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ROBO – ABSOLUCIÓN : Necesidad de corroboraciones periféricas en las declaraciones de los coimputados.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 1109-2020
SANTA

SINDICACIÓN NO CORROBORADA Y DUDA IRREFRAGABLE

La sindicación de los coimputados sobre la participación de los recurrentes no se encuentra mínimamente corroborada por otras acreditaciones periféricas o indiciarias que incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa que consolide la incriminación (perspectiva objetiva del Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116).

En consecuencia, al no generarse un estado de convicción de culpabilidad y surgir un estado de duda irrefragable, debe revocarse la sentencia cuestionada y absolverse.

Lima, dieciséis de agosto de dos mil veintidós

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por las defensas de Catalino Yonson López Flores y Dante Artidoro Velásquez Reyes contra la sentencia del once de enero de dos mil veintiuno (folios 987 a 1010), expedida por la Segunda Sala Penal – Función Liquidadora de la Corte Superior de Justicia del Santa. Mediante dicha sentencia se les condenó como coautores del delito de robo con agravantes, en perjuicio de la empresa de transportes Valerio y otros. En consecuencia, se les impuso doce años de pena privativa de libertad y fijó en dos mil quinientos soles el monto de la reparación civil que deberán pagar de forma solidaria; con lo demás que contiene.

Con lo expuesto por la Fiscalía Suprema en lo Penal. Intervino como ponente el juez supremo Guerrero López.

CONSIDERANDO

Primero. MARCO LEGAL DE PRONUNCIAMIENTO

El recurso de nulidad está regulado en el artículo 292 del Código de Procedimientos Penales (en adelante, C de PP) y constituye el medio de impugnación de mayor jerarquía entre los recursos ordinarios del ordenamiento procesal peruano1. Está sometido a motivos específicos y no tiene (salvo las excepciones de los artículos 330 y 331) efectos suspensivos de conformidad con el artículo 293 del mismo texto procesal. El ámbito de análisis de este tipo de recurso permite la revisión total o parcial de la causa sometida a conocimiento de la Corte Suprema, tal y como lo regula el contenido del artículo 298 del C de PP.

Segundo. IMPUTACIÓN FÁCTICA

De acuerdo con el dictamen acusatorio (folios 416 a 423), los cargos atribuidos a los recurrentes, consisten en lo siguiente:

El siete de abril de dos mil once aproximadamente a las 03:00 de la madrugada. El ómnibus de placa de rodaje UB-1455 de la empresa de transportes Valerio, en el que se encontraban a bordo cuarenta pasajeros, se desplazaba por la carretera de penetración con dirección a Pampas y se detuvo en el cruce de Conchucos debido a que habían colocado piedras en el camino. Circunstancias en las que cinco sujetos provistos de armas de fuego (entre pistolas, escopetas y carabinas) abordaron el vehículo y efectuaron disparos. Obligaron al conductor Jorge Luis Arteaga Arteaga a desviarse de la ruta con dirección a Conchucos y recorrer aproximadamente un kilómetro. Retuvieron a los pajeros por alrededor de dos horas y bajo amenaza de disparar les sustrajeron sus pertenencias. Luego se dieron a la fuga a bordo de dos motocicletas con dirección a Conchucos y se comunicaron los hechos a la policía. Los efectivos, junto a ronderos de la zona, lograron interceptar y capturar a tres sujetos, mientras los demás fugaron con dirección a Lacabamba.

Tercero. FUNDAMENTOS DE LOS IMPUGNANTES

3.1. La defensa de López Flores al fundamentar el recurso de nulidad (folios 1021 a 1032), sostuvo que:

– Se omitió efectuar diligencias fundamentales sobre las llamadas de los imputados. No se realizó el registro de las llamadas ni se solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Tampoco se realizó la verificación fiscal o constatación técnico policial que permita reunir pruebas sobre la realización del delito y responsabilidad de López Flores.

– No se detalló en integridad las actas de registro personal e incautación de Llauri León, Contreras Rodríguez y Portalatino Ramos en las que se hizo constar que se hallaron las pertenecías de los agraviados, para denotar la falta de parte de los bienes robados y objetos utilizados en el robo, y sostener la participación de López Flores y Velásquez Reyes.

– Existen contradicciones e incoherencias en las pruebas documentales.

– No se especificaron las condiciones para concluir que López Flores tendría responsabilidad en los hechos. Solo se reprodujo la declaración de los condenados sin sustentar hechos reales y concretos.

– Las declaraciones de Llauri León, Contreras Rodríguez y Portalatino Ramos fueron recabadas sin la presencia de su abogado defensor. Estuvieron a merced del abuso policial y fiscal, y señalaron que López Flores participó en los hechos para exculparse.

– Se condenó únicamente con señalamientos de personas que sí cometieron los hechos y fueron condenados por estos.

– Las pruebas de descargo aportadas por la defensa no fueron objeto de pronunciamiento.

3.2. La defensa del sentenciado Velásquez Reyes, al fundamentar el recurso de nulidad (folios 1033 a 1042), sostuvo que:

– Se condenó sobre la base de la versión incriminatoria de los sentenciados Contreras Rodríguez, Llauri León y Portalatino Ramos corroborados entre sí —no es de recibo la aplicación del Acuerdo Plenario N.° 2- 2005/CJ-116—, y no se admitió la rectificación de estos.

– Se otorgó validez a la declaración de los coimputados porque fue en flagrancia y en presencia del fiscal y no se aceptó la tesis que no se probó la sindicación.

– La declaración de un coimputado no es asimilable a un testigo y se debió analizar desde la perspectiva subjetiva, perspectiva objetiva, y su coherencia y solidez.

– No se valoraron los medios probatorios que acreditan que Velásquez Reyes no necesitaba realizar actividades delictivas, como las declaraciones de Darío Malaquías Mariños Sarmiento, Fernando Salinas Figueroa, Luis Alberto Castro López, Heli Sacarías Contreras Rodríguez, y otras documentales.

– Las declaraciones de los coimputados no tienen aval probatorio y por escasa credibilidad es indispensable una corroboración.

– La declaración del imputado no es un medio probatorio sino una fuente de prueba personal.

– No se recabó prueba alguna sobre la responsabilidad de Velásquez Reyes, pues se omitió realizar el registro de los números telefónicos de los acusados y solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

– No se notificó a Velásquez Reyes acto alguno que le permita someterse a la investigación.

– Los hechos fueron descritos de forma sesgada y subjetiva. No se detalló de qué manera participó Velásquez Reyes tampoco la totalidad de bienes robados.

Cuarto. OPINIÓN DE LA FISCALÍA SUPREMA EN LO PENAL

Mediante Dictamen N.° 316-2022-MP-FN-1FSP (folios 78 a 81 del cuadernillo formado en esta instancia), la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal opinó que se declare no haber nulidad en la sentencia recurrida, en tanto se acreditó plenamente la materialidad del delito y la responsabilidad de Catalino Yonson López Flores y Dante Artidoro Velásquez Reyes.

Quinto. SUSTENTO NORMATIVO

En forma previa a analizar la cuestión de fondo y que es materia de impugnación —si la sentencia condenatoria se encuentra debidamente motivada y, en consecuencia, conforme a ley—, se debe considerar lo siguiente:

5.1. La prueba es aquella actividad de carácter procesal, cuya finalidad consiste en lograr la convicción del juez acerca de la exactitud de las

afirmaciones de hecho operadas por las partes en el proceso2. En ese sentido, como expresa Talavera3 citando a Jordi Ferrer:

Una concepción racionalista acerca de la prueba, consiste en: a) la averiguación de la verdad como objetivo institucional de la actividad probatoria; b) la aceptación del concepto de verdad como correspondencia; c) el recurso a metodologías y análisis propios de la epistemología general para la valoración de la prueba, sin desconocer la concurrencia de algunas normas jurídicas como criterios racionales para la valoración dentro de un sistema de libre apreciación.

5.2. La presunción de inocencia, como un principio del proceso penal, alude a que por imperio constitucional nadie será declarado responsable de un delito si no existe una sentencia judicial que lo declare de esa manera, para esto se debe haber desarrollado un proceso judicial y, dentro de este, un juicio; en ello reside la construcción judicial de la culpabilidad. Esto significa que solo la sentencia tiene la virtud de declarar la responsabilidad penal, lo cual implica la adquisición de un grado de certeza mediante suficiencia probatoria, descartándose cognitivamente cualquier duda sobre la situación jurídica del encausado.

Sexto. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

6.1. Este Supremo Tribunal se limitará a resolver lo expresado en los agravios invocados en el recurso de nulidad, de acuerdo con lo prescrito en el numeral 1 del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales4 (principio conocido como tantum devollutum quantum apellatum), teniendo en cuenta que el derecho a la impugnación constituye el ejercicio de un derecho fundamental y la competencia del órgano de revisión está delimitada objetiva y subjetivamente, precisamente por los cuestionamientos expresados en los medios impugnatorios (agravios), salvo los supuestos excepcionales de nulidades absolutas.

6.2. La Sala Superior, mediante la sentencia del uno de octubre de dos mil once (folios 600 a 611), condenó a Ilbert Illat Llauri León, Heli Zacarías Contreras Rodríguez y Agustín Portalatino Ramos como coautores del delito de robo con agravantes, en perjuicio de la empresa de Transportes Valerio y otros. Se les impuso doce años de pena privativa de libertad y fijó en dos mil quinientos soles el monto de la reparación que deberán pagar de manera solidaria a favor de los agraviados.

La sentencia se confirmó mediante la Ejecutorio Suprema contenida en el Recurso de Nulidad N.° 3839-2012 del ocho de agosto de dos mil trece (folios 640 a 649).

6.3. Con estos pronunciamientos se declaró probada la materialidad de los hechos imputados, la sustracción de los bienes de los pasajeros del ómnibus de la empresa de transportes Valerio y la responsabilidad penal de los referidos que fueron intervenidos en una situación de flagrancia. Así, únicamente corresponde pronunciarse sobre la participación de López Flores y Velásquez Reyes.

6.4. La Sala Superior determinó la responsabilidad de estos sobre la base de las declaraciones en sede policial de Ilbert Illat Llauri León (folios 41 a 43), Agustín Portalatino Ramos (folios 44 a 46) y Heli Zacarías Contreras Rodríguez (folios 47 a 49). Ellos reconocieron su participación en el hecho delictivo y relataron que:

El seis de abril de dos mil once, Llauri León y Portalatino Ramos se reunieron con López Flores en Conchucos y coordinaron las funciones que cada uno realizaría en el asalto al ómnibus; asimismo, que al día siguiente fueron en dos motocicletas lineales y recogieron a Contreras Rodríguez y Velásquez Reyes. Se dirigieron al cruce de Tablachaca y dejaron las motos a 200 metros al cuidado de Portalatino Ramos, mientras los demás colaron piedras en el camino y esperaron que llegue el vehículo. Este pasó a las 3:00 horas y se detuvo porque López Flores efectuó dos disparos al aire. Llauri León prestó seguridad para que se efectúe el asalto y el resto subió al vehículo, y condujeron al vehículo a 100 metros del cruce. Luego bajaron del vehículo a los pasajeros y les sustrajeron sus pertenencias. Volvieron a las motos y se dieron a la fuga.

Los ronderos lograron interceptar a Llauri León, Contreras Rodríguez y Portalatino Ramos, y la policía los intervino.

6.5. Estas declaraciones contienen nuclearmente la imputación contra López Flores y Velásquez Reyes; sin embargo, conforme desarrolla los fundamentos 8 y 9 del Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116, cuando declare un coimputado sobre un hecho de otro coimputado, y que a la vez se trate de hechos propios ya que ellos mismos los cometieron conjuntamente, su condición no es asimilable a la del testigo y deben valorarse varias circunstancias que se erigen en criterios de credibilidad, siendo estas:

9. Las circunstancias que han de valorarse son las siguientes:
a) Desde la perspectiva subjetiva, ha de analizarse la personalidad del coimputado, en especial sus relaciones con el afectado por su testimonio. También es del caso examinar las posibles motivaciones de su delación, que estas no sean turbias o espurias: venganza, odio, revanchismo, deseo de obtener beneficios de cualquier tipo, incluso judiciales, que por su entidad están en condiciones de restarle fuerte dosis de credibilidad. Asimismo, se tendrá del cuidado de advertir si la finalidad de la declaración no sea, a su vez, exculpatoria de la propia responsabilidad.
b) Desde la perspectiva objetiva, se requiere que el relato incriminador esté mínimamente corroborado por otras acreditaciones indiciarias en contra del sindicado que incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa, aún de carácter periférico, que consolide su contenido incriminador.
c) Asimismo, debe observarse la coherencia y solidez del relato del coimputado; y, de ser el caso, aunque sin el carácter de una regla que no admita matizaciones, la persistencia de sus afirmaciones en el curso del proceso. El cambio de versión del coimputado no necesariamente la inhabilita para su apreciación judicial, y en la medida en que el conjunto de las declaraciones del mismo coimputado se hayan sometido a debate y análisis, el juzgador puede optar por la que considere adecuada. [resaltado agregado]

6.6. En este caso, aun cuando la sindicación de Llauri León, Contreras Rodríguez y Portalatino Ramos es racionalmente sólida y coherente, y no se aprecian ánimos espurios como motivos; los medios probatorios actuados en el juicio oral y otros que obran en el expediente —sobre la materialidad del delito y la intervención en flagrancia de los imputados— no permiten corroborar mínima ni periféricamente el relato incriminador sobre la participación de López Flores y Velásquez Reyes.

6.7. Los agraviados explicaron la forma y circunstancias en las se cometieron los hechos, y como indicaron los sujetos que abordaron el ómnibus tenían el rostro cubierto con pasamontaña; por lo que efectuaron los reconocimientos en razón al aspecto físico (corporal) y vestimenta de los que fueron aprehendidos. Al respecto, al haber a la fecha transcurrido más de diez años de la comisión de los hechos, sería imposible realizarse una diligencia de ese tipo. Por su parte, las documentales sobre la intervención y registros personales acreditan la materialidad del delito y únicamente la responsabilidad de los sujetos condenados con la sentencia ejecutoria del uno de octubre de dos mil once.

6.8. Por su parte, en el juicio oral se examinó a Elvin Kendin Gil Padilla (folios 861 a 864), quien señaló que el seis de abril de dos mil once hasta el día siguiente, tomó licor con Catalino López Flores, en tanto celebraron que había regresado de mucho tiempo a su pueblo de la ciudad de Lima. Asimismo, se examinó a Darío Malaquías Sarmiento (folios 930 a 933), quien señaló que en febrero, marzo y abril de dos mil once, se encontraba con Dante Velásquez Reyes cuidando sus animales en la puna y que no volvían al pueblo porque era lejos. Ambos en claro contraste con lo afirmado por Llauri León, Contreras Rodríguez y Portalatino Ramos, restando credibilidad a estos últimos.

6.9. La Sala Superior tuvo por corroboradas las declaraciones de los coimputados, que imputan a los recurrentes, entre ellas; sin embargo, ello no es posible en tanto continúa siendo una sindicación, aunque plural, en la condición de coimputados. Por lo que la sindicación contra López Flores y Velásquez Reyes no cumple con el criterio de credibilidad desde la perspectiva objetiva del Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ; en consecuencia, no puede ser valorada como prueba válida de cargo.

6.10. Sobre la posición que se asume, esta Corte Suprema en la Ejecutoria contenida en el Recurso de Nulidad N.° 1641-2018 Lima Norte del treinta de abril de dos mil diecinueve, se indicó:

SÉPTIMO. Que, ahora bien, al imputado recurrente […] no se le encontró en flagrancia, en el lugar de los hechos ni con la tenencia de la droga decomisada por la policía. Incluso se le capturó tiempo después. Siempre negó los cargos. No existe vestigio material que lo vincule (alguna comunicación escrita, documento u otros datos reales presentes en el lugar de los hechos o en poder de sus coimputados).

[…]
Es sabido que en materia de sindicaciones de coimputados no solo se requiere que tales versiones han de ser en sí mismas coherentes y detalladas, así como que no consten referencias a motivos gratuitos que expliquen las incriminaciones — imputaciones falsas como consecuencia de diferencias (odio, rivalidad, resentimientos, etcétera) entre los coimputados— y, esencialmente, que existan elementos periféricos externos que sostengan la fiabilidad de las co-imputaciones.
En el presente caso, más allá de las co-imputaciones no se ha incorporado medio de prueba alguno que revele que la versión de los coencausados tenga solidez para determinar que el imputado Daniel Vásquez Saboya esté vinculado con la droga decomisada y los bienes incautados. Ante el dicho de los tres imputados —que están en una misma posición, derivada de la tenencia de droga en su dominio— se tiene la negativa del sindicado. Ningún ámbito del relato incriminador ha sido acreditado por otra información, distinta de la de ellos. [resaltado nuestro]

6.11. Desde luego, no bastan sindicaciones aisladas de coimputados para dar por acreditada la responsabilidad penal de otros probables intervinientes, máxime si existen medios probatorios de descargo aunque no fueran necesariamente contundentes.

6.12. Aunado a lo anterior, se advierte que Llauri León, Contreras Rodríguez y Portalatino Ramos al prestar sus declaraciones instructivas (folios 115 a 150, 121 a 125 y 126 a 132, respectivamente) y en el juicio oral en el que fueron condenados, se retractaron de lo manifestado a nivel policial y señalaron que Llauri León y Portalatino Ramos habían sido contratados para trasportar a López Flores y Velásquez Reyes para llevarlos a Conchucos a pescar, y que a esta actividad había sido invitado Contreras Rodríguez.

6.13. De igual manera, en el juicio oral para la expedición de la sentencia recurrida, nuevamente, Contreras Rodríguez (folios 940 a 946) brindó una versión distinta y señaló haber cometido el delito imputado y negó la participación de López Flores y Velásquez Reyes.

6.14. Tal situación, en el contexto general de inexistencia de elementos de corroboración objetivos y periféricos abona a la falta de credibilidad en la sindicación incriminatoria; máxime si las declaraciones en las que se sindica a los ahora recurrentes fueron recabadas sin la participación del abogado defensor de los deponentes. Por todo lo expuesto, es obvio que no se generó un estado de convicción de la culpabilidad de los acusados, existiendo en el mejor de los casos irrefragable duda; en consecuencia, debe revocarse la sentencia cuestionada y absolvérseles.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, acordaron:

I. Declarar HABER NULIDAD en la sentencia del once de enero de dos mil veintiuno, expedida por la Segunda Sala Penal-Función Liquidadora de la Corte Superior de Justicia del Santa, que condenó a Catalino Yonson López Flores y Dante Artidoro Velásquez Reyes como coautores del delito de robo con agravantes, en perjuicio de la empresa de transportes Valerio y otros, impuso doce años de pena privativa de libertad y fijó en dos mil quinientos soles el monto de la reparación civil que deberán pagar de forma solidaria; en consecuencia, REFORMÁNDOLA los ABSOLVIERON de la acusación fiscal formulada.

II. ORDENAR la inmediata libertad de Catalino Yonson López Flores y Dante Artidoro Velásquez Reyes, siempre y cuando no existan órdenes dictadas en su contra emanadas de autoridad competente, para cuyos efectos debe oficiarse en el día al órgano jurisdiccional de origen.

III. DISPONER la anulación de los antecedentes judiciales generados a consecuencia del presente proceso y se archive definitivamente lo actuado.

IV. DISPONER se notifique la ejecutoria a las partes apersonadas en esta instancia, se devuelvan los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo.


1 Cfr. MIXAN MASS, Florencio, en SAN MARTÍN CASTRO, César Eugenio. Derecho procesal penal. Lima: Grijley, 2014, p. 892.
2 GIMENO SENDRA. Fundamentos del derecho procesal penal. Madrid: Civitas, 1981, p. 214.
3 TALAVERA ELGUERA. La prueba en el nuevo proceso penal. Lima: Cooperación Alemana al Desarrollo GTZ, 2009, p. 13.
4 Artículo 300. Ámbito del recurso de nulidad
1. Si el recurso de nulidad es interpuesto por uno o varios sentenciados, la Corte Suprema solo puede confirmar o reducir la pena impuesta y pronunciarse sobre el asunto materia de impugnación.

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