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Configuración del delito de prevaricato – Indebida motivación en el análisis de la imputación objetiva

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
APELACIÓN N.° 7-2021
PIURA

Prevaricato y nulidad de sentencia absolutoria

a. El a quo concluyó que la conducta del imputado contravino los alcances típicos del delito de prevaricato, tipificado en el artículo 418 del Código Penal (véase considerando 4.7); sin embargo, emitió una sentencia absolutoria. La razón es que, en el plano real, la medida cautelar nunca se ejecutó, pese a que la decisión del encausado fue declarada nula, lo que implicaba que su conducta no fue idónea para producir algún hecho trascendente para el ordenamiento jurídico o para afectar la eficacia de la administración de justicia. Esto es, no hubo perjuicio.

b. De acuerdo con el supuesto de hecho contenido en el artículo 418 del Código Penal, el delito de prevaricato no exige perjuicio alguno para su configuración. En efecto, este delito se materializa, entre otros, si se dicta resolución o se emite dictamen, manifiestamente contrario al texto expreso y claro de la ley. En el caso, al momento en que el encausado emitió la resolución cuestionada, el proceso de amparo no había fenecido, pues sobre la decisión emitida por la Sala Superior —que declaró infundada la demanda— se interpuso recurso de agravio constitucional. Por tanto, se encontraba plenamente vigente el artículo 15 del Código Procesal Constitucional, que exceptuaba la aplicación del artículo 630 del Código Procesal Civil, norma —aplicada en el caso— que no fue dejada sin efecto por el encausado, pese a que, de acuerdo con la declaración de la justiciable, ella le solicitó que corrija dicha resolución.

c. Así, se observan deficiencias en la motivación en el ámbito del análisis de la imputación objetiva aplicada al caso concreto. En consecuencia, de conformidad con el Código Procesal Penal —literal a) del numeral 3 del artículo 425, concordado con el artículo 426—,debe declararse nula la sentencia, realizarse un nuevo juzgamiento y emitirse un nuevo pronunciamiento por otro Colegiado, que tomará en cuenta los fundamentos de la presente ejecutoria suprema.

SENTENCIA DE APELACIÓN

Lima, veintisiete de junio de dos mil veintidós

VISTOS: el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la sentencia del dieciocho de diciembre de dos mil veinte (foja 90), emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, que absolvió al encausado Juan José Polo Monsalve de la acusación fiscal por el delito de prevaricato, en agravio del Estado.

Intervino como ponente la señora jueza suprema ALTABÁS KAJATT.

CONSIDERANDO

I. Naturaleza del proceso

Primero. Este proceso se tramitó como delito de función, atribuido a funcionario público, conforme lo prevé el numeral 4 del artículo 454 del Código Procesal Penal. La promoción de la acción penal se dio por disposición de la Fiscalía de la Nación, el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, por la cual se autorizó el ejercicio de la acción en contra de Juan José Polo Monsalve, en su actuación como juez supernumerario del Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, por la presunta comisión del delito de prevaricato, en agravio del Estado.

II. Imputación fiscal

Segundo. De acuerdo con la acusación fiscal (foja 1), los cargos imputados son los siguientes:

A. Circunstancias precedentes

2.1. Mediante escrito del nueve de enero de dos mil catorce, Loren Karen Curay Ramos denunció a Juan José Polo Monsalve, en su actuación como juez del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Piura, por el delito de prevaricato. Sostuvo que en el mes de febrero de dos mil trece interpuso una demanda de amparo contra el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana y el procurador público de Asuntos Judiciales del Poder Judicial, con el objetivo de que cese la violación de sus derechos constitucionales y fundamentales al trabajo, a la dignidad y al debido proceso, solicitando ser reincorporada en su centro de labores como especialista legal del Juzgado de Investigación Preparatoria del distrito de Órganos o en otro puesto de igual o similar nivel.

2.2. En este contexto, en la tramitación del Expediente número 02127- 2013-0-2001-JR-CI-02, se solicitó en paralelo la medida cautelar de innovar, a fin de garantizar la pretensión principal, originándose el Cuaderno Cautelar número 02127-2013-46.2001-JR, en que se emitió la Resolución número 4, del once de junio de dos mil trece, que decidió tener por ejecutada la medida cautelar solicitada, dado que, en el expediente principal, el Segundo Juzgado Civil de Piura emitió la Resolución número 3, del doce de junio de dos mil trece, mediante la cual declaró fundada la demanda de amparo y, por lo tanto, nulo el despido de la demandante (denunciante); en consecuencia, se ordenó su reincorporación.

2.3. Así, la decisión judicial que amparó el pedido de la demandante (denunciante) fue impugnada mediante el respectivo recurso de apelación y, como resultado, la Sala Civil de Piura, mediante Resolución número 6, del primero de octubre de dos mil trece, revocó la sentencia de primera instancia y declaró infundada la demanda. Contra dicha decisión se interpuso recurso de agravio constitucional, concedido mediante Resolución número 4, del cuatro de noviembre de dos mil trece, y se remitieron los actuados al Tribunal Constitucional.

B. Circunstancias concomitantes

2.4. En el cuaderno cautelar, el Segundo Juzgado Civil de Piura, a solicitud del presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, emitió la Resolución número 6, del seis de diciembre de dos mil trece, mediante la cual se resolvió tener por cancelada de pleno derecho la medida cautelar. Dicha resolución se fundamentó en el artículo 630 del Código Procesal Civil, sin tenerse en cuenta el artículo 15 del Código Procesal Constitucional, que prohibía dicha aplicación en los procesos constitucionales, y se imputó así el delito de prevaricato al juez Juan José Polo Monsalve.

D. Circunstancias posteriores

2.5. Finalmente, la Fiscalía de la Nación emitió la decisión pertinente que habilitaba el ejercicio de la acción penal en contra del referido imputado por el delito mencionado; así, se inició la investigación correspondiente.

E. Imputación concreta

2.6. Se imputa al encausado Juan José Polo Monsalve haber aplicado indebidamente, en un proceso constitucional de amparo, el artículo 630 del Código Procesal Civil, a efectos de dejar sin efecto una medida cautelar de innovar, debido a que el pedido principal de la demanda había sido desestimado en segunda instancia, pese a estar prohibido por el artículo 15 del Código Procesal Constitucional, al tratarse justamente de una medida cautelar dentro de este tipo de proceso, en el que medidas como estas continúan vigentes hasta que se emita una decisión final; dicha conducta habría sido dolosa, al no poderse argumentar inexperiencia o desconocimiento, debido al cargo que ostentaba el imputado.

III. Fundamentos del recurso de apelación

Tercero. El señor fiscal superior interpuso recurso de apelación (foja 53) y solicitó que la sentencia absolutoria se anule y se ordene nuevo juicio oral, bajo los siguientes agravios:

3.1. El delito atribuido al encausado es doloso. Si bien este refirió que la firma de la resolución que emitió debe considerarse un error y una negligencia de su parte, se encuentra acreditado que la conducta del encausado no puede ser asumida bajo ese contexto, sino “mínimamente, con dolo eventual”.

3.2. El encausado aceptó el cargo de juez en un Juzgado Civil en el que se ven asuntos constitucionales. La testigo Gina Maribel Llenque Morán señaló en juicio que en el aludido Juzgado se veían muchos casos constitucionales y que no tenía experiencia en la proyección en resoluciones; sin embargo, de manera inexplicable, el referido encausado firmó la resolución el mismo día en que el proyecto le fue presentado por la servidora Gina Maribel Llenque Morán, bajo el argumento de celeridad procesal y por temas de producción. Asimismo, el encausado señaló no haber consultado el Código Procesal Constitucional antes de firmar la referida resolución, pese a que esta se emitió dentro de un proceso constitucional de amparo y, por conocimiento mínimo, debía saber que regía dicho código.

3.3. La agraviada Loren Karen Curay Ramos señaló en juicio que, en diciembre de dos mil trece, después de que se le notificó la resolución, fue al despacho del acusado y le pidió que corrija su error, y, como respuesta, él le dijo que ya estaba de salida y que, en todo caso, presente su escrito; sin embargo, este laboró en el Juzgado desde el doce de noviembre de dos mil trece hasta el seis de enero de dos mil catorce, por lo que, incluso, tuvo la posibilidad de declarar la nulidad de su resolución, pero no lo hizo, descartándose que se trate de un error.

3.4. Se ha señalado que el proceso constitucional de amparo fue desestimado por el Tribunal Constitucional y que no se causó perjuicio a la agraviada, lo que implicaría la irresponsabilidad penal del acusado; sin embargo, de acuerdo con la estructura del tipo penal de prevaricato, este no exige el perjuicio para su materialización.

IV. Itinerario del proceso en segunda instancia

Cuarto. Conforme al cuadernillo formado en instancia suprema, se desprende el siguiente itinerario procesal:

4.1. La Sala Penal Transitoria, por decreto del nueve de julio de dos mil veintiuno (foja 33 del cuaderno de apelación), dispuso que se corra traslado por el término de cinco días a las partes procesales, las cuales fueron notificadas, conforme se desprende del cargo de entrega de cédulas de notificación (foja 35 del cuaderno de apelación).

4.2. Cabe precisar que mediante Resolución Administrativa número 000378-2021-CE-PJ, del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso que, a partir de la fecha, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República conozca los expedientes tramitados bajo las cláusulas del Código Procesal Penal; por tal motivo, los actuados fueron remitidos a esta Sala Suprema para su trámite respectivo. Así, por decreto del veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno (foja 42 del cuaderno de apelación), se procedió al avocamiento de la causa y se dispuso proseguir el trámite según su estado.

4.3. En este contexto, instruidas las partes procesales sobre el avocamiento del proceso de esta Suprema Sala, se señaló el primero de marzo de dos mil veintidós como fecha para la calificación del recurso, conforme se aprecia del decreto del ocho de febrero de dos mil veintidós (foja 44 del cuaderno de apelación).

4.4. Así, mediante resolución del primero de marzo de dos mil veintidós (foja 46 del cuaderno de apelación), esta Sala Suprema declaró bien concedido el aludido recurso y ordenó que se notifique a las partes para que ofrezcan medios probatorios en el plazo de cinco días.

4.5. Mediante razón del veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, la secretaria de esta Sala Suprema dio cuenta de que se cumplió el plazo de cinco días de ofrecimiento de medios probatorios, por lo que, en atención al decreto del veintiséis de mayo de dos mil veintidós (foja 53 del cuaderno de apelación), se señaló fecha para la audiencia de apelación.

4.6. En este contexto, la audiencia se realizó el catorce de junio de dos mil veintidós, mediante el aplicativo Google Hangouts Meet, con la presencia del encausado, su defensa y el representante del Ministerio Público, quien se ratificó en su impugnación y formuló sus alegatos. Culminados los alegatos, se dio por clausurado el debate oral, conforme al acta respectiva.

4.7. En este estado, ese mismo día, de inmediato y sin interrupción, deliberada la causa en secreto y producida la votación respectiva, se acordó por unanimidad pronunciar la sentencia de apelación correspondiente, en los términos que a continuación se consignan. Se programó el día de la fecha para la audiencia de lectura de la sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A. Límites y valoración de la prueba en segunda instancia

Quinto. El derecho a recurrir se rige, a su vez, por principios o criterios limitadores, uno de los cuales —de aplicación general en materia de impugnación— es el principio de limitación recursal (tantum apelatum quantum devolutum). Este principio deriva del principio dispositivo y está referido al límite que tiene el Tribunal revisor en cuanto a su ámbito de alzada, pues solo le está permitido emitir pronunciamiento con relación a la resolución recurrida y a lo que ha sido objeto de cuestionamiento por quien recurre, sin omitir, alterar o exceder pretensiones formuladas por los impugnantes. Esto es, la decisión del Tribunal encuentra su barrera en los puntos a que se refieren los motivos del agravio. En otras palabras, quien conoce la impugnación no puede apartarse de los límites fijados por los argumentos de quien recurre un fallo que le resulta injusto. La apelación no es un nuevo juicio íntegro, su objeto es más limitado que el de la instancia, y está marcado por los contornos prefijados por el apelante —y, en su caso, el impugnante adhesivo— en su recurso (TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA. Recurso de Casación número 10185/2020, del veintiocho de enero de dos mil veintiuno, fundamento de derecho segundo, sexto párrafo, parte in fine)1.

Sexto. Este principio se encuentra establecido en el numeral 1 del artículo 409 del Código Procesal Penal, cuyo texto es el siguiente: “La impugnación confiere al Tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante”. Dicha normativa procesal establece una excepción al principio de limitación, pues, en caso de advertirse nulidades absolutas o sustanciales no invocadas por el impugnante, el Tribunal revisor tiene expedita la posibilidad de declarar nula la resolución recurrida; sin embargo, esta excepción no puede ser utilizada en perjuicio del imputado (prohibición de la reformatio in peius).

Séptimo. Con relación a la deliberación de la decisión de alzada, se procederá a realizar una nueva evaluación del caudal probatorio, pero dicha ponderación debe efectuarse siguiendo las pautas establecidas por el artículo 425 del Código Procesal Penal. Así, conforme al numeral 1 del acotado artículo 425, se deben tomar en cuenta, en lo pertinente, los criterios básicos previstos en el artículo 393 del Código Procesal Penal, esto es: i) solo se valorarán los medios de prueba incorporados legítimamente al juicio, ii) el examen de los medios probatorios se inicia individualmente por cada uno y luego conjuntamente con los demás, y iii) solo se abordarán los temas objeto de la pretensión impugnativa.

Octavo. Estos criterios se ejecutarán con rigurosa observancia de los límites establecidos en el numeral 2 del artículo 425 del citado código adjetivo. La Sala Penal Superior valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación y las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada. Asimismo, la Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia. Con relación a esto último, el Tribunal de alzada no está autorizado a variar la conclusión o valoración que, de su contenido y atendibilidad, realice el órgano jurisdiccional de primera instancia. Ello, desde luego, reduce el criterio fiscalizador del Tribunal de apelación, pero no lo elimina2.

Noveno. En efecto, la jurisprudencia de esta Sala Suprema establece que existen zonas abiertas sujetas a control. Este supuesto está vinculado a los aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la percepción sensorial del juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos. De modo tal que el Tribunal de alzada puede darle un valor diferente al relato fáctico, cuando: a) haya sido entendido o apreciado con manifiesto error o de modo radicalmente inexacto —el testigo no dijo lo que refiere el fallo—; b) sea oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo, o c) sea desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia3.

B. Delito de prevaricato

Décimo. El delito de prevaricato se encuentra previsto en el artículo 418 del Código Penal, con el texto siguiente:

El Juez o el Fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.

Se trata de un delito especial propio, esto es, solo puede ser cometido por quienes tienen la calidad de jueces o fiscales, pues recae en ellos el poder funcional para adoptar decisiones en el ámbito de un proceso, cualquiera sea su naturaleza. Asimismo, se trata de un tipo penal alternativo, conformado por tres conductas típicas generales: a) dictar resolución o emitir dictamen, según el caso, manifiestamente contrario al texto expreso y claro de la ley (prevaricato de puro derecho); b) citar pruebas4 o hechos falsos (prevaricato fáctico), y c) apoyarse en leyes derogadas o supuestas (prevaricato por fundamentación normativa ficticia)5.

Decimoprimero. La modalidad típica por la que ha sido absuelto el encausado es la de prevaricato de puro derecho. Al respecto, en anterior pronunciamiento6, esta Sala Suprema ha señalado que dicha modalidad exige que la resolución judicial infrinja el texto expreso y claro de la ley que disponga terminantemente lo contrario de lo que el juez manda o prohíbe. La norma infringida debe ser clara y contundente; asimismo, la resolución judicial, para ser prevaricadora, se debe apartar de todas las opciones jurídicamente defendibles según los métodos usualmente admitidos en derecho, carecer de toda interpretación razonable y ser, en definitiva, exponente de una clara irracionalidad. En ella, el juez no solo inobserva un claro y expreso texto normativo legal, sino también debe, sin más, oponerse o negar la aplicación de dicha normatividad al caso que resuelve, lo cual debe ser notorio. Si en el caso concreto, prima facie, se advierte que el texto normativo admite diversas interpretaciones, no podría configurarse el delito.

Decimosegundo. Desde el plano de la tipicidad subjetiva, la conducta es dolosa. El tipo penal de prevaricato no exige la concurrencia de un elemento subjetivo adicional. En este contexto, se debe acreditar que el sujeto activo, al emitir su decisión, tenía conocimiento que este era contrario al texto expreso de la ley. En este delito no se está ante errores de interpretación o negligencias en el manejo de resoluciones interlocutorias o finales por parte de los jueces, sino frente a comportamientos intencionales de dichos funcionarios del sistema de justicia oficial7.

ANÁLISIS DEL CASO

Decimotercero. En el caso concreto, el Ministerio Público, en la audiencia de apelación, ratificó su recurso impugnatorio y solicitó declarar nula la sentencia absolutoria. Ahora bien, de acuerdo con los agravios expuestos, este Tribunal Supremo cree conveniente iniciar el presente análisis absolviendo el cuestionamiento relacionado con verificar si el tipo penal materia de imputación exige para su configuración la existencia de perjuicio, pues, conforme a los fundamentos de la sentencia absolutoria, la ratio decidendi se sustentó en determinar que en el caso que nos ocupa no hubo perjuicio, en el entendido de que la conducta del imputado no fue idónea para producir algún hecho trascedente para el ordenamiento jurídico o afectar la eficacia de la administración de justicia.

Decimocuarto. En efecto, en el fundamento 4.9 de la sentencia de vista, se precisó que la demandante Loren Karen Curay Ramos, pese a que se le concedió la medida cautelar de innovar que ordenó su reincorporación a su centro de labores y que el demandado presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana emitió la resolución respectiva disponiendo su reincorporación, en el plano real, dicha medida nunca se ejecutó, tal como la propia Curay Ramos lo precisó en el plenario. Por tanto, la resolución prevaricadora emitida por el encausado, que canceló la aludida medida cautelar —señala el a quo—, no generó ningún efecto jurídico que produzca daño trascedente a la administración de justicia como bien jurídico protegido, ni a los intereses subjetivos de la justiciable, debido a que cancelaba una medida cautelar que, pese al tiempo transcurrido, no había surtido eficacia jurídica, con mayor razón si luego fue cancelada y aún así siguió sin ejecutarse la referida medida cautelar; esto es, estuvo en un plano expectaticio, no real.

Decimoquinto. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, no es objeto de discusión que el encausado, en su condición de juez supernumerario del Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Piura, emitió la Resolución número 6, del seis de diciembre de dos mil trece (foja 73 del cuaderno de requerimiento acusatorio), por la cual se tuvo por cancelada la medida cautelar de innovar solicitada por Loren Karen Curay Ramos, que primigeniamente le había sido concedida mediante resolución del primero de marzo de dos mil trece (foja 49 del cuaderno de requerimiento acusatorio), la cual dispuso su reincorporación provisional en las labores que venía realizando hasta antes de ser despedida en la Corte Superior de Piura.

Decimosexto. Para la cancelación de la medida cautelar —decisión emitida luego de que se declarase infundada la demanda de amparo interpuesta por Loren Karen Curay Ramos—, se tuvo en cuenta el artículo 630 del Código Procesal Civil, cuyo tenor precisa: “Si la sentencia en primera instancia declara infundada la demanda, la medida cautelar queda cancelada, aunque aquella hubiere sido impugnada […]”, sin considerar el artículo 15 del Código Procesal Constitucional8, que exceptuaba la aplicación de tal artículo en medidas cautelares recaídas en procesos constitucionales, como el amparo, emitiéndose así una decisión manifiestamente contraria al texto expreso y claro de la ley. Esto es, el artículo 630 del Código Procesal Civil no podía ser aplicado, en atención al mencionado artículo 15 del Código Procesal Constitucional, norma que regía debido a que se trataba de un proceso de acción de amparo.

Decimoséptimo. Pese a que el a quo concluyó que la conducta del imputado contravino los alcances típicos del delito de prevaricato, tipificado en el artículo 418 del Código Penal (véase considerando 4.7, emitió una sentencia absolutoria. La razón es que, en el plano real, la medida cautelar nunca se ejecutó, pese a que la decisión del encausado fue declarada nula, lo que implicaba que su conducta no fue idónea para producir algún hecho trascedente para el ordenamiento jurídico o afectar la eficacia de la administración de justicia. Esto es, no hubo perjuicio.

Decimoctavo. Así, es claro que el a quo introdujo en su línea argumentativa un elemento ajeno a los alcances típicos del delito imputado. De acuerdo con el supuesto de hecho contenido en el artículo 418 del Código Penal, el delito de prevaricato no exige perjuicio alguno para su configuración. En efecto, este delito se materializa, entre otros, si se dicta resolución o se emite dictamen manifiestamente contrario al texto expreso y claro de la ley. Cabe precisar que, en el caso, al momento en que el encausado emitió la resolución cuestionada, el proceso de amparo no había fenecido, pues, sobre la decisión emitida por la Sala Superior —que declaró infundada la demanda—, se interpuso recurso de agravio constitucional. Por tanto, se encontraba plenamente vigente el artículo 15 del Código Procesal Constitucional, que exceptuaba la aplicación del artículo 630 del Código Procesal Civil, norma —aplicada en el caso— que no fue dejada sin efecto por el encausado, pese a que, de acuerdo con la declaración de la justiciable, ella le solicitó que corrija dicha resolución.

Decimonoveno. El hecho de que la resolución emitida por el encausado fuese declarada nula mediante resolución del nueve de enero de dos mil catorce (foja 75 del cuaderno de requerimiento acusatorio) y emitida un mes después por juez distinto no es relevante para el caso. Tampoco que el Tribunal Constitucional, mediante sentencia del ocho de julio de dos mil quince (foja 106 del cuaderno de requerimiento acusatorio), haya declarado finalmente improcedente la demanda de amparo interpuesta por Loren Karen Curay Ramos. La razón es que el delito de prevaricato es de mera actividad y de comisión instantánea.

Vigésimo. En síntesis, esta Sala Suprema advierte deficiencias de motivación incongruente en el ámbito del análisis de la imputación objetiva aplicada al caso concreto. En consecuencia, de conformidad con el Código Procesal Penal —literal a) del numeral 3 del artículo 425, concordado con el artículo 426—,debe declararse nula la sentencia, realizarse un nuevo juzgamiento y emitirse un nuevo pronunciamiento por otro Colegiado, que tomará en cuenta los fundamentos de la presente ejecutoria suprema.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, en consecuencia:

II. DECLARARON NULA la sentencia del dieciocho de diciembre de dos mil veinte (foja 90), emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, que absolvió de la acusación fiscal al encausado Juan José Polo Monsalve, por el delito de prevaricato, en agravio del Estado.

III. ORDENARON que se realice nuevo juicio oral por otro Colegiado.

IV. MANDARON que la presente sentencia sea leída en audiencia pública.

V. DISPUSIERON que se remita la causa al Tribunal Superior para los fines de ley. Hágase saber a las partes procesales apersonadas en esta sede suprema.


1 Sentencia de Casación número 1864-2019/Ayacucho, del once de febrero de dos mil veintidós, fundamentos décimo y decimoprimero.
2 SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA, Sentencia de Casación número 5-2007-Huaura, del once de octubre de dos mil siete, fundamento jurídico séptimo.
3 Esta línea jurisprudencial ha sido ratificada en los siguientes pronunciamientos: Casación número 5-2007-Huaura, del once de octubre de dos mil siete; Casación número 3-2007- Huaura, del siete de noviembre de dos mil siete; Casación número 385-2013-San Martín, del cinco de mayo de dos mil trece; y Casación número 96- 2015-Tacna, del veinte de abril de dos mil dieciséis. Asimismo, en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional recaído en el Expediente número 2201-2012-PA/TC del diecisiete de junio de dos mil trece, fundamento 5.
4 El término prueba ha de entenderse en su sentido técnico-procesal, esto es, medio de prueba (declaración testimonial, pericia, documento).
5 SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA, Sentencia de Casación número 684-2016-Huaura, del ocho de noviembre de dos mil dieciocho, fundamento de derecho 8.2.
6 SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA, Sentencia de Apelación número 9-2017-Sullana, del quince de octubre de dos mil dieciocho, fundamento de derecho 2.4.
7 SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA, Sentencia de Apelación número 9-2017-Sullana, del quince de octubre de dos mil dieciocho, fundamento de derecho 2.8.
8 Artículo 15.- Medidas Cautelares: Se pueden conceder medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio en los procesos de amparo, hábeas data y de cumplimiento, sin transgredir lo establecido en el primer párrafo del artículo 3 de este Código. Para su expedición se exigirá apariencia del derecho, peligro en la demora y que el pedido cautelar sea adecuado o razonable para garantizar la eficacia de la pretensión. Se dictan sin conocimiento de la contraparte y la apelación sólo es concedida sin efecto suspensivo; salvo que se trate de resoluciones de medidas cautelares que declaren a inaplicación de normas legales auto aplicativas, en cuyo caso la apelación es con efecto suspensivo […]. En todo lo no previsto expresamente en el presente Código, será de aplicación supletoria lo dispuesto en el Título IV de la Sección Quinta del Código Procesal Civil, con excepción de los artículos 618, 621, 630, 636 y 642 al 672.

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