de debate), el Juzgado Penal Colegiado de Huamanga resolvió: 1) Absolver a Orlando Mamani Pila del delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad de promoción o favorecimiento al consumo ilegal de drogas en agravio del Estado; 2) Condenar al acusado Gian Carlo Pantoja Torre como coautor del delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, promoción o favorecimiento al consumo ilícito de drogas, en perjuicio del Estado, imponiéndole quince años de pena privativa de libertad, ciento ochenta días multa e inhabilitación conforme a los incisos 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal por el plazo de tres años, y fijó el pago de S/ 20 000 (veinte mil soles) como reparación civil, que deberá abonar a favor del agraviado; con lo demás que contiene.

Tercero. La sentencia antes mencionada, en su extremo absolutorio, fue objeto de recurso de apelación por el Ministerio Público (foja 170 del cuaderno de casación); mientras que, en su extremo condenatorio, fue impugnada por el procesado Gian Carlos Pantoja Torre (foja 186 del cuaderno de debate), siendo la común pretensión impugnatoria, la nulidad de la sentencia y la realización de nuevo juzgamiento. Por Resoluciones número 05 y 06, del veinticinco de febrero de dos mil diecinueve (fojas 183 y 191 del cuaderno de debate), se concedieron ambos recursos de apelación y se dispuso que se remitan los autos al superior en grado.

Cuarto. Verificada la audiencia de control de apelación (foja 238 del cuaderno de debate), no se incorporó, actuó ni oralizó medio probatorio alguno; el procesado impugnante manifestó que no brindaría declaración. La defensa de los procesados y el Ministerio Público expusieron sus respectivos alegatos finales.

En ese sentido, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, a través de la sentencia de vista contenida en la Resolución número 14, del tres de junio de dos mil diecinueve (foja 244 del cuaderno de debate), resolvió: 1) Declarar nula la sentencia de fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en el extremo que absuelve de la acusación fiscal a Orlando Mamani Pila como autor del delito de promoción o favorecimiento al consumo ilegal de drogas mediante actos de tráfico, en agravio del Estado; 2) Declarar nula la sentencia de fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en el extremo que concluyó por la irresponsabilidad penal del acusado Gian Carlos Pantoja Torre, por la causal prevista en el inciso 6 del artículo 297 del Código Penal, dejando subsistente la condena por el inciso 7 del artículo 297 del Código Penal; y, 3) ordenar la realización de nuevo juicio oral por otro Colegiado.

Quinto. Frente a la decisión de la sentencia de vista, el sentenciado Pantoja Torre, mediante su defensa técnica, interpuso recurso de casación (foja 268 del cuaderno de debate), en procura que se declare su nulidad, para lo cual invocó el numeral 4 del artículo 427 del Código Procesal Penal que vinculó a la causal descrita en el numeral 1 del artículo 429 del Código citado, exponiendo como agravios que la Sala Penal de Apelaciones vulneró el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales —motivación incongruente— al quebrantar el principio de congruencia recursal, pues a pesar de que declaró fundado el recurso de apelación, no amparó su pretensión impugnatoria y resolvió más allá de lo peticionado. En la apelación solicitó la nulidad total de la sentencia de primera instancia, ya que se planteó como agravio la falta de pronunciamiento por parte del Juzgado Penal Colegiado sobre la agravante contenida en el inciso 6 del artículo 297 del Código Penal; sin embargo, el Tribunal Superior anuló parcialmente la sentencia y dejó subsistente la condena por el delito de tráfico ilícito de drogas, con la agravante contenida en el inciso 7 del artículo 297 del Código Penal.

II. Trámite del recurso de casación

Sexto. Recibido formalmente el expediente por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, mediante decreto del quince de marzo de dos mil veintiuno (foja 78 del cuaderno formado en esta sede), se dispuso correr traslado a las partes procesales por el término de ley, apersonándose el sentenciado recurrente. Culminada esta etapa, se señaló fecha para la calificación del recurso de casación; mediante auto de calificación del cinco de noviembre de dos mil veintiuno (foja 89 del cuaderno formado en este sede), se declaró bien concedido el recurso de casación por las causales que describen los numerales 1 y 2 del artículo 429 del Código Procesal Penal, en el extremo que concluyó por su irresponsabilidad respecto a la agravante prevista en el inciso 6 del artículo 297 del Código Penal (participación de tres o más personas) y ordenó la realización de nuevo juicio oral por otro Juzgado Penal Colegiado; y dejó subsistente la condena como coautor del delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas —promoción o favorecimiento al consumo ilícito de drogas—, previsto en el primer párrafo del artículo 296 del Código Penal con la agravante del inciso 7 del artículo 297 del Código citado (por la cantidad de droga), en perjuicio del Estado; imponiéndole quince años de pena privativa de libertad, ciento ochenta días multa e inhabilitación conforme con los incisos 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal por el plazo de tres años, y fijó el pago de S/ 20 000 (veinte mil soles) como reparación civil que deberá abonar a favor del agraviado; con lo demás que contiene.

Séptimo. Por decreto del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno (foja 103 del cuaderno formado en este sede), la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, conforme a los alcances del artículo 4 de la Resolución Administrativa N° 0378-2021-CE-PJ, del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dispuso la remisión de la presente causa a esta Sala Penal Permanente de la Corte Suprema; Colegiado que, por resolución del veintinueve de marzo de dos mil veintidós (foja 104 del cuaderno formado en esta sede), se avoca al conocimiento de la presente causa.

III. Fundamentos de la admisión del recurso de casación

Octavo. El sentenciado recurrente planteó el recurso de casación y vinculó sus agravios con la causal prevista en el numeral 1 del artículo 429 del Código Procesal Penal; en ese sentido, el Colegiado Supremo consideró como bien concedido el recurso, teniendo en cuenta que de lo expuesto en el requerimiento acusatorio y en las sentencias de mérito se aprecia que, en cuanto a la sentencia de primera instancia sobre la situación jurídica de Pantoja Torre, el fiscal provincial no apeló respecto a la falta de responsabilidad penal por la agravante de pluralidad de agentes; y, que la defensa de Pantoja Torre impugnó la condena solo en el extremo de la agravante de la cantidad de droga incautada.

En ese aspecto, debe determinarse si la decisión de la Sala Penal de Apelaciones de anular el extremo de que no existe responsabilidad por la agravante de participación en los hechos de más de tres personas y disponer que el sentenciado Pantoja Torre sea sometido a la realización de un nuevo juicio oral, perjudicaría su situación y atentaría contra los principios de prohibición de reforma en peor y de congruencia recursal que rigen en sede impugnativa, los mismos que están previstos en el numeral 3 del artículo 409 del Código Procesal Penal, y el numeral 1 de los artículos 409 y 419 del mismo Código.

Cabe precisar que, de la sentencia de primera instancia, sobre la responsabilidad penal de Pantoja Torre, el fiscal provincial no apeló respecto a la falta de responsabilidad penal por la agravante de pluralidad de agentes, mientras que la defensa de Pantoja Torre impugnó la condena solo en el extremo de la agravante de cantidad de droga incautada.

En ese sentido se dijo que debía determinarse si la decisión de la Sala Penal de Apelaciones —de anular el extremo de que no existe responsabilidad por la agravante de participación en los hechos de más de tres personas y disponer que el sentenciado Pantoja Torre sea sometido a la realización de un nuevo juicio oral—convertiría en más perjudicial su situación y atentaría contra los principios de prohibición de reforma en peor y de congruencia recursal —previstos en el numeral 3 del artículo 409, el numeral 1 de los artículos 409 y 419 del Código Procesal Penal—, que rigen en sede impugnativa.

Evaluada la pretensión, se consideró para la concesión del recurso de casación que era pertinente acceder por la causal del numeral 1 del artículo 429 del Código Procesal Penal —por la incongruencia de la decisión—, la cual debía ser evaluada en conexión con el inciso 2 del artículo 429 del mismo Código, por quebrantamiento de precepto procesal de las siguientes normas: el numeral 3 del artículo 409, el numeral 1 de los artículos 409 y 419 del acotado código.

Por tales razones, se declaró bien concedido el recurso de casación ordinaria, interpuesto por el recurrente, por las causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 429 del Código Procesal Penal.

IV. Contexto factual de la casación

Noveno. Para ubicarse en el contexto factual, los hechos que dan origen a la controversia materia de grado, el Ministerio Público sustentó que:

9.1 El veintisiete de mayo de dos mil diecisiete, efectivos policiales de Comcocar-Tambo y de la Comisaría PNP Quinua realizaron un operativo conjunto en la Red Vial Quinua, San Francisco (intersección del distrito de Acosvincho y distrito de Quinua) del distrito de Quinua, provincia de Huamanga, Ayacucho, interviniendo el vehículo de placa de rodaje número D9Z-140, marca Toyota, modelo Yaris, color gris oscuro, año 2013; dicho vehículo era conducido por Gian Carlos Pantoja Torre, quien se dirigía con destino a la ciudad de Huamanga, Ayacucho; que ante la actitud nerviosa y sospechosa del mencionado conductor, se procedió a un registro preliminar del vehículo, hallándose compartimientos (caletas), motivo por el cual se comunicó al representante del Ministerio Público para continuar con el registro vehicular. De la revisión total del vehículo, se hallaron cinco compartimientos en los cuales se encontraron un total de 53 (cincuenta y tres) paquetes de diferentes formas y tamaños, los mismos que sometidos al reactivo thiocyanate de cobalto, arrojó una coloración azul turquesa, indicativo positivo presuntivo para alcaloide de cocaína, y se procedió a su comiso.

9.2 Luego, el detenido y los cincuenta y tres paquetes que contenían alcaloide de cocaína, fueron trasladados a las instalaciones de la OFICRI-PNP-AYACUCHO donde se elaboró el acta de deslacrado, orientación, descarte y pesaje de droga, así como la prueba de campo que, al ser sometidos dichos paquetes al reactivo químico, orientó positivo para alcaloide de cocaína, con un peso bruto de 22.700 kilogramos. Finalmente, fueron lacrados para ser remitidos al Laboratorio Central de la Policía Nacional en Lima; que, el Dictamen Pericial de Análisis Químico (drogas) N° 6040, concluye que las muestras corresponden a pasta básica de cocaína con un peso neto de 21.683 Kilogramos.

Décimo. En ese sentido, estando ya instruidas las partes procesales de la admisión del recurso de casación, conforme al cargo de entrega de la cédula de notificación correspondiente (fojas 95 y 96 del cuaderno formado en esta sede); mediante resolución del cinco de mayo de dos mil veintidós (foja 106 del cuaderno formado en esta sede), se dispuso la realización de la audiencia de casación para el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la cual se realizó mediante el aplicativo Google Hangouts Meet. Una vez culminada, se produjo la deliberación de la causa en sesión secreta, en virtud de la cual, tras la votación respectiva, el estado de la causa es el de expedir sentencia, cuya lectura se fijó para el diez de junio de dos mil veintidós, con las partes que asistan, en concordancia con el artículo 431, numeral 4, del Código Procesal Penal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

V. Respecto a la debida motivación de las resoluciones judiciales

Decimoprimero. Derivada de la garantía del debido proceso, la motivación de las resoluciones judiciales constituye un principio general del ordenamiento constitucional, mediante el cual, se exige al juez fundamentar razonada, coherente y suficientemente sus decisiones judiciales. Es un elemento de control de racionalidad de la administración de justicia, que afirma las bases democráticas de un Estado de Derecho; en concreto, la debida motivación de las resoluciones judiciales es la garantía que tiene el justiciable frente a la arbitrariedad judicial. Esta garantía se encuentra expresamente reconocida en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, según el cual, es principio de la función jurisdiccional: “La motivación escrita de las resoluciones judiciales, en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”. Por consiguiente, la motivación de las resoluciones judiciales constituye una garantía de que: a) se aplica a todos los casos en que se deciden cuestiones de fondo, b) es un mandato dirigido a todos los jueces de las diversas instancias, c) implica la obligatoriedad de fundamentar jurídica (fundamentos de derecho) y fácticamente (fundamentos de hecho) la decisión; y, d) la motivación de decisiones judiciales de fondo debe hacerse por escrito1.

Dada la importancia que tiene como elemento distintivo de toda resolución judicial (excepto a los decretos de mero trámite), la garantía de la motivación de las resoluciones judiciales ha sido materia de pronunciamiento en reiterada y consolidada jurisprudencia, generada tanto por esta Suprema Corte, como por el Tribunal Constitucional, dentro de las cuales resaltan el Acuerdo Plenario N° 06-2011/CJ-1162, emitido los jueces supremos integrantes de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, como también la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC3, en las que con carácter de precedente vinculante marcan el derrotero que se debe observar para la emisión de una decisión jurisdiccional basada en los hechos probados y en el derecho pertinente.

VI. Principio de congruencia recursal

Decimosegundo. Con relación a la congruencia recursal, denominada también principio de limitación, está presente en el numeral 1 del artículo 409 del Código Procesal Penal, el cual establece que la impugnación confiere al Tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante.

Esta posición, que emana de la norma procesal vigente, se encuentra respaldada con jurisprudencia, como la que a continuación se glosa:

El principio de congruencia recursal forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las decisiones judiciales (STC N° 222-2018-PHC, STC números 7022-2006-PA/TC, 8327-2005- PA/TC, entre otras) implica que el pronunciamiento de la instancia revisora se encuentra delimitado por las cuestiones que le sean sometidas por las partes en el recuso escrito que fue admitido (se resuelve lo que se impugna o tantum devolutum quantum appellatum), salvo que se adviertan vicios absolutos o sustanciales. El Tribunal Superior encuentra su límite de conocimiento y decisión tanto en la propia resolución recurrida cuanto, en aquellos puntos cuestionados por el recurrente, es decir, en los motivos del agravio, aun cuando advierte errores no planteados por este (SAN MARTÍN CASTRO, César. Lecciones de derecho procesal penal. Lima: Editorial INPECCP y Cenales, 2015, p. 651).

La Sala Penal Permanente de esta Suprema Corte, estableció que el principio de congruencia recursal, es concebido como el encaje o ensamble entre lo impugnado y la sentencia. Exige la concordancia o armonía que obliga a establecer una correlación total entre los dos grandes elementos definidores, la expresión de agravios y la decisión judicial. Por tanto, la expresión de agravios determina las cuestiones sometidas a decisión, estando vedado pronunciarse fuera del alcance de las pretensiones impugnativas que no fueron oportunamente planteadas, en tanto la congruencia es una exigencia lógica que está presente en todo el proceso. En ese sentido, admitir y emitir pronunciamiento sobre nuevos agravios postulados con posterioridad a los expresados en el escrito de impugnación, sería vulnerar el principio de preclusión y de igualdad que debe existir entre las partes en un proceso, pues significaría modificar el orden preestablecido de los actos procesales e incorporar nuevas peticiones o argumentos que no podrán ser contradichos por los otros sujetos procesales4.

VII. Respecto a la nulidad de las resoluciones judiciales

Decimotercero. Se entiende por nulidad la consecuencia que se genera cuando un acto procesal no ha cumplido con la forma establecida por ley ni su finalidad, y que no puede ser subsanado o convalidado de ninguna forma; desde la perspectiva procesal, se le considera como el instituto natural por excelencia, que la ciencia procesal prevé como remedio procesal para reparar un acto procesal viciado, originado por la carencia de alguno de sus elementos constitutivos o vicios existentes en ellos, que lo coloca en una situación procesal de ser declarado judicialmente inválido, lo cual puede ser declarado de oficio o a petición de parte6.

Sin embargo, cabe precisar que no cualquier vulneración de la norma procesal derivará irremediablemente en nulidad procesal, el Código Procesal Penal distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa; en ese sentido, la jurisprudencia sobre el particular ha establecido que la nulidad no se produce por la sola existencia de un acto viciado, pues, para declararse, se debe determinar con claridad y precisión: a) si existe un vicio, b) si el vicio es capaz de generar nulidad; y, c) si se declara la nulidad, cuáles son sus efectos frente al propio acto viciado y a los posteriores.7

En el plano del recurso de casación, el legislador ha establecido como causal del recurso los defectos en la motivación de las resoluciones judiciales desde la perspectiva de la vulneración de una garantía constitucional de carácter procesal o como manifiesto defecto de ilogicidad o falta de motivación de la resolución recurrida (numerales 1 y 4 del artículo 429 del Código Procesal Penal). Aunque la norma procesal no precisa si las causales vinculan a nulidad relativa o a nulidad absoluta, conviene aclarar este punto con la doctrina general del derecho procesal sobre las nulidades procesales y las normas del Código Procesal Penal que regulan la nulidad, concretamente, los artículos 150 al 154, en el sentido de que solo cabe recurrir en casación cuando las normas procesales infringidas se encuentren sancionadas con nulidad absoluta, debido a que el vicio o defecto advertido, al ser insubsanable o inconvalidable, desvirtúa la validez de todo lo desarrollado con posterioridad al vicio.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Decimocuarto. Como se ha establecido en la resolución de calificación emitida en sede suprema, se declaró bien concedido el recurso de casación ordinaria, interpuesto por el recurrente, por las causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 429 del Código Procesal Penal, a fin de determinar si dicha decisión, resultaría más perjudicial al procesado recurrente y atentaría contra los principios de reforma en peor y de congruencia recursal, previstos en el numerales 1 y 3 del artículo 409, y numeral 1 del artículo 419 del Código Procesal Penal respectivamente.

Decimoquinto. En el caso, de una verificación prima facie, se advierte que: 1) la sentencia de primera instancia de fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve (foja 125), carece en su parte resolutiva de un pronunciamiento expreso acerca de la responsabilidad penal del sentenciado recurrente, respecto de la agravante que trata el inciso 6 del artículo 297 del Código Penal (pluralidad de agentes); 2) mientras que la sentencia de vista (foja 244), en su extremo recurrido presenta un pronunciamiento que no se correspondería con el agravio vertido en el recurso de apelación (foja 186 del cuaderno de debate).

Decimosexto. Del defecto advertido en la sentencia de primera instancia, si bien se trata de un vicio que sería lesivo al principio de legalidad contenido en el artículo 394 del Código Procesal Penal, respecto de los requisitos que debe observarse en la sentencia; sin embargo, tal defecto no genera nulidad y menos perjuicio al recurrente, por su falta de trascendencia, toda vez que la acusación fiscal que postulaba la responsabilidad penal del recurrente Gian Carlos Pantoja Torre, conjuntamente con Orlando Mamani Pila y Fredy Najarro Bellido, en el delito de tráfico ilícito de drogas (artículo 296 del Código Penal) agravado por la cantidad de droga incautada y por la participación delictiva de tres personas o más (incisos 6 y 7 artículo 297 del Código Penal), se desvirtuó por la decisión del Juzgado Penal Colegiado de Huamanga, de absolver al coacusado Orlando Mamani Pila, y que al radicar la acusación solo en el recurrente y su coprocesado Fredy Najarro Bellido, la agravante de la pluralidad de agentes (de tres a más), ya no resultaba aplicable a estos últimos.

Decimoséptimo. En lo que concierne al cuestionamiento a la sentencia de vista, se advierte que el recurso de apelación del recurrente (foja 186 del cuaderno de debate) se sustentó en la falta de congruencia de la sentencia condenatoria, con un único argumento impugnatorio basado en la falta de pronunciamiento sobre la agravante que describe el inciso 6 del artículo 297 del Código Penal, y por ende no había una correlación entre la acusación y la sentencia. Sobre este punto, el Colegiado Superior respaldó la pretensión impugnatoria de nulidad con un pronunciamiento escueto pero que resultaba obvio, ya que al anular la absolución del coprocesado Orlando Mamani Pila, se retomaba el análisis de la concurrencia de la agravante de la pluralidad de agentes en el delito de tráfico ilícito de drogas imputado, aspecto que evidentemente alcanza el recurrente y su coprocesado Fredy Najarro Bellido; por ello, se justifica el pronunciamiento nulificante en el extremo a que se contrae el extremo resolutivo 5.3 de la sentencia de vista. Concomitante a ello, se tiene que el único argumento impugnatorio que sustentó el recurso de apelación de Pantoja Torre, es uno que no cuestionaba directamente los fundamentos que sustentó la condena impuesta, basado en el hecho de haberse encontrado en flagrancia delictiva, esto es, en posesión de más de 20 kilogramos de pasta básica de cocaína, sino, en un argumento colateral basado en que no hubo pronunciamiento sobre un extremo de la acusación fiscal, aspecto que evidentemente es insuficiente para revertir los fundamentos de la condena impuesta, pero si para retomar el análisis por la causal omitida; desde esta perspectiva, tampoco se afecta la congruencia recursal.

Decimoctavo. Habiéndose establecido que la sentencia de vista no incurre en afectación al principio de congruencia recursal, corresponde analizar si el extremo recurrido de la sentencia de vista, resultó lesivo del principio de la prohibición de la reforma peyorativa. En primer lugar, es de apreciarse que la pretensión impugnatoria del recurrente en el recurso de apelación interpuesto, era la nulidad de la sentencia de primera instancia en su extremo condenatorio; empero, se sustentó en un solo argumento que no desvirtuó los fundamentos de la condena. En segundo lugar, ese único argumento impugnatorio, basado en la omisión de pronunciamiento en una agravante del delito imputado, fue estimado no desde la perspectiva impugnatoria, sino como un defecto que acontece en la sentencia de primera instancia, que contraviene una norma procesal y tiene el efecto trascendente de que la omisión advertida es lesiva del debido proceso.

Decimonoveno. Por otro lado, un nuevo pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del recurrente respecto de la agravante contenida en el numeral 6 del artículo 297 del Código Penal, no conllevará de modo alguno a la imposición de nueva condena al recurrente, toda vez que su condición jurídica es la de sentenciado, como tampoco influirá en un incremento de la pena impuesta; sino, solo en la determinación del delito, desde la perspectiva de la agravante contenida en la norma penal antes mencionada, relacionada con la participación de los otros dos coprocesados, Mamani Pila y Najarro Bellido; siendo esto así, no se presenta vulneración del principio de la prohibición de la reforma peyorativa, prevista en el numeral 3 del artículo 409 del Código Procesal Penal.

Vigésimo. Así las cosas, es de verificarse que, a partir de un análisis de fondo, el recurso de casación materia de grado, deviene en infundado por cuanto las afectaciones que se advierten basadas en los numerales 1 y 2 del artículo 429 del Código Procesal Penal no se evidencian.

Vigesimoprimero. El artículo 504, numeral 2, del Código Procesal Penal establece que quien interpuso un recurso sin éxito deberá pagar por las costas procesales, las cuales se imponen de oficio, de conformidad con el artículo 497, numeral 2, del citado código adjetivo; estas serán liquidadas por la Secretaría de esta Sala y ejecutadas por el juez de investigación preparatoria competente. En ese sentido, le corresponde al recurrente asumir tal obligación procesal.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del sentenciado Gian Carlos Pantoja Torre, contra la sentencia de vista contenida en la Resolución número 14 del tres de junio de dos mil diecinueve (foja 244 del cuaderno de debate), emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huamanga, de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, en su extremo resolutivo número 5.3. que declaró nula la sentencia de primera instancia contenida en la Resolución número 4 del veinticinco de enero de dos mil diecinueve (foja 125 del cuaderno de debate), en el extremo que concluye en la irresponsabilidad respecto a la agravante prevista en el inciso 6 del artículo 297 del Código Penal (participación de tres o más personas), dejando subsistente la condena impuesta por el inciso 7 del artículo 297 del Código Penal (por la cantidad de droga), ordenando la realización de un nuevo juicio oral por otro Juzgado Penal Colegiado; en los seguidos contra Gian Carlos Pantoja Torre y otros, por delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, promoción o favorecimiento al consumo ilícito de drogas, en perjuicio del Estado; y por el cual se le ha impuesto: quince años de pena privativa de libertad, ciento ochenta días multa e inhabilitación conforme con los incisos 2 y 4, artículo 36 del Código Penal por el plazo de tres años, y fijó el pago de S/ 20 000 (veinte mil soles) como reparación civil que deberá abonar a favor del agraviado, con lo demás que contiene; en consecuencia, NO CASARON la mencionada sentencia de vista.

II. CONDENARON al recurrente Gian Carlos Pantoja Torre al pago de costas procesales, cuya liquidación estará a cargo de la secretaria de esta Suprema Sala Penal Permanente y será exigida por el juez de investigación preparatoria correspondiente.

III. DISPUSIERON que la presente sentencia sea leída en audiencia pública, se notifique a las partes personadas en esta sede Suprema y se publique en la página web del Poder Judicial.

IV. MANDARON que, cumplidos estos trámites, se remitan las actuaciones al Tribunal Superior para que proceda conforme a ley, y se archive el cuadernillo de casación en esta Sede Suprema. Hágase saber.


1 Sala Penal Permanente. Casación número 1382-2017-Tumbes, del diez de abril de dos mil diecinueve; fundamento jurídico octavo.
2 Acuerdo Plenario N° 6-2011/CJ-116 de fecha 06 de diciembre de 2011, específicamente el fundamento jurídico 11.
3 Tribunal Constitucional. Sentencia recaída en el Expediente número 00728-2008- PHC/TC, del trece de octubre de dos mil ocho, fundamentos jurídicos 6 y 7.
4 Sala Penal Permanente. Sentencia de fecha 07 de abril de 2015, recaída en la Casación N° 413-2014-Lambayeque; extracto del considerando trigésimo cuarto.
6 Tribunal Constitucional. Sentencia contenida en el Expediente número 6348-2008-PA/TC,
del dos de agosto de dos mil diez, fundamento jurídico número 8.
7 Sala Penal Especial. Expediente número 12-2019, Resolución número 5, del tres de septiembre de dos mil veinte, considerando 2.5.

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