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ROBO – Nulidad de la condena por afectación a la garantía del derecho de defensa.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 1418-2021
CALLAO

NULIDAD DE CONDENA

1. Si las pruebas recabadas durante el proceso contienen limitaciones al derecho de defensa, es pertinente corregirlas y dar la oportunidad de su debate en el contradictorio, con las garantías legales respectivas.

2. Corresponde la anulación de la sentencia recurrida y el desarrollo de un nuevo juicio oral a cargo de otro Colegiado Superior, cuando se ha incurrido en causa de nulidad vinculada a la afectación a la garantía del derecho de defensa, de conformidad con lo normado en el numeral 1 del artículo 298 del Código de Procedimientos Penales.

Lima, diez de agosto de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Carlos Víctor Salavaldez Castillo contra la sentencia del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno (folios 254-270), expedida por la Cuarta Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Mediante dicha sentencia se le condenó como autor del delito de robo con agravantes (previsto y sancionado en el artículo 188, en concordancia con los incisos 3 y 4 del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal), en perjuicio de Segundo Sánchez Montenegro. Se le impuso doce años de pena privativa de libertad y se fijó en diez mil soles el monto por concepto de reparación civil, que pagará a favor del agraviado; con lo demás que contiene. Con lo expuesto por la Fiscalía Suprema en lo Penal.

Intervino como ponente el juez supremo GUERRERO LÓPEZ.

CONSIDERANDO

Primero. Marco legal de pronunciamiento

El recurso de nulidad está regulado en el artículo 292 del Código de Procedimientos Penales (en adelante, C de PP) y constituye el medio de impugnación de mayor jerarquía entre los recursos ordinarios del ordenamiento procesal peruano1. Está sometido a motivos específicos y no tiene (salvo las excepciones de los artículos 330 y 331) efectos suspensivos, de conformidad con el artículo 293 del mismo texto procesal. El ámbito de análisis de este tipo de recurso permite la revisión total o parcial de la causa sometida a conocimiento de la Corte Suprema, tal y como lo regula el contenido del artículo 298 del C de PP.

Segundo. Imputación fáctica

Según los términos de la acusación fiscal (folios 168-175), se le imputa al procesado Carlos Víctor Salavaldez Castillo, que el dos de diciembre de dos mil dieciséis, aproximadamente a las 12:50 horas, conjuntamente con dos sujetos no identificados, mediante violencia y amenaza con empleo de armas de fuego, sustrajeron al agraviado Segundo Sánchez Montenegro la suma de treinta mil dólares americanos (US$ 30 000,00) que había retirado momentos antes del Banco Scotiabank, evento acaecido en la cuadra 57 de la avenida Oscar R. Benavides (antes Colonial)-parque Industrial en el Callao. Para ello uno de los agentes habría sujetado de la espalda al agraviado, lo acogotó y le propinó dos golpes con el arma de fuego que portaba; por su parte, el procesado Carlos Víctor Salavaldez Castillo, quien también portaba un arma de fuego en la mano derecha pegado a su cintura, se posicionó frente al agraviado y luego a su lado izquierdo, y con la mano izquierda le rebuscaba los bolsillos, mientras que el otro –quien también portaba un arma de fuego– se colocó al lado derecho y también le rebuscó los bolsillos del pantalón. Acto seguido, se apoderaron del dinero y los tres sujetos se dieron a la fuga con dirección a la avenida Colonial. Posteriormente, el procesado Salavaldez Castillo fue intervenido por los efectivos policiales y fue plenamente reconocido por el agraviado.

Tercero. Fundamentos del recurso (folios 274-277)

La defensa de la recurrente solicitó la nulidad de la sentencia, sobre la base de los siguientes fundamentos:

3.1. La sentencia se basó en la declaración preliminar del agraviado (no concurrió a juicio) y el acta de reconocimiento físico, actuados en los que no intervino el abogado del recurrente, lo cual vulnera el derecho de defensa; en el mismo sentido, en la diligencia de visualización de video.

3.2. Sometida la declaración del agraviado a las pautas de valoración diseñadas en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116 (la defensa cita erróneamente los aspectos de valoración respecto a la declaración de un coimputado) el único supuesto que se tiene es la sindicación, sin tener en cuenta que existe un video donde se podrá advertir si el recurrente está involucrado en el hecho materia de análisis.

Cuarto. Opinión de la Fiscalía Suprema en lo Penal

Mediante Dictamen N.° 03-2022-MP-FN-SFSP (folios 34-43 del Cuadernillo formado en esta instancia), la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal opinó que se declare no haber nulidad en la sentencia, puesto que de las propias consideraciones contenidas en la sentencia materia de grado, se advierte que se ha efectuado una correcta valoración de las pruebas aportadas en el proceso, que acreditan la intervención de Carlos Víctor Salavaldez Castillo en el delito que se le atribuye, por lo que la condena resulta ajustada a ley en todos sus extremos.

Quinto. Análisis jurídico fáctico Control formal

5.1. La decisión cuestionada fue leída en audiencia pública el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno (folio 271-272), e interpuso recurso de nulidad en dicha diligencia, y cumplió con fundamentarlo el siete de junio de dos mil veintiuno (se le notificó electrónicamente el contenido de la sentencia el veinticuatro de mayo del señalado año), esto es, dentro de los diez días establecidos por el numeral 5 del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, por lo que se encuentra dentro del plazo legal.

Análisis de fondo

5.2. Es pertinente establecer que este Supremo Tribunal se limitará a resolver lo expresado en los agravios invocados en el Recurso de Nulidad, de acuerdo con lo prescrito en el numeral 1 del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales2 (principio conocido como tantum apellatum quantum devollutum), teniendo en cuenta que el derecho a la impugnación constituye el ejercicio de un derecho fundamental y la competencia del órgano de revisión, está delimitada objetiva y subjetivamente, precisamente por los cuestionamientos expresados en los medios impugnatorios (agravios), salvo los supuestos excepcionales de nulidades absolutas.

5.3. El contenido constitucionalmente protegido del debido proceso comprende una serie de garantías, formales y materiales de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmersa una persona se realice y concluya con el necesario respeto y protección de los derechos que en él puedan encontrarse comprendidos3.

En esa línea, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que las pruebas actuadas en el proceso penal deben ser valoradas de manera adecuada y con la motivación debida, con el propósito de darle el mérito probatorio que tengan en la sentencia, y que el justiciable pueda comprobar si dicha evaluación ha sido efectiva y adecuadamente realizada.

5.4. En tal sentido, el Tribunal Constitucional individualizó una doble exigencia4: en primer lugar, la exigencia del juez de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas por las partes al proceso dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y a lo establecido en las leyes pertinentes; y, en segundo lugar, la exigencia de que dichas pruebas sean valoradas motivadamente con criterios objetivos y razonables.

5.5. Conforme obra de los fundamentos del recurso formulado por la defensa (ver acápite tercero ut supra), se han expresado dos agravios diferenciados; el primero, referido a un vicio de nulidad, por afectación al derecho de defensa, por no encontrarse presente la defensa del encausado en las diligencias preliminares, en específico, en la declaración del agraviado, el reconocimiento físico y la visualización de un USB; el segundo aspecto está referido a la valoración probatoria, en la que se cuestiona que solo se le condenó con la sindicación de la víctima, que no acudió a juzgamiento.

5.6. Respecto al primer agravio, debe señalarse que al verificarse en específico las diligencias contenidas en las Actas de Reconocimiento Físico y Acta de Visualización de USB (folios 28 y 31, respectivamente), a las que hace referencia la defensa, en efecto, si bien es cierto en el encabezado de ambas se hace referencia a que se encuentra presente el abogado de la defensa pública, Juvenal Cabrera Made con Registro de Colegio de Abogados de Lima N.° 21128, dichas actas no se encuentran suscritas por este. Esta irregularidad, que bien podría tratarse de un acto negligente al momento de suscribirse dichas diligencias, pone en tela de juicio el respeto al derecho de derecho de defensa; sin embargo, es posible optimizarlo en el juzgamiento con la presencia del agraviado en el juzgamiento y la visualización del USB, que aunque no obra en el expediente debe encontrarse en la Fiscalía respectiva, la que debe ser solicitada, de tal manera que la defensa tenga la oportunidad de efectuar preguntas o pedir aclaraciones.

5.7. Dicho lo anterior, en atención a los agravios propuestos en el recurso de nulidad, este Tribunal advierte que las razones que se exponen en la sentencia cuestionada contienen, en parte, defectos de motivación al haberse valorado dichas actas para condenar al recurrente, sin haberse verificado las limitaciones que presentaban, por lo que es importante insistir en la comparecencia del agraviado y se remita diligentemente el USB que fue materia del Acta de visualización, a efecto de que en el nuevo juzgamiento se lleve a cabo dicha diligencia; así también, se cite a todas las personas que podrían brindar información conducente, pertinente y útil en relación a lo que es materia de imputación, en armonía con la solicitud de las partes. De igual manera, en su caso, debe tenerse en cuenta la responsabilidad restringida con la que contaba el encausado al momento de los hechos.

5.8. Así, corresponde por ahora estimar los agravios del recurrente, pues el Tribunal de juzgamiento no ha realizado los esfuerzos para superar los cuestionamientos en clave de defensa, lo que es relevante, en el sentido que afecta la motivación de la resolución impugnada. Aquello impide a este Supremo Tribunal revisar el fondo del asunto, por haberse incurrido en la causal de nulidad prescrita en el numeral uno del artículo doscientos noventa y ocho del Código de Procedimientos Penales, el cual prescribe que se declara la nulidad: “1) Cuando en la sustanciación de la instrucción o en la del proceso de juzgamiento, se hubiera incurrido en graves irregularidades u omisión de trámites o garantías establecidas por la Ley Procesal Penal”.

5.9. Por tales consideraciones, resulta necesario que se lleve a cabo un nuevo juicio oral por otro Colegiado, que deberá realizar un estudio minucioso y pormenorizado de los autos, examinando en su totalidad y de forma concatenada, los medios de prueba incorporados y actuados en el proceso, a fin de determinar las reales circunstancias de la comisión del delito imputado y la vinculación o no con el acusado, llevándose a cabo la diligencia de visualización, declaración de la víctima y la confrontación con el encausado de ser necesaria y las diligencias complementarias que fueran necesarias; en su defecto, se haga uso de los apremios legales.

Sobre la situación jurídica del procesado Dennis Johan Cajamarca Rodríguez

5.10. Finalmente, se aprecia del expediente que, el encausado sostuvo en sesión de juicio oral de doce de mayo de dos mil veintiuno, que se encontraba recluido en el Establecimiento Penitenciario de Puerto Maldonado purgando una condena por el delito de robo con agravantes en el que se le impuso la pena de CADENA PERPETUA, sentencia firme que se emitió por la Corte Superior de Justicia de Apurímac y que según el Sistema de Información Jurídica de esta Suprema Corte, se encuentra en la Sala Penal Permanente con Recurso de Casación5.

En ese sentido, habiéndose determinado que la condena de esta causa incurrió en causa de nulidad, corresponde ordenarse la inmediata libertad del encausado, para cuyos efectos deben implementarse las reglas que el caso amerita a efectos de garantizar —en su caso— la sujeción respectiva al presente proceso de acuerdo con las potestades del ordenamiento jurídico vigente.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, acordaron:

I. declarar NULA la sentencia del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno (folios 254-270), expedida por la Cuarta Sala Penal de Apelaciones Permanente, de la Corte Superior de Justicia del Callao, por la que se condenó a Carlos Víctor Salavaldez Castillo como autor del delito de robo con agravantes (previsto y sancionado en el artículo 188, en concordancia con los incisos 3 y 4 del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal), en perjuicio de Segundo Sánchez Montenegro; se le impuso doce años de pena privativa de libertad y se fijó en diez mil soles el monto por concepto de reparación civil, que pagará a favor del agraviado; con lo demás que contiene.

II. MANDAR que se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado, en el que se deberán efectuar las diligencias señaladas en el considerando 5.9 y se tendrá presente todo lo expuesto en esta ejecutoria suprema.

III. ORDENAR la inmediata libertad del recurrente Carlos Víctor Salavaldez Castillo, SIEMPRE Y CUANDO NO SUBSISTAN EN SU CONTRA ORDEN O MANDATO DE DETENCIÓN EMANADO POR AUTORIDAD COMPETENTE, en cuyo caso, deberá cumplir las siguientes reglas: a) prohibición de alejarse del lugar de su residencia, sin autorización del juez; b) prohibición de comunicarse con el agraviado; c) comparecer personal y obligatoriamente cada treinta días a la Sala Superior, para informar y justificar sus actividades, así como firmar el cuaderno respectivo y/o el registro en el control biométrico, respecto de lo cual, dada la situación actual, debe someterse a las disposiciones que el ente jurídico determine; y, d) presentarse puntualmente al nuevo juzgamiento y a toda citación de la autoridad, las veces que sea requerido. Todo ello bajo apercibimiento de revocársele el mandato de comparecencia restringida por el de prisión preventiva.

IV. OFÍCIESE vía fax, en el día, a la Cuarta Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, por Secretaría de esta Suprema Sala para los fines de la excarcelación respectiva.

V. DISPONER se notifique la ejecutoria a las partes personadas a esta instancia, se devuelvan los actuados a la sala superior de origen y se archive el cuadernillo.

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