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Absolución por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
REV. DE SENT. N.° 580-2019
JUNÍN

Revisión de sentencia fundada, nueva prueba y absolución por delito de incumplimiento de obligación alimentaria

I. En lo relevante, se incorporaron los actuados del proceso civil respectivo. Se trata de instrumentales literosuficientes que no han sido cuestionados epistémicamente. Por tanto, es viable enunciar, interpretar y dar por cierto su contenido.

II. La obligación alimentaria no está determinada exclusivamente por la relación de parentesco, es decir, porque se trate de cónyuges, ascendientes, descendientes o hermanos, de acuerdo con el artículo 474 del Código Civil. El aludido vínculo no integra la tipicidad objetiva del delito de incumplimiento de obligación alimenticia. Lo que da lugar a establecer que, incluso, si no se demuestra la consanguinidad entre uno y otro, de todos modos, puede configurarse el ilícito, si la carga de alimentos deviene de lo preceptuado por las instituciones del ordenamiento civil.

III. Así las cosas, es evidente que, en el caso, existió un error en el juicio de responsabilidad penal.

Las instrumentales aportadas son las resoluciones judiciales del proceso civil que, sobre la base de prueba científica, establecieron que J Á C no es el padre biológico de los agraviados R L Á Q y M M Á Q, por lo que poseen aptitud, eficacia y virtualidad para rescindir la decisión condenatoria respectiva.

A la vez, no fluye prueba en contrario para sostener, razonablemente, que si bien no hubo relación parental, sí existía obligación de proveer alimentos.

Por lo demás, no consta que estuviesen vinculados jurídicamente por otros motivos, como la adopción, la tutela o la promesa unilateral, según los artículos 377, 502 y 1956 del Código Civil.

Todo ello, evidencia que no se satisfizo la tipicidad objetiva del delito incriminado.

IV. De este modo, esta Sala Penal Suprema observa que se ha dado cumplimiento al supuesto de hecho previsto en el artículo 439, numeral 4, del Código Procesal Penal y a la interpretación realizada oportunamente.

En tal virtud, de conformidad con el artículo 444, numeral 1, del Código Procesal Penal, se declarará fundada la demanda de revisión, sin valor la sentencia de primera instancia, del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, y se absolverá a J Á C del requerimiento de acusación por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, en agravio de R L Á Q y M M Á Q.

SENTENCIA DE REVISIÓN

Lima, cinco de julio de dos mil veintidós

VISTOS: la demanda de revisión de sentencia interpuesta por el encausado J Á C contra la sentencia de primera instancia, del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve (foja 146), emitida por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que lo condenó como autor del delito contra la familia- incumplimiento de obligación alimentaria, en agravio de R. L. Á. Q. y M. M. Á. Q., le impuso diez meses y ocho días de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de un año, y fijó como reparación civil la suma de S/ 900 (novecientos soles) que deberá abonar a favor de los agraviados; con lo demás que contiene.

Intervino como ponente el señor juez supremo COAGUILA CHÁVEZ.

FUNDAMENTOS DE HECHO

§ I. Del procedimiento instancia única

Primero. Según el requerimiento del siete de junio de dos mil diecinueve (foja 7), se formuló la acusación fiscal contra J Á C por el delito de omisión de asistencia alimentaria, en agravio de R. L. Á. Q. y M. M. Á. Q.

Los hechos incriminados fueron calificados en el artículo 149, primer párrafo, del Código Penal.

Se solicitó la imposición de las siguientes consecuencias jurídicas: tres años de pena privativa de libertad y S/ 3000 (tres mil soles) como reparación civil.

Posteriormente, se emitió el auto de enjuiciamiento, del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve (foja 142), en los mismos términos del dictamen acusatorio.

Segundo. Se realizó el juicio oral conforme al acta respectiva (foja 141).

Después, mediante la sentencia de primera instancia, del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve (foja 146), se condenó a J Á C como autor del delito de incumplimiento de obligación alimentaria, en agravio de R. L. Á. Q. y M. M. Á. Q., se le impuso diez meses y ocho días de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de un año, y se fijó como reparación civil la suma de S/ 900 (novecientos soles) que deberá abonar a favor de los agraviados

Según el auto del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve (foja 145), las partes procesales intervinientes expresaron su conformidad con la decisión jurisdiccional; por ello, se declaró consentida la sentencia condenatoria.
En esta fase procesal, se declaró probado lo siguiente:

2.1. Ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Chilca, Teresa Quispe Tito, en representación de sus hijos R. L. Á. Q. y M. M. Á. Q., inició proceso sobre ejecución de acta de conciliación contra J Á C

2.2. En el proceso judicial, a través de los autos del diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete y trece de julio de dos mil dieciocho, se dispuso que J Á C pague la suma de S/ 26 550 (veintiséis mil quinientos cincuenta soles) por el periodo que estriba entre julio de dos mil doce y junio de dos mil diecisiete.

2.3. Posteriormente, mediante auto del veinte de noviembre de dos mil dieciocho, se requirió a J Á C a fin de que cumpla con el pago respectivo. Se cursó el emplazamiento, según la notificación electrónica número 6177.

2.4. Sin embargo, este último no canceló la acreencia. Luego, se remitieron copias de los actuados al representante del Ministerio Público a fin de que formule la denuncia concernida.

§ II. Del procedimiento en Sede Suprema

Tercero. Frente a la sentencia de primera instancia, J Á C promovió la demanda de revisión, del diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve (foja 1, en el cuaderno supremo), en la que invocó la causal prevista en el artículo 439, numeral 4, del Código Procesal Penal.

Cuarto. De acuerdo con el artículo 443, numeral 2, del Código Procesal Penal, se emitió el auto de calificación, del doce de junio de dos mil veinte (foja 27, en el cuaderno supremo), que admitió a trámite la revisión planteada.

Se aceptó la causal regulada en el artículo 439, numeral 4, del Código Procesal Penal.

Las partes procesales fueron instruidas sobre la admisión de la demanda de revisión, según notificación (foja 32, en el cuaderno supremo).

Quinto. La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República era competente para dilucidar el recurso de casación.

Sin embargo, a través de la Resolución Administrativa número 000378-2021-CE-PJ, del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno (foja 42, en el cuaderno supremo), el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República debía tramitar los expedientes correspondientes del Código Procesal Penal.

El expediente judicial fue remitido según el decreto del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno (foja 46, en el cuaderno supremo).

Como se observa, desde que la demanda de revisión fue admitida a trámite hasta que los actuados fueron derivados, transcurrió un año y cinco meses.

Después, mediante el decreto del veinticuatro de enero de dos mil veintidós (foja 47, en el cuaderno supremo), esta Sala Penal Suprema se avocó al conocimiento de la causa penal.

A continuación, se expidió el decreto, del veinte de mayo de dos mil veintidós (foja 52, en el cuaderno supremo), que señaló el nueve de junio de dos mil veintidós como data para la audiencia de revisión.

Se emplazó a los sujetos procesales, conforme a la cédula (foja 53, en el cuaderno supremo).

Sexto. Realizada la audiencia de revisión, se celebró de inmediato la deliberación de la causa. Efectuada la votación y por unanimidad, corresponde dictar la presente sentencia de revisión, cuya lectura se programó en la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 439, numeral 4, del Código Procesal Penal estipula como presupuesto legal lo siguiente: “Si con posterioridad a la sentencia se descubren hechos o medios de prueba, no conocidos durante el proceso, que solos o en conexión con las pruebas anteriormente apreciadas sean capaces de establecer la inocencia del condenado”.

Sobre el aludido motivo, la jurisprudencia penal estableció lo siguiente:

Se exige que se establezca con prueba alternativa sólida que las pruebas esenciales que determinaron la condena son falsas o que, a la luz de nueva prueba, aportada en el proceso de revisión, se concluya que la sentencia incurrió en un error de hecho o error facti y, por tanto, no pueda sostenerse1.

La determinación “hechos o medios de prueba, no conocidos durante el proceso” no alude a cualquier elemento de juicio, sino solo a aquellos que, por su singular y elevada fuerza acreditativa, posean virtualidad probatoria suficiente para revertir un fallo judicial condenatorio y permitan su revocatoria, a efectos de decretar la absolución. Dicho parámetro de suficiencia será superado solo si se advierte que el hecho o la prueba propuesta, en comparación con lo analizado y lo valorado en el proceso penal anterior, posee un peso epistemológico superior que coadyuva a la construcción de un nuevo escenario fáctico, en el cual la absolución del imputado sea la única posibilidad razonable.

Es relevante puntualizar que no se trata de elementos probatorios que permitan nuevas argumentaciones en pro de la inocencia, sino de auténticas nuevas pruebas que la evidencien, lo cual desvirtuará las pruebas que se tuvieron en cuenta para la condena. Tampoco se refiere a una nueva oportunidad para revalorar los elementos probatorios que el Tribunal de instancia y el órgano de apelación tuvieron en cuenta o para aportar pruebas que no se propusieron anteriormente, pero que pudieron haber sido ofrecidas2.

Por ello, su efectividad radica en la concurrencia de nuevos hechos o elementos de prueba desconocidos en el proceso a quo, que evidencien la inocencia del condenado y que, de haberse aportado, habrían conllevado un fallo absolutorio, de tal manera que las nuevas pruebas anulen y eliminen el efecto incriminador de las anteriores, además de evidenciar un error claro y manifiesto ocasionado por el desconocimiento de estos nuevos datos que habrían cambiado el signo de las valoraciones y conclusiones obtenidas por el Tribunal sentenciador3.

Segundo. Sobre la cuestión sujeta a control de revisión, se recurre al auto de calificación, del doce de junio de dos mil veinte (foja 27, en el cuaderno supremo).

En dicha resolución se definió el objeto de evaluación:

[…] se advierte que el demandante J Á C ha sustentado su pretensión en atención a que, a pesar de que expresó su conformidad con los cargos imputados por el representante del Ministerio Público y la pena propuesta, el […] Juzgado […] le impuso una condena […] bajo un contexto en el que desconocía si era o no el padre de los menores R. L. Á. Q. y M. M. Á. Q., situación que fue resuelva en un proceso de impugnación de paternidad, donde se les practicó un examen biológico de ADNI realizado por el laboratorio Biolinks que concluyó que los alelos correspondientes a los menores […] no coinciden con los suyos […] el demandante ha presentado los informes periciales de prueba biológica de ADN […] los cuales constituyen prueba nueva porque no fueron conocidos durante el proceso penal […] los mismos que tendrían la capacidad para establecer su inocencia porque no tenía la obligación de prestar alimentos a los agraviados (Cfr. considerandos cuarto y quinto).

Tercero. En lo relevante, se incorporaron los actuados del proceso civil respectivo.

3.1. En primer lugar, mediante sentencia de primera instancia, del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno (foja 60, en el cuaderno supremo), se declaró fundada la demanda de exoneración de pensión de alimentos.

3.2. En segundo lugar, a través del auto del quince de febrero de dos mil veintidós (foja 68, en el cuaderno supremo), se decretó consentida la aludida sentencia de primera instancia.

3.3. Los informes periciales (fojas 22 y 24), emitidos por el laboratorio Biolinks, establecieron que J Á C no es el padre biológico.

Se trata de instrumentales literosuficientes que no han sido cuestionados epistémicamente. Por tanto, es viable enunciar, interpretar y dar por cierto su contenido.

Cuarto. El artículo 149, primer párrafo, del Código Penal estipula lo siguiente: “El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años […]”.

Sobre el precepto sustantivo, la jurisprudencia penal puntualizó lo siguiente:

[…] El delito de omisión de asistencia familiar, por su propia configuración típica, exige la previa decisión de la justicia civil que se pronuncie acerca del derecho del alimentista y de la obligación legal del imputado, de la entidad del monto mensual de la pensión de alimentos y del objetivo incumplimiento del pago, previo apercibimiento, por el deudor alimentario. Es claro que tales elementos no son los únicos para fundar el juicio de culpabilidad ni necesariamente determinan la imposición de una sentencia condenatoria –la posibilidad de actuar es esencial, pues lo que se pena no es el “no poder cumplir”, sino el “no querer cumplir” […] es la consecuencia de la cláusula general de salvaguarda propia de los comportamientos omisivos, según la cual solo comete un delito de dicha estructura quien omite la conducta debida pudiendo hacerlo […]4.

Según el Diccionario Panhispánico de Español Jurídico, como se trata de una obligación civil, se tiene el derecho a exigir su cumplimiento.

Es preciso que se omita cumplir la resolución judicial debidamente emitida y puesta a conocimiento del agente para configurar la conducta delictiva. Es un delito de peligro. La víctima no requiere probar que sufrió algún daño con la conducta omisiva del sujeto activo. Es suficiente que se constate que este último omitió dolosamente su obligación de alimentos, establecida judicialmente, para perfeccionar el ilícito5.

La obligación alimentaria no está determinada, exclusivamente, por la relación de parentesco, es decir, porque se trate de cónyuges, ascendientes, descendientes o hermanos, de acuerdo con el artículo 474 del Código Civil.

El aludido vínculo no integra la tipicidad objetiva del delito de incumplimiento de obligación alimenticia. Lo que da lugar a establecer que, incluso, si no se demuestra la consanguinidad entre uno y otro, de todos modos, puede configurarse el ilícito, si la carga de alimentos deviene de lo preceptuado por las instituciones del ordenamiento civil.

Quinto. Así las cosas, es evidente que, en el caso, existió un error en el juicio de responsabilidad penal.

Las instrumentales aportadas son las resoluciones judiciales del proceso civil que, sobre la base de prueba científica, establecieron que J Á C no es el padre biológico de los agraviados R. L. Á. Q. y M. M. Á. Q., por lo que poseen aptitud, eficacia y virtualidad para rescindir la decisión condenatoria respectiva.

A la vez, no fluye prueba en contrario para sostener, razonablemente, que si bien no hubo relación parental, sí existía obligación de proveer alimentos.

Por lo demás, no consta que estuviesen vinculados jurídicamente por otros motivos, como la adopción, la tutela o la promesa unilateral, según los artículos 377, 502 y 1956 del Código Civil.

Todo ello, evidencia que no se satisfizo la tipicidad objetiva del delito incriminado.

Sexto. De este modo, esta Sala Penal Suprema observa que se ha dado cumplimiento al supuesto de hecho previsto en el artículo 439, numeral 4, del Código Procesal Penal y a la interpretación realizada oportunamente.

En tal virtud, de conformidad con el artículo 444, numeral 1, del Código Procesal Penal, se declarará fundada la demanda de revisión, sin valor la sentencia de primera instancia, del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve (foja 146), y se absolverá a J Á C del requerimiento de acusación por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, en agravio de R. L. Á. Q. y M. M. Á. Q..

Luego, de ser el caso, en aplicación del artículo 444, numeral 3, del Código Procesal Penal, concierne devolver la reparación civil abonada.

En último lugar, según el artículo 398, numeral 2, de Código Procesal Penal, se dispone la anulación de los antecedentes policiales y judiciales.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON FUNDADA la demanda de revisión de sentencia interpuesta por el encausado J Á C contra la sentencia de primera instancia, del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve (foja 146), emitida por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que lo condenó como autor del delito contra la familia-incumplimiento de obligación alimentaria, en agravio de R. L. Á. Q. y M. M. Á. Q., le impuso diez meses y ocho días de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de un año, y fijó como reparación civil la suma de S/ 900 (novecientos soles) que deberá abonar a favor de los agraviados; con lo demás que contiene.

II. DECLARARON SIN VALOR la sentencia de primera instancia, del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve (foja 146); y, en consecuencia, ABSOLVIERON a J Á C del requerimiento de acusación como autor del delito contra la familia-incumplimiento de obligación alimentaria, en agravio de R. L. Á. Q. y M. M. Á. Q.

III. ORDENARON que, de ser el caso, se devuelva la reparación civil cancelada; así también, se archivará definitivamente el proceso penal y se anularán sus antecedentes policiales y judiciales.

IV. DISPUSIERON que la presente sentencia se lea en audiencia pública, se notifique a las partes personadas en esta Sede Suprema y se publique en la página web del Poder Judicial.

V. MANDARON que, cumplidos estos trámites, se devuelvan los actuados al órgano jurisdiccional de origen y se archive el cuaderno de revisión de sentencia en esta Sala Penal Suprema. Hágase saber y los devolvieron.


1 SALA PENAL PERMANENTE. Corte Suprema de Justicia de la República. Revisión de Sentencia NCPP número 347-2020/Cajamarca, del veinte de enero de dos mil veintidós, fundamento de derecho primero.
2 SALA DE LO PENAL. Tribunal Supremo de España. Recurso de Revisión número 20723/2020, fundamento de derecho primero.
3 GIMENO SENDRA, Vicente. (2019). Derecho procesal penal. Tercera edición. Navarra: Editorial Civitas, pp. 982-983.
4 SALAS PENALES. Corte Suprema de Justicia de la República. Acuerdo Plenario Extraordinario número 2-2016/CIJ-116, del primero de junio de dos mil dieciséis, fundamento jurídico decimoquinto.
5 SALINAS SICCHA, Ramiro. (2018). Derecho penal. Parte especial. Séptima edición. Volumen 1. Lima: Editorial Iustitia, p. 585.

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