VIOLACIÓN SEXUAL : Nulidad de sentencia – Declaración de la agraviada no contó con la participación del representante del Ministerio Público.
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ROBO – Nulidad de la condena por afectación a la garantía del derecho de defensa.
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ROBO – La necesidad de oralizar en juicio la prueba actuada.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 1351-2021
LIMA

NULIDAD DE LA SENTENCIA

Corresponde declarar nula la sentencia en el extremo que condenó al acusado Morocho Rivera, se realice un nuevo juzgamiento, a fin de que se actúe la prueba señalada y la que sea necesaria para el esclarecimiento de la participación del imputado Salazar Jiménez en los hechos y se emita nueva sentencia por un nuevo Colegiado Superior, que deberá realizar un estudio minucioso y pormenorizado de los autos, examinando en forma integral los medios de prueba incorporados y actuados en el proceso, por lo que es necesario que se tengan en cuenta los fundamentos antes descritos en la presente ejecutoria suprema, a fin de determinar las reales circunstancias de la comisión del delito imputado y la vinculación o no con los acusados.

Lima, nueve de agosto de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por HEBERT ALBERTO MOROCHO RIVERA contra la sentencia del 15 de abril de 2021, emitida por la Cuarta Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, en los extremos que lo condenó como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de Vilma Adela Pérez Bautista, a ocho años de pena privativa de la libertad, la misma que deberá ser contabilizada cuando se produzca su captura e internamiento en el establecimiento que la autoridad penitenciaria establezca; y, fijaron en S/ 500,00 (quinientos soles) el monto que por concepto de reparación civil deberán pagar los sentenciados en forma solidaria a favor de la agraviada.

Intervino como ponente la jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERANDO

I. IMPUTACIÓN FISCAL

1. Según la acusación fiscal1, se atribuye a los imputados Heber Alberto Morocho Rivera y Carlos Eduardo Salazar Jiménez, en su condición de autores, haber sustraído ejerciendo violencia, el teléfono celular marca Samsung, color rojo con negro, de propiedad de la agraviada Vilma Adela Pérez Bautista.

Estos hechos se suscitaron el 27 de mayo de 2013 en horas de la noche (21:00 aproximadamente), cuando la citada agraviada transitaba a la altura del puente peatonal Próceres, ubicado en el kilómetro 10 de la Panamericana Sur/Surco, cuando fue interceptada por los citados imputados y el entonces menor de edad Omar Michael Mosqueras Ramírez (17 años), quienes intentaron arrebatarle su mochila; sin embargo, ante la resistencia de la víctima, estos la arrojaron al suelo, logrando Heber Alberto Morocho Rivera arrebatarle su teléfono celular e inmediatamente darse a la fuga con dirección a la Bolichera; es así que la agraviada rápidamente solicitó ayuda a efectivos policiales que se encontraban en un patrullero cerca al puente Atocongo, comunicándoles lo sucedido y con su compañía buscaron a los sujetos, logrando ubicarlos a la altura de la calle Morro Solar, procediendo la policía a intervenirlos y hallar en poder del imputado Salazar Jiménez el teléfono celular de la agraviada, conforme se desprende del acta del registro personal e incautación, el mismo que fue entregado a la agraviada, como se advierte del acta de entrega de celular; siendo los procesados conducidos a la comisaría de Sagitario.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

2. El Tribunal Superior emitió sentencia que condenó a Morocho Rivera, sobre la base de los argumentos siguientes:

2.1. Según la defensa del acusado Hebert Alberto Morocho Rivera, al igual que la defensa del acusado Carlos Eduardo Salazar Jiménez, la violencia ejercida contra la agraviada Vilma Adela Pérez Bautista, recayó únicamente sobre la cosa, es decir la mochila —según la agraviada—, sobre el teléfono celular de aquella —según el primero de los citados acusados y el menor infractor—; sin embargo, es un hecho no controvertido que dicha agraviada forcejeó con el menor infractor y que inclusive, según el acusado Hebert Alberto Morocho Rivera, fue de tal intensidad que aquellos cayeron al piso, habiendo referido por su parte la agraviada, que ello ocurrió por cuanto se resistió a soltar sus pertenencias.

Entonces, si bien es cierto que la agraviada no fue agredida físicamente durante el robo, sí se ejerció violencia física contra su persona, en tanto los hechos se trataron de un forcejeo y no de un simple jalón o arrebato, que fue suficiente para vencer la resistencia de la agraviada y así poder despojarla de su teléfono celular; por ende, la tipificación efectuada por el delito de robo, resulta correcta.

2.2. La manifestación policial de la referida agraviada, sin presencia de un representante del Ministerio Público, donde aquella ha indicado que fueron tres los sujetos que la interceptaron con la finalidad de quitarle su mochila, tomándola uno por la parte delantera y dos por la parte posterior, tirándola al piso entre los tres, pero que solo lograron llevarse su celular; sindicando directamente al acusado Hebert Alberto Morocho Rivera como la persona que le quitó su teléfono celular. Asimismo, de la sentencia emitida contra el menor infractor Omar Michael Mosqueras Ramírez, se consigna sin mayor detalle que fueron tres sujetos los que la interceptaron y lograron tirarla al piso, quitándole su celular más no su mochila, luego de lo cual se dieron a la fuga.

2.3. Obran también, las declaraciones del acusado Hebert Alberto Morocho Rivera, quien, si bien aseguró que su participación se restringió al hecho de haber observado el forcejeo que mantenían el infractor Omar Michael Mosqueras Ramírez con la agraviada Vilma Adela Pérez Bautista, haber recogido el teléfono celular que acto seguido entregó al infractor, para luego ambos proceder a correr. No obstante, tal secuencia de eventos denota que este acusado se encontraba lo suficientemente cerca, no solo para haber observado la acción, sino también para recoger el teléfono celular de la agraviada y para haber huido del lugar en compañía del referido menor infractor; por lo que, se puede concluir válidamente que, está probada la responsabilidad penal del acusado Hebert Alberto Morocho Rivera en el evento que se le imputa.

III. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

3. El acusado Morocho Rivera, en su recurso de nulidad fundamentado2, plantea como pretensión su absolución, pero a la vez cuestiona la cuantía de su pena privativa de libertad. Censura lo siguiente:

3.1. Vulneración del derecho de defensa. Desde la sede policial, no ha contado oportunamente con abogado defensor, ni tampoco estuvo presente el representante del Ministerio Público. Tal es el caso de las declaraciones policiales de los imputados, así como las actas de registro personal y de entrega de equipo celular de la agraviada.

3.2. Se ha acreditado que fue agredido por los efectivos policiales intervinientes conforme se advierte del Certificado Médico Legal N.° 035306-L-D, del 28 de mayo de 2013.

3.3. La sentencia no ha desarrollado ningún fundamento que explique por qué se le estaría atribuyendo el título de autor del delito de robo agravado. Más aún, si el menor infractor ha declarado que fue suya la idea de quitar el celular a la agraviada. No se ha desarrollado cual fue su participación activa en el delito.

3.4. Insuficiencia probatoria. Se presume la existencia del elemento violencia contra la persona, sobre la validación de la declaración de la agraviada en sede policial, sin abogado ni representante del Ministerio Público, la cual habría sido alterada por los efectivos policiales intervinientes. No ha sido objeto de ratificación y tampoco se efectuó el interrogatorio en el juicio oral.

3.5. La declaración preliminar de la agraviada es contradictoria, pues refiere dos versiones distintas de los hechos. Por un lado dijo que tres sujetos la interceptaron para quitarle su mochila, forcejearon, ella opuso resistencia, la tiraron al suelo y le quitaron su celular. Por otro lado, dijo que uno de los implicados estuvo por delante y los otros dos detrás de ella, la arrojan al suelo y luego roban sus pertenencias.

3.6. Tampoco obra algún certificado médico que acredite la existencia de una lesión a la agraviada, producto de la caída al piso como consecuencia del supuesto forcejeo.

3.7. No puede existir animus lucrandi de la cosa sustraída. El celular marca Samsung de la agraviada (que no alcanza un valor equivalente a una remuneración mínima vital), se cayó al suelo cuando ella se encontraba de pie y se malogró su batería, por lo que no había forma que se pueda vender ya que sus componentes se habrían dañado. Aspectos que no se han valorado.

3.8. El menor infractor Mosqueras optó por aceptar la teoría del caso formulada por el representante del Ministerio Público, con la finalidad de reducir su medida correctiva.

3.9. No se puede admitir como prueba a la sentencia recaída contra el menor infractor Omar Mosqueras, pues el recurrente no ha tenido la posibilidad de defenderse y se generaría indefensión.

3.10. Se impuso una pena excesiva. No se han valorado sus certificados, constancias de trabajo y título profesional técnico (solo fueron citados), que guarda relación con los fines de la pena relacionados a la rehabilitación.

IV. CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL DELITO

4. Según la acusación fiscal, por los hechos atribuidos, se le imputó al recurrente la autoría del delito de robo agravado, previsto en el artículo 188 (tipo base), en concordancia con las agravantes de los numerales 2 y 4, del primer párrafo, del artículo 189, del Código Penal (modificado por la Ley N.º 29407, publicada el 18 de septiembre de 2009), que prescribe:

Artículo 188. Robo
El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.

Artículo 189. Robo agravado
La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: […]
2. Durante la noche o en lugar desolado.

[…]
4. Con el concurso de dos o más personas. […]

V. FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

5. El punto de partida para analizar la sentencia de mérito es el principio de impugnación limitada, a partir del cual el pronunciamiento de este Supremo Tribunal se reduce únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso, salvo las nulidades manifiestas que menoscaban garantías constitucionales y legales que habilitan a rescindir la sentencia.

6. En este caso, el único extremo que ha sido elevado vía recurso de nulidad es la condena a Hebert Alberto Morocho Rivera como autor del delito de robo agravado, pues la condena de Carlos Eduardo Salazar Jiménez ha quedado consentida mediante resolución del 16 de junio de 2021.

7. De esta forma, el acusado Morocho Rivera en su recurso de nulidad ha señalado que acepta su presencia en el lugar de los hechos y que su participación se limitó a recoger el celular que le pidió el menor infractor Omar Mosqueras y salir corriendo; sin embargo, ha denunciado afectación a la motivación de la sentencia en su dimensión de infracción de la valoración de los medios probatorios incorporados al proceso, pues reclama que no se ha logrado acreditar que su accionar haya constituido autoría y menos aún que se hayan configurado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de robo agravado.

Este reclamo se encuentra vinculado con la infracción del numeral 5, del artículo 139, de la Constitución Política del Perú, que prescribe los principios y derechos de la función jurisdiccional: “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias”. Por lo que este Supremo Tribunal, evaluará si la sentencia impugnada respeta las exigencias de motivación de acuerdo al sistema de valoración de la sana crítica racional y se sustenta en un juicio jurídico-penal válido o si, caso contrario, amerita estimar los agravios recursales.

8. Cabe puntualizar que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión” que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

9. En esa línea, la motivación de las resoluciones judiciales comprende la valoración efectiva y adecuada de las pruebas actuadas en el proceso penal, sin omitir el material colectado por las partes procesales y en atención a las reglas de la sana crítica racional, es decir, respetando las reglas de lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. Luego, el resultado probatorio obtenido debe ser objeto del proceso de subsunción típica correspondiente, para determinar el tipo penal aplicable al caso en concreto —si así fuere— y las consecuencias jurídicas penales, civiles y accesorias que genera la responsabilidad penal declarada. Solo la explicitación racional del razonamiento judicial, que implica justificar tanto la premisa menor (supuesto de hecho) como la premisa mayor (supuesto normativo), puede conllevar a la emisión de una sentencia absolutoria o condenatoria, de modo tal que las partes puedan ejercer sus derechos en el modo, forma y plazo de ley.

10. En el caso concreto, la Sala de Instancia ha fundado su decisión de condena, sobre la base de la declaración de la agraviada Vilma Adela Pérez Bautista. Sin embargo, ha incurrido en déficit en su motivación, pues en primer lugar, no ha analizado su relato en coherencia con el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116, que establece tres estándares de certeza, como: i) ausencia de incredibilidad subjetiva, b) verosimilitud, y c) persistencia en la incriminación.

En segundo lugar, debemos advertir que la declaración valorada por la Sala fue brindada a nivel preliminar y sin la presencia del representante del Ministerio Público, por lo que debió insistirse en la notificación a la citada órgano de prueba, a fin de que concurra al juicio oral y se ratifique o no en su declaración previa; sin embargo, hasta la octava sesión del 18 de marzo de 2021 no existían cargos de notificación y en la novena sesión del 29 de marzo de 2021 solo se dio cuenta que reside en Cañete y que conforme al SERNOT aparece que fue remitida por comisión distinta a la sede judicial el 10 de marzo de 2021 y otra notificación aparece con fecha 26 de marzo de 2021 como asignada. Por lo que no habría certeza que fue efectivamente notificada.

11. Por otro lado, la Sala de Mérito en acápite IV, segundo párrafo, pretende corroborar la versión de la agraviada con la narrativa de Omar Michael Mosqueras Ramírez, que fue consignada en la sentencia que lo declaró infractor a la ley penal. Al respecto, encontramos que la Sala Superior ha justificado su razonamiento utilizando pruebas que no fueron actuadas en el proceso como señalamos a continuación:

11.1. La Sala Superior, en el apartado IV de la recurrida, referido a los elementos recabados en autos, en el considerando 20, ha citado una sentencia emitida por el Tercer Juzgado de Familia Especialidad Penal en Contra del Menor Infractor Omar Michael Mosqueras Ramírez (Resolución N.° 12) del 2 de diciembre de 2014, precisando la parte resolutiva y lo referido a la declaración del infractor.

En la quinta sesión del juicio oral del 26 de febrero de 20213, la Secretaría de Sala dio cuenta que en cuanto al testigo Omar Michael Mosqueras Ramírez, se encontró que fue procesado en el Tercer Juzgado de Familia con el Expediente N.° 08995-2013 y que se encuentra ubicado en el archivo modular. En la sexta sesión del 5 de marzo de 20214, se dio cuenta que se ha remitido oficio al Juzgado de Familia para que remitan las piezas solicitadas. En la octava sesión del 18 de marzo de 20215 se dio cuenta que aún no hay respuesta del oficio remitido. Y, finalmente, en la sesión del 29 de marzo de 20216, se dio cuenta que se ha recibido del Tercer Juzgado de Familia la sentencia de Mosqueras Ramírez, por lo que la directora de debates dispuso que esta sea remitida a los sujetos procesales y se agreguen a los autos para ser merituados en su oportunidad. En la misma sesión, se llevó a cabo el glose y oralización de la prueba instrumental, sin que haya sido oralizada la citada sentencia del Juzgado de Familia.

Con posterioridad a la emisión de la sentencia impugnada (15 de abril de 2021), obra en el expediente el Oficio N.° 08995-2013-3er JFEPL-IG, del 21 de abril de 20217, mediante el cual la jueza del Tercer Juzgado de Familia de Lima, remitió a la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres, copias certificadas de las declaraciones (a nivel policial con participación del representante del Ministerio Público y ante el Juzgado de Familia) y sentencia del infractor Omar Michael Mosqueras Ramírez.

De lo aquí expuesto, se advierte un déficit en la motivación, puesto que la Sala Superior valoró la sentencia del 2 de diciembre de 2014 emitida por el Tercer Juzgado de Familia de Lima, respecto de la cual únicamente se había dispuesto su notificación a las partes procesales y que sea agregada a los autos; sin embargo, no fue oralizada en el plenario ni sometida al contradictorio.

11.2. Ocurre similar situación con las declaraciones que dicho testigo Mosqueras Ramírez que rindió en el Expediente N.° 183503-2014- 08995-0, las mismas que recién fueron remitidas a la Sala Superior con fecha 21 de abril de 2021 (Oficio N.° 08995-2013-3er JFEPL-IG), esto es, con posterioridad a la sentencia y por tanto no pudieron ser valoradas por la Sala de Mérito.

11.3. Tanto la sentencia como las declaraciones del citado testigo, constituyen elementos probatorios relevantes para el esclarecimiento del caso, ya que aportarían datos reveladores de la participación o no del acusado Morocho Rivera en la comisión del delito de robo agravado; sin embargo, este Supremo Tribunal no puede ingresar a la valoración probatoria de los mismos, pues el primero de ellos no ha sometido al contradictorio, y el segundo, no ha sido siquiera valorado por la Sala Superior.

11.4. A ello se tiene que, al provenir de un proceso distinto, se tratan de un caso de prueba trasladada y para su aplicación en este proceso, se deben respetar las exigencias del artículo 261 del Código de Procedimientos penales, cuyo cumplimiento no se ha motivado en la sentencia impugnada, y por lo tanto no se ha llegado a esclarecer la violencia con que habría actuado o no el recurrente.

12. Por otro lado, en la parte de valoración probatoria de la sentencia impugnada, se consigna el Certificado Médico Legal N.° 035306-L-D, del 28 de mayo de 2013, que fue practicado al recurrente Morocho Rivera, que concluye que este presenta: “Equimosis rojiza de 4.8 x 2.3 cm de forma alargada en cuadrante superior interno de región glútea derecha. Ocasionada por agente contuso y alargada”. En este punto cabe resaltar que el recurrente ha denunciado que dichas lesiones fueron realizadas por los efectivos policiales intervinientes. Sin embargo, no se ha notificado al autor de la citada pericia para que concurra al juicio oral a fin de que se ratifique o no de su pericia; este déficit en la actuación probatoria genera una motivación insuficiente.

13. De otro lado, la sentencia impugnada al momento de construir la culpabilidad del acusado Morocho Rivera, ha expresado de forma general las declaraciones de él, su coimputado (ya sentenciado) Salazar Jiménez, omitiendo analizar que ambos han vertido declaraciones a nivel preliminar, instrucción y juicio oral, advirtiéndose diferencias en cada uno de sus relatos.

14. Por último, se advierte que la sentencia recurrida no habría expresado ningún fundamento que explique por qué se le atribuyó el título de autor del delito de robo agravado al acusado Morocho Rivera. Omisión que, de igual forma, afecta la coherencia interna de la recurrida.

15. En ese orden de ideas, la sentencia en el extremo recurrido, no cumple con la estructura de la justificación interna y externa de las premisas afirmadas. La Sala Superior ha incurrido en un déficit de motivación. Aquello impide a este Supremo Tribunal revisar el fondo del asunto, por haberse incurrido en la causal de nulidad prescrita en el numeral 1, del artículo 298, del Código de Procedimientos Penales.

16. Por tales consideraciones, corresponde declarar nula la sentencia en el extremo que condenó al acusado Morocho, se realice un nuevo juzgamiento, a fin de que se actúe la prueba señalada y la que sea necesaria para el esclarecimiento de la participación del imputado Salazar Jiménez en los hechos y se emita nueva sentencia por un nuevo Colegiado Superior, que deberá realizar un estudio minucioso y pormenorizado de los autos, examinando en forma integral los medios de prueba incorporados y actuados en el proceso, por lo que es necesario que se tengan en cuenta los fundamentos antes descritos en la presente ejecutoria suprema, a fin de determinar las reales circunstancias de la comisión del delito imputado y la vinculación o no con el acusado Morocho Rivera.

17. El procesado Carlos Eduardo Salazar Jiménez se encontraba con mandato de comparecencia con restricciones8, luego en la sentencia rescindida del 15 de abril de 2021 se aplicó pena efectiva, y el 12 de mayo de 2021 (acta de intervención policial9) se registró su captura. En tal sentido, al declararse nula la sentencia impugnada, corresponde ordenarse su inmediata libertad respecto a este proceso, siempre y cuando no subsista en su contra orden o mandato de prisión dispuesto por autoridad competente. Sin embargo, en salvaguarda de que el proceso no sufra dilaciones indebidas a causa de una posible inconcurrencia a las citaciones que haga la Sala Penal correspondiente, deben dictarse las medidas de aseguramiento personal previstas en el artículo 288 del Código Procesal Penal, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de aplicarse lo prescrito en el artículo 276 del mencionado cuerpo legal.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, acordaron:

I. Declarar NULA la sentencia del 15 de abril de 2021, emitida por la Cuarta Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, en los extremos que condenó a Hebert Alberto Morocho Rivera como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de Vilma Adela Pérez Bautista, a ocho años de pena privativa de la libertad, la misma que deberá ser contabilizada cuando se produzca su captura e internamiento en el establecimiento que la autoridad penitenciaria establezca; y, fijaron en S/ 500,00 (quinientos soles) el monto que por concepto de reparación civil deberán pagar los sentenciados en forma solidaria a favor de la agraviada.

II. DISPONER la inmediata libertad del procesado Hebert Alberto Morocho Rivera, siempre y cuando no subsista en su contra, orden o mandato de prisión dispuesto por autoridad competente; y conforme con el artículo 288 del Código Procesal Penal ESTABLECER, como reglas de conducta, que el recurrente: i) no se comunique con el agraviado y su familia; ii) no se ausente del lugar de su residencia ni varíe su domicilio sin previa comunicación y autorización de la Sala Penal Superior; y, iii) se presente al local de la Sala Penal Superior el último día hábil de cada mes, personal y obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades y las veces que se le requiera; bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de aplicarse lo prescrito en el artículo 276 del mencionado cuerpo legal.

III. ORDENAR que se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado, que deberá actuar la prueba señalada y tener en cuenta los considerandos de la presente ejecutoria suprema.

IV. DISPONER que se devuelvan los autos al Tribunal Superior para los fines de ley y se haga saber.


1 Cfr. páginas 151 y ss.
2 Cfr. páginas 330 a 449
3 Cfr. página 237
4 Cfr. página 243 y ss.
5 Cfr. página 273 y ss.
6 Cfr. página 279 y ss.
7 Cfr. página 319 y ss.
8 Cfr. páginas 62 a 67
9 Cfr. página 355

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