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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 1323-2021
SELVA CENTRAL

Delito de violación sexual de menor de edad y nulidad de sentencia condenatoria

Sumilla. Se ha incurrido en graves vicios y la información probatoria es relevante; lo que torna necesario extremar el deber de esclarecimiento en el nuevo juzgamiento, ante la gravedad de los hechos materia del proceso.

Lima, cinco de agosto de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el encausado Felipe Artemio Jiménez Madueño contra la Sentencia del siete de enero de dos mil diecinueve (folio 637) emitida por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Satipo de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central, que lo condenó como autor del delito contra la libertad sexual-violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor con las iniciales S. J. V., a treinta años de pena privativa de libertad, así como fijaron en S/ 1000,00 (mil soles) el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar a favor de la agraviada. De conformidad con lo expuesto por el fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente el juez supremo Brousset Salas.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FISCAL

Primero. Se imputa a Felipe Artemio Jiménez Madueño que el veintiocho de octubre de dos mil dos, cuando se encontraba con su hija, la menor identificada con las iniciales S. J. V. (doce años) en una chacra, en el distrito de San Martín de Pangoa, provincia de Satipo, en labores de agricultura (macheteo de hierbas), la obligó a mantener relaciones sexuales bajo amenaza para que no cuente lo sucedido; de lo contrario, se separaría de su madre.

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Segundo. La Sala Superior, mediante la Sentencia del siete de enero de dos mil diecinueve (folio 637), condenó a Felipe Artemio Jiménez Madueño en atención a los siguientes fundamentos:

2.1. La agraviada en su declaración preliminar a nivel policial, de manera clara, coherente y concisa, sindicó al acusado como el autor de los vejámenes ocurridos en su contra. Esta primera declaración fue brindada de manera voluntaria y concordante en el tiempo con las huellas halladas por los peritos médicos que certificaron el ultraje sexual.

2.2. Esta declaración fue realizada ante el personal policial Manuel Micho Rodríguez a los cuatro días de ocurrido el evento delictivo. En audiencia de juicio oral el mencionado efectivo policial ratificó el contenido del atestado policial. La agraviada se encontraba en presencia de su madre, Clabela Villanueva de la Cruz, durante su manifestación.

2.3. Resulta creíble que denunció el hecho al sentirse en riesgo de volver a ser violada, ya que iba a retornar a la chacra con su agresor; por lo que contó lo sucedido a su madre, con quien fue a interponer la denunciar.

2.4. Respecto a la declaración policial del acusado, en la cual reconoció su autoría en los hechos incriminados, fue brindada ante el personal policial Manuel Micho Rodríguez, quien ratificó el contenido de la declaración durante el plenario y señaló que se realizó con conocimiento del representante del Ministerio Público. Si bien este no se encontraba presente a momento de la toma de dicha declaración, conforme también lo reconoció el personal policial en juicio oral; sin embargo, ello obedeció a que en la fecha de los hechos el acceso a San Martín de Pangoa era dificultoso y el fiscal concurría desde la provincia de Satipo.

2.5. Del análisis de ambas declaraciones se advierten circunstancias y hechos que se repiten, que claramente confirman la veracidad de lo denunciado inicialmente por la agraviada.

2.6. La defensa técnica no interpuso tacha sobre la declaración de la menor ni del acusado sin participación del representante del Ministerio Público, por lo que son pruebas válidas y están incorporadas en el proceso. Esta irregularidad reconocida por el efectivo policial fue como consecuencia de la coyuntura social en que se encontraba la zona del VRAEM en aquella época, pero dicho efectivo ratificó que lo descrito es lo que dijo el acusado y la menor agraviada al momento de declarar. En ese orden de ideas, para el Colegiado no resulta creíble lo manifestado por el acusado en juicio oral, quien dijo que firmó sin leer el documento y únicamente porque le habrían indicado que, si lo hacía, saldría en libertad.

2.7. La pericia psicológica, donde se concluyó que la menor no presenta indicadores de afectación psicológica, fue realizada después de dieciséis años de ocurridos los hechos, por lo que por el transcurso del tiempo y a que en la actualidad tiene una vida familiar constituida no refleja afectación emocional.

DELIMITACIÓN DE AGRAVIOS

Tercero. La defensa del encausado Felipe Artemio Jiménez Madueño, en su recurso de nulidad del veintidós de enero de dos mil diecinueve (folio 659), solicitó se revoque la resolución recurrida y, reformándola, se le absuelva de los cargos formulados en su contra por insuficiencia probatoria. Puntualizó lo siguiente:

3.1. La referencial de la menor agraviada, en la que sindica al procesado, se realizó sin la participación del representante del Ministerio Público ni la madre de la presunta agraviada.

En la sentencia se señala que, si bien se ha alegado la nulidad de la declaración de la agraviada, no se ha interpuesto tacha, sin considerar que la nulidad invocada es de pleno derecho.

3.2. La manifestación del procesado también resulta ser nula. Si bien contiene la firma del representante del Ministerio Público, este no estuvo presente, conforme lo declaró el imputado ante la Sala Superior y el personal policial Micho Rodríguez, quien reconoció que la fiscal no estuvo presente, pero que tenía conocimiento.

3.3. No existe verosimilitud ni persistencia en la incriminación en las declaraciones de la agraviada, pues en instrucción y juicio oral manifestó que el procesado nunca la violó y que ya había mantenido relaciones sexuales con su enamorado a la supuesta data de los hechos.

3.4. No existe certeza sobre las conclusiones del Oficio N.° 457- RML-HSMP-2002, del cuatro de noviembre de dos mil dos, realizado por la médico Janeth Gamarra, en el que se concluye que existen signos de desfloración reciente a horas XI y I. Existen otros tres exámenes médicos realizados a la menor que determinan desfloración antigua con desgarro del himen a horas II.

3.5. La pericia psicológica practicada al acusado revela que no se encuentra fuera de la realidad. Asimismo, se encuentra acreditado que la agraviada no presenta indicadores de afectación psicológica.

FUNDAMENTACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO

Cuarto. Conforme con los agravios expuestos por la defensa del recurrente, se aprecia que estos están dirigidos a cuestionar la valoración de los medios de prueba efectuado por el Tribunal Superior, los que considera insuficientes para enervar su presunción de inocencia y acreditar su responsabilidad penal.

Las máximas de la experiencia demuestran que los delitos contra la libertad sexual generan lesividad emocional a las víctimas, lo que puede ocasionar dificultades en la percepción exacta de las circunstancias coetáneas al evento; por lo que el tratamiento adecuado en valoración de la prueba personal en este tipo de delitos no exige la enunciación fáctica idéntica entre declaraciones. No obstante, deberá verificarse la concurrencia de puntos esenciales que se constaten incólumes en la investigación.

Quinto. Se advierte que en la sentencia impugnada se tuvo en cuenta el Acuerdo Plenario N.º 2-2005/CJ-116, en lo referido a determinados criterios orientados a dotar de certeza e incuestionable aptitud probatoria a la versión brindada por la agraviada. Estos son: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud del testimonio, persistencia en la incriminación y existencia de corroboraciones externas a esa declaración incriminatoria.

Sexto. Así, se aprecia que si bien la agraviada con las iniciales S. J. V. vertió su declaración incriminatoria a nivel preliminar el dos de noviembre de dos mil dos (folio 7), en la cual sindicó como al autor de los hechos en su agravio al acusado Felipe Artemio Jiménez Madueño (su padre biológico), la diligencia no contó con la participación del representante del Ministerio Público. Dicha omisión constituye una vulneración al requisito de legalidad que dota de virtualidad probatoria a las declaraciones vertidas en sede indagatoria, de modo excepcional, siempre que las mismas se realicen con intervención del representante del Ministerio Público y que no fueran cuestionadas en sede judicial, conforme se establece en el numeral tres del artículo setenta y dos del Código de Procedimientos Penales. Por ende, dicha declaración no constituye una versión incriminatoria originaria válida para efectos de juzgamiento dado que no reúne las condiciones de legalidad habilitantes.

Asimismo, se aprecia que la agraviada brindó también su declaración durante la instrucción el veinte de noviembre de dos mil dos (folio 28) y durante la sesión de juicio oral del trece de noviembre de dos mil dieciocho (folio 508); sin embargo, se retractó de su incriminación contra el acusado y manifestó que la denuncia la habría realizado debido a sentimientos de venganza por actos de violencia familiar por parte del imputado en agravio de su madre y de ella.

Séptimo. En tal contexto, podemos concluir que formalmente no se cuenta con una versión incriminatoria originaria de la víctima, con virtualidad probatoria, al no reunir la manifestación en comento las exigencias validantes del artículo setenta y dos del Código de Procedimientos Penales. No obstante ello, tal documento fue valorado probatoriamente en la sentencia materia del grado y en mérito de ella se construyó el argumento de condena.

Lo antes anotado constituye una grave irregularidad que vulnera la garantía de legalidad probatoria y acarrea la nulidad absoluta de la sentencia que nos ocupa, de conformidad con el inciso primero del artículo doscientos noventa y ocho del Código de Procedimientos Penales.

Octavo. Ahora bien, no se puede soslayar el contenido del Reconocimiento Médico N.° 457-RML-HSMP-2002, del cuatro de noviembre de 2002 (folio 12), suscrito por la doctora Janeth Ludia Gamarra Ojeda y ratificado durante el plenario (folio 604), practicado a la menor agraviada de iniciales S. J. V., en el cual se concluyó que esta presentaba signos de desfloración reciente, esto es, siete días posteriores a la data de los hechos.

En esta línea, el Peritaje Médico N.° 563-2002-UTE-SAT, del veintiséis de noviembre de dos mil dos (folio 36), suscrito por el medico Eduardo Arroyo Monge practicado a la agraviada, concluyó que esta presentaba desfloración antigua en horas II. Asimismo, el Peritaje Médico N.° 593-02-UEI-UTES-SATIPO, del nueve de diciembre de dos mil dos (folio 40), suscrito por el médico Ricardo Vilcapoma Mateo y ratificado durante el plenario (folio 613), concluyó que la agraviada presentó desgarro antiguo en horas II, exámenes que resultan corroborantes del primero practicado a la menor agraviada.

Noveno. De otro lado, se tiene la Pericia Psicológica N.º 4286- 2018-PSC (folio 597) practicada al procesado, en la cual se concluyó que presentaba: “Personalidad con rasgos compulsivos y dependientes”, pericia que fue ratificada en el juicio por la psicóloga Johana Lisseth Cabanillas Padilla que la practicó (folio 606), quien refirió que una persona que presenta personalidad compulsiva se rige bajo sus propias normas, valores, y tiende a ser hostil y agresivo.

Por su parte, del Protocolo de Pericia Psicológica N.° 4315-2018- PSC practicado a la agraviada (folio 622) cuando esta contaba con veintiocho años, se advierte que no presentaba indicadores de afectación psicológica, pero sí personalidad con rasgos dependientes e inestables y con soporte afectivo de su actual pareja sentimental.

Décimo. Asimismo, es pertinente mencionar que la defensa cuestiona el valor probatorio asignado a la declaración primigenia del encausado, del tres de noviembre de dos mil dos (folio 8), en la cual si bien el acusado Felipe Artemio Jiménez Madueño reconoció su autoría sobre los hechos imputados por la agraviada, y se aprecia que dicha diligencia cuenta con la rúbrica del representante del Ministerio Público, el personal policial Manuel Román Micho Rodríguez (quien estuvo a cargo de dicha diligencia) manifestó durante el plenario (folio 585) que el representante del Ministerio Público no estuvo presente y solo lo firmó; por lo que tampoco reúne las condiciones de legalidad habilitantes.

Decimoprimero. Lo antes glosado nos lleva necesariamente a concluir que se ha incurrido en los graves vicios invalidatorios anotados precedentemente; y, además, se ha incorporado al proceso información probatoria relevante; lo que torna necesario extremar el deber de esclarecimiento en el nuevo juzgamiento, ante la gravedad de los hechos involucrados; por lo que resulta imprescindible ordenar la realización de un nuevo juicio oral, con la concurrencia de Claveta Villanueva de la Cruz y Filomena Villanueva, madre y tía de la agraviada, respectivamente, quienes deberán declarar respecto a lo manifestado por la agraviada, en cuanto habrían sido ellas quienes la determinaron a formular la denuncia contra el encausado. Por su parte, también deberá practicarse la evaluación psicológica respecto al perfil psicosexual del acusado Felipe Artemio Jiménez Madueño, con la finalidad de determinar si existen rasgos relacionados a la comisión del delito; así mismo practicarse la ratificación de la pericia psicológica de la agraviada.
Por último, deberán realizarse las demás actuadas durante el juicio materia de nulidad, así como las demás que postulen las partes. El juicio oral deberá llevarse a cabo por otro colegiado superior, el que deberá hacer uso de los apremios legales para garantizar la concurrencia de los órganos de prueba.

Decimosegundo. Es pertinente precisar que, de conformidad con la parte resolutiva de la sentencia materia de nulidad, el sentenciado se encuentra recluido desde el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho; por lo que al ser su situación jurídica actual la de reo en cárcel, se deberá disponer su inmediata libertad. Debiéndose dictar contra el procesado Felipe Artemio Jiménez Madueño el mandato de comparecencia con restricciones adicionales, para asegurar su concurrencia al nuevo juicio, bajo el apercibimiento de ley.

Decimotercero. Por lo fundamentos antes expresados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y nueve del Código de Procedimientos Penales, corresponde declarar nula la sentencia recurrida y disponer la realización de un nuevo juicio oral por otro colegiado superior.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, las juezas y los jueces integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declararon:

I. NULA la Sentencia del siete de enero de dos mil diecinueve (folio 637), emitida por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Satipo de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central, que condenó a Felipe Artemio Jiménez Madueño como autor del delito contra la libertad sexual- violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor con las iniciales S. J. V., a treinta años de pena privativa de libertad, así como fijaron en S/ 1000,00 (mil soles) el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar a favor de la agraviada. Con lo demás que contiene.

II. ORDENARON que se realice un nuevo juicio oral a cargo de otra Sala Penal Superior que deberá tener en cuenta lo desarrollado en la presente ejecutoria suprema.

III. ORDENARON la inmediata libertad de Felipe Artemio Jiménez Madueño, la cual se ejecutará siempre y cuando no exista otro mandato de detención y/o prisión preventiva, u otra condena a pena privativa de libertad efectiva dictada por autoridad competente, contra el antes mencionado; oficiándose VÍA FAX a la Sala Penal de origen para tal efecto.

IV. DICTARON contra el procesado Felipe Artemio Jiménez Madueño mandato de comparecencia con restricciones sujeto a las siguientes reglas de conducta: a) Prohibición de alejarse del lugar de su residencia, sin autorización del juez. b) Comparecer personal y obligatoriamente cada treinta días a la Sala Superior, para informar y justificar sus actividades, así como firmar el cuaderno respectivo y/o el registro en el control biométrico. c) Presentarse al nuevo juzgamiento las veces que el Tribunal Superior lo requiera. Todo ello bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento.

V. DISPUSIERON se remita la causa al tribunal de origen para los fines de ley correspondientes y se haga saber a las partes apersonadas en esta sede suprema.

Intervino el juez supremo Coaguila Chávez por impedimento del juez supremo Guerrero López.

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