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Afectación al principio del debido proceso la falta de congruencia cuando el órgano judicial de revisión no absuelva la totalidad de los agravios denunciados en el recurso de apelación.

Corte Suprema de Justicia de la República
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

SENTENCIA
CASACIÓN N.° 46-2018
LIMA ESTE

SUMILLA: Constituye una afectación al principio del debido proceso la falta de congruencia cuando el órgano judicial de revisión no absuelva la totalidad de los agravios denunciados en el recurso de apelación y omite pronunciamiento sobre el concesorio de un recurso de apelación concedido sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida.

Lima, tres de mayo de dos mil veintidós

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.

I. VISTA; la causa número cuarenta y seis – dos mil dieciocho; en Audiencia Pública virtual llevada a cabo en la fecha; integrada por los señores Jueces Supremos Quispe Salsavilca –Presidente, Yaya Zumaeta, Cárdenas Salcedo, Yalán Leal y Bustamante Zegarra; luego de verificada la votación de acuerdo a ley, se emite la siguiente resolución:

I.1. OBJETO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Se trata del recurso de casación interpuesto por Rafaela Mamani Choque, de fecha primero de junio de dos mil dieciséis, obrantes a fojas mil quince del expediente principal, contra la sentencia de vista, contenida en la resolución número seis, dictada por la Sala Civil Transitoria de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, en el extremo que confirmó la sentencia apelada contenida en la resolución número cuarenta, de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, obrante a fojas ochocientos treinta y uno que declaró fundadas las pretensiones de prescripción adquisitiva de dominio del inmueble de un área de tres mil ochocientos quince punto cuarenta y cinco metros cuadrados, ubicado en la calle Los Robles, parte de la parcela 1, manzana I, parcelación rústica de la parcela baja del fundo “Huachipa”, Centro Poblado Santa María de Huachipa, distrito de Lurigancho de Chosica, provincia y departamento de Lima y la cancelación en parte del asiento registral C00003 de la Partida N° 12261973 que se encuentra a nombre de Rafaela Mamani Choque y se proceda a la correspondiente inscripción a nombre de los actores con la respectiva independización de la ficha o partida registral que corresponda; en los seguidos por Adolfo Cárdenas Venegas y otra contra Industrial Panda Sociedad Anónima Cerrada, sobre prescripción adquisitiva de dominio.

I.2. CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN

Mediante auto calificatorio de fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, obrante de fojas doscientos setenta y nueve del cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por Rafaela Mamani Choque, por las siguientes causales:

a) Infracción normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado; señala que la sentencia de vista es nula en razón de no haber tomado en consideración fundamentos sustanciales de su recurso de apelación que han incidido que se confirme la sentencia de primera instancia, obviando sus agravios. Precisa que no fue valorado por el Juez ni por la Sala, la Resolución de Gerencia Municipal N° 008-12, de fecha siete de febrero del dos mil doce, no obstante a que la misma fue integrada al proceso en calidad de prueba de oficio, máximo si esta resolución fue la que dio de baja al Código de Contribuyente que ostentaban los demandantes en el Municipio de Santa María de Huachipa y con los que pretendía acreditar el pago de los probables tributos que acrediten la condición del bien como propietario. Señala que, se ha violado el derecho al debido proceso al haberse negado admitir y actuar pruebas relevantes, las que tratan sobre hechos sobrevinientes a la demanda y contestación, consistentes en las Resoluciones Administrativa que declaran nulas las resoluciones de visación de los planos perimétricos y de ubicación, así como la constancia de posesión que los demandantes obtuvieron y de la que deja sin efecto el Código de Contribuyente Municipal (Resoluciones de Gerencia Municipal N° 010-12- MCPSMH, N° 008-12-MCPSMH y Resolución N° 470-2014.M DCLCH- GOPRI.SGCUYC), que habían sido presentados con la demanda; y siendo ello así, tales planos presentados no tendrían visación e incumplirían el requisito previsto en el inciso 2 del artículo 505 del Código Procesal Civil, no obstante a lo señalado, fueron valorados por las instancias de mérito como prueba. Precisa que no se ha emitido pronunciamiento sobre la Resolución N° 512-2014/MDL CH-GOPRI- SGCUYC, a pesar de, haberla presentado con escrito de fecha treinta de octubre de dos mil catorce, cuando aún no había sido descargada la sentencia apelada, ya que esta recién fue descargadas con fecha seis de noviembre, pero curiosamente tiene como fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, hecho que se puso de conocimiento de la Oficina de Control de la Magistratura para las investigaciones, agregando que se le ha notificado la resolución número treinta y nueve, que declaró improcedente la presentación de medios probatorios extemporáneos, fue notificada conjuntamente con la sentencia, sin antes esperar que esa quede consentida. Señala que tampoco se han valorado los actuados que, sobre prescripción adquisitiva notarial, que en primer término han intentado los demandantes, en la que afirman haber sido propietarios del bien sublitis al adquirirlo por minuta de compra venta de sus anteriores propietarios Jesús Oré Porra en mil novecientos noventa y dos, y que ahora en el presente proceso no afirman nada de ello sino se presentan como poseedores legítimos con animus domini. Precisa que el Juez fundó la sentencia con solo la enumeración de probables medios probatorios sin el menor análisis del valor probatorio previamente aceptado al proceso, es una actividad atribuida única y exclusivamente al Juez, quien con las reglas de la lógica, la ciencia, la técnica o de su experiencia componen los hechos, otorgándole jurídicamente el carácter de cierto. Señala que no existe pronunciamiento respecto al segundo punto controvertido, enfatizando que la demanda de prescripción es únicamente por la extensión de tres mil ochocientos quince metros cuadrados (3,815.45 m2) sobre un área de mayor extensión que es de dieciséis mil ochocientos cincuenta y ocho punto doce metros cuadrados (16,858.12 m2); sin embargo, en la sentencia de primera instancia no existe pronunciamiento respecto de ello, ni tampoco en la resolución de vista, es decir, si procede o no la cancelación del título de dominio respecto a esta área, por el contrario, se dispone la independización no obstante a no ser objeto de la demanda, hecho que resulta ser extra petita.

b) Infracción normativa por indebida aplicación del artículo 950 del Código Civil; señala que no se ha valorado adecuadamente el cumplimiento de los requisitos sustantivos exigidos por el artículo 950 del Código Civil, puesto que las fuentes probatorias aprobadas por la parte demandante pueden haber demostrado que esta poseyendo el bien eventualmente, empero de ninguna manera se ha acreditado en autos que la misma haya sido de manera pública y como propietario, es decir, con animus domini, desde su aparente ingreso en posesión del bien, toda vez, que no ha pagado los tributos municipales que es obligación de todo propietario que no sea solo para iniciar el presente, tampoco han instalado los mínimos servicios de luz, agua y desagüe y no existe licencia municipal para la construcción de sus viviendas y construcciones aparentes como todo ciudadano con animus domini los hace a diferencia de los marginales o al margen de la ley o clandestinos. Precisa que, en la resolución apelada se indica que las declaraciones juradas de autoavalúo habrían sido determinantes para establecer que en el deber responsable del posesionario y en tanto lo conducen para hacerlo suyo habría quedado evidenciado con el pago del impuesto predial y de los arbitrios municipales, recién en el año dos mil once y solo para efectos de interponer la demanda; en ese sentido, concluye que el pago de los tributos se ha realizado en bloque, en una sola oportunidad, lo que demuestra que nunca hubo ánimo de dominio en la conducción del predio materia de litis, puesto que si el demandante se hubiese conducido como propietario desde el año mil novecientos noventa y tres, desde esa fecha hubiese pagado año tras año los tributos municipales correspondientes. Señala que, la inspección judicial practicada por el Juez de Tierras sin la citación de los propietarios del bien sino con Reforma Agraria del Ministerio de Agricultura por probable racionamiento de agua, no tiene ningún efecto, ni valor probatorio en la presente causa, tampoco para la parte recurrente y los copropietarios originarios del bien. Finalmente refiere que tampoco tienen efecto probatorio las constataciones notariales, porque no son competentes para verificar hechos de tal naturaleza que condigan con la prescripción, pues en todo caso se debió emplazar a los propietarios del bien para que ejerzan su derecho a la defensa que la Constitución Política del Estado reconoce, atentando de esta forma el debido proceso que debe ser respetado en toda instancia, agregando que conforme a lo prescrito en el artículo 505 inciso 4 del Código Procesal Civil las declaraciones testimoniales son sustanciales; sin embargo, las que prestan en la audiencia de pruebas, no declaran en nada respecto al inicio de la posesión, ni que sea continua, pública, pacífica como propietario.

II. CONSIDERANDO PRIMERO: ANTECEDENTES

Previo al análisis y evaluación de las causales expuestas en el recurso de casación, resulta menester realizar un breve recuento de las principales actuaciones procesales:

1.1. DEMANDA: Mediante escrito de fecha dieciséis de setiembre de dos mil once, obrante a fojas ciento quince, subsanado a fojas ciento treinta y uno, los demandantes Adolfo Cárdenas Venegas y Marina De la Mata de Cárdenas, interponen, demanda de prescripción adquisitiva de dominio, contra Industrial Panda Sociedad Anónima Cerrada, postulando en su petitorio lo siguiente:

Pretensión principal: Prescripción adquisitiva de dominio del terreno agrícola de área 3,815.45 m2, ubicado en el inmueble de calle Los Robles, parte de la parcela 1, manzana “I”, parcelación rústica de la parcela baja, del fundo Huachipa, Centro Poblado Santa María de Huachipa, distrito de Lurigancho-Chosica, provincia y departamento de Lima, por la posesión directa, continua, pública y pacífica como propietario durante diez años, terreno que en área mayor de extensión de 16,858.12 m2, se encuentra inscrito en la Partida N° 12261973 d el Registro se Propiedad Inmueble de Lima, a efectos que previo los trámite de su naturaleza se declare propietario a los recurrentes; en consecuencia, se ordene la cancelación del asiento correspondiente de quien figura como su titular, inscribiéndose nuestro derecho como propietario.

La parte demandante sustenta su pretensión indicando que en el año mil novecientos ochenta y cinco aproximadamente, entraron en posesión en forma pacífica, conjuntamente con su cónyuge y familia por cuando dicho terreno estuvo abandonado y cubierto de maleza y yerbas silvestres, propio de un terreno eriazo y con su esfuerzo, en el correr del tiempo, lo transformaron en un terreno rústico apto para la agricultura y lo han destinado al cultivo de plantas ornamentales “Vivero” y construido con material noble su vivienda en 300 m2, tanque de agua y criaderos de cuyes, entre otras construcciones.

1.2. CONTESTACIÓN DE DEMANDA: Con escrito de fecha veintiuno de diciembre de dos mil once, obrante a fojas ciento sesenta y seis, la demandada Industrial Pando Sociedad Anónima Cerrada contesta la demanda, solicitando se declara infundada la misma, negando los hechos expuestos en la demanda porque mantienen la posesión como cuidantes del fundo y nunca con ánimo de propietarios y es más, cuando adquirieron el inmueble, los demandantes exigían el pago por sus servicios.

1.3. SUCESIÓN PROCESAL: Mediante resolución número once, de fojas doscientos ochenta y siete, se declaró la sucesión procesal de la empresa demandada Industrial Pando Sociedad Anónima Cerrada con Rafaela Mamani Choque, por ser la actual propietaria del inmueble.

1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: Mediante resolución número cuarenta, de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, que obra a folios ochocientos treinta y uno, emitida por el Primer Juzgado Civil de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, se declaró fundada la demanda sobre prescripción adquisitiva de dominio y propietarios a los demandantes del inmueble con un área de 3,815.45 m2 ubicado en calle Los Robles, parte de la parcela I, manzana “I”, parcelación rústica de la parcela baja del Fundo Huachipa, Centro Poblado Santa María de Huachipa, distrito de Lurigancho Chosica, provincia u departamento de Lima; y dispuso se cancele en parte el Asiento registral Nº C0003 de la Partida N° 1226197 3 que se encuentra a nombre de Rafaela Mamani Choque, en la parte que corresponda; y se proceda a la correspondiente inscripción del derecho declarado en esta sentencia a nombre de los actores, con la respectiva independización.

1.5. SENTENCIA DE VISTA: Mediante resolución número seis, de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, que obra a fojas novecientos setenta, la Sala Civil Transitoria de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, resolvió confirmar la sentencia apelada que declaró fundadas las pretensiones contenidas en la demanda.

SEGUNDO: CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN

2.1. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario de casación tiene por objeto, el control de las infracciones que las sentencias o los autos puedan cometer en la aplicación del Derecho; partiendo a tal efecto de los hechos considerados probados en las instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si la calificación jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No bastando la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial o decisivo sobre el resultado de lo decidido.

2.2. En ese entendido la labor casatoria es una función de cognición especial, sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que inciden en la decisión judicial, ejerciendo como vigilantes el control de derecho, velando por su cumplimiento “y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional”1, revisando si los casos particulares que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la normatividad jurídica, correspondiendo a los Jueces de Casación cuestionar que los Jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto respeten el derecho objetivo en la solución de los conflictos.

2.3. Así también, habiéndose acogido entre los fines de la casación la función nomofiláctica, esta no abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a verificar un reexamen del conflicto ni la obtención de un tercer pronunciamiento por otro Tribunal sobre el mismo petitorio y proceso, siendo más bien un recurso singular que permite acceder a una Corte de Casación para el cumplimiento de determinados fines, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República.

2.4. Ahora bien, por causal de casación, se entiende al motivo que la ley establece para la procedencia del recurso2, debiendo sustentarse en aquellas anticipadamente señaladas en la ley, pudiendo por ende interponerse por apartamiento inmotivado del precedente judicial, por infracción de la Ley o por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, así como la falta de congruencia de lo decidido con las pretensiones formuladas por las partes y la falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso, por lo que en tal sentido si bien todas las causales suponen una violación de la ley, también lo es que estas pueden darse en la forma o en el fondo.

2.5. De otro lado, atendiendo que en el caso particular se ha declarado procedente el recurso de casación por causales de infracción normativa procesal y material, corresponde en primer lugar proceder con el análisis de la infracción de normas de carácter procesal -de orden constitucional y legal-, desde que si por ello se declarase fundado el recurso, su efecto nulificante implicaría la anulación de lo actuado hasta donde se advirtiera el vicio, con disposición, en su caso, de un nuevo pronunciamiento por el respectivo órgano de instancia, en cuyo supuesto carecerá de objeto emitir pronunciamiento sobre la infracción normativa material invocada por la parte recurrente en el escrito de su propósito y, si por el contrario, se declarara infundada la referida infracción procesal, correspondería emitir pronunciamiento respecto de la infracción material.

TERCERO: ANOTACIONES SOBRE EL DEBIDO PROCESO Y MOTIVACIÓN ESCRITA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

Hechas las precisiones que anteceden es pertinente traer a colación algunos apuntes a manera de marco legal, doctrinal y jurisprudencial sobre los principios constitucionales y legales involucrados, así tenemos que:

3.1. En cuanto al derecho al debido proceso, diremos que este no tiene una concepción unívoca, sino que comprende un haz de garantías; siendo dos los principales aspectos del mismo: El debido proceso sustantivo, que protege a los ciudadanos de las leyes contrarias a los derechos fundamentales; y, el debido proceso adjetivo o formal, que implica las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales. Es decir que, en el ámbito sustantivo, se refiere a la necesidad de que las sentencias sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean razonables; mientras que el ámbito adjetivo alude al cumplimiento de ciertos recaudos formales, de trámite y de procedimiento, para llegar a una solución judicial mediante la sentencia. Derecho que se manifiesta, entre otros, en el de defensa, a la prueba, a la jurisdicción predeterminada por ley o al juez natural, al proceso preestablecido por ley, a la cosa juzgada, al juez imparcial, a la pluralidad de instancia, de acceso a los recursos, al plazo razonable y a la motivación.

3.2. El Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 000 23-2005-AI/TC, ha puntualizado en el fundamento cuarenta y ocho, que: “(…) para determinar el contenido constitucional del derecho al debido proceso, podemos establecer, recogiendo jurisprudencia precedente, que este contenido presenta dos expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer”. [Resaltado nuestro]

3.3. Asimismo, en el Expediente N.° 3421-2005-PH/TC, se estableció en el fundamento cinco, lo siguiente: “(…) el derecho fundamental al debido proceso no puede ser entendido desde una perspectiva formal únicamente; es decir, su tutela no puede ser reducida al mero cumplimiento de las garantías procesales formales. Precisamente, esta perspectiva desnaturaliza la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales, y los vacía de contenido. Y es que el debido proceso no solo se manifiesta en una dimensión adjetiva -que está referido a las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales-, sino también en una dimensión sustantiva -que protege los derechos fundamentales frente a las leyes y actos arbitrarios provenientes de cualquier autoridad o persona particular-; en consecuencia, la observancia del derecho fundamental al debido proceso no se satisface únicamente cuando se respetan las garantías procesales, sino también cuando los actos mismos de cualquier autoridad, funcionario o persona no devienen en arbitrarios”.

3.4. En ese sentido, tenemos que el debido proceso en su dimensión formal o procesal hace referencia a todas las formalidades y pautas que garantizan a las partes el adecuado ejercicio de sus derechos, y dado que el debido proceso, no solo requiere de una dimensión formal para obtener soluciones materialmente justas, pues ello, no será suficiente; por eso la dimensión sustantiva, también llamada sustancial es aquella que exige que todos los actos de poder, ya sean normas jurídicas, actos administrativos o resoluciones judiciales, sean justas, esto es, que sean razonables o respetuosos de los derechos fundamentales, de los valores supremos y demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, por consiguiente, el debido proceso sustantivo se traduce en una exigencia de razonabilidad de todo acto de poder.

3.5. Sobre la motivación de las resoluciones judiciales, Roger Zavaleta Rodríguez en su libro “La Motivación de las Resoluciones Judiciales como Argumentación Jurídica”3, precisa que: “Para fundamentar la decisión es indispensable que la conclusión contenida en el fallo responda a una inferencia formalmente correcta (justificación interna). Su observancia, sin embargo, no se limita a extraer la conclusión de las premisas predispuestas, pues también comprende una metodología racional en la fijación de aquellas (justificación externa). En lo posible las premisas deben ser materialmente verdaderas o válidas, según el caso, a fin de garantizar la solidez de la conclusión. En caso contrario esta no podría ser más fuerte que las premisas. Una decisión judicial está motivada si, y solo si, es racional. A su vez, una decisión es racional si, y solo si, está justificada interna y externamente. Mientras la justificación interna expresa una condición de racionalidad formal, la justificación externa garantiza racionalidad sustancial de las decisiones judiciales. (…)”.

3.6. El Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 148 0-2006-AA/TC, ha puntualizado que: “el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (…) deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios.

En tal sentido, (…) el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión solo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si esta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”.

3.7. Así, se entiende que el deber de motivación de las resoluciones judiciales, que es regulado por el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, garantiza que los Jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, deben expresar el análisis que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley; en tal sentido, habrá motivación adecuada de las resoluciones judiciales, siempre que la resolución contenga los fundamentos jurídicos y fácticos que sustentan la decisión, que la motivación responda estrictamente a la ley y a lo que fluye de los actuados, pero además deberá existir una correspondencia lógica (congruencia) entre lo pedido y lo resuelto, de tal modo que la resolución por sí misma exprese una suficiente justificación de lo que se decide u ordena; así, se entiende que la motivación escrita de las resoluciones judiciales constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen los artículos 50 inciso 6, 122, inciso 3 del Código Procesal Civil y el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y, dicho deber implica que los juzgadores precisen en forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a las que esta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que sustentan su decisión, respetando los principios de jerarquía normativa y de congruencia; además, aquello debe concordarse con lo establecido en el artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial4, que regula acerca del carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial.

PRONUNCIAMIENTO DE LA CAUSAL DE CARÁCTER PROCESAL

CUARTO: INFRACCIÓN NORMATIVA DEL ARTÍCULO 139° INCI SO 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

4.1. Ingresando al análisis de la Infracción normativa del artículo 139° inciso 3 de la Constitución Política del Estado es conveniente recordar los fundamentos que la respaldan, los que en síntesis denuncian que la Sala Superior en la sentencia de vista:

a) ha obviado los agravios indicados en su recurso de apelación, como la no valoración de la Resolución de Gerencia Municipal N° 008-12- MCPSMH que dio de baja al Código de Contribuyente que ostentaban los demandantes en el Municipio de Santa María de Huachipa.

b) Se ha negado admitir y actuar pruebas relevantes, como son las Resoluciones Administrativas que declaran nulas las resoluciones de constancia de posesión y visación de los planos perimétricos y de ubicación.

c) Tampoco se ha valorado la Resolución N° 512-2014 /MDLCH- GOPRI-SGCUYC y la resolución número treinta y nueve, que declaró improcedente la presentación de medios probatorios extemporáneos, fue notificada conjuntamente con la sentencia.

d) Tampoco se han valorado los actuados sobre prescripción adquisitiva notarial, en donde los demandantes afirmaron que son propietarios del bien sublitis al adquirirlo por minuta de compra venta de sus anteriores propietarios Jesús Oré Porra en mil novecientos noventa y dos.

e) Se fundamenta únicamente en la enumeración de los medios probatorios sin realizar el menor análisis del valor probatorio de cada uno de ellos.

f) No existe pronunciamiento respecto al segundo punto controvertido, pues la demanda de prescripción adquisitiva únicamente es por la extensión de tres mil ochocientos quince metros cuadrados (3,815.45 m2) sobre un área de mayor extensión que es de dieciséis mil ochocientos cincuenta y ocho punto doce metros cuadrados (16,858.12 m2) y dispone la independización registral que no fue objeto de la demanda.

4.2. Estando a los términos que respaldan la causal casatoria, tenemos que para determinar si un pronunciamiento específico ha cumplido con el deber de motivación, conviene recordar que la satisfacción de dicho deber no se cumple con la sola expresión escrita de las razones internas que han determinado al juzgador a decidir la controversia en un sentido determinado, sin importar cuáles sean estas; sino que, por el contrario demanda irreparablemente la existencia de un exposición clara y coherente en la sentencia que no solo explique, sino que justifique lógicamente la decisión adoptada, en base a las pruebas, los hechos alegados por los justiciables y en atención a las normas jurídicas aplicables al caso. En esa línea, el análisis a efectuarse debe partir de los propios fundamentos o razones que sirvieron de sustento a la sentencia de vista recurrida, por lo que, cabe realizar el examen de los motivos o justificaciones expuestos en la resolución materia de casación y determinar si estos han guardado la logicidad y congruencia que se exige.

4.3. En ese propósito, tenemos que la sentencia recurrida en el sétimo considerando se pronuncia sobre los agravios del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, comenzando con afirmar en forma categórica que “los agravios resultan intrascendentes para resolver la litis, por la naturaleza de la pretensión ya que tiene por finalidad que se declare nula la sentencia materia de apelación”.

4.4. Enseguida, describe los documentos de folios tres a nueve que contiene la inspección ocular realizada por el Juez de Tierras; la Constancia Notarial de Hechos de folios diez a once; asientos registrales de la Partida N° 12261973 del Registro de Predios de folios sesenta y siete a sesenta y ocho; la Memoria descriptiva, plano perimétrico, plano de ubicación y localización de folios setecientos veinticuatro a setecientos veintiséis y las declaraciones testimoniales actuadas en la audiencia de pruebas de folios seiscientos veintiuno a seiscientos veintitrés, precisando que los documentos no han sido cuestionados ni tachados y tienen fechas de antigüedad de más de diez años anteriores a la interposición de la demanda.

4.5. Asimismo, en el octavo considerando, los Jueces Superiores concluyen que los demandantes han podido probar que se encuentran en posesión del bien materia de litis desde hace dieciocho años y han cumplido los requisitos del artículo 950 del Código Civil respecto a la buena fe, forma pacífica, continua y pública; y por último, en el noveno considerando destacan que los demandantes han construido una vivienda y que vienen pagando el impuesto predial y si bien es cierto los pagos se han realizado en el año dos mil once, esto en nada enerva, la valoración de los otros medios probatorios, teniéndose en cuenta que los demandantes se han conducido como propietarios, por contar con justo título.

4.6. En principio, resulta evidente que los Jueces Superiores se han limitado a describir los medios probatorios documentales presentados por la parte demandante, sin hacer ningún análisis valorativo de los mismos y tampoco absolver los agravios expresados por la parte demandante en su escrito de apelación de folios ochocientos ochenta y dos; en efecto, en el apartado 2.4.1 de dicho recurso impugnatorio se indica que mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 008-12, de fecha siete de feb rero del dos mil doce, se dio de baja al código de contribuyente de los actores y en el apartado 2.4.2. se precisa que también se han anulado las visaciones de los planos perimétricos y de ubicación, así como, la constancia de posesión otorgados tanto por la Municipalidad del Centro Poblado Santa María de Huachipa como por la Municipalidad Distrital de Lurigancho- Chosica; sin embargo, en la sentencia de vista no existe pronunciamiento alguno al respecto.

4.7. De otro lado, como se tiene dicho, la Sala Superior llega a la conclusión, en mérito a la prueba documental que obra en autos, que los demandantes se encuentran en posesión del bien desde hace más de dieciocho años e invocando el artículo 950 del Código Civil, precisan que la posesión se hizo de buena fe, en forma pacífica, continua y pública, pero además que se han conducido como propietarios, por contar con un justo título; sin embargo, no han desarrollado ninguna valoración fáctica ni probatoria de cada uno de los requisitos precisados y tampoco se sustenta de forma alguna la conclusión arriba.

4.8. Aunque no ha sido advertido por los Jueces Superiores ni por las partes; sin embargo, el debido proceso es un principio que tiene que ser respetado y en el caso de autos, aparece que mediante resolución catorce, de fojas trescientos veinticuatro, se concedió apelación sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida, precisándose que la misma sería resuelta conjuntamente con la sentencia o la resolución que ponga fin al proceso, siempre que sea apelada; sin embargo, pese a que la sentencia fue impugnada, la segunda instancia omitió emitir pronunciamiento al respecto, desnaturalizándose el trámite de la causa.

4.9. Por último, aparecen de autos, copias legalizadas, a fojas setecientos sesenta y uno que acreditarían que las partes vienen siguiendo un proceso de desalojo por ocupación precaria con Expediente N° 2 79-2013-0-1808-JR-CI- 01 ante el Juzgado Civil del Cono Este de Lima; y a fojas setecientos setenta, que ante la Notaría Pública de la Dra. Mónica Salvatierra Saldaña, se habría seguido por los demandantes un proceso anterior de prescripción adquisitiva notarial por el mismo inmueble materia de esta causa y donde aparentemente se habría sostenido que los actores adquirieron el bien por compraventa celebrada con Jesús Oré Porras con fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos; en consecuencia, sería conveniente que la Sala Superior con la facultad que le concede el artículo 194 del Código Procesal Civil y garantizando el debido contradictorio, conforme lo establecido en el X Pleno Casatorio Civil, de considerarlo pertinente, pueda solicitar copias de dichos actuados para mejor resolver.

4.10. Por tanto, en un plano comparativo, entre los cuestionamientos dados a conocer en el recurso de apelación y lo absuelto por la Sala Superior en la sentencia de vista, se observa que la labor revisora de esta última y la motivación expuesta en la sentencia recurrida resulta aparente, desde que se han deja incontestados agravios y no se han tenido en cuenta elementos relevantes para resolver la controversia sobre prescripción adquisitiva de domino, contraviniéndose el principio de congruencia procesal; en consecuencia, la causal invocada resulta fundada y debe declararse la nulidad de sentencia de vista, a fin de que emita una nueva decisión sobre el fondo; siendo esto así, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre la casual material deducida.

III. DECISIÓN

Por tales razones y de conformidad con el artículo 396°, tercer párrafo, del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Rafaela Mamani Choque, de fecha primero de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas mil quince del expediente principal; en consecuencia, NULA la sentencia de vista contenida en la resolución número seis, de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, que obra a fojas novecientos setenta, expedida por la Sala Civil Transitoria de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima Este; en consecuencia, ORDENARON que la indicada Sala Superior expedir nuevo fallo, con atención a lo indicado en la presente resolución; en los seguidos por Adolfo Cárdenas Venegas, contra Rafaela Mamani Choque, sobre prescripción adquisitiva de dominio; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley; y, los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Bustamante Zegarra.


1 HITTERS, Juan Carlos. Técnicas de los Recursos Extraordinarios y de la Casación. Librería Editora Platense, Segunda Edición, La Plata, página 166.
2 MONROY CABRA, Marco Gerardo. Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, página 359.
3 Roger E. Zavaleta Rodríguez, “La motivación de las resoluciones judiciales como argumentación jurídica”, Editora y Librería Jurídica Grijley EIRL 2014, pág. 207-208.
4.Artículo 22. Carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial. Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial «El Peruano» de las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales.
Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan.
Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden excepcionalmente apartarse en sus resoluciones jurisdiccionales, de su propio criterio jurisprudencial, motivando debidamente su resolución, lo que debe hacer conocer mediante nuevas publicaciones, también en el Diario Oficial «El Peruano», en cuyo caso debe hacer mención expresa del precedente que deja de ser obligatorio por el nuevo y de los fundamentos que invocan.

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