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Prisión preventiva. Homologación de voces. Arraigo laboral

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

RECURSO CASACIÓN N.° 393-2022
AREQUIPA

Prisión preventiva. Homologación de voces. Arraigo laboral

Sumilla: 1. La disciplina de la prueba –entendida en sentido amplio, de actos de aportación de hechos– presupone que los medios de investigación o, en su caso, de prueba deben haber sido ejecutados o actuados conforme a la legalidad procesal correspondiente, lo que es un presupuesto necesario para obtener el elemento de investigación o de prueba y valorarlo en orden al estándar o umbral de prueba requerido, que es el nivel de confirmación requerido según cada institución procesal. 2. Tratándose del mandato de prisión preventiva, para dar por cumplido el presupuesto del fumus delicti comissi se requiere de sospecha fuerte o grave y fundada (ex artículo 218 del CPP). Este nivel de sospecha apunta a la clara y convincente evidencia, que es un nivel intermedio entre la probabilidad prevalente (sospecha suficiente, propia para formular acusar y dictar el auto de enjuiciamiento) y el último nivel de prueba que descarta cualquier hipótesis distinta a la acusatoria. Se requiere de elementos de investigación –o, eventualmente, de prueba (preconstituida o anticipada)– consistentes que se superpongan a otras hipótesis alternativas y permitan sostener una relevante apoyatura a la hipótesis acusatoria (probabilidad grande de que el imputado ha cometido un delito. 3. No constituye una regla absoluta y aplicable en cualquier circunstancia la preceptiva realización de una pericia fonométrica para que un audio pueda utilizarse y dictar en su mérito una resolución intermedia. Su realización dependerá del tiempo y momento procesal de su utilización, de la naturaleza de la resolución que deba dictarse, de las circunstancias concretas de la causa y, especialmente, cuando se niegue la voz por quien es considerado como su titular, sin perjuicio de enfatizar que el convencimiento judicial puede provenir de otros medios de investigación o de prueba. 4. Tiene cómo ganarse la vida y su profesión puede desarrollarse en el lugar de su residencia (Arequipa). Esta es una situación singular que debe tenerse presente –no es una persona literalmente desarraigada–, pero en estos primeros momentos del procedimiento penal, adquiere mayor relevancia los factores resaltados en los incisos 2, 3 y 5 del artículo 269 del CPP. El nivel de impacto o gravedad de los delitos imputados (imputación de especial gravedad), su lógica asociativa, las circunstancias de su privación de libertad y el estado inicial de tramitación de la causa son factores que se alzapriman para dar por acreditado, por el momento, el peligro de fuga, en cuya virtud el legislador infiere que, a mayor posibilidad futura de imposición de varios años de privación de libertad para el imputado, mayor incremento de su peligro de fuga. El tiempo, indudablemente, opera como un factor condicionante de la subsistencia del peligro, sea que se consoliden los elementos de cargos, sea que los arraigos se consoliden o se aprecian desde una diferente perspectiva en función a los demás recaudos de la causa.

–SENTENCIA DE CASACIÓN–

Lima, diez de agosto de dos mil veintidós

VISTOS; en audiencia pública; los recursos de casación, por la causales de inobservancia de precepto constitucional, infracción de precepto material y vulneración de la garantía de motivación, interpuestos por la defensa de los encausados JEYMI NATIVIDAD FLORES y QUICAÑA ELMER CÁCERES LLICA contra el auto de vista de fojas once mil doscientos sesenta y cuatro y once mil doscientos ochenta y ocho, ambos de cinco de enero de dos mil veintidós, respectivamente, que confirmando el auto de primera instancia de fojas nueve mil treinta y uno, de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictó contra ellos mandato de prisión preventiva por el plazo de veinticuatro meses; con todo lo demás que al respecto contiene. En el proceso penal seguido contra ellos por delitos de cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio y organización criminal en agravio del Estado.

Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO. Que se imputa a los encausados ELMER CÁCERES LLICA y JEYMI NATIVIDAD FLORES QUICAÑA integrar la organización criminal denominada “Los Hijos del Condor”, cuyo líder sería el imputado CÁCERES LLICA en su calidad de Gobernador Regional de Arequipa. Esta organización –según los cargos– estaba formada, además, por varios funcionarios de confianza, y otros siete consejeros regionales, entre ellos la investigada FLORES QUICAÑA, a quienes les ofrecía dádivas, terrenos, obras, designación de funcionarios en el Gobierno Regional de Arequipa, puestos de trabajo y otros. Estas dádivas y demás beneficios indebidos los proporcionaba a cambio de que su gestión no sea cuestionada ni fiscalizada y de tener su incondicional apoyo en la designación y/o ratificación de funcionarios en cargos de alto nivel, así como blindaje ante cualquier pedido de interpelación contra él y sus funcionarios de confianza. El imputado CÁCERES LLICA perseguía con ello, desde la hipótesis fiscal, actuar con impunidad y perpetrar actos de corrupción y otros delitos en agravio del Estado, así como asegurar su permanencia en el tiempo.

SEGUNDO. Que, respecto del trámite del presente proceso, se tiene lo siguiente:

1. Que el representante del Ministerio Publico solicitó se dicte treinta y seis meses de prisión preventiva contra ambos encausados recurrentes. En su mérito, el Sexto Juzgado de la Investigación Preparatoria Permanente Especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Arequipa dictó el auto de fojas nueve mil treinta y uno, de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y les dictó veinticuatro meses de prisión preventiva.

2. La defensa de los encausados CÁCERES LLICA y FLORES QUICAÑA interpusieron recurso de apelación por escrito de fojas nueve mil trescientos ochenta y uno, de uno de diciembre de dos mil veintiuno, y fojas diez mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, de uno de diciembre de dos mil veintiuno, respectivamente.

3. Concedido el recurso de apelación y culminado el trámite impugnativo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones emitió el auto de vista de fojas once mil doscientos sesenta y cuatro y once mil doscientos ochenta y ocho, ambos de cinco de enero de dos mil veintidós, respectivamente, que confirmando el auto de primera instancia de fojas nueve mil treinta y uno, de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictó contra los recurrentes mandato de prisión preventiva por el plazo de veinticuatro meses.

4. Contra este auto de vista la defensa de los encausados CÁCERES LLICA y FLORES QUICAÑA promovió recurso de casación.

TERCERO. Que la defensa del encausado CÁCERES LLICA en su escrito de recurso de casación de fojas once mil quinientos cuarenta y siete, de diecisiete de enero de dos mil veintidós, invocó los motivos de casación de inobservancia de precepto constitucional, infracción de precepto material, violación de la garantía de motivación y apartamiento de doctrina jurisprudencial (artículo 429, incisos 1, 3, 4 y 5, del Código Procesal Penal –en adelante, CPP–).

Desde el acceso excepcional planteó que se defina que, cuando la imputación se sustenta en intervenciones telefónicas, éstas deben cumplir el procedimiento de reconocimiento y homologación previsto en los artículos 189 y 190 del CPP.

CUARTO. Que la defensa del encausado FLORES QUICAÑA en su escrito de recurso de casación de fojas once mil seiscientos setenta y dos, de veinte de enero de dos mil veintidós, invocó los motivos de casación de infracción de precepto material, violación de la garantía de motivación y apartamiento de doctrina jurisprudencial (artículo 429, incisos 3, 4 y 5, del CPP).

Desde el acceso excepcional propuso que se precise si el juez puede cambiar el título de imputación y variar la norma postulada por el Ministerio Público, si el arraigo puede acreditarse a quien tras ser funcionario público presenta un contrato de trabajo a futuro, si el quantum de la pena debe ser concreto y no abstracto, y si debe realizarse el juicio de tipicidad y la subsunción normativa del hecho atribuido.

QUINTO. Que, conforme a la Ejecutoria Suprema de fojas ochocientos ochenta, de tres de junio de dos mil veintidós, es materia de dilucidación en sede casacional:

A. Las causales de inobservancia de precepto constitucional, infracción de precepto material y vulneración de la garantía de motivación: artículo 429, numeral 1, 3 y 4, del CPP.

B. El problema jurídico a resolver es el nivel de exigencia probatoria del procedimiento de intervenciones telefónicas, la supuesta actuación de un agente especial, la variación del título de imputación fiscal y la acreditación del arraigo laboral.

SEXTO. Que, instruidas las partes de la admisión del recurso de casación, materia de la resolución anterior –sin la presentación de alegatos ampliatorios–, se expidió el decreto de fojas ochocientos ochenta y seis que señaló fecha para la audiencia de casación el día tres de agosto último.

SÉPTIMO. Que, según el acta adjunta, la audiencia pública de casación se realizó con la intervención del señor Fiscal Adjunto Supremo en lo Penal, doctor Samuel Rojas Chávez, de la defensa del encausado Cáceres Llica, doctor Humberto Abanto Verástegui, de la defensa de la encausada Cutberto Alejandro Javier Paredes Cerpa, y del abogado delegado de la Procuraduría Pública en delitos de corrupción de funcionarios, doctor Julio Yauri Medina.

OCTAVO. Que, concluida la audiencia, a continuación, e inmediatamente, en la misma fecha, se celebró el acto de la deliberación de la causa en sesión secreta. Efectuado ese día, se realizó la votación correspondiente y obtenido el número de votos necesarios (por unanimidad), corresponde dictar la sentencia casatoria pertinente, cuya lectura se programó en la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Que el análisis de la censura casacional, desde las causales de inobservancia de precepto constitucional, infrac ión de precepto material y vulneración de la garantía demotivación–y en vía excepcional–, estriban en establecer el trámite y nivel de exigencia de validez probatoria del procedimiento de intervenciones telefónicas, el mérito y consistencia de la supuesta actuación de un agente especial, la variación del título de imputación fiscal para decidir la medida de prisión preventiva y la acreditación del arraigo laboral.

SEGUNDO. Que, en principio, la disciplina de la prueba –entendida en sentido amplio, de actos de aportación de hechos– presupone que los medios de investigación o, en su caso, de prueba deben haber sido ejecutados o actuados conforme a la legalidad procesal correspondiente, lo que es un presupuesto necesario para obtener el elemento de investigación o de prueba y valorarlo (fijación del resultado de prueba) en orden al estándar o umbral de prueba requerido, que es el nivel de confirmación establecido según cada institución procesal.

Ya se ha estipulado que, tratándose del mandato de prisión preventiva, para dar por cumplido el presupuesto del fumus delicti comissi se requiere de sospecha fuerte o grave y fundada (ex artículo 218 del CPP). Este nivel de sospecha apunta, siguiendo a IGARTUA SALAVARRÍA [2018: 75], a la clara y convincente evidencia, que es un nivel intermedio entre la probabilidad prevalente (sospecha suficiente, propia para formular acusar y dictar el auto de enjuiciamiento) y el último nivel de prueba que descarta cualquier hipótesis distinta a la acusatoria. Se requiere de elementos de investigación –o, eventualmente, de prueba (preconstituida o anticipada)– consistentes que se superpongan a otras hipótesis alternativas y permitan sostener una relevante apoyatura a la hipótesis acusatoria (probabilidad grande de que el imputado ha cometido un delito, como diría KLAUS VOLK [2019: 78].

TERCERO. Que el auto de prisión preventiva se sustenta, entre otros elementos de investigación, en determinados audios captados por una agente especial (el cuestionamiento a la falta de homologación ha sido planteado por el imputado CÁCERES LLICA, con lo que siguió su planteamiento ya realizado en sede de apelación). Los audios han sido aportados a la causa, así como la respectiva transcripción, pero formalmente no se ha producido, a continuación, una diligencia de homologación de voces (reconocimiento de los afectados o de quien efectuó la grabación o, en todo caso, pericia de identificación de voces), aunque –de un lado– la agente especial sí declaró y sostuvo la realidad de la grabación e identificó a sus interlocutores, mientras que Cáceres Llica se abstuvo de declarar, y –de otro lado–, se obtuvieron otras grabaciones de teléfonos y laptop incautados durante el proceso de investigación. Por lo demás, no consta en autos que el imputado expresamente negó su voz o que, dado el curso de la investigación (y hasta el momento de decidir la medida de coerción personal examinada), resultaba imprescindible, ante la falta de perseidad probatoria de los mismos, la realización de una pericia fonométrica –tanto más si dicho encausado no instó la realización de esta pericia–.

Es de tener presente que la atribución a una persona determinada de las conversaciones captadas en un audio puede hacerse mediante el reconocimiento que ésta haga de su participación en determinada conversación, mediante una prueba pericial sobre las voces o mediante otras pruebas que lo permitan, como el testimonio de quien efectuó la grabación [STSE de dieciséis de mayo de dos mil seis]. El fiscal o el órgano judicial, en el estadio procesal correspondiente, tras la audición de las conversaciones grabadas, pueden en virtud de su propia y personal percepción y por la evaluación ponderada de las circunstancias concurrentes o a través de elementos probatorios de carácter indiciario, dar por acreditada la titularidad de la voz [STSE 877/2014, de veintidós de diciembre]. No existe ningún precepto legal que imponga la pericia fonométrica, por lo que el juez puede formar criterio sobre la identidad de ciertos interlocutores a partir de los datos que ofrezca la causa, a partir del propio reconocimiento que se deriva de la percepción inmediata de dichas voces y su comparación con las emitidas por los acusados en su presencia, o mediante prueba corroboradora o periférica mediante la comprobación por otros medios probatorios de la realidad del contenido de las conversaciones [STSE 505/2016, de nueve de junio]. Es claro, finalmente, que quien niega su voz debe instar la realización de la prueba fonométrica [STSE 940/2011, de veintisiete de septiembre] o, en su defecto, si fuere pertinente y en virtud del deber de esclarecimiento, ha de hacerlo el fiscal o el órgano jurisdiccional. Por lo demás, la prueba de autenticidad no necesariamente es imperativa en la investigación preparatoria, pues las sospechas pueden derivar de lo anteriormente expuesto, y de las exigencias de las pertinentes líneas de investigación que sea del caso continuar [STSE de 8 de mayo de mil novecientos ochenta y seis].

Cabe insistir que no constituye una regla absoluta y aplicable en cualquier circunstancia la preceptiva realización de una pericia fonométrica para que un audio pueda utilizarse y dictar en su mérito una resolución intermedia. Su ejecución dependerá del tiempo y momento procesal en que se encuentre la causa, de la naturaleza de la resolución que deba dictarse, de las circunstancias concretas de la causa y, especialmente, cuando se niegue la voz por quien es considerado como su titular, sin perjuicio de enfatizar que el convencimiento judicial puede provenir de otros medios de investigación o de prueba. Ello, en modo alguno, colida con lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del expediente 0502-2018-PHC/TC, pues la distinción (distinguid) efectuada por el Tribunal Superior y esta Sala de Casación es plenamente razonable. No existe pues ilegalidad alguna o insuficiencia intrínseca de ese medio de investigación para valorarlo individualmente y, luego, con el conjunto del material investigativo o probatorio disponible.

Este punto casacional no puede prosperar.

CUARTO. Que, en cuanto a la intervención de una agente especial, no se ha cuestionado la legalidad, constitucional y ordinaria, de este acto especial de investigación. Ésta grabó varias de las conversaciones utilizadas para dictar la resolución impugnada y dio las explicaciones correspondientes en su declaración. Por lo demás, la intervención de agentes encubiertos o de agentes especiales está reconocido por el Derecho Internacional Penal y no tiene visos de ilicitud constitucional. Su regulación en nuestro país sigue los sistemas legales de los países de nuestro ámbito de cultura.

Asimismo, no consta que en su específico diseño legal y en su concreta aplicación al sub lite se vulneraron los principios rectores de (i) especialidad (relacionadas con un delito concreto), (ii) idoneidad (que permita definir el ámbito y la duración de la medida), (iii) excepcionalidad (inexistencia de otras medidas menos gravosas), (iv) necesidad (el descubrimiento o la comprobación del hecho investigado y la determinación de los intervinientes delictivos se vería gravemente dificultado sin el recurso a esta medida) y (v) proporcionalidad (en función al caso concreto, a la superioridad del beneficio resultante de su adopción para el interés público, a la gravedad del hecho objeto de investigación y a la relevancia del resultado perseguido de la medida). Es de rigor precisar que la institución procesal del agente encubierto o especial justamente se utilizó en el marco de la investigación de una presunta organización criminal en el seno de un organismo público, y lo que se pudo obtener a través de él precisamente permitió consolidar líneas de investigación estratégicas y dar curso al presente proceso penal. Asimismo, no se advierte, ni se resaltó impugnativamente, que la agente especial realizó una provocación delictiva; luego, no se está ante un agente provocador; y, además, su actividad estuvo controlada y sus resultados fueron de conocimiento de la autoridad; el denominado “derecho de autodeterminación informativa” no se vulneró.

QUINTO. Que es importante destacar que se planteó, a partir de la actuación de la agente especial, la transgresión de la concordancia de los artículos 189 y 190 del CPP, sobre reconocimiento de voces. El problema es, entonces, esto último y no la utilización de la agente especial. El reconocimiento de voces es un sistema, legalmente previsto, para la identificación del presunto delincuente, y se hace siempre que existan dudas de su identificación o que se ignore su autoría –es decir, cuando fuere necesario hacerlo, como reza el artículo 189, numeral 1, del CPP–, por lo que tiene un carácter subsidiario en tanto se tengan dudas sobre la identificación del interviniente delictivo. No es necesaria, incluso, cuando la persona que dirige el cargo contra otra ya la ha identificado con anterioridad o por cualquier razón manifiesta conocerla (éste es el caso de la agente especial), porque en estos casos ya no existirá duda que la persona que indica es aquella a la que se refiere en su imputación, siendo del caso enfatizar que es precisamente eliminar esa duda el fundamento de la diligencia [STSE de doce de diciembre de dos mil ocho].

En consecuencia, este punto casacional debe desestimarse.

SEXTO. Que, respecto de la variación del título de imputación fiscal, es del caso acotar lo siguiente:

1. La causa está recién en los primeros momentos del procedimiento de investigación preparatoria formalizada; y, como se sabe, la acción penal es progresiva y, por tanto, las tipificaciones iniciales muy bien pueden modificarse al esclarecerse la realidad de los hechos investigados o, incluso, pueden ser materia de correcciones en orden a una más precisa y correcta tipificación. Requisitos más precisos y exigencias de trámite más intensos se requieren, desde luego, cuando se ha de formular acusación y es del caso dictar sentencia (ex artículos 374 y 397 del CPP).

∞ 2. Lo esencial, en todo momento, es que no se alteren los hechos en su contenido esencial: la unidad normativa del factum materia de imputación no debe ser cambiada. La calificación o título de imputación puede ser modificado por el juez porque no constituye elemento esencial del objeto procesal, siempre y cuando se respete la unidad del bien jurídico vulnerado entre delito imputado por el fiscal y el delito calificado por el órgano judicial –tanto más si se está en los primeros momentos del proceso– [GIMENO, 2019: 306]. En sede de prisión preventiva, por el momento en que se encuentra el procedimiento, el cambio de tipificación ante un error patente es absolutamente posible al igual que frente a un claro error de subsunción (aplicación) o de interpretación de los alcances del tipo delictivo, como lo es también cuando se trata de fijar la pena probable concreta, en la que el juez muy bien puede alejarse, siempre motivadamente, del requerimiento fiscal. Es claro que las partes –el fiscal en lo específico– no son dueñas del procedimiento, pues en materia de legalidad prima siempre la valoración judicial, lo que es inherente a la potestad jurisdiccional.

∞ 3. En el presente caso no se modificó el título de imputación. El tipo delictivo de cohecho no es un tipo en blanco, sino que tiene un elemento normativo para determinar el ámbito de las funciones del agente público. En todo caso, se respetaron los planteamientos fácticos y la calificación jurídico penal planteados por el Ministerio Público en función al material probatorio disponible hasta el momento –existe correspondencia entre uno y otro–. Las explicaciones y esclarecimientos proporcionados por el Tribunal Superior son claros, precisos y suficientes –las citas legales, por su propia naturaleza, al integrar las exigencias del tipo delictivo pueden ser invocadas por el órgano judicial al calificar los hechos, acorde al principio iura novit curia–. No se incurrió en error alguno ni se vulneró la racionalidad de la motivación. Se estimó, a tono con el factum postulado, que se perpetraron varios delitos en concurso real: cohecho y organización criminal. Se identificaron sus elementos típicos, objetivos y subjetivos, y sobre esa base, además, se concluyó que en caso de condena la pena sería muy superior a los cuatro años de privación de libertad.

Es de enfatizar, siempre, que se trata de juicios provisionales (tanto el fáctico como el jurídico) y sustentados en un umbral de prueba de sospecha fuerte, la que por cierto puede variar según avance el procedimiento en función a los medios de investigación o de prueba que puedan obtenerse y actuarse oportunamente.

En tal virtud, este punto casacional también debe desestimarse.

SÉPTIMO. Que, finalmente, en lo atinente al peligro de fuga por falta de arraigo laboral, es de resaltar que un factor que puede relativizar tal peligro es el arraigo laboral –unido al arraigo familiar y domiciliario–. El Tribunal Superior consideró que la imputada FLORES QUICAÑA, como guía oficial de turismo, presentó dos contratos de trabajo de empresas del sector turismo de fecha coetánea, contratos que en verdad serían promesas de trabajo por un año, los mismos que no demuestran consistentemente el arraigo laboral, tanto más si, concurrentemente, se dio por acreditado el peligro de obstaculización y, además, que la pena prevista por los delitos imputados presuntamente cometidos sería grave.

Es relevante tener en cuenta que el arraigo social es un claro factor de desincentivo de peligro de fuga, pero para su valoración positiva debe examinarse el conjunto de los recaudos de la causa. Los contratos presentados por dicha encausada no tienen, en este momento de la causa, el nivel de contundencia para afirmar consistente un arraigo de calidad –sin perjuicio de estimar que no se puede ser tan concluyente para negarle de plano la lógica de trabajo al que la imputada puede acceder, más aún si cuando se dictó prisión preventiva en su contra se encontraba ejerciendo funciones de consejera regional–; y, además, en estos primeros momentos, alcanza relieve la gravedad de los hechos cometidos, su relevancia social y el hecho de ser parte de una lógica asociativa criminal, de suerte que tienen primacía los factores previstos en los incisos 2, 3 y 5 del artículo 269 del CPP. Primacía que, desde luego, puede decrecer por acción del tiempo y que, en todo caso, conforme avanzan las actuaciones procesales se requerirá de mayores datos que consoliden un peligro concreto de fuga al ostentar mayor relevancia el arraigo social [cfr.: SSTEDH Neumeister, de veintisiete de junio de mil novecientos sesenta y ocho; y, Matznetter, de diez de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve. STCE de veintiséis de julio de mil novecientos noventa y cinco, FJ Cuarto].

OCTAVO. Que similares consideraciones pueden extenderse en el caso del investigado CÁCERES LLICA. Él es arquitecto de profesión y presentó un contrato de promesa de trabajo. Al igual que su coimputada habría cometido los delitos atribuidos en el ejercicio del cargo de Gobernador Regional y fue precisamente en su ejercicio activo que fue denunciado y procesado penalmente con mandato de prisión preventiva. Tiene cómo ganarse la vida y su profesión puede desarrollarse en el lugar de su residencia (Arequipa). Esta es una situación singular que debe tenerse presente –no es una persona literalmente desarraigada–, pero en estos primeros momentos del procedimiento penal, adquiere mayor relevancia los factores resaltados en los incisos 2, 3 y 5 del artículo 269 del CPP. El nivel de impacto o gravedad de los delitos imputados (imputación de especial gravedad), su lógica asociativa –prevaliéndose del cargo público–, las circunstancias de su privación de libertad y el estado inicial de tramitación de la causa son factores que se alzapriman para dar por acreditado, por el momento, el peligro de fuga, en cuya virtud el legislador infiere que, a mayor posibilidad futura de imposición de varios años de privación de libertad para el imputado, mayor incremento de su peligro de fuga. El tiempo, indudablemente, opera como un factor condicionante de la subsistencia del peligro, sea que se consoliden los elementos de cargos, sea que los arraigos se consoliden o se aprecian desde una diferente perspectiva en función a los demás recaudos de la causa.

Por lo expuesto, este motivo casacional debe rechazarse. Es de aclarar, sin embargo, que la comisión de un delito funcional por un servidor o funcionario público per se no lo inhabilita para evitar la prisión preventiva, pues se introduciría una discriminación irrazonable con quien no es servidor público y, como tal, su trabajo –de tenerlo– podría evitar tan grave medida procesal. El prevalimiento del cargo dice de la gravedad y relevancia social del hecho punible atribuido, no del arraigo social.

NOVENO. Que, en tal virtud, las objeciones impugnativas que dieron lugar a la admisión excepcional del recurso de casación no son de recibo. El análisis de este Tribunal Supremo se centra en los motivos aceptados en el auto de calificación del recurso (principio devolutivo parcial del recurso: tantum devolutum quantum apellatum). Además, un límite del recurso de casación, por su propia naturaleza, son las infracciones normativas hechas valer, tanto de derecho procesal (derecho probatorio incluido) como de derecho material, sin que le esté permitido analizar autónomamente el material probatorio. El Tribunal Supremo solo le corresponde establecer si la motivación ha sido completa, precisa, suficiente, pertinente y racional. En el sub judice no se estableció que el Tribunal Superior incurrió en una infracción normativa de los preceptos que rigen la prisión preventiva en los ámbitos materia de análisis casacional.

DÉCIMO. Que, en materia de costas, es de aplicación el artículo 497, numeral 1, del CPP. No corresponde imponerlas porque no se trata de una resolución que pone fin al proceso penal.

DECISIÓN

Por estas razones: I. Declararon INFUNDADO los recursos de casación, por la causales de inobservancia de precepto constitucional, infracción de precepto material y vulneración de la garantía de motivación, interpuestos por la defensa de los encausados JEYMI NATIVIDAD FLORES QUICAÑA y ELMER CÁCERES LLICA contra el auto de vista de fojas once mil doscientos sesenta y cuatro y once mil doscientos ochenta y ocho, ambos de cinco de enero de dos mil veintidós, respectivamente, que confirmando el auto de primera instancia de fojas nueve mil treinta y uno, de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictó contra ellos mandato de prisión preventiva por el plazo de veinticuatro meses; con todo lo demás que al respecto contiene. En el proceso penal seguido contra ellos por delitos de cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio y organización criminal en agravio del Estado. En consecuencia, NO CASARON los autos de vista impugnados. II. Sin costas. III. MANDARON se transcriba la presente sentencia al Tribunal Superior de origen para los fines de ley; registrándose. IV. DISPUSIERON se lea la sentencia en audiencia pública, se notifique inmediatamente y se publique en la página web del Poder Judicial. INTERVINO en señor juez supremo Coaguila Chávez por vacaciones de la señora jueza suprema Carbajal Chávez. HÁGASE saber a las partes procesales personadas en esta sede suprema.

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