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Tráfico de Influencias – Arraigo – Presupuestos y requisitos – Estándar de prueba

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

RECURSO APELACIÓN N° 120-2022
SUPREMA
PONENTE: CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO

Arraigo. Presupuesto y requisitos. Estándar de prueba

Sumilla: 1. La medida de impedimento de salida contra investigados es una medida de coerción (i) con función cautelar (garantiza la presencia del imputado en el proceso y la eficacia de la sentencia condenatoria que podría dictarse) y/o (ii) con función aseguradora de los actos de aportación de hechos (impide actuaciones o confabulaciones del imputado que obstruyan la obtención de fuentes de investigación o, en su caso, perturben su práctica). Esta medida limita la libertad de tránsito, en tanto derecho fundamental. 2. El estándar de prueba (intervención indiciaria) del arraigo nunca es igual al exigible para dictar prisión preventiva –la más grave del sistema procesal penal– ni para acusar –que importa una investigación conclusa–. Por tanto, solo puede ser el intermedio de sospecha reveladora, para lo cual ha de tenerse en cuenta no solo (i) el estado de la causa a partir de una determinada imputación, sino también (ii) la naturaleza e intensidad de la medida limitativa y (iii) el delito objeto de la investigación (gravedad o trascendencia social). 3. El nivel de probabilidad no puede partir de la denominada “sospecha inicial simple”, que permite sufragar indistintamente dos o más hipótesis acerca de lo acontecido [equiprobabilidad] –que solo sirve para iniciar diligencias preliminares–, sino del siguiente nivel, denominado “sospecha reveladora”, en que tales elementos investigativos sustentan una hipótesis –la acusatoria– por encima de otras hipótesis alternativas [probabilidad prevalente]. Se entiende que para dictar prisión preventiva se requiere sospecha fuerte [clara y convincente evidencia], que es el nivel anterior al estándar para una condena, desde que esta última requiere de elementos de prueba que descarten cualquier hipótesis distinta a la acusatoria –que se ha enervado la hipótesis defensiva–. La progresión de la sospecha está en función a la concreta etapa procesal y periodo dentro de ella, así como al tiempo de duración de la actuación de las diligencias del proceso, pues a medida que avanza o debe avanzar las exigencias de prueba han de ser más sólidas o consistentes. 4. En lo concerniente al requisito de peligrosismo procesal, el auto recurrido lo centró en el peligro de fuga, por lo que es de ajustarse a este peligro. Ya se ha estipulado que las exigencias coercitivas están en relación a situaciones de peligro concreto de fuga (que el imputado se halla dado a la fuga o que existe riesgo de que se dé a ella). El nivel de riesgo no debe ser alto o elevado, que es el necesario para la prisión preventiva, sino mediano o intermedio. En la perspectiva de indispensabilidad para la indagación de la verdad y consiguiente necesidad de contar con su presencia en el lugar del proceso para esclarecer los hechos objeto de investigación [ex artículo 295, apartado 1, del CPP], es de tener en cuenta los factores reconocidos en el artículo 269 del CPP.

–AUTO DE APELACIÓN–

Lima, diecinueve de julio de dos mil veintidós

AUTOS y VISTOS: el recurso de apelación interpuesto por el investigado JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS contra el auto de fojas mil doscientos tres, de cuatro de junio de dos mil veintidós, en cuanto declaró fundado el requerimiento de impedimento de salida por el plazo de nueve meses dictado en su contra. En las diligencias preliminares seguida contra el citado congresista por delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado; con todo lo demás que al respecto contiene.

Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS DE HECHO

§ 1. DE LOS CARGOS OBJETO DE IMPUTACIÓN

PRIMERO. Que, según los cargos preliminares, los congresistas denominados “Los niños”, identificados inicialmente como Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hernán Vergara Mendoza, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas e Ilich Fredy López Ureña, el día catorce de septiembre de dos mil veintiuno se reunieron con el asesor de la Presidencia de la República Auner Augusto Cabrera Vásquez para exigir puestos en el Ministerio de Vivienda, entre otras, así como también con otros funcionarios (Beder Ramón Camacho Gadea de Palacio de Gobierno y el ex ministro Juan Silva Villegas) y el presidente de la República. El objetivo era que el partido Acción Popular, que ellos afirmaban representar, quería copar todos los puestos en el Ministerio de Vivienda. Además, los hechos que se conocen revelan presuntos favorecimientos en las licitaciones otorgadas a empresas de origen chino (China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú, cuyo representante es Li Quingyong, y China Roilway Tunel Group). En estas últimas acciones participaron los congresistas Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hernán Vergara Mendoza, Juan Carlos Morí Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas e Ilich Fredy López Ureño.

De la información recabada se advirtieron la celebración de reuniones con el presidente de la República Pedro Castillo Terrones. Incluso, en alguna de ellas, intervino el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas. Un aspirante a colaborador eficaz señaló que los citados congresistas tenían conexión con el verdadero dueño de la empresa INIP – Ingeniería Integración de Proyectos Sociedad Anónima Cerrada –Alexander Felipe Aguilar Quispe–, empresa que ganó seis licitaciones en atención a que brindó su nombre para que concurse conjuntamente con las empresas chinas.

La información comprendió la buena pro y la celebración de cuatro contratos de la empresa INIP consorciada con la empresa China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú: contrato 83-2021 Consorcio Víal Grupo Tripartito, contrato 104-2021 Consorcio Vial Sullana Tambo Grande, contrato 109-2021 Consorcio Mazocruz, y contrato 110-2021 Vila Vado Grande en Piura. El exministro Juan Silva Villegas tomó las decisiones respecto a los contratos antes indicados, luego de haber consultado con el grupo de personas con las que venía “viendo estos temas” de manera irregular.

En la adjudicación de dichos contratos se produjeron irregularidades en las licitaciones y favorecimientos a las referidas empresas. En estas conductas intervinieron los congresistas Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hernán Vergara Mendoza, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas e Ilich Fredy López Ureño, a quienes, según versión de un aspirante a colaborador eficaz, el presidente de la República los identificaba como “Los niños”.

§ 2. DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

SEGUNDO. Que la defensa del encausado JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS, en su escrito de recurso de apelación de fojas mil trescientos seis, de ocho de junio de dos mil veintidós, instó la revocatoria del auto de primer grado que dictó contra su patrocinado mandato de impedimento de salida del país por nueve meses. Alegó que el auto cuestionado incurrió en error in iudicando al interpretar equívocamente el contenido expreso del artículo 295 del Código Procesal Penal –en adelante, CPP– que regula la medida de impedimento de salida del país. Como causa de pedir planteó que no se acreditó el peligro procesal objetivo ni se señaló los elementos de convicción que vinculen al imputado con el hecho delictivo investigado; que sólo se valoraron los elementos corroborativos que acompañó la Fiscalía, los mismos que son insuficientes; que lo expresado por un aspirante a colaborador eficaz no es suficiente, pues no obra compulsa alguna de elementos que hayan surgido de la misma investigación; que todo ello va contra los criterios jurídicos establecidos en el Acuerdo Plenario 02-2017-SPN, fundamento jurídico 21; que, asimismo, se confunde el concepto de sospecha simple, que habilita el dictado de las diligencias preliminares, con el de sospecha suficiente; que resulta incongruente que de los seis congresistas contra quienes el Fiscal requirió esta medida coercitiva, solo a dos se les haya dictado; que independientemente del primer presupuesto –que no se cumple–, no consta el peligro procesal, esto es, peligro de fuga y peligro de obstaculización; que la Fiscalía no precisó cuál es el peligro concreto que ha de impedirse.

§ 3. DEL ITINERARIO DEL PROCEDIMIENTO

TERCERO. Que el señor Fiscal de la Nación por escrito de fojas tres, de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, requirió la medida de coerción personal de impedimento de salida del país contra el ex ministro Juan Francisco Silva Villegas por treinta y seis meses, y por nueve meses contra los congresistas Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hernán Vergara Mendoza, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas e Ilich Fredy López Ureña. Al primero le imputó cargos por delitos de colusión y organización criminal, y a los restantes por tráfico de influencias agravado.

Los cargos constan en la disposición fiscal de inicio de diligencias preliminares de cinco de mayo de dos mil veintidós.

CUARTO. Que el juez supremo de la investigación preparatoria, tras la audiencia preparatoria respectiva, dictó el auto de fojas mil doscientos tres, de cuatro de junio de dos mil veintidós, por el que estimó la medida de impedimento de salida del país por treinta y seis meses contra el ex ministro Juan Francisco Silva Villegas; desestimó esta medida respecto de los congresistas Elvis Hernán Vergara Mendoza, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi e Ilich Fredy López Ureña; y, declaró fundada la medida de impedimento de salida del país por nueve meses contra los investigados Raúl Felipe Doroteo Carbajo y Jhaec Darwin Espinoza Vargas.

Los argumentos esenciales del auto recurrido son los siguientes:

A. Uno de los presupuestos para imponer impedimento de salida del país es que la sanción del delito imputado sea mayor a tres años de pena privativa de libertad. El delito de tráfico de influencias oscila entre cuatro y ocho años de privación de libertad año, sin que se advierta que se presenta una circunstancia de atenuación.

B. Respecto a los elementos de convicción, se tiene:

* Se acompañó los informes 08-2022, de treinta de marzo de este año, y 09- 2022, de trece de abril último –elevados por el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima–, así como el informe complementario 02–2022/FISLAA, de veintinueve de abril del año en curso –elevado por el Séptimo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativo Especializada en delitos de lavados de activos–, por el que comunicaban, con los recaudos respectivos, sobre los hechos de actos de favorecimiento indebido en que incurrieron los congresistas investigados en licitaciones públicas a favor de empresas constructoras. Con tal finalidad se entrevistaron con el presidente de la República y el exministro de Transportes y Comunicaciones, hechos que se conocieron por medio de un colaborador eficaz.

* La empresa INIP Engineering, de Roberto Jesús Aguilar Quispe, participó en varios concursos para la adjudicación de obras otorgadas por Provias Nacional, perteneciente a la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyo ministro era Juan Silva Villegas. Se celebraron cuatro contratos, conforme se aprecia del Oficio 104-2022-MTC/20.2 de fojas quinientos sesenta y seis, de cuatro de marzo de dos mil veintidós: 1. Contrato 109-202l-MTC/20.2, integrando el Consorcio Conservación Vial Mazocruz con la empresa China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú, de ocho de noviembre de dos mil veintiuno. 2. Contrato 104-202l-MTC/20.2, integrando el Consorcio Vial Sullana Tambogrande con la empresa China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú, de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. 3. Contrato 110-2021-MTC/20.2, integrando el Consorcio Vila Sondor Vado Grande con la empresa China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú, de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. 4. Contrato 83-2021-MTC/20.2 integrando el Consorcio Vial Grupo Tripartito con la empresa China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú, de veintitrés de octubre de dos mil veintiuno.

* En el Informe Complementario 02-2022-2°FISLAA-7D, remitido por el Séptimo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de lavado de activos, se hace referencia a que el aspirante a colaborador eficaz señaló que los congresistas de Acción Popular denominados “Los niños”: Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hernán Vergara Mendoza, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas e Ilich Fredy López Ureña se reunieron el día catorce de septiembre de dos mil veintiuno con el asesor de la Presidencia de la República Auner Augusto Cabrera Vásquez para exigir puestos en el Ministerio de Vivienda, de igual manera reveló la existencia de una mafia con empresas Chinas de construcción, a la vez que especificó algunas fechas de reunión entre los meses de septiembre de dos mil veintiuno y abril del dos mil veintidós.

C. En relación al investigado ESPINOZA VARGAS, conforme su ficha RENIEC, domicilia en la urbanización Las Gardenias, departamento C, manzana H5 lote 1, en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash. Sin embargo, como congresista y representante de la región de Ancash, refuerza su arraigo domiciliario. Él cuenta con arraigo laboral. Según los datos registrados en RENIEC tiene estado civil casado, lo cual no se cuestionó en audiencia pública; que en su alocución refirió tener familia que depende de él, por lo que hay también arraigo familiar.

D. La Resolución Administrativa 325-2011-PJ emitida por la Corte Suprema de Justicia, específicamente en el segundo párrafo del séptimo considerando, establece que “es un error frecuente sostener que existe arraigo cuando el imputado tiene domicilio conocido, trabajo, familia ‘etcétera, es perfectamente posible aplicar la prisión preventiva a una persona que tiene, familia o domicilio conocido, cuando dicho situación, evaluada en términos de ponderación de intereses, no es suficiente para concluir fundadamente que el desarrollo y resultado del proceso penal se encuentra asegurado”. Por tanto, descartar la medida limitativa sólo por este presupuesto, resulta una motivación aparente o insuficiente, pues se necesita un análisis integral de las condiciones del caso y del imputado.

E. La pena privativa de libertad que se le podría imponer, de ser condenado, sería superior a los cuatro años de pena privativa de libertad, lo que evidencia la gravedad de la pena que necesariamente conllevaría la reclusión en un Establecimiento Penitenciario. Aunado a ello, de conformidad con el artículo 50 del Código de Ejecución Penal, modificado por el artículo único de la Ley 30609, en este tipo de delitos no proceden los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. Lo expuesto permite presumir que podría rehuir de la acción de la justicia. Es decir, de acuerdo a la naturaleza de los hechos, se trata de ilícito sancionado en la ley penal con pena privativa de libertad de larga duración y que involucra a altos funcionarios del Estado.

F. El daño causado por la conducta que habría desplegado el imputado genera un perjuicio de gran magnitud pues afecta al Poder Legislativo y al Gobierno Nacional, conforme al inciso 3 del artículo 269 del CPP. Otro factor de peligro de fuga es la ausencia de resarcimiento voluntario del daño, el cual ha de ser tomado en cuenta en consonancia con otros indicadores de riesgo de fuga. El tiempo que se viene desempeñando como alto funcionario del Estado –congresista de la República– le permite obtener suficientes ingresos económicos que eventualmente, se presume, utilizaría para eludir la acción de la justicia. En consecuencia, a pesar de que su defensa manifestó su voluntad de someterse a la persecución penal, no acepta el requerimiento fiscal y solicitó se declare infundado el mismo, de todo lo expuesto se concluye que el peligro de fuga no es de tal envergadura para la imposición de una medida más intensa pero que sí existe riesgo razonable de que pueda salir del país en cualquier momento y se sustraiga de la persecución penal, contraviniendo el correcto desarrollo de la investigación ante su eventual ausencia.

G. La medida de impedimento de salida del país permitirá asegurar que se cumplan los fines del proceso, evitando las dilaciones que pudieran existir por la ausencia de los investigados a la realización de actos de investigación, y no existe otro medio menos dañoso que pueda cumplir este objetivo, tanto más si no hay grave afectación al derecho o la libertad, por lo que esta medida restrictiva resulta proporcional para evitar razonablemente el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad. Se advierte, entonces, fundados motivos para la medida de impedimento de salida del país requerida.

H. En cuanto al plazo de duración de la medida, el numeral 3 del artículo 296 del Código Procesal Penal, remite a los plazos establecidos en el artículo 272 del CPP (i) nueve meses de plazo máximo en investigaciones comunes, (ii) dieciocho meses como plazo máximo para investigaciones complejas; y, (iii) treinta y seis meses como plazo máximo para procesos de criminalidad organizada. En este sentido, teniendo en cuenta el requerimiento de la Fiscalía de la Nación, una eventual acusación constitucional, la carga de denuncias por tramitar que tiene el Congreso de la República, la imputación de organización criminal respecto del imputado Juan Silva Villegas, resulta razonable los nueve meses solicitados contra los congresistas Doroteo Carbajo y Espinoza Vargas.

I. La doctrina legal consolidada estableció que en diligencias preliminares procede la imposición de la medida de impedimento de salida del país. El Ministerio Público indicó que se requiere la participación constante de los investigados pues realizará las declaraciones de cada uno de ellos, de ser el caso ampliarla, acopio de información vinculada a los eventos delictivos. Si bien es cierto inició la investigación preliminar en mayo de dos mil veintidós, en su oportunidad se solicitarán medidas especiales de acopio de información para el esclarecimiento, documentación que se encuentra en poder de los investigados, entre otros, que determine el devenir de la investigación. El Acuerdo Plenario 3-2019/CIJ-116, fundamentos 20 y 22, estableció que el impedimento de salida del país es una medida de coerción cautelar personal que está dirigida a garantizar el cumplimiento efectivo del proceso y asegurar sus fines legítimos.

QUINTO. Que, contra este auto coercitivo, notificado el cuatro de junio de dos mil veintidós, el encausado ESPINOZA VARGAS interpuso recurso de apelación por escrito de fojas mil trescientos seis, de ocho de junio de dos mil veintidós, que fue concedido por auto de fojas mil trescientos veinte, de dieciséis de junio de dos mil veintidós.

SEXTO. Que, elevado el expediente a este Tribunal Supremo, sin trámite alguno, mediante el decreto de fojas ciento treinta y tres, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, conforme al artículo 278, numeral 2, en concordancia con el artículo 296, numeral 6, del CPP, se señaló el día de la fecha para la audiencia de apelación.

La audiencia de apelación se celebró con la intervención del señor Fiscal Adjunto Supremo en lo Penal, doctor Luis Felipe Zapata Gonzales, y de la defensa del encausado Espinoza Vargas, doctor Iván Gómez Carrasco, según el acta adjunta.

La defensa del encausado Espinoza Vargas con fecha doce de julio de dos mil veintidós ofreció prueba documental. Empero, por resolución oral dictada en la audiencia de casación se declaró improcedente por extemporánea, conforme al artículo 420, numeral 3, del CPP.

SÉPTIMO. Que, concluida la audiencia, a continuación, e inmediatamente, en la misma fecha se celebró el acto de la deliberación de la causa en sesión secreta. Continuada en los días sucesivos, en la fecha se efectuó la votación correspondiente y obtenido el número de votos necesarios, por unanimidad, corresponde dictar el auto de vista supremo pertinente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Que el análisis de la censura impugnatoria en apelación se circunscribe a determinar si la medida coercitiva personal de impedimento de salida o arraigo dictada contra el recurrente ESPINOZA VARGAS cumplió el presupuesto y los requisitos legales que la disciplinan.

No forma parte de la discusión en apelación la potestad de adelantar diligencias preliminares por el Fiscal de la Nación contra altos funcionarios públicos –congresistas en concreto–. Tampoco lo está que en ese procedimiento se pueda dictar por el órgano jurisdiccional la medida de coerción personal de arraigo. Luego, en aplicación del principio tantum devolutum quantum apellatum, no corresponde un pronunciamiento alguno al respecto (ex artículo 409, apartado 1, del CPP). Tampoco lo relativo a la medida impuesta a los demás encausados como a los que no se les impuso.

SEGUNDO. Que, como este Tribunal Supremo ha venido precisando, la medida de impedimento de salida contra investigados es una medida de coerción (i) con función cautelar (garantiza la presencia del imputado en el proceso y la eficacia de la sentencia condenatoria que podría dictarse) y/o (ii) con función aseguradora de los actos de aportación de hechos (impide actuaciones o confabulaciones del imputado que obstruyan la obtención de fuentes de investigación o, en su caso, perturben su práctica). Esta medida limita la libertad de tránsito, en tanto derecho fundamental.

Como se trata de una medida de coerción, el arraigo está sujeto a los principios de intervención indiciaria y de proporcionalidad, que derivan de la misma esencia del derecho fundamental que limita: libertad de tránsito. Se exige, por tanto, como presupuesto, a nivel genérico, como reza el artículo 253, numeral 2, del CPP, de suficientes elementos de convicción (intervención indiciaria) y que se cumplan, desde el principio de proporcionalidad, con los presupuestos generales de reserva legal o tipicidad procesal y de jurisdiccionalidad (ex artículos 295 y siguiente del CPP), y los requisitos de necesidad o indispensabilidad, idoneidad y estricta proporcionalidad).

TERCERO. Que el estándar de prueba (intervención indiciaria) del arraigo nunca es igual al exigible para dictar prisión preventiva –la más grave del sistema procesal penal– ni para acusar –que importa una investigación conclusa–. Por tanto, solo puede ser el intermedio de sospecha reveladora, para lo cual ha de tenerse en cuenta no solo (i) el estado de la causa a partir de una determinada imputación, sino también (ii) la naturaleza e intensidad de la medida limitativa y (iii) el delito objeto de la investigación (gravedad o trascendencia social). El arraigo, al limitar la libertad de tránsito –un derecho individual de la persona–, siempre requerirá un determinado nivel de acreditación probatoria, de datos objetivos, a partir de información recabada en la causa, que justifique que el delito atribuido tiene cierto nivel de consistencia.

El nivel de probabilidad no puede partir de la denominada “sospecha inicial simple”, que permite sufragar indistintamente dos o más hipótesis acerca de lo acontecido [equiprobabilidad] –que solo sirve para iniciar diligencias preliminares–, sino del siguiente nivel, denominado “sospecha reveladora”, en que tales elementos investigativos sustentan una hipótesis –la acusatoria– por encima de otras hipótesis alternativas [probabilidad prevalente]. Se entiende que para dictar prisión preventiva se requiere sospecha fuerte [clara y convincente evidencia], que es el nivel anterior al estándar para una condena, desde que esta última requiere de elementos de prueba que descarten cualquier hipótesis distinta a la acusatoria – que se ha enervado la hipótesis defensiva– [cfr.: IGARTUA SALAVERRÍA, JUAN: Cuestiones sobre la prueba penal y argumentación judicial, Ara Editores – Ediciones Olejnik, Lima – Santiago, 2018, p. 75]. La progresión de la sospecha está en función a la concreta etapa procesal y periodo dentro de ella, así como al tiempo de duración de la actuación de las diligencias del proceso, pues a medida que avanza o debe avanzar las exigencias de prueba han de ser más sólidas o consistentes.

CUARTO. Que, además, para la medida de impedimento de salida es necesario, desde el principio de proporcionalidad, que se cumplan los requisitos de entidad del delito –sancionado con pena privativa de libertad mayor de tres años: ex artículo 295, apartado 1, del CPP– y que se presente un determinado peligrosismo procesal: de fuga o de obstaculización (ex artículo 255, apartado 3, del CPP), de suerte que se observen los subprincipios de estricta proporcionalidad en el primer supuesto y de necesidad e idoneidad en el segundo supuesto. El peligro o riesgo ha de ser concreto y su acreditación igualmente está sujeta a graduaciones en función, preponderantemente, al estado del procedimiento y al delito en cuestión. Por lo demás, como pautas de orientación legal se tiene, en lo pertinente, lo dispuesto por los artículos 269 y 270 del CPP, aunque es de enfatizar que su nivel de acreditación no puede ser el mismo en atención a la diferente –y más intensa– afectación de la prisión preventiva respecto del arraigo.

QUINTO. Que, en cuanto al presupuesto del fumus comissi delicti, se tiene lo siguiente: 1. La investigada Karelim López Arredondo, sometida a un proceso especial por colaboración eficaz, afirmó en varias declaraciones sucesivas ante las fiscalías provinciales especializadas que los congresistas, denominados “Los niños”, pidieron cinco puestos en el Ministerio de Vivienda –solo obtuvieron tres– y, además, intervinieron en los seis contratos que obtuvieron las empresas chinas (específicamente China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú, en cuatro) consorciadas con la empresa peruana “INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC”, de Roberto Jesús Aguilar Quispe, relacionado con “Los niños”, en los que hubo irregularidades para la obtención de la buena pro. 2. Indicó la referida investigada que se trata de una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones integrada, además, por el presidente de la República, sus dos sobrinos, el ex ministro Silva Villegas, Zamir Villaverde García –como cajero–, Roberto Jesús Aguilar Quispe y Rousbel Oblitas Paredes; así como que Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente de la República, intervino como parte de ese plan delictivo en el favorecimiento al indicado consorcio. 3. Una circunstancia que ratifica estos vínculos asociativos se advierte del hecho que Villaverde García conversó con José Luis Cortegana Sánchez, director ejecutivo de PROVÍAS Nacional, para “coordinar” diversas licitaciones de ejecución de obras y al no tener una respuesta positiva de su parte, el indicado funcionario fue cesado en el cargo –así expuso el citado ex funcionario en su declaración ante la Fiscalía, quien solo estuvo en ese cargo doce días, del dieciséis al veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno–. 4. Otra circunstancia relevante es que el titular de “INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC”, Alexander Felipe Aguilar Quispe, realizaba constantes visitas al gerente de obras de PROVÍAS Nacional, Alcides Villafuerte Vizcarra –investigado por estos hechos en el Quinto Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima (caso 398-2021)–, así como entrevistas en el despacho del congresista Doroteo Carbajo –aparece registrado, además, una entrevista con el representante legal de la empresa China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú–. 5. Respecto de los pedidos para el nombramiento de funcionarios en el Ministerio de Vivienda, un indicio es la reunión que los congresistas llevaron a cabo con el asesor presidencial Auner Augusto Cabrera Vásquez el catorce de septiembre de dos mil veintiuno en Palacio de Gobierno, cuyo objeto fue develado por López Arredondo. 6. Constan varias reuniones sostenidas con el presidente de la República de los citados congresistas, entre ellos el recurrente Espinoza Vargas (veinticinco de agosto de dos mil veintiuno a la que también concurrió el ex ministro Silva Villegas), siete de septiembre de dos mil veintiuno y catorce de enero de dos mil veintidós; también acudió a la Secretaría General de la Presidencia de la República (catorce de septiembre de dos mil veintiuno).

SEXTO. Que lo relevante de este inicial aporte de información es el contexto en que se produjo la intervención atribuida al encausado Espinoza Vargas, como congresista y representante por Ancash del partido Acción Popular. El hecho de (i) la revelada intervención de Villaverde García, del ex ministro Silva Villegas y, por lo menos, uno de los sobrinos del presidente en el direccionamiento de los contratos para el consorcio formado por la empresa china y la empresa nacional antes citadas, (ii) lo sucedido con el director ejecutivo de PROVÍAS Nacional –que da cuenta de la concertación entre Villaverde García y Silva Villegas–, y (iii) las reuniones documentadas de los titulares de ambas empresas con, por lo menos, uno de los congresistas involucrados (Doroteo Carbajo) –y que, hasta el momento, no puede desvincularse de los demás congresistas involucrados en los cargos–, dan cuenta de un marco delictivo, asociativo o conjunto, que, prima facie, sustentan parte de las declaraciones de la investigada López Arredondo –necesario por imperio del artículo 158, apartado 2, del CPP–, referidas a un delito de tráfico de influencias en relación a nombramientos de funcionarios en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y realización de obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones –los contratos, por lo demás, han sido identificados–. A ello se une (iv) las reuniones en Palacio de Gobierno con un asesor del presidente de la República y con el propio presidente de la República.

En estas condiciones, la hipótesis acusatoria, hasta el momento, tiene elementos de convicción que, comparados con la hipótesis defensiva, presentan mayor sustento, por lo que, a estas alturas de la investigación, recién iniciada por la Fiscalía de la Nación (cinco de mayo del año en curso), puede concluirse, siempre provisionalmente, que los materiales aportados permiten colegir fundadamente que existe una probabilidad prevalente y, por tanto, al existir sospecha reveladora, cabe sostener que el presupuesto de la medida de arraigo está satisfecho.

La defensa del recurrente cuestiona que, si los congresistas investigados son seis y contra todos se requirió la medida coercitiva de arraigo, no es posible que solo se dicte contra dos. Si bien esto es así, el juez consideró que respecto de cuatro de ellos no se incrementó el nivel de sospecha. Más allá de la motivación expuesta respecto de esos cuatro congresistas investigados, la presente apelación solo corresponde al investigado Espinoza Vargas y únicamente respecto de su situación jurídica, es del caso que esta Sala se pronuncie en función al examen del presupuesto y de los requisitos del impedimento de salida. Estos extremos de desestimación del requerimiento del fiscal e incluso la medida dictada al investigado Doroteo Carbajo han quedado firmes. No es posible modificarla de oficio ni anularla.

SÉPTIMO. Que, en lo atinente al requisito de entidad del delito materia de imputación coercitiva –que es el primer motivo para imponer arraigo–, éste, conforme al artículo 400 último párrafo del Código Penal, tiene conminado una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Por tanto, supera el nivel de sanción previsto para la medida de impedimento de salida (ex artículo 295, apartado 1, del CPP: delito sancionado con pena privativa de libertad mayor de tres años). Además, no constan, por el momento, causas de exención de responsabilidad penal, plenas o relativas.

OCTAVO. Que, en lo concerniente al requisito de peligrosismo procesal, el auto recurrido lo centró en el peligro de fuga [vid.: fundamento decimotercero, literal c, folios cincuenta y siete y cincuenta y ocho], por lo que es de ajustarse a este peligro. Ya se ha estipulado que las exigencias coercitivas están en relación a situaciones de peligro concreto de fuga (que el imputado se halla dado a la fuga o que existe riesgo de que se dé a ella). El nivel de riesgo no debe ser alto o elevado, que es el necesario para la prisión preventiva, sino mediano o intermedio. En la perspectiva de indispensabilidad para la indagación de la verdad y consiguiente necesidad de contar con su presencia en el lugar del proceso para esclarecer los hechos objeto de investigación [ex artículo 295, apartado 1, del CPP], es de tener en cuenta los factores reconocidos en el artículo 269 del CPP.

Si bien existe arraigo social, como lo ha advertido el Juez Supremo de la Investigación Preparatoria en los tres primeros rubros del literal c) del fundamento decimotercero, folio cincuenta y siete, de la resolución recurrida, es de valorar (i) la pena concreta que podía imponérsele en caso de condena grave, en atención a la forma y circunstancias de los hechos, al número de intervinientes y al cargo de representación congresal que ostenta; así como (ii) la magnitud del daño causado, no reparado hasta la fecha. En atención a los pasos iniciales del procedimiento de investigación, a pesar del arraigo social del investigado Espinoza Vargas, por ahora resulta indispensable su presencia en la causa para agotar los actos urgentes e imprescindibles que requiere el pronto esclarecimiento de los hechos, y evitar que ésta se dificulte por su inasistencia.

La alta relevancia social del caso refuerza esta opción. A ello, en clave de estricta proporcionalidad, se tiene, primero, la relativa entidad de la medida de impedimento de salida y el hecho que las tareas congresales demandan preponderantemente la presencia del investigado en el país; y, segundo, que el plazo de la medida es de nueve meses, lo que es compatible con el nivel de riesgo y la necesidad de un rápido esclarecimiento de los cargos atribuidos. Siempre en los primeros momentos de la investigación las exigencias derivadas del peligro procesal son menos intensas.

Desde luego, según avancen las investigaciones, los factores enunciados se relativizan o pueden devenir en insuficientes y, por ello, será necesario, ante el arraigo social existente en el sub lite, un mayor nivel de sospecha y, además, un peso muy fuerte al comportamiento procesal del imputado. Ello es compatible con los cambios que produce el trascurso del tiempo en la causa y en el investigado, así como en que las exigencias cautelares se intensifican con motivo del derecho al plazo razonable.

Por consiguiente, el recurso defensivo debe desestimarse.

DECISIÓN

Por estas razones: I. Declararon INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el investigado JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS contra el auto de fojas mil doscientos tres, de cuatro de junio de dos mil veintidós, en cuanto declaró fundado el requerimiento de impedimento de salida por el plazo de nueve meses dictado en su contra. En las diligencias preliminares seguida contra el citado congresista por delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado; con todo lo demás que al respecto contiene. En consecuencia, CONFIRMARON el auto de primer grado. II. ORDENARON se transcriba la presente Ejecutoria al Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria y se remitan las actuaciones; registrándose. HÁGASE saber a las partes procesales personadas en esta sede suprema.

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