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Delito violación sexual : Prueba suficiente y reparación integral de la víctima.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 65-2021
LIMA SUR

NO HABER NULIDAD EN CONDENA Y PENA

Sumilla. La valoración de la prueba por parte de la Sala Penal Superior no contiene defectos de motivación y se sustentó en la declaración uniforme, coherente y persistente de la agraviada, la cual cumplió con los presupuestos del Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116. Por ello, los agravios formulados por la defensa respecto del delito objeto de acusación y juzgamiento no son de recibo y deben ser desestimados.

REPARACIÓN CIVIL INTEGRAL DE LA VÍCTIMA

De acuerdo con la normativa interna y convencional, la reparación de la víctima debe ser integral. En ese sentido, se integra la sentencia con el fin de que a la agraviada se le brinde un tratamiento psicológico, a través de las dependencias del Ministerio de Salud y cuya supervisión estará a cargo del juez de ejecución.

Lima, cuatro de mayo de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado M Á Q A contra la sentencia del cuatro de octubre de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que lo condenó como autor del delito contra la libertad sexual – violación sexual de menor de edad-, en perjuicio de la menor agraviada identificada con las iniciales N. E. M. J., le impuso la pena de cadena perpetua y fijó en diez mil soles el importe de reparación civil a favor de la agraviada; con lo demás que contiene. Oído el informe oral del abogado defensor del sentenciado.

De conformidad con la opinión del fiscal supremo en lo penal. Intervino como ponente la jueza suprema SUSANA CASTAÑEDA OTSU.

CONSIDERANDO

HECHOS PROBADOS MATERIA DE CONDENA

PRIMERO. La Sala Penal Superior declaró probados los hechos materia de acusación. Es decir, se demostró que el sentenciado M Á Q A abusó sexualmente de la menor agraviada identificada con las iniciales N. E. M. J.

Los hechos se iniciaron en el dos mil ocho cuando la menor agraviada tenía siete años de edad y ocurrieron en el interior de su vivienda ubicada en el A.A. H.H. Santuario de Pachacámac, manzana a, lote 3 del distrito de Pachacámac. Se relata que el procesado restregaba sus manos sobre sus piernas y senos, e introducía su dedo en el interior de su vagina, hechos que continuaron hasta cuando la menor cumplió diez años de edad.

Así mismo, en septiembre de dos mil doce, cuando la agraviada contaba con once años de edad, este aprovechó que su conviviente (madre de la menor) salió a un velorio en la ciudad de Lima, para ingresar a su habitación, donde sobre la cama la tomó de los brazos por la fuerza, levantó su falda, le quitó la ropa interior, le abrió las piernas, le tapó la boca y, después de amenazarla con agredir físicamente a su madre y hermanas, introdujo su miembro viril en su cavidad vaginal y restregó su lengua sobre su vagina.

SEGUNDO. Por estos hechos, M Á Q A fue condenado por el delito de violación sexual de menor de edad, previsto en los incisos 1 y 2 del primer párrafo del artículo 173 del Código Penal (CP), en concordancia con el último párrafo del artículo 173 del CP modificado por la Ley N.º 28704 y el artículo 49 del citado Código. Por tanto, se le impuso cadena perpetua y el pago de diez mil soles por concepto de reparación civil, a favor de la agraviada. Así mismo, se ordenó tratamiento terapéutico para el sentenciado.

AGRAVIOS QUE SUSTENTAN EL RECURSO DE NULIDAD

TERCERO. La defensa del sentenciado M Á Q A interpuso el recurso de nulidad y solicitó que se declare nula la sentencia, y además que se realice un nuevo juicio oral o, en su defecto, se disponga la anulación sin reenvío, de manera que se absuelva a su patrocinado de la acusación. Como agravios, sostuvo esencialmente que se vulneró el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, puesto que no se valoró adecuadamente las siguientes pruebas:

3.1. La declaración de la agraviada no cumplió con los presupuestos establecidos en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116. Ella estaba resentida con su padrastro, porque la controlaba y le negaba que saliera con su padrino al ser mucho mayor que ella. Al respecto, no es verosímil que su patrocinado haya violado todos los días a la agraviada durante varios años sin que su madre se diera cuenta. Con relación a la prueba periférica, la Sala Penal Superior valoró el acta de entrevista y la pericia psicológica como si se tratasen de dos pruebas cuando su contenido es único.
3.2. Existieron contradicciones sobre cómo se conocieron los hechos, pues la agraviada refirió que primero se lo contó a su padrino cuando tenía once años; sin embargo, este indicó preliminarmente que la menor le contó todo en febrero de 2015 y, a nivel de instrucción, señaló que fue en marzo de 2016.

3.3. En la denuncia policial, la madre de la agraviada refirió que su hija fue ultrajada desde los 10 años, pero luego ella y la misma agraviada indicaron que los hechos ocurrieron cuando la menor tenía entre siete y diez años.

3.4. Ni la agraviada, ni su madre ni la perito psicóloga concurrieron a juicio oral para ratificarse. De esta manera, no existen pruebas que permitan determinar la responsabilidad de su patrocinado, sino que solo se aprecian argumentos calumniosos por parte de la madre y el padrino de la agraviada.

OPINIÓN DEL FISCAL SUPREMO EN LO PENAL

CUARTO. En el Dictamen N. º 195-2021-MP-FN- SFSP, el fiscal supremo en lo penal opinó que se declare no haber nulidad en la sentencia recurrida. Entre sus fundamentos, estimó que la responsabilidad de M Á Q A se encontraba acreditada con la declaración de la menor agraviada, la cual cumplió con los requisitos del Acuerdo Plenario N.º 2- 2005/CJ-116.

FUNDAMENTOS DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL

EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD

QUINTO. Los hechos fueron tipificados en el delito de violación sexual de menor de edad bajo los siguientes supuestos: i) Primer supuesto previsto en el inciso 1 del primer párrafo del artículo 173 del CP con la modificatoria de la Ley N.° 287041 ii) Segundo supuesto tipificado en el inciso 2 del citado dispositivo legal, con la circunstancia agravante del último párrafo, debido a la condición de ser padrastro de la víctima.

SEXTO. En cuanto al bien jurídico protegido, el Acuerdo Plenario N.° 1- 2011/CJ-1162 señala que, en los atentados sexuales en contra de personas que no pueden consentir jurídicamente (por su minoría de edad, entre otros), lo que se tutela es la intangibilidad o indemnidad sexual. Por esta razón, se sanciona la actividad sexual en sí misma, aunque exista tolerancia de la víctima, puesto que lo protegido son las condiciones físicas o psíquicas para el ejercicio sexual en libertad.

Así mismo, el citado acuerdo plenario agrega que, cuando los actos de abuso sexual acontecen en cautiverio o un contexto análogo, o dicho abuso es sistemático o continuado, se debe tener en cuenta que usualmente la víctima no explicita una resistencia u opta por el silencio, dada la manifiesta inutilidad de su resistencia para hacer desistir al agente, o asume tal inacción a fin de evitar un mal mayor para su integridad física3.

SÉPTIMO. Como ya se tiene indicado, en cuanto a la prueba en esta clase de delitos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que como los ilícitos sexuales en general se caracterizan por ser “clandestinos” o producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales. Por ello, es habitual y admisible como única prueba de cargo legítima la declaración de la víctima4. Esta posición ha sido asumida por el Tribunal Constitucional5.

OCTAVO. Por su parte, los jueces supremos en el Acuerdo Plenario N.° 2- 2005/CJ-1166 han fijado que la sindicación de la víctima tiene la aptitud para enervar la presunción de inocencia, cuando cumpla con los siguientes requisitos de validez: i) Ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que no existan relaciones entre el coacusado o agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que, por ende, le nieguen aptitud para generar certeza. ii) Verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que esta debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. iii) Persistencia en la incriminación, de sus afirmaciones en el curso del proceso, la cual debe estar referida al núcleo de la imputación que sustenta la tesis acusatoria.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

NOVENO. De la revisión de la sentencia, se verifica que la Sala Penal Superior, para condenar al sentenciado, valoró como principal prueba de cargo la sindicación de la víctima. Por tanto, corresponde que este Supremo Tribunal la analice con base en los filtros de validez del Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116 y determine si fue correcto el valor positivo que se le otorgó.

DÉCIMO. Al respecto, se tiene el acta de entrevista única de cámara Gesell, la cual se realizó con presencia del fiscal penal, de familia, la madre de la agraviada y su abogada.

La agraviada narró de manera detallada las agresiones en su contra y sindicó a M Á Q A como el autor de estas. Relató que todo se inició cuando ella tenía siete años y vivía junto a su mamá y hermanas en la casa de la madre del acusado. Ahí, había dos camas, de las cuales en una dormía ella y su hermanita. Todas las noches, pasada la medianoche, él aprovechaba que ella tenía el sueño pesado para tocarle sus partes íntimas e introducir su dedo en su cavidad vaginal. Por este motivo, ella se cambió de lugar con su hermanita, con el pensamiento de que ya no la iba a tocar. Sin embargo, aun cuando se echaba a lado de la pared, igualmente lo siguió realizando.

Cuando su mamá compró un terreno en Punta Hermosa, en Pampamarca, todos dormían en una sola cama. Su mamá dormía hacia la cabecera, mientras que ella y su hermanita dormían hacia la parte de abajo. El sentenciado se levantaba y por debajo de la sábana empezaba a tocarla e introducirle su dedo. Ella se movía, lo pateaba y a veces se salía afuera. Se quedaba hasta tarde, hasta que se secaran sus lágrimas, para luego echarse a dormir. Esos actos se repitieron durante un año.

Asimismo, detalló que M Á Q A tenía un taller de mecánica en la casa y aprovechaba, cuando ella se tenía que cambiar de ropa, para seguirla y empezar a tocarla. Por eso, todos los días le daba miedo bajar a cambiarse, porque él podía tocarla. Por esa razón, a veces, sacaba a su hermanita de sus clases del jardín para que la acompañe.

Cuando lotizaron su terreno, se fueron a vivir a una casa de material noble donde recién tuvieron tres camas, pero su cuarto no tenía puerta. Ella le insistía a su mamá para que ponga la puerta, a lo cual ella le respondía que el sentenciado ya lo iba a hacer. No obstante, en realidad, él aprovechaba esa situación para ingresar todas las noches. Ahí, le tapaba la boca y le tocaba su cuerpo, además de succionarle los senos e introducirle su dedo en la cavidad vaginal. Pese a que ella se quejaba y pateaba, su mamá no despertaba.

Cuando contaba con once años, M Á Q A aprovechó que la mamá de la menor agraviada estuvo en un velorio, para entrar en la habitación y ultrajarla sexualmente. Al día siguiente de lo ocurrido, le pidió a su padrino que la recoja del colegio y le contó lo sucedido.

DECIMOPRIMERO. Ahora bien, en cuanto a la ausencia de incredibilidad subjetiva, compartimos la conclusión de la Sala Penal Superior, acerca de que entre el sentenciado y la menor agraviada o sus familiares, previo a ocurridos los hechos materia de imputación, no existían ánimos espurios, rencillas y motivo alguno que permitan presumir que la sindicación de la agraviada efectuada contra el acusado sea motivada por algún sentimiento de animadversión en su contra, que haga dudar de la certeza de su incriminación.

DECIMOSEGUNDO. En lo que concierne a la verosimilitud, existen diversas pruebas que corroboran periféricamente la sindicación de la agraviada, tal como lo concluyó la Sala Penal Superior. Tales pruebas son:

12.1. Manifestación de la madre de la agraviada, brindada con presencia del fiscal a nivel preliminar y de instrucción, en la que señaló que inició su relación con el acusado cuando la agraviada tenía 2 años de edad, pero recién convivieron cuando esta tenía 7 años. Cuando su hija tenía 11 años, notó cambios en su comportamiento hacia el acusado, pues no le contestaba, ni le hacía caso, y además bajó su rendimiento escolar. Luego, una de sus primas le contó que escuchó a su hija pidiendo auxilio, así que empezó a tener dudas. Fue hasta el 4 de marzo de 2015 que la agraviada le contó todo lo que Q A le hizo.

Cuando fue a increparle, en un inicio, este negó todo, pero luego le dijo que era cierto y que su hija le abría las piernas hasta por dos soles. A raíz de lo sucedido, se separó del sentenciado y este solo venía hasta la puerta de su casa para visitar a sus hijas. Incluso, el acusado le dijo que les entregue a sus hijas, pero ella se negó, pues pensaba que les haría lo mismo.

12.2. Manifestación testimonial de Martin Antón Ataulluco (padrino de la agraviada) a nivel preliminar y de instrucción señaló que, a finales de febrero de 2015, la menor agraviada lo llamó por teléfono porque quería contarle algo. Por esta razón, él le dijo que podía ir a su oficina, donde la agraviada se mostró con ojos llorosos y le contó que Q A la agredió sexualmente, y le detalló todos los hechos.

12.3. Protocolo de Pericia Psicológica N.° 002926-2016-PSC del 25 de abril del 2016, practicado a la agraviada. La perito indicó que la agraviada tiene un diálogo fluido al narrar los hechos denunciados; además, es coherente y espontánea al brindar los detalles. Sin embargo, tiende a bajar el tono de su voz, realizar gestos de tristeza y denota incomodidad, tensión, inseguridad, temor y rechazo hacia el acusado Q A.

Ella describió alteraciones de sueño del siguiente modo: “Sueño con que yo estoy jugando con mis amigas. El señor Miguel se me acerca, me rapta y me viola. No son sueños de todos los días; será cada quince. Despierto asustada, con miedo”. Indicó que, en la actualidad, tiene temor por lo que le hizo Q A y, por ello, tenía miedo de que regrese.

Esta situación la afectó de tal modo que, cuando la agraviada estaba en quinto de primaria, repitió el año. Por ejemplo, no quería coger sus cuadernos, porque el acusado le preguntaba si tenía tarea para que le enseñe, ante lo cual ella prefería decirle que no. En las conclusiones, se consignó que la menor presenta indicadores de afectación emocional compatibles a experiencia negativa de tipo sexual.

12.4. Certificado Médico Legal N.° 4546-LS del 6 de marzo del 2015, practicado a la agraviada cuando tenía 13 años. Se concluyó que la menor tenía himen complaciente y sin signos de actos contra natura.

Si bien el certificado médico legal no señala que la agraviada tenga desgarro vaginal, sí refiere que la menor tiene himen complaciente, lo que no descarta que haya sido abusada sexualmente. Por nuestra parte, en lo relativo a esta prueba, somos de la opinión que el himen complaciente de la agraviada y la ausencia de lesiones no excluyen en sí mismas la comisión del delito de violación sexual como lo alega la defensa, sino que es preciso analizar las demás pruebas obrantes. En este caso, como se anotó existen otras más de carácter contundente que afirman la responsabilidad del acusado en los hechos7.

DECIMOTERCERO. Con relación al requisito de la persistencia, este Supremo Tribunal comparte la conclusión de la Sala Penal Superior en el sentido de que la agraviada sindicó al acusado durante la etapa preliminar. En toda su declaración, se mantuvo firme en su sindicación, pues imputó al sentenciado como la persona que abusó sexualmente de ella.

DECIMOCUARTO. Ahora bien, respecto al agravio esgrimido por la defensa en cuanto a la inconcurrencia de la menor a juicio oral para ratificar su sindicación a nivel preliminar, es de aplicación el Acuerdo Plenario N.º 1- 2011/CJ-1168, conforme con el cual, tratándose de menores de edad en casos de violación sexual, a efectos de evitar la victimización secundaria, se constituye como regla obligatoria la actuación de una única declaración de la víctima. Su declaración a nivel preliminar fue realizada con las debidas garantías y contó con la intervención del fiscal y de su madre como familiar; por tanto, tiene pleno valor probatorio, conforme lo disponen los artículos 62 y 72 del C de PP. Una decisión contraria significaría revictimizar a la menor agraviada, pues cuando denunció los hechos contaba con trece años de edad y obligarla a ser entrevistada nuevamente implicaría una nueva comparecencia (reiterativa) para someterla a un nuevo interrogatorio sobre conductas lujuriosas desplegadas contra su persona, así como forzarla a recordar y relatar sucesos que habrían sido emocionalmente nocivos y traumáticos para ella, lo que le generaría mayores daños sicológicos (una segunda agresión). En ese sentido, esto supondría una eventual afectación a la integridad de la adolescente.

Así mismo, como ya se indicó, su declaración fue sometida al contradictorio en el juicio oral. Por tanto, de conformidad con el artículo 262 del acotado Código9, constituye prueba válida para sustentar una condena.

DECIMOQUINTO. Otro agravio consiste en que la agraviada ha incurrido en contradicciones en su relato respecto a las fechas en que la menor contó a su padrino y a su madre los hechos de agresión sexual. No obstante, los cuestionamientos no están referidos al aspecto medular de la sindicación. En realidad, solo resaltó ciertas imprecisiones en su sindicación que de ninguna forma desvirtúan su relato.

Al respecto, se considera que, cuando se trata de una menor que hizo referencia a hechos ocurridos, según su narración, desde los siete hasta los once años de edad y que brindó su declaración cuando tenía trece años de edad (nació el veintitrés de noviembre de dos mil uno), la menor expresa recuerdos acorde a su edad. Incluso, tiene más alcance si el presente caso se trata de sucesos continuos durante más de cuatro años.

Lo importante es que la menor hizo referencia a hechos constitutivos del delito de violación sexual perpetrado por su padrastro en ciertas circunstancias de lugar, tiempo y modo determinadas (en la casa donde vivían, cuando tenía entre siete y diez años de edad, por la vía vaginal, entre otros datos fácticos). Lo anterior guarda relación con las conclusiones del Protocolo de Pericia Psicológica N.° 002926-2016-PSC, sin que se adviertan contradicciones esenciales que invaliden el relato sindicador de la menor.

DECIMOSEXTO. Otro agravio de la defensa fue que los peritos y testigos del presente caso no concurrieron al juicio oral. Al respecto, se advierte que efectivamente los mismos no concurrieron al juicio oral pese a que fueron citados en reiteradas oportunidades. Sin perjuicio de ello, los informes periciales y las declaraciones de los testigos fueron oralizados y sometidos a contradictorio.

Por consiguiente, los cuestionamientos planteados por la defensa del sentenciado carecen de asidero legal y deben ser desestimados.

DECIMOSÉPTIMO. En cuanto a su tesis defensiva, el sentenciado en su declaración en sede preliminar e instructiva negó haber abusado sexualmente de ella y luego guardó silencio. En el juicio oral, reiteró no haber abusado sexualmente de ella, y más bien refirió que se trata de calumnias de parte de la menor agraviada debido al resentimiento que existe, puesto que le impedía su acercamiento con Martin Antón Ataulluco (padrino de la víctima). Su versión, en los términos expuestos, de ninguna manera enerva la incriminación efectuada por la agraviada; así mismo, ni se actuó prueba de descargo que permita desvirtuar las imputaciones en su contra.

DECIMOCTAVO. En conclusión, las pruebas actuadas han sido valoradas de modo correcto y permiten acreditar la responsabilidad del sentenciado M Á Q A en los hechos materia de acusación. Por ello, corresponde ratificar la condena de cadena perpetua impuesta en su contra por el delito de violación sexual de menor de edad.

DECIMONOVENO. Con relación a la pena de cadena perpetua, se trató de un delito consumado. El sentenciado no era un agente de responsabilidad restringida por la edad, ni concurrió ninguna eximente imperfecta, entre otros que permitan una rebaja de la pena. Por tanto, debe mantenerse la cadena perpetua.

VIGÉSIMO. Ahora bien, cabe precisar que, si bien la cadena perpetua es la más gravosa del sistema de sanciones, su constitucionalidad ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional, en la sentencia emitida en el Expediente 3-2005-PI con base en el cual se emitió el Decreto Legislativo N.° 921, que incorporó el artículo 59-A del Código de Ejecución Penal. Con el citado dispositivo, se incorporó la revisión de la cadena perpetua, la cual se realiza de oficio o a petición de parte, cuando el sentenciado cumpla 35 años de privación de libertad. Ello constituye un mecanismo temporal de excarcelación y hace susceptible que la pena atemporal devenga eventualmente en una de carácter limitado, conforme con los lineamientos convencionales sobre la materia.

SOBRE LA REPARACIÓN CIVIL E INTEGRAL DE LA VÍCTIMA

VIGESIMOPRIMERO. En este caso, el fiscal superior solicitó que el sentenciado pague diez mil soles por concepto de reparación civil, monto que fue impuesto por la Sala Penal Superior en la misma cantidad. Como quiera que la defensa no impugnó este extremo y no existen razones para disminuir dicha cantidad, corresponde ratificarla.

No obstante, las víctimas en el proceso penal tienen, entre otros derechos, el de obtener una reparación integral del daño generado por la comisión del delito10; la cual no puede limitarse a la compensación económica que se impone pagar al responsable del daño causado.

De ahí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en su diversa jurisprudencia la procedencia de una reparación que atienda adecuadamente los padecimientos psicológicos e inmateriales sufridos por las víctimas, como obligación a cargo del Estado. Esto comprende el tratamiento psicológico que debe ser brindado de forma gratuita e inmediata, por personal e instituciones especializadas estatales y en la medida de las posibilidades, en los centros más cercanos a su lugar de residencia. Además, el tratamiento debe considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada víctima11.

Por ende, una reparación integral comprende necesariamente la recuperación psicológica que sufrió la víctima como consecuencia del hecho delictivo en su contra, entre los que sin duda cabe considerar los delitos contra la indemnidad y la libertad sexual, con especial atención en el caso de menores de edad y personas con discapacidad12.

VIGESIMOSEGUNDO. Conforme con la Convención sobre los Derechos del Niño citado, el Estado debe adoptar todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica; y la reintegración social del niño víctima de abuso sexual. Precisa que su reintegración se llevará a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y su dignidad (artículo 39).

El citado mandato convencional se ha introducido legalmente a nuestro ordenamiento jurídico, mediante el artículo 38 del Código de los Niños y Adolescentes13 y el artículo 20 de la Ley N.° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar14.

De modo que en los casos en los que no se disponga el tratamiento psicológico a las víctimas, este Supremo Tribunal desde el 13 de enero de 202015 estableció que corresponde integrar esta obligación convencional y legal en las sentencias recurridas.

VIGESIMOTERCERO. En atención a lo anotado, se advierte que la Sala Superior omitió disponer el tratamiento terapéutico y atención integral a favor de la menor agraviada, por tanto debe integrarse la sentencia en mérito a las obligaciones asumidas por el Estado al suscribir y ratificar los tratados internacionales y la normativa nacional ya mencionada, el cual se brindará a través de las dependencias del Ministerio de Salud16, y cuya supervisión estará a cargo del juez de ejecución.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, las juezas y los jueces integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ACORDARON:

I. Declarar NO HABER NULIDAD en la sentencia del cuatro de octubre de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que condenó a M Á Q A por el delito contra la libertad sexual- de violación sexual de menor de edad-, en perjuicio de la menor identificada con las iniciales N. E. M. J., le impuso la pena de cadena perpetua y el pago de diez mil soles por concepto de reparación civil, a favor de la agraviada; con lo demás que contiene.

II. INTEGRAR la referida sentencia a efectos de que la agraviada identificada con las iniciales N. E. M. J. sea sometida a un tratamiento psicológico oportuno y adecuado, a cargo del Ministerio de Salud y cuya supervisión estará a cargo del juez de ejecución.

III.- ORDENAR se notifique la presente ejecutoria suprema a las partes apersonadas a esta instancia, se devuelvan los actuados al Tribunal Superior de origen y se archive el cuadernillo.


1 Publicado el 5 de abril de 2006, vigente al momento de los hechos.
2 Del 6 de diciembre de 2011. Asunto: apreciación de la prueba en los delitos contra la libertad sexual, FJ 16.
3 FJ 21.
4 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Sentencia del 30 de agosto de 2010. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Fundamento 100. Pronunciamiento que fue reiterado en el caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Sentencia del 31 de agosto de 2010. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 89.
5 STC 05121-2015-PA/TC, del 24 de enero de 2018, FJ 12.
6 De 30 de septiembre de 2005. Asunto. Requisitos de la sindicación de coacusado, testigo o agraviado.
7 Nulidad N.° 870-2020/Lima Este. Del 25 de marzo de 2022. Ponente: jueza suprema Castañeda Otsu
8 Del 6 de diciembre de 2011. Asunto. Apreciación de la prueba en delitos contra la libertad sexual.
9 Artículo 262 del C de PP.- Oralización de la prueba instrumental
1. Terminados los interrogatorios de los testigos y el examen de los peritos, se procederá a oralizar la prueba instrumental. La oralización comprende la lectura o, en su caso, que se escuche o vea la parte pertinente del documento o acta.
2. La oralización se iniciará, por su orden, a pedido del fiscal y de los defensores de la parte civil, del tercero civil, y del acusado. Quien pida la oralización indicará el folio o documentos y destacará oralmente el significado probatorio que considere útil. Si los documentos o informes fueren muy voluminosos, se podrá prescindir de su lectura íntegra, ordenándose de ser el caso su lectura parcial.
[…]
5. Una vez que se concluya la lectura o reproducción de los documentos, la Sala concederá la palabra por breve término a las partes, empezando por quien la solicitó, para que, si consideran necesario, expliquen, aclaren, refuten o se pronuncien sobre su contenido”.
10 Como así lo reconoció y especificó esta Corte Suprema de Justicia, en el Acuerdo Plenario N.° 4-2019/CIJ-116. Asunto: Determinación de la pena y concurso real, FJ 19.
11 Corte IDH, caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, sentencia del 26 de mayo de
2010, párraf. 235. Asimismo, se tienen sentencias previas que resolvieron en el mismo sentido, como en los casos de Barrios Altos vs. Perú, Masacre de los Dos Erres vs. Guatemala y Anzualdo Castro vs. Perú.
12 Recurso de Nulidad N.° 939-2019/Lima. Ponente: jueza suprema Castañeda Otsu.
13 Dedicado a los Programas para niños y adolescentes maltratados o víctimas de violencia sexual y el citado artículo textualmente establece que: “El niño o el adolescente víctimas de maltrato físico, psicológico o de violencia sexual merecen que se les brinde atención integral mediante programas que promuevan su recuperación física y psicológica. El servicio está a cargo del Sector Salud. Estos programas deberán incluir a la familia”.
14 El cual prescribe que las sentencias condenatorias que pongan fin a los procesos por
delitos vinculados a hechos que constituyen actos de violencia contra los integrantes del grupo familiar (entre los que se incluye a menores de edad), como parte de la reparación del daño causado a la víctima de violación sexual, se debe imponer a su favor un tratamiento terapéutico.
15 Recurso de Nulidad N.° 102-2019/Lima Norte. Ponente: jueza suprema Castañeda
Otsu. Posición reiterada en los recursos de nulidad números 938-2019 del 1 de junio, 1098- 2019 del 17 de junio y 1602-2019 del 1 de septiembre de 2021.
16 Literales a y b del artículo 5 del Decreto Legislativo N.° 1161, Decreto que Aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, publicado el 7 de diciembre de 2013.

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