ROBO – Nulidad de la condena por afectación a la garantía del derecho de defensa.
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ROBO : conclusión anticipada – La devolución del bien sustraído a la agraviada debe ser valorado para determinar el quantum de la pena.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 301-2021
LIMA ESTE

Robo agravado

Sumilla. La institución de la conformidad se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico en mérito a lo normado en el artículo 5 de la Ley N.° 28122, según el cual en aquellos supuestos en que el agente penal renuncia a la etapa probatoria del proceso y acepta ser autor o partícipe del delito materia de la acusación, así como responsable de la reparación civil, se declarará la conclusión anticipada del debate oral y se emitirá la sentencia conformada respectiva. Corresponde evaluar si la pena impuesta reviste entidad suficiente para la rebaja de la pena impuesta a diez años de pena privativa de libertad afectiva, a una pena menor. La Sala Pena Superior sentenció bajo las normas pertinentes y el principio del debido proceso con todas las garantías de imparcialidad y justicia, y emitió una sentencia debidamente motivada en la determinación de la pena concreta a imponer.

Lima, once de abril de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el representante legal del sentenciado DIEGO ARMANDO ORTIZ GONZALES contra sentencia conformada del dieciocho de septiembre de dos mil veinte (foja 170), emitida por la Sala Penal de Apelaciones Permanente de San Juan de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, que lo condenó como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en grado de tentativa, en perjuicio de María de los Ángeles Acasiete Vargas. En consecuencia, le impuso cinco años de pena privativa de libertad efectiva y fijó en S/500,00 (quinientos soles) el monto de reparación civil deberá pagar el sentenciado a favor del agraviado.

Intervino como ponente el juez supremo Brousset Salas.

CONSIDERANDO

FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO

Primero. El acusado DIEGO ARMANDO ORTIZ GONZALES, en su recurso de nulidad formalizado mediante escrito con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte (foja 179), solicita se revoque la sentencia, y se modifique la pena impuesta al recurrente. Al respecto, argumenta lo siguiente:

1.1. En el presente proceso el recurrente se acogió a la conclusión anticipada, pese a ello el Colegiado no ha considerado para la ponderación de la pena impuesta, que el recurrente desde su declaración preliminar admitió el robo del celular —confesión sincera—, y que no cuenta con antecedentes penales.

1.2. De acuerdo con el Decreto Legislativo N.° 1514, la cual tiene por objetivo optimizar la evaluación y utilización de la vigilancia electrónica personal, como pena sustitutiva para los casos de las personas sentenciadas, en el presente caso de aplicación al recurrente.

MARCO DE IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

Segundo. Conforme la acusación fiscal postulada mediante requerimiento1 del once de noviembre de dos mil diecinueve, se imputa:

Con fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, a horas 15:30 aproximadamente, cuando la agraviada María de los Ángeles Acasiete Vargas se encontraba a bordo de un ómnibus de transporte público por las inmediaciones del paradero 12 de Huáscar–San Juan de Lurigancho, fue interceptada por cuatro sujetos, quienes subieron minutos antes al ómnibus, siendo que uno de ellos con la finalidad de distraerla le tocó el pecho, acto que fue aprovechado por el procesado DIEGO ARMANDO ORTIZ GONZALES, quien le arrebató su celular marca Samsung, para luego intentar bajarse del vehículo, pero fue detenido por la agraviada quien puso resistencia cogiendo su teléfono celular de la mano del procesado, produciéndose así un forcejeo, siendo amenazada por el procesado quien le dijo “suelta el celular o te voy a matar”, y que con la finalidad de lograr su objetivo jalo con fuerza a la agraviada hasta que esta salió del vehículo y cae al pavimento.

Luego de ello, la agraviada junto con los efectivos policiales quienes se percataron del hecho, lograron capturar al procesado, realizándole el respectivo registro personal, a quien se le halló un teléfono celular color gris, marca Samsung, modelo J4 con IME N.° 3565600913514442, para luego ser trasladado a la comisaría del sector.

Tercero. En cuanto a la calificación jurídica, el titular de la acción penal postuló la configuración del delito de robo agravado, conforme con lo previsto en el artículo 188 del Código Penal, concordado con los agravantes numerales 4 y 5, del primer párrafo, del artículo 189, del código citado; asimismo, de aplicación el artículo 16 —tentativa— del Código Penal. Solicitando diez años de pena privativa de libertad.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Cuarto. La institución de la conformidad se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico en mérito a lo normado en el artículo 5 de la Ley N.° 28122, según el cual en aquellos supuestos en que el agente penal renuncia a la etapa probatoria del proceso y acepta ser autor o partícipe del delito materia de la acusación, así como responsable de la reparación civil, se declarará la conclusión anticipada del debate oral y se emitirá la sentencia conformada respectiva.

En tal sentido, el juicio de responsabilidad frente a los hechos incoados no se asienta en la actividad probatoria sino en la plena, libre y voluntaria aceptación de estos por parte del procesado, tanto en el aspecto objetivo como subjetivo, con asentimiento de su defensa.

Quinto. Respecto al caso no hay controversia en la responsabilidad penal del recurrente, dado su acogimiento a los alcances de la conclusión anticipada2; pues mediante sesión de audiencia de juicio oral del cuatro de septiembre de dos mil veinte3, tras la formulación de cargos por parte del representante del Ministerio Público, la Sala Superior procedió a informar al procesado respecto a los alcances de la conclusión anticipada del proceso, quien solicitó tiempo para conversarlo con su abogado, siendo que en sesión del diecisiete de septiembre de dos mil veinte4, previa consulta con su abogado defensor expresó su asentimiento y se declaró responsable de los hechos imputados y del pago de la reparación civil; por lo que no se verifican vicios en el consentimiento, capacidad limitada o relegada ni desconocimiento por parte de los conformados.

En razón a ello, el recurso es planteado en el extremo de la condena impuesta. En tal sentido, corresponde evaluar si la pena impuesta reviste entidad suficiente para amparar la pretensión esgrimida, esto es, la rebaja de la pena impuesta a diez años de pena privativa de libertad afectiva, a una pena menor.

Lo expuesto delimita el análisis del presente Colegiado Supremo, en estricto, a la determinación judicial de la pena, a efectos de establecer la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de esta.

Sexto. Acotado lo anterior, de acuerdo con la acusación, los hechos fueron imputados bajo el artículo 188 (tipo base) del Código Penal, con las agravantes contenidas en los incisos 4 y 5, del artículo 189, del acotado código, cuya pena está en los rangos de doce a veinte años de pena privativa de libertad, aplicándose el artículo 16 del Código Penal, pues el delito quedó en tentativa.

Séptimo. Es menester pronunciarse sobre el análisis realizado por la Sala Superior para la imposición de la pena materia de cuestionamiento, los considerandos se basaron en: i) la lesión inferida producida al bien jurídico protegido corresponde al patrimonio de la agraviada robado, el mismo que fuera recuperado y devuelto a esta, conforme consta en el acta de entrega (foja 32); ii) el recurrente no es agente primario, conforme se verifica del certificado de antecedentes penales (foja 43); iii) las condiciones personales del recurrente, cuenta hasta el cuarto de secundaria, condición que meridianamente le permite discernir los valores de comportamiento social, fundamentalmente el respeto a la persona como su patrimonio, de edad veintitrés años al día de producirse los hechos, de ocupación mototaxista, lo que evidencia sus carencias sociales y económicas; iv) aceptar su responsabilidad y acogerse a la conclusión anticipada, lo que permite la reducción de la pena adicional en 1/7 a imponérsele.

Es este último considerando el que acredita la culpabilidad del agente sobre los hechos imputados, es decir, el haberse subido a un transporte público y bajo amenaza y violencia arrebatarle el celular a la agraviada, como producto del forcejeo esta cayó al pavimento lo que le ocasionó lesiones5, una vez dado aviso al personal policial, el procesado fue detenido y trasladado a la comisaría del sector, se le encontró en posesión del bien —celular— sustraído, por lo que se determinó el delito de robo agravado en grado de tentativa con las agravantes específicas que se describen.

Octavo. El cuestionamiento del recurrente incide en que la Sala Superior no tomó en cuenta la confesión sincera para la imposición de la pena, tampoco consideró que este no cuenta con antecedentes, y que no ha ocasionado perjuicio patrimonial a la agraviada, pues el bien fue devuelto.

Sobre lo argumentado, mediante acta de registro de audiencia de sesión del diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el director de debates da los alcances de la Ley N.º 28122, Ley de conclusión anticipada del proceso y preguntó al procesado si después de escuchar lo expuesto por la Fiscalía se consideraba responsable del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil, previa consulta con su abogado manifestó ser responsable de los hechos y aceptó acogerse a la conclusión anticipada del proceso, señalando “[…] si me acojo a la conclusión, me considero culpable y estoy muy arrepentido […]”.

Noveno. Declaración que según el Acuerdo Plenario N.° 5- 2008/CJ-116 en su fundamento ocho detalla:

Se exige como garantía a los derechos del sentenciado la expresa aceptación de su abogado defensor, ya que es un acto unilateral de disposición de la pretensión, formalmente efectuado por el acusado y su defensa —de doble garantía—, que importa una renuncia a la actuación de pruebas y del derecho a un juicio público.

Si bien para la defensa amerita la disminución de la pena, ya que no se valoró la confesión sincera, que no tiene antecedentes penales y que el bien fue devuelto, por lo que no se ha ocasionado perjuicio patrimonial.

La Sala Penal Superior sentenció, bajo las normas pertinentes, con todas las garantías de imparcialidad y justicia, emitiendo una sentencia debidamente motivada en la determinación de la pena concreta a imponer, de tal forma que resulta benigna al sentenciado, ya que está por debajo de lo señalado en el Acuerdo Plenario N.° 5-2008/CJ-116: “Disminuir la pena concreta en un séptimo o menos”.

Décimo. La defensa argumenta que no se valoró la confesión sincera del recurrente, si bien a nivel policial6, declaración con participación del Ministerio Público, acepta el robo del celular, y en juicio se acoge a la conclusión anticipada; dicha declaración no corresponde como circunstancia atenuante de la Confesión sincera, pese al reconociendo de los hechos, pues este no resulta siendo aplicable en el presente caso, ya que se halló en flagrancia delictiva al recurrente (conforme al acta de intervención policía a foja 09), así lo señala el Acuerdo Plenario N.° 4-2016/CIJ-116 en su fundamento diecinueve establece: “[…] no es confesión cuando se reconoce lo evidente, cuando no se aporta dato alguno para el curso de la investigación […]”; en el fundamento veinte: “[…] las dos primeras excepciones, así catalogadas por la ley, son las de flagrancia delictiva y prueba evidente […], pues sin necesidad de la confesión del hecho está probado sobre la base de las propias condiciones de la flagrancia delictiva o de una actividad probatoria consolidad. Tal confesión, por consiguiente, no aporta nada al esclarecimiento de los hechos […]”, por lo que no es de recibo dicho argumento.

Decimoprimero. Asimismo, argumenta que el Colegio no observó que el recurrente no contaba con antecedentes penales. Argumento que tampoco es de recibo, pues la Sala en su fundamento 5.6 señala que el recurrente no cuenta con dichos antecedentes, valorado para determinar la pena a imponer, condición que valió para establecer que solo existen circunstancias atenuante, por lo que la pena a imponer se determinó dentro del tercio inferior, es decir, desde los 12 años.

Decimosegundo. Finalmente, la defensa refiere que de acuerdo con el Decreto Legislativo N.° 1514, por la cual se puede sustituir la pena la prisión efectiva por la vigilancia electrónica personal (grillete electrónico), la misma que puede ser de aplicación al recurrente. Sobre lo solicitado, como señala la norma es una pena sustitutoria a la prisión efectiva, la cual es solicitada al juez (artículo 52-B), para lo cual este deberá valorar las condiciones del solicitante (persona condenada), previamente acreditadas, de vida personal, laboral, familiar o social, es decir, el pedido de sustitución de pena condenatoria a vigilancia electrónica personal corresponde ser solicitado ante el juez de ejecución y no solicitarlo ante esta instancia suprema, máxime si se tiene en cuenta que a nivel de Sala no efectuó ningún pedido al respecto, no correspondiendo efectuar el mismo ante la presente instancia suprema en sede de recurso de nulidad, por lo que lo argumentado no resulta de recibo.

Decimotercero. Sobre lo glosado, la Sala Penal Superior sentenció bajo las normas pertinentes y el principio del debido proceso con todas las garantías de imparcialidad y justicia, y emitió una sentencia debidamente motivada en la determinación de la pena concreta a imponer, fijando los parámetros para la imposición de la pena en el tercio inferior, es decir, desde los doce años, para luego disminuir por tentativa cuatro años, resultando como pena concreta ocho años, y por haberse acogido a la conclusión anticipada corresponde la reducción de un séptimo de la pena concreta, equivalente a trece meses, estableciéndose ochenta y tres meses, es decir, seis años con once meses de pena, siendo que la pena concreta no se ajusta al principio de proporcionalidad y más aún que el bien fuera devuelto a la agraviada, por lo que la pena a imponer corresponde a cinco años de pena privativa de libertad, la misma que resulta benigna al sentenciado, ya que esta se estableció dentro del extremo del tercio inferior (12 años) que está por debajo de lo señalado en el Acuerdo Plenario N.° 5-2008/CJ-116.

Decimocuarto. Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar no haber nulidad en el extremo de la pena impuesta, ya que el análisis realizado está conforme con la normativa pertinente, correspondiente a la Ley N.º 28122 y el Acuerdo Plenario N.° 5-2008/CJ-116, del dieciocho de julio de dos mil ocho.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia conformada del dieciocho de septiembre de dos mil veinte (foja 170), emitida por la Sala Penal de Apelaciones Permanente de San Juan de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, que condenó a DIEGO ARMANDO ORTIZ GONZALES como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en grado de tentativa, en perjuicio de María de los Ángeles Acasiete Vargas. En consecuencia, le impuso cinco años de pena privativa de libertad efectiva y fijó en S/500,00 (quinientos soles) el monto de reparación civil deberá pagar el sentenciado a favor del agraviado.

II. DISPUSIERON se remita la causa al tribunal de origen para los fines de ley correspondientes y se haga saber a las partes apersonadas en esta Sede Suprema.


1 Véase a foja 129.
2 Acuerdo Plenario número 5-2008/CJ-116, del dieciocho de julio de dos mil ocho.
3 Véase a foja 163.
4 Véase a foja 168.
5 Véase a foja 26–Certificado Médico N.° 015448-L, que certifica Excoriación por fricción de 5mmx2mm, en cara anterior tercio distal de región crural derecha. Ocasionado por fricción con superficie áspera. Conclusiones: presenta huella de sesiones traumáticas recientes. Requiere incapacidad médico legal.
6 Véase a foja 22 – declaración policial: “[…] yo estaba escapándome después de haber hurtado un celular […] mi participación fue arrebatar el celular […] ¿si usted es responsable por el hecho suscitado el 24 de junio de 2019, en agravio de María de los Ángeles Acasiete Vargas, por el presunto delito de robo agravado? Sí, me siento arrepentido […]”;

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