Vulneración de los principios de congruencia recursal y prohibición de reforma en peor, no son de trascendencia para genear la nulidad.
8 agosto, 2022
Configuración del delito de prevaricato – Indebida motivación en el análisis de la imputación objetiva
9 agosto, 2022

ROBO – Determinación judicial de la pena y funciones de la pena.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 1028-2021
LIMA

DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA:

En el caso se advierte que, el tipo penal materia de condena es el delito de robo con circunstancias agravantes, previsto en el artículo 189 del Código Penal, que sanciona con pena privativa de libertad no menor de 12 años ni mayor a 20 años.

La Sala de Mérito consideró efectuar una reducción de la pena, por debajo del mínimo legal por la causal de disminución de punibilidad de responsabilidad restringida por la edad, por cuanto a la fecha del evento delictivo el acusado contaba con 18 años y 2 meses de edad, conforme con su ficha Reniec1; lo que también fue considerado por el representante del Ministerio Público en su acusación fiscal escrita y oral y en ese sentido, solicitó la imposición de la pena de ocho años de pena privativa de libertad para el acusado.

El acusado se sometió a la concusión anticipada del proceso, la Sala le impuso la pena de ocho años de pena privativa de libertad solicitada por el fiscal, por lo que, en el caso se reformulará el quantum punitivo y adicional al descuento de cuatro años (por responsabilidad restringida por la edad), lo que genera una pena concreta de ocho años de privación de libertad, disminución que se realiza en un ámbito discrecional, sin dejar de considerar el principio de proporcionalidad y sobre tal pena concreta se debe aplicar el beneficio premial por conclusión anticipada que es hasta un séptimo de rebaja, que para el caso, este Supremo Tribunal considera una disminución de un año del umbral mínimo de la pena concreta, por bonificación procesal por conclusión anticipada, generando una pena a imponer de siete años de pena privativa de libertad.

Lima, uno de julio de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica del sentenciado ANTONY MANUEL BRACAMONTE BAZAN, contra la sentencia conformada del 22 de marzo de 2021, emitida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el extremo que le impuso ocho años de pena privativa de la libertad, como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo con circunstancias agravantes, en perjuicio de Elizabeth Baldeon Nongrados, la que deberá computarse a partir de la fecha y vencerá el 21 de marzo de 2029, comunicándose al Instituto Nacional Penitenciario por encontrarse internado en el Penal de Lurigancho cumpliendo otra condena por delito similar.

Ponencia de la jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FISCAL

1. Según el Dictamen acusatorio1, el marco fáctico de imputación es el siguiente:

El 28 de setiembre de 2013 a las 12:00 horas aproximadamente en circunstancias que personal policial, escuchó unos disparos de arma de fuego en la avenida Francisco Pizarro con prolongación Tacna, dirigiéndose al indicado lugar; donde pudieron observar que dos sujetos corrían e ingresaban a una Quinta de portón de fierro, color negro, efectuando la persecución con resultado negativo, en el lugar se presentó la persona de Walter Felipe Guerra Pulido, quien conducía el vehículo de placa A7B-663, manifestando haber sido víctima de asalto por dos sujetos desconocidos; asimismo, la persona de Elizabeth Baldeón Nongrados, quien era su pasajera, indicó que le habían robado una casaca de cuero de color negro y la suma de S/ 200,00, precisando además que para cometer el ilícito los sujetos rompieron las lunas laterales del mencionado vehículo, utilizando piedras, pudiendo constatar que las lunas del vehículo se encontraban rotas, al realizarse la diligencia de reconocimiento de persona en Ficha RENIEC, la persona de Walter Felipe Guerra Pulido reconoce plenamente a la persona de Antony Manuel Bracamonte Bazán como uno de los sujetos que participó en la comisión de los hechos materia de investigación.

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

2. El Tribunal Superior emitió sentencia de conclusión anticipada2 y condenó al recurrente, sobre la base de los argumentos siguientes:

2.1. El acusado se acogió a la conclusión anticipada del juicio oral, reconoció su responsabilidad en el ilícito que se le incrimina, aceptó su autoría en el delito de robo con circunstancias agravantes, alegó que se encuentra arrepentido; lo que permitió realizar una reducción de la pena de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Plenario N.° 5-2008/CJ-116.

2.2. Se consideró los antecedentes penales y judiciales que registra el procesado.

2.3. El acusado tiene responsabilidad restringida, de conformidad con el artículo 22 del Código Penal; asimismo, cuenta con grado de instrucción secundaria incompleta, refirió estar cumpliendo servicio militar; circunstancias que permiten al Juez reducir prudencialmente la pena, por un tiempo que sea previsible y razonable para sancionar su ilícito proceder.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

3. El recurrente, en su recurso de nulidad fundamentado3, planteó como pretensión la disminución del quantum punitivo y sobre tal alegó los motivos siguientes:

3.1. No se consideró el arrepentimiento del recurrente, expresado en su acogimiento a la Ley N.° 28122 de conclusión anticipada del juicio oral, por lo que le corresponde una reducción sustancial de la pena.

3.2. El Colegiado Superior debió considerar: a) el impacto que produciría en la persona y familia del justiciable, b) graduar la corresponsabilidad de la sociedad que tienen, pues no basta con decir que el justiciable registra muchos antecedentes, pretendiéndole agravar la pena, sin evaluar incluso que dentro de los penales no se cuentan con una verdadera política penitenciaria donde se resocialice, reeduque y rehabilite al caído en sociedad. Por ello, la respuesta debió ser otra, no la imposición de penas efectivas severas.

CALIFICACIÓN DEL DELITO MATERIA DE CONDENA

4. Los hechos atribuidos fueron calificados jurídicamente como delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo con circunstancias agravantes, prescrito su tipo base en el artículo 188 del Código Penal, concordado con las circunstancias agravantes previstas en los numerales 4 y 5, del primer párrafo, del artículo 189 del mismo cuerpo normativo -modificado por el artículo 1 de la Ley N.° 30076, del 19 de agosto de 2013-, que prescribe:

Artículo 188
El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.

Artículo 189
La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: […]
4. Con el concurso de dos o más personas.
5. En cualquier medio de locomoción de transporte público […].

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

5. El punto de partida para analizar la sentencia de mérito es el principio de impugnación limitada, que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal; en cuya virtud se reduce el ámbito de la resolución únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido, las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.

6. En este caso, no será materia de análisis la responsabilidad penal de Antony Manuel Bracamonte Bazan como autor del delito de robo con circunstancias agravantes (numerales 4 y 5 del artículo 189 del Código Penal), en perjuicio de Elizabeth Baldeon Nongrados, por cuanto ello no es materia de impugnación. Lo que, aquí importa es la controversia por el quantum punitivo impuesto.

7. En el apartado 3.1 de la presente ejecutoria suprema, el recurrente en lo medular cuestiona que no se aplicó una reducción sustancial de la pena por conclusión anticipada de juicio oral.

8. Al respecto, se verifica que en el caso el acusado Bracamonte Bazan, en juicio oral —véase acta de audiencia de fecha 12 de marzo de 20214—, después de expuestos los hechos materia de imputación fiscal, se hizo de conocimiento los beneficios de la Ley N.° 28122 sobre la conclusión anticipada de juicio oral, por el delito materia de acusación, en ese mismo acto, en compañía de su abogado defensor manifestó acogerse a la ley de conclusión anticipada, declarándose culpable de los hechos y aceptó el pago de la reparación civil.

En consecuencia, el Colegiado Superior realizó el juicio de subsunción de su conducta ilícita en el artículo 188 (tipo base) concordado con el artículo 189, numerales 4 y 5, conforme a los hechos descritos en la acusación fiscal. Seguidamente para la determinación de la pena, aplicó la responsabilidad restringida por la edad del agente, que establece el artículo 22 del Código Penal y el beneficio premial por la conformidad procesal y le impuso la pena de ocho años privativa de libertad.

9. Puntualmente, se debe tener en cuenta, que la determinación de la pena es un procedimiento técnico y valorativo. El Código Penal ha adoptado un sistema legal de tipo intermedio. Es decir, el legislador ha señalado un mínimo y un máximo por cada delito, dejando al juez un arbitrio relativo que incide en la tarea funcional de individualizar, en el caso en concreto, la pena aplicable al condenado en coherencia con los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad bajo estricta observancia de la debida fundamentación de las resoluciones judiciales [Acuerdo Plenario N.º 1-2008/ C-116, FJ 6 y 7].

El artículo IX, del Título Preliminar, del Código Penal preceptúa que la pena cumple tres funciones: preventiva, protectora y resocializadora. Y es pertinente citar lo señalado por la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia del 29 de noviembre de 2015, T-718/15:

En conclusión, debe entenderse que la pena debe, entre sus varias finalidades, cumplir una función de prevención especial positiva; esto es, debe buscar la resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y dignidad, pues el objeto del derecho penal en un Estado social de derecho no es excluir al infractor del pacto social, sino buscar su reinserción en el mismo.

10. En ese sentido, este Supremo Tribunal en varios pronunciamientos ha señalado que las circunstancias atenuantes o agravantes genéricas y condiciones del agente afectan en la extensión punitiva establecida para el delito. Mientras que las causales de disminución de punibilidad o las reglas de reducción punitiva por bonificación procesal, tienen sus efectos en la extensión mínima de la punibilidad, al tener la aptitud de generar un umbral menor por debajo del mínimo legal en atención al grado de lesividad de la conducta o del nivel de intervención de los autores o partícipes.

Como causales de disminución de punibilidad tenemos a la tentativa (artículo 16), el error de prohibición vencible (artículos 14 y 15, in fine, del Código Penal), las eximentes imperfectas -tal como la responsabilidad restringida por la edad y otras- (artículos 21 y 22 del citado Código sustantivo) y la complicidad secundaria (artículo 25, in fine, del aludido Código). En cuanto a las reglas de reducción punitiva por bonificación procesal, son premios o recompensas que inciden en la pena concreta como la confesión sincera y la conclusión anticipada de juicio oral.

11. En el caso se advierte que, el tipo penal materia de condena es el delito de robo con circunstancias agravantes, previsto en el artículo 189 del Código Penal, que es sancionado con pena privativa de libertad no menor de 12 años ni mayor a 20 años.

12.La Sala de Mérito consideró efectuar una reducción de la pena, por debajo del mínimo legal por la causal de disminución de punibilidad de responsabilidad restringida por la edad, por cuanto a la fecha del evento delictivo el acusado contaba con 18 años y 2 meses de edad, conforme con su ficha RENIEC5; lo que también fue considerado por el representante del Ministerio Público en su acusación fiscal escrita y oral; y, en ese sentido solicitó la imposición de la pena de 8 años de pena privativa de libertad para el acusado.

13. En el caso concreto, el acusado se sometió a la concusión anticipada del proceso, la Sala le impuso la pena de ocho años de pena privativa de libertad solicitada por el fiscal, por lo que, en el caso se reformulará el quantum punitivo y adicional al descuento de cuatro años (por responsabilidad restringida por la edad), lo que genera una pena concreta de 8 años de privación de libertad, disminución que se realiza en un ámbito discrecional, sin dejar de considerar el principio de proporcionalidad y sobre tal pena concreta, se debe aplicar el beneficio premial por conclusión anticipada que es hasta un séptimo de rebaja, que para el caso, este Supremo Tribunal considera una disminución de un año del umbral mínimo de la pena concreta, por bonificación procesal por conclusión anticipada, debiendo imponerse siete años de pena privativa de libertad.

14. Esta nueva pena, es proporcional y razonable, a la naturaleza del hecho juzgado –robo con dos circunstancias agravantes- y los efectos de prevención general y especial que debe cumplir la pena.

15. En cuanto a su segundo reclamo expuesto, en el apartado 3.2, está en función a los fines de la pena ya señalados en líneas anteriores y en función a lo señalado en el aparto 11. Las causales de disminución de punibilidad o las reglas de reducción punitiva por bonificación procesal, tienen sus efectos en una disminución por debajo del mínimo legal, lo que en el caso ya ha sido valorado.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, declararon:

HABER NULIDAD en la sentencia conformada del 22 de marzo de 2021, emitida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el extremo que impuso a ANTONY MANUEL BRACAMONTE BAZAN, ocho años de pena privativa de la libertad efectiva, como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de Elizabeth Baldeon Nongrados. REFORMÁNDOLA, le impusieron siete años de pena privativa de libertad, la misma que deberá ser computada a partir del 22 de marzo de 2021 y vencerá el 21 de marzo de 2028.

Interviene el juez supremo Núñez Julca, por licencia del juez supremo Guerrero López.


1 Cfr. páginas 175 y ss.
2 Cfr. páginas 284 y ss.
3 Cfr. páginas 293 y ss.
4 Cfr. páginas 281 y ss.
5 Cfr. páginas 104.

DESCARGAR RESOLUCIÓN AQUÍ:

Pin It on Pinterest